Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) fue ingresada este sábado en un hospital de Buenos Aires con un cuadro de apendicitis por el cual debió ser sometida a una intervención, según informaron a EFE fuentes del entorno de la exmandataria, que cumple desde junio pasado en su domicilio una pena a seis años de prisión.Fernández fue ingresada en el Sanatorio Otamendi de la capital argentina por recomendación médica debido un agudo dolor abdominal. La exmandataria fue luego sometida a exámenes que concluyeron que sufría una apendicitis, por lo que se decidió intervenirla.Para poder ser trasladada a la clínica desde el domicilio del barrio de Constitución donde cumple la pena en su contra debió recibir una autorización judicial.Esta representa la primera salida de su vivienda desde que entró en vigor su detención el 17 de junio de este año, tras ratificarse la condena en su contra por el caso conocido como ‘Vialidad’, en el que fue declarada culpable de irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su difunto esposo.A los seis años de prisión se suma además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.Desde el pasado 6 de noviembre, Fernández afronta un nuevo juicio -al que asiste virtualmente- por la causa de corrupción conocida como 'los cuadernos de las coimas', en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita de 86 personas para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015.
El francés Kylian Mbappé igualó uno de los récords de su ídolo: el del potugués Cristiano Ronaldo. De fotografiarse con el astro portugués en 2012 en una visita del galo a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, a acabar jugando en el club en el que hizo historia para perseguir sus números e igualar uno de sus hitos, el récord de goles en un año natural.Da alcance Mbappé los 59 goles en 2013 de Cristiano Ronaldo. El el portugués lo logró en 50 partidos y el francés ha necesitado 58.Lo persiguió el galo hasta el final. Muestra de ello lo fue ya su titularidad y partido completo ante el Talavera, de la tercera categoría del fútbol español, en dieciseisavos de la Copa del Rey. Anotó dos goles que, a la postre, fueron clave para pasar la eliminatoria (2-3).Redujo distancias con Cristiano y el Sevilla este sábado era su última oportunidad. Y estuvo activo, pero desacertado. A veces, incluso, ansioso por marcar ese gol que igualara a ‘CR7’.Lo intentó con hasta siete remates Mbappé antes de lograr el gol esperado, pero más allá de un remate al travesaño en el minuto 57 no logró conectar con acierto con el balón para generar peligro real.Sus compañeros le buscaban y él pedía el balón constantemente. Güler, su mejor socio esta temporada, quien le ha dado siete asistencias, intentó encontrarle, incluso sin que Mbappé fuera la mejor opción, con ahínco. Y Mbappé, aunque al acabar el partido aseguró que lo importante era ganar, demostró esas ganas de récord en un gesto tras no recibir un balón de Jude Bellingham en la primera mitad.Se quedó a las puertas del gol en el minuto 17, 18, 48, 51 -por dos ocasiones-, 55 y 57… y tuvo que ser ya en el 86 cuando logró el ansiado récord. Rodrygo forzó un penalti que Mbappé transformó para poder celebrar su 59º gol como su ídolo, imitando la icónica celebración del ‘siu’ de Cristiano Ronaldo en el Bernabéu.Y vio cerca superarlo hasta en tres ocasiones, pero un penalti señalado de Oso sobre Bellingham en el minuto 89 lo anuló el colegiado tras revisarlo en la pantalla del VAR. Además, en en el minuto 94, el VAR revisó si una falta sobre Rodrygo era dentro o fuera del área; finalmente se señaló fuera y Kylian mandó alto el disparo.Y la última llegó en la jugada final del encuentro. Al espacio con un Sevilla volcado, Mbappé se ganó un hueco para encarar la portería en solitario, pero Rodrygo, en su conducción por banda izquierda, no le vio y al llegar a las inmediaciones del área dio un pase atrás.Rozó el récord en solitario un Mbappé que cumplió 27 años este mismo sábado 20 de diciembre y que suma desde que llegó al Real Madrid 73 goles y 10 asistencias en 83 encuentros. Es decir, una aportación de gol por encuentro.
En el programa Travesía Blu en 'Paisaje sonoro' se destacó al río Guatapurí como uno de los escenarios naturales más representativos del Cesar. Durante la emisión se mencionó que hcae su recorrido atravesando la ciudad de Valledupar, su origen en la Sierra Nevada de Santa Marta y la importancia que tiene tanto para el entorno natural como para la identidad cultural de la región.El río Guatapurí nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, una de las montañas más altas y especiales del país. Desde allí, recorre cerca de 80 kilómetros hasta unirse al río Cesar, que más adelante conecta con el Magdalena. Su nombre significa “agua fría”, una característica que lo identifica, ya que sus aguas mantienen una temperatura baja incluso en los días más calurosos de la región.El comportamiento del río cambia según la época del año. En temporada de lluvias el caudal aumenta y el río baja con más fuerza, mientras que en los meses secos su nivel desciende de forma notable. Estos cambios afectan tanto a las personas que viven cerca como a los animales que dependen del agua para sobrevivir.El Guatapurí es hogar de varias especies de peces y fauna acuática propias de la Sierra Nevada. Además, resulta fundamental para el abastecimiento de agua y para mantener los ecosistemas que rodean su cauce. Su presencia contribuye al bienestar de miles de habitantes del Cesar, que encuentran en el río una fuente de vida y un espacio natural clave para la región.Más allá de su importancia ambiental, el río tiene un gran valor cultural, pues es un símbolo del vallenato y aparece con frecuencia en canciones, historias y tradiciones populares. Para muchos habitantes, el Guatapurí representa un lugar de encuentro, descanso y conexión con la identidad local, especialmente en Valledupar.Sin embargo, el río también enfrenta dificultades debido a la contaminación, el crecimiento urbano y el uso irresponsable del agua, los cuales afectan algunos tramos de su recorrido, sobre todo cerca de la ciudad. Lo que genera preocupación entre autoridades y ciudadanos, que ven la necesidad de proteger este recurso natural.
La familia del soldado del Ejército Nacional Brandon Daniel Valderrama Martínez, de 21 años, llegó hasta las instalaciones de Medicina Legal en Bucaramanga para recibir el cuerpo del joven militar, quien perdió la vida en el atentado ocurrido en el municipio de Aguachica, en el sur del Cesar.Su madre, Gloria Cecilia Valderrama Martínez, recordó a su hijo como un joven trabajador, disciplinado y lleno de sueños, quien decidió prestar servicio militar con la ilusión de construir un mejor futuro y hacer carrera dentro de las Fuerzas Militares.“Él quiso ir a prestar servicio porque tenía sueños, quería ser alguien importante. Soñaba con la carrera de subteniente. Era un niño juicioso, trabajador, luchador, un guerrero”, expresó su madre en medio del dolor.La mujer relató que Brandon había salido de permiso el pasado 22 de noviembre para compartir con su familia la celebración del Día de las Velitas y que regresó a su unidad el 10 de diciembre. Aunque tenía la intención de solicitar un traslado a Bucaramanga, decidió permanecer en Aguachica, donde se sentía cómodo y valorado.“Quería trasladarse para Bucaramanga, pero pasaron los días y se quedó allá. Estaba muy contento, le gustaba cómo lo estaban tratando, decía que lo trataban muy bien. Pero se le rompieron los sueños a mi hijo”, señaló.Gloria Cecilia también recordó la vida familiar del joven soldado, destacando su compromiso con el estudio y el apoyo a su hogar. “Él y su hermano se organizaban, dejaban listo el almuerzo o la comida y luego se iban a estudiar. Era un héroe de la patria”, afirmó.Con serenidad y profundo orgullo, sus padres manifestaron que hoy su hijo “es un soldado de Dios”. Aunque lamentaron el ataque armado que le arrebató la vida, aseguraron que Brandon murió cumpliendo su deber y honrando el uniforme que eligió portar, mientras la familia adelanta los trámites para darle el último adiós y preservar su memoria como un héroe.
En medio de un contexto marcado por noticias adversas sobre migración en Estados Unidos, una historia educativa con sello colombiano ha logrado destacarse por su impacto cultural y pedagógico. Se trata de la experiencia liderada por Clara Borda, docente colombiana del programa de Inmersión Dual en escuelas comunitarias de Indiana, quien ha logrado acercar la cultura de Colombia a niños estadounidenses mediante el idioma, la música y las tradiciones.Borda llegó a Estados Unidos tras un proceso marcado por la pandemia. “En medio del Covid yo estaba en Colombia, tuve que regresar y luego me contactaron para venir a Indiana en 2021. Ha sido una experiencia muy hermosa”, relató la profesora durante una entrevista en El Radar de Blu Radio. Desde entonces, su labor ha sido clave dentro del programa bilingüe que dirige Crystal Kreider, coach del modelo de inmersión dual.La enseñanza del español y el vínculo culturalUno de los principales retos del programa ha sido enseñar español a niños cuya lengua materna es el inglés. “No es nada fácil enseñar a estudiantes hablantes nativos de inglés a aprender español como segundo idioma”, explicó Kreider, quien destacó el esfuerzo constante por fortalecer la producción oral y el uso cotidiano del idioma.Ese proceso ha ido acompañado de una inmersión cultural profunda. Según Kreider, la presencia de varias docentes colombianas ha sido determinante para que los estudiantes “se enamoren de Colombia” desde los primeros grados.Velitas, arepas y cumbia: Colombia en el aulaLa experiencia tomó mayor visibilidad tras la difusión de un video en el que niños estadounidenses celebran el Día de las Velitas, portan la bandera de Colombia y bailan cumbia. “Empezamos hace cinco años con una actividad pequeña y fue muy exitosa. Las profesoras americanas se incluyeron, llevé arepas al colegio y se enamoraron de las arepas”, contó Borda.La preparación incluye meses de trabajo pedagógico con cartillas sobre Colombia y el uso del programa Colombia Nos Une, que permite a los estudiantes conocer las regiones, la música y la diversidad cultural del país. “Ellos pueden viajar por Colombia, escuchar a Carlos Vives y luego experimentar el baile de la cumbia en clase”, explicó la docente.Conocimiento y proyección a futuroLos estudiantes ya identifican regiones, acentos, tribus indígenas y productos emblemáticos como el café. “Ya saben sobre nuestras regiones, nuestros acentos y aprendimos sobre los muiscas”, afirmó Borda, quien no descarta que en el futuro los niños puedan visitar Colombia.Esta experiencia educativa se ha convertido en un ejemplo de cómo la cultura colombiana en Estados Unidos puede fortalecer el bilingüismo, la diversidad y el entendimiento intercultural desde la escuela.Escuche la entrevista completa acá:
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
La Defensoría del Pueblo alerta sobre un preocupante panorama para la salud en el país, siendo que tras realizar una encuesta a más de 3.500 pacientes del país, detectaron que al menos el 90% tuvo problemas para acceder a sus medicamentos y que, de estos, el 61% decidió cubrir con recursos propios su tratamiento.Esta situación está llevando a que los pacientes tengan que someterse a realizar gastos por su cuenta que, en muchos casos, compromete hasta el 90% de sus ingresos para poder cubrir sus tratamientos. Pero la situación no queda allí, pues estos resultados se dan en medio de una crisis que está incrementando las quejas que la Superintendencia de Salud está recibiendo. Solo para este año, se calcula que la SuperSalud recibirá más de 2 millones de quejas asociadas a problemas en el servicio, es decir, un 25% más de lo recibido durante 2024. De estas quejas, al menos el 28% corresponden a reportes de retrasos en entrega de medicamentos, siendo esto el principal motivo de queja en el país. Así lo dijo desde Barranquilla la defensora del Pueblo Iris Marín."Tan solo en el 2025, el 33,85% de las tutelas interpuestas corresponde al mismo derecho: es el segundo más invocado en el país, y el 36,82% de las tutelas en salud, del mismo año, están relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos", explicó. Como si fuera parte de un efecto cascada, esta crisis escaló con un incremento en la presentación de tutelas por parte de pacientes afectados. Mientras que en 2022 fueron presentadas 156.000 tutelas por asuntos relacionados con el servicio de salud, este año se proyecta que se alcancen las 314 mil, es decir, casi el doble de lo que se tuvo a inicios del gobierno de Gustavo Petro.La defensora concluyó la presentación de este informe llamado "Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados", reconociendo la grave crisis que afecta al sector y pidió que el gobierno y las EPS trabajen de la mano de la industria farmacéutica, para lo que se considera que se requiere hacer una reforma a la salud que esté basada en el beneficio del usuario. "Debemos superar la problemática actual a través de un diálogo constructivo que deje de un lado los comentarios negativos que dejan más rupturas en el sistema", indicó.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló recientemente la designación de Edwin Palma Egea como agente interventor de Air-e, siendo que su llegada al cargo se dio en octubre de 2024, ante el encargo que le entregó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El fallo se dio tras la demanda que presentó Sara Yesenia Molano Piñán, en el que se concluyó que Palma Egea no cumplía con el total de los requisitos solicitados a partir de la normatividad vigente, siendo que no se habría verificado que tuviera el total de requisitos mínimos de experiencia. Entre otros elementos, Palma no tendría experiencia en el sector de servicios públicos, tampoco en el área de energía y gas, por lo que su hoja de vida estaba más vinculada al trabajo sindical y a la defensa de los derechos de los trabajadores. Le puede interesar: Tribunal de Antioquia tumba resoluciones de MinMinas que buscaron blindar a Air-eAunque Palma renunció el pasado 4 de marzo al cargo, este fallo tiene alcance para la Superintendencia de Servicio Públicos, a la que le marcan el lineamiento de las facultades que tiene y de cómo debe ejercerlas, en un marco de legalidad, especialmente para nominar personas en cargos.Lo anterior, teniendo en cuenta que deben verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos establecidos por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Santa Marta está lista para recibir a las delegaciones internacionales que participarán en la Cumbre CELAC-UE 2025, con un operativo de seguridad total que incluye vigilancia aérea, marítima y terrestre.El plan, coordinado desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), reúne a más de 35 entidades nacionales y locales y contempla controles de acceso, patrullajes, refuerzos policiales y monitoreo con cámaras de alta resolución en puntos estratégicos de la ciudad.El vocero del Distrito, Camilo George, explicó que este despliegue busca garantizar una operación segura y fluida durante el evento. “Santa Marta está blindada por cielo, mar y tierra. Se trata de un plan integral en el que participan todas las instituciones del Estado para que la ciudad cumpla con los estándares internacionales de seguridad que exige una cumbre de esta magnitud”.Según las autoridades, más de 1.000 policías de refuerzo, junto con unidades del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, estarán desplegados en las zonas hoteleras, vías de acceso y alrededores del aeropuerto Simón Bolívar, donde llegarán los jefes de Estado y representantes diplomáticos.El PMU, ubicado en el centro de la ciudad, será el cerebro del operativo, desde donde se realizará seguimiento minuto a minuto de los desplazamientos de las delegaciones, el tráfico, la atención médica y la gestión de emergencias.Además, la Policía Metropolitana anunció que se instalarán anillos de seguridad en los hoteles sede, el Teatro Santa Marta, el Centro Histórico y los principales corredores turísticos.Aunque se prevén algunas lluvias aisladas, el IDEAM confirmó que las condiciones climáticas serán favorables para el desarrollo de la Cumbre, que se perfila como uno de los eventos diplomáticos más importantes de los últimos años en la capital del Magdalena.El operativo de seguridad, junto con la modernización del aeropuerto y la preparación logística, busca proyectar a Santa Marta como una ciudad confiable, segura y con capacidad para albergar eventos internacionales de alto nivel.
Santa Marta se convirtió en la primera ciudad de Colombia en aplicar la Ley 2460 de 2025, conocida como la Ley de Salud Mental, que busca garantizar atención integral y acceso oportuno a servicios de bienestar emocional.El anuncio se dio durante el I Encuentro Territorial de Salud Mental con Enfoque de Género 500+, realizado en la capital del Magdalena, donde participaron instituciones académicas, expertos y representantes del Colegio Colombiano de Psicólogos.El encuentro sirvió para evaluar cómo las ciudades están adaptando sus políticas públicas a los nuevos lineamientos de la ley, que exige una red interinstitucional activa para atender problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas, los intentos de suicidio, el acoso escolar y la violencia intrafamiliar.De acuerdo con la Secretaría de Salud Distrital, más de 1.700 personas han recibido atención psicológica este año en los llamados “centros de escucha” y brigadas itinerantes que recorren barrios y colegios de la ciudad.Le puede interesar: Aumentan casos de salud mental en Santander; preocupa consumo de drogasEl secretario de Salud, Jorge Paulo Lastra, explicó que la meta es consolidar una red preventiva y comunitaria en “la salud mental, este no puede seguir siendo un tema invisible. En Santa Marta estamos acompañando a las personas antes de que la crisis estalle, con apoyo emocional, orientación y atención en campo”.Durante el encuentro, Carlos Enrique Garavito, del Colegio Colombiano de Psicólogos y uno de los formuladores de la ley, destacó que el caso de Santa Marta “muestra que sí es posible aplicar la norma de manera real, con recursos y voluntad política”.El balance incluye 100 brigadas de salud mental, 51 capacitaciones en primeros auxilios psicológicos y un trabajo articulado entre las Secretarías de Salud y de la Mujer, que han enfocado sus acciones en mujeres, jóvenes y comunidades vulnerables.Con este avance, Santa Marta se consolida como un referente nacional en salud mental pública, un tema que hoy preocupa a buena parte del país ante el aumento de suicidios, trastornos emocionales y la falta de atención oportuna.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.
La controversia sigue rodeando la rectoría de la Universidad del Atlántico debido a las respuestas que pide la Procuraduría General de la Nación por haber sido nombrado en el cargo un docente que tenía una medida de suspensión. Al respecto, el gobernador Eduardo Verano indicó que debe ser el Ministerio de Educación el que dé respuestas por este tema, al ser quienes lo promovieron en el cargo.Se trata de Rafael Castillo Pacheco, quien es docente de tiempo completo y en el pasado fue rector durante seis meses. Precisamente por ese encargo fue investigado disciplinariamente por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente. En consecuencia, en marzo de este año ordenaron una suspensión durante cuatro meses de su cargo y de cualquier puesto en el sector público, sin embargo, a la fecha, esto no habría sido cumplido. Incluso, Blu Radio conoció que fue presentada por la Procuraduría una queja disciplinaria contra el exrector Danilo Hernández y el Ministerio de Educación por no hacer cumplir la medida y generar una impunidad institucional. Aunque ahora mismo se solicitan las razones que han impedido la ejecución de esa sanción, impuesta puntualmente por una aparente extralimitación de sus funciones al autorizar la comisión de servicio remunerado de un docente hacia Argentina, dice el mandatario departamental que, mientras eso sucede, seguirá como rector encargado.“Ya la parte de si cumplío o no con algunos requerimientos de la Procuraduría es lo que él mismo tendrá que responder y establecer, pero fue escogido como interventor por parte del Ministerio de Educación. Seguramente se resolverán los asuntos que estén pendientes”, dijo a Blu Radio.De hecho, al margen de esa solicitud, Rafael Castillo fue posesionado desde muy temprano este viernes y con eso se dio luz verde para los grados de los cerca de 1.200 estudiantes que estaban a la deriva en el recibimiento de sus diplomas. No obstante, aún no ha sido publicada dicha acta, pues el proceso habría sido realizado por el Ministerio de Educación y no por el consejo superior de la institución. Esas ceremonias, manifiesta el gobernador Verano, iniciaron desde las 8:00 de la mañana en el Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río, y sus diplomas llevan la firma del nuevo rector encargado.“Tenemos ya la posesión de Rafael Castillo, está en la universidad y se van a estar firmando todos los diplomas que se tienen. Son cerca de 1.200 que serán entregados en varias ceremonias. Son citas de al menos 100 graduados, cerca de seis ceremonias hay agendadas para hoy”, agregó.Recordemos que Rafael Castillo llegó como designado por el Ministerio de Educación en reemplazo temporal (por un año inicialmente) de Leyton Barrios, a quien se le investiga por irregularidades en su escogencia.A pesar de que Rafael Castillo Pacheco se posesionó esta mañana como rector de la Universidad del Atlántico, hay incertidumbre jurídica frente a la validez de su firma en estos diplomas, pues desde la Procuraduría advierten que la sanción sí está vigente.
Solo entre el 16 y 17 de diciembre, posterior al campeonato de Junior en la Liga Colombiana, se registraron 18 casos de personas quemadas con pólvora en Barranquilla y el Atlántico, donde miles salieron a festejar la onceava estrella con pirotecnia, haciendo caso omiso a las prohibiciones e ignorando el alto riesgo que representa para la vida la manipulación de estos elementos.En el caso de Barranquilla fueron siete las personas afectadas con pólvora durante estos días de festejo, lo que representa un incremento de más del 500 % en comparación con las mismas fechas del año anterior. En total, a lo largo de diciembre ya van 30 quemados con pólvora en la ciudad, de los cuales 8 son menores de edad.En los municipios del Atlántico hubo otros 11 quemados entre el martes y miércoles, cuando se dio la celebración, lo que representa un incremento de más del 900% si se compara con los mismos días del año pasado. El total de lesionados en los municipios, a lo largo de la temporada, asciende a 35, de los cuales 9 son menores de edad.Así está el panorama de quemados con pólvora en AtlánticoLos municipios con más casos siguen siendo Soledad con 11 quemados, le sigue Santo Tomás con 5 y Sabanagrande con 4. En la lista continúan Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suan, con dos casos cada uno, y Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí, con un caso cada uno.
La Casa de la Selección busca estrenar estadio en 2027 y para ello ya fueron adjudicadas las obras de remodelación y ampliación del Metropolitano por parte de la Alcaldía de Barranquilla, siguiendo el cronograma establecido en el proceso de licitación.Los trabajos, que aumentarán la capacidad del estadio Metropolitano Roberto Meléndez a más 60.000 sillas y lo adecuarán con todas las especificaciones de un escenario internacional, fueron adjudicados por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char, a través de su cuenta en X, donde publicó un video que proyecta el moderno diseño que tendrá el ‘Metro’, con una fachada vanguardista lograda con iluminación y pantallas LED, un techo que cubrirá las tribunas, mientras que adentro se bajará el nivel de la cancha 1.8 metros y se eliminará la actual pista atlética para aumentar su capacidad, pasando de 45.994 sillas a 60.013. Esto, a su vez, permitirá un aforo para conciertos de 75.000 personas.El mandatario barranquillero le informó a la hinchada rojiblanca que, aunque las obras iniciarán de manera inmediata, el próximo 15 de enero el estadio abrirá sus puertas para el partido que jugarán Junior y Santa Fe por la Superliga, un “último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”.Los partidos de la Copa Libertadores podrían disputarse en Cartagena; sin embargo, se está a la espera de que se anuncie oficialmente una decisión, manifestó el alcalde Alejandro Char.La propuesta del consorcio Metro Estadio, con un puntaje de 99,5621086, superó en la licitación LP-017-2025 a las otros dos oferentes, que fueron Consorcio Nuevo Estadio Tricolor y Consorcio Desarrollo Deportivo.
La crisis en la Universidad del Atlántico parece no tener fin, pese al reciente nombramiento como rector encargado por un periodo de hasta un año, del economista Rafael Ángel Castillo Pacheco, quien llegó en reemplazo de Leyton Barrios, luego de que fuera apartado del cargo por presuntas irregularidades en su proceso de elección.La decisión del Ministerio de Educación de nombrar a Castillo para superar el periodo de inestabilidad académica y administrativa ya genera controversia, pues el profesional, quien en años anteriores ya había asumido el cargo de rector de manera temporal, tiene una sanción disciplinaria vigente que ordena su suspensión por 4 meses.Dicha sanción, según el registro de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación, fue ratificada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, mediante decisión adoptada el 21 de febrero de 2025, de la cual no se habría recibido notificación de su cumplimiento.Iván Cancino, abogado de Leyton Barrios, cuestionó el nombramiento e indicó que esta sanción está reportada ante el Ministerio de Educación y que podrían estar incurriendo en un delito con este nombramiento“Están designando a una persona que está inhabilitada al parecer hoy en día por la Procuraduría General de la Nación por hechos irregulares que cometió precisamente siendo rector de la universidad de la cual hoy se encarga. Eso es muy grave porque esa sanción en lo que conocemos aparece vigente y reportada al Ministerio de Educación. Es decir, que el funcionario que informa al señor ministro o que le da la información errada al Ministro de Educación, puede estarlo haciendo incurrir en una falta grave”, precisó el abogado. La medida de suspensión está relacionada con los mismo hechos que llevaron a que el 12 de septiembre de 2023, la Procuraduría lo inhabilitara por 10 años por extralimitarse en sus funciones.Cabe destacar que la inhabilidad fue revocada, sin embargo la medida de suspensión sigue vigente y no ha sido notificada ante el Ministerio Público su aplicación.La sanción disciplinaria tiene su origen cuando en siendo rector encargado de la Universidad el Atlántico, otorgó al docente de la facultad de ciencias económicas, Wendell Graham Archibold Barrios, una comisión de servicio remunerada para viajar a Argentina y asistir a las clases del Doctorado en Contabilidad en la Universidad Nacional de Rosario.
A cinco días de conocerse la decisión del Ministerio de Educación de suspender durante un año a Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico, finalmente pudo ser notificada la decisión al docente, quien no podrá seguir fungiendo en la institución, por lo menos mientras rige la medida o se da un reversazo a esto. En su lugar será nombrado Rafael Castillo Pacheco, quien, en años anteriores, también ha asumido el cargo de manera temporal. Para el caso, indica el Ministerio de Educación a través de la resolución 024488 del 17 de diciembre que Castillo tiene la misión de implementar las medidas que correspondan para superar en el menor tiempo posible los hallazgos que dieron lugar a esta decisión. Inicialmente, Castillo deberá concertar con los estudiantes el retorno a clases, siendo que desde hace siete semanas está vigente un paro de actividades que ha impedido terminar clases del segundo semestre de 2025. Le puede interesar: Radican tutela para inhabilitar suspensión de Leyton Barrios como rector de UniatlánticoPara esto, concertó para este jueves un encuentro con los líderes del paro y también con docentes para concertar una reorganización del calendario académico. Sobre Castillo Pacheco se conoce que en 2023 fue sancionado por la Procuraduría por extralimitarse en sus funciones al aprobar recursos para el viaje de un docente a Argentina. Dicha situacion le costó una sanción por inhabilidad por 10 años.