La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
Las obras en Bogotá, para muchos, suelen ser un dolor de cabeza. Entre trancones y afectaciones viales, los más de mil frentes de trabajo son reflejo del acelerado crecimiento que ha enfrentado la ciudad en los últimos años. En medio de ese panorama, un proyecto que se desarrollará en el occidente de la capital aparece como una apuesta clave para miles de personas.Se trata de una obra que tendrá lugar en Ciudad Salitre y que promete ampliar la oferta de vivienda y transformar de manera significativa este sector estratégico de Bogotá. El proyecto contempla más de 2.000 soluciones habitacionales, pensadas para distintos tipos de hogares y necesidades, en una zona que sigue ganando protagonismo urbano.Obra en Ciudad Salitre ampliará la oferta de vivienda en BogotáEl proyecto que esta a manos de la Constructora Ospinas, llevará el nombre de Ciudadela Nuevo Salitre, se construirá en un área superior a los 61.000 metros cuadrados y combinará vivienda, comercio, zonas verdes y equipamientos urbanos. En total, se levantarán 2.654 viviendas con áreas que van desde los 46 hasta los 148 metros cuadrados, distribuidas en distintas modalidades: vivienda No VIS, VIS y VIP.Esta mezcla busca responder a las diversas necesidades habitacionales de la ciudad, especialmente en una zona que se ha consolidado por su cercanía a corredores viales estratégicos, centros empresariales, servicios de salud y espacios recreativos. La idea es facilitar que más familias puedan vivir cerca de sus lugares de trabajo y estudio, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando la calidad de vida.¿Cómo será la Ciudadela Nuevo Salitre?Más allá de las viviendas, el proyecto contempla una oferta comercial cercana a los 7.000 metros cuadrados, pensada para cubrir las necesidades cotidianas de los residentes y dinamizar la economía local. A esto se suman cerca de 3.000 metros cuadrados de vías internas, que permitirán mejorar la movilidad dentro del complejo y su conexión con el entorno.Uno de los aspectos que más llama la atención es que el 44 % del área total estará destinado a zonas verdes y espacio público. Senderos peatonales, áreas de encuentro y espacios abiertos harán parte del diseño, con el objetivo de fortalecer la vida comunitaria y mejorar la calidad del entorno urbano. Además, durante su desarrollo, la obra generará alrededor de 1.000 empleos directos e indirectos, lo que representa un impulso económico relevante para la ciudad.La llegada de este proyecto refuerza el papel de Ciudad Salitre como una de las zonas con mayor proyección urbanística de Bogotá. La integración de vivienda, comercio y espacio público en un solo desarrollo apunta a crear una centralidad más equilibrada, donde los servicios estén a distancias caminables y el espacio urbano tenga un rol protagónico.Con iniciativas de esta magnitud, Bogotá continúa apostándole a la renovación urbana y a modelos de ciudad más compactos y funcionales. Para miles de familias, esta obra no solo representa una nueva opción de vivienda, sino la posibilidad de habitar un entorno mejor planificado y conectado con el resto de la capital.
En Autos y Motos de este sábado, 20 de diciembre de 2025, estos fueron los temas:El Aeropuerto Internacional El Dorado fue reconocido en 2025 como el mejor de Suramérica y líder regional en tráfico, carga y sostenibilidad.Ford anunció el llamado a revisión de más de 270.000 vehículos eléctricos e híbridos en Estados Unidos por una falla en el sistema de estacionamiento.Donald Trump derogó incentivos y metas federales para vehículos eléctricos como parte de su ofensiva contra la transición energética.TransMilenio celebró 25 años de operación consolidándose como uno de los sistemas de transporte masivo más grandes de América Latina.Las autoridades regionales anunciaron cambios en planes de movilidad y restricciones viales en varias ciudades colombianas por la temporada de fin de año.Escuche el programa completo aquí:
Cerca de 14.000 hectáreas de la Serranía de Buriticá quedan bajo protección ambiental. El área abarca ecosistemas andinos y subandinos que cumplen un papel clave en la regulación hídrica de la región, pues allí se concentran al menos 677 nacimientos de agua y decenas de manantiales que abastecen acueductos rurales y comunidades de Buriticá y municipios vecinos.De otro lado, la entidad señaló que la protección de este bloque natural favorece la conexión ecológica entre los parques nacionales Paramillo y Tatamá, facilitando el tránsito de especies como el oso andino, una de las más amenazadas del país. Además, se resguardan bosques conservados, cañones, pendientes escarpadas y paisajes rurales tradicionales.Desde la perspectiva ambiental, la autoridad ambiental explicó que la declaratoria responde a las presiones que ha enfrentado la serranía por actividades como la expansión agropecuaria y la minería. Liliana María Taborda, directora general de Corantioquia."Una nueva área protegida se suma a nuestro Sistema Departamental de Áreas Protegidas. La serranía de Buriticá, un ejercicio que nace desde la mesa ambiental con la participación ciudadana, la participación desde la misma administración municipal, la empresa privada", resaltó. Liliana Taborda, directora de Corantioquia.La entidad indicó que el proceso se construyó con participación comunitaria durante más de dos décadas, con encuentros en distintas veredas de Buriticá y espacios de concertación que permitieron definir las áreas a proteger y las reglas básicas de manejo del territorio."Desde la serranía, nosotros lo que más pensamos es en el agua, vital para la conservación de todas las especies que hay dentro de la serranía, pero lo más importante son las comunidades. Desde la Mesa Ambiental estamos visionando que en 200 años, toda esta población tenga los mismos servicios ecosistémicos que nosotros tenemos, como es el agua, la flora y la fauna", explicó Antonio María Hidalgo, presidente de la Mesa Ambiental de ese municipio.Por lo pronto, se conoció que el siguiente paso será la formulación del plan de manejo, en el que se establecerán las condiciones de uso, conservación y restauración de estas 13.858 hectáreas.
Un total de 280 mil millones de pesos provenientes de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana ya han sido destinados en 2025 por parte de la Gobernación de Antioquia, con el fin de mejorar la dignidad locativa de Soldados y Policías del departamento. Proporcionando inversiones en tecnología que permitan vigorizar el quehacer operativo de la Fuerza Pública acantonada en AntioquiaEntre los elementos entregados a la por parte de la Gobernación a la Séptima División del Ejército Nacional hay 250 cascos balísticos, 440 chalecos antibalas, 500 botas media caña, 500 sobrecarpas y 25 botiquines de primeros auxilios tipo M3 para situaciones de emergencias en terreno y 11 radios Harris con sus respectivos accesorios.Se trata de equipos especializados de uso exclusivo de las fuerzas militares, que tienen comunicación satelital para mayor seguridad y que permiten contar con señal en operaciones en selva o montaña para hacer seguimiento en tiempo real a las unidades que están en operaciones especiales, así lo explicó el Jefe de Estado Mayor y Segundo comandante de la Cuarta Brigada, coronel Rogel Sánchez Ruiz."Un agradecimiento especial, sobre todo, al pueblo antioqueño. El día de hoy, gracias a su decidido aporte dentro de la tasa de seguridad, permite que el Ejército Nacional en este territorio reciba un material de intendencia, un material de comunicaciones que garantizan el despliegue de capacidades y la optimización de capacidades por parte de las tropas", dijo el mando militar.Por su parte, El Gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón también anunció una inversión por 4 mil millones de pesos en 5 sistemas de inhibición de drones para el Ejército Nacional, con el fin de incrementar las capacidades operativas de detección, mitigación y neutralización de amenazas aéreas no tripuladas en el departamento."Para que muchos de los antioqueños y también visitantes que van a ir a las 21 festividades que se van a celebrar en distintos rincones de Antioquia lo puedan hacer de manera segura, para que los retornos puedan transcurrir, no solamente en los viajes de ida, sino los regresos de manera tranquila, sin traumatismos", señaló el mandatario.Además, agradeció a los antioqueños por el pago que han hecho de la Tasa de Seguridad, indicando que la seguridad es un compromiso colectivo y esos recursos abren la puerta para hacer inversiones en tecnología que le permitan a la fuerza pública un mejoramiento continuo.
El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares del Caribe colombiano. Su trayectoria, la confianza que ha construido entre los jugadores y la expectativa que genera cada tarde hacen que miles de personas en todo el país sigan de cerca cada resultado. Aquí puede ver el sorteo en vivo:Número ganador del Sinuano Día hoyEl número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 20 de diciembre de 2025, es el 5531 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 5531Tres últimas cifras: 531Dos últimas cifras: 31La quinta: 5¿A qué hora se juega el Sinuano Día?El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. Su horario puntual y la claridad del procedimiento lo han convertido en un referente de las tardes, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas de Colombia.Modalidades de apuesta del Sinuano DíaEl Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde quienes se inician en el chance hasta apostadores habituales. Entre las principales opciones se encuentran:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que entrega premios adicionales.Esta variedad de opciones hace que cada sorteo sea una experiencia dinámica y atractiva para los aficionados al chance.¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?Participar en el Sinuano Día es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de personas con diferentes presupuestos y mantiene el carácter popular del sorteo.¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe acercarse a un punto de pago autorizado y presentar:El tiquete original en buen estado.El documento de identidad y una fotocopia legible.De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.Con el paso del tiempo, el Sinuano Día se ha mantenido como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que despierta cada tarde lo posicionan como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos del país.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.
La controversia sigue rodeando la rectoría de la Universidad del Atlántico debido a las respuestas que pide la Procuraduría General de la Nación por haber sido nombrado en el cargo un docente que tenía una medida de suspensión. Al respecto, el gobernador Eduardo Verano indicó que debe ser el Ministerio de Educación el que dé respuestas por este tema, al ser quienes lo promovieron en el cargo.Se trata de Rafael Castillo Pacheco, quien es docente de tiempo completo y en el pasado fue rector durante seis meses. Precisamente por ese encargo fue investigado disciplinariamente por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente. En consecuencia, en marzo de este año ordenaron una suspensión durante cuatro meses de su cargo y de cualquier puesto en el sector público, sin embargo, a la fecha, esto no habría sido cumplido. Incluso, Blu Radio conoció que fue presentada por la Procuraduría una queja disciplinaria contra el exrector Danilo Hernández y el Ministerio de Educación por no hacer cumplir la medida y generar una impunidad institucional. Aunque ahora mismo se solicitan las razones que han impedido la ejecución de esa sanción, impuesta puntualmente por una aparente extralimitación de sus funciones al autorizar la comisión de servicio remunerado de un docente hacia Argentina, dice el mandatario departamental que, mientras eso sucede, seguirá como rector encargado.“Ya la parte de si cumplío o no con algunos requerimientos de la Procuraduría es lo que él mismo tendrá que responder y establecer, pero fue escogido como interventor por parte del Ministerio de Educación. Seguramente se resolverán los asuntos que estén pendientes”, dijo a Blu Radio.De hecho, al margen de esa solicitud, Rafael Castillo fue posesionado desde muy temprano este viernes y con eso se dio luz verde para los grados de los cerca de 1.200 estudiantes que estaban a la deriva en el recibimiento de sus diplomas. No obstante, aún no ha sido publicada dicha acta, pues el proceso habría sido realizado por el Ministerio de Educación y no por el consejo superior de la institución. Esas ceremonias, manifiesta el gobernador Verano, iniciaron desde las 8:00 de la mañana en el Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río, y sus diplomas llevan la firma del nuevo rector encargado.“Tenemos ya la posesión de Rafael Castillo, está en la universidad y se van a estar firmando todos los diplomas que se tienen. Son cerca de 1.200 que serán entregados en varias ceremonias. Son citas de al menos 100 graduados, cerca de seis ceremonias hay agendadas para hoy”, agregó.Recordemos que Rafael Castillo llegó como designado por el Ministerio de Educación en reemplazo temporal (por un año inicialmente) de Leyton Barrios, a quien se le investiga por irregularidades en su escogencia.A pesar de que Rafael Castillo Pacheco se posesionó esta mañana como rector de la Universidad del Atlántico, hay incertidumbre jurídica frente a la validez de su firma en estos diplomas, pues desde la Procuraduría advierten que la sanción sí está vigente.
Solo entre el 16 y 17 de diciembre, posterior al campeonato de Junior en la Liga Colombiana, se registraron 18 casos de personas quemadas con pólvora en Barranquilla y el Atlántico, donde miles salieron a festejar la onceava estrella con pirotecnia, haciendo caso omiso a las prohibiciones e ignorando el alto riesgo que representa para la vida la manipulación de estos elementos.En el caso de Barranquilla fueron siete las personas afectadas con pólvora durante estos días de festejo, lo que representa un incremento de más del 500 % en comparación con las mismas fechas del año anterior. En total, a lo largo de diciembre ya van 30 quemados con pólvora en la ciudad, de los cuales 8 son menores de edad.En los municipios del Atlántico hubo otros 11 quemados entre el martes y miércoles, cuando se dio la celebración, lo que representa un incremento de más del 900% si se compara con los mismos días del año pasado. El total de lesionados en los municipios, a lo largo de la temporada, asciende a 35, de los cuales 9 son menores de edad.Así está el panorama de quemados con pólvora en AtlánticoLos municipios con más casos siguen siendo Soledad con 11 quemados, le sigue Santo Tomás con 5 y Sabanagrande con 4. En la lista continúan Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suan, con dos casos cada uno, y Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí, con un caso cada uno.
La Casa de la Selección busca estrenar estadio en 2027 y para ello ya fueron adjudicadas las obras de remodelación y ampliación del Metropolitano por parte de la Alcaldía de Barranquilla, siguiendo el cronograma establecido en el proceso de licitación.Los trabajos, que aumentarán la capacidad del estadio Metropolitano Roberto Meléndez a más 60.000 sillas y lo adecuarán con todas las especificaciones de un escenario internacional, fueron adjudicados por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char, a través de su cuenta en X, donde publicó un video que proyecta el moderno diseño que tendrá el ‘Metro’, con una fachada vanguardista lograda con iluminación y pantallas LED, un techo que cubrirá las tribunas, mientras que adentro se bajará el nivel de la cancha 1.8 metros y se eliminará la actual pista atlética para aumentar su capacidad, pasando de 45.994 sillas a 60.013. Esto, a su vez, permitirá un aforo para conciertos de 75.000 personas.El mandatario barranquillero le informó a la hinchada rojiblanca que, aunque las obras iniciarán de manera inmediata, el próximo 15 de enero el estadio abrirá sus puertas para el partido que jugarán Junior y Santa Fe por la Superliga, un “último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”.Los partidos de la Copa Libertadores podrían disputarse en Cartagena; sin embargo, se está a la espera de que se anuncie oficialmente una decisión, manifestó el alcalde Alejandro Char.La propuesta del consorcio Metro Estadio, con un puntaje de 99,5621086, superó en la licitación LP-017-2025 a las otros dos oferentes, que fueron Consorcio Nuevo Estadio Tricolor y Consorcio Desarrollo Deportivo.
El juez Hugo Carbonó admitió como pruebas dentro del juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, los reportes de vuelos, trayectos y pagos realizados por él y su entonces esposa, Day Vásquez, entre enero de 2020 y 2023. Entre ellos vuelos realizados entre Barranquilla y Bogotá en los que, según la Fiscalía, el procesado habría sostenido reuniones para la entrega de dinero.“Puesto que los registros de vuelos, trayectos y pagos y conexión entre los señores Nicolás Fernando Petroburgo y Daysuris del Carmen Vázquez Castro se encuentran enlazados con la celebración de unas reuniones en Bogotá en las fechas específicas. Coincidente con entregas de dinero en efectivo, como lo presenta la Fiscalía, lo que contribuye a sustentar la teoría del caso del ente acusador”, precisó.Asimismo, el juez permitió la inclusión de los informes que acreditan la actividad económica de Petro Burgos y Vásquez, junto con una lista de declaraciones de testigos relevantes el representante a la Cámara, Agmetj Escaf, Gabriel Hilsaca, hijo del ‘Turco’ Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra.“El Registro Único de declaraciones de renta, de importaciones, de exportaciones, de ingresos y egresos del procesado está directamente vinculada con los punibles que se le acusa por los cuales la fiscalía le formuló acusación. En tanto, pueden arrojar datos esenciales que esclarezcan su participación o no en los hechos investigados”, indicó Carbonó.El juez también permitió la declaración de Jhon Jairo Martínez Rodríguez, quien se desempeñaba como oficial de la Policía y relató como Day Vásquez, presuntamente, realizó la compra de un Mazda con dinero en efectivo. Este testimonio, dice el juez servirá para demostrar la adquisición de bienes a nombre de terceros. También indicó que la Fiscalía podrá llevar al juicio la información extraída del celular de Day donde se da cuenta del ingreso de Gabriel Hilsaca a su inmueble para la entrega de 200 millones de pesos.“Se admiten por resultar para el juzgado pertinente y conducente para que la fiscalía trate de acreditar su teoría del caso que a partir de dichas informaciones extraídas del celular de Day Vázquez, las comunicaciones y registros que dan cuenta del ingreso de Gabriel Hilsaca al inmueble y de la entrega de una suma de 200 millones de pesos, así como de las imágenes del vehículo Chevrolet tipo Tahoe puesto a nombre de Luis Antonio Vázquez”, detalló.El interrogatorio de Gustavo de la Ossa, representante legal de la Fundación Conciencia Social (FUCOSO), a través de la cual presuntamente Nicolás Petro y Day Vásquez, firmaron contratos con la Gobernación del Atlántico y se habría apropiado de recursos, también podrá ser llevados al juicio contra el hijo del presidente. El juez lo considera pertinente, ya que, según la teoría de la Fiscalía, se advierte una posible intermediación irregular para el manejo de recursos.“De igualmente un interrogatorio de Gustavo Adolfo de la Ossa, representante legal de la Fundación Fucoso. Guarda relación con dichas comunicaciones y con los contratos celebrados entre esa fundación y la gobernación del Atlántico en lo que se advierte una posible intermediación irregular para la obtención y manejo de recursos conforme la teoría del caso de la fiscalía”, dijo.En este mismo sentido, permitió llevar informes de la Gobernación del Atlántico y material extraído del celular de Day Vasquez en los que se habla del vínculo de Petro Name, expareja de Vásquez, con la fundación FUCOSO para la obtención de contratos.La audiencia continuará este viernes a las 8:30 de la mañana. Se espera que el juez finalice la lectura de las pruebas que le permitirá a la fiscal Lucy Laborde llevar al juicio y las que no.
En una mina de la vereda El Jardín, zona rural del municipio de San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar, fueron rescatados este jueves por tropas de la Primera División del Ejército Nacional los cuerpos de los tres trabajadores asesinados el pasado martes, aproximadamente a las 3:00 de la tarde.Le puede interesar: Convocan consejo de seguridad para investigar matanza en el sur de BolívarLa matanza, de acuerdo con labores de inteligencia de las autoridades, fue atribuida a miembros del ELN, por lo que, una vez se pudo ingresar a la zona, desde la gobernación del departamento se ordenó la realización de un Comité de Justicia Transicional para tomar medidas por lo ocurrido.Identidades de los mineros Blu Radio conoció las identidades de las víctimas. Se trata de Luis Guillermo Meléndez Villadiego, 32 años, Jose Stiven Campuzano Pineda, 27 años y Carlos Alberto Ortega Ortega, de 56 años.Los cuerpos fueron sacados por los mismos mineros de la zona y llevados a la morgue del municipio de San Pablo. Posteriormente, fueron remitidos a las instalaciones de Medicina legal en Bucaramanga, donde serán practicadas las necropsias.Sobre el asesinatoDesde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) dicen que “hombres armados, al parecer pertenecientes al ELN, irrumpieron en una mina de oro y dispararon de manera indiscriminada. El hecho también dejó maquinaria amarilla destruida y provocó el desplazamiento de la comunidad minera en la zona”.En ese punto hay injerencia del ELN, Clan del Golfo, así como bandas locales, al tiempo que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que incluye al municipio de San Pablo, en la que señala imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados. De igual manera, la Defensoría advierte un alto riesgo humanitario por la disputa por el control de la minería de oro y los corredores de la Serranía de San Lucas.
Una acción de tutela es la herramienta que utilizan desde esta semana los familiares de la auxiliar desaparecida en la toma al Palacio de Justicia, Nurys Esther Gutiérrez, los cuales dieron a conocer desde Barranquilla que no han sido indemnizados por “daños y perjuicios morales” pese a que ya se cumplen 40 años de este suceso.De esa manera lo dijo Alberto Gutiérrez, quien tiene claro que un monto de dinero no les devolverá a su hermana, pero están inconformes con el resultado de una apelación realizada por el Ministerio de Defensa, en el que la magistrada a cargo del caso determinó que no se trataba de un crimen de lesa humanidad.“Mi papá nunca quiso la indemnización, decía que el pago no le iba a devolver lo que él como padre perdió. Entonces, después de muchos años, cuando fue declarada lesa humanidad, nosotros demandamos al Ministerio de Defensa y es la hora, estamos en el 2025, y no nos han reparado”, dijo inicialmente.“Ganamos el proceso en primera instancia, ellos apelaron y en segunda instancia la magistrada decía que lesa humanidad no cabía ahí. Nosotros metimos una tutela en estos días en la Corte para qué se solucione. El dinero no nos va a devolver a mi hermana, sin embargo sí merecemos algo por daños y perjuicios morales”, agregó.Le puede interesar: Rompió la historia del país: sectores políticos tras 40 años de toma del Palacio JusticiaAlberto, quien vivía con su hermana en Bogotá para la fecha de los hechos, relata que fue toda una desesperación el proceso para reclamar su cadáver, aunque ese dolor fue despertado años después cuando los llamaron para decirles que no estaban seguros que fuera ella.“Queda uno con la incertidumbre. Después de tantos años, vinieron hasta expertos internacionales y no pudieron determinar si de verdad era ella. No sabemos a quién enterramos, si apareció, no sabemos nada. Estamos a la espera de los resultados para ver qué nos dicen, pero ya van 40 años”, sostuvo.La última conversación que tuvieron con Nurys fue una llamada que les hizo cuando se escondía debajo de un escritorio en el Palacio, y menciona con especial detalle que era muy estimada por los magistrados Dante Fiorillo y Julio Andrade, a quienes ayudaba como auxiliar administrativa.Sus palabras se dieron en medio de una misa convocada por el Tribunal Superior de Barranquilla en memoria de todas las víctimas por este holocausto, en la que el párroco de la Catedral, Álvaro García, envió un mensaje de amor e integridad.Nurys tenía 10 hermanos, ocho de ellos siguen con vida, y en su gran mayoría aceptaron la invitación de un homenaje que se realizará este jueves en Bogotá.
La Primera División del Ejército Nacional reportó el hallazgo de tres cuerpos sin vida, los cuales harían parte de la matanza registrada en el municipio de San Pablo, al sur de Bolívar, donde inicialmente se hablaba de hasta cinco víctimas fatales en una mina de la vereda El JardínEn consecuencia a este episodio, en estos momentos se lleva a cabo un consejo extraordinario de seguridad con la presencia del secretario de este despacho en Bolívar, Manuel Berrío, para establecer medidas que permitan garantizar la tranquilidad a la población de San Pablo.“Ante los hechos ocurridos en la vereda El Jardín del municipio de San Pablo, se encuentra en ejecución un Consejo de Seguridad con el fin de determinar la situación precisa de lo ocurrido y establecer acciones en materia operacional que permitan continuar contrarrestando el accionar de grupos armados ilegales”, es la única comunicación emitida por las autoridades hasta el momento con respecto al caso.”Asimismo, se trabaja en la recolección de información a través de las diferentes agencias de inteligencia para el planeamiento de operaciones militares orientadas a la neutralización de estas amenazas”, agregaron en el pronunciamiento en el Ejército.Pese a que, desde las primeras horas del día hay rumores de más víctimas fatales, solo tres de ellas se encuentran en este momento en una morgue, cuya ubicación no ha sido puntualizada por las autoridades en Bolívar.Sin embargo, la hipótesis que toma fuerza hasta el momento es la de un presunto ataque por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al parecer a personas colaboradoras del Clan del Golfo.Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) dicen que “hombres armados, al parecer pertenecientes al ELN, irrumpieron en una mina de oro y dispararon de manera indiscriminada. El hecho también dejó maquinaria amarilla destruida y provocó el desplazamiento de la comunidad minera en la zona”.En ese punto hay injerencia del ELN, Clan del Golfo, así como bandas locales, al tiempo que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que incluye al municipio de San Pablo, en la que señala imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados. De igual manera, la Defensoría advierte un alto riesgo humanitario por la disputa por el control de la minería de oro y los corredores de la Serranía de San Lucas.
La crisis en la Universidad del Atlántico parece no tener fin, pese al reciente nombramiento como rector encargado por un periodo de hasta un año, del economista Rafael Ángel Castillo Pacheco, quien llegó en reemplazo de Leyton Barrios, luego de que fuera apartado del cargo por presuntas irregularidades en su proceso de elección.La decisión del Ministerio de Educación de nombrar a Castillo para superar el periodo de inestabilidad académica y administrativa ya genera controversia, pues el profesional, quien en años anteriores ya había asumido el cargo de rector de manera temporal, tiene una sanción disciplinaria vigente que ordena su suspensión por 4 meses.Dicha sanción, según el registro de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación, fue ratificada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, mediante decisión adoptada el 21 de febrero de 2025, de la cual no se habría recibido notificación de su cumplimiento.Iván Cancino, abogado de Leyton Barrios, cuestionó el nombramiento e indicó que esta sanción está reportada ante el Ministerio de Educación y que podrían estar incurriendo en un delito con este nombramiento“Están designando a una persona que está inhabilitada al parecer hoy en día por la Procuraduría General de la Nación por hechos irregulares que cometió precisamente siendo rector de la universidad de la cual hoy se encarga. Eso es muy grave porque esa sanción en lo que conocemos aparece vigente y reportada al Ministerio de Educación. Es decir, que el funcionario que informa al señor ministro o que le da la información errada al Ministro de Educación, puede estarlo haciendo incurrir en una falta grave”, precisó el abogado. La medida de suspensión está relacionada con los mismo hechos que llevaron a que el 12 de septiembre de 2023, la Procuraduría lo inhabilitara por 10 años por extralimitarse en sus funciones.Cabe destacar que la inhabilidad fue revocada, sin embargo la medida de suspensión sigue vigente y no ha sido notificada ante el Ministerio Público su aplicación.La sanción disciplinaria tiene su origen cuando en siendo rector encargado de la Universidad el Atlántico, otorgó al docente de la facultad de ciencias económicas, Wendell Graham Archibold Barrios, una comisión de servicio remunerada para viajar a Argentina y asistir a las clases del Doctorado en Contabilidad en la Universidad Nacional de Rosario.
A cinco días de conocerse la decisión del Ministerio de Educación de suspender durante un año a Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico, finalmente pudo ser notificada la decisión al docente, quien no podrá seguir fungiendo en la institución, por lo menos mientras rige la medida o se da un reversazo a esto. En su lugar será nombrado Rafael Castillo Pacheco, quien, en años anteriores, también ha asumido el cargo de manera temporal. Para el caso, indica el Ministerio de Educación a través de la resolución 024488 del 17 de diciembre que Castillo tiene la misión de implementar las medidas que correspondan para superar en el menor tiempo posible los hallazgos que dieron lugar a esta decisión. Inicialmente, Castillo deberá concertar con los estudiantes el retorno a clases, siendo que desde hace siete semanas está vigente un paro de actividades que ha impedido terminar clases del segundo semestre de 2025. Le puede interesar: Radican tutela para inhabilitar suspensión de Leyton Barrios como rector de UniatlánticoPara esto, concertó para este jueves un encuentro con los líderes del paro y también con docentes para concertar una reorganización del calendario académico. Sobre Castillo Pacheco se conoce que en 2023 fue sancionado por la Procuraduría por extralimitarse en sus funciones al aprobar recursos para el viaje de un docente a Argentina. Dicha situacion le costó una sanción por inhabilidad por 10 años.
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos concluirá este viernes, a las 2:00 de la tarde, con la decisión del juez Jorge Ortiz, que terminó de escuchar a las partes para definir si envía o no a prisión al hijo mayor del presidente, por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico.El último en intervenir hoy fue el abogado Alejandro Carranza, defensa del exdiputado, quien insistió en que este no se va a fugar y que "prueba de ello es que él le ha dado la cara al país todo el tiempo, respondiendo a la justicia y hasta a los medios de comunicación".Carranza recordó que la inclusión de Nicolás Petro en la lista Ofac tampoco permitiría que él se fugara, como lo plantea la Fiscalía.“Ningún país del mundo le va a dar asilo a Nicolás porque le temen a Trump, porque le temen al gobierno americano, porque respetan esas directrices o FAC. Y eso está bien, cada país se autodetermina”, dijo.El abogado también negó que Nicolás haya instrumentalizado a Day Vásquez, como lo manifestó la fiscal del caso, y por el contrario afirmó que "Pedro Name fue quien le pidió a ella unirse a la Fundación Conciencia Social, porque ambos tenían una relación", de la cual inclusive nació un hijo. Además, Carranza dejó ver que Vásquez es comadre de la ex gobernadora Elsa Noguera, pues la ex mandataria fue quien bautizó a su hijo.Así las cosas, Carranza destacó que "las relaciones previas con la ex gobernadora mostrarían que cualquier relación de tráfico de influencias sería de Daysurys y no de Nicolás, y que lo mismo sucede con Pedro Name”. Insiste en que Petro Burgos no tenía poder para determinar contrataciones y que “todo el país sabe que Nicolás no ejercía ningún poder sobre Day”.La defensa destaca que en la declaración que Day Vásquez rindió en septiembre de 2023 sobre los cuestionados contratos con la Fundación Conciencia Social, ella no hizo mención de Nicolás Petro y que esto sería "una prueba relevante de que, según la misma versión de la testigo, el procesado no habría tenido ninguna relación con dicha fundación".“A lo largo de esa declaración, Daysurys del Carmen no vinculó a Nicolás Petro con la fundación, no lo menciona como intermediario, influenciador o partícipe de los contratos, decisiones o ejecución del proyecto y no reporta indicio alguno de que él haya recibido dinero, haya dado instrucciones o que él haya recibido beneficios derivados de los contratos de la fundación”, dijo.El defensor aseguró que la Fiscalía sustentó su solicitud de medida de aseguramiento en pruebas que no fueron debidamente acreditadas, que señalan a otras personas y que no se presentaron completas al juez. Cuestionó por qué otros involucrados no están siendo procesados, si según la Fiscalía detrás de este escándalo de corrupción hubo un acuerdo criminal entre varios.
Una tragedia se presentó en las vías del departamento del Atlántico en medio de unos piques ilegales que se estaban desarrollando a las afueras de Barranquilla, lo que estaba siendo liderado por motorizados que, al parecer, no tenían luminarias encendidas. Esto dejó un muerto y cuatro personas heridas. En el accidente murió Ricardo Ballestas de la Hoz, de 20 años, quien estaba conduciendo una motocicleta, pese a no tener licencia de conducción.A su vez, cuatro personas más resultados heridas. Entre estas se encuentra Yesid Pérez, de 20 años, quien está hospitalizado por los golpes que sufrió. A su vez, una joven de 23 años, identificada como Scarlet Judith Torres, presenta posible fractura de columna, quienes iban en un vehículo particular en la vía que conecta desde el corregimiento La Playa hasta Galapa.En la misma situación se encontraban Sheril Tatiana Mandón de 21 años y Jesús Daniel Viera de 26 años, ambos heridos y hospitalizados por politraumatismos. Estos también iban en un vehículo particular.Según la reconstrucción de los hechos realizada por el personal de tránsito de la Policía del Atlántico, el carro en el que iban Sheril y Jesús terminaron chocando de frente con una caravana de motos que venían a alta velocidad y sin luminarias encendidas, lo que lleva al conductor a perder el control y arrollar una motocicleta y el vehículo en el que se encontraban Scarlett y Yesid.Como consecuencia de esto, el conductor de la motocicleta murió y su moto se incineró. Algo similar sucedió con el carro en el que iban Sheril y Daniel, siendo que estos lograron salir a tiempo del automotor, evitando lesiones en la piel.
En el despacho del Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla ya está una tutela que fue radicada por la defensa de Leyton Barrios, con la que busca frenar la suspensión que fue ordenada en su contra por el Ministerio de Educación por presuntos incumplimientos en el manejo de la crisis académica de esta institución.Sobre este acto ya hay una primera respuesta del Juzgado, en la que se especifica que no habrá una resolución en firme hasta el próximo 21 de enero de 2026, dado a que los tiempos de su trámite se cruzan con la suspensión de actividades de los despachos judiciales.“Con fundamento en lo anterior, se deja constancia de que, aunque la presentación de tutela debe tramitarse y decidirse en el término de diez (10) días hábiles, dicho término se suspenderá durante la vacancia judicial comprendida entre el 20 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2026. Los términos se reanudarán el 13 de enero de 2026, fecha en la cual se abrirán los despachos judiciales, por lo que la decisión de fondo se adoptará el día 21 de enero de 2026”, se puede leer.Así las cosas, quedarían en limbo los cerca de 1.200 estudiantes que se preparan para su grado profesional este viernes, teniendo en cuenta la inhabilitación temporal del Gobierno a su actual rector y las demoras por nombrar una nueva persona a cargo, derivadas de que no ha sido posible notificar personalmente al mismo Leyton.Iván Cancino, quien lidera la defensa del rector Leyton Barrios, insiste en que la resolución violó la autonomía universitaria en una elección adelantada, según él, legítimamente y que dicha resolución solo puede tomar vigencia con una notificación personal hacia su defendido.“Esa resolución ni siquiera está firme o aplicable, lo que quiere decir que Leyton Barrios sigue siendo el rector de la Universidad del Atlántico, obviamente porque se violaron todos los derechos a la autonomía universitaria y una cantidad de garantías al debido proceso o el derecho a la defensa. Esperamos que con la acción de tutela se haga justicia y que el doctor Leyton pueda seguir ejerciendo la rectoría de manera tranquila y legal, como fue obtenida con todos los requisitos”, dijo a Blu Radio.De hecho este lunes hubo un Consejo Superior Universitario en el que tampoco se dio la presencia del delegado del ministerio, Juan Carlos Bolívar.Por otro lado, la puja por ser el designado del Gobierno parece estar entre Jorge Senior y Rafael Castillo, este último ya con experiencia como rector de la Uniatlántico. Además, hay otros nombres como Eduardo Bermúdez, actual miembro del Consejo Directivo; Rachid Nader, secretario Jurídico de la Gobernación de Atlántico, entre otros.Finalmente, y para no aplazar los grados de estos más de 1.000 estudiantes, la posibilidad que es analizada hasta el momento por los directivos es que sus diplomas vayan firmados por la secretaria del Consejo Superior, Josefa Cassiani. No obstante, hay que esperar para verificar si esa opción logra concretarse.
En proceso de identificación y estabilización médica se encuentran tres costarricenses, dos adultos y un menor de edad, que llegaron deshidratados en la madrugada de este miércoles 17 de diciembre hasta las playas de Salgar, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, luego de naufragar por más de cinco días en el mar Caribe.Blu Radio conoció que estos estaban a bordo de una embarcación con más de 12 tanques llenos de gasolina en su interior, de los cuales aún no se sabe hacia qué rumbo se dirigían.El personero municipal, John Jairo Rodríguez, declaró que estas personas fueron encontradas puntualmente en un sector llamado Playa Escondida y que, como ya mencionamos, los reportes iniciales apuntaron a una fuerte deshidratación.“Fue un sector conocido como Playa Escondida. Unidades del cuadrante cuando iban por la vía se percataron de estos tres personajes, que les hicieron señas de auxilio y pues reaccionaron. Ellos manifestaron lo que ya conocemos, que habían naufragado y que por las fuertes brisas fueron arrastrados hasta terminar en el sector de Puerto Colombia, corregimiento de Salgar”, dijo inicialmente.“Se puso en conocimiento del alcalde Plinio Cedeño y, a través de la secretaría de salud, con la gerencia de la ESE y la personería han brindado la respectiva ayuda con la estabilización de estas personas. De igual manera, Migración está realizando la plena identificación de ellos”, agregó.A su vez, Rodríguez dice que el caso está siendo acompañado por Migración Colombia para tramitar todo lo relacionado con su regreso a Costa Rica.“Aquí lo primordial en estos momentos es estabilizar su salud. No están muy afectados, pero hay que tener en cuenta el tema que duraron entre cinco a siete días a la deriva. Hay que atenderlos hasta que su estado de salud sea el idóneo para realizar el respectivo regreso. No sabemos cuánto tardará el proceso, decir una fecha sería impreciso, pero esperamos que sea lo más pronto posible”, declaró.La embarcación involucrada quedó en manos de la Policía Metropolitana de Barranquilla para verificar su legalidad, mientras que la Alcaldía de Puerto Colombia reportó que este es el primer caso similar que se registra en el año. Para ello, activaron la ruta correspondiente.