La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado sorpresa, risas y todo tipo de comentarios entre los usuarios, luego de mostrar el momento exacto en que una mujer adulta mayor decide lanzar agua a una persona que se identifica como therian frente a un local comercial. La escena, captada por un testigo, rápidamente acumuló miles de reproducciones debido a lo inesperado de la reacción y la particular conducta del protagonista.En las imágenes, grabadas en el municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz (México), se aprecia a un joven desplazándose en cuatro extremidades sobre la acera, imitando de forma detallada los movimientos de un canino. Su presencia llamó la atención de transeúntes y comerciantes de la zona, quienes observaron con curiosidad el inusual comportamiento en plena vía pública.El momento que desató la reacción ocurrió cuando el individuo se detuvo frente a la pared de una dulcería. Allí, levantó una de sus piernas, simulando la acción de orinar, como parte de su representación. Fue entonces cuando una mujer de edad avanzada, que se encontraba en un establecimiento cercano, decidió intervenir.Sin decir una sola palabra, la mujer salió con un recipiente lleno de agua y lo arrojó directamente sobre el joven. La respuesta fue inmediata: el sujeto se levantó y se alejó rápidamente del lugar, mientras algunas personas que presenciaron la escena no ocultaban su asombro.Este es el videoEl episodio se volvió viral en cuestión de horas. Usuarios destacaron la naturalidad de la reacción de la mujer, mientras que otros se centraron en el fenómeno que representa el joven.¿Qué son los therian?Este caso ha puesto nuevamente en el foco el término “therian”, utilizado para describir a personas que afirman tener una conexión interna o psicológica con un animal. Quienes se identifican de esta manera explican que no se trata de una transformación física, sino de una identificación emocional o simbólica con determinadas especies.Dentro de estas comunidades, algunos aseguran experimentar lo que denominan “shifts”, episodios en los que sienten impulsos o emociones relacionadas con el animal con el que se identifican. Los animales más mencionados suelen ser lobos, felinos, aves o reptiles.
A dos semanas de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales, el presidente Gustavo Petro insiste en poner un gigantesco y peligroso manto de duda sobre los resultados de la votación, con base en afirmaciones que varían entre dudosas y falsas.El presidente está en el plan de descalificar la capacitación de los jurados, de cuestionar las instrucciones de la Registraduría para el diligenciamiento de los formularios E-14 y de revivir el fantasma de un supuesto fraude vinculado con la empresa Thomas Greg and Sons, incluso llegando a afirmar que “estamos ante un 100% de posibilidad de fraude”, lo cual ha sido desmentido por las autoridades electorales.Incluso dijo el presidente que en Colombia siempre hacen fraude en las elecciones para Senado y Cámara, paradójica afirmación, teniendo en cuenta que Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia, se ha elegido como representante a la Cámara, como senador, como alcalde de Bogotá y como presidente, mediante el mismo mecanismo que hoy está cuestionando.De hecho, el único lío reciente con el escrutinio se produjo en las elecciones legislativas de 2022 y que afectó al Pacto Histórico, se dio justamente por lo que hoy está reclamando el presidente Gustavo Petro: en esas elecciones, los jurados llenaron con asteriscos, con rayas o con tachones los espacios en blanco, lo cual dificultó severamente el trabajo de transmisión de datos, que posteriormente fue subsanado en la segunda fase del escrutinio.Los formularios E-14 son las actas que llenan los jurados en cada mesa, por eso es clave su trabajo que es el punto de partida de los resultados, inicialmente hacen la transmisión vía telefónica en donde entra a funcionar la Unión Temporal Disproel.Ahí el presidente comete otra equivocación, en Disproel tiene efectivamente participación Thomas Greg And Sons, pero esa firma no es la que fabrica las cédulas de ciudadanía de los colombianos, ya que desde hace varias décadas ese contrato lo tiene la empresa francesa Idemia, que incluso ahora forma parte de la imprenta nacional de Francia.Cuando hay tachones en los formularios E-14, la MOE ha advertido que hay líos para la transmisión de datos, se presentan dificultades para la digitalización de resultados y problemas severos para el escrutinio que está en manos de los jueces de la República.Al presidente Gustavo Petro le corresponde como jefe de Estado, dar tranquilidad para que los colombianos vayan a las urnas el próximo 8 de marzo, sin hablar de manera poco responsable de una posibilidad de fraude, lo cual puede exacerbar los ánimos de sus seguidores, con consecuencias imprevisibles y peligrosas. El presidente debe además respetar la autonomía de la Registraduría para el manejo de las elecciones
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.
El decreto transitorio mantuvo el incremento del 23,7% al salario mínimo, dejando la remuneración en 2 millones de pesos mensuales con auxilio de transporte, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostiene que no había razones jurídicas ni económicas para reducir esa cifra.Decreto transitorio: mismo aumento, nuevo contextoTras la medida cautelar del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto original de diciembre, el Gobierno expidió un nuevo decreto transitorio que conserva exactamente el mismo incremento: 23% al salario básico y 23,7% incluido el auxilio de transporte, para un total de 2 millones de pesos. Según explicó Sanguino, se trata de un decreto “provisional”, dictado en cumplimiento del auto del magistrado Juan Camilo Morales, sin que exista aún un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del aumento decretado a finales de 2025.El ministro subrayó que la medida cautelar no declaró nulo el decreto anterior, sino que pidió un nuevo acto mientras se decide la controversia jurídica, razón por la cual el Ejecutivo optó por mantener la misma cifra mientras se tramita el recurso de súplica contra la decisión del Consejo de Estado.Argumento central: salario mínimo vital y no “simple aritmética”Sanguino insiste en que el salario mínimo no puede reducirse a “una operación aritmética” ni a la sumatoria mecánica de variables económicas, pese a que la Ley 278 de 1996 fija parámetros como inflación, productividad y crecimiento del PIB para definir el incremento anual. De acuerdo con el ministro, existe “un bache” entre esos criterios legales y el mandato constitucional del artículo 53, que ordena garantizar un salario “mínimo, vital y móvil”, principio que —según afirma— debe prevalecer sobre la interpretación estricta de la norma legal.En la entrevista, Sanguino cuestiona la lectura que hace el magistrado del Consejo de Estado y sostiene que se ha querido limitar la fijación del mínimo a indicadores “inodoras, incoloras e insípidas”, desconociendo que el salario mínimo es también “un instrumento de política económica y social”. “Si así fuera, pues sencillamente lo que había que hacer es coger una calculadora, sumar, restar, multiplicar y establecer el salario mínimo sin necesidad de que exista una comisión de concertación”, dijo, al defender el carácter político, social y constitucional de la decisión.Productividad, inflación y brecha históricaEl Ministerio de Trabajo reforzó en el nuevo decreto la justificación técnica del aumento, incorporando cuadros, series de tiempo y referencias a estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y entidades financieras como JP Morgan. Según explicó Sanguino, el Gobierno analizó el comportamiento de la productividad laboral desde 1996 y la brecha acumulada entre esa productividad y la evolución del salario mínimo, concluyendo que la política de incrementos había quedado rezagada frente al aporte del trabajo al producto interno bruto.En el documento se evalúan también la inflación causada, la inflación esperada y su impacto sobre el poder adquisitivo, con el argumento de que el aumento de 23,7% no ha generado hasta ahora presiones inflacionarias “devastadoras” ni un choque desestabilizador para la economía. “No estamos en presencia de una circunstancia devastadora probablemente de efectos del salario mínimo vital decretado por el gobierno del presidente Petro”, sostuvo el ministro, al descartar que el incremento explique los niveles actuales de inflación.Los 5 parámetros legales y el salto de 13,6% a 23,7%Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la explicación sobre por qué el decreto reconoce, en una de sus tablas, que la suma de los cinco parámetros de la Ley 278 arroja un incremento cercano a 13,6%, pero la decisión política eleva el aumento hasta 23,7%. Sanguino admitió que los “parámetros legales” son “restrictivos” y no alcanzan por sí solos para satisfacer el estándar de salario mínimo vital y móvil exigido por la Constitución y por los convenios de la OIT ratificados por Colombia.En ese punto, el titular de la cartera laboral aludió al cálculo del “mínimo vital” elaborado por la OIT para 2025, que serviría de referencia para fijar un ingreso que cubra el costo de una canasta básica para un hogar promedio de tres personas, aunque el Consejo de Estado, en su auto, no exige desarrollar esos elementos sino ceñirse estrictamente a la Ley 278. “Los parámetros de la ley son parámetros restrictivos que no alcanzan para atender una disposición constitucional que es el del artículo 53 y es el del carácter vital y móvil que debe tener el salario mínimo”, explicó Sanguino, defendiendo los 10 puntos adicionales como una decisión de política laboral sustentada en estándares internacionales.Consejo de Estado, recurso de súplica y apoyo socialEl Gobierno presentó un recurso de súplica contra la medida cautelar al considerar que el magistrado Morales “invadió el alcance de lo que es una medida cautelar” y anticipó conclusiones propias de un fallo de fondo sobre la nulidad del decreto de diciembre. Mientras se resuelve el recurso, el decreto transitorio mantendrá el aumento del 23,7%, una decisión respaldada por centrales obreras y por buena parte del empresariado que, según el ministro, consideraron “inconveniente” modificar un incremento que ya venía siendo aplicado en las tres primeras quincenas del año.En paralelo, el presidente Gustavo Petro convocó movilizaciones y firmó el nuevo decreto en la Plaza de Bolívar, en un acto público con fuerte carga simbólica, en el que defendió el concepto de “salario vital” frente al fallo judicial. Para Sanguino, la “dimensión social” del aumento —que beneficia a millones de trabajadores de ingresos bajos— y el respaldo de sindicatos, sumados al compromiso internacional con salarios dignos, explican por qué el Ejecutivo decidió sostener el 23,7% pese al frenazo judicial.
El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, aseguró que los recientes bloqueos en la Autopista Sur no obedecen a problemas de extorsión, sino a las acciones contundentes que su administración, en coordinación con la Policía Nacional, viene adelantando contra el transporte ilegal en el municipio.En entrevista en Mañanas Blu, el mandatario explicó que el llamado 'Plan Guitarra' es una estrategia de acompañamiento integral a los transportadores formales. “Hace parte del acompañamiento de toda la ruta del transporte, desde el despacho, desde cada uno de los paraderos, por supuesto todo el seguimiento tanto dentro del transporte público como en las vías, hasta conectar con TransMilenio y el corredor de la Autopista Sur tiene acompañamiento de la Policía Metropolitana de la ciudad”, señaló el alcalde de Soacha.En los últimos días, un grupo de transportadores se ha concentrado en el sector de San Mateo, cerca del centro comercial Unisur, generando plantones que en ocasiones han derivado en bloqueos parciales de la Autopista Sur, una de las arterias más importantes para la movilidad entre Soacha y Bogotá.Sánchez fue enfático en desligar estos hechos de supuestas amenazas o problemas de seguridad generalizada. “Los bloqueos del día lunes y lo sucedido esta semana en el transporte público de la ciudad de Soacha no obedece en materia de seguridad y de extorsión”, afirmó. No obstante, reconoció que sí existen hechos puntuales que han sido atendidos por las autoridades.El alcalde reveló que detrás de las protestas está el impacto de un operativo de gran escala contra la ilegalidad en el transporte público. “Venimos adelantando de la mano de la Policía Nacional y de la DIJIN el operativo más grande que se había hecho en Colombia frente al delito de falsedad marcaria y la reducción y falsificación de documentos públicos en transporte público en nuestro territorio”, aseguró.Según detalló, la operación dejó como resultado 30 vehículos inmovilizados, dos personas capturadas y la recuperación de dos automotores reportados como hurtados en Bogotá. Además, fue recuperado un cabezote de tractomula robado en Villavicencio y se intervinieron judicialmente dos parqueaderos que funcionaban como “deshuesaderos” para desmantelar vehículos.De acuerdo con el diagnóstico de la DIJIN, en Soacha operarían 260 vehículos ilegales. “Treinta fueron inmovilizados el día martes y estamos diseñando operaciones que nos permitan tener la oportunidad de inmovilizar los demás”, indicó el alcalde.Para Sánchez, las recientes manifestaciones son una reacción directa de quienes se han visto afectados por las medidas. “Son las personas que han intentado de manera colateral afectar el corredor de la Autopista Sur a través de bloqueos, intimidaciones y algunos espacios de vandalismo ante los vehículos formales”, sostuvo.Mientras tanto, aseguró que el transporte formal continúa prestando servicio con normalidad y que la administración mantendrá los operativos para garantizar condiciones equitativas y seguras para quienes trabajan legalmente.
El seguimiento a movimientos bancarios en establecimientos de comercio del sector turístico y hotelero permitió la captura en Cartagena de un ciudadano español con circular roja de Interpol por abuso sexual en ese país.Javier Fernández Morales, de 53 años, es acusado por las autoridades españolas de abusar sexualmente de una menor de 16 años en dos ocasiones durante el año 2016.El presunto agresor sexual fue capturado cuando se dirigía al velero, donde dormía en un club náutico de la capital de Bolívar.“Choki”, como también es conocido es el español, es considerado por las autoridades de ese país como uno de los agresores sexuales más buscados en España.El director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana, quien fue el encargado de anunciar la captura del extranjero, señaló en sus redes sociales que el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso de entrega a la justicia española.“Para localizar al extraditable se identificaron patrones de comportamiento que permitieron identificar cuentas bancarias utilizadas en establecimientos comerciales, y se ubicó el velero en el que pernoctaba, el cual se encontraba atracado en el Club Náutico de Cartagena”, indicó el general Triana.
Un verdadero susto vivieron varias personas que se encontraban haciendo ejercicio en un gimnasio de la ciudad de Valledupar, exactamente en el barrio Santo Domingo. Esto, por cuenta del fuerte vendaval que se registró el pasado martes y que se llevó parte del techo del lugar.Todo esto quedó registrado en video de las cámaras de seguridad del lugar y, por fortuna, no se registraron personas heridas. Debido a los fuertes vientos huracanados, en las imágenes también se ve como varias piezas que se encontraban pegadas en la pared de centro de acondicionamiento se vinieron abajo muy cerca de algunas personas que en ese momento estaban haciendo su rutina diaria de ejercicios. Ciudadanos intentaron ponerse a salvoLas personas que realizaban sus rutinas se les ve corriendo con la intención de mantenerse a salvo. Algunos, incluso, se colocaron debajo de las máquinas para no ser alcanzados por las piezas que salieron volando de las paredes. Ya culminada la emergencia, los administradores señalaron que ya están operando con normalidad. Vea aquí el video de los angustiosos momentos:
A diez días del incendio que afectó a más de 600 familias de un conjunto residencial en Barranquilla, fue dada la orden de desocupar en su totalidad los apartamentos para dejarlos inhabilitados, por lo menos, por los próximos tres meses, mientras se realizan estudios de afectación a la infraestructura. En medio del dolor por conocerse la noticia de la muerte de una cuarta persona que resultó afectada por el incendio del pasado 20 de julio que se dio en el conjunto residencial Flores de Recreo de Barranquilla, las familias finalmente recibieron autorización para retirar sus pertenencias de los apartamentos, debido a que aún no pueden ser habitados.Para el caso de las dos torres A y B, las cuales fueron el epicentro de las llamas, hasta ocho meses deberán permanecer bajo estudios patológicos, mientras que las otras dos, que solo recibieron hollín, no podrán ser ocupadas entre tres y seis meses.No recibirán subsidio de arriendo por parte de la Alcaldía Entre tanto, la comunidad afectada recibió la noticia que no tendrán ningún subsidio de arriendo por parte del Distrito, dado que se trató de una emergencia originada en problemas de las redes eléctricas internas y corresponde a las aseguradoras de la urbanización.
Un fuerte aguacero acompañado de vientos y granizo sorprendió este martes a los habitantes de Valledupar, generando múltiples emergencias en distintos sectores de la ciudad y uno de sus corregimientos.Las fuertes ráfagas de viento destechando varias viviendas e incluso derribaron árboles. Uno de estos cayó sobre las instalaciones del colegio Alfonso López, partiendo algunas láminas del techo lo que a su vez causó heridas a una estudiante de 19 años.La joven fue llevada de urgencias a un centro de salud donde informaron que no registra heridas de gravedad. El sargento Julio Ramírez, del cuerpo de Bomberos de Valledupar indicó que trabajaron con motosierras para despejar las vías que quedaron bloqueadas por la caída de árboles, muchos de los cuales incluso cayeron sobre vehículos.“En horas de la tarde se presentó un fuerte vendaval con lluvias que generaron afectación a viviendas por caídas de árboles, además afectación a automóviles, motocicletas y hasta algunas personas salieron lesionadas”, indicó el sargento Ramírez.A estas emergencias se suman las registradas en la vía entre los municipios de Sabanalarga y Manatí, donde los fuertes vientos causaron la caída de árboles y líneas eléctricas. Uno de los árboles cayó sobre un vehículo que transitaba por el sector. Por fortuna no hubo personas heridas.
La madrugada del pasado primero de julio se cumplió un año del llamado robo del Siglo cometido en Barranquilla, en el que habrían participado más de 20 personas para llevarse 85 mil millones de pesos de la empresa Prosegur.Por este robo de película hay 10 personas que ya están respondiendo ante las autoridades, entre ellas, Karelis López Vergara, la vigilante de la empresa de valores, quien fue vinculada a la investigación luego de quedar registrada en cámaras abriendo la puerta a los delincuentes que ingresaron vestidos con prendas de guardas de seguridad.Karelis fue capturada junto a sus presuntos cómplices en noviembre de 2024 y enviada con detención domiciliaria a la ciudad de Valledupar, sin embargo, la medida fue apelada por la Fiscalía y la tarde de este martes una juez de segunda instancia ordenó revocarle la casa por cárcel y mandarla al centro de reclusión el Buen Pastor en Barranquilla.La juez ordenó además al Inpec hacer dicho traslado dentro de los próximos 10 días. De otra parte decidió mantener la detención domiciliaria a Virginia de Dios Hernández Ramos y Alexandra García Herrera, señaladas de haber tenido una participación menor en el hecho y resolvió dejar con medida intramural a los seis hombres capturados en el mismo operativo.Karelis López Vergara, aunque tenía detención domiciliaria en la ciudad de Valledupar, el 2 de enero pasado se casó en un lujoso salón en el municipio de Villanueva, en La Guajira. La Fiscalía aún investiga si el Inpec o un juez autorizó que la vigilante se casara en un municipio diferente al sitio donde debía cumplir con la medida que le restringía su libertad o la estaba violando.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Una suspensión por 90 días fue la que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Julio César De Los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera, Atlántico, como sanción disciplinaria “por ordenar el embargo y la retención de recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), Coosalud, sin tener competencia para adelantar este procedimiento”.El ente de control informó que De Los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo por 998.423.011 millones de pesos, “desconociendo las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente el principio de inembargabilidad de sus recursos”.En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que “las Empresas Sociales del Estado no están habilitadas para ejercer cobro coactivo en el marco de sus relaciones comerciales, por lo que deben acudir ante la jurisdicción competente”.De esta manera, “la falta del exfuncionario fue calificada como grave a título de culpa grave y la sanción fue convertida en salarios, por cuanto ya no ejerce función pública”, precisó el ente de control.
Indignación en la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico, por mujer que fue sorprendida transportando a dos menores de edad en una patineta eléctrica.Este hecho quedó registrado en un video captado por conductores que se transportaban por la calle 30 de Barranquilla, una de las vías más transitadas de la capital del Atlántico.Lo que más sorprendió de la grabación fue que una de las menores transportadas en el vehículo eléctrico llevaba en sus brazos a una pequeña niña acostada sobre ella mientras la patineta se movilizaba.Hasta este viernes se desconoce la identidad de la mujer que cometió este hecho, sin embargo, en redes sociales han pedido a las autoridades más control con este tipo de vehículos eléctricos.Vea el video aquí:
En Barranquilla, una convocatoria de Therian en la Plaza de La Paz causó revuelo entre decenas de personas que llegaron para ver a los humanos que dicen sentirse animales. En medio de los que llegaron con máscaras a modo de "mamadera de gallo", no faltó una animalista que dijo sentirse como una gata.En medio de la multitud, aparecieron varios con máscaras de animales, pero a diferencia de los Therian, estos solo querían "mamar gallo" con la tendencia, como el caso de David Álvarez, un joven que llevaba puesta una careta de caballo."Vine a apoyar a la gente que se identifica y por el parche. Respeto mucho esto de los Therian y si las personas son felices siendo así pues que sean felices", dijo Álvarez.En el sitio también aparecieron unos influencer que aprovecharon para grabar el supuesto enfrentamiento entre dos perros Therian. Esto causó risas entre la multitud.Pero a diferencia de estos que llegaron a mamar gallo, como se dice en la costa, en medio de la "recocha", una mujer con el rostro pintado, dijo que desde la pandemia ella siente que es una gata. "Los gatitos son portadores de buena energía. Me siento gata desde la pandemia, pero ahorita vengo a hacer portadora del mensaje de no al maltrato animal, sí a la vida", indicó Linda Heikera, animalista.
Atrapada dentro de su vivienda envuelta en llamas tras la explosión de un cilindro de gas que usaba para la preparación de los alimentos, quedó una mujer de 67 años que perdió la vida la tarde de este jueves en la isla de San Andrés. La víctima es Laura Santana, una mujer raizal que vivía en el sector de San Luis. El coronel James Evelio Totena Girón, comandante de la Policía del Archipiélago de San Andrés y Providencia, indicó que fueron alertados de la emergencia, pero pese a que hubo una reacción inmediata, los funcionarios no pudieron ingresar a la residencia a rescatarla.“Es posiblemente la explosión de un cilindro de gas en el interior de la casa, el cual utilizaban para sus labores domésticas lo que originó el incendio. Llegamos y la reacción fue inmediata. La comunidad se comunicó. Tratamos de acercarnos, pero fue imposible. Nuestros funcionarios no pudieron ingresar a la residencia y lamentablemente se presenta esta situación”, detalló el coronel Totena.Al momento de la conflagración la mujer se encontraba acompañada de una hija que alcanzó a salir a tiempo y resultó ilesa de la explosión, sin embargo, no pudo ayudar a su madre.En el sector, un ciudadano también intentó ingresar a la vivienda, pero las llamas ya la habían rodeado por completo, lo que imposibilitó que hiciera el rescate de su vecina.