Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
En la localidad de Engativá, específicamente en el barrio La Española, se registró un caso en el que dos hombres solicitaron un carro a través de una plataforma digital. Al montarse al vehículo, amenazaron al conductor con navajas, lo robaron y se llevaron el carro.El dueño del vehículo alertó a la Policía, cuyos uniformados iniciaron la búsqueda de los presuntos ladrones. En medio de la huida, el vehículo se apagó y, en ese momento, la Policía logró capturarlos.La teniente coronel Paula Güiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, aseguró que los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.“Cuadras más adelante, mediante la oportuna reacción de nuestros uniformados, lograron detener el vehículo y capturar a estas dos personas por el delito de hurto. Cabe resaltar que una de ellas tiene anotaciones por el mismo delito”, indicó la teniente.Es importante recordar que, en lo corrido del año 2025, en esta localidad se ha logrado la captura de más de 1.787 personas por diferentes delitos y la recuperación de 67 vehículos.
En desarrollo de las operaciones contra los grupos armados ilegales que operan en el Pacífico colombiano, la Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, incautó material de guerra, recuperó a dos menores de edad y capturó a un hombre señalado de pertenecer al GAOR Jaime Martínez, en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.La acción fue realizada por tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 y uniformados de la Policía Nacional, quienes llevaron a cabo un allanamiento en el sector conocido como La Esperanza. En el lugar fue capturado un sujeto, se recuperaron dos menores y se incautaron dos fusiles, dos pistolas, cuatro artefactos explosivos improvisados, detonadores eléctricos, proveedores, 275 cartuchos de diferentes calibres, prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación.Según las autoridades, este material presuntamente iba a ser utilizado para realizar ataques contra la fuerza pública y la población civil, poniendo en riesgo la seguridad y tranquilidad de las comunidades de la región."De acuerdo con las investigaciones preliminares, el capturado, conocido como alias 'Danilo Gutiérrez', estaría involucrado en actividades como el uso de menores de edad para acciones criminales, la adecuación de drones, la instalación de explosivos, el cobro de extorsiones y labores de inteligencia ilegal en esta zona del Pacífico" dijo la Armada.El capturado, los menores recuperados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y garantizar la protección y restitución de los derechos de los menores.
La noche del sábado 20 de diciembre y la madrugada del domingo 21 se registraron cuatro homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga, tres de ellos en menos de 40 minutos, según información de la Policía Nacional y reportes de familiares y testigos.El primero fue sobre 20:50 de la noche en el Barrio Altos de Villabel, Bucaramanga donde Jorge Armando Morales Sandoval, de 41 años, fue atacado por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta mientras estaba en vía pública.Morales Sandoval fue herido con un cuchillo, presentando dos heridas graves una en el tórax anterior derecho y otra en la región axilar derecha, ambas de 10 cm. La víctima fue trasladada a la Clínica Foscal de Cañaveral, donde falleció minutos después. La Policía señala que el móvil del crimen fue una riña e intolerancia social.A las 21:35 en el Barrio Altos de Bellavista, Floridablanca Cristian Andrés Vásquez Zafra, de 32 años, salió de su apartamento tras recibir una llamada para encontrarse con un amigo. Al retirar el candado de su moto, fue interceptado por dos hombres en motocicleta. El pasajero descendió armado y disparó varias veces contra la víctima, quien falleció en el lugar. Los agresores huyeron con rumbo desconocido. Este caso está relacionado con sicariato y posible ajuste de cuentas.El tercer hecho fue a las 22:20 – Barrio Las Delicias, Piedecuesta donde Edinson Ordóñez Villamizar, alias 'Mechas', fue atacado frente a un establecimiento de billares mientras departía con bebidas alcohólicas. Dos sujetos en motocicleta llegaron al lugar, y el pasajero disparó cinco veces contra la víctima, que fue trasladada por la comunidad a la Clínica de Piedecuesta, donde falleció por la gravedad de las heridas.La Policía señala que los móviles podrían ser sicariato y ajuste de cuentas entre bandas locales pues desde hace meses se están disputando el territorio de los barriosEl cuarto hecho ocurrió a las 03:57 de la mañana dle domingio en la vía Bucaramanga-Girón, kilómetro 3, frente al barrio Los Guacamayos.Juan Pablo Villamizar, de 20 años, murió tras ser agredido con un cuchillo durante una discusión por un accidente de tránsito. La víctima recibió una herida con cuchillo y falleció en el lugar, en medio de un hecho de intolerancia. La policía fue alertada oportunamente y lodró la captura de uno de los agresores en flagrancia. Este caso se clasifica como riña e intolerancia social.Las autoridades locales reiteran su llamado a la ciudadanía para mantener la calma y colaborar con información que ayude a esclarecer estos hechos y capturar a los demás responsables de los crímenes.
Aún siguen las secuelas para los 20 sobrevivientes del trágico accidente en el Nordeste antioqueño, que hace una semana cobró la vida de 16 jóvenes que se habían acabado de graduar de bachilleres en el Liceo Antioqueño de Bello, además del conductor del vehículo que cayó a un abismo de más de 40 metros en la vía entre Segovia y Remedios.La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, le confirmó a Blu Radio que ya 14 de ellos fueron dados de alta, tras recibir atención médica en hospitales de Remedios, Yolombó y Medellín, mientras que los restantes han tenido una recuperación más lenta."Ya tenemos catorce de alta en sus casas, y solo tenemos seis en hospitales de alto nivel y mediano nivel, como son San Vicente de Paul, Clínica Las Américas, Hospital General, Clínica del Norte y Yolombó, solo seis. Están estables, se están recuperando, es una recuperación más lenta", afirmó la funcionaria.En las últimas horas, con apoyo de maquinaria especializada, fueron retirados de la zona del siniestro los restos del vehículo de servicios especiales que transportaba a los bachilleres desde Tolú a Medellín en medio de la excursión de la que participaban para celebrar sus grados.Es posible que algunos elementos extraídos del abismo sean examinados por parte de las entidades competentes en medio de las investigaciones que avanzan para esclarecer las circunstancias del accidente.El pasado miércoles familiares, amigos, y autoridades le dieron el último adiós a las víctimas fatales, con una eucaristía convocada por parte de la administración municipal y el Liceo Antioqueño con toda la comunidad educativa, la cual se llevó a cabo en el coliseo de la Unidad Deportiva Tulio Ospina.
Endeudarse en Colombia se ha vuelto una situación común para miles de ciudadanos. Los altos intereses, la inestabilidad laboral y los gastos asociados a vivienda, educación o consumo llevan a que muchas personas no logren cumplir con sus cuotas a tiempo. Sin embargo, cuando las obligaciones se incumplen de manera reiterada, las consecuencias pueden ser más severas de lo que muchos imaginan.La ley colombiana contempla mecanismos para que los acreedores recuperen su dinero, incluso mediante medidas que afectan directamente el salario del deudor. Este escenario genera preocupación entre quienes atraviesan dificultades financieras y temen ver reducidos sus ingresos mensuales.Embargo de salario en Colombia: cuándo la ley permite quitar hasta el 50 %Uno de los puntos que más inquieta a los deudores es la posibilidad de que les embarguen hasta la mitad del sueldo. Para muchos, no poder pagar una cuota ya es complicado, pero perder el 50 % del ingreso puede agravar aún más la situación. Esta práctica es legal, aunque solo aplica en circunstancias específicas.El Código Sustantivo del Trabajo establece que el salario mínimo legal, en principio, es inembargable. No obstante, existen dos excepciones claras:Obligaciones por pensión alimentaria.Deudas adquiridas con cooperativas legalmente constituidas.En estos casos, el embargo puede alcanzar hasta el 50 % de los ingresos del trabajador. La norma no solo contempla el salario base, sino también otros conceptos que se devengan mensualmente, como horas extras, recargos nocturnos, dominicales y comisiones. Para muchos hogares, esta medida representa un impacto directo en su estabilidad económica.Tipos de embargo que pueden enfrentar los deudores en ColombiaEl Código General del Proceso es la norma que regula los embargos en el país y define los escenarios en los que se pueden aplicar. De manera general, existen tres tipos principales de embargo:Embargo preventivo: busca evitar que el deudor venda o transfiera sus bienes mientras avanza el proceso judicial.Embargo ejecutivo: se decreta cuando ya existe una sentencia definitiva y la deuda no ha sido pagada.Embargo por alimentos: se aplica para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias, como la manutención de hijos.En otros casos, como las deudas con la DIAN, la Contraloría u otras entidades de cobro estatal, la ley permite embargar la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal vigente.¿Qué bienes no le pueden embargar a una persona endeudada?No todo está perdido para quien enfrenta un proceso de embargo. La legislación colombiana también protege ciertos bienes considerados esenciales para garantizar una vida digna. Entre ellos se encuentran el salario mínimo legal, el auxilio de cesantías, las indemnizaciones por accidente de trabajo y los bienes de uso personal, como ropa, muebles básicos y utensilios de cocina.Asimismo, son inembargables los bienes de familia, los derechos de uso y habitación y otros elementos expresamente protegidos por la ley. Ante cualquier proceso, los expertos recomiendan buscar asesoría legal y explorar acuerdos de pago, ya que negociar a tiempo puede evitar que la situación termine afectando de manera directa el ingreso mensual.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Preocupados están muchos padres de familia del colegio la Normal La Hacienda de Barranquilla, luego de que se conociera que un niño de 9 años que está en cuarto de primaria fue atacado por un estudiante de bachillerato que cursa noveno grado.El lamentable caso ocurrió cuando el niño llamó la atención a tres adolescentes por encontrarse en uno de los baños de los estudiantes de primaria. La situación desencadenó la furia de uno de los menores, quién, según la denuncia de un padre de familia, tiró al pequeño al suelo y empezó a darle patadas por todo el cuerpo e, incluso, a intentar asfixiarlo.“¿Qué le hizo? Lo tiró al piso, lo levantó a patada, le tapó la boca, le tapó la nariz, lo cogió por el cuello, lo estaba asfixiando, le cortó un dedo. Eso no tiene nombre la agresión que sufrió el chico. Estamos hablando de un chico aproximadamente de 14 a 15 años contra un niño de nueve 9 años”, detalló el padre de un estudiante.Fue otro alumno de primaria que iba entrando al baño, quien se percató del brutal ataque y corrió a dar aviso a los docentes, sin embargo, al llegar donde el niño, los agresores ya se habían ido.Inmaculada Solano, rectora del colegio, asegura que el caso ya está siendo investigado para identificar quiénes son los atacantes. Mientras tanto, los padres de familia siguen pidiendo medidas para prevenir que casos como este se repitan.
Al menos 100 habitantes del barrio Las Flores bloquearon este viernes en la mañana la vía 40 con calle 106, generando un trancón de varios kilómetros por más de dos horas. Según líderes sociales del sector, el motivo de la protesta se generó debido al cierre que el Distrito les anunció de ese tramo vial de la ciudad este domingo desde las 2:00 de la madrugada por la carrera del Giro de Rigo.Omar Angulo, líder social de Las Flores que se dedica al reciclaje, señaló que gran parte de la molestia de las personas del barrio se debe a que el Distrito tomó la decisión de cerrar la vía 40 desde la calle 72 sin socializar con ellos ni tener en cuenta las afectaciones que pueden tener familiar y comercialmente.“No compartimos que una competencia como el Giro de Rigoberto Urán tenga que afectar el comercio, la convivencia y la movilidad de una comunidad como la nuestra, que es una ‘isla’ en la ciudad. Nosotros tenemos dos entradas al barrio, la Circunvalar y la Vía 40, si nos cierran esas dos nos quedamos encerrados, y aquí hay un comercio, hay una actividad turística, y la gente de a pie que sale a rebuscarse, a realizarse tratamientos médicos como diálisis. Todo evento grande como este necesita un plan de contingencia para estas cosas y aquí no se realizó”, expresó Angulo.Según el líder social, el bloqueo se levantó gracias a que el Distrito les prometió que este domingo destinaría ambulancias y buses para transportar a los habitantes o actuar frente a alguna emergencia. Asimismo, el cierre previsto de la vía 40 en ambos sentidos iría hasta las 10:00 de la mañana para permitir de manera gradual la llegada de los comensales que se acercan a los restaurantes o los turistas que se dirigen a la playa de Puerto Mocho.Angulo destacó que, como comunidad, no están en desacuerdo en eventos deportivos o culturales como el Giro de Rigo, que le generan grandes ganancias a Barranquilla, solo que piden a las autoridades prever planes de contingencia que no afecten el día a día de los ciudadanos.Hay que recordar que el Giro de Rigo, donde participarán más de 8.000 competidores, comenzará en el Gran Malecón de Barranquilla, seguirá por Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí y Baranoa, y combinará tramos costeros, zonas rurales y destinos artesanales.
En labores investigativas y de inteligencia coordinadas con la Fiscalía, la Policía realizó nueve diligencias de allanamiento que permitieron capturar a siete personas, cinco de ellas en flagrancia y dos por orden judicial. Presuntamente, todas se dedicaban a robar motocicletas en el municipio de Soledad. Las diligencias se llevaron a cabo en los barrios Prado Soledad, Normandía, Villa del Carmen II y Soledad 2000, del municipio de Soledad.Como lo explicó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, los capturados serían responsables de más de 25 casos de robos de vehículos. Agregó el oficial que en su modus operandi intimidaban a sus víctimas con armas de fuego y, posteriormente, alteraban los sistemas de encendido de los vehículos utilizando herramientas conocidas como plumillas.Los capturados fueron procesados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Asimismo, se conoció que suman nueve anotaciones judiciales.Durante los procedimientos fueron incautados un motocarro, cinco motocicletas hurtadas y cuatro más con inconsistencias en sus sistemas de identificación.El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla resaltó que “estos resultados son producto del trabajo articulado entre las unidades de investigación judicial, inteligencia y la Fiscalía General de la Nación, orientado a desmantelar estructuras dedicadas al hurto de automotores”.
En cinco ciudades del Caribe hay restricciones de la movilidad desde este viernes para evitar la realización de las llamadas rodadas de Halloween que, según las autoridades, ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía. En Barranquilla, la alcaldía les puso su freno y prohibió de tajo estas rodadas de motocicletas durante este día de Halloween, al considerar que pueden representar un peligro. La prohibición de recorridos masivos o concentraciones de motocicletas, cuatrimotos y vehículos similares va desde las 6:00 de la mañana de este viernes hasta el sábado a la misma hora.Las autoridades advierten que reforzarán los controles para evitar este tipo de eventos, que pueden provocar situaciones de inseguridad, ruidos excesivos y afectaciones a la movilidad.“Estas medidas buscan cuidar las vidas en las vías, evitar accidentes y alteraciones del orden público. Desde el distrito queremos proteger a los ciudadanos, especialmente a los niños durante las celebraciones de Halloween. Las excepciones son fuerzas militares, policía, bomberos, personal médico y servicios públicos esenciales”, indicó Yaciris Cantillo Romero, secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.En esto coincide hasta la misma Asociación de Motos de Barranquilla, en cabeza de Mario Martínez, quién afirmó que “estamos totalmente de acuerdo con esa medida porque ya tenemos en otras ocasiones malas experiencias. Muchas de estas personas ingieren alcohol y esta y salen así a hacer esas rodadas, a alta velocidad, muchos no usan casco y sí, es es necesario eh precisamente en esa fecha no permitir ese tipo de actividad”.Importante destacar que este 31 de octubre también estará restringida la circulación de motocicletas y vehículos similares en el corredor vial del Malecón del Río, en el tramo comprendido entre la calle 79 y el sector de la Ventana de Campeones o Puente Batiente, desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.Además, 1.524 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Barranquilla estarán velando por la seguridad en Fantasiquilla, Halloween, el Giro de Rigo y el Día de los Fieles Difuntos, así como celebraciones alternas.En Cartagena este 31 de octubre fueron prohibidas las caravanas de motociclistas, y el alcalde Dumek Turbay ofreció una recompensa hasta de 30 millones de pesos por información sobre los organizadores de estas convocatorias. Tras decretar estas medidas, el alcalde llegó a un acuerdo con los líderes de los clubes de motocicletas para no llevar a cabo estas caravanas; sin embargo, se desplegarán Puestos de Mando Unificados en toda la ciudad para supervisar el cumplimiento.En Montería, la Alcaldía prohibió la realización de caravanas, rodadas, desfiles o concentraciones masivas de motocicletas, automóviles o motocarros en toda la ciudad, desde ayer a las 12:00 del mediodía, hasta las 11:59 de la noche del 2 de noviembre. De igual forma, el decreto restringe la circulación de motocicletas con parrillero entre las 10:00 de la noche del 31 de octubre y las 4:00 de la mañana del 1 de noviembre.En Valledupar, se restringirá la circulación de motocicletas, sin importar el cilindraje del vehículo, en todo el perímetro urbano, desde las 7:00 de la noche de este viernes, hasta las 5:00 de la mañana del sábado primero de noviembre.Santa Marta ha prohibido la circulación de motocicletas durante las noches del 30 de octubre y 31 de octubre para evitar las caravanas que generan desorden y hurtoEn Sincelejo no habrá restricciones.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.
La controversia sigue rodeando la rectoría de la Universidad del Atlántico debido a las respuestas que pide la Procuraduría General de la Nación por haber sido nombrado en el cargo un docente que tenía una medida de suspensión. Al respecto, el gobernador Eduardo Verano indicó que debe ser el Ministerio de Educación el que dé respuestas por este tema, al ser quienes lo promovieron en el cargo.Se trata de Rafael Castillo Pacheco, quien es docente de tiempo completo y en el pasado fue rector durante seis meses. Precisamente por ese encargo fue investigado disciplinariamente por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente. En consecuencia, en marzo de este año ordenaron una suspensión durante cuatro meses de su cargo y de cualquier puesto en el sector público, sin embargo, a la fecha, esto no habría sido cumplido. Incluso, Blu Radio conoció que fue presentada por la Procuraduría una queja disciplinaria contra el exrector Danilo Hernández y el Ministerio de Educación por no hacer cumplir la medida y generar una impunidad institucional. Aunque ahora mismo se solicitan las razones que han impedido la ejecución de esa sanción, impuesta puntualmente por una aparente extralimitación de sus funciones al autorizar la comisión de servicio remunerado de un docente hacia Argentina, dice el mandatario departamental que, mientras eso sucede, seguirá como rector encargado.“Ya la parte de si cumplío o no con algunos requerimientos de la Procuraduría es lo que él mismo tendrá que responder y establecer, pero fue escogido como interventor por parte del Ministerio de Educación. Seguramente se resolverán los asuntos que estén pendientes”, dijo a Blu Radio.De hecho, al margen de esa solicitud, Rafael Castillo fue posesionado desde muy temprano este viernes y con eso se dio luz verde para los grados de los cerca de 1.200 estudiantes que estaban a la deriva en el recibimiento de sus diplomas. No obstante, aún no ha sido publicada dicha acta, pues el proceso habría sido realizado por el Ministerio de Educación y no por el consejo superior de la institución. Esas ceremonias, manifiesta el gobernador Verano, iniciaron desde las 8:00 de la mañana en el Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río, y sus diplomas llevan la firma del nuevo rector encargado.“Tenemos ya la posesión de Rafael Castillo, está en la universidad y se van a estar firmando todos los diplomas que se tienen. Son cerca de 1.200 que serán entregados en varias ceremonias. Son citas de al menos 100 graduados, cerca de seis ceremonias hay agendadas para hoy”, agregó.Recordemos que Rafael Castillo llegó como designado por el Ministerio de Educación en reemplazo temporal (por un año inicialmente) de Leyton Barrios, a quien se le investiga por irregularidades en su escogencia.A pesar de que Rafael Castillo Pacheco se posesionó esta mañana como rector de la Universidad del Atlántico, hay incertidumbre jurídica frente a la validez de su firma en estos diplomas, pues desde la Procuraduría advierten que la sanción sí está vigente.
Solo entre el 16 y 17 de diciembre, posterior al campeonato de Junior en la Liga Colombiana, se registraron 18 casos de personas quemadas con pólvora en Barranquilla y el Atlántico, donde miles salieron a festejar la onceava estrella con pirotecnia, haciendo caso omiso a las prohibiciones e ignorando el alto riesgo que representa para la vida la manipulación de estos elementos.En el caso de Barranquilla fueron siete las personas afectadas con pólvora durante estos días de festejo, lo que representa un incremento de más del 500 % en comparación con las mismas fechas del año anterior. En total, a lo largo de diciembre ya van 30 quemados con pólvora en la ciudad, de los cuales 8 son menores de edad.En los municipios del Atlántico hubo otros 11 quemados entre el martes y miércoles, cuando se dio la celebración, lo que representa un incremento de más del 900% si se compara con los mismos días del año pasado. El total de lesionados en los municipios, a lo largo de la temporada, asciende a 35, de los cuales 9 son menores de edad.Así está el panorama de quemados con pólvora en AtlánticoLos municipios con más casos siguen siendo Soledad con 11 quemados, le sigue Santo Tomás con 5 y Sabanagrande con 4. En la lista continúan Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suan, con dos casos cada uno, y Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí, con un caso cada uno.
La Casa de la Selección busca estrenar estadio en 2027 y para ello ya fueron adjudicadas las obras de remodelación y ampliación del Metropolitano por parte de la Alcaldía de Barranquilla, siguiendo el cronograma establecido en el proceso de licitación.Los trabajos, que aumentarán la capacidad del estadio Metropolitano Roberto Meléndez a más 60.000 sillas y lo adecuarán con todas las especificaciones de un escenario internacional, fueron adjudicados por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char, a través de su cuenta en X, donde publicó un video que proyecta el moderno diseño que tendrá el ‘Metro’, con una fachada vanguardista lograda con iluminación y pantallas LED, un techo que cubrirá las tribunas, mientras que adentro se bajará el nivel de la cancha 1.8 metros y se eliminará la actual pista atlética para aumentar su capacidad, pasando de 45.994 sillas a 60.013. Esto, a su vez, permitirá un aforo para conciertos de 75.000 personas.El mandatario barranquillero le informó a la hinchada rojiblanca que, aunque las obras iniciarán de manera inmediata, el próximo 15 de enero el estadio abrirá sus puertas para el partido que jugarán Junior y Santa Fe por la Superliga, un “último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”.Los partidos de la Copa Libertadores podrían disputarse en Cartagena; sin embargo, se está a la espera de que se anuncie oficialmente una decisión, manifestó el alcalde Alejandro Char.La propuesta del consorcio Metro Estadio, con un puntaje de 99,5621086, superó en la licitación LP-017-2025 a las otros dos oferentes, que fueron Consorcio Nuevo Estadio Tricolor y Consorcio Desarrollo Deportivo.
La crisis en la Universidad del Atlántico parece no tener fin, pese al reciente nombramiento como rector encargado por un periodo de hasta un año, del economista Rafael Ángel Castillo Pacheco, quien llegó en reemplazo de Leyton Barrios, luego de que fuera apartado del cargo por presuntas irregularidades en su proceso de elección.La decisión del Ministerio de Educación de nombrar a Castillo para superar el periodo de inestabilidad académica y administrativa ya genera controversia, pues el profesional, quien en años anteriores ya había asumido el cargo de rector de manera temporal, tiene una sanción disciplinaria vigente que ordena su suspensión por 4 meses.Dicha sanción, según el registro de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación, fue ratificada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, mediante decisión adoptada el 21 de febrero de 2025, de la cual no se habría recibido notificación de su cumplimiento.Iván Cancino, abogado de Leyton Barrios, cuestionó el nombramiento e indicó que esta sanción está reportada ante el Ministerio de Educación y que podrían estar incurriendo en un delito con este nombramiento“Están designando a una persona que está inhabilitada al parecer hoy en día por la Procuraduría General de la Nación por hechos irregulares que cometió precisamente siendo rector de la universidad de la cual hoy se encarga. Eso es muy grave porque esa sanción en lo que conocemos aparece vigente y reportada al Ministerio de Educación. Es decir, que el funcionario que informa al señor ministro o que le da la información errada al Ministro de Educación, puede estarlo haciendo incurrir en una falta grave”, precisó el abogado. La medida de suspensión está relacionada con los mismo hechos que llevaron a que el 12 de septiembre de 2023, la Procuraduría lo inhabilitara por 10 años por extralimitarse en sus funciones.Cabe destacar que la inhabilidad fue revocada, sin embargo la medida de suspensión sigue vigente y no ha sido notificada ante el Ministerio Público su aplicación.La sanción disciplinaria tiene su origen cuando en siendo rector encargado de la Universidad el Atlántico, otorgó al docente de la facultad de ciencias económicas, Wendell Graham Archibold Barrios, una comisión de servicio remunerada para viajar a Argentina y asistir a las clases del Doctorado en Contabilidad en la Universidad Nacional de Rosario.
A cinco días de conocerse la decisión del Ministerio de Educación de suspender durante un año a Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico, finalmente pudo ser notificada la decisión al docente, quien no podrá seguir fungiendo en la institución, por lo menos mientras rige la medida o se da un reversazo a esto. En su lugar será nombrado Rafael Castillo Pacheco, quien, en años anteriores, también ha asumido el cargo de manera temporal. Para el caso, indica el Ministerio de Educación a través de la resolución 024488 del 17 de diciembre que Castillo tiene la misión de implementar las medidas que correspondan para superar en el menor tiempo posible los hallazgos que dieron lugar a esta decisión. Inicialmente, Castillo deberá concertar con los estudiantes el retorno a clases, siendo que desde hace siete semanas está vigente un paro de actividades que ha impedido terminar clases del segundo semestre de 2025. Le puede interesar: Radican tutela para inhabilitar suspensión de Leyton Barrios como rector de UniatlánticoPara esto, concertó para este jueves un encuentro con los líderes del paro y también con docentes para concertar una reorganización del calendario académico. Sobre Castillo Pacheco se conoce que en 2023 fue sancionado por la Procuraduría por extralimitarse en sus funciones al aprobar recursos para el viaje de un docente a Argentina. Dicha situacion le costó una sanción por inhabilidad por 10 años.