La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
La Corte Constitucional decidió mantener abierto el incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, al advertir que persiste el incumplimiento de órdenes estructurales orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud en Colombia.Mediante el Auto 2061 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento dio continuidad al trámite iniciado con el Auto 2049 del mismo año, relacionado con la falta de cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008, especialmente en lo referente a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Aunque el Ministerio de Salud presentó un informe dentro del plazo otorgado y solicitó el archivo del incidente, la Corte concluyó que las acciones reportadas no acreditan un cumplimiento material, real ni inmediato de las órdenes impartidas. En particular, señaló que continúan las deficiencias en el sistema de información, no se ha garantizado la suficiencia real de la UPC y no se ha equiparado el valor del régimen subsidiado al 95 % del contributivo, como fue ordenado.Ante este escenario, el alto tribunal abrió formalmente la etapa probatoria del incidente, incorporó la documentación allegada por el Ministerio y decretó la realización de una mesa técnica, prevista para febrero de 2026, aclarando que esta no suspende el cumplimiento de las órdenes vigentes.Finalmente, la Corte reiteró que, aunque el incidente de desacato no tiene un fin sancionatorio en sí mismo, el incumplimiento persistente de sus decisiones puede dar lugar, en cualquier momento, a la imposición de sanciones legales contra el funcionario responsable.
Pocos días después de que el gobierno de Estados Unidos declarara al Clan del Golfo como organización terrorista, las autoridades en Medellín propinaron un duro golpe al grupo criminal tras capturar en Medellín a una de las piezas clave en el envío de cocaína desde el país al norte del continente.Se trata de alias ‘El Negro’ o ‘Andresito’, un hombre solictado en extradición por el país norteamericano, quien era encargado de coordinar la salida de estupefacientes a través de lanchas rápidas desde el departamento de Nariño hacia zonas costeras.Asimismo, el capturado financiaba la producción y comercialización de estupefacientes, como una actividad ilegal clave para el sostenimiento de las acciones criminales del Clan del Golfo en diferentes zonas del país.Según destacó la Cuarta Brigada del Ejército, tras la captura propinada por efectivos de su Batallón de Policía Militar N.° 4 y la Fiscalía, ‘El Negro’ quedó a disposición de las autoridades judiciales quienes en los próximos días se encargarán de llevar a cabo los respectivos procedimientos para efectuar su extradición.
El representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, por una presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales frente al deterioro de la seguridad en el país.A través de un video, el congresista argumentó que, durante 2025, Colombia ha registrado un agravamiento sostenido del orden público, con más de 140 miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos de servicio, más de 400 ataques armados y un aumento significativo de delitos como el secuestro, la extorsión y el terrorismo.“Cuando no hay respuestas eficaces frente a la amenaza armada, las omisiones deben investigarse. La realidad es alarmante. El paro armado del ELN, en solo 48 horas, dejó 51 acciones violentas en 13 departamentos. No son percepciones, son hechos: carreteras bloqueadas, comunidades confinadas y ciudadanos abandonados. Esta queja no es política, es defensa institucional y respeto por la Constitución”, indicó el representante.La queja también señala la ocurrencia de paros armados decretados por grupos ilegales en diciembre, que generaron restricciones a la movilidad, cierres de actividades económicas y afectaciones directas a derechos fundamentales de la población civil.Según Cortés, estas situaciones evidencian la falta de una estrategia integral y efectiva liderada desde el Ministerio de Defensa para contener la expansión de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad ciudadana.Por estos hechos, el representante solicitó a la Procuraduría admitir la queja, iniciar una investigación disciplinaria y determinar si el ministro incurrió en omisión, negligencia o incumplimiento grave de sus deberes, conforme al marco constitucional y legal vigente.
El Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca. Su larga trayectoria, la facilidad para participar y la diversidad de modalidades de apuesta lo han convertido en una cita diaria para miles de personas que, cada tarde, siguen de cerca sus resultados con la esperanza de un golpe de suerte. Vea aquí el sorteo en vivo:Número ganador del Chontico Día hoyEl número ganador del chance Chontico Día de este sábado 20 de diciembre de 2025 es el 7458 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 7458Dos últimas cifras: 58Tres últimas cifras: 458La quinta: 9Modalidades de juego del Chontico DíaEl Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de manera ocasional. Cada opción combina intuición, probabilidad y azar:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.Esta variedad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?Uno de los principales atractivos de este sorteo es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para diferentes presupuestos, sin necesidad de grandes inversiones.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?El cobro de premios del Chontico Día es un proceso sencillo que se realiza en puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:El tiquete original en buen estado.El documento de identidad y una fotocopia legible.Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con antigüedad no mayor a 30 días.Con reglas claras y una dinámica de juego fácil de entender, el Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo cada tarde a miles de personas que esperan que la suerte los acompañe en el próximo resultado.
En medio de polémicas y diferentes decisiones judiciales ya habría luz verde para la esperada consulta popular que definiría la creación o no de un Área Metropolitana para el Valle de San Nicolás en el Oriente de Antioquia.El mecanismo de participación ciudadana que se había convocado para el pasado 9 de noviembre fue suspendido por demoras en el giro de recursos de parte del Ministerio de Hacienda a la Registraduría Nacional. Sin embargo, un reciente pronunciamiento en segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín instó a las organizaciones a garantizarla.En segunda instancia la Sala Primera de Decisión de Familia decidió el recurso favorable para los intereses de la administración departamental tras ser impugnada la primera decisión por parte del Ministerio de Hacienda.En el documento el Tribunal destacó que este tipo de mecanismos, bases del sistema democrático, no pueden estar dependiendo de asuntos netamente administrativos o protocolarios. "No pueden ser los trámites administrativos los que impidan el ejercicio de ese derecho fundamental. Así se lo ordena este tribunal, al ministerio de hacienda y crédito público, y ya también a la registraduría nacional del estado civil, para que conjuntamente organicen en este próximo trimestre la consulta popular en el Valle de San Nicolás", dijo el director de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto.Así las cosas, se espera que las entidades encargadas convoquen durante el primer trimestre de 2026 a las urnas a los ciudadanos de los ocho municipios implicados en la consulta: Rionegro, El Carmen de Viboral, La Ceja, El Retiro, La Unión, Guarne, El Santuario y San Vicente.Hay que recordar que para la creación de esta figura asociativa debe votar al menos la tercera parte de los ciudadanos inscritos en el censo electoral de cada uno de los municipios y la pregunta debe contar con aprobación de mayoría simple, es decir, el 50% más uno de los votos de los participantes.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.
La controversia sigue rodeando la rectoría de la Universidad del Atlántico debido a las respuestas que pide la Procuraduría General de la Nación por haber sido nombrado en el cargo un docente que tenía una medida de suspensión. Al respecto, el gobernador Eduardo Verano indicó que debe ser el Ministerio de Educación el que dé respuestas por este tema, al ser quienes lo promovieron en el cargo.Se trata de Rafael Castillo Pacheco, quien es docente de tiempo completo y en el pasado fue rector durante seis meses. Precisamente por ese encargo fue investigado disciplinariamente por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente. En consecuencia, en marzo de este año ordenaron una suspensión durante cuatro meses de su cargo y de cualquier puesto en el sector público, sin embargo, a la fecha, esto no habría sido cumplido. Incluso, Blu Radio conoció que fue presentada por la Procuraduría una queja disciplinaria contra el exrector Danilo Hernández y el Ministerio de Educación por no hacer cumplir la medida y generar una impunidad institucional. Aunque ahora mismo se solicitan las razones que han impedido la ejecución de esa sanción, impuesta puntualmente por una aparente extralimitación de sus funciones al autorizar la comisión de servicio remunerado de un docente hacia Argentina, dice el mandatario departamental que, mientras eso sucede, seguirá como rector encargado.“Ya la parte de si cumplío o no con algunos requerimientos de la Procuraduría es lo que él mismo tendrá que responder y establecer, pero fue escogido como interventor por parte del Ministerio de Educación. Seguramente se resolverán los asuntos que estén pendientes”, dijo a Blu Radio.De hecho, al margen de esa solicitud, Rafael Castillo fue posesionado desde muy temprano este viernes y con eso se dio luz verde para los grados de los cerca de 1.200 estudiantes que estaban a la deriva en el recibimiento de sus diplomas. No obstante, aún no ha sido publicada dicha acta, pues el proceso habría sido realizado por el Ministerio de Educación y no por el consejo superior de la institución. Esas ceremonias, manifiesta el gobernador Verano, iniciaron desde las 8:00 de la mañana en el Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río, y sus diplomas llevan la firma del nuevo rector encargado.“Tenemos ya la posesión de Rafael Castillo, está en la universidad y se van a estar firmando todos los diplomas que se tienen. Son cerca de 1.200 que serán entregados en varias ceremonias. Son citas de al menos 100 graduados, cerca de seis ceremonias hay agendadas para hoy”, agregó.Recordemos que Rafael Castillo llegó como designado por el Ministerio de Educación en reemplazo temporal (por un año inicialmente) de Leyton Barrios, a quien se le investiga por irregularidades en su escogencia.A pesar de que Rafael Castillo Pacheco se posesionó esta mañana como rector de la Universidad del Atlántico, hay incertidumbre jurídica frente a la validez de su firma en estos diplomas, pues desde la Procuraduría advierten que la sanción sí está vigente.
Solo entre el 16 y 17 de diciembre, posterior al campeonato de Junior en la Liga Colombiana, se registraron 18 casos de personas quemadas con pólvora en Barranquilla y el Atlántico, donde miles salieron a festejar la onceava estrella con pirotecnia, haciendo caso omiso a las prohibiciones e ignorando el alto riesgo que representa para la vida la manipulación de estos elementos.En el caso de Barranquilla fueron siete las personas afectadas con pólvora durante estos días de festejo, lo que representa un incremento de más del 500 % en comparación con las mismas fechas del año anterior. En total, a lo largo de diciembre ya van 30 quemados con pólvora en la ciudad, de los cuales 8 son menores de edad.En los municipios del Atlántico hubo otros 11 quemados entre el martes y miércoles, cuando se dio la celebración, lo que representa un incremento de más del 900% si se compara con los mismos días del año pasado. El total de lesionados en los municipios, a lo largo de la temporada, asciende a 35, de los cuales 9 son menores de edad.Así está el panorama de quemados con pólvora en AtlánticoLos municipios con más casos siguen siendo Soledad con 11 quemados, le sigue Santo Tomás con 5 y Sabanagrande con 4. En la lista continúan Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suan, con dos casos cada uno, y Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí, con un caso cada uno.
La Casa de la Selección busca estrenar estadio en 2027 y para ello ya fueron adjudicadas las obras de remodelación y ampliación del Metropolitano por parte de la Alcaldía de Barranquilla, siguiendo el cronograma establecido en el proceso de licitación.Los trabajos, que aumentarán la capacidad del estadio Metropolitano Roberto Meléndez a más 60.000 sillas y lo adecuarán con todas las especificaciones de un escenario internacional, fueron adjudicados por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char, a través de su cuenta en X, donde publicó un video que proyecta el moderno diseño que tendrá el ‘Metro’, con una fachada vanguardista lograda con iluminación y pantallas LED, un techo que cubrirá las tribunas, mientras que adentro se bajará el nivel de la cancha 1.8 metros y se eliminará la actual pista atlética para aumentar su capacidad, pasando de 45.994 sillas a 60.013. Esto, a su vez, permitirá un aforo para conciertos de 75.000 personas.El mandatario barranquillero le informó a la hinchada rojiblanca que, aunque las obras iniciarán de manera inmediata, el próximo 15 de enero el estadio abrirá sus puertas para el partido que jugarán Junior y Santa Fe por la Superliga, un “último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”.Los partidos de la Copa Libertadores podrían disputarse en Cartagena; sin embargo, se está a la espera de que se anuncie oficialmente una decisión, manifestó el alcalde Alejandro Char.La propuesta del consorcio Metro Estadio, con un puntaje de 99,5621086, superó en la licitación LP-017-2025 a las otros dos oferentes, que fueron Consorcio Nuevo Estadio Tricolor y Consorcio Desarrollo Deportivo.
En Santa Marta hay trabajo contrarreloj para tener todo listo este viernes ante el inicio de una agenda de encuentros en la previa a la cuarta cumbre de la Celac- unión europea, como el foro de la Sociedad Civil- UE y un diálogo bilateral entre Colombia y la Unión Europea en materia de drogas.Estas mesas de diálogo se darán mientras avanza la llegada de los mandatarios que confirmaron su asistencia a este encuentro birregional, entre los que hay 11 jefes de estado, seis vicepresidentes y 24 cancilleres. De estos, Pedro Sánchez, presidente de España, será el primer mandatario en llegar.Le puede interesar: Cumbre CELAC 2025: agenda cultural paralela con más de 200 artistasSu aterrizaje será realizado en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, donde le harán una calle de honor. Su llegada se tiene prevista después de las 5:30 de la tarde. Allí, la canciller Yolanda Villavicencio se encargará de realizar el recibimiento honorífico, para que posteriormente aborde un avión militar español y sea trasladado hasta Santa Marta.Algo similar sucederá con Lula Dasilva, quien llegará este sábado 8 de noviembre a Barranquilla, donde también le realizarán el recibimiento, para posteriormente movilizarlo a la capital del Magdalena. La razón por la que ni el presidente español ni varios mandatarios llegarán directamente a la capital del Magdalena tiene que ver con las necesidades que se requieren en la pista de aterrizaje para el tipo de avión en el que se movilizan, pues el aeropuerto Simón Bolívar no cuenta con estas condiciones para recibir aviones de gran tamaño.Por lo pronto, ni hoy ni el próximo lunes habrá actividades en el sector público, debido a que fueron declarados días cívicos, esto para facilitar además la circulación de más de 110 mil visitantes que llegan a esta ciudad por cuenta de este encuentro.
Recientemente circuló un panfleto en el que delincuentes emiten amenazas contra varios directivos docentes de las instituciones Villa María y Gabriel Escorcia Gravini, ubicadas en el municipio de Soledad.En el panfleto, los delincuentes declaran objetivo militar a los maestros por presuntamente permitir que los estudiantes estén perdiendo el año.“Desde hoy todos los profesores de estas instituciones son objetivo militar para nosotros. Tenemos conocimiento de que el 80% van perdiendo el año, y ninguno debe perderlo, es una advertencia. Educación o plomo”, fueron algunas de las palabras que se pueden leer en el supuesto panfleto.Le puede interesar: Docentes de la U. de Antioquia alertan crisis que pondría en riesgo nómina y prima en 2025Ante esta situación desde la Asociación de Educadores del Atlántico emitieron un pronunciamiento exigiendo las acciones pertinentes por parte de los organismos competentes para que se inicie la investigación y se tomen medidas que garanticen la vida y la seguridad de los maestros.Dice ADEA que, como organismo sindical, defiende los derechos humanos y la escuela como territorio de paz y expresan a los compañeros docentes de estas instituciones amenazadas, toda la solidaridad e igualmente afirman que harán seguimiento a esta situaciónAlcaldía de Soledad se pronunciaAnte estas supuestas amenazas hacia los docentes, la Alcaldía municipal activó un plan de vigilancia y control a la seguridad escolar, de acuerdo a una comunicación también emitida en las últimas horas. El Consejo de Seguridad Municipal solicitó formalmente a las autoridades de pertinencia, abocar de manera inmediata , el conocimiento e investigación sobre la circulación del panfleto, en el cual se estaría amenazando a varios docentes. La Alcaldía de Soledad informó que convocaron al consejo de seguridad tan pronto se tuvo conocimiento del hecho y esperan que pronto se esclarezca la autenticidad del panfleto y de sus autores.No es la primera vez que en este municipio de Soledad se presentan intimidaciones contra los docentes de una institución, pues precisamente hace un año, una coordinadora fue herida a bala en la puerta de un colegio generando terror entre el cuerpo estudiantil, los padres de familia y el cuerpo de profesores.
La Alcaldía Distrital de Santa Marta, mediante el Decreto 469 del 6 de noviembre de 2025, declaró los días 7 y 10 de noviembre como cívicos y no laborales en todo el Distrito Turístico, Cultural e Histórico, con el fin de facilitar la logística y el desarrollo de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) – Unión Europea (UE).De acuerdo con el decreto firmado por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, la medida tiene como propósito garantizar la movilidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las actividades institucionales y diplomáticas que se realizarán durante el evento, que reunirá a más de 62 delegaciones diplomáticas en la ciudad.Durante los días cívicos se suspenderán las labores en las entidades públicas distritales y en las instituciones educativas oficiales, sin embargo, los servicios esenciales, como salud, seguridad, movilidad, aseo y atención de emergencias, operarán con normalidad para asegurar la continuidad de la prestación pública.“Esta decisión responde a la magnitud del evento y al compromiso de la administración con garantizar el éxito de la Cumbre CELAC–UE, protegiendo la movilidad y la seguridad de los samarios y visitantes”, señala el documento.El decreto también ordena a las secretarías distritales y demás entidades públicas coordinar esfuerzos con las autoridades nacionales, departamentales y organismos de seguridad para garantizar el buen desarrollo del evento. Asimismo, invita a la ciudadanía y al sector privado a participar en las actividades del “Reencuentro en el Corazón del Mundo”, enmarcadas en la conmemoración de los 500 años de Santa Marta.Con esta disposición, la ciudad más antigua de Colombia se alista para vivir uno de los encuentros diplomáticos más importantes del continente.
Durante su intervención en el Primer Congreso Internacional de Derecho Electoral y Democracia, realizado en la Universidad Libre de Barranquilla, el procurador general, Gregorio Eljach, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, a los partidos y a los aspirantes a los comicios de 2026 para “desescalar el lenguaje” y promover una contienda electoral respetuosa y responsable."En desarrollo de nuestra estrategia, diálogo para construir consensos y de nuestra misionalidad de prevención, convocamos a todos los líderes, partidos, candidatos, precandidatos, movimientos significativos y en especial al señor presidente de la República, Gustavo Petro, a desescalar el lenguaje, a fomentar una contienda discursiva responsable y que sea también amable y respetuosa por el contradictor", señaló.El jefe del Ministerio Público resaltó la importancia de construir un consenso nacional por la “paz electoral”, con el fin de garantizar que las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 se desarrollen en un ambiente de legitimidad y confianza ciudadana.Eljach enfatizó que “todos los colombianos estamos obligados a respetar los resultados que emerjan de las urnas”.Frente a versiones sobre posibles riesgos en el proceso electoral, el procurador aseguró que la entidad asumirá el rol de “protector de las urnas, de las instituciones y de la democracia”.“Puedo decirle que los colombianos tendremos elecciones libres, transparentes y legítimas en el 2026”, precisó.Expresó que las recientes elecciones de los consejos de juventudes y la consulta del Pacto Histórico sirvieron de laboratorios de prueba para demostrar que se pueden hacer elecciones en paz.
La crisis en la Universidad del Atlántico parece no tener fin, pese al reciente nombramiento como rector encargado por un periodo de hasta un año, del economista Rafael Ángel Castillo Pacheco, quien llegó en reemplazo de Leyton Barrios, luego de que fuera apartado del cargo por presuntas irregularidades en su proceso de elección.La decisión del Ministerio de Educación de nombrar a Castillo para superar el periodo de inestabilidad académica y administrativa ya genera controversia, pues el profesional, quien en años anteriores ya había asumido el cargo de rector de manera temporal, tiene una sanción disciplinaria vigente que ordena su suspensión por 4 meses.Dicha sanción, según el registro de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación, fue ratificada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, mediante decisión adoptada el 21 de febrero de 2025, de la cual no se habría recibido notificación de su cumplimiento.Iván Cancino, abogado de Leyton Barrios, cuestionó el nombramiento e indicó que esta sanción está reportada ante el Ministerio de Educación y que podrían estar incurriendo en un delito con este nombramiento“Están designando a una persona que está inhabilitada al parecer hoy en día por la Procuraduría General de la Nación por hechos irregulares que cometió precisamente siendo rector de la universidad de la cual hoy se encarga. Eso es muy grave porque esa sanción en lo que conocemos aparece vigente y reportada al Ministerio de Educación. Es decir, que el funcionario que informa al señor ministro o que le da la información errada al Ministro de Educación, puede estarlo haciendo incurrir en una falta grave”, precisó el abogado. La medida de suspensión está relacionada con los mismo hechos que llevaron a que el 12 de septiembre de 2023, la Procuraduría lo inhabilitara por 10 años por extralimitarse en sus funciones.Cabe destacar que la inhabilidad fue revocada, sin embargo la medida de suspensión sigue vigente y no ha sido notificada ante el Ministerio Público su aplicación.La sanción disciplinaria tiene su origen cuando en siendo rector encargado de la Universidad el Atlántico, otorgó al docente de la facultad de ciencias económicas, Wendell Graham Archibold Barrios, una comisión de servicio remunerada para viajar a Argentina y asistir a las clases del Doctorado en Contabilidad en la Universidad Nacional de Rosario.
A cinco días de conocerse la decisión del Ministerio de Educación de suspender durante un año a Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico, finalmente pudo ser notificada la decisión al docente, quien no podrá seguir fungiendo en la institución, por lo menos mientras rige la medida o se da un reversazo a esto. En su lugar será nombrado Rafael Castillo Pacheco, quien, en años anteriores, también ha asumido el cargo de manera temporal. Para el caso, indica el Ministerio de Educación a través de la resolución 024488 del 17 de diciembre que Castillo tiene la misión de implementar las medidas que correspondan para superar en el menor tiempo posible los hallazgos que dieron lugar a esta decisión. Inicialmente, Castillo deberá concertar con los estudiantes el retorno a clases, siendo que desde hace siete semanas está vigente un paro de actividades que ha impedido terminar clases del segundo semestre de 2025. Le puede interesar: Radican tutela para inhabilitar suspensión de Leyton Barrios como rector de UniatlánticoPara esto, concertó para este jueves un encuentro con los líderes del paro y también con docentes para concertar una reorganización del calendario académico. Sobre Castillo Pacheco se conoce que en 2023 fue sancionado por la Procuraduría por extralimitarse en sus funciones al aprobar recursos para el viaje de un docente a Argentina. Dicha situacion le costó una sanción por inhabilidad por 10 años.
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos concluirá este viernes, a las 2:00 de la tarde, con la decisión del juez Jorge Ortiz, que terminó de escuchar a las partes para definir si envía o no a prisión al hijo mayor del presidente, por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico.El último en intervenir hoy fue el abogado Alejandro Carranza, defensa del exdiputado, quien insistió en que este no se va a fugar y que "prueba de ello es que él le ha dado la cara al país todo el tiempo, respondiendo a la justicia y hasta a los medios de comunicación".Carranza recordó que la inclusión de Nicolás Petro en la lista Ofac tampoco permitiría que él se fugara, como lo plantea la Fiscalía.“Ningún país del mundo le va a dar asilo a Nicolás porque le temen a Trump, porque le temen al gobierno americano, porque respetan esas directrices o FAC. Y eso está bien, cada país se autodetermina”, dijo.El abogado también negó que Nicolás haya instrumentalizado a Day Vásquez, como lo manifestó la fiscal del caso, y por el contrario afirmó que "Pedro Name fue quien le pidió a ella unirse a la Fundación Conciencia Social, porque ambos tenían una relación", de la cual inclusive nació un hijo. Además, Carranza dejó ver que Vásquez es comadre de la ex gobernadora Elsa Noguera, pues la ex mandataria fue quien bautizó a su hijo.Así las cosas, Carranza destacó que "las relaciones previas con la ex gobernadora mostrarían que cualquier relación de tráfico de influencias sería de Daysurys y no de Nicolás, y que lo mismo sucede con Pedro Name”. Insiste en que Petro Burgos no tenía poder para determinar contrataciones y que “todo el país sabe que Nicolás no ejercía ningún poder sobre Day”.La defensa destaca que en la declaración que Day Vásquez rindió en septiembre de 2023 sobre los cuestionados contratos con la Fundación Conciencia Social, ella no hizo mención de Nicolás Petro y que esto sería "una prueba relevante de que, según la misma versión de la testigo, el procesado no habría tenido ninguna relación con dicha fundación".“A lo largo de esa declaración, Daysurys del Carmen no vinculó a Nicolás Petro con la fundación, no lo menciona como intermediario, influenciador o partícipe de los contratos, decisiones o ejecución del proyecto y no reporta indicio alguno de que él haya recibido dinero, haya dado instrucciones o que él haya recibido beneficios derivados de los contratos de la fundación”, dijo.El defensor aseguró que la Fiscalía sustentó su solicitud de medida de aseguramiento en pruebas que no fueron debidamente acreditadas, que señalan a otras personas y que no se presentaron completas al juez. Cuestionó por qué otros involucrados no están siendo procesados, si según la Fiscalía detrás de este escándalo de corrupción hubo un acuerdo criminal entre varios.
Una tragedia se presentó en las vías del departamento del Atlántico en medio de unos piques ilegales que se estaban desarrollando a las afueras de Barranquilla, lo que estaba siendo liderado por motorizados que, al parecer, no tenían luminarias encendidas. Esto dejó un muerto y cuatro personas heridas. En el accidente murió Ricardo Ballestas de la Hoz, de 20 años, quien estaba conduciendo una motocicleta, pese a no tener licencia de conducción.A su vez, cuatro personas más resultados heridas. Entre estas se encuentra Yesid Pérez, de 20 años, quien está hospitalizado por los golpes que sufrió. A su vez, una joven de 23 años, identificada como Scarlet Judith Torres, presenta posible fractura de columna, quienes iban en un vehículo particular en la vía que conecta desde el corregimiento La Playa hasta Galapa.En la misma situación se encontraban Sheril Tatiana Mandón de 21 años y Jesús Daniel Viera de 26 años, ambos heridos y hospitalizados por politraumatismos. Estos también iban en un vehículo particular.Según la reconstrucción de los hechos realizada por el personal de tránsito de la Policía del Atlántico, el carro en el que iban Sheril y Jesús terminaron chocando de frente con una caravana de motos que venían a alta velocidad y sin luminarias encendidas, lo que lleva al conductor a perder el control y arrollar una motocicleta y el vehículo en el que se encontraban Scarlett y Yesid.Como consecuencia de esto, el conductor de la motocicleta murió y su moto se incineró. Algo similar sucedió con el carro en el que iban Sheril y Daniel, siendo que estos lograron salir a tiempo del automotor, evitando lesiones en la piel.
En el despacho del Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla ya está una tutela que fue radicada por la defensa de Leyton Barrios, con la que busca frenar la suspensión que fue ordenada en su contra por el Ministerio de Educación por presuntos incumplimientos en el manejo de la crisis académica de esta institución.Sobre este acto ya hay una primera respuesta del Juzgado, en la que se especifica que no habrá una resolución en firme hasta el próximo 21 de enero de 2026, dado a que los tiempos de su trámite se cruzan con la suspensión de actividades de los despachos judiciales.“Con fundamento en lo anterior, se deja constancia de que, aunque la presentación de tutela debe tramitarse y decidirse en el término de diez (10) días hábiles, dicho término se suspenderá durante la vacancia judicial comprendida entre el 20 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2026. Los términos se reanudarán el 13 de enero de 2026, fecha en la cual se abrirán los despachos judiciales, por lo que la decisión de fondo se adoptará el día 21 de enero de 2026”, se puede leer.Así las cosas, quedarían en limbo los cerca de 1.200 estudiantes que se preparan para su grado profesional este viernes, teniendo en cuenta la inhabilitación temporal del Gobierno a su actual rector y las demoras por nombrar una nueva persona a cargo, derivadas de que no ha sido posible notificar personalmente al mismo Leyton.Iván Cancino, quien lidera la defensa del rector Leyton Barrios, insiste en que la resolución violó la autonomía universitaria en una elección adelantada, según él, legítimamente y que dicha resolución solo puede tomar vigencia con una notificación personal hacia su defendido.“Esa resolución ni siquiera está firme o aplicable, lo que quiere decir que Leyton Barrios sigue siendo el rector de la Universidad del Atlántico, obviamente porque se violaron todos los derechos a la autonomía universitaria y una cantidad de garantías al debido proceso o el derecho a la defensa. Esperamos que con la acción de tutela se haga justicia y que el doctor Leyton pueda seguir ejerciendo la rectoría de manera tranquila y legal, como fue obtenida con todos los requisitos”, dijo a Blu Radio.De hecho este lunes hubo un Consejo Superior Universitario en el que tampoco se dio la presencia del delegado del ministerio, Juan Carlos Bolívar.Por otro lado, la puja por ser el designado del Gobierno parece estar entre Jorge Senior y Rafael Castillo, este último ya con experiencia como rector de la Uniatlántico. Además, hay otros nombres como Eduardo Bermúdez, actual miembro del Consejo Directivo; Rachid Nader, secretario Jurídico de la Gobernación de Atlántico, entre otros.Finalmente, y para no aplazar los grados de estos más de 1.000 estudiantes, la posibilidad que es analizada hasta el momento por los directivos es que sus diplomas vayan firmados por la secretaria del Consejo Superior, Josefa Cassiani. No obstante, hay que esperar para verificar si esa opción logra concretarse.
En proceso de identificación y estabilización médica se encuentran tres costarricenses, dos adultos y un menor de edad, que llegaron deshidratados en la madrugada de este miércoles 17 de diciembre hasta las playas de Salgar, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, luego de naufragar por más de cinco días en el mar Caribe.Blu Radio conoció que estos estaban a bordo de una embarcación con más de 12 tanques llenos de gasolina en su interior, de los cuales aún no se sabe hacia qué rumbo se dirigían.El personero municipal, John Jairo Rodríguez, declaró que estas personas fueron encontradas puntualmente en un sector llamado Playa Escondida y que, como ya mencionamos, los reportes iniciales apuntaron a una fuerte deshidratación.“Fue un sector conocido como Playa Escondida. Unidades del cuadrante cuando iban por la vía se percataron de estos tres personajes, que les hicieron señas de auxilio y pues reaccionaron. Ellos manifestaron lo que ya conocemos, que habían naufragado y que por las fuertes brisas fueron arrastrados hasta terminar en el sector de Puerto Colombia, corregimiento de Salgar”, dijo inicialmente.“Se puso en conocimiento del alcalde Plinio Cedeño y, a través de la secretaría de salud, con la gerencia de la ESE y la personería han brindado la respectiva ayuda con la estabilización de estas personas. De igual manera, Migración está realizando la plena identificación de ellos”, agregó.A su vez, Rodríguez dice que el caso está siendo acompañado por Migración Colombia para tramitar todo lo relacionado con su regreso a Costa Rica.“Aquí lo primordial en estos momentos es estabilizar su salud. No están muy afectados, pero hay que tener en cuenta el tema que duraron entre cinco a siete días a la deriva. Hay que atenderlos hasta que su estado de salud sea el idóneo para realizar el respectivo regreso. No sabemos cuánto tardará el proceso, decir una fecha sería impreciso, pero esperamos que sea lo más pronto posible”, declaró.La embarcación involucrada quedó en manos de la Policía Metropolitana de Barranquilla para verificar su legalidad, mientras que la Alcaldía de Puerto Colombia reportó que este es el primer caso similar que se registra en el año. Para ello, activaron la ruta correspondiente.