A partir de este sábado 31 de enero, varias zonas del Caribe colombiano comenzarán a sentir los efectos del tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica hacia el noroeste del mar Caribe, informó la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar).Este fenómeno provocará fuertes vientos, aumento del oleaje y lluvias en el mar Caribe, especialmente en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en las islas cayos del norte como Roncador, Serrana y Serranilla. También habrá impacto en zonas costeras de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Antioquia.De acuerdo con la Dimar, a partir de este sábado se espera que los vientos se intensifiquen y alcancen velocidades entre 46 y 55 kilómetros por hora, acompañados de olas de hasta 3 metros de altura en el sector insular del Caribe.Resaltó la Autoridad Marítima que el periodo más crítico se espera entre la tarde y la noche del domingo 1 de febrero y la mañana del lunes 2 de febrero, cuando el oleaje podría llegar hasta 4 metros, especialmente en el suroccidente del mar Caribe.Durante estos días también se prevén lluvias de variada intensidad, indicó el Teniente de Navío Miguel Fernández, responsable de Oceanografía y Meteorología Operacional en el Caribe.Dijo el oficial que como consecuencia de estas condiciones, no se descarta la presencia de oleaje atípico, conocido como mar de fondo, en las costas del Caribe colombiano, lo que podría generar posibles desbordamientos costeros entre el lunes 2 y el miércoles 4 de febrero. “Por lo anterior, se recomienda a la comunidad marítima y costera en general extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de sus actividades marítimas”.La Dimar recomendó al gremio marítimo y a la población en general extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades náuticas y recreativas. De igual manera, sugirió seguir las directrices y lineamientos de las autoridades y consultar con antelación los reportes meteomarinos actualizados a través de la página oficial de la entidad y en el sitio web oficial del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).
Barranquilla se consolidó durante 2025 como la ciudad del país que más recibe tractocamiones vacíos en busca de carga, de acuerdo con un análisis presentado por Asoportuaria, basado en cifras del Registro Nacional de Despachos de Carga del Ministerio de Transporte.El estudio, enfocado en los flujos de tractocamiones revela que más de 11.400 vehículos de este tipo arribaron sin carga a la capital del Atlántico, superando a ciudades como Tocancipá, Bogotá y Cali.Lejos de representar una debilidad, este comportamiento logístico, según indica Lucas Ariza, directivo de Asoportuaria, confirma el papel estratégico de Barranquilla como centro de redistribución de carga para la región Caribe y el resto del país, gracias a su infraestructura portuaria, industrial y de servicios.Asoportuaria iindicó que existen dos factores principales que explican este fenómeno. El primero de ellos tiene que ver con los flujos unidireccionales desde Barranquilla hacia otras ciudades de la Costa, donde muchos vehículos salen cargados desde la capital del Atlántico, pero no encuentran carga de retorno, obligándolos a regresar vacíos.El segundo factor es el reposicionamiento desde el interior del país, ya que una parte importante de la carga que se moviliza hacia ciudades costeras termina generando el traslado natural de camiones hacia Barranquilla, donde los transportadores encuentran mayores oportunidades para asegurar un nuevo despacho.Atlántico, líder en balance positivoEl análisis por departamentos muestra que el Atlántico es el segundo territorio que más camiones vacíos recibe, después de Cundinamarca. No obstante, ocupa el primer lugar en balance positivo, al recibir muchos más vehículos vacíos de los que envía, lo que confirma la fortaleza logística del departamento y su rol como punto de origen y destino de múltiples tipos de carga, impulsado por su actividad industrial y portuaria.En el ranking de ciudades destino de viajes vacíos, Barranquilla encabeza la lista con 11.416 arribos, seguida por Tocancipá (9.422), Bogotá (6.097) y Cali (4.902).Un mercado atractivo para el transporte terrestreLa llegada de camiones vacíos a Barranquilla refleja que los transportadores encuentran carga de retorno con relativa facilidad, tanto hacia otras ciudades de la Costa como hacia el interior del país. Por esta razón, históricamente se han reconocido fletes compensatorios, ya que los vehículos no deben recorrer grandes distancias sin carga ni esperar largos periodos para asegurar un nuevo despacho con carga.
Los grandes debates del presente ocuparon la agenda de conversatorios del segundo día del Hay Festival Cartagena, que este viernes tuvo en un mismo escenario a tres de los figuras más esperadas de esta edición 2026: la escritora argentina Leila Guerriero; el colombiano Juan Gabriel Vásquez y el cubano Leonardo Padura.Los tres, junto al exdirector de el periódico el País, Javier Moreno, hablaron sobre los desafíos periodismo en la era de las redes sociales y la Inteligencia Artificial, y la necesidad de contar historias desde lo local que conecten con el mundo y los contextos actuales.Precisamente en medio de este conversatorio, el galardonado escritor Leonardo Padura habló sobre su preocupación tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, lo agudizaría la ya difícil situación que afrontan los habitantes de la isla.“Una de las consecuencias que he pensado es que, y es la única que voy a decir, la situación en Cuba se va a poner muy complicada y esa situación muy complicada va incluso a afectar a mi madre que tiene 98 años. Entonces, es doloroso, es doloroso, entonces quiero hacerlo con mente fría, que no sea algo de un discurso, quiero que sea un poquito un análisis”, dijo el autor de ‘Fiebre de caballo’, ‘Las cuatro estaciones‘ y ‘El hombre que amaba los perros’.El también ganador del premio ‘Princesa de Asturias’ indicó además que lo que le puede pasar a Cuba, es lo que viven hace mucho tiempo los haitianos y africanos.“Lo que lo que nos pasa o nos puede pasar a los cubanos a partir de ahora les está pasando desde hace no sé cuántos años a los haitianos y nadie se acuerda de ellos. Nadie se acuerda de ellos y está pasando en muchos países de África y nadie se acuerda de ellos”, sostuvo.La agenda del segundo día también tuvo espacio para el análisis internacional con el escritor Fernando Arancón y su perspectiva sobre las fuerzas que mueven el mundo contemporáneo, al igual que el ensayista Pankaj Mishra, que propone una lectura crítica del orden global tras la crisis reciente en Oriente Medio. Asimismo, las autoras Karen Hao y Carissa Véliz, abordaron los costos humanos, sociales y políticos de la automatización.Entretanto, los personas con cédula expedida en el departamento, podrán ingresar gratuitamente a todos los eventos del festival los días sábado y domingo.“El cierre del festival reafirma su vocación pública e incluyente: todos los eventos del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero son gratuitos para personas con cédula expedida en el departamento de Bolívar, previa solicitud de boletas de cortesía, garantizando que las ideas y las conversaciones estén al alcance de toda la ciudadanía”, anunciaron los organizadores del evento literario.
Tres llamativas alianzas se mueven por estas fechas en la región Caribe de cara a los comicios electorales del próximo 8 de marzo, en las que llama la atención la unión de reconocidas casas políticas. Estas se encuentran especialmente concentradas en el departamento de Córdoba. Una de ellas es la unión entre la familia Torres de Puerto Colombia y la familia Calle de Córdoba, pues durante las últimas semanas se le vio a Gabriel Calle de correría por varios municipios del departamento cordobés, con miembros de este grupo político. Se trata de una unión para apoyar a Camilo Torres, quien hasta hace unos meses fue diputado del Atlántico, y actualmente es aspirante al Senado por el Partido Liberal.Es importante tener en cuenta que la familia Calle perdió a un alfil importante en el Congreso: Andrés Calle. Este llegó a ser representante a la Cámara y presidente de esta corporación, pero actualmente se encuentra preso por estar presuntamente implicado en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. También allí, en el departamento cordobés, está la alianza de la familia Besaile con la lista del precandidato presidencial Roy Barrera. Para el caso, Milena Flórez, quien es esposa del condenado exsenador, hace parte de la lista del frente amplio unitario de Barreras. En tercer lugar aparece la actual congresista por el partido de la U Saray Robayo Bechara, quien recientemente hizo pública su relación con el polémico contratista Emilio Tapia. Al parecer, esto le habría generado problemas con sus aliados políticos, por lo que terminó apoyando a un candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Por esta situación, a Robayo se le ha visto hacer campaña con la camiseta de este partido, lo que motivó un comunicado por parte del colectivo partidista indicando que ella “no tiene ninguna relación política, organizativa ni programática" con ellos. Incluso, su apoyo a la lista de este partido motivó una comunicación por parte del partido de la U, el cual confirmó que no lanzaron una lista propia a la Cámara de Representantes, pero que retiraban su " llamado al respeto, al debate político constructivo y al reconocimiento de las decisiones democráticas que se toman en el marco de la coyuntura electoral".
Este viernes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
El secretario distrital de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, advirtió en la red social X que los lineamientos que prepara el Ministerio de Salud desde mediados de enero sobre los bancos de leche humana no deben generar exclusiones ni poner en riesgo la lactancia materna. Bermont también recalcó que la donación de leche es un asunto de salud pública que debe abordarse con base en la evidencia, el respeto por la autonomía de las mujeres y sus derechos.En su mensaje, Bermont sostuvo que las decisiones alrededor de la donación de leche no pueden traducirse en restricciones automáticas para las madres y señaló que el objetivo central debe ser proteger la vida de los recién nacidos, bajo un enfoque humano y no discriminatorio. Además, resaltó que desde el sector salud de Bogotá se insiste en que los lineamientos nacionales deben evitar criterios que excluyan a posibles donantes sin una justificación técnica clara.El pronunciamiento del secretario se da luego de una publicación de El Espectador, en la que se advierte que el proyecto de resolución del Ministerio de Salud plantea excluir de la donación de leche a mujeres que hayan perdido a su bebé, entre otros requisitos, como que la mujer lactante cuente con el apoyo de su pareja o de un grupo familiar. Es decir, una madre que esté atravesando un duelo gestacional o perinatal, o que se encuentre sola, no podría donar leche, aun cuando se encuentre en óptimas condiciones para hacerlo.De acuerdo con las fuentes entrevistadas por el medio de comunicación, estos lineamientos han generado preocupación porque, según advierten, se desconoce la contribución de estas mujeres a la alimentación segura de bebés que, por patologías propias o de su madre, no podrían ser lactados directamente. A esta inquietud se suma la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que alertó que la propuesta podría ir en contravía de evidencia científica reciente que respalda los efectos favorables de la donación de leche en madres que han atravesado una pérdida reciente.En un comunicado, la asociación señaló que el duelo perinatal es una experiencia dolorosa, pero no anula la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre la lactancia ni para ser donantes de leche. Además, advirtió que los nuevos lineamientos podrían contradecir la Ley 2310 de 2023, conocida como la 'Ley Brazos Vacíos'. La norma establece que el sistema de salud debe respetar la voluntad de la mujer frente a la atención del duelo perinatal en todas sus etapas, así como garantizar el acceso a apoyo idóneo durante el proceso de lactancia en el duelo y el derecho de las familias que han sufrido una pérdida gestacional o perinatal a recibir atención psicosocial.
La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este viernes que la ley de amnistía general para liberar a los presos políticos propuesta por la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, es "producto de la presión real" de Estados Unidos y que espera que se haga realidad."Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto", manifestó al intervenir en la charla 'Hablemos de Venezuela', en el Hay festival de Cartagena de Indias.Machado hizo las declaraciones en la charla 'Hablemos de Venezuela' con el periodista Michael Stott en el Hay Festival de Cartagena de Indias.Delcy Rodríguez dijo hoy en el acto de inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que han decidido "impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente".Al respecto, Machado, Premio Nobel de la Paz de 2025, dijo que en Venezuela "el aparato represivo del régimen es brutal" y "ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen"."Hemos vivido 27 años de un proceso brutal, de persecución, de represión, de silenciar las voces de todos los ciudadanos, ya sean periodistas, activistas de derechos humanos, amas de casa, estudiantes, maestros, médicos, economistas y, por supuesto, dirigentes políticos", afirmó.La dirigente opositora añadió que en Venezuela "hay presos políticos que tienen 23 años en prisión", como es el caso de tres policías metropolitanos, y hay otros "que han sido desaparecidos".Incluso dijo que en las semanas posteriores al 3 de enero, cuando un ataque militar de Estados Unidos depuso al presidente Nicolás Maduro, hubo detenciones de unas 16 personas.La nobel lamentó que los venezolanos se hayan confiado del chavismo, que llegó al poder en 1999, y hayan subestimado "la capacidad destructiva del régimen", del que dijo que "se integró a un sistema criminal", y solo años después hayan caído en cuenta de que había que enfrentarlo."Subestimamos la magnitud del entramado criminal que se fue configurando en Venezuela, subestimamos las complicidades que se fueron forjando", subrayó.Sin embargo, subrayó que en los últimos años los venezolanos lograron persuadir y convencer al mundo de que había que hacer algo para combatir al chavismo."Yo sí creo que la situación de Venezuela después de más de 400.000 muertos en estos 27 años con armas de guerra violentamente, después de más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales, después de más de 18.000 detenciones políticas nada más después de que Maduro llegó al poder (en 2013) presenta un cuestionamiento medular al orden democrático global", expresó.
El comité para la Asamblea Nacional Constituyente recibió el aval de la Registraduría para poder empezar a recolectar las más de dos millones de firmas que deben ser validadas para posteriormente poder presentar el proyecto ante el Congreso.“Declarar que la solicitud para la Iniciativa legislativa que tiene como propósito la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y el comité promotor ha denominado: ‘CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EN COLOMBIA’ cumple con el lleno de los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015”, señaló la Registraduría.Ahora el comité deberá recolectar aproximadamente dos millones de firmas y presentarlas ante la Registraduría, si son válidas, el texto pasaría al Congreso de la República.Esta ha sido una iniciativa impulsada por el actual gobierno. El ministro de trabajo, Antonio Sanguino, acompañó en su momento la inscripción del comité y en las últimas horas reaccionó a la decisión de la Registraduría.“Se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos”, dijo Sanguino.
El anuncio de una eventual Ley de Amnistía en Venezuela volvió a poner en el centro del debate la situación de los presos políticos y el estado de los derechos humanos en el país. Así lo señaló Óscar Murillo, director de Provea, durante una entrevista concedida al programa Recap Blu, en la que analizó el alcance político y social de la medida anunciada por el régimen venezolano.Murillo explicó que el anuncio debe leerse en un contexto específico y respondió a una exigencia sostenida de la sociedad civil. “Este anuncio de hoy tiene una lectura política que es entenderlo en el momento, en el contexto en que está ocurriendo después de los hechos del 3 de enero”, afirmó, al tiempo que recordó que la principal demanda ciudadana ha sido la liberación incondicional de las personas detenidas arbitrariamente.Más de 700 presos políticos en VenezuelaDesde la perspectiva de los derechos humanos, el director de Provea fue enfático al advertir que la magnitud de la represión no tiene precedentes recientes. “Lo que ocurrió en materia de represión política en el año 2024-2025 rompe todos los récords de represión de la historia contemporánea venezolana”, señaló, comparándolo incluso con episodios como el Caracazo de 1989.Murillo precisó que actualmente “hay más de 700 personas detenidas por razones políticas en el país” y aclaró que una amnistía no debe interpretarse como un acto de clemencia estatal. “El anuncio de una amnistía no debe ser concebido bajo ningún concepto como un perdón o medida de gracia de parte del Estado”, sostuvo, recordando que estas detenciones se produjeron por el ejercicio de derechos constitucionales.Excarcelaciones y caso Eduardo TorresEl director de Provea consideró que la liberación de los detenidos no debería supeditarse a la aprobación de la ley. “La liberación de las personas que están en este momento en zona 7, Yare, Tocorón, Topullito, El Helicoide y El Rodeo I no deben esperar la aprobación de la Ley de Amnistía”, afirmó.En ese contexto, confirmó una excarcelación puntual: “En este momento está recobrando la libertad el abogado Eduardo Torres, abogado de Provea, que fue detenido el 9 de mayo y estuvo más de cuatro meses incomunicado”.El Helicoide y la memoriaSobre el anuncio de cerrar El Helicoide, Murillo reconoció su valor simbólico. “El Helicoide se convirtió en un ícono, en un símbolo de la represión, del horror y del dolor causado a los venezolanos”, afirmó, y añadió que el cierre debe traducirse en hechos concretos: “La reconciliación no es solo de palabra, la reconciliación es de pasos concretos”.Finalmente, insistió en que el proceso debe evitar la impunidad y garantizar la no repetición. “No puede haber impunidad, tiene que haber responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos”, concluyó, subrayando que la prioridad debe ser el rescate de la democracia y la reinstitucionalización del país.Escuche la entrevista completa acá:
Un adolescente de 15 años enfrenta, junto a su madre, una reclamación ante Nueva EPS por la que llevan tres meses esperando respuesta. Desde noviembre del año pasado están solicitando autorización para el retiro de un clavo quirúrgico que le fue implantado para corregir una doble fractura, pero, según denuncian, les están negando el procedimiento. Todo se deriva de una lesión que el menor sufrió en septiembre del año pasado, lo que le dejó una fractura de cúbito y radio en la mano derecha mientras se encontraba en su colegio. En su momento, debido a la naturaleza del accidente, el seguro estudiantil cubrió la atención médica, incluida la cirugía en la que fue necesario colocarle un clavo para estabilizar el hueso.Sin embargo, la bolsa del recurso económico se agotó y quedó pendiente el procedimiento para retirar el clavo. Fue entonces cuando Katherine Pérez, la madre del menor, empezó un proceso de reclamación ante Nueva EPS para que estos se encargaran del retiro del implante, algo por lo que no tiene respuesta. "Es un silencio administrativo el que he recibido de vuelta. Yo voy, pregunto qué sucede y nadie me contesta. Mientras tanto veo cómo se coloca el brazo de mi hijo. Ya va a cumplir cinco meses con eso en el brazo y en cualquier momento se le puede infectar. Incluso, ya se ve como si se estuviera malformando el brazo en esa zona", indicó la madre desesperada. La Clínica Portoazul, que fue donde se le brindó toda la atención al menor, advierte que además el seguro no alcanzó a cubrir un recurso, el cual debe ser cancelado cuánto antes, ya sea por la familia del adolescente o por la EPS. Sin embargo, frente a esta solicitud la mujer asegura que tampoco tiene respuesta. Mientras persiste la demora en esta atención, la salud del adolescente continúa deteriorándose.
En Villa Betel, un barrio al sur de Santa Marta, la campaña política no la marca el calendario electoral, sino las órdenes de un grupo armado ilegal. Así lo denunció el líder social y ambientalista Luis Miguel Moisés, quien aseguró que el brazo urbano de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra habría prohibido a los habitantes instalar afiches, pendones o cualquier tipo de publicidad de su candidato a las elecciones al Congreso de la República.Según el relato del líder, hombres que se identifican como integrantes de esa estructura criminal llegaron al barrio y ordenaron retirar toda la propaganda política visible, bajo la advertencia de que en el sector no se permitiría ningún tipo de manifestación electoral. La comunidad, dice Moisés, acató por miedo a represalias, quedando prácticamente “silenciada” en plena antesala de la contienda."Pasaron por el barrio y ordenaron quitar la publicidad sin importar que el político sea de izquierda o de derecha aludiendo que ninguno les ha pagado para poder a hacer política en su barrio", relato Moisés.Pero la intimidación no se limita al tema electoral. Moisés también habló del “flagelo de la extorsión” que afecta a Villa Betel, donde, de acuerdo con su denuncia, comerciantes y familias viven bajo la presión de pagos ilegales exigidos por estas estructuras."La gente, como en muchos barrios de la ciudad, paga 2.000 por cada casa, 15.000 por motocarro y hasta 20.000 por tiendas, esto es un desastre", afirmó el ambientalista.Esa combinación de amenazas, control territorial y restricciones a la participación política ha generado un ambiente de miedo que, según los vecinos, se siente en cada cuadra del barrio.Blu Radio intentó obtener una posición oficial de la Policía Metropolitana de Santa Marta sobre estos señalamientos. Desde la oficina de comunicaciones indicaron inicialmente que no tenían conocimiento formal de la situación, pero que comenzarían a indagar el caso. Es de resaltar que este barrio colinda con la Estación Central de la Policía Metropolitana de Santa Marta.Mientras tanto, los habitantes de Villa Betel aseguran que permanecen atrapados entre el temor a los grupos armados y la sensación de desprotección institucional, en un momento clave para la democracia en la ciudad y en el país.
Carlos Mario Zuluaga dijo que la indagación preliminar es a la anterior gobernación de Elsa Noguera y la actual administración de Eduardo Verano de la Rosa, y se hace para determinar si todos los hechos que han sido denunciados por la veeduría ciudadana “tienen una incidencia o responsabilidad fiscal” por quienes han administrado los recursos públicos.El anuncio lo hizo en el recorrido que hizo este viernes en la mañana por la obra, a la altura del centro comercial Le Champ, en el corredor universitario, al norte de Barranquilla.Detalló el funcionario que en la vigilancia especial que el ente de control ha realizado a este proyecto estratégico en el Atlántico, han percibido las afectaciones al comercio, incluso, con la quiebra de algunos negocios, embotellamientos en la movilidad vehícular y en general a la desmejora en la calidad de vida de la comunidad.“Aquí hay que tener en cuenta la concordancia entre la ejecución de la obra en su avance físico con la ejecución financiera. Hemos percibido que en los últimos meses Edubar ha tenido retrasos en los pagos, y a pesar de que hoy está al día queremos que exista una simbiosis que permita que haya concordancia entre el avance físico y el financiero”.Recordó Zuluaga que hace un año se instalaron unas mesas para inspeccionar el avance del proyecto, luego se hizo una vigilancia especial y ahora se hace la apertura de una indagación preliminar.El vicecontralor resaltó que también se van a revisar las obras adicionales o de urbanismo que no están contempladas en el proyecto, valoradas en 15.000 millones de pesos, para que se incorporen y no queden en el aire.“La Gobernación debería sentarse con el contratista y revisar con la interventoría la justificación de poder incorporar estos recursos de manera inmediata y que permita que el contrato esté culminado en su totalidad en el mes de junio, como está propuesto en el último cronograma de trabajo, que se entregó a la Contraloría el pasado 27 de diciembre”, comentó Zuluaga.Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, manifestó que la comunidad se ha visto muy afectada por los retrasos con el cierre de varios negocios comerciales, inseguridad en el sector, falta de alumbrado público y riesgos en la movilidad de peatones.“Ya tenemos más de cuatro años en esta lucha que ha sido muy difícil para la comunidad. El transporte público se ha visto muy afectado, los estudiantes de las universidades Atlántico, San Martín y Libre. No tenemos vías de acceso. Esperamos que con esta visita del Vicecontralor muchas cosas se empiecen a solucionar y se le garantice el pago de los recursos al contratista, porque uno pasa por aquí y no ve que se estén haciendo los trabajos”.La obra de la Gran Vía tiene su punto más crítico a la altura del centro comercial Le Champ, que comunica con las universidades San Martín, Atlántico, parte de Villa Campestre y la Urbanización la Playa, al norte de Barranquilla.Según el vicecontralor Zuluaga, los trabajos programados para 18 meses ya llevan 3 años, o sea que cumplen un 100% de tiempo adicional de ejecución. Eso no solo afecta el presupuesto, por ejemplo en la variación de precios de los materiales, sino que dificulta el impacto social en la comunidad”.
La preocupación por el dengue volvió a encender las alarmas en Santa Marta. Mientras los casos de la enfermedad aumentan más de un 53 % en la ciudad y el Magdalena, la capital del departamento quedó por fuera del primer grupo de territorios priorizados para recibir la vacuna, decisión que la Personería Distrital considera incomprensible frente a la realidad social y sanitaria del Distrito.Por eso, el personero de Santa Marta, Edwar Orozco Oñate, radicó una solicitud formal ante el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud para que se implemente, de forma urgente, una jornada de vacunación masiva contra el dengue en la ciudad, con un enfoque especial en las poblaciones más vulnerables. “Hemos solicitado una implementación urgente para que se inicie un proceso de vacunación contra el dengue, priorizando obligatoriamente a nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, específicamente de los estratos 1, 2 y 3 con registro en Sisbén, por las situaciones que hoy nos están afectando”, explicó el personero.Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público local es que en Santa Marta el riesgo no solo está en las cifras, sino en las condiciones estructurales: la crisis de agua obliga a miles de familias a almacenar líquido en pimpinas, tanques y recipientes improvisados, justo el escenario ideal para la reproducción del mosquito transmisor. A eso se suma el rebosamiento permanente de aguas residuales y un sistema de alcantarillado obsoleto en varios sectores de la ciudad.“Nos afecta la escasez de agua, el rebosamiento permanente de aguas de alcantarilla y las condiciones bioclimáticas que sirven como generadores en la transmisión de este virus en comparación con otros territorios del país”, advirtió Orozco, al insistir en que Santa Marta debería tener un trato prioritario en la estrategia nacional de vacunación.La Personería también cuestionó que municipios como Neiva, Palermo y Rivera ya hayan recibido y distribuido miles de dosis, mientras Santa Marta sigue esperando. “Nos preguntamos si esos municipios tienen las mismas condiciones que incrementan la transmisión del virus. ¿Allá también hay escasez de agua que obligue a comprar pimpinas? ¿Allá la gente tiene que almacenar agua lluvia? ¿Tienen un sistema de alcantarillado obsoleto con rebosamientos permanentes como el que tenemos hoy en Santa Marta?”, planteó el personero.Otro punto clave del llamado es el componente económico. Según la Personería, la mayoría de las familias de estratos 1, 2 y 3 no pueden pagar una vacuna que cuesta alrededor de 460.000 pesos en el mercado privado, cuando el salario mínimo para 2026 es de 1.750.905 pesos. “Estas personas no pueden comprarla. Con lo que ganan no les alcanzaría, porque además deben asumir gastos como la compra de pimpinas de agua y el sostenimiento de sus familias”, agregó Orozco, al pedir que la vacuna llegue primero a quienes no tienen cómo costearla.Hasta el momento, el Distrito no ha recibido respuesta del Ministerio de Salud ni del INS frente a esta solicitud. Mientras tanto, la Personería insiste en que Santa Marta necesita una intervención diferencial y urgente, no solo campañas de prevención, sino una estrategia de vacunación que tenga en cuenta su realidad: una ciudad con alta circulación del virus, crisis de agua, problemas de alcantarillado y una población que, en gran parte, vive al límite de sus ingresos.
Devastados están los familiares en Valledupar de Maira Alejandra Avendaño Rincón, una de las 15 víctimas que sumó el trágico accidente de la aeronave de Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en el Norte de Santander, debido a que este viernes 30 de enero estaría cumpliendo 49 años.En su casa del barrio La Guajira, en la capital del Cesar, ya hay un pequeño altar armado por sus allegados, los cuales están a la espera de una directriz clara desde el Gobierno Nacional para saber el avance de la necropsia.“Ya regresaba de la misión. Ella volvió y hubo una turbulencia. Varias veces había pasado por esos percances porque vivía montada de avión en avión. Salía de un lugar a otro en las aeronaves. Tenía 10 años de estar allá. Está trabajando con el Consejo Noruego para Refugiados. Una mujer luchadora, valiente, emprendedora y echada para adelante”, fueron las palabras que dijo su tía María Luquez con voz entrecortada.Precisamente, relata esta familiar que desde que se graduó como abogada de la Universidad Popular del Cesar, siempre estuvo vinculada a los derechos humanos y más a la violencia de género. Este no era su primer accidente, pues aclara María Luquez que sufrió otro hace seis meses también con el Consejo Noruego para Refugiados.Le puede interesar: Interferencia, una de las hipótesis de Aerocivil sobre accidente de Satena en Norte de Santander“Hace como unos 6 meses, tuvo un accidente en la camioneta del Consejo noruego. Rodaron a 40 metros de distancia. Desde niña fue una mujer que luchaba por los derechos y que nunca se quedó en su puesto”, agregó.Hasta su casa también llegaron representantes del colectivo ‘Párala Ya nada justifica la violencia contra las mujeres’, cuya presidenta Carmen Rivera agredeció todo el apoyo que les brindó en vida y las insistencia para que los casos de violencia fueran denunciados.“Lo único que tenemos para decirle a Maira desde el cielo es gracias por todo lo que hiciste por la red, por tu apoyo, por ese tesón, por tu compromiso. Se nos quiebra la voz, pero te queremos y siempre vas a estar en nuestros corazones. A su familia un abrazo”, culminó.Por su parte, a la también víctima cesarense María Torcoroma Álvarez Barbosa la esperan en su natal municipio de Río de Oro, sur del departamento. Allí era conocida por ser comerciante y dueña de un restaurante llamado El Tigre.
El banano está entre los nueve productos colombianos que podrían estar afectados por la imposición de aranceles anunciada por Donald Trump, lo que podría impactar de manera significativa la economía de los cultivadores que dependen de la exportación de este producto a Estados Unidos, en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.Entre estos tres departamentos, se exportan cerca de 14 millones de cajas de banano al país norteamericano, lo que ha representado hasta el 50% del total de lo que se ha exportado desde el país. Incluso, este producto, está entre los tres más vendidos por Colombia a mercados como el de Estados Unidos. La preocupación del gremio, según manifiesta José Francisco Zúñiga Cotes, presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (ASBAMA), es que este aumento en el arancel lleve a la diminución en el consumo de la fruta."Cuando nos imponen un arancel, eso hace que el precio en Estados Unidos se encarezca, lo que puede impactar en el consumo de esta fruta. Por lo menos, al ser una medida que le aplican a otros países, esto no pone en igualdad de condiciones para seguir compitiendo", señala Trump. Ante este panorama hacen un llamado al Gobierno Nacional para que actúe con mesura e inteligencia, activando todos los canales comerciales y diplomáticos para que este problema sea solventado de la mejor manera. Sugieren además que las gestiones que se hagan tengan el acompañamiento todos los gremios de la producción.Es importante mencionar que tanto Guatemala, Costa Rica, Honduras y Ecuador, los principales competidores de Colombia en el mercado internacional del banano, también tienen sanciones arancelarias por el 10% de lo que vendan a Estados Unidos, por lo que se espera que no haya un alto impacto.
Roger Darío Visbal Gómez, de 39 años, es un abogado barranquillero que, ante la falta de un trabajo, se fue a Polonia en busca de mejores oportunidades económicas para garantizar el sustento de su familia, sin embargo, la ilusión de encontrar un trabajo que le permitiera tener un buen ingreso terminó convertida en toda una pesadilla de la que por poco no sobrevive.El pasado 22 de marzo, 10 meses después de haber llegado al país europeo, Roger fue atacado por un grupo de hombres, en lo que al parecer obedece a un caso de xenofobia. El reprochable caso ocurrió cuando el barranquillero caminaba de regreso a casa, junto con un compañero.Los golpes fueron tan fuertes que Roger perdió el conocimiento y fue llevado a un centro de salud donde lo ingresaron a una unidad neurológica, relató Orlando Visbal, padre del abogado.“Afortunadamente no sufrió fracturas en el cráneo, pero sí los golpes severos que le dieron en la cabeza le produjeron una fuerte inflamación en el cerebro, que lo tuvieron en estado de inconsciencia y bajo pronóstico reservado varios días. Hoy lo tienen físicamente con algunas limitaciones”, detalló el padre de la víctima.Orlando señaló que están pidiendo ayuda a la Cancillería colombiana para que puedan conseguirle un permiso a la esposa de Roger, para que lo acompañe en la recuperación.“El llamado que estamos haciendo a las autoridades colombianas, en este caso, a la Cancillería, es para que a través de la embajada o el consulado en Polonia se pueda conseguir un permiso por cuestiones humanitarias a la esposa de mi hijo para que se pueda trasladar a Polonia y pueda asistirlo, acompañarlo durante su tiempo de recuperación y en la medida de lo posible poderlo traer de nuevo de regreso a casa”, clamó Orlando.Mientras tanto, a diario hablan con su ser querido por video llamadas y piden a las autoridades investigar el caso para que no quede en la impunidad.
Después de largas mesas de trabajo y múltiples protestas, que inclusive estuvieron a punto de repetirse este primero de abril, finalmente empezaron a regir los nuevos valores de las tarifas diferenciales para los peajes de Galapa y Sabanagrande, los cuales benefician a los municipios del centro del Atlántico y la banda oriental de este departamento.Tal como se había pactado en las mesas de diálogo entre el Gobierno y la comunidad, para los vehículos categoría 1, el pago por estos peajes pasó de $4.500 a $2.650 y, para los automotores categoría 2, pasó de $7.500 a $5.100 tras la rebaja; sin embargo, ahora estos usuarios frecuentes de la vía lo que reclaman es que haya tarifa cero.Así lo manifestó el concejal de Baranoa Wilmer Barandica, también vocero del Comité No al Peaje y quien aseguró que la lucha continuará hasta que los municipios aledaños a la caseta no tengan que pagar un peso."El propósito del Comité no más Peaje ha sido la tarifa cero, es decir, queremos que a los municipios afectados no se les cobre por pasar por ahí, pero eso es un tema que todavía está en discusión", reconoció Barandica."También está en discusión una tarifa especial para el turismo y otros temas importantes como la mano de obra calificada, como el mantenimiento de la vía, la construcción de la doble calzada, que todo esto sea una realidad", agregó.Mientras tanto, en Bolívar seguirá suspendido el cobro del peaje de Turbaco por el resto del año, luego de que el Ministerio de Transporte emitió la resolución que prorrogó la medida para los vehículos categorías I y II, hasta el próximo 31 de diciembre.
En poder de la Fiscalía General de la Nación fueron dejadas cinco personas, reconocidas por las autoridades, como presuntos integrantes de una banda conocida como Los Aguamanes, quienes, al parecer, estaban dedicados a la comercialización de botellones de agua sin su debido tratamiento.En otras palabras, de acuerdo al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, los sospechosos que aún no han sido identificados recolectaban botellones vacíos para luego llenarlos con agua de la pluma, sellarlos con una nueva fecha de vencimiento y repartirlos por todo el centro de la ciudad, para lo que, aparentemente, utilizaban falsos uniformes de empresas como Coca Cola y Postobón.El operativo fue en coordinación con la Policía Nacional y la Segunda Brigada del Ejército, mientras que la investigación fue liderada por un Fiscalía (65) Seccional de la Unidad Estructura de Apoyo, EDA.En medio de los tres allanamientos en los bienes donde, presuntamente hacían estos actos, las autoridades encontraron 70 botellones de agua llenos, 38 botellones vacíos, 3 blower, 200 tapas plásticas de color azul, 1 botella de Cloro, 1 atomizador con líquido para roedores y 4 filtros de agua.“Con esta operación neutralizamos la venta ilegal de agua sin el cumplimientos de medidas fitosanitarias”, expresó la autoridad.Los procesados serán judicializados por el delito de imitación de alimentos, productos o sustancias.
El inhabilitado exmagistrado Jorge Mola Capera acaba de ser acusado por la Fiscalía General de la Nación, por cuenta de presuntas irregularidades cometidas en 2018 para dilatar un proceso contra el exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla Juan José Acosta Osío y y el exalto consejero del centro de educación superior Alberto Enrique Acosta Pérez. De acuerdo con el ente acusador, Mola Capera es presuntamente responsable por los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y heterogéneo, y fraude procesa. Le puede interesar: Según el expediente, el exmagistrado habría afectado el curso normal de un proceso que estaba pendiente por audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Acosta Osío, para suspenderlo, pero, además habría dispuesto interrumpir el desarrollo y cesar los efectos jurídicos de una audiencia de restablecimiento de derechos que cursaba en otro juzgado. "En decisiones tomadas durante el estudio de una tutela suspendió dos audiencias que se surtían ante jueces de control de garantías, una de imposición de medida de aseguramiento y otra de restablecimiento de derechos", indicó la Fiscalía en un comunicado de prensa. Mola Capera actualmente se encuentra destituido e inhabilitado por 10 años por este mismo proceso, siendo que en 2023 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideró que este tomó decisiones contrarias a la ley para favorecer al exrector y a varios miembros de su grupo administrativo. Lo anterior, en torno a la puja por el manejo de la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano.
Vacante amaneció este viernes 30 de enero el cargo de agente interventor de la empresa Air-e en la región Caribe, debido a la renuncia de Nelson Javier Vásquez, cuyas funciones llegaron hasta este jueves 29 de enero y se convierte en el cuarto funcionario que pasa por esta compañía desde septiembre de 2024, sin lograr una solución a la grave crisis económica que enfrenta la compañía. Pese a que Vásquez anunció con una semana de anticipación su salida, la no posesión de una persona en el cargo llevó a los trabajadores del área administrativa a suspender sus funciones para realizar un plantón durante todo el día para exigir al Gobierno una solución empresarial y el cese de esta intervención que ya completa un año y cuatro meses. Le puede interesar: Renuncia agente interventor de Air-e: es el cuarto en año y medioEl presidente del sindicato, Eduardo Remolino, se reunió en Bogotá con funcionarios del Ministerio de Minas y Energía el pasado jueves para proponerles que sean los mismos empleados los que se encarguen de la operación de la energética. Sin embargo, no recibió respuestas, sino que le programaron una reunión con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la cual quedó prevista para el sábado 31 de enero. Ahora bien, los trabajadores exigen menos corrupción en el proceso de intervención, de cara a que se estarían realizando millonarias contrataciones en asesores y personal que solo va una semana a trabajar y que poco aportaría al desarrollo de la empresa. Aunque no descartan del todo aceptar el nombramiento de un nuevo agente interventor, resaltan que no permitirán que esta persona imponga sus intereses políticos y que realice contrataciones sin justificaciones. "No queremos más a esa gente que solo viene una vez a la semana y que recibe millonarios pagos. No pueden estar haciendo de esto un negocio político", mencionó uno de los manifestantes presentes en el encuentro.
La Plaza de la Paz está lista para coronar este sábado a los reyes del Carnaval de la 44. Una tarima de más de 20 metros de ancho y un proscenio de 36 de largo son algunas de las características del escenario que sostendrá el espectáculo, asi lo contó Duverney Castaño, director general de Lights Now, empresa que se está encargando del montaje del escenario.Castaño también resaltó que el show que se presentará en el evento de Coronación de la reina del Bordillo, Sharon Hurtado Esquiaqui y su rey momo, Luis Aragón, y los reyes infantiles Ashey Gómez y Germán Palomino, tendrá un montaje ambicioso de luces y sonido en el que el público tendrá una interacción directa con la historia que se va a contar, además de una pasarela de más de 4 metros de ancho que estará entre el público presente.Como lo cuenta Édgar Blanco, director del Carnaval de la 44, el espectáculo titulado 'Barranquilla, la gran experiencia' es dirigido por Mauricio Cheques, contará con bailarines, danzas, disfraces y arrancará a las 6:00 de la tarde. También tendrá artistas como Elder Dayan, Wilfrido Vargas, La familia André, Juan Piña y La Nomina del Pin, entre otros.Así las cosas, este sábado 31 de enero los accesos a las personas estarán abiertos al público desde las 3 de la tarde y el espectáculo arrancará desde las 6 de la tarde. Igualmente, el Carnaval de la 44 contó a través de sus redes sociales que Telecaribe transmitirá el evento desde las 8 de la noche por su señal premiun y su canal de Youtube.
A Gustavo Osorio, alcalde de Pedraza (Magdalena) lo sorprendieron en la noche de este jueves, 29 de enero, dos hombres que dispararon contra él mientras estaba abasteciendo de gasolina su vehículo en una estación de servicio ubicada en el norte de Barranquilla. Los hechos se presentaron alrededor de las 7:50 de la noche, en la carrera 46 con calle 87. Al parecer, el alcalde estaba dirigiéndose a una residencia que tiene en la capital del Atlántico, cuando fue alcanzado por dos hombres que iban en motocicleta. Estos empezaron a disparar contra el carro mientras estaba estacionado. No obstante, el alcalde, quien estaba al interior del carro, logró salir ileso debido a que el vehículo es blindado. Aún así, en los vidrios y las puertas quedaron las marcas de las balas. Los hombres se marcharon de inmediato del sitio, al parecer, con sentido norte, hacia el municipio de Puerto Colombia. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad y el paradero de los mismos. El caso se presentó a dos calles de un CAI de la Policía, lo que facilitó la rápida llegada de unas patrullas que revisaron la situación y reportaron lo sucedido. Por el momento, está siendo objeto de investigación lo ocurrido, con el fin de establecer las causas detrás del ataque, mientras que el alcalde resultó ileso ante el ataque. Inseguridad electoral Este atentado se produce en medio de la alerta generada en el Atlántico por los problemas de seguridad que enfrenta el actual proceso electoral, siendo que en varios barrios del suorccidente de Barranquilla hay temor a colocar publicidad política, por posibles ataques de grupos delincuenciales. Al respecto, desde la Gobernación pidieron un comité electoral permanente para hacer seguimiento a todos estos casos asociados a posible violencia política.
El pasado lunes 26 de enero fue reportado el hallazgo de un hombre sin vida y otro gravemente herido en el corregimiento de Tomarrazón, zona rural del municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira, quienes no habían sido identificados hasta la fecha.Sin embargo, en las últimas horas de este jueves el Comando de la Décima Brigada de la Primera División del Ejército Nacional informó que la persona herida es uno de sus soldados, perteneciente al Grupo de Caballería Mecanizado N.° 2, y quien ahora mismo está bajo pronóstico reservado debido a serias heridas por impacto de bala en su cuerpo y signos de tortura.Aseguró la entidad que los hechos se registraron cuando el militar estaba de permiso, tiempo en el que integrantes de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada aprovecharon su estado de indefensión en zona rural del municipio de Dibulla y lo sometieron a torturas durante varios días."De acuerdo con información de inteligencia, habría sido sometido a torturas durante varios días", fue como lo especificaron.El Ejército condenó estos hechos y se solidarizó con la familia del soldado, cuya identidad aún no ha sido revelada. El nombre de la persona que sí apareció muerta tampoco es de conocimiento, ni si tenía vínculos con las fuerzas armadas.“La institución acompaña de manera cercana y solidaria a la familia del soldado, ratificando su compromiso de brindar el apoyo integral requerido y de contribuir plenamente con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones correspondientes”, escribieron en un comunicado.“Así mismo, el Ejército Nacional condena vehementemente este hecho criminal que transgrede el derecho internacional humanitario y representa una grave violación a los derechos humanos”, agregaron.La violencia en esta zona del departamento de La Guajira se encuentra desbordada por la lucha territorial que libran los grupos armados del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachencas.
“Estoy nervioso por tanta fama”, dijo el popular ‘John Valdez’ a su llegada a un centro comercial en Barranquilla, donde lo esperaban admiradores y periodistas. Ángel Miguel Balaguera Jaimes, de 73 años, llegó sin su tradicional vestimenta que lo identifica como ‘John Valdez’, de la mano de representantes de la marca de café colombiano más reconocida en el mundo.Como lo adelantó la marca Juan Valdez en sus redes sociales, este jueves programaron un encuentro con el santandereano que vive en Barranquilla desde 1978, para reconocer su labor y creatividad. Uno de los motivos del encuentro era mostrarle, por intermedio de expertas de Juan Valdez, cómo optimizar su producto que ha popularizado en su bicicleta en las calles y parques del norte de Barranquilla.“Me siento tremendamente halagado, porque de café yo sé lo que aprendí como campesino en Santander, pero esto es de frente, profesional”, dijo el hombre nacido en el municipio de Mogotes.La sorpresaCon los ojos tapados, una funcionaria de Juan Valdez hizo que John se levantara de su silla en el centro comercial. Después de unos pasos y ya con la mirada despejada, el vendedor de tinto más famoso por estos días en la Costa se encontró con una moto eléctrica que le obsequió la marca.Conmovido hasta las lágrimas, Ángel Miguel Balaguera Jaimes agradeció con voz entrecortada el regalo que ahora le permitirá tener más comodidad para vender su producto, además de visitar a sus clientes a domicilio en su otro oficio de peluquero.“Déjeme verlo, déjeme verlo, cómo así”, se preguntó ‘John’, notoriamente emocionado.Además de la moto y la capacitación para preparar y mantener mejor su producto, desde Juan Valdez confirmaron que también le van a proveer el café de la marca por un año.Hay que recordar que la historia de Ángel Miguel Balaguera Jaimes se volvió viral, luego de que lo grabaran pedaleando en su bicicleta por un sector del norte de la ciudad, transportando varios termos de café. En su camisa blanca y su gorra se podía leer el nombre ‘John Valdez’, lo que llamó la atención de miles de personas.Desde ese momento, y con su aparición en varios medios de comunicación, las ventas ambulantes del café de la marca Juan Valdez que comercializa se multiplicaron y hoy es un personaje en el Caribe colombiano.