"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
Conmoción en la comunidad educativa de Piura, en Perú, luego del asesinato de un profesor en inmediaciones de la institución donde trabajaba desde hace más de tres décadas. El crimen, ocurrido a plena luz del día, no solo generó indignación por la forma en que fue perpetrado, sino que también conmovió profundamente por la reacción del hermano gemelo de la víctima, cuyas palabras se viralizaron en redes sociales.La víctima fue identificada como Rodolfo Otero Sandoval, de 53 años, docente del área de Educación Física del colegio Parcemón Saldarriaga. El ataque se registró sobre la 1:00 de la tarde del viernes 19 de diciembre, cuando el profesor se desplazaba en su vehículo tras haber participado en una chocolatada navideña organizada por la comunidad educativa.De acuerdo con información preliminar, dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta interceptaron al docente y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata. El hecho ocurrió en los exteriores del plantel, ante la sorpresa y el temor de quienes se encontraban en el sector.Rodolfo Otero contaba con más de 30 años de servicio y era ampliamente reconocido por su compromiso con la formación de niños y adolescentes. Dictaba clases a estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria, así como a primero y segundo de secundaria. Su fallecimiento generó un profundo impacto entre colegas, alumnos y padres de familia.Sin embargo, uno de los momentos más desgarradores se produjo tras conocerse la reacción de su hermano gemelo, quien, visiblemente afectado, rompió en llanto al enterarse del asesinato y exigió justicia a las autoridades. En un video que rápidamente se difundió en plataformas digitales, el hombre rompió en llanto.“La vida me dio un gemelo. Ustedes han nacido solos, yo nací acompañado, con el mejor hombre, muy querido por todos. ¿A quién le hizo daño mi hermano?”, manifestó entre lágrimas, mientras cuestionaba la violencia que acabó con la vida del docente. Las imágenes se volvieron virales y ya suman millones de reproducciones.A la tragedia se suma un detalle que ha generado aún más conmoción: el crimen ocurrió el mismo día del cumpleaños de su madre, Margarita Sandoval. Horas antes del ataque, el profesor habría compartido en redes sociales una fotografía junto a un mensaje de agradecimiento dedicado a ella.
En el marco de la campaña Viaje Seguro en esta Navidad, la Novena Brigada del Ejército Nacional instaló 21 puestos de control en los corredores viales del Huila para acompañar y garantizar la seguridad a propios y turistas durante la celebración de las fiestas navideñas y de fin de año.Asimismo, en los municipios, en las principales vías y en los lugares turísticos hay presencia de 2.900 soldados y también del Gaula Militar, brindando orientación sobre eventuales casos de secuestro y extorsión a viajeros y conductores que por estos días visitan y salen del departamento.“En el marco de esta estrategia, tenemos instalados 21 puestos de control en los principales corredores viales del departamento en los que más de 720 soldados, articulados en 30 pelotones, se encuentran desplegados apoyando a los viajeros, en acciones de prevención, así como de reacción ante cualquier situación que pueda afectar la movilidad o la tranquilidad en la carretera”, dijo el coronel César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Agregó el oficial del Ejército Nacional que más de 1.000 hombres en 38 pelotones realizan patrullajes continuos y operaciones de control en áreas rurales en aquellas zonas, donde se han presentado problemas de orden público o casos de extorsión contra gremios de la región.Es importante mencionar que la dirección nacional de la Policía también envío 90 patrulleros hombres y mujeres que estarán fortaleciendo las estaciones de policía en los 37 municipios del Huila.
Al menos 15 personas perdieron la vida y 19 resultaron heridas este lunes en un accidente de autobús registrado en la madrugada del lunes en la isla indonesia de Java, la más poblada del país, informan los equipos de rescate.De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor del vehículo, que transportaba a 34 personas, perdió el control en una carretera cercana a la ciudad de Semarang, en la región central de la isla, situada en el oeste de Indonesia.El autobús chocó "a gran velocidad" con una barrera de hormigón antes de volcar, declaró a los medios el jefe de la oficina de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas), Budiono."Las víctimas han sido trasladadas a varios hospitales de Semarang para recibir tratamiento", señaló Budiono, quien solo se identifica con un nombre, como muchos indonesios.El autobús, accidentado alrededor de las 00:30 hora local (17:30 GMT del domingo), cubría la ruta entre Yakarta y Yogyakarta, de aproximadamente 450 kilómetros.Vídeos publicados por medios locales muestran el vehículo volcado sobre el lateral derecho de la carretera, y a equipos de rescate tratando de evacuar a los supervivientes.Las autoridades barajan la hipótesis de que el exceso de velocidad causó el accidente, indicó por su parte la agencia de noticias local Antara.Los accidentes de tráfico son frecuentes en el archipiélago, principalmente por el estado de algunas carreteras y el incumplimiento de ciertas medidas de seguridad.El Ministerio de Exteriores de España indica en sus recomendaciones de viaje a Indonesia que las "caóticas circunstancias del tráfico" en el país hacen frecuentes los accidentes.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.
Ante el juez 18 penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla, este miércoles fue presentado en audiencia Eduar Alfonso Castro Daza, alias el ‘El Negro’, quien se entregó tras el asesinato de su expareja sentimental Kelly Jhoana De Arco, ocurrido el pasado lunes.Durante la imputación de cargos por feminicidio agravado y porte ilegal de armas, el fiscal del caso expuso cómo Castro habría esperado a la víctima en el apartamento de ella, al interior de un conjunto residencial en Barranquilla, para acabar con su vida a tiros."Y usted (Castro), sin mediar palabra, se acercó a ella, la tomó por el cuello con un brazo y con el otro la impactó en su humanidad en tres ocasiones, dando como resultado la terminación de su vida", manifestó el fiscal en medio de la diligencia.Le puede interesar: Recapturan a presunto miembro de Los Costeños por feminicidio de su expareja en BarranquillaEl fiscal argumentó que este es un caso de feminicidio agravado, pues “antes de cometer el crimen, el agresor había sostenido una relación íntima con la víctima y había tenido signos de violencia contra ella”.El delegado de la Fiscalía también sostuvo que Castro ejercía poder sobre Kelly Johana para aprovecharse de ella y que los repetitivos maltratos derivaron en una reciente denuncia que hoy hace parte de las pruebas recopiladas por el ente acusador."La Fiscalía considera que usted (Castro), como hombre, como macho, como pareja, ejerció ese poder sobre ella. Para fortuna de nuestra investigación, si podemos decirlo así, la víctima había presentado una denuncia en contra de usted por el delito de violencia intrafamiliar el 29 de septiembre del año en curso y precisamente estos son los antecedentes o indicios de una violencia anticipada", explicó el fiscal.Durante la audiencia, el procesado no aceptó ninguno de los dos cargos que le imputó la Fiscalía, muy a pesar de que él mismo se presentó ante las autoridades hora y media después de ocurrido el crimen, entregó el arma utilizada e, inclusive, habría confesado su responsabilidad en esta muerte.El próximo 16 de octubre, a las 2:00 de la tarde, la Fiscalía presentará la solicitud de medida de aseguramiento en contra de este hombre, también señalado como presunto miembro de la banda delincuencial ‘Los Costeños’.
Tendido en la mitad de una trocha en Atlántico, con visibles signos de tortura, atado de manos y con un disparo en la cabeza, apareció el cuerpo sin vida de Víctor Alfredo Guerrero Moreno, un hombre de 40 años que laboraba en la Unidad Nacional de Protección.El hallazgo del cadáver se produjo hacia las 5:00 de la tarde del pasado martes, en el corregimiento de Santa Rita, jurisdicción del municipio de Ponedera, donde moradores del sector se toparon con el cuerpo cuando transitaban por la trocha conocida como El Uvero.La víctima, según la información recopilada por las autoridades durante las labores de inspección y levantamiento del cadáver, recibió el disparo en la sien, “que le produjo la muerte de forma instantánea en el lugar de los hechos”.Le puede interesar: Comunidad del corregimiento de San Luis, en Neiva, incinera camioneta de la UNPLa Policía informó que el comandante de la estación y las patrullas de vigilancia, en coordinación con Sijín y Sipol están realizando labores de campo, con el fin de esclarecer los hechos y dar con la captura de los responsables de este hecho.Otro asesinato Este miércoles, a menos de 24 horas del asesinato de este funcionario de la UNP, se registró otro homicidio en el Atlántico. La víctima en este caso es Óscar Emilio Suárez Pallares, de 65 años, a quien también encontraron abandonado en una trocha del municipio de Juan de Acosta.El cuerpo de Óscar Emilio apareció en la trocha ‘Calentura’ del corregimiento El Vaivén, donde habitantes de la zona encontraron el cadáver y dieron aviso a las autoridades. En el lugar fue hallada una motocicleta negra en la que se movilizaba la víctima.Llama la atención que mientras se reducen los homicidios en el área metropolitana de Barranquilla, cada vez se reportan más asesinatos en los demás municipios del Atlántico, siendo que en estas otras poblaciones se registraron 15 crímenes en septiembre y tres más en lo que va corrido de octubre.
Hay alerta en Barranquilla, luego de que en la tarde de este martes 7 de octubre se presentara un atentado en el sur de la capital del Atlántico contra el exdirector de Policía fiscal y aduanera de esta ciudad, mayor (r) Royce Díaz, quien resultó ileso del ataque. Esta persona es señalada por tener presuntos vínculos con 'Papa Pitufo'. Según información que entregó la Policía, el exmiembro de la Policía fue objeto de un ataque a balas que logró repeler, lo que terminó en un intercambio de disparos que no dejó personas heridas. Sin embargo, por ahora es motivo de investigación la causa detrás de este hecho que no se descarta como un atentado. Es de recordar que el pasado 5 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra el mayor (r) Díaz, por presunto incremento injustificado de su patrimonio en vigencias 2022 y 2023, fechas en las que justamente ejerció su cargo como Jefe de la División de Control de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) de Barranquilla.De acuerco con información que conoció Blu Radio, esta persona se encargaba de coordinar la entrada de vehículos de carga a Barranquilla, tras el arribo de contenedores al puerto, los cuales pasaban por los puntos de control sin ser revisados ni tampoco contabilizados, con el objetivo de evadir registros y pagos de impuestos por importación. Según denuncias que fueron presentadas a la dirección nacional de Policía Fiscal y Aduanera, esta actividad no solo facilitaba el ingreso de mercancía de contrabando como ropa o zapatos, sino también oro, animales y hasta migrantes irregulares. Por esto, fue retirado el mayor en abril de 2024 por “voluntad del Gobierno nacional” al considerar que estaban incurriendo en posibles prácticas de corrupción, siendo que tras varias investigaciones, fue vinculado a Diego Marín Buitrago, más conocido como 'Papa Pitufo', para facilitar el ingreso de mercancía de contrabando.
A las afueras de la UCJ, donde se encontraba detenido por un porte ilegal de armas de fuego fue recapturado Eduar Alfonso Castro Daza, alias el ‘El Negro’, quién confesó haber asesinado a su expareja sentimental Kelly Jhoana De Arco el pasado 6 de octubre.La captura la efectuaron la tarde de este martes agentes del CTI de la Fiscalía, la Sijin y el Batallón de Policía Militar. Según las autoridades alias ‘El Negro’, quien presuntamente forma parte de la banda Los Costeños, confesó haber asesinado de seis disparos a su expareja en medio de una discusión que se registró al interior del conjunto residencial Metro Centro, en la Ciudadela 20 de Julio, en la madrugada del lunes.Le puede interesar: Víctima de feminicidio en Barranquilla había denunciado a su ex por golpizas y amenazas El señalado feminicida se dio a la huida el día de los hechos, pero hora y media después se presentó con el arma homicida a la estación de Policía del barrio El Bosque y allí lo detuvieron por porte ilegal de armas y no por feminicidio, dado que no había flagrancia.Esta situación llevó a que un juez lo dejara en libertad por el primer delito, pero no pudo ir muy lejos cuando lo recapturaron por la muerte de Kelly Jhoana De Arco.Este miércoles, el hombre será llevado a audiencia ante un juez de control de garantías.
Una verdadera sorpresa se llevaron los fanáticos del genero vallenato este martes tras conocerse los artistas que serán homenajeados en la versión número 59 del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar."La universidad del vallenato", como se le conoce al Binomio de Oro, será la agrupación que gozará del reconocimiento el próximo año, donde, por supuesto, se le hará un homenaje a los fundadores de la misma, como lo son el fallecido cantante Rafael Orozco y el acordeonero Israel Romero.El afiche oficial, un recorrido visual de sus éxitosEl afiche, un recorrido visual de sus éxitosEl afiche promocional fue diseñado por Carlos Ortiz, de Codiscos, quien enfatizó que la historia de la compañía discográfica está estrechamente ligada a la del Binomio de Oro. Ortiz buscó crear una pieza "única y digna de tan grande homenaje".El diseño presenta dos referencias visuales claves a las portadas históricas del grupo:1. Parte superior: Los maestros Rafael e Israel aparecen en un esmoquin negro, un atuendo que evoca portadas de álbumes icónicos como De Cache, Exportación y Cinco años de Oro, mostrando una "elegante y distinguida sobriedad".2. Parte inferior: Los artistas son representados nuevamente con trajes blancos, que hacen referencia a álbumes como Enamorado de siempre y De fiestas, mostrándolos en una interpretación "alegre y apasionada"Sobre la versión 59 del Festival Vallenato 2026Valledupar se prepara para una de sus fiestas folclóricas más grandes. En el marco del próximo 59° Festival de la Leyenda Vallenata, que se celebrará del 29 de abril al 2 de mayo de 2026, se llevó a cabo la develación del afiche promocional, marcando el inicio formal de los preparativos para el homenaje a Israel Romero y Rafael Orozco, fundadores del Binomio de Oro. Al evento de develación asistieron el propio Israel Romero, Wendy Orozco, hija del fallecido Rafael Orozco, y varios exintegrantes de la agrupación, incluidos Alejandro Palacios, Morre Romero y Jhonatan ‘Meque’ Jaraba. Todos ellos destacaron la importancia de este reconocimiento. Wendy Orozco, visiblemente emocionada, agradeció a la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata por el tributo a su padre, señalando que "la música del Binomio de Oro sigue viva y eso hay que preservarlo"."Un afiche a la altura de este gran binomio que nos regaló letras y melodías de oro", escribió Wendy Orozco en las redes sociales. Rodolfo Molina, presidente de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, manifestó su inmenso honor y alegría por la develación del afiche, destacando que el festival resalta la identidad de la región y del vallenato que "recorre Colombia y el mundo".Molina expresó la intención de que el 59° Festival supere al anterior, el cual congregó a 10.000 concursantes, 243 grupos de piloneras y 120.000 visitantes. Aseguró que esta será una "celebración de vida, donde la creatividad es motivo de felicidad".
Gran parte de la población en el municipio de Sitionuevo, Magdalena, está atemorizada por una creciente ola de violencia suscitada en el presente año, mayormente derivada de la lucha territorial entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la cual estaría relacionada con al menos seis desapariciones y ocho homicidios.Le puede interesar: Ejército busca a militar desaparecido tras combates contra el Clan del Golfo en YondóUna de esas desapariciones es la de Yovanny de la Hoz, un hombre de 59 años que se ganaba la vida como mototaxista y al que se le perdió el rastro desde el pasado 19 de septiembre en una tienda del corregimiento de Palermo.“Informa la denunciante que el señor fue visto por última vez en la tienda “La Sede”, del corregimiento de Palermo, jurisdicción del municipio de Sitio Nuevo, Magdalena. Desde entonces se desconoce su paradero. Conduce una motocicleta marca Boxer de color negra de placas LOZ26H”, se puede leer en su reporte de extravío en poder de la Fiscalía.“Mide 1,61 centímetros de estatura aproximadamente, de contextura delgada, piel blanca, cabello de color castaño oscuro, corto y crespo, ojos pequeños de color negro, nariz recta, boca pequeña, labios delgados, cicatrices en el hombro izquierdo de 15 centímetros aproximadamente, usa brackets, tatuajes en forma de lunar en el lado superior izquierdo”, añade en su descripción.Dice su hija Sandra de la Hoz que nunca había cortado comunicación con ellos y que ahora mismo toman rumbo hacia Santa Marta para identificar un cuerpo similar que fue reportado sin vida en la morgue de esa ciudad.“Nosotros esperamos que nos ayuden a esclarecer el caso. Mi papá no tenía problemas con nadie y queremos saber qué fue lo que pasó, que nos ayuden a investigar”, declaró a Blu Radio.Las personas actualmente desaparecidas son Cristian David Pahuana, Jaider Jose Zarate, Omar Eduardo Barrios, Jeison Andrés Fornaris, Keiner David Sanes, Deivis Bravo Estevez.Mientras tanto, según lo mencionado a Blu Radio, hay otras dos desapariciones en Barranquilla, cuyas personas, al parecer, fueron llevadas hasta esa zona. Estos son Robinson Alfonso Forero y Julio Mario Rodríguez.