En Guáimaro, corregimiento de Salamina, Magdalena, la gente decidió dejar de esperar promesas y pasar a la acción. Cansados de ver cómo el río Magdalena se come, metro a metro, el terraplén y amenaza sus casas, los habitantes acudieron a la justicia para exigir una solución de fondo al problema de erosión fluvial que los afecta desde hace más de una década.El ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el recurso advierte que, desde 2012, la situación se ha ido agravando y hoy pone en riesgo la vida de más de 5.000 personas que viven, literalmente, al borde del río.“La petición es clara: un plan maestro que resuelva el problema, una obra sólida que evite que el terraplén siga cayendo. La acción popular representa los intereses de las familias guaimareras, de los corregimientos vecinos y de toda Salamina. Hablo en nombre de un pueblo que no quiere más promesas, sino obras”, aseguró Álvarez, al explicar por qué decidió dar este paso.La demanda pide al Tribunal que ordene medidas cautelares urgentes, entre ellas un plan de intervención inmediata en los puntos críticos, obras provisionales de contención, una evaluación técnica integral del riesgo, el fortalecimiento de los planes de contingencia y la protección prioritaria de las viviendas e infraestructuras más expuestas. También solicita restringir el uso de las zonas inestables y señalizarlas mientras se ejecutan las soluciones definitivas.El líder comunitario recuerda que en los últimos años se han hecho intervenciones sobre la ribera del río, pero las califica como “pañitos de agua tibia” que no han frenado el avance de la erosión. “Se han hecho algunas obras durante las últimas dos décadas, pero han sido superficiales; no han brindado soluciones de fondo. Convoco a los líderes y lideresas municipales a que nos unamos para hacer seguimiento, que los recursos lleguen y las soluciones se vean”, agregó.Con esta acción popular, Guáimaro busca que el Estado garantice el derecho a un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y a la prevención de desastres previsibles, y que las obras y decisiones administrativas dejen de ser respuestas temporales para convertirse en una solución real a una amenaza que, según la comunidad, ya no admite más espera.
De escena de película terminó un operativo en el municipio de Fonseca, La Guajira, cuando un capturado intentó huir de la Policía Nacional teniendo las esposas puestas, incluso, estando en la patrulla mientras se adelantaba todo en un sector concurrido de esta población.Todo sucedió luego de que este hombre fuese capturado por las autoridades por su presenta participación en un robo. La Policía lo atrapó y lo puso en la patrulla mientras adelantaba el operativo, ahí fue que aprovechó teniendo las esposas para bajarse de esta y salir corriendo, dejando sorprendidos a todos los que transitaban en ese momento por esta zona.La persona volvió a ser detenido poco después gracias a la rápida reacción de las autoridades y el caso no pasó a mayores. De hecho, este hombre fue trasladado a una estación policial y se generó un informe interno para conocer cómo y por qué logró abrir la patrulla pese a estar esposado y casi escapar de la escena del crimen.Si bien el hecho causó risa en redes sociales, las autoridades lo vieron como un signo de alerta a la hora de llevar el operativo porque en otro contexto y sin el apoyo de la comunidad podría haber escapado.Este caso de inseguridad se sumó a otro que sucedió recientemente cuando se dio un robo a mano armada en una sucursal de un banco, delincuentes lograron llevarse cerca de 21 millones de pesos y el caso llegó a las manos de las autoridades quienes investigan y tratan de dar con los responsables de este hecho que, según cámaras de seguridad, atemorizaron a todos los que se encontraban en ese momento y en dos ventanillas del sitio.Estos casos de inseguridad han generado preocupación en la población y esperan que haya una mayor rigurosidad por parte de las autoridades para evitar que se sigan repitiendo.
Un juez de conocimiento impartió una condena de 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, por amenazar a la fiscal que tenía a su cargo el proceso en contra de su esposa, Yulieth Vanesa Rodríguez, alias Johana.Como lo relató en ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de marzo de 2023 cuando el señalado cabecilla de la organización delincuencial los ‘Rastrojos Costeños’ grabó y publicó desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, un video en el que intimidaba a la funcionaria judicial y hablaba de posibles acciones criminales si seguía adelante con la judicialización de su pareja.Añadió la Fiscalía que ante la contundencia de las pruebas, alias el ‘Negro Ober’ admitió su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, lo que generó que este nuevo proceso se adelantara con mayor celeridad.En 2023, la Fiscalía imputó a la pareja del ‘Negro Ober’, Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias ‘Johanna’, los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados.
El panorama es preocupante en la red pública hospitalaria del Atlántico, donde las deudas con sus contratistas ya se extienden a los seis meses de salario, según el Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA. Apunta el presidente sindical, Edgardo Cera, que enviarán una carta al presidente Gustavo Petro para que los rescate de un posible colapso en las operaciones.De hecho, declaró Cera que hace unos días hicieron una querella ante el Ministerio de Trabajo, pues la gerente interventora Maryury Díaz no mostró muchas intenciones de pagarles en la más reciente mesa de trabajo realizada.“En la carta le manifestamos que intervenga, que se apersone prácticamente de la situación que está pasando aquí y que el Gobierno nos ayude inyectando recursos. Luego, habría que activar los servicios que están prácticamente cerrados como en la consulta externa o las contrataciones con la EPS, en especial las que están intervenidas. Desde allá nos pueden ayudar un poco más”, mencionó a Blu Radio.La situación es tan crítica que, por ejemplo, en el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad hay ahora mismo una facturación total de 4.000 millones de pesos, cuando en realidad sus instalaciones requieren de gastos o mantenimientos estimados en 20.000 millones de pesosEn la misiva fueron presentados reclamos por falta de pago al personal (especialistas, médicos, enfermeras y otros), renuncias del personal médico asistencial, baja en la facturación de los servicios prestados, servicios cerrados (Unidades de cuidados intensivos adultos- pediátrica- neonatales), servicios de Atención de servicios de consulta externa cerrados, servicios tercerizado (Radiología entre otros, UCI adultos en algunas sedes), Falta de confianza del personal médico e incumplimiento de la convención colectiva.Se puede leer en el documento que la liquidación de esta entidad solo acarreará fallas en la prestación de los servicios de salud a la población más necesitada, sumados al aumento del desempleo, dado que la sede Juan Domínguez Romero -CACR Soledad, se encuentra ubicada en un municipio con altos índices de violencia en el Dpto. del atlántico.Señala que en días pasados el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de $54.000 millones destinada a la recuperación integral de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), que, a la fecha, no han visto materializada, teniendo en cuenta que el pasivo que se refleja asciende a la suma de 210 mil millones de pesos aproximadamente.“Su gobierno que elegimos y seguimos apoyando, tiene el deber, creemos, de colocar personas probas e idóneas al frente de esta entidad capaces de salvarlo. Es necesario arrebatar la salud al monopolio privado que reina en este departamento. Esta acción, se sumaría a los avances que, en este sector, ha tenido su Gobierno, consolidándola como prioridad nacional, mejorando la calidad del servicio de salud a nivel nacional, departamental y municipal”, acotan.“Agradecemos su atención a esta solicitud urgente para proteger instituciones vitales como la nuestra, que trabajan por el bienestar de los pobres y olvidados de esta comarca”, finaliza la carta.
La Contraloría emitió un concepto sobre las transacciones con títulos de deuda hechas por el Gobierno nacional en diciembre del 2025, con la venta de TES por 23 billones de pesos a la empresa Pimco y la operación de venta de TES por 4.950 millones. Según el ente de control, la venta hecha en 2025 no representa una nueva emisión de deuda. Sin embargo, asegura que la operación hecha en el primer mes del 2026 sí lo hace, dejando una preocupación en el aire por la acumulación de deuda para el 2029, que de acuerdo con el informe, el Gobierno de ese entonces deberá pagar aproximadamente 89,6 billones de pesos.“El Ministerio de Hacienda llevó a cabo una operación de tesorería que consistió en la venta de una parte de su portafolio de TES por $23,24 billones, con el objetivo de fortalecer la liquidez del Gobierno. La Contraloría verificó que dicha operación cumplió con todos los requisitos legales y autorizaciones correspondientes, y destacó que no implicó la emisión de nueva deuda.” Afirmó la Contraloría.Sin embargo, para el ente de control es preocupante la operación que hizo el gobierno nacional con la emisión de bonos externos por 4.950 millones. Por su parte, afirman que para la vigencia del 2026, el plan financiero del Gobierno requería de 13.096 millones de crédito externo para su financiamiento, de los cuales 9.000 millones de dólares se obtuvieron por la emisión de bonos globales. Entretanto, al hacer esta operación, la Contraloría alerta que esto implica endeudamiento, pero cubrirá las necesidades de recursos externos que quedaron en el Presupuesto General aprobado por el Congreso.Por otro lado, el informe de la Contraloría acepta que Colombia, históricamente, ha sido responsable con el pago de la deuda, pero advierte que los esfuerzos fiscales deben hacerse en los años 2029, 2031 y 2033 para cumplir con ese pago de deuda.Sin embargo, hace una alerta sobre la alta cancelación de bonos globales desde el año 2029 que modifican el perfil de la deuda cuando coinciden pagos de bonos globales, TES B en pesos y en UVR, y Títulos de Solidaridad emitidos en la pandemia, por un total cercano a $89,6 billones. Esta situación exigirá una gestión fiscal rigurosa del Ministerio de Hacienda en los próximos años.
En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Ipiales (Nariño), José Amilcar Pantoja, expresó su profunda preocupación por el deterioro de los vínculos binacionales. Según el mandatario local, las decisiones tomadas desde el Palacio de Carondelet reflejan una desconexión absoluta con la realidad que se vive en los territorios fronterizos, afectando la estabilidad social y económica de la región.Una desconexión con la realidad fronterizaPara el alcalde Pantoja, las tensiones no son nuevas, sino que responden a una serie de acciones que él denomina como "afrentas" de tipo social, económico y político. Recordó con malestar el episodio ocurrido hace unos meses, cuando el gobierno de Daniel Noboa envió a la frontera a más de 800 presos colombianos "literalmente sin basarse en ningún protocolo binacional o internacional", dejándolos en territorio fronterizo sin previo aviso.Esta falta de coordinación diplomática es vista por el alcalde como una muestra de que el presidente de Ecuador no comprende las dinámicas locales, donde la prioridad debería ser mantener un buen relacionamiento para garantizar la convivencia ciudadana.Impacto económico: aranceles y contrabandoLa imposición de aranceles del 30% a productos colombianos por parte de Ecuador y las posibles restricciones energéticas y petroleras han generado un clima de gran incertidumbre. Pantoja advirtió que estas medidas no solo frenan la inversión en la zona de frontera, sino que estimularán fuertemente las dinámicas de contrabando de insumos básicos.La economía de Ipiales, que el alcalde describe como una "economía pendular" dependiente del valor del dólar, ya venía en descenso. Actualmente, aunque cerca de 3,000 vehículos ecuatorianos ingresan a Ipiales cada fin de semana para adquirir tecnología, electrodomésticos y ropa, la inseguridad y las nuevas trabas comerciales amenazan con profundizar esta crisis. Además, el mandatario señaló que existen vacíos legales históricos, ya que aún no se ha definido con claridad qué productos conforman la canasta básica permitida para el comercio fronterizo.Seguridad: ¿Falta de colaboración o realidad distorsionada?El pretexto del presidente Noboa para imponer los aranceles es la supuesta falta de colaboración de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, Pantoja desmintió tajantemente esta versión, asegurando que existe una colaboración total y permanente entre el Ejército y la Policía de ambos países a través de estrategias como el "Plan Espejo".De hecho, el alcalde enfatizó que la violencia actual está más presente del lado ecuatoriano. Citó como ejemplos las capturas en Nariño de miembros de 'Los Choneros', una banda de origen ecuatoriano que intentó expandir sus operaciones a Colombia, y el asesinato de dos cambistas en pleno parque principal de Tulcán a plena luz del día.Escuche aquí la entrevista:
En la noche del miércoles 21 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 2.608 de Baloto y Revancha, uno de los juegos de azar más importantes de Colombia. Según el reporte oficial de la entidad, los premios mayores de ambas modalidades no fueron asignados, lo que permite que el acumulado conjunto para la próxima jornada alcance la cifra de 32.100 millones de pesos.A pesar de que los premios principales se mantuvieron intactos, la jornada fue productiva para miles de apostadores en todo el territorio nacional, quienes lograron aciertos en las categorías inferiores de premiación.Resultados detallados de BalotoPara la modalidad tradicional de Baloto, que contaba con un acumulado inicial de $18.000 millones de pesos, los números seleccionados por las balotas fueron: 07 - 14 - 21 - 23 - 38 y la Super Balota 01.El informe técnico revela que no hubo ganadores para el premio mayor (5 aciertos + Super Balota). No obstante, un total de 16.586 personas resultaron ganadoras en otros niveles:Un solo ganador logró acertar los 5 números sin la Super Balota, llevándose un premio de $32.505.850.Cinco apostadores obtuvieron el premio de 4 números + Super Balota, con una recompensa individual de $1.302.950.En total, la premiación distribuida en este sorteo para la modalidad tradicional ascendió a $164.187.750.Debido a que el premio mayor quedó vacante, el nuevo acumulado para el próximo sorteo del sábado 24 de enero se sitúa en $18.400 millones de pesos.Resultados detallados de RevanchaPor su parte, la modalidad de Revancha presentaba un acumulado de $13.500 millones de pesos. Los números ganadores fueron: 03 - 04 - 08 - 17 - 31 y la Super Balota 11.Al igual que en el sorteo principal, nadie logró la combinación completa para el gran acumulado. Sin embargo, Revancha registró una mayor cantidad de ganadores totales, sumando 19.620 personas premiadas. Entre los resultados más destacados se encuentran:Un ganador con 5 aciertos, quien recibió un premio de $15.400.900.Ocho ganadores con 4 aciertos + Super Balota, con un premio individual de $385.850.El monto total de premiación entregado en Revancha fue de $85.186.300.El nuevo acumulado para Revancha se ha fijado en $13.700 millones de pesos para la siguiente jornada.Contribución al sector saludBaloto es un juego de suerte y azar bajo la modalidad de novedoso, operado bajo la supervisión de Coljuegos. Este tipo de sorteos no solo tienen un impacto en los ganadores individuales, sino que representan una fuente de financiamiento crucial para el sistema de salud en Colombia. Un porcentaje significativo de cada tiquete vendido se transfiere directamente para fortalecer los servicios sanitarios públicos del país.Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar cinco números del 1 al 43 y una Super Balota del 1 al 16. Las probabilidades de obtener el gran acumulado son de 1 en 15,4 millones, lo que explica la frecuencia con la que los premios suelen acumularse durante varias semanas antes de encontrar un ganador.El próximo sorteo se realizará el sábado 24 de enero de 2026, donde los colombianos tendrán una nueva oportunidad de participar por la bolsa combinada de más de 32 mil millones de pesos.
Una tragedia enluta a una familia tras la muerte de una adolescente de 15 años que sufrió una descarga eléctrica mientras utilizaba su teléfono celular conectado al cargador. El hecho ocurrió dentro de su vivienda y, pese a que fue auxiliada rápidamente y trasladada a varios centros médicos, no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas.El caso se registró en una zona rural del municipio de Augusto Corrêa, en el noreste del estado de Pará, en Brasil, donde la joven residía junto a su familia. La víctima fue identificada como Beatriz Costa Diniz, quien se encontraba en su casa la noche del jueves 15 cuando ocurrió el accidente que terminó cobrándole la vida días después.De acuerdo con los primeros informes, Beatriz estaba usando su celular mientras este permanecía conectado a una toma de corriente, momento en el que recibió una descarga eléctrica que la hizo caer al suelo. Como consecuencia, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fue atendida inicialmente por vecinos y familiares antes de ser trasladada a un centro asistencial en Bragança.Debido a la complejidad de su estado de salud, la adolescente fue remitida posteriormente al Hospital Metropolitano de Urgencias de Ananindeua, donde fue sometida a una cirugía e ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció el lunes 19 por complicaciones derivadas de las lesiones.La Policía Científica confirmó su muerte y entregó el cuerpo a sus familiares el martes 20 al mediodía. Entretanto, la Policía Civil abrió una investigación por muerte accidental y ordenó exámenes forenses para esclarecer las causas exactas del suceso.Una de las hipótesis que manejan las autoridades es una posible fluctuación eléctrica, aunque esta versión aún no ha sido confirmada. Por su parte, la empresa de energía Equatorial Pará aseguró que un equipo técnico revisó la red de la zona sin encontrar interrupciones en los últimos 30 días, pero insistió en la necesidad de no manipular dispositivos electrónicos mientras estén conectados a la corriente.La muerte de Beatriz generó profunda consternación entre sus vecinos y amigos, quienes la recordaron en redes sociales como una joven solidaria que ayudaba a su familia vendiendo tapioca en los autobuses de la región.
El Gobierno colombiano decidió suspender las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador para priorizar la soberanía energética del país, en respuesta a la imposición de un arancel del 30% a las exportaciones colombianas por parte del Gobierno ecuatoriano. La medida busca “proteger la seguridad energética colombiana”, ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, según informó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.Ecuador, que mantiene una interconexión eléctrica de 400 kilovatios con Colombia, depende en buena parte del suministro colombiano para cubrir su demanda interna, especialmente durante los periodos de sequía. En los últimos dos años, Colombia había duplicado sus envíos de energía al vecino país, mitigando los apagones sufridos entre 2023 y 2024.“Ecuador depende en un 8% de Colombia”En entrevista con Mañanas Blu, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), explicó que Ecuador enfrenta una situación de vulnerabilidad energética tras la decisión del gobierno colombiano.“Ecuador consume diariamente cerca de 95 gigavatios hora y de ese total, Colombia estaba suministrando 8 gigas diarios, lo que representa alrededor del 8% de su demanda”, precisó Gutiérrez. La dirigente gremial advirtió que, en años anteriores, durante los picos de sequía, ese porcentaje llegó hasta el 12%. “En diciembre de 2024, ambos países atravesamos una época crítica. Colombia aportó energía para evitar apagones de hasta 14 horas en Ecuador”, recordó.Riesgo de apagones si se agudiza la sequíaDe acuerdo con Gutiérrez, la magnitud del impacto en Ecuador dependerá del nivel de lluvias en los próximos meses y de la capacidad del país para activar su parque térmico. “Entendemos que Ecuador ha tomado medidas para mejorar su confiabilidad, pero no está claro si podrá enfrentar otro periodo de sequía si el fenómeno de El Niño regresa”, señaló.La líder gremial insistió en que la decisión colombiana tiene respaldo técnico y busca evitar una eventual crisis interna. “Como sector, ya habíamos pedido en otras ocasiones que se suspendieran las exportaciones cuando el país enfrenta hidrología crítica. No podemos poner en riesgo la confiabilidad de nuestro propio sistema eléctrico”, puntualizó.Llamado al diálogo y a la cooperación bilateralGutiérrez llamó a reactivar los canales diplomáticos y técnicos entre Bogotá y Quito para evitar que una disputa comercial afecte sectores estratégicos. “Las herramientas económicas no deben usarse como mecanismos de discusión política”, enfatizó. A su juicio, la relación energética entre ambos países “ha sido histórica y de apoyo mutuo”, y debe preservarse sobre la base de la cooperación regional.Además de presidir Acolgen, Natalia Gutiérrez lidera el Consejo Gremial Nacional, desde donde expresó preocupación por las repercusiones del nuevo arancel ecuatoriano sobre las exportaciones colombianas. “Ecuador es el sexto destino de nuestras exportaciones. En 2025, Colombia le vendió bienes por 1.600 millones de dólares, de los cuales dependen miles de empleos en ambos países”, subrayó.Los sectores más golpeados serían el energético, petroquímico, farmacéutico, automotor y de maquinaria, que en conjunto representan cerca del 49% de las exportaciones colombianas hacia el vecino país. Las regiones más expuestas son Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca y Bolívar, según datos gremiales.“Esta discusión que parece política erosiona la confianza. Hay que activar los canales diplomáticos y resolver la crisis rápidamente”, concluyó Gutiérrez, insistiendo en que la cooperación energética entre Colombia y Ecuador debe prevalecer sobre las tensiones coyunturales.La región andina enfrenta un panorama complejo ante la posibilidad del retorno del fenómeno de El Niño, que amenaza con reducir los niveles de los embalses y afectar la producción hidroeléctrica, fuente principal de energía en ambos países. En este escenario, la suspensión temporal de las exportaciones podría servir para blindar el suministro interno colombiano, pero también dejaría a Ecuador en una posición crítica si sus fuentes hídricas no logran recuperarse a tiempo.La decisión abre, además, un nuevo capítulo en la relación comercial entre los dos países, históricamente interdependientes en materia energética y exportadora. En los próximos días, se espera que los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa retomen canales diplomáticos para buscar una salida técnica a la crisis.
“No está disponible” es la frase que se volvió usual para los más de 400.000 usuarios de la Nueva EPS en el Atlántico, a los que desde el mes de diciembre se les fue suspendida la entrega de medicamentos por la millonaria deuda que esta entidad mantiene con el que era su dispensario médico.Eso deriva en una crisis de pacientes que hoy se están agravando por no continuar con su tratamiento al pie de letra. Tal es el caso de William González, quien dice que optó por tomar una bicicleta desde Soledad para recorrer todos los puntos de Cafam y Nueva EPS en busca de los frascos de Rivaroxabán que necesita su hermana, a la que operaron de corazón abierto y desde hace un año no tiene acceso a sus pastillas.“Se están demorando como seis meses para entregar las medicinas. Uno va y no las hay. Recorrí todas las farmacias desde el Hipódromo, en Soledad. Allá abajo, no las hay, y cuando subo para acá, tampoco. Solo le entregan una parte”, dijo a Blu Radio.La desesperación de William es doble pues a su hermana también le hicieron una cirugía en su columna hace un mes, luego de una caída en su hogar.Casos como este son tratados por el veedor Andrés Meza Pérez, quien hace parte de la Asociación de usuarios de Nueva EPS en el Atlántico. Denuncia que a la crisis de medicamentos se le unen problemas como la agendación de cita con especialistas, las cuales solo están disponibles hasta cinco meses después.“¿Cómo va a ser posible que los códigos y los estatutos del Ministerio de Salud dice que una cita debe ser agendada en no más de 17 días y la dan hasta cinco meses después? No es justo. A veces hay pacientes que están programados para asuntos de una operación y cuando el protocolo se cumple ya es demasiado tarde. Tienen que agendar para mucho tiempo después”, agregó.Meza vive el sufrimiento en carne propia por ser paciente de hemodiálisis, pero su crítica se dirige al Gobierno pues tampoco hay estabilidad de los funcionarios de estas entidades.“Tratamos de minimizar todo esto, pero no podemos porque siempre nos quitan al interventor o cambian a los gerentes. Cuando se tiene algo plasmado luego de meses trabajando, vuelve a suceder. Todo lo que se adelante se pierde, pues una persona no va a firmar lo que otro ya dejó”, concluyó.A las afueras de una sede de la Nueva EPS encontramos -por ejemplo- usuarios que sufren de presión y que desde octubre tienen que comprar medicinas por su cuenta. Del mismo modo, padres de familia a los que a sus hijos con síndrome de down les suspendieron la entrega de hasta pañitos húmedos. Muchos salen molestos y dispuestos a radicar tutelas para solucionar su situación.
En la madrugada de este miércoles se presentó el hecho en el que, según habitantes del barrio San Roque, en el suroriente de Barranquilla, se encontraba departiendo Jonathan José Fontalvo Torres con unos amigos, en la terraza de la vivienda que servía de sede de la danza El Torito Ribeño, de la que era su tamborero.Según residentes del barrio, hasta ese lugar llegó un sicario a pie que le propinó varios impactos de bala a Fontalvo Torres. Acto seguido, el victimario se dio a la huída y en este momento está siendo buscado por las autoridades.Para su hermana, Ingrid Fontalvo, el hecho no tiene explicación, ya que Jonathan, de 41 años, era un hombre trabajador que se dedicaba a la carpintería y a mantener vivo el legado cultural y folclórico de la danza el Torito Ribeño, que lidera su padre, el rey Momo en 2005, Alfonso Fontalvo.“Él era carpintero y no conocíamos que tuviera amenazas. Estamos esperando para ver qué nos dicen las autoridades”, comentó su hermana.La víctima fue trasladada al Hospital de Barranquilla, donde falleció a causa de las heridas.Jonathan Fontalvo era un heredero de la tradición y sin duda hoy su familia, el Carnaval y la danza El Torito Ribereño lamenta su inesperada muerte.El torito RibereñoComo lo destaca Carnaval de Barranquilla, la historia de la danza que dirige Alfonso Fontalvo se remonta al 20 de enero de 1878, “cuando un grupo de jóvenes liderado por Elías Fontalvo fue a la sede de la danza El Toro Grande a pedirles que los dejaran ser miembros del congo, pero fueron recibidos con desdén y rechazados” por su juventud.
Como una “catástrofe” institucional califican la situación que viven alrededor de 550 trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Atlántico a los que no les han renovado sus contratos a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías este 31 de enero. Entre las personas afectadas hay varias mujeres embarazadas y lactantes, denunciaron desde Sintrafamiliar.Alejandro Camargo, presidente de ese sindicato, afirma que el limbo laboral en el que se mantienen más de 550 trabajadores, entre los que se encuentran madres embarazadas o que están en periodo de lactancia, es inédito en los 15 años que tiene trabajando en el ICBF en el Atlántico.“Esto nunca se había visto, que las madres embarazadas y lactantes sean las últimas que contraten. En años anteriores esas personas, máximo el 2 de enero ya tenían contrato para no afectar su hijo, su proceso de maternidad, de lactancia, pero hemos llegado al límite de que a esas mujeres les ha tocado esperar mes y medio, dos y hasta más meses para ser contratadas”, indicó.Agregó el presidente de Sintrafamiliar que lo que se vive en el Centro de Servicios Judiciales Para Adolescentes (Cespa), por ejemplo, es crítico, ya que no hay cómo atender de manera eficiente en este momento a sus internos por el déficit de personal.“En este momento en el Cespa existe una sola nutricionista para tres equipos, dos trabajadoras sociales para cinco equipos. Esto es algo inconcebible. Aquí estuvo la directora nacional en diciembre (Astrid Eliana Cáceres) y dejó unas líneas, pero hoy día solo hemos tenido inconvenientes muy graves”.Camargo subrayó que en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, el paso de cinco directores por el ICBF en el Atlántico, ha generado situaciones como la actual, la falta de una hoja de ruta clara en el plan de acción del Instituto y violencia institucional contra los trabajadores, ya que como él lo afirma, cada uno de ellos quiere imponer sus lineamientos sin valorar al funcionario “por sus conocimientos en políticas sociales, trabajo y respeto por el sentido misional”.Ante esta situación de incertidumbre, señala el presidente de Sintrafamiar, que este jueves muchos trabajadores del ICBF en el departamento de Atlántico realizarán un nuevo plantón en la sede Regional, carrera 46 con calle 61, desde las 2 de la tarde.
En $3.9000 quedó el pasaje que deberán pagar durante este 2026 los usuarios del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe.La Alcaldía de Cartagena expidió el decreto que fija la nueva tarifa para los usuarios del sistema con un aumento de 500 pesos, es decir, el pasaje pasa de 3.400 a 3.900 pesos, lo que representa una variación del 14,7%.El nuevo valor de la tarifa, que empieza a regir desde el viernes 23 de enero, señaló la Alcaldía, obedece al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor del combustible, que en este caso es Gas Natural, y al aumento del salario mínimo.“Estos factores inciden en rubros como la remuneración a los concesionarios de operación, Sotramac y Transambiental, así como a la empresa contratista que opera TransCaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias), así como en acciones necesarias como lavado de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo de la flota, alistamiento, personal de aseo y vigilancia, conductores y operación pública, entre otros”, explicaron en un comunicado sobre el aumento.De igual manera, detallan que en la determinación de la tarifa, el aumento del salario mínimo tiene una participación del 46%, el aumento del IPC del 34%, y el del combustible, del 20%, siendo el salario mínimo el factor de mayor incidencia en el valor final de la tarifa.Convocan plantón en rechazo al incrementoEl anuncio de este incremento generó molestia entre usuarios del sistema que lo calificaron como “desproporcionado”, al tiempo que organizaciones estudiantiles convocaron un plantón para rechazar la implementación de la nueva tarifa este mismo viernes a partir de las 4:30 de la tarde en el Patio Portal.“Sentimos una indignación muy profunda con la decisión del alcalde Dumek Turbay de este incremento injustificado de la tarifa de Transcaribe, que ha quedado como la tarifa más cara del país. Esto representa un golpe durísimo a la clase trabajadora de esta ciudad; cada vez tenemos menos acceso a la ciudad por el gobierno distrital que se ha dedicado a hacer excesivos gastos en show y tarima, sin garantizar derechos básicos como el transporte”, aseguró el Santiago Pombo, integrante de la organización de educación y comunicación popular Fogón Rebelde.Para los organizadores de plantón el servicio que brinda hoy Transcaribe, con buses y estaciones en mal estado, y retrasos en la operación, son otro motivo para rechazar este incremento.“Hace menos de un bus vimos como buses terminaron incinerados por las condiciones paupérrimas de mantenimiento, nos acostumbramos a ver escenas diarias de buses varadas y en mal estado, y sobretodo a ver a los usuarios en hacinamiento, porque la forma en que está organizada este transporte nos trata como ganado”, señaló el joven.
Luego de tres años de separación de cuerpo, ya está lista la separación legal entre Daysuris Vásquez y Nicolás Petro, quienes han sido protagonistas en los últimos años de un escándalo que involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se trata de una decisión proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, el cual decretó el pasado 18 de diciembre el divorcio del matrimonio civil que se celebró en abril de 2019. Sin embargo, la decisión no habría sido bien recibida por el equipo jurídico de Dayruris, el cual confirmó a Blu Radio que presentará una solicitud de nulidad a esta decisión, debido a que no habrían sido notificados del proceso, lo que no les habría permitido participar del mismo. Vale la pena mencionar que, en el fallo del mencionado juzgado, se cita como un problema jurídico el hecho de que la demandada, en este caso Vásquez, nunca hubiese contestado la demanda. No obstante, al respecto el juez planteó que esta fue notificada "en debida forma". Le puede interesar: Day Vásquez amplía denuncia contra Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento"La demandada se notificó en debida forma y no contestó la demanda, lo que hace entender que está de acuerdo con el divorcio y la propuesta", expone el fallo. Petro Burgos, quien fue el solicitante de la demanda, expuso que solicitaba el divorcio al no tener obligación alimentaria con su ex cónyugue, por lo que solicitaba la liquidación de esa sociedad conyugal, incluyendo una repartición equitativa de los bienes. Petro y Vásquez se habrían separado desde finales de 2022. Su proceso de separación se vio marcado por unas polémicas declaraciones entregadas
El municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, se encuentra de luto tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres hijos de 13, 10 y 6 años. El descubrimiento ocurrió al mediodía del pasado martes, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades al no recibir respuesta de la familia.Hipótesis que manejan las autoridades 1. Inhalación de monóxido de carbono: esta es, hasta el momento, la principal hipótesis que maneja la Policía de Bolívar, debido a que el sector estuvo sin servicio de energía eléctrica durante todo el día y la familia habría dejado encendida una planta eléctrica dentro de la vivienda mientras dormían.Así lo planteó el coronel Diego Fernando Pinzón, quien explicó que la familia pudo haber inhalado los gases tóxicos emitidos por el generador durante la noche.2. Intoxicación alimentaria: aunque la inhalación de gases es la línea de investigación más fuerte, el alcalde de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo, mencionó una segunda posibilidad, tras analizar si las víctimas pudieron haber consumido un pudín que se encontraba en la nevera, lo que habría provocado una intoxicación letal.Los cuatro cuerpos fueron trasladados al municipio de Magangué, donde Medicina Legal determinará la causa exacta de las muertes.Finalmente, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dispuso un equipo de la Secretaría de Salud para brindar asistencia psicoemocional a los familiares y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario para esclarecer los hechos.
Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres pequeños hijos, de 13, 10 y 6 años, son las víctimas de una terrible tragedia que enluta al municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar. La joven madre fue encontrada muerta, junto a sus tres hijos, al interior de su vivienda durante el mediodía de este martes.De acuerdo al reporte preliminar de la Policía de Bolívar, las primeras hipótesis apuntan a que se trató de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, sin embargo, será Medicina Legal la encargada de entregar el dictamen final.“Presuntamente, las víctimas habrían utilizado una planta eléctrica, al interior de la residencia, para suplir la falta de energía eléctrica que se presenta en el municipio desde el pasado 19 de enero. El equipo habría permanecido encendido durante la noche, generando la inhalación de gases tóxicos: monóxido de carbono”, explicó el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.Asimismo, el oficial señaló que la investigación quedó a cargo del CTI de la Fiscalía General de la Nación.Le puede interesar: Hospitalizan a niño de 8 años por intoxicación con pólvora en Barranquilla Por su parte, el alcalde de esa población, Neil Enrique Cantillo, detalló que los cuerpos de madre y sus hijos fueron hallados luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades ante la falta de respuesta de la familia durante el día de hoy.“Los vecinos comentan que, en vista que era tarde, y que no se había levantado la familia, proceden a abrir la puerta y encuentran los cuerpos en la habitación. Lamentablemente todos estaban muertos. Por ahora, hay varias versiones. Se hablaba de inhalación de gases, también que habrían consumido un pudín que fue encontrado en la nevera, pero hasta el momento no sabemos”, dijo el mandatario en diálogo con BLU Radjo.La cuerpos de familia fueron trasladados al municipio de Magangué.
Setenta y dos cartuchos calibre 5.56, 40 panfletos y una especie de estatuto disciplinario del Clan del Golfo, hacen parte del material incautado a cuatro personas que se movilizaban en un vehículo en la vía Arjona–Gambote, en el departamento de Bolívar.Los capturados, tres hombres y una mujer, quienes harían parte del GAO Nicolás Antonio Urango Reyes, fueron sorprendidos en medio de un procedimiento de registro y control de uniformados de la Policía de Transito y Transporte.“El procedimiento se desarrolló en la vía que comunica el municipio de Arjona con el peaje de Gambote, específicamente en el puesto de control ubicado en la báscula, donde los uniformados realizaron la inspección que permitió la aprehensión de los sospechosos”, detalló el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.Entre los capturados se encuentra Duber Esneider Echeverry, de 26 años, alias 'Marcos', señalado como presunto cabecilla financiero de zona.“Este resultado operacional representa una afectación directa a las estructuras criminales que pretenden generar temor y desestabilizar la seguridad en el departamento. Continuaremos ejerciendo controles permanentes en los corredores viales y trabajando de manera articulada con la Fiscalía para proteger la vida y la tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el oficial, al tiempo que explicó que sobre alias ‘Marcos’ hay una condena vigente por delitos relacionados con armas de fuego.Los cuatro capturados deberán responder por los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.
La Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Policía Nacional acordaron el lanzamiento de una estrategia de identificación, búsqueda y judicialización de actores criminales, a los que se les acusa de varios homicidios, extorsiones y venta de drogas tanto en la ciudad como en el área metropolitana.Como parte de esta estrategia, se han diseñado y puesto en circulación tres carteles informativos, cada uno con 20 siluetas de personas relacionadas con estos hechos delictivos, sobre quienes se ofrece pago de recompensa a quienes suministren información veraz y oportuna que permita su plena identificación, ubicación y captura.Esta acción focalizada se desarrolla en sectores priorizados de la ciudad de Barranquilla, especialmente en los barrios El Bosque y Simón Bolívar, así como en el municipio de Soledad, zonas donde se han identificado dinámicas criminales que vienen siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.Al respecto habló el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, Yesid Turbay, remarcando que los pagos son desde el millón de pesos en adelante.“Desde la Alcaldía Distrital reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los barranquilleros. Esta estrategia de recompensa es un mensaje claro para quienes insisten en delinquir: no habrá espacios de impunidad. La información de la ciudadanía es clave para seguir desarticulando estas estructuras criminales y devolverle la tranquilidad a nuestros barrios”, fueron sus palabras.Por su parte, el brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: "Estamos fortaleciendo nuestras capacidades de inteligencia, investigación criminal y trabajo comunitario. Estos volantes hacen parte de una estrategia contundente que busca el apoyo directo de la ciudadanía para identificar a los responsables de graves hechos que atentan contra la vida y la seguridad. Garantizamos absoluta reserva, confidencialidad y una reacción inmediata de nuestras unidades”.La Policía Nacional reitera que toda la información suministrada es completamente confidencial y segura, y puede ser comunicada a través de la Línea de Emergencias 123, la línea directa 323 273 0948, así como a las líneas contra el crimen 317 896 5523 y 321 394 5266, garantizando absoluta reserva.
Luego de entregar los requerimientos legales pendientes y, también pasar una prueba de resistencia en sus palcos, fue aprobada en la mañana de este martes 20 de enero la realización de las corralejas de Sincelejo que iniciarán desde esta tarde hasta el próximo domingo.El tradicional evento estuvo a punto de ser cancelado debido a una medida cautelar proferida por el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia de Sincelejo, en la que se ordenaba paralizar la construcción del lugar por falta de licencia para ello.Sin embargo, a partir de la realización de los trámites por parte de los privados que estaban encargados del montaje de los palcos y las graderías, se logró terminar la construcción de la estructura mientras se tramitaba la documentación requerida para garantizar la seguridad a los asistentes.Esta podría ser la penúltima corraleja que se desarrolle en el marco de las fiestas del 20 de enero, teniendo en cuenta que a partir de julio de 2027 entrarían en vigor las prohibiciones establecidas en la ley 2385 de 2024. Esta ley prohíbe las peleas de gallos, corralejas, coleos y toda clase de actividad de entretenimiento que implique el uso de animales.Por lo pronto, desde el equipo de la Defensa Civil en Sucre aseguran estar listos para atender las emergencias que se puedan generar a partir de estas fiestas.“La Defensa Civil desde sus capacidades operativas y como integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y en este caso para las corralejas de este año, hemos analizado todas las actividades que se van a desarrollar. Se dieron las recomendaciones de las medidas preventivas que esperamos que los promotores de este evento de afluencia masiva las ejecuten para evitar situaciones especiales”, dijo el mayor Mauricio Rodriguez Ardila, director de la dependencia.“Se dispondrá un dispositivo en terreno de dos equipos de respuesta y un funcionario dentro del puesto de mando unificado que será instalado en el sector de las corralejas. odo esto para la coordinación de apoyos en camilla o actividades de atención que se requieran dentro del desarrollo de esta actividad. Habrá disponibilidad operativa en coordinación con la Cruz Roja”, agregó.Para este año se espera la asistencia de por lo menos 7.000 espectadores, mientras que se tiene previsto que el primer toro salga al ruedo desde las 2:00 de la tarde.
Hay luto en el norte de Barranquilla, más específicamente en el conjunto Paseo del Parque, ubicado en el barrio Villa Carolina, donde pasadas las 8:00 de la noche de este lunes 19 de enero se registró la muerte de un niño de 12 años que cayó al vacío desde el noveno piso de esta edificación.De acuerdo a los primeros reportes del caso, el menor estaba intentando hablar y jugar con sus amigos desde el balcón mientras estaba sobre una silla. Luego, en medio de un aparente descuido, terminó perdiendo su equilibrio.La emergencia alertó a todos los vecinos, quienes a su vez dieron pronto aviso a las autoridades pese a que fue demasiado tarde para intentar salvarle la vida.“Considero que fue la brisa. El niño era una persona alegre, vivía siempre con su mamá, una vecina muy buena. Estoy impresionada completamente. Le echo la culpa a la brisa, yo vivo allí y pegan los vientos horrible”, declaró a los medios de comunicación una de las vecinas del conjunto.“Su cuerpecito era delgado. Sé cómo debe sentirse esa madre, estoy llorando por su mamá. Él subirá al cielo. Tengo cinco años desde que se murió mi hijo con la pandemia y todavía lo lloro como si fuera la primera vez. Nadie sabe lo que es la muerte de un hijo o una madre hasta que no lo vive. Lamentando mucho esta tragedia, eso es para que los padres tomen conciencia de no mudarse a pisos tan altos para tener niños pequeños. Se pueden utilizar mallas también”, agregó.La noticia también fue lamentada por comerciantes de la zona, quienes acostumbraban a verlo jugar por las tardes: “Era alegre, divertido. Lo que pasa es que la situación es fuerte. Apenas me estoy enterando, solía verlo cuando salía a caminar, o hacia la Olímpica”.Hasta el punto llegaron uniformados de la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla para ponerse adelante del caso.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la Consejería Comisionada de Paz recordó que el próximo 20 de enero vence el plazo acordado entre los cabecillas de las bandas criminales ‘Los pepes’, y ‘Los Costeños’ para que dichas estructuras desacelerar los actos de violencia urbanas como gestos de paz, razón por la cual el Gobierno nacional adoptó una serie de decisiones para dar continuidad al proceso.Entre las determinaciones anunciadas, se destaca la continuidad de Camilo Pineda como facilitador del proceso, quien contará con el respaldo del sacerdote católico Cyrillus Swinne, reconocido por su labor comunitaria en el Atlántico, con quien concertó una agenda de trabajo social con epicentro en el barrio La Paz del suroccidente de Barranquilla.La continuidad de Pineda en el cargo estuvo cuestionada luego de que se frenaran, por el momento, los traslados a cárceles de Barranquilla de alias ‘Castor’, ‘el Negro Ober’ y otros lideres de zona de Los Costeños.“El Gobierno indica que avanzará en una agenda de trabajo referente a un espacio de conversación socio jurídico con las autoridades del territorio para definir una hoja de ruta concertada sobre los indicadores, las metas y las acciones más adecuadas para avanzar hacia la construcción de paz, sometimiento a la justicia y tránsito hacia la legalidad de las personas que se acojan a este proceso de paz urbana”.Enfatizó que las medidas de traslados de los integrantes de “Los Costeños” se mantienen aplazadas, sin embargo el proceso de exploración sigue abierto con los líderes de esta estructura, así como con los líderes de "Los Pepes".Asimismo, el Gobierno hizo un llamado a las autoridades territoriales y a la Policía en Barranquilla y el Atlántico para reforzar el cumplimiento de sus competencias en materia de seguridad y combate al crimen, subrayando la importancia de garantizar tranquilidad ciudadana de cara a la celebración de los Carnavales.
A través de un video publicado por la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde es docente el barranquillero Leonardo Escobar Barrios, quien estuvo desaparecido 16 días después de llegar al aeropuerto internacional de Monterrey, en un vuelo procedente de la ciudad de Bogotá, donde estuvo con su familia, el maestro entregó detalles del calvario que vivió.Leonardo contó que aunque solo debía estar 3 horas en el aeropuerto, en medio de una escala, antes de salir hacia la Ciudad de México, por razones que desconoce la Guardia nacional lo retuvo tres días en una celda del municipio de Apodaca, donde lo golpearon y le partieron varias costillas."Durante tres días estuve en una celda en el municipio de La Pochaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda fui golpeado por la Guardia Nacional y lo que me genera una fractura de tres costillas (…) lo que ha sido comprobado médicamente", afirmó.Luego de eso cuenta que lo dejaron en libertad pero salió muy desorientado, y allí lo robaron, lo dejaron indocumentado y no le permitieron volver a entrar al aeropuerto de Monterrey por lo que empezó a deambular las calles, en plena indigencia."Llegó un punto donde fui inadmitido al aeropuerto de Monterrey por razones que yo desconozco (…) la Policía me alejó más y más del aeropuerto, lo cual sin documentos, sin dinero y sin nada me llevó a una situación totalmente vulnerable", relató.El profesor universitario contó que se vio obligado a refugiarse entre la maleza para evadir el sol durante varios días, sin comer ni tomar agua, al borde de la muerte, hasta que una patrulla que maneja una clínica de rehabilitación, al confundirlo con un habitante de calle y lo llevó a un centro médico en el municipio de Juárez donde permaneció 10 días inconsciente, sin hablar.Solo hasta el 15 de enero pudo entregar datos sobre su identidad hasta que fue rescatado por la Fiscalía que ya lo estaba buscando.El barranquillero, quien lleva 10 años viviendo y trabajando en México, cuestionó que no exista registro de su detención, lo que evidentemente constituye una irregularidad. Así mismo asegura que le negaron el derecho a comunicarse con su familia y no le brindaron asistencia médica.El docente indicó que su detención arbitraria obedece a un acto de discriminación: “Lo que yo vivo creo que se trata de una condición discriminatoria”, expresó.
Según el Ministro del Interior Armando Benedetti, Leyton Barrios estaría a punto de ser reintegrado al cargo de rector de la universidad del Atlántico, tras haber interpuesto una acción de tutela en la que alega ser padre cabeza de familia.Benedetti recordó que sobre Barrios pesan señalamientos graves, entre ellos la presunta falsificación de certificados para acreditar su experiencia laboral, razón que llevó al Ministerio de Educación a retirarlo del cargo el pasado mes de diciembre, es decir, es decir, un mes y medio después de que fuera nombrado en el puesto.“Está a punto de volver ahora por una tutela y esa tutela es con base en que es padre cabeza de familia. O sea, por favor, ayúdame a recordar esto. Entonces, no se debe volver”, insistió Benedetti.El ministro insistió en que detrás de este proceso existirían intereses de carácter político y fue enfático al señalar que Barrios no debería regresar al cargo.El 27 de octubre de 2025 el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico eligió a Leyton Daniel Barrios Torres como rector para el periodo 2025–2029, sin embargo, ante las denuncias de presunto fraude con documentos anexos a su hoja de vida, el ministerio de Educación resolvió separarlo del cargo y posteriormente nombrar como rector encargado a Rafael Ángel Castillo Pacheco.
La terrible combinación de velocidad y alcohol sería el detonante de una tragedia que enlutó este fin de semana a una familia en Cartagena. Boris Eduardo Ramos, un domiciliario de 46 años, fue arrollado por una chiva rumbera cuando se disponía a entregar un pedido.El siniestro vial, que le causó la muerte al domiciliario, se registró cuando el hombre se movilizaba en una bicicleta sobre el Puente Román, en sentido hacia la calle Larga, en el barrio Getsemaní.De acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT), el conductor de la chiva rumbera resultó positivo en la prueba de alcoholemia.“El vehículo era conducido por el señor Germán Chico Ríos, a quien se le practicó la respectiva prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado positivo en grado cero. Debido a esta situación, que dejó sin vida al ciclista, y al agravante correspondiente, la Policía procedió a la captura del conductor de la chiva, dejándolo a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, señaló el DATT.Asimismo, el comandante de la Policía de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña, explicó que, tras la captura, el conductor de la chiva fue presentado ante un juez de control de garantías para que se defina su situación judicial.“La Policía Nacional se solidariza con este hecho que enluta a una familia y a todo un gremio que se ve afectado. La Policía acude a una situación en la que la Secretaría de Tránsito atiende un caso de accidente, donde una chiva efectivamente arrolla a una persona que se desplazaba en bicicleta. Una vez los agentes de tránsito realizan el procedimiento, se efectúa la captura y, en este momento, esta persona que conducía el vehículo está enfrentando las audiencias correspondientes de legalización de captura, ya que, según el dictamen, presenta resultado positivo en la prueba de alcoholemia”, informó el oficial.Entretanto, las autoridades de tránsito de Cartagena hicieron un llamado a los actores viales a conducir sin consumir bebidas alcohólicas, respetar las normas de tránsito y mantener una actitud responsable al volante.