Atemorizados están los habitantes del municipio de San Alberto, en el sur del Cesar, debido al triple homicidio que se registró en un barrio conocido como Altos del Progreso.Al parecer, los hechos fueron perpetrados por presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra de Nevada o Pachencas, de los cuales uno fue capturado y otro abatido, luego de protagonizar una balacera en su intento de escape. Por lo menos, así fue informado por el coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar.“El 26 de enero del año en curso, siendo aproximadamente las 9:50 de la noche, se presentó un hecho de homicidio múltiple en zona rural del municipio de San Alberto. De acuerdo con la información recolectada, este hecho habría dejado como resultado tres personas gravemente lesionadas. Dos de ellas fallecieron en el lugar, mientras que la tercera fue trasladada al hospital local, donde, posteriormente, perdió la vida, debido a la gravedad de las heridas”, dijo el comandante en un comunicado de las autoridades.“Los presuntos responsables emprendieron la huida con rumbo al corregimiento La Pedregosa, en jurisdicción de Norte de Santander. En este sector, unidades del grupo de operaciones especiales GOES, que adelantaba labor de control y verificación, sostuvieron un intercambio de disparos con los individuos, logrando como resultado un presunto delincuente neutralizado y otro capturado”, añadió.“Según información, los presuntos responsables harían parte del grupo armado ilegal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra de Nevada”, también alcanzó a decir.La Policía rechazó de manera contundente estos hechos y afirmó estar comprometida con la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. Del mismo modo, abrieron sus canales institucionales para recibir información que permita el esclarecimiento de esta matanza.Hay que decir que, hasta el momento, solo dos de las víctimas fatales han sido identificadas plenamente. Luis Andrés Cubillos Zambrano, de 25 años, y Cristian Fernando Vargas Jaimes, de 27. Del tercer fallecido se ha mencionado que sería un supuesto habitante de calle.Asimismo, la posterior balacera dejó herida a Dagny Daniela Martínez Valero, de 25 años, hoy bajo observación médica en el Hospital Local Lázaro Alfonso Hernández Lara y quien será investigada para determinar si tiene alguna relación con el episodio. La persona con la que se movilizaba en la motocicleta y que fue abatida, tampoco ha sido identificada.“Lamentamos profundamente que estos hechos sigan ocurriendo en nuestro municipio. Uno de ellos era de nacionalidad venezolana y los otros dos eran hijos de nuestro pueblo. Al parecer, en el lugar se estaba presentando consumo de estupefacientes. Esto generó pánico no solo entre los jóvenes que lograron huir del sector, sino también en comunidades como Primero de Abril y Alto del Progreso”, fueron las palabras del alcalde municipal, Edgar Ricardo Díaz.
Nelson Javier Vasquez, quien recientemente renunció al cargo como agente interventor de Air-e tras estar seis meses en el cargo, no habría dejado la mejor de las impresiones por su gerencia en la empresa. La falta de inversiones, las caídas en los recaudos y el poco acompañamiento a varios proceso de la compañía se habrían convertido en una queja constante que solo terminó alentando su salida del puesto. El asunto es que ahora solo hay expectativa sobre quién llegará a liderar este proceso de intervención. Blu Radio conoció que todo apunta a que muy posiblemente sería alguien cercano al ministro de Minas y Energía Edwin Palma. Al menos tres nombres se barajan entre las opciones, sin embargo, todavía no hay confirmación sobre quién arribará. Entre estos se encuentra la exviceministra Karen Shutt, quien recientemente renunció a su cargo como viceministra de Energía. Ella es una figura que conoce más que nadie la realidad de la compañía, siendo que en el pasado trabajó para Electricaribe. No obstante, también es probable que vaya como comisionada a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), tras la renuncia presentada por Orlando Velandia. Otro de los nombres que se barajan es el de Miguel Varela, primo del diputado del Atlántico, Alfredo Varela, y quien se desempeñó como gerente de relaciones laborales cuando Palma Egea fue agente interventor de Air-e. Un tercer nombre que está en el sonajero es el de Germán Londoño, quien ocupó el cargo de jefe División de Ventas y Comercio de la empresa Air-e durante un breve periodo, cuando Palma también estuvo al frente del manejo de la compañía. Aunque su nombramiento generó incomodidades en algunos sectores, debido a su cercanía en el pasado con Nicolás Petro Burgos, quien actualmente es investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Solicitud del sindicatoAl respecto, desde el Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico de Colombia, Sintraelecol, es importante que se configure una gerencia estable que ayude a mejorar el servicio para los usuarios de Atlántico, Magdalena y Guajira. Incluso, enviaron una propuesta a la Superintendencia de Servicios Públicos para que sean los trabajadores, a través del sindicato, quienes se encarguen del manejo de la compañía.
A pocos minutos de lo que había sido el inicio de la jornada laboral para un grupo de cinco personas en una de las bodegas ubicada dentro del centro logístico Stock Caribe, a las afueras de Barranquilla, un fuego repentino se expandió sin control entre icopor y plástico y dejó a estos trabajadores atrapados en el sitio.Los gritos de auxilio alertaron a los trabajadores de las bodegas contiguas, los cuales llamaron al cuerpo de bomberos mientras abrían un hueco en la pared para rescatar a los operarios atrapados. La misión afortunadamente se cumplió.En total fueron tres máquinas del cuerpo de Bomberos de Barranquilla y otras dos del municipio de Galapa las que trabajaron en el control de este incendio de grandes proporciones.El incendio, según la primera versión recibida por los Bomberos, se habría generado por un derrame de cloro, sustancia que si bien no es inflamable por sí misma, sí resulta en combustión al contacto con otro tipo de elementos.En el local había gran cantidad de icopor el cuál rápidamente quedó envuelto en llamas, ocasionando que el fuego alcanzara varios metros de altura y generara una espesa nube de humo, explicó el comandante de bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco."Ahí se quemaron rollos de papel, se quemaron arrume de icopor. Precisamente ahí en las afuera se ve una máquina que es la que procesa ese producto. En el sitio, por un derrame de cloro, según la información que tengo del oficial de servicio, se generó el incendio como tal, pero lo que se quemó fueron pilas de icopor que se encontraban almacenados, obviamente ya producto terminado para ser despachado", indicó Pacheco. En la emergencia no hubo personas heridas. Por el momento las autoridades aún están en la evaluación de los daños. Este es el segundo incendio estructural que se registra al interior de una empresa en el municipio de Galapa, en las últimas 24 horas.
A Nelson Estiven Ortega Rojas, de 24 años, su asesino lo llegó buscando a su casa en el barrio Villa Carmen II, del municipio de Soledad. El joven estaba al interior de su vivienda cuando el sicario se acercó hasta la puerta y lo llamó varias veces por su nombre, hasta que al verlo le dio un disparo que le entró por un costado del pecho.Nelson alcanzó a ser llevado al hospital Juan Domínguez Romero de Soledad, pero allí dio su último respiro mientras médicos hacían lo imposible para salvarlo.Allegados a la víctima contaron a las autoridades que el joven, quien se ganaba la vida como albañil trabajando como ayudante de su papá, había sido amenazado semanas atrás por presuntos miembros de la banda Los Costeños, quienes le exigían que colaborara con ellos en la estructura criminal, realizando cobros de extorsiones y la venta de estupefacientes.Pese a su resistencia a vincularse con la actividad criminal, los delincuentes no cesaron en las intimidaciones hasta acabar con su vida.Otros casos En el barrio, suroccidente de Barranquilla un joven de 19 años fue asesinado mientras se encontraba visitando a su novia.La víctima es Anthony De Jesús Frías Pérez, quien fue baleado de cinco tiros cuando se encontraba en la terraza de una casa hablando con su joven pareja. Posteriormente fue llevado hasta el P.A.S.O El Bosque, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Autoridades investigan un posible ajuste de cuentas.
Un cargamento de aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína fue incautado en la mañana de este lunes en aguas del Caribe colombiano, a más de 60 millas náuticas al norte de Santa Marta, durante una operación conjunta de la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.La droga era transportada en un buque mercante que había zarpado desde Cartagena y tenía como destino final el puerto de Algeciras, en España. La operación se extendió por más de 18 horas y se activó tras información de inteligencia que alertó sobre la posible contaminación del navío.Para garantizar la seguridad de la tripulación, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguimiento aéreo mientras una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas abordó la embarcación. Durante la inspección, fue ubicado un contenedor en cuyo interior se hallaron 81 bultos con la sustancia ilícita, presuntamente perteneciente a una organización de crimen transnacional.El cargamento fue trasladado al muelle de Guardacostas de Santa Marta, donde unidades antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron la prueba preliminar que confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con las autoridades, la droga tendría un valor cercano a los 200 millones de dólares en el mercado ilegal europeo.Esta incautación se convierte en la más grande reportada en los primeros días de 2026 en el Caribe colombiano y representa un nuevo golpe a las rutas marítimas del narcotráfico que utilizan buques mercantes para camuflar grandes cargamentos con destino internacional.
Bogotá, el epicentro económico y social de Colombia, se encuentra en una encrucijada estadística y social. Durante el año 2025, la ciudad logró un avance significativo en materia de orden público: 9 de los 11 indicadores de delitos de alto impacto reportaron una tendencia a la baja. Sin embargo, en las calles de localidades como Chapinero, Kennedy o Suba, el sentimiento de vulnerabilidad persiste. Esta desconexión entre los datos oficiales y la vivencia diaria es el núcleo del debate actual sobre la seguridad urbana.Como bien señala el exconcejal Nelson Cubides, el éxito de una política de seguridad no puede limitarse a gráficos de barras. “La seguridad no se mide solo en estadísticas; se mide en la tranquilidad de la gente cuando sale de su casa y regresa sana y salva”, afirma Cubides, subrayando que la paz mental del ciudadano es el verdadero indicador de éxito.El déficit crítico de pie de fuerzaUno de los obstáculos más persistentes para la administración distrital es la cantidad de uniformados disponibles. Actualmente, Bogotá cuenta con 16.153 policías, una cifra que, aunque parece robusta, es insuficiente para una metrópoli que supera los 8 millones de habitantes. Según los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una ciudad debería contar con al menos 300 efectivos por cada 100.000 habitantes.Bajo esta premisa, Bogotá enfrenta un déficit superior al 32 %. Esta carencia limita la capacidad de reacción inmediata y la vigilancia preventiva en puntos calientes de la ciudad. “No es razonable exigir mejores resultados cuando seguimos operando con un déficit histórico de pie de fuerza”, advierte Nelson Cubides. Para el excabildante, el crecimiento demográfico y la expansión urbana de la capital no han sido compensados con un fortalecimiento proporcional de la institución policial.Antecedentes y contexto: La sombra de los homicidiosLa preocupación no es infundada. El año 2024 dejó una herida abierta en la ciudad al registrar 1.204 homicidios, la cifra más alta en los últimos ocho años. Si bien el 2025 mostró señales de recuperación y control, el problema se percibe como algo estructural que requiere más que paños de agua tibia.Para Cubides, este no es un tema de tintes políticos, sino una prioridad de supervivencia urbana. “Más policías no es una postura ideológica, es una necesidad urgente para proteger la vida y la libertad de los ciudadanos”, sostiene, haciendo un llamado a que la seguridad sea tratada como una política de Estado que trascienda los periodos gubernamentales.La tecnología como multiplicador de fuerzaAnte la dificultad de cerrar la brecha de personal de forma inmediata, la ciudad ha volcado sus esfuerzos hacia la transformación digital de la vigilancia. La integración del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) ha sido fundamental. La estrategia actual no solo contempla la expansión de cámaras de videovigilancia, sino la implementación de:Análisis de video con IA: Para identificar comportamientos sospechosos automáticamente.Geolocalización avanzada: Para optimizar las rutas de patrullaje.Sistemas privados conectados: La integración de cámaras de establecimientos comerciales y conjuntos residenciales al sistema central.Modernización de la Línea 123: Inclusión de videollamadas en tiempo real y el "chat silencioso" para situaciones de riesgo extremo.Hacia una estrategia integralEl futuro de la capital colombiana depende de una fórmula que combine la presencia física con la precisión del dato. La prevención, más que la reacción, debe ser el norte de las autoridades. Cubides concluye que la eficiencia del gasto público es determinante: “Cada peso invertido en seguridad debe traducirse en más presencia en la calle y en sistemas que anticipen el delito, no solo que reaccionen cuando ya ocurrió”.Bogotá se encuentra en un momento decisivo. La meta es clara: transitar de una ciudad que sobrevive al miedo a una que prospera en la confianza, apoyada en una política pública que fusione la fuerza humana, la tecnología de punta y la colaboración ciudadana activa.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró este lunes la liberación de presos en Venezuela y dio las gracias al Gobierno de Delcy Rodríguez por "acceder a este importante gesto humanitario", un mensaje que llega el mismo día en que Caracas aseguró haber excarcelado a 808 personas en los últimos meses."Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas", escribió Trump en su red social Truth Social, donde añadió que quiere "dar las gracias a los líderes de Venezuela por acceder a este importante gesto humanitario!.El texto del presidente estadounidense se publica horas después de que el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que 808 personas han sido excarceladas desde "antes de diciembre".Las liberaciones de personas encarceladas en Venezuela se ha acelerado desde la operación estadounidense que capturó al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.El Gobierno Trump decidió que una Administración liderada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, estará al frente del país para la llamada fase de "estabilización" que está gestionando EE.UU..Trump ha agradecido en varias ocasiones las excarcelaciones y ha alabado el trabajo de la presidenta encargada y su Gabinete, al que advirtió con lanzar un ataque similar a la que detuvo a Maduro si no se "portaba bien".Distintos grupos de derechos humanos han denunciado que la liberación de presos en Venezuela está siendo muy inferior a la que publicita el Gobierno que, por boca del propio Cabello, negó hoy que existan presos políticos en el país.
El Gobierno de Estados Unidos informó a la Cancillería que el presidente ya cuenta nuevamente con el documento que le había sido revocado en septiembre de 2025.La canciller Rosa Villavicencio acudió en la tarde de este lunes a la Casa de Nariño para comunicarle al mandatario que su documento fue reactivado de manera especial por el Gobierno norteamericano, luego de haber sido suspendido en septiembre del año pasado. La reunión se extendió por cerca de una hora y media y estuvo enfocada en afinar los detalles de la próxima visita diplomática.El presidente recibió una visa de carácter temporal, cuya vigencia corresponde exclusivamente al tiempo de permanencia de la persona en territorio estadounidense. Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.Está previsto que el jefe de Estado viaje este domingo primero de febrero a Washington, donde sostendrá una reunión con el presidente Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. El encuentro está programado para las 11:00 de la mañana. El viaje del mandatario iniciará el 1 de febrero y se extenderá hasta el 5 del mismo mes. Se espera que en el marco de su visita haga una conferencia en la universidad Georgetown. La decisión marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la jefe de la cartera diplomática se le negó la entrada para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligando al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir a asumir la representación de Colombia en dicha instancia.Visita de Petro a Trump debe iniciar "recomposición gradual" de la relación bilateralColombia y Estados Unidos deben iniciar una "recomposición gradual" de su relación a partir de la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, tras un año de turbulencias, afirmó este lunes la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture.Según Lacouture, no se trata de hacer un "reinicio automático" sino de entrar "en un proceso de recomposición gradual, marcado por resultados verificables, decisiones transaccionales y una dinámica internacional sin manual previo"."Definitivamente la reunión del 3 de febrero es un punto importante en la relación entre Colombia y Estados Unidos teniendo en cuenta las tensiones previas y constantes confrontaciones, pero también hay que ser claros, esta reunión no cambia la dinámica en el sentido que se da un proceso gradual de configuración, de trabajo conjunto (...) para poder ir haciendo ese proceso de recomposición", manifestó en una rueda de prensa en Bogotá.
Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) fueron declarados insubsistentes por decisión de Nhora Yhanet Mondragón, recientemente nombrada como directora administrativa de la entidad. Las resoluciones ya fueron publicadas por el DAPRE, y entre los afectados figura Luz Dary Cruz, quien ejercía como jefa de Recursos Humanos desde hace 25 años y estaba próxima a pensionarse.La decisión ha generado controversia, ya que Cruz contaba con fuero de estabilidad laboral reforzada según la Ley 909 de 2004, que protege a los servidores públicos a tres años o menos de obtener su pensión. Esta norma obliga a las entidades a reubicar a estos trabajadores en lugar de desvincularlos, especialmente durante procesos de reestructuración o provisión de cargos. La Corte Suprema de Justicia amplió recientemente este derecho a los empleados del sector privado en condiciones similares.Fuentes cercanas al proceso señalaron que entre los funcionarios retirados hay madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados, personas con incapacidad médica, conductores, camareros e incluso la jefa de prensa del DAPRE, Yuri Calderón. Algunos de los destituidos habrían sido identificados como simpatizantes del proyecto político del presidente Gustavo Petro, aunque presuntamente no estaban participando activamente en labores de apoyo a la campaña.Las decisiones se habrían tomado bajo la orientación de Letty Leal, actual subdirectora del DAPRE, y José Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente. Los movimientos administrativos coinciden con una intensa contratación estatal a pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, periodo en el que se restringen nuevas vinculaciones y cambios de personal.En las últimas semanas, se habrían vinculado a la Presidencia al menos 20 nuevos funcionarios con salarios que igualan o superan los 16 millones de pesos. Mientras tanto, varias fuentes señalan que se preparan acciones legales contra las resoluciones de insubsistencia, especialmente en el caso de servidores con derechos laborales protegidos.El episodio recuerda los recientes despidos masivos en la Cancillería, donde más de 130 funcionarios de carrera, entre ellos el experimentado diplomático Julio Aníbal Riaño, embajador en Turquía desde 1974, fueron removidos de sus cargos. En su lugar, el Gobierno designó a Yennifer Edilma Parra, una funcionaria sin trayectoria diplomática previa.Cabe recordar que el pasado 9 de enero de 2026, el Gobierno emitió una circular dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, prohibiendo expresamente la realización de despidos durante este periodo.
El pasado fin de semana, Oscar Arévalo y Juan Diego Arévalo, padre e hijo, murieron tras la detonación de un explosivo del ELN mientras se movilizaba por zona rural de Pailitas, Cesar, exactamente en la vereda La Paz. De acuerdo con las autoridades, este ataque del ELN, presuntamente, tenía como blanco original a la Fuerza Pública.Las víctimas eran oriundos de Ocaña, Norte de Santander, pero poseían una propiedad ganadera en la zona desde hace más de 15 años. Al momento de la explosión, se desplazaban hacia su finca para realizar labores de supervisión durante el fin de semana.El alcalde del municipio, Alexander Toro, entregó declaraciones clave sobre los detalles del ataque y la identidad de las víctimas en Blu radio."Lamentamos la situación que aconteció el día sábado en horas de la noche, donde dos ciudadanos fueron víctimas de un atentado terrorista originado por grupos al margen de la ley. Tenían propiedad ahí en la vereda, iban hacia hacia su finca a supervisar su propiedad y la explotación ganadera que tenían en el sitio hace mucho rato, ya más de 10, 15 años, tenían esa propiedad aquí en el municipio donde venían con frecuencia", indicó Toro. El "error" en el blanco terroristaAunque se presume que el objetivo era la Fuerza Pública, el alcalde aclaró que no había uniformados cerca en ese momento."Fuerza pública no había por ahí en esos momentos no sé por qué pasó esa situación, no sé, de pronto hubo alguna confusión ahí con la gente que estaba pendiente de esa situación", informó el mandatario. A pesar de que no había patrullas del Ejército o la policía en el sector al momento del estallido, el alcalde Toro señaló que la zona es objeto de patrullajes frecuentes ,debido a la presencia de infraestructura del poliducto Galán, donde se suelen cometer extracciones ilícitas de combustible. Se presume que los atacantes detonaron la carga por una confusión, debido a la oscuridad de la noche, pensando que se trataba de un vehículo oficial."Eso no es un hecho de desconocerse aquí porque estamos muy cerca del Catatumbo. Entre los municipios de Curumaní, Pailitas y Pelaya, pues es un corredor fuerte de este grupo subversivo",aseveró.Escuche la entrevista aquí:
Cartagena de Indias se alista para despedir a Salvo Basile, el italiano más cartagenero que algún día bromeó en vida con ser enterrado en la isla del Pirata, ubicada en la Isla del Rosario, con una pepa de mango entre las piernas en una ceremonia muy íntima y privada. Para esto, la familia comunicó que a partir de las 8:00 de la mañana iniciará la velación en la sala número 4 de Jardínes de Cartagena. De acuerdo con la información entregada, hacia las 4:00 de la tarde será realizada la ceremonia de exequias, mientras que el servicio de inhumación será en el cementerio Jardínes de Cartagena a las 4:30 de la tarde. Este actor y gestor cultural que falleció en la madrugada de este lunes 26 de enero, a los 85 años, generó un profundo vínculo con esta ciudad que adoptó como hogar. Incluso tan cartagenero se volvió que en algún momento intentó ser concejal de esta ciudad. Todo como parte de un amor y un agradecimiento que en vida siempre Salvo profesó por el país.Se sabe que en vida pidió que fuera una ceremonia muy íntima y discreta, tal y como lo pidió en varias ocasiones a través de diferentes entrevistas que entregó. Como parte de los homenajes póstumos, Cartagena le rendirá un tributo especial en el marco de la versión 65 del Festival de Cine, el cual se desarrollará entre el 14 y 19 de abril. Precisamente, fue Salvo quien impulsó por muchos años el desarrollo cinematográfico para esta ciudad siendo una de las caras visibles del festival, liderando procesos de desarrollo de pensamiento crítico y transformación social a través del cine.
Como Yosman Herazo fue identificado el hombre capturado en las últimas horas por la Policía en Córdoba, luego de protagonizar una persecución en su contra por ser el presunto responsable del asesinato de su pareja sentimental, Yuliana Martínez.De acuerdo con los reportes de las autoridades competentes, ambos habrían tenido una discusión, al parecer, por el proceso de separación que estaban adelantando, por lo que el hombre optó por degollarla en una vivienda del barrio San José, en el municipio cordobés de Sahagún.El hombre, relata la Policía de esa jurisdicción, se dio a la huida en un Chevrolet Sail negro, de placas ZXW-442, con rumbo hacia el departamento de Sucre, donde luego fue interceptado mediante un plan candado de las autoridades, que también buscaban proteger la vida de su hija de tres años, a quien aparentemente obligó a marcharse con él.El alcalde de Sahagún, Jairo Andrés Balmaceda, rechazó lo sucedido por medio de un comunicado en sus redes sociales y envió sus condolencias a los familiares.“Desde la administración municipal lamentamos la muerte de Yuliana Martínez, una madre, una hija, una emprendedora que, a manos de un feminicida, hoy partió antes de tiempo. Nos solidarizamos con los familiares de Yuliana, que hoy lloran su partida, y le pedimos al Todopoderoso que los acompañe en este dolor”, dijo en un video el mandatario.“Este atroz hecho enluta a toda la comunidad, que hoy se solidariza con la familia de la víctima en la búsqueda de consuelo y justicia. En medio de la consternación, el Gobierno local emite un parte de tranquilidad a la ciudadanía al confirmar que, gracias a la rápida reacción de las autoridades, se ha logrado la captura del presunto feminicida, quien ya se encuentra bajo custodia para responder por sus actos”, se escribió allí.El hombre capturado se encuentra actualmente en poder de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelanta su judicialización por los delitos de feminicidio agravado y secuestro de una menor de edad.Mientras tanto, la niña de solo tres años recibió valoración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y luego fue entregada a sus familiares.
La zozobra en la que se encuentran los habitantes del suroccidente de Barranquilla, a causa de las amenazas que los obligaron a quitar las publicidades políticas que tenían en las fachadas de sus casas, al parecer no vendría de bandas criminales, sino de grupos políticos, según la más reciente denuncia de Estefanel Gutiérrez, exconcejal y candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.El aspirante aseguró que está siendo víctima de presiones e intimidaciones sistemáticas para afectar el desarrollo de su campaña política.“Hay unos indicios muy claros por las formas y los mensajes que también me han llegado personalmente. Les molesta el discurso y que digamos lo que estamos haciendo, que llevemos un mensaje a Barranquilla. En muchos de ellos me dicen ‘negro vendido’, me quieren obligar a que yo piense distinto”, dijo a Blu Radio.Del mismo modo, indicó que ya elevó el clamor ante la Policía para garantizar la seguridad, tanto suya como de la comunidad.“El mensaje es claro para todas las autoridades. Le hemos pedido acompañamiento a la Policía, a las autoridades locales y nacionales para que brinden todas las garantías. Estamos frente a una de las decisiones más importantes de nuestro país. Se toma el próximo 8 de marzo. Necesitamos que brinden las garantías; no se pueden volver a repetir episodios de violencia en los que el Estado no pudo ni siquiera garantizar la seguridad a un senador de la República, como Miguel Uribe Turbay. Hay que dejar que la gente vote libremente, que escuche las propuestas y decida a quién va a acompañar”, agregó.Cabe recordar que las amenazas mencionadas en Barranquilla tomaron relevancia este fin de semana, cuando residentes de barrios como La Manga, Me Quejo y Las Malvinas, entre muchos otros, escucharon audios en los que eran declarados objetivo militar por tener en las fachadas de sus viviendas publicidad política.Según los involucrados, la única forma de mantenerlas era mediante el pago de dos millones de pesos como “multa” o, de lo contrario, matarían “hasta al más pequeño de sus casas”.
Una pareja conformada por hombre y una mujer, de 37 y 24 años años, respectivamente, fueron capturados en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, cuando pretendían abordar un vuelo con destino a España con más de cuatro kilos de cocaína.De acuerdo a la Policía Metropolitana de Cartagena, actividades de vigilancia y perfilamiento de pasajeros permitieron detectar a la pareja que tenía escondidas las cuatro láminas de estupefacientes en dos maletas.“Nuevamente la Policía Nacional, gracias a sus controles en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cartagena, capturan a dos personas oriundas del departamento de Santander, los cuales, en dos maletas, pretendían engañar los controles y sacar del país en unas maletas de doble fondo hacia España dos kilos de cocaína cada uno en dos maletas, para un total de cuatro kilos de cocaína”, señaló el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.El oficial también señaló que se investiga si estas personas ya habían realizado este tipo de prácticas, pues al hombre le registra un viaje a Brasil.“Estas personas son capturadas por la Policía Nacional y puestas a disposición de la autoridad competente, en este caso de la Fiscalía por el tráfico de estupefacientes. En este momento están enfrentando las respectivas audiencias para la legalización de su captura y definir su situación jurídica”, agregó.Según la Policía, con este este resultado se logra evitar la comercialización de más de 10.000 dosis de cocaína, que está avaluada en 156.000 dólares, unos 560 millones de pesos en el mercado internacional.
La tristeza se mantiene en Barranquilla por el asesinato del joven de 20 años Anderson Steven Bohorquez Ospina, soldado profesional atlanticense que quedó en medio de la emboscada realizada por las disidencias de las Farc en San José del Guaviare, el pasado domingo.Su padre Jaime Ávila reveló que el barranquillero, de hecho, estaba próximo a salir de permiso y hasta estaban haciendo planes para su llegada a la capital del Atlántico.“Estuvimos hablando en horas de la madrugada y me decía, papi, ya vamos bajando, porque ya venían de permiso. Ya él iba a salir de permiso y estaba muy contento. Nos vamos a ver ya papi, vamos a salir ahora que llegue enseguida”, declaró.Ávila también sostuvo que el sueño de Bohórquez Ospina siempre fue servirle a la patria, mientras que su abuela materna, Janeth Barrios, lo describió como un joven sano y que no tenía problemas con nadie.“Desde pequeño ese fue su mayor anhelo, servirle a la patria. Me decía papi apenas cumpla los 18 años de edad, saco la cedula y usted me lleva para el Ejército. Yo me quiero ir”, agregó su papá.Recordemos que el alcalde Alejandro Char rechazó, por medio de sus redes sociales, ese ataque en el que siete militares perdieron la vida, así como el plan pistola que se está registrando en varias zonas del país, lo que ha dejado más de 20 uniformados muertos."Rechazamos contundentemente los ataques en contra de nuestra Fuerza Pública y hacemos un llamado al Gobierno nacional para que adopte las medidas necesarias y pongamos fin a estos horrores que están enlutando a muchas familias colombianas. No podemos permitir que el miedo se apodere de nuestra gente", indicó el alcalde de Barranquilla.
El plan pistola en contra de la Fuerza Pública sumó una nueva víctima en Cartagena. La Policía en esta ciudad confirmó la muerte del patrullero William Guardo Torres, de 38 años, quien resultó herido en medio de un ataque a bala a la patrulla en la que se movilizaba en el barrio Líbano en la noche del pasado jueves 24 de abril.El patrullero Guardo, con 12 años de servicio en la Policía, gravemente herido luchó durante cinco días por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Caribe, pero lamentablemente la tarde de este martes se confirmó su muerte.De esta forma ya son tres los uniformados de la Policía asesinados en Cartagena por cuenta de estos ataques que las autoridades en la ciudad atribuyen al Clan del Golfo. Los dos primeros informados asesinados fueron atacados por sujetos armados en plena vía pública del corregimiento de Pasacaballos.Sin embargo, estas no son las únicas víctimas de estos atentados criminales en el departamento Bolívar. El pasado viernes 25 de abril, dos uniformados más fueron asesinados en inmediaciones de la estación de Policía del municipio de Simití. Otro uniformado resultó herido.Suspenden eventos programados para el fin de semanaEntretanto, la Secretaría del Interior de Cartagena suspendió todos los eventos públicos programados para este fin de semana, en un acto de solidaridad con la Policía y la familia de las víctimas.“Desde la Alcaldía de Cartagena expresamos nuestra solidaridad con la familia de los uniformados asesinados y reiteramos nuestro rechazo a cualquier acto de violencia”, indicaron.La Policía ofreció una recompensa hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de hecho criminal.
Una balacera se desató este martes en inmediaciones de la antigua Escuela de Policía Antonio Nariño, ubicada sobre la calle 17, en Soledad.La comunidad corrió despavorida y relacionó el hecho con el plan pistola que está atacando a la Fuerza Pública en el país; sin embargo, la Policía aclaró que el enfrentamiento a bala que se registró entre varios uniformados y dos presuntos delincuentes obedeció a un intento de robo.Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, los dos señalados delincuentes intentaron robar una sede de SuperGiros que está ubicada en el sector, pero los uniformados se percataron del hecho e intentaron evitarlo. Fue así como los presuntos ladrones habrían iniciado un tiroteo en el que los policías reaccionaron y dejaron heridos a ambos hombres.De igual manera, la institución aclaró que el cruce de disparos no afectó a ningún policía, como se especuló inicialmente.
De los 106 proyectos de la región Caribe que hoy son objeto de revisión por parte de la Contraloría y cuyos montos alcanzan un valor total de 1 billón de pesos, el 55% tuvo una observación fiscal.El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga indicó que la actuación especial de fiscalización que adelantó la Contraloría en el Caribe concluyó con 52 hallazgos fiscales por $223.988 millones y 6 beneficios de auditoría por $12.146 millones.Precisó que el departamento con mayor cuantía de hallazgos fiscales es La Guajira, con nueve proyectos cuestionados que alcanzan los $69 mil millones; seguido de Sucre, donde se detectaron cuatro hallazgos fiscales por $56.000 millones, entre esas el proyecto de pavimentación de la Vía El Portón – La Y de los Arrastres, en la Mojana, donde han gastado $30 mil millones en la construcción de apenas 5 kilómetros de los 17 contemplados."No solamente están bajo la lupa de la Contraloría, sino que se van a convertir seguramente en las próximas semanas en procesos de responsabilidad fiscal que siguen dando cuenta que los recursos de las regalías en el Caribe colombiano y en muchas zonas del país se han convertido en proyectos siniestrados, que merece la pena revisar cómo se estructuran, cómo se aprueban en el Departamento Nacional de Planeación y cómo finalmente bajo la gestión de los entes territoriales terminan convirtiéndose en proyectos que no cumplen los objetivos o los fines esenciales de la contratación pública", dijo.Elefantes blancos en AtlánticoZuluaga sostuvo que 25 proyectos del Atlántico, que suman más de 278.000 millones de pesos, también están bajo la lupa de la Contraloría como posibles elefantes blancos. Entre esos proyectos están las obras de saneamiento básico en Soledad, por el que se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de 5.500 millones de pesos."Nuestro compromiso con los atlanticenses es lograr que durante este periodo que nos queda en la Contraloría General logremos que todos los equipos de participación ciudadana se vuelquen a los territorios, pidan cuenta a las autoridades y logremos que cada día rescatemos un elefante blanco y lo pongamos al servicio de la comunidad", manifestó.No obstante, el vicecontralor destacó que, a partir de una intervención de la Contraloría, la Alcaldía de Soledad rescatará el CDI Nueva Esperanza y convertirá este elefante blanco en una nueva sede del colegio Juan Manuel Santos, ubicado en este municipio. Sin embargo, el funcionario aclaró que continuarán los procesos de responsabilidad fiscal contra quienes incumplieron con el proyecto inicial."Se ha logrado comprometer más de 1.042 millones de pesos por parte de la Alcaldía municipal que permitirá que este centro de desarrollo integral se convierta en la sede número dos de la Institución Educativa Juan Manuel Santos y que en un periodo de 5 meses se habilite y se ponga el servicio de más de 240 niños", precisó."Eso sí, continúan unas investigaciones por la responsabilidad fiscal de quienes participaron hace más de 10 años en la estructuración de este proyecto", agregó.A propósito de educación, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga advierte que más de 43.300 niños y adolescentes del Atlántico se han visto afectados por suspensiones temporales del Programa Alimentación Escolar, debido a demoras en los procesos contractuales.
En poder de las autoridades competentes ya están los tres presuntos responsables del atentado en el que, este fin de semana, perdieron la vida los primos Hans Acosta Suárez, de 50 años de edad, y Erasmo Viloria Suárez, de 48, cuando estaban en la terraza de una vivienda en Puerto Colombia, Atlántico.Así lo dio a conocer el mismo alcalde Plinio Cedeño, luego de un consejo de seguridad extraordinario en el que se acordó avanzar en el esclarecimiento de los hechos y reforzar la seguridad en la población.“Gracias a Dios y a la acción inmediata por parte de la Policía Nacional y por la institucionalidad de Puerto Colombia, se logró la captura de tres personas y la incautación de una motocicleta donde se cometió el hecho. Avanzan las labores de investigación y hoy las autoridades pertinentes tienen los elementos materiales probatorios para sacar adelante esta investigación”, dijo inicialmente el mandatario.“Queremos enviarle un parte de tranquilidad que junto a las autoridades aquí presentes continuamos trabajando de manera ardua, de manera permanente para que prevalezca la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos porteños. Estén tranquilos que seguimos trabajando de manera ordenada y articulada con todas las fuerzas para la tranquilidad de todas las familias”, agregó Cedeño.Los capturados fueron ubicados, según conoció Blu Radio, en el sector invasivo de Villa Caracas. Sin embargo, aún la Policía no ha revelado sus identidades.Sobre estos hechos se analiza la hipótesis de que al parecer estarían relacionados con la reciente muerte de otro hombre en Puerto Colombia identificado como Javier Carrillo Mieles. No obstante, los investigadores no quieren descartar otras líneas de indagación.La Alcaldía de Puerto Colombia aseguró que en 2025 se lograron 251 capturas, siendo 238 de ellas en flagrancia y 8 relacionadas con el delito de homicidio. Además, 34 armas de fuego quedaron en poder de las autoridades.
Este martes 27 de enero, la JEP llevará a cabo la audiencia preparatoria del juicio adversarial transicional contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, quien fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por 24 hechos ocurridos entre 2004 y 2005, cuando comandaba el Batallón ‘La Popa’.Según la acusación, estos hechos dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 de tortura.La diligencia, que se realizará ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, será clave para definir el curso del proceso, pues el tribunal deberá establecer si Figueroa mantiene su negativa frente a los cargos o si decide aceptar responsabilidad.No obstante, en los días previos a la audiencia, la defensa del excomandante remitió un escrito a la JEP en el que manifestó la disposición del compareciente de aceptar responsabilidad.En el documento, María Paulina Gómez, abogada del exoficial, sostiene que su inasistencia a diligencias anteriores no obedeció a falta de voluntad, sino a que se encontraba fuera del país y no tuvo conocimiento oportuno de las citaciones.“En aquel escrito informé que el coronel Figueroa Suárez se encontraba fuera del país y que, precisamente por esa razón, no tuvo conocimiento de las citaciones anteriores”, indicó la abogada del exoficial, María Paulina Gómez, en un documento enviado a la JEP.La defensa también aseguró que Figueroa Suárez está dispuesto a suministrar información “exhaustiva, veraz y útil” y a “reconocer las responsabilidades que le correspondan”, reiterando su voluntad de colaborar con el proceso de justicia transicional y con las víctimas.La audiencia preparatoria permitirá a los magistrados definir el conjunto de pruebas que serán debatidas, la participación de las víctimas y el calendario de las siguientes sesiones. Además, se evaluará el alcance procesal de la manifestación presentada por la defensa y si esta tiene efectos inmediatos dentro del trámite.Este proceso contra Figueroa hace parte del caso 03, que investiga los falsos positivos. Por estos mismos hechos, la JEP ya impuso una sanción de ocho años a 12 antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’ que reconocieron responsabilidad y condenó a 20 años de prisión al también coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien fue antecesor de Figueroa en el mando de la unidad y negó su participación en los crímenes.
Una insólita situación se vivió este lunes 26 de enero en Barranquilla, previo a que decenas de usuarios de la Nueva EPS se encontraran para desarrollar una manifestación a las afueras de una de las sedes de la entidad. A pesar que, durante el fin de semana habían coordinado su salida a la calle, finalmente ninguno de los líderes pudo seguir con el proceso, pues gran parte de ellos y de los asistentes amanecieron con problemas de salud. "Hablé con mis compañeros y unos están de urgencia. Yo estoy en la cama sin aliento para hablar y otros compañeros dijeron sentirse demasiado débiles", contó una de las líderes a Blu Radio. De acuerdo con ella, esto se debe al retraso en la entrega de medicamentos, lo que los tiene afectados desde hace cinco meses, pero con el agravante de que hace un mes no tienen dispensario en el cual reclamar sus medicinas en Barranquilla ni en ningún municipio del Atlántico. "Los pacientes que requerimos medicamentos por tener enfermedades de alto riesgo tenemos llenas las urgencias. Nos estamos descompensando hasta por falta de pastillas para la presión, es inhumano lo que nos están haciendo", contó Andrés Meza, otro paciente afectado por esta crisis. La protesta, que quedó postergada, aún no tiene fecha de realización, sin embargo, los usuarios alertan que esto es efecto de la crisis que golpea especialmente a pacientes con cáncer, a los transplantados y a quienes tienen enfermedades de alto riesgo.
Santa Marta volvió a llenarse de uniformes, bolsos escolares y filas a la entrada de los colegios. Este lunes, más de 90 mil estudiantes regresaron a clases en las 182 sedes oficiales del Distrito, dando inicio al calendario académico 2026 en medio de un dispositivo especial de seguridad y con una novedad clave: el Programa de Alimentación Escolar (PAE) empezó a operar desde el primer día.La secretaria de Educación Distrital, Sandra Muñoz, aseguró que la jornada arrancó sin contratiempos y resaltó que este año la instrucción fue no esperar semanas para poner en marcha el Plan de Alimentación Escolar que supera una inversión de 56.000 millones de pesos.“La directriz de nuestro alcalde Carlos Pinedo ha sido clara de mejorar la calidad educativa, y garantizar la alimentación escolar es parte de poder brindarles a nuestros niños y jovenes mayores garantías para aprender y permanecer en el colegio, ”, explicó la funcionaria, al destacar que el objetivo es que los estudiantes encuentren en los colegios un entorno más seguro y con garantías básicas desde el inicio del año escolar.El regreso a clases estuvo acompañado por un despliegue de más de 200 policías en los alrededores de los colegios, como parte del plan de seguridad “Regreso a Clases”, articulado entre la Policía Metropolitana y la Alcaldía. Uniformados de Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria, Gaula y otros grupos especializados realizaron controles antes, durante y después de la jornada para prevenir delitos, riñas, consumo de sustancias y situaciones que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes.“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad, protección y bienestar de la niñez y la adolescencia, trabajando de manera permanente para fortalecer la convivencia y la tranquilidad en los entornos educativos de Santa Marta”, señaló el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante operativo de la Policía Metropolitana. Las autoridades insistieron además en recomendaciones básicas para padres y estudiantes: acompañar los recorridos, no aceptar ayuda de desconocidos, cuidar la información que se comparte en redes y mantener una comunicación cercana en casa.Sin embargo, no todo es tranquilidad. En instituciones como el colegio San Fernando, sede San Jorge, la comunidad educativa prendió las alarmas: llevan tres meses sin servicio de agua, lo que pone en riesgo la higiene, el funcionamiento de los baños y, en últimas, el normal desarrollo del calendario académico si no se soluciona en el corto plazo. Blu Radio se comunicó con la Empresa de Servicios Públicos Essmar, pero no entregaron declaraciones sobre esta situación.Entretanto, muchos padres de familia recibieron el regreso a clases con una mezcla de esperanza y preocupación. Esperan que 2026 sea un año más estable, sin la cadena de paros de maestros y suspensiones que, año tras año, terminan afectando el aprendizaje de los estudiantes.Santa Marta empieza un nuevo año escolar con salones llenos, vigilancia reforzada y la promesa institucional de garantizar alimentación y seguridad. El reto será que esas garantías se mantengan durante todo el calendario y que problemas como la falta de agua no terminen pasando la cuenta de cobro a miles de niños y jóvenes del Distrito.
Al rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, le abrió la Procuraduría una investigación disciplinaria por presuntamente no cumplir con una suspensión de cuatro meses que le fue ordenada por el Ministerio Público en febrero de 2025, tras un fallo en segunda instancia. Al parecer, Castillo Pacheco asumió el cargo como rector, a pesar de que debía primero cumplir con la sanción antes de ejercer cualquier cargo dentro de la misma universidad que fuera diferente al de docente. Sin embargo, no queda claro si este cumplió con la suspensión de sus funciones durante cuatro meses, sin que hubiese sido suspendido el pago de su salario ni notificado el Ministerio Público. "La entidad también ordenó investigar a los jefes de la Oficina Jurídica, Control Interno Disciplinario y Talento Humano de esa institución educativa: María Andrea Bocanegra Jiménez, José Waldir Hoyos Franco y Salomón Elías Mejía Sánchez, respectivamente, quienes, al parecer, no habrían certificado la ejecución de la sanción o el pago de la misma convertida en salarios", expone la Procuraduría en un comunicado. En caso tal, la Procuraduría insiste que Castillo no debió asumir el cargo si tenía vigente la sanción, lo que podría dar lugar a una segunda amonestación. "La Procuraduría señaló que, mediante estas investigaciones, verificará la ocurrencia de la conducta, establecerá si se configuró falta disciplinaria y determinará la eventual responsabilidad de los investigados", indica la entidad. NombramientoRafael Castillo Pacheco llegó al cargo de rector encargado de la Universidad del Atlántico el pasado 17 de diciembre, tras la suspensión de Leyton Barrios del cargo, a partir de un proceso de vigilancia especial que el Ministerio de Educación declaró, ante los problemas de gobernabilidad que enfrentaba el plantel por un paro indefinido que realizaron los estudiantes. Castillo podrá estar durante un año en el cargo, siendo que ya es la segunda vez que él ocupa este cargo. Precisamente, fue en 2023 cuando estuvo en una situación similar y se extralimitó en sus funciones al autorizar una comisión de servicio remunerada a un docente de la facultad de ciencias económicas para que viajara a Argentina a cursar estudios de doctorado. Según la Procuraduría, esta conducta fue objeto de la sanción que actualmente tiene al funcionario bajo la mira.
Con la noticia de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aceptó la renuncia de Nelson Vásquez al cargo de agente especial de la empresa Air-e, aumenta la preocupación en los más de 5 millones de usuarios que tiene la compañía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.Para Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios, con esta renuncia el Gobierno sigue dando tumbos en el manejo de la empresa, que ha empeorado su situación financiera, aumentando la deuda con las generadoras de 500 mil millones de pesos a 2,5 billones, y el paso de cuatro agentes interventores en solo un año y medio desde que el Gobierno Nacional tomó el control de la compañía.“Esto le sube otro grado de incertidumbre a la situación eléctrica en la Región Caribe, particularmente donde atiende Air-e: Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde hay más de 5 millones de caribeños”.Alarcón agregó que la renuncia de Nelson Vásquez “se da en un momento en que el Gobierno pretende aumentar las cargas de los usuarios de todo el país a través de una tasa de 8 pesos por kilovatio”, que desde la Liga de Usuarios han “rechazado de manera rotunda”.Se conoció que la renuncia de Nelson Vásquez, que tomó por sorpresa a muchos empleados de la empresa, fue formalizada mediante una resolución firmada por el superintendente Felipe Durán Carrón.Por el cargo que dejó vacante Vásquez pasaron en un año Carlos Diago, el actual ministro de Minas, Edwin Palma, y Diana Bustamante. Vásquez se mantendrá en el cargo hasta el próximo 29 de enero.