La racha violenta que dejó cuatro personas asesinadas en 48 horas en el sur de Bolívar, sigue sumando víctimas.La Alcaldía del municipio de San Pablo confirmó el asesinato del líder comunitario Jairo Díaz Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona apartada en inmediaciones del corregimiento de Santo Domingo.Díaz Salazar, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la verdad El Jardín, habría sido sacado a la fuerza de su finca y retenido por hombres armados desde el pasado domingo 21 de diciembre.Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que detrás de este hecho, que causado conmoción en la comunidad, estaría la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que delinque en la zona.A través de un comunicado la Alcaldía de San Pablo, condenó el secuestro y posterior asesinato del líder comunal, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la comunidad.“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, amigos y comunidad de la víctima, y a todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social de nuestro municipio. Como institución, reiteramos que la violencia no tiene justificación alguna y que estos actos criminales vulneran los derechos fundamentales, generan miedo en la población y afectan gravemente los procesos comunitarios y de desarrollo local”, indicaron.Indepaz destacó que Díaz Salazar era un reconocido líder social y comunal, que además se desempeñó como presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de Asamisur, organización campesina vinculada a Fedeagromisbol, en el municipio de San Pablo.
"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Gracias a una cámara de seguridad quedó captado un momento aterrador que vivió un grupo de ciclistas de SC Padovani, cuando un carro disparó en contra de ellos sin razón alguna mientras se movilizaban en Val d’Adgide, Trentino-Alto Adigio en el norte de Italia, mientras realizaban su entrentamiento.El video lo dio a conocer el propio equipo, a través de su cuenta de Instagram, en donde muestran el momento exacto en que el vehículo reduce su velocidad y ataca sin medir palabras a este grupo de ciclistas que, por fortuna, terminó en un incidente sin heridos.De acuerdo con el presidente, afortunadamente este hecho no pasó a mayores ni tuvieron que lamentar una situación compleja, pero han puesto a disposición de las autoridades todo lo que saben con el objetivo de que se tome justica y se conozca la razón por la cual se efectuó este ataque sin motivo.“Por desgracia, ante la locura de ciertas personas, no podemos hacer nada. Sin embargo, es imprescindible promover una cultura de respeto para quienes entrenan y compiten en las vías públicas”, dijo, según dio a conocer El Comercio.Lo curioso y lo que ha llamado la atención de las autoridades es que no es la primera vez que los atacan en carretera, pues sucedió algo parecido en septiembre cuando uno de los corredores fue atropellado durante un entrenamiento y han encendido alarmas de cuáles serían los motivos detrás de estos ataques.Este ha sido uno de los clubes más emblemáticos de Italia desde su fundación en 1909 en donde han creado una importante sociedad en torno al ciclismo, siendo referente y formador de diversos atletas con el paso de las décadas.Por ahora, las autoridades se mantienen al frente del caso para conocer más detalles detrás de esta situación y el porqué de estos reciente hechos en contra de sus deportistas.
A lo largo de su historia, Millonarios ha tenido todo tipo de futbolistas que han dejado momentos inolvidables en el equipo y algunos muy queridos. Pero salen y suelen perderse en el radar, incluso, algunos se alejan del fútbol y emprenden por otros lados.Sin embargo, este no ha sido el caso de Osman López, conocido como ‘El Fosforito’, quien desde su retiro se ha dedicado a aprender todo lo esencial de la dirección técnica, según dio a conocer durante una charla con Gol Caracol, en donde expresó su deseo de volverse en todo un profesional en este campo."Mi club se llama TAG y nos dieron la responsabilidad de tomar las categorías de 2009 hasta 2007. Junto a esto, también está el equipo semiprofesional, con el que participamos en la UPSL, United Premier Soccer League. Nosotros participamos en el sector de North Texas, en la cual salimos campeones, ganando nueve partidos y perdiendo uno”, contó, pues cerrando este 2025 logró su primer título como entrenador.Aseguró que podrá disputar la USA Cup gracias a este triunfo, lo que equivale a la copa nacional de Estados Unidos, con la ilusión de enfrentar a los mejores equipos de la MLS, entre esos, el Inter Miami de Lionel Messi.“Terminé mi maestría en entrenamiento deportivo y cuento con la licencia de aquí en Estados Unidos. Estamos en un curso extraordinario, en la práctica. Esto se pudo gracias al trabajo de los jugadores de mi actual club y de asistentes como Jair Martínez y Memo Marín, quienes también son colombianos. Estamos haciendo patria, a través del fútbol. Indiscutiblemente, esto simplemente es el inicio de muchas cosas”, puntualizó.Su objetivo es convertirse en un gran profesional, esperando sumar a futuro en su carrera hasta el punto de poder ser un referente para Colombia en el exterior y no descarta algún día dirigir en el país.
El candidato predidencial Abelardo de la Espriella se refirió a la decisión de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia.De la Espriella felicitó a Valencia, sin embargo, también dijo que había buscado un acuerdo con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró.“Intenté la unión con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró; la democracia es así: libre e independiente, y cada quien puede hacer lo que considere apropiado, siempre que no afecte derechos de terceros”, aseguró el abogado De la Espriella.En el mismo sentido, De la Espriella no cerró la puerta a apoyar al candidato que gane la Gran Consulta por Colombia de ser necesario.“Reitero mi palabra: si quien salga ganador de la consulta llegase a superarme, seré el primero en cargarle el maletín para vencer a Cepeda o a cualquiera a quien Petro pretenda atornillar al poder. La Patria está por encima de cualquier interés personal. De igual manera, si el Pueblo decide acompañarme y ungirme para esa batalla, aquí, en Defensores de la Patria, las puertas estarán abiertas para todos los participantes de esa consulta y para el Doctor Fajardo, para que, juntos, derrotemos al eje del mal”, agregó De la Espriella.Es importante recordar que los candidatos de la Gran Consulta por Colombia aceptaron la participación de Paloma Valencia desde este domingo en la mañana, sin embargo, ella hizo consultas con su partido y en horas de la tarde de este lunes, 22 de diciembre, anunció oficialmente la decisión de unirse a esa coalición.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo lanzó fuertes críticas a la eventual declaratoria de una emergencia económica por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. En entrevista con Recap Blu, Restrepo puso en duda la constitucionalidad de un decreto que buscaría imponer impuestos para cubrir el déficit del Presupuesto General de la Nación, y advirtió que se estaría utilizando un instrumento excepcional con fines políticos.Según el exfuncionario, la emergencia económica solo puede decretarse cuando existe un hecho sobreviniente, excepcional y con una afectación significativa a la economía, condiciones que —a su juicio— no se cumplen en este caso. Restrepo explicó que el Gobierno pretende recaudar menos del 3 % del presupuesto nacional, un monto que no representa una amenaza grave para la estabilidad económica y que, además, era plenamente conocido desde el inicio de la planeación fiscal. "Estamos hablando de que el Gobierno pretende recaudar menos del 3 % del presupuesto, por lo tanto, no es una afectación significativa. Y, por el otro lado, no es un hecho sobreviniente y excepcional porque el propio Gobierno conocía y sabía que el presupuesto estaba desfinanciado en más de 45 billones”, afirmó."Crónica de una muerte anunciada"Para Restrepo, la situación actual no es inesperada, sino el resultado de una mala planeación. Recordó que inicialmente el propio Ejecutivo habló de una desfinanciación manejable, incluso reduciéndola durante el debate legislativo. En ese sentido, cuestionó que ahora se presente el panorama como una crisis de grandes proporciones, cuando —según dijo— el ajuste pudo hacerse mediante recortes de gasto, una herramienta ordinaria de cualquier Gobierno."Esta es una crónica de una muerte anunciada, porque el Gobierno primero presentó un presupuesto, según el Gobierno, desfinanciado en 1.6 billones. Ese no es una desfinanciación significativa. Cualquier Gobierno sabe que menos del 3 % del presupuesto nacional se puede recortar facilísimo", añadió.El exministro fue más allá al advertir que la declaratoria de emergencia podría convertirse en un “hecho político” de cara al calendario electoral, especialmente si la Corte Constitucional termina declarando la inexequibilidad del decreto. “Es muy peligroso que un Gobierno utilice la economía con un interés político”, alertó, al tiempo que insistió en que no se puede “manosear” un instrumento constitucional tan serio para corregir errores de gestión fiscal.Finalmente, Restrepo advirtió sobre los costos económicos que ya se están pagando por la incertidumbre generada. Señaló el aumento del riesgo país, la rebaja en la calificación de la deuda soberana por parte de las tres calificadoras internacionales y el encarecimiento del servicio de la deuda pública, cuyos intereses —dijo— hoy son 50 % más altos que en 2022. A su juicio, este escenario reduce el espacio para la inversión social y afecta la confianza de los inversionistas, por lo que llamó al Gobierno a construir consensos y cerrar su mandato con señales claras de prudencia fiscal y estabilidad macroeconómica.
La calificadora Fitch Ratings informó la rebaja de la calificación crediticia de seis grandes empresas colombianas, como consecuencia directa de la degradación hecha a Colombia el martes pasado.Una de las empresas afectadas fue Ecopetrol, cuya calificación bajó a BB, limitada por la alta participación del Gobierno (82 %) y por su papel estratégico en el suministro de combustibles y la refinación en Colombia.“Las calificaciones de la compañía están limitadas a la calificación soberana debido a la ausencia de una barrera legal que aísle sus flujos de caja, además del acceso y control significativos que el gobierno ejerce sobre la compañía. Esto se debe a la importancia estratégica de Ecopetrol como proveedor clave de combustibles líquidos en Colombia y propietario del 100% de la capacidad de refinación del país, además de los importantes ingresos generados por el gobierno”, indicó Fitch.En la misma línea, Fitch rebajó la nota de Ocensa, filial de Ecopetrol clave para el transporte de crudo del país, y la de su holding A.I. Candelaria, debido a su dependencia financiera y operativa de Ecopetrol.“Las calificaciones de Ocensa reflejan su vínculo con el perfil crediticio de Ecopetrol, el mayor productor de crudo de Colombia y su principal comprador. Las operaciones de Ocensa son fundamentales para el negocio principal de Ecopetrol debido a sus sinergias operativas pues depende en gran medida de la infraestructura de la filial para transportar crudo desde los campos de producción hasta las refinerías y terminales de exportación”, reseñó el informe de la calificadora.En el sector energético y de servicios públicos, Grupo Energía Bogotá, Transportadora de Gas Internacional y Enel Colombia también vieron reducidas sus calificaciones a BBB-, aunque mantuvieron perspectiva estable.Cabe recordar que el pasado 16 de diciembre, dicha firma también había rebajado la calificación crediticia de Colombia de BB+ a BB por cuenta de los elevados déficits fiscales del país y advirtió que hay 'desafíos' para la consolidación fiscal incluyendo problemas políticos para que se apruebe una reforma tributaria sin importar quién gane las elecciones en 2026.Esa fue la segunda rebaja de Fitch Ratings a Colombia desde la pandemia, la primera se dio en el marco del 'estallido social' cuando las calles se llenaron de manifestantes por cuenta de una propuesta de reforma tributaria del entonces ministro Alberto Carrasquilla. La decisión de este año se da luego del rechazo de la reforma tributaria en el Congreso de la República.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
En tragedia terminó la simulación de una pelea de boxeo que un grupo de amigos armó en una calle del norte de Barranquilla la noche del pasado, para recrear la velada que en ese momento protagonizaban varias influenciadores y cuyo espectáculo acaparó la atención de Colombia y Latinoamérica.Mientras los ojos estaban puestos en el fugaz combate que enfrentó a Andrea Valdiri con Yina Calderón en el Coliseo MedPlus de Bogotá, en el barrio Alto Prado de la capital del Atlántico los jóvenes se pusieron los guantes e intentaron ponerle más emoción a la noche, enfrentándose entre ellos mismos como solían hacerlo en el pasado.Sin embargo, el desenlace de aquella pelea callejera fue fatal: en medio del juego Melani Salomé Sánchez, de 18 años, le dio un certero golpe en el rostro a su contrincante Camilo Andrés Garzón Díaz, de 23, y lo dejó inconsciente sobre la vía.Al notar que Camilo Andrés no respondía y que el golpe había sido más fuerte de lo esperado, sus amigos lo auxiliaron y lo trasladaron a la Clínica de la Costa, donde minutos después los médicos confirmaron su fallecimiento, pasada la media noche del sábado.Melani fue capturada por el delito de homicidio culposo, teniendo en cuenta que se trató de una muerte accidental.Otros casosEn otros hechos judiciales que tuvieron lugar en el área metropolitana de Barranquilla este fin de semana se destaca el ataque a tiros contra una pareja que se movilizaba en un vehículo por el barrio Carrizal, donde la mujer murió y el hombre quedó herido.La víctima mortal aún no ha sido identificada, pero del hombre se ha establecido que se trata de Keyner Jesús Navarro Solano, de 29 años y quien registra tres anotaciones judiciales por porte ilegal de armas, ataque al servidor público y porte de estupefacientes. Los móviles son materia de investigación, pero por lo pronto se ha podido determinar que ocurrió en una zona de disputa entre las bandas delincuenciales de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.Este caso se suma al atentado en el que resultó herido un motocarrista en el municipio de Baranoa, donde delincuentes lo balearon dentro de su vehículo. La víctima, identificada como Ángel de Jesús Miranda Algarín, de 27 años, sufrió dos heridas en el pecho que lo mantienen bajo pronóstico reservado.
Bajo monitoreo del Idem está la onda tropical número 47, la cual ingresó en la tarde del domingo 19 de octubre al mar Caribe, sin tener aún una incidencia directa sobre el territorio colombiano. Sin embargo, tiene 50% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas, justo cuando alcance en su trayectoria cerca a las playas de La Guajira. De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Centro Nacional de Huracanes, la incidencia directa de este sistema a apenas unos kilómetros de las playas de la zona norte de La Guajira, mientras que pasaría sobre las islas de San Andrés. Esto generaría un incremento en el oleaje, pero además intensas lluvias que podrían causar daños. No obstante, por el momento se trata de una proyección, aunque tiene un 80% de probabilidad de consolidarse como ciclón en los próximos siete días. De convertirse en ciclón tropical, esta sería denominada AL98. A su vez, el Ideam proyecta que, aunque no se convierta en ciclón, puede interactuar con otros sistemas meteorológicos propios de la época, lo que generaría un incremento en el viento, oleaje y lluvias, especialmente para La Guajira, Magdalena, Atlántico, San Andrés y Bolívar. "De acuerdo con los reportes de DIMAR, se observan vientos cercanos a 55 km/h y una altura significativa de ola de hasta 3 metros al oriente del sistema. Se recomienda a la comunidad marítima y aeronáutica mantener precaución y seguir los comunicados oficiales por posibles incrementos en la velocidad del viento y en la altura del oleajes", indicó el Ideam a través de su cuenta de X. Por esta situación se mantiene la alerta para un estado de vigilancia, mientras que desde la Mesa Técnica del Ideam insisten en que por el momento prevalece la vigilancia, aunque hay alerta naranja actualmente, por tiempo lluvioso, para la zona occidental del mar Caribe, donde se encuentra San Andrés.
Alejandro Andrés Carranza Medina, conocido como ‘Coroncoro’, un ciudadano oriundo de Santa Marta, quien sería la persona que murió en la lancha bombardeada el pasado 15 de septiembre en aguas del Caribe, durante un ataque aéreo de las fuerzas militares de Estados Unidos. El hecho ha generado un inédito episodio de tensión diplomática entre Colombia y ese país.Carranza Medina, de 40 años, según su familia, se dedicaba a la pesca en la zona de Gaira. Esa versión ha sido respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien ha pedido explicaciones por la operación militar. Sin embargo, el expresidente estadounidense Donald Trump sostiene que se trataba de un delincuente vinculado al narcotráfico.Llama la atención que Carranza estuvo implicado en 2015 en el robo de 264 armas pertenecientes a la Policía en Santa Marta, las cuales fueron entregadas al grupo criminal Los Pachenca. En su momento, ‘Coroncoro’ aceptó los cargos y reconoció haber participado en el hurto.Le puede interesar: Hay restricción marítima en Urabá por ciclón tropical que amenaza al Caribe del paísPese a esos antecedentes, su familia insiste en que llevaba años dedicado a la pesca y que no tenía relación alguna con actividades ilegales. Lisbeth Pérez, su sobrina, contó que no saben nada de él desde el 14 de septiembre, cuando salió al mar, y que mantienen la esperanza de que todo esto sea un error y que él siga con vida, pese a que llevan más de un mes sin saber de él."Nosotros estamos esperando que se trate de un error. Que él esté bien. A nosotros nadie nos confirma nada", contó la mujer. Por su parte, Audenis Manjarrez, prima de Carranza, desmintió las versiones que lo vinculan al narcotráfico. Asegura que, si efectivamente es él quien aparece en los videos de la lancha atacada, solo estaba a la deriva en altamar porque uno de los motores había fallado.
En constante monitoreo por la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales, integrada por el Ideam, la Dimar, la Aerocivil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se encuentra la onda tropical que atraviesa el centro del océano Atlántico que, según el análisis realizado, presenta una probabilidad de un 30% de convertirse en un ciclón tropical en el mar Caribe en los próximos seis días.No obstante, resaltó el Ideam en un comunicado que los modelos de pronóstico y monitoreo meteorológico indican un incremento importante en las lluvias, vientos y oleaje a comienzos o mediados de esta semana, asociado al acercamiento del sistema hacia el área del Caribe colombiano.Al respecto, Angie Caldas, meteoróloga del Ideam, comentó sobre el estado del tiempo este domingo.“Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado y algunas precipitaciones de carácter moderado especialmente en horas de la tarde, persistente durante la noche. Se prevé que los mayores acumulados de precipitación se den en el sur del departamento de Bolívar, también hacia el sur del Magdalena y de manera generalizada en el Cesar”, informó la meteoróloga.Desde la Mesa Técnica fueron enfáticos en señalar que hasta el momento no se ha activado ningún nivel de alerta, pero en caso de darse lo comunicarán por sus canales oficiales.La mesa técnica tiene entre sus funciones mantener un seguimiento constante a la evolución de las condiciones atmosféricas y oceánicas, con el fin de brindar información oportuna y verificada a las autoridades y comunidad en general.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.
La controversia sigue rodeando la rectoría de la Universidad del Atlántico debido a las respuestas que pide la Procuraduría General de la Nación por haber sido nombrado en el cargo un docente que tenía una medida de suspensión. Al respecto, el gobernador Eduardo Verano indicó que debe ser el Ministerio de Educación el que dé respuestas por este tema, al ser quienes lo promovieron en el cargo.Se trata de Rafael Castillo Pacheco, quien es docente de tiempo completo y en el pasado fue rector durante seis meses. Precisamente por ese encargo fue investigado disciplinariamente por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente. En consecuencia, en marzo de este año ordenaron una suspensión durante cuatro meses de su cargo y de cualquier puesto en el sector público, sin embargo, a la fecha, esto no habría sido cumplido. Incluso, Blu Radio conoció que fue presentada por la Procuraduría una queja disciplinaria contra el exrector Danilo Hernández y el Ministerio de Educación por no hacer cumplir la medida y generar una impunidad institucional. Aunque ahora mismo se solicitan las razones que han impedido la ejecución de esa sanción, impuesta puntualmente por una aparente extralimitación de sus funciones al autorizar la comisión de servicio remunerado de un docente hacia Argentina, dice el mandatario departamental que, mientras eso sucede, seguirá como rector encargado.“Ya la parte de si cumplío o no con algunos requerimientos de la Procuraduría es lo que él mismo tendrá que responder y establecer, pero fue escogido como interventor por parte del Ministerio de Educación. Seguramente se resolverán los asuntos que estén pendientes”, dijo a Blu Radio.De hecho, al margen de esa solicitud, Rafael Castillo fue posesionado desde muy temprano este viernes y con eso se dio luz verde para los grados de los cerca de 1.200 estudiantes que estaban a la deriva en el recibimiento de sus diplomas. No obstante, aún no ha sido publicada dicha acta, pues el proceso habría sido realizado por el Ministerio de Educación y no por el consejo superior de la institución. Esas ceremonias, manifiesta el gobernador Verano, iniciaron desde las 8:00 de la mañana en el Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río, y sus diplomas llevan la firma del nuevo rector encargado.“Tenemos ya la posesión de Rafael Castillo, está en la universidad y se van a estar firmando todos los diplomas que se tienen. Son cerca de 1.200 que serán entregados en varias ceremonias. Son citas de al menos 100 graduados, cerca de seis ceremonias hay agendadas para hoy”, agregó.Recordemos que Rafael Castillo llegó como designado por el Ministerio de Educación en reemplazo temporal (por un año inicialmente) de Leyton Barrios, a quien se le investiga por irregularidades en su escogencia.A pesar de que Rafael Castillo Pacheco se posesionó esta mañana como rector de la Universidad del Atlántico, hay incertidumbre jurídica frente a la validez de su firma en estos diplomas, pues desde la Procuraduría advierten que la sanción sí está vigente.