El nuevo hospital de Usme acumula cerca de 37 meses de retraso frente a la fecha inicial de entrega y supera los $280 mil millones en inversión, según advirtió la Contraloría de Bogotá durante una visita de seguimiento realizada este 23 de febrero de 2026.De acuerdo con el informe del organismo de control, el proyecto fue contratado el 25 de febrero de 2020 e inició obras en mayo de ese año, con una fecha de entrega prevista para el 3 de mayo de 2023. Sin embargo, tras múltiples prórrogas, suspensiones, adiciones y modificaciones contractuales, el plazo se extendió hasta finales de 2025 y posteriormente hasta junio de 2026, prácticamente duplicando el tiempo inicialmente pactado.Aunque el avance físico reportado supera el 97 %, persisten problemas técnicos en el sistema eléctrico y en la energización total del hospital, aspectos clave para su operación integral. Sin la certificación eléctrica completa, el centro asistencial no puede prestar todos los servicios en condiciones normales, lo que obliga a una apertura gradual.La Administración Distrital anunció que algunos servicios especializados comenzarán a funcionar en las próximas semanas; el área de urgencias entrará en operación en abril y hospitalización, unidades de cuidados intensivos y cirugía lo harán en junio. No obstante, esta puesta en marcha por fases confirma que la infraestructura no será entregada totalmente terminada en un solo momento, como se proyectó inicialmente.El contralor distrital, Juan Camilo Zuluaga Morillo, señaló que, si bien es positivo que cerca de 500.000 habitantes del sur de la ciudad empiecen a recibir atención en la nueva sede hospitalaria, no se pueden normalizar retrasos de esta magnitud en proyectos estratégicos. “Un hospital no se mide por el porcentaje de construcción, sino por su capacidad real y oportuna de prestar un servicio completo a la ciudadanía”, afirmó, según el comunicado oficial.La Contraloría indicó además que existen controversias contractuales en trámite ante tribunales de arbitramento y reiteró que continuará ejerciendo vigilancia fiscal para garantizar la culminación total del proyecto con responsabilidad técnica, financiera y jurídica, así como para determinar eventuales responsabilidades por los retrasos y sobrecostos registrados.
Se trata del caso de una mujer desaparecida desde la noche del sábado 21 de febrero, tras salir de la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero, hacia su casa en el barrio Santa María del Lago, en Engativá.La mujer fue identificada como Diana Ospina. Según relata su familia, salió de rumba con unos amigos y, al momento de regresar a su hogar, sus acompañantes se retiraron primero, mientras ella esperaba un servicio de transporte solicitado por aplicación. Sin embargo, de acuerdo con la versión de sus allegados, canceló el servicio para tomar un taxi que estaba disponible a las afueras de la discoteca.Stefanía Acosta Ospina, sobrina de Diana, afirmó que ella había enviado un mensaje a sus amigos con las placas del vehículo y asegurando que estaba a pocas cuadras de llegar. Sin embargo, hasta el momento no se conoce su paradero. La familia denuncia, además, que ha sido víctima de extorsiones en las que les exigen dinero para supuestamente liberarla.Según su sobrina, al acceder al computador personal de Diana lograron ingresar a su correo electrónico y a WhatsApp Web. Allí evidenciaron que el mensaje en el que enviaba la placa del vehículo fue eliminado para todos. También detectaron movimientos bancarios con retiros de dinero de su cuenta en Davivienda.“Después pudimos tener acceso ayer en la noche desde el computador de ella al Hotmail, en donde nos dimos cuenta de que se habían hecho los retiros de Davivienda, en donde habían sacado la cantidad de plata. También pudimos ver que ella tenía abierto el WhatsApp Web. Ahí nos dimos cuenta de que ella mandó la placa supuestamente al amigo. Después no sabemos qué haya pasado con ella, porque la persona que le cogió el teléfono le dio eliminar para todos ese mensaje con el número de la placa, y no tenemos cómo contactar, no sabemos aún si de verdad era un taxi, si era un Uber o si era otra persona. Y, como te digo, hasta el momento ni siquiera la discoteca Theatron se ha pronunciado, no tenemos cámaras, no tenemos nada”, señaló Stefanía.En medio de la angustia, la familia asegura que recibió llamadas extorsivas en las que les exigían entre 5 y 10 millones de pesos para supuestamente liberarla. Con la esperanza de obtener información sobre su paradero, enviaron 2,5 millones de pesos; sin embargo, afirman que no recibieron ninguna prueba de vida ni datos que permitan ubicarla.Asimismo, confirmaron que Diana nunca llegó a su apartamento. Según su familia, el lugar estaba tal como lo deja cuando sale, incluso con las luces encendidas por sus mascotas. Su madre acudió al inmueble y corroboró que no había regresado.Frente al caso, el Distrito se pronunció. El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aseguró que el Gaula de la Policía adelanta la investigación y está recolectando información para establecer el recorrido del vehículo en el que se movilizó la mujer.
En Bogotá capturaron a 15 personas responsables de extorsionar a ciudadanos y comerciantes de algunos barrios de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño y Mártires. De acuerdo con la Policía y la Secretaría de Seguridad, algunos capturados eran parte de las bandas ‘Satanás’ y ‘Los Bautista’. Asimismo, las extorsiones se realizaban por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto y panfletos.Según las autoridades, en Chapinero se presentó el primer caso que alertó a las autoridades, luego de la denuncia de un comerciante de artículos tecnológicos al que le pedían 15 millones de pesos a cambio de no atentar en su contra. Sin embargo, cuando uno de los delincuentes intentaba extorsionar al comerciante, fue capturado en flagrancia.En Ciudad Bolívar, según las autoridades, operaba la banda transnacional ‘Los Satanás’. El caso se registró en un lavadero de vehículos en el que un extrabajador del lugar entregó videos e información del local comercial a los extorsionistas, quienes le exigían a los dueños más de 20 millones de pesos para no atentar contra el establecimiento.En San Cristóbal, mientras dañaban la fachada de un local comercial, la Policía capturó a dos extorsionistas que se hacían pasar por integrantes de una banda delincuencial para sembrar miedo en las calles.Las organizaciones criminales también operan desde distintas ciudades y desde las cárceles del país. En Villavicencio fue capturada alias ‘Jeimmy’, quien sería integrante de la banda ‘Los Bautista’, desarticulada en 2025, y es señalada de delitos como extorsión y concierto para delinquir. Su modus operandi era coordinar las actividades ilícitas por ciberextorsión, especialmente desde la cárcel La Picota de Bogotá.Las 15 personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento a nueve de estos capturados en centro carcelario y a los otros seis les fue otorgada detención domiciliaria.
La Policía Nacional capturó a un hombre de 46 años en la localidad de Tunjuelito, señalado de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, en desarrollo de la estrategia institucional de seguridad. En el operativo se incautaron 124 cartuchos, más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína y 12 gramos de ácido para elaborar tusi.El procedimiento se realizó en el barrio Venecia, luego de que la ciudadanía alertara, a través de la línea de emergencias 123, sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa cerca del sector hotelero. Con la información recibida, los uniformados ubicaron al hombre y procedieron a su registro.Durante la inspección, las autoridades le encontraron en una maleta un arma de fuego con 124 cartuchos, más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína y 12 gramos de ácido para la elaboración de tusi. También fueron incautadas una estufa eléctrica y una licuadora, elementos que, al parecer, serían utilizados para el procesamiento de sustancias ilícitas.El capturado y el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir denunciando hechos que afecten la seguridad y la convivencia.
La muerte de Kevin Acosta, un niño con hemofilia, sacudió al país esta semana y volvió a poner al sistema de salud en el centro de una discusión que dejó de ser técnica para convertirse en un drama profundamente humano. Lo que empezó como un caso médico terminó atravesado por el debate político, las responsabilidades institucionales y, sobre todo, el dolor de una familia que asegura que su hijo murió por no recibir a tiempo el medicamento que necesitaba.El tema fue abordado este domingo 22 de febrero de 2026 en Sala de Prensa, de Blu Radio, con dos voces clave: un experto en salud pública y el representante de los pacientes de alto costo. Ambos coincidieron en algo esencial: detrás de cifras, reformas y discursos, hay personas que están pagando el precio más alto.Ramón Abel Castaño: “La crisis fue deliberada”Para Ramón Abel Castaño, el caso de Kevin debe analizarse con respeto, pero también con una mirada estructural. “Esto hay que usarlo como un evento adverso para aprender como sistema y evitar que vuelva a pasar”, señaló, evitando entrar en detalles judiciales del caso puntual.Castaño fue claro en su diagnóstico: “El gobierno llegó con la intención de hacer una reforma estructural y para eso creó una crisis explícita cerrando la llave de la plata”. Según explicó, el desfinanciamiento deliberado de la UPC desde 2023 desencadenó una cadena de efectos: deudas crecientes, aumento de tutelas, colapso de contratos y dificultades para garantizar tratamientos continuos.Sobre la polémica declaración oficial que atribuyó la muerte del niño a un accidente, fue contundente: “Es muy reprochable que se asuma una actitud política frente a un tema humano y médico”. Para el experto, el famoso “chuchuchú” terminó afectando a toda la cadena del sistema, pero “al final, a los que más golpea es a los pacientes”.Néstor Álvarez: “A los pacientes les están violando un derecho humano”Desde la voz de quienes viven el sistema todos los días, Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, el mensaje fue aún más crudo. “La mayor violación sistemática de derechos humanos hoy en Colombia es el derecho a la salud”, afirmó. “Nos están matando”, dijo, al referirse a los retrasos en tratamientos, la falta de medicamentos y una crisis que, según él, se siente primero en los cuerpos de los más vulnerables. Álvarez explicó que en el país hay al menos 600.000 personas en tratamiento por enfermedades de alto costo y que muchas dependen de EPS intervenidas, donde “hay cero timón y una destrucción administrativa”. Sobre Kevin, reconoció que la hemofilia era una patología que había mejorado mucho en atención, por lo que el caso resultó aún más alarmante.“Ese niño no debía estar sin profilaxis ni pidiendo ayuda. Algo estaba funcionando muy mal”, dijo, al referirse a la ruptura de programas especializados tras cambios administrativos en la EPS. También cuestionó que se responsabilizara a la madre: “Las mamás de estos niños son las primeras que salvan vidas, no las culpables”. Ambos entrevistados coincidieron en que el caso de Kevin no puede quedar en el olvido.
Hay conmoción en Ciudad de México por el asesinato de Juan Carlos Santiago Galván, conocido artísticamente como FroSan, cantante reconocido en la escena de los narcocorridos.De acuerdo con los reportes oficiales, el crimen ocurrió el pasado 11 de febrero, cuando el artista recibió un disparo en la cabeza en medio de una riña callejera. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de la herida. Un día después del homicidio, autoridades capitalinas confirmaron la captura de cuatro personas señaladas como presuntas responsables. Posteriormente, se conoció que los detenidos tendrían antecedentes judiciales por delitos relacionados con la venta de estupefacientes. En las últimas horas, el periodista mexicano Carlos Jiménez difundió en sus redes sociales un video que muestra el momento del ataque, material que ya hace parte de las pruebas en poder de la Fiscalía.En las imágenes se observa cómo un vehículo gris se estaciona a un costado de la avenida mientras al menos cuatro hombres rodean la zona. Minutos después, se aproxima otro automóvil, presuntamente en el que se movilizaba la víctima, momento en el que se escuchan las detonaciones. Tras el ataque, el cantante quedó gravemente herido sobre el andén.Según los primeros reportes, Santiago Galván habría salido de su vivienda hacia una tienda cercana para comprar bebidas alcohólicas cuando sostuvo una discusión con los hombres que, posteriormente, le dispararon.Juan Carlos Santiago Galván era conocido por interpretar temas como “En el Humo Radicamos”, “Gordo Caldos II”, “Pura FM del Fresa y Pescado” y “Trayectoria Arremangada”, canciones que le dieron reconocimiento dentro del género.Las autoridades continúan con la investigación y no descartan un posible vínculo del caso con estructuras criminales. En medio de la captura de uno de los señalados, se escuchó a una mujer gritar: “ES MI HIJO, ÉL NO HIZO NADA”, mientras agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaban el procedimiento. Según versiones preliminares, uno de los detenidos había salido recientemente de prisión y fue recapturado tras el operativo.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió, el 18 de febrero, la resolución que autoriza la operación aduanera internacional en el Aeropuerto Los Garzones de Montería, un requisito indispensable para habilitar vuelos desde y hacia el exterior.Con esta decisión, la capital de Córdoba entra en una nueva etapa para concretar la apertura de rutas internacionales, en el marco de la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer la conectividad aérea regional y ampliar las oportunidades económicas en el Caribe colombiano.A partir de esta decisión, el proceso para internacionalizar Los Garzones se enfocará en la asignación de trayectos y en los ajustes técnicos necesarios para cumplir con los estándares exigidos para vuelos internacionales.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que se trata de un paso clave para la región: “Montería da hoy un paso firme hacia su conexión internacional. La autorización aduanera era un requisito clave y lo estamos cumpliendo con hechos. Seguimos avanzando para que Córdoba tenga rutas internacionales que impulsen el turismo, el comercio y la generación de empleo en toda la región”.En paralelo, la Aeronáutica Civil continúa el trabajo técnico para la asignación de rutas internacionales y el acompañamiento a las aerolíneas interesadas. También se adelantan adecuaciones operativas dentro del aeropuerto, entre ellas la habilitación de espacios para Migración Colombia, la implementación de circuitos diferenciados para pasajeros nacionales e internacionales y ajustes en protocolos y equipamiento.Este avance se suma a la reciente modernización del aeropuerto, que tuvo una inversión cercana a $4.350 millones en infraestructura y equipos necesarios para cumplir con los requisitos de internacionalización.Con la resolución aduanera ya expedida y, de concretarse las rutas, Montería se sumaría al grupo de ciudades intermedias con operación internacional directa del país.
Tras una paciente labor de inteligencia y luego de recibir información de una fuente humana, unidades del Batallón Especial Energético y Vial N.° 20, adscrito a la Brigada 23 del Ejército, lograron la ubicación de un depósito ilegal para almacenar morfina, la cual posteriormente era enviada a Ecuador y, de allí, a los mercados negros de Centroamérica y Estados Unidos.El comandante de esa unidad militar, general Juan José Guzmán Ramírez, dijo a Blu Radio que la acción militar y de Policía se cumplió en la vereda Las Juntas, zona rural del municipio de San Pablo, en el norte de Nariño, límites con el sur del Cauca.El oficial advirtió que en esta zona hay una amplia presencia del frente Manuel Vásquez Castaño de la guerrilla del ELN y que no se descarta que esta bodega haya sido vigilada por los subversivos. Además, se investiga si el cargamento de más de un millón 800 mil dosis de morfina que estaban listas para ser transportadas hasta Ecuador pertenecería a esa agrupación ilegal.Según el oficial, la operación se desarrolló mientras las unidades adelantaban tareas ofensivas y de control militar de área en zona rural del mencionado municipio. Gracias a labores de inteligencia militar, se localizó el depósito clandestino, en el que fueron hallados 26 kilogramos de opiáceos (morfina), distribuidos en dos bultos conformados por paquetes de diferentes tamaños, los cuales contenían una sustancia de color café claro, con características similares a la morfina y sus derivados.De acuerdo con la información obtenida, este alcaloide pertenecería al frente Manuel Vásquez Castaño del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN y tendría como finalidad ser transportado desde zonas de producción en Nariño hacia la frontera colombo-ecuatoriana para su posterior procesamiento en heroína y distribución en mercados ilícitos de Centroamérica y Estados Unidos, en articulación con carteles internacionales.Señaló el comandante de la Brigada 23 del Ejército Nacional que la incautación de este depósito ilegal de morfina, avaluado en más de 7 millones de dólares, representa un duro golpe a las finanzas del grupo armado ELN que opera en esa región del suroccidente de Colombia.Dijo Guzmán que, con esta incautación, se evitó la potencial comercialización de 1,8 millones de dosis de heroína que pretendían ser distribuidas por carteles internacionales en mercados de Centroamérica y Estados Unidos.
Momentos de angustia vivieron los habitantes de Iquira, en el departamento del Huila, luego de que tropas del Ejército detectaran el sobrevuelo de un dron mientras realizaban el desmonte de una valla alusiva al Bloque Central Isaías Pardo de la estructura ‘Ismael Ruiz’, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.Ante este hecho, los soldados, al intentar neutralizar la amenaza que ponía en riesgo a la población civil y al personal militar, dispararon contra la aeronave no tripulada, lo que generó temor entre los habitantes de la localidad.“En el desarrollo de operaciones militares, hacia la medianoche, al término de una tarea táctica adelantada por el Grupo de Caballería Liviano N.° 11 en la zona urbana del municipio de Íquira, donde se realizó el desmonte de una valla alusiva al Bloque Central Isaías Pardo de la estructura ‘Ismael Ruiz’, nuestras tropas detectaron el sobrevuelo de un dron en el área intervenida. Los soldados reaccionaron mediante disparos como medida para neutralizar la amenaza”, confirmó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Asimismo, el alto oficial reiteró que el compromiso de las unidades militares y de Policía es garantizar la seguridad y tranquilidad de los huilenses.“Cada decisión que se toma en el desarrollo de nuestras operaciones tiene como prioridad la salvaguarda de la vida de los habitantes del Huila. Actuamos en el cumplimiento de nuestra misión constitucional, con profesionalismo, experiencia y pleno respeto por los derechos humanos”, indicó el comandante de la Novena Brigada.Finalmente, aclaró que estas operaciones tácticas tienen como objetivo neutralizar las acciones terroristas de los grupos disidentes que operan en la región.
A primera hora de la mañana de, la vía Bogotá - La Calera se convirtió en punto de protesta que ha generado un caos vial considerable y ha puesto en el centro del debate el abandono de importantes obras de infraestructura en Cundinamarca. Decenas de habitantes de La Calera, Choachí, Fomeque y Ubaque, liderados por representantes de los municipios del oriente cundinamarqués, bloquearon el paso en el sector de Santiamén, específicamente en el puente ubicado a 500 metros del peaje en dirección a La Calera. La manifestación busca una respuesta por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y otras entidades gubernamentales ante la paralización, desde el año 2014, de la crucial obra conocida como La Perimetral de Oriente. Esta vía, sería vital para la conectividad de la región, se encuentra en un estado de deterioro alarmante, afectando gravemente la vida diaria de miles de personas.La protesta se inició pasadas las 7 de la mañana, con más de 50 personas congregadas en el sector de Santiamén, en un punto estratégico que interrumpe el flujo vehicular entre la capital y los municipios del oriente cundinamarqués. La vía se encuentra completamente bloqueada con un lazo atravesado, simbolizando la exasperación de una comunidad que lleva casi una década esperando la culminación de una infraestructura prometida. La Perimetral de Oriente fue concebida como un proyecto ambicioso que conectaría Bogotá con los municipios de Cundinamarca como La Calera, Choachí, Ubaque y Fomeque, además de facilitar el acceso al departamento del Meta, particularmente a Villavicencio. Sin embargo, el proyecto fue “completamente desertado” o abandonado, según denuncian los manifestantes, dejando a las comunidades en una situación de aislamiento y riesgo.Luis Clavijo, habitante de la zona, compartió la frustración y las consecuencias de esta situación en Mañanas Blu. "Nosotros llevamos cerca de más de 10 años esperando esa esa obra para beneficio de todas las comunidades del oriente, de los municipios de La Calera, Choachí, Caquezá, Fomeque y los Llanos orientales, pero desafortunadamente por casos que ustedes ya conocen eh no hicieron esta esta perimetal".El clamor de las comunidades: "Una trocha completa" y pérdidas económicasLa descripción de la vía como una “trocha completa” por parte de los afectados no es una exageración, sino una cruda realidad que viven a diario. El barro y los obstáculos hacen que incluso los vehículos más robustos se queden atascados, generando demoras, costos adicionales y frustración entre los usuarios habituales, incluyendo estudiantes y trabajadores. Luis Clavijo reafirmó la gravedad de la situación, mencionando que "desafortunadamente eh nos quedamos enterrados con los vehículos, no tenemos eh es una trocha completa que nos estamos eh desafortunadamente eh viviendo en estos momentos".La respuesta de la ANI: estudios en puntos críticos, ¿solución a la vista?La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la entidad responsable de este tipo de proyectos, ha sido el foco de las críticas por parte de los manifestantes. Según los voceros de la protesta, la ANI no ha entregado una respuesta clara y definitiva durante años. Aunque la semana pasada la entidad emitió un comunicado informando que iniciarían algunos estudios técnicos en 16 puntos críticos de la vía, estimando un plazo de seis meses para posibles reparaciones, esta noticia no ha sido suficiente para calmar los ánimos de las comunidades.Clavijo expresó el escepticismo de los manifestantes ante las promesas y la falta de acciones concretas. Cuando se le preguntó sobre la interlocución con el gobierno, su respuesta fue contundente: "desafortunadamente no nos han pronunciado absolutamente nada. Ellos siempre llegan con la adhesiva, se se tiran los roles de unos a otros y nunca nos han dado una solución definitiva ni a favor ni en contra de la comunidad". Esta percepción de dilación y falta de compromiso por parte de las autoridades es lo que ha llevado a las comunidades a recurrir a la medida extrema del bloqueo para hacer oír su voz.Escuche aquí la entrevista:
Una llamada a la línea de emergencia sobre la desaparición de un ciudadano mexicano activó la búsqueda mediante la localización del equipo celular que aportó un familiar. Rápidamente, las autoridades y la familia ubicaron el celular en el barrio El Retazo de la localidad de Bosa, dentro de un taxi con cuatro personas a bordo.El hermano de la víctima le contó a la Policía que su familiar había salido a un bar en Bosa, sur de Bogotá, a departir con unos supuestos conocidos; sin embargo, de un momento a otro no respondió llamadas. La víctima, ya en el centro médico, narró los momentos de angustia que vivió.Según su relato, dos mujeres desconocidas se le acercaron en un momento en el establecimiento donde estaba y le ofrecieron una bebida. Fue allí, desde ese momento, que perdió el conocimiento. Gracias a la rápida acción de los patrulleros, se logró la recuperación de dos celulares avaluados en seis millones de pesos, la captura de estas personas y la inmovilización del vehículo.Estos delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que definirá su situación penal. Es de resaltar que estos delincuentes ya han sido registrados mediante cámaras de seguridad en hechos similares, utilizando la misma modalidad y el mismo vehículo en las localidades de Bosa y Kennedy.
Un joven motociclista de 23 años perdió la vida en la madrugada de este fin de semana en Bogotá, después de estrellarse contra una barricada improvisada por miembros de la comunidad indígena emberá en la carrera Séptima con calle 39, en un hecho que volvió a generar controversia en la capital por las condiciones en las que se produjo el accidente.Según lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, todo ocurrió en medio de una celebración de la comunidad emberá asentada en el Parque Nacional. Durante la noche, algunos de sus integrantes comieron, bebieron, bailaron y, de acuerdo con las autoridades, descuidaron a varios menores que fueron vistos alcoholizados, corriendo solos por los alrededores del parque y los caños cercanos.Posteriormente, pasada la medianoche, varios miembros del grupo indígena retiraron las barricadas que tradicionalmente mantenían dentro del parque y las trasladaron a la vía pública. Fueron instaladas en ambos sentidos de la carrera Séptima a la altura de la calle 39, bloqueando completamente el paso vehicular.Fue allí donde el motociclista, que se movilizaba en sentido norte-sur hacia el centro de Bogotá, no logró ver la obstrucción y se estrelló violentamente. El impacto fue tan fuerte que el joven salió expulsado y murió en el lugar. La motocicleta terminó encima del andén frente a las instalaciones de Ecopetrol.Testigos en la zona señalaron que, tras el accidente, los indígenas que bloquearon la vía regresaron a sus carpas sin brindar ayuda ni responder por lo sucedido. Funcionarios de la Alcaldía, Policía y servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero los paramédicos confirmaron que el motociclista ya no tenía signos vitales.Escuche el informe completo del Ojo en el audio adjunto:
A través de un video publicado en sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó las primeras imágenes de los vagones que fueron despachados del puerto de Qingdao, en China. Las estructuras conformarán el primero de los treinta trenes que tendrá la primera línea del Metro de la capital."Viene en camino el primer tren del Metro de Bogotá. Estas imágenes que están viendo, que quiero compartir con ustedes, son las imágenes de los primeros vagones, del primer tren del Metro de Bogotá, saliendo de la fábrica de Changchun en China el 25 de julio pasado", dijo Galán en el video.El mandatario aseguró que el despacho de los vagones se dio durante la jornada de este domingo, 3 de agosto, del puerto chino. Así las cosas, se espera que el primer tren llegue al puerto de Cartagena entre los meses de septiembre y octubre, pues podría tardar hasta 58 días en arribar al país.Cabe recordar que, de acuerdo con la empresa Metro de Bogotá, a partir de 2026 se espera que la capital reciba entre dos y tres trenes mensualmente hasta completar los 30 que operarán en la Línea 1. Desde el Distrito aseguran que los trenes estarán dotados con tecnología de punta y cumplirán con los más altos estándares internacionales.Cada uno de ellos contará con seis vagones, tendrá 135 metros de largo, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de alto. En cuanto a capacidad, cada tren podrá transportar hasta 1.800 pasajeros por viaje. Su velocidad comercial promedio será de 42,5 km/h, y el sistema funcionará de manera automática y completamente eléctrica.El diseño interior de los trenes tendrá una distribución de asientos alineados contra las paredes, similar al modelo usado en TransMilenio, lo que facilita el ingreso y salida de pasajeros y optimiza el uso del espacio.
Toda una polémica se generó en medio de un debate de control político que se le hacía al presidente de ETB, Diego Molano, en el Concejo de Bogotá. Dentro de su intervención, el ejecutivo lanzó un comentario que usuarios han tildado de machista, al comparar la gestión de la compañía con las madres solteras.“¿Qué pasa con ETB? La ETB es como una madre soltera. La madre soltera cada cuatro años se levanta un novio diferente y los hijos dicen ‘llegó un nuevo padrastro’. Cada cuatro años, con un padrastro diferente, y cada padrastro quiere hacer cosas diferentes”, dijo Molano en su rendición.Tras el comentario, usuarios en redes sociales calificaron al presidente de ETB de machista y cuestionaron a la administración de Carlos Fernando Galán por nombrar a personas en cargos importantes con pensamientos como este. La presión fue tal que Molano tuvo que disculparse en un video publicado en redes sociales, en donde asegura que las madres solteras tienen todo su respeto y admiración.“Quiero ratificar las excusas que presenté en el Concejo de Bogotá por un símil errado que utilicé en ese recinto sobre las madres cabeza de familia. Yo tengo a mujeres que amo, que son madres cabeza de familia y que veo cómo luchan para salir adelante. Ratifico mis excusas por haber utilizado esa expresión y seguiré trabajando para que, con la tecnología, las madres cabeza de familia de toda Colombia tengan más oportunidades de salir adelante”, dijo Molano.En medio de toda la polémica, funcionarios de la Alcaldía, como el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, y el secretario General, Miguel Silva Moyano, reconocieron el error del presidente de ETB. Tanto Quintero como Silva aseguraron que, en efecto, fue un comentario machista y es necesario disculparse las veces que sean necesarias para erradicar aquel pensamiento.“Sí, fue un comentario machista. Estuvo mal y se disculpó en el mismo recinto unos minutos después. Nos disculparemos todas las veces que sea necesario, porque para superar el machismo es necesario repetir una y otra vez, en la vida cotidiana y en la vida pública. Perdón”, dijo Silva en sus redes sociales.
Una densa columna de humo sorprendió a decenas de conductores y comerciantes en la tarde del viernes 20 de febrero, en un hecho ocurrido en la carrera 30 con calle 71. Las imágenes, grabadas por varios ciudadanos, mostraban una nube gris que salía de uno de los edificios más visibles del sector: el restaurante “Gran Parrilla Boyacense”.La escena generó preocupación en la comunidad, pues se trata de una zona tradicionalmente concurrida y reconocida por ser epicentro de la venta de muebles en la capital. Además, el tráfico se vio afectado mientras los organismos de socorro llegaban al lugar para atender la emergencia.Incendio en la carrera 30 con 71 no dejó lesionadosEl Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recibió el llamado hacia las 4:50 de la tarde y se desplazó desde la Estación Ferias. Las autoridades informaron que el incendio estructural se presentó en una edificación de ocho niveles.Minutos después, los bomberos confirmaron que el origen del incendio estuvo en los ductos del restaurante, específicamente en el sistema de extracción de la cocina, por lo que fue necesario realizar las siguientes labores:Ataque directo al foco del incendio.Ventilación mecánica para evacuar el humo.Uso de máquina escalera para control desde la parte superior.Apoyo de carrotanque y unidades adicionales.Casi dos horas más tarde, la emergencia fue controlada en su totalidad sin dejar personas heridas.¿Por qué se incendió la Gran Parrilla Boyacense?En un comunicado, el restaurante informó que el incendio se originó por una falla en el sistema de ductos de la cocina. La rápida activación de los protocolos internos y la intervención de los bomberos fueron claves para evitar una tragedia mayor.Las imágenes posteriores evidenciaron utensilios y superficies cubiertos de hollín, aunque la estructura general del edificio no presenta daños de gran magnitud. Pese al reporte preliminar, el grupo de investigación de incendios establecerá con precisión las causas técnicas del incidente.Asimismo, la Gran Parrilla Boyacense anunció que revisará sus instalaciones antes de retomar operaciones, con el fin de garantizar que su funcionamiento continúe bajo estándares de seguridad.
Desde la cárcel La Picota, en Bogotá, Danilo Chavarro Chavarro en entrevista con Conducta Delictiva Podcast, entregó su versión sobre el intento de feminicidio por el que hoy paga una condena de 16 años, un mes y 15 días de prisión. El hombre reconoció que la relación estuvo marcada por los celos, el control y la violencia. La historia comenzó en Boyacá, cuando él, 21 años mayor que la joven, la conoció mientras promocionaba la carrera musical de su hijo. Tras varios años de comunicación telefónica, iniciaron una convivencia que se extendió por casi siete años y de la que nacieron dos hijos.Durante ese tiempo, según su propio testimonio, hubo episodios de infidelidad, discusiones constantes y comportamientos posesivos. Chavarro calificó su actitud como un “machismo extraño” y admitió que la relación se deterioró progresivamente. La situación escaló en Semana Santa de 2023, cuando rompió los vidrios de la vivienda de su expareja en medio de un ataque de ira y luego la vio con otro hombre. Para entonces, la mujer ya contaba con una medida de protección y existían procesos activos en comisarías de familia.Pese a esas restricciones, el acoso continuó. Chavarro confesó haber enviado más de 200 mensajes intimidatorios, incluyendo fotografías de armas. “Mire, la voy a matar, llévenla... por favor les decía yo, en un mes se me va a pasar la tontada, llévenla”, relató. Días después, el 18 de abril de 2023, tras una audiencia judicial en la que fue sancionado económicamente por amenazas, aseguró que tomó la decisión de atentar contra ella. “Ese día yo salí hecho un demonio... dije: ‘Hoy compro, hoy acabo con esa mujer’”, afirmó, al explicar que vendió equipos de sonido para adquirir un revólver por tres millones de pesos.El ataque ocurrió hacia las 11:00 de la noche, en el norte de Bogotá, cuando la víctima salía de una cantina. “Me bajo de ese carro, la llamo por su nombre y le doy tres impactos”, describió sobre el momento en que disparó. Tras el hecho, se retiró unos metros con la intención de ser capturado, convencido de que ella había muerto. No obstante, la rápida reacción de la Policía y el traslado inmediato a un centro asistencial permitieron salvarle la vida, aunque quedó con secuelas físicas permanentes.Cuatro meses después de los hechos, la mujer lo visitó en prisión y, según contó el propio condenado, le otorgó su perdón en presencia de sus hijos. Actualmente mantienen contacto telefónico y, de acuerdo con Chavarro, trabajan en una iniciativa para promover la prevención de la violencia de género y el respeto por las decisiones de pareja, mientras él continúa cumpliendo su condena en el centro penitenciario.
La Alcaldía de Bogotá decidió objetar por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, conocido como “Ruta por la Vida”, aprobado por el Concejo de la ciudad el pasado 5 de febrero. En consecuencia, el Distrito no sancionó la iniciativa y devolvió el texto a la corporación.La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la secretaria general del Concejo, en la que la administración distrital argumenta que el proyecto va en contravía de disposiciones constitucionales y legales. La objeción se fundamenta en el artículo 23 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, y en normas del reglamento interno del Concejo.El proyecto proponía crear una ruta dirigida a mujeres gestantes, lactantes y “la vida por nacer”. Su aprobación generó una fuerte controversia, especialmente por su posible impacto en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), despenalizada en Colombia hasta la semana 24 por decisión de la Corte Constitucional.En su concepto de no viabilidad, la Secretaría Distrital de la Mujer señaló que varias disposiciones del proyecto resultan incompatibles con el estándar constitucional sobre el derecho fundamental a la salud plena, los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía reproductiva.Uno de los puntos centrales es el uso de la expresión “alternativas a la IVE”. Según la Secretaría, aunque esa frase aparece en la Sentencia C-055 de 2022, la Corte la utiliza para señalar que la penalización no es la única vía para proteger derechos y que deben existir políticas públicas integrales.Sin embargo, advierte que emplear esa expresión de manera aislada “rompe el enfoque integral del derecho a la salud plena y no satisface el estándar constitucional de protección de los derechos sexuales y reproductivos”.La entidad también subrayó que las y los funcionarios públicos tienen el deber de garantizar información completa, objetiva y basada en criterios técnicos y jurídicos vigentes, sin interferencias indebidas en las decisiones reproductivas de las mujeres. Favorecer enfoques parciales, advierte el concepto, “puede convertirse en una barrera para el ejercicio efectivo de los derechos, lo que no está permitido por la Corte Constitucional”.Otro de los argumentos expuestos por la Alcaldía es la falta de competencia del Distrito para regular aspectos relacionados con la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según la Sentencia C-055 de 2022, la definición de la política pública en esta materia corresponde al Gobierno Nacional y al Congreso de la República.Esta decisión de la Alcaldía se conoce en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia.Con la objeción formal, el proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Concejo, mientras continúa la discusión jurídica y política sobre su alcance y viabilidad.
Una densa columna de humo que se elevó sobre el noroccidente de la capital encendió las alarmas en la tarde de este viernes 20 de febrero. El origen de la emergencia fue el reconocido restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense, ubicado en la calle 71A con carrera 30, en la localidad de Barrios Unidos, donde se registró un incendio estructural que obligó a la rápida intervención de los organismos de socorro.De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, las llamas comenzaron en el sistema de ductos del establecimiento, especialmente en la zona de cocina. Desde el primer momento, los equipos realizaron un ataque directo al fuego y aplicaron ventilación mecánica para evacuar el humo acumulado en el interior del local.La magnitud de la humareda generó preocupación entre residentes y comerciantes del sector, quienes compartieron videos en redes sociales donde se observa la espesa nube gris saliendo del inmueble. Sin embargo, pese a lo aparatoso de la escena, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni durante el incendio ni en las labores posteriores de control.Para atender la emergencia fue necesaria la movilización de tres máquinas y 25 unidades del cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada para evitar que el fuego se propagara a construcciones vecinas. La rápida reacción fue clave para contener la conflagración en el punto de origen y minimizar los daños.Horas después, los Bomberos difundieron nuevas imágenes del interior del restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense. En las fotografías se aprecia a los uniformados inspeccionando los ductos y las áreas de preparación de alimentos, mientras utensilios y superficies aparecen cubiertos de hollín y residuos producto de la combustión. A pesar del impacto visual, la estructura general del establecimiento no presenta afectaciones de gran magnitud.En su balance final, la entidad reiteró que la situación fue controlada sin víctimas y destacó el compromiso institucional con la protección de la vida, el ambiente y el patrimonio de los ciudadanos. El caso ahora queda en manos de las autoridades competentes para establecer con precisión las causas que desencadenaron el incendio en el sistema de extracción.