Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
En calles terciarias, plazas de mercado y centros de acopio regionales hay un vehículo que gana protagonismo en Colombia. No es el carro tradicional ni la motocicleta convencional. Se trata del motocarro, una categoría que en 2025 alcanzó su mayor registro histórico y hoy se consolida como herramienta productiva clave en municipios intermedios y zonas rurales.De acuerdo con cifras de la ANDI, a través de su Cámara de la Industria de Motocicletas, durante 2025 se comercializaron 24.370 motocarros nuevos en el país, lo que representó un crecimiento del 51,33 % frente a 2024. Si se compara con 2015, el aumento acumulado alcanza el 220 %.Actualmente, el parque de motocarros ronda las 150.000 unidades, equivalentes a cerca del 0,8 % del parque automotor nacional.¿Por qué el motocarro crece más que la moto y el carro?El crecimiento sostenido de esta categoría está vinculado a su función como vehículo de trabajo. Más del 90 % de los motocarros comercializados en 2025 fueron ensamblados en Colombia, lo que también genera encadenamientos industriales y empleo directo.Según Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, cada motocarro representa una fuente de ingresos diarios para miles de familias. No se trata de un vehículo de uso particular, sino de un activo productivo utilizado para transporte de mercancías, acarreos, entregas y movilización de personas en trayectos cortos.Las proyecciones del gremio indican que, si se mantiene la tendencia de doble dígito, en 2026 los motocarros podrían representar cerca del 10 % de los nuevos vehículos de trabajo que ingresen al mercado colombiano.¿Cuál es el uso principal de los motocarros en Colombia?Las cifras muestran que el 70 % de los registros en 2025 correspondieron a motocarros de carga, con 16.887 unidades matriculadas. Los 7.222 restantes fueron de pasajeros.Este comportamiento evidencia que su principal función está relacionada con la logística local y la llamada “última milla”. Ferreterías, tiendas de barrio, talleres, emprendimientos familiares y pequeños negocios los utilizan para abastecimiento y distribución de corta distancia.En municipios donde el transporte público formal es limitado o inexistente, también cumplen un rol en la movilidad de personas, conectando veredas con cabeceras municipales y facilitando el acceso a servicios como salud, educación y comercio.¿En qué regiones se venden más motocarros?El comportamiento regional muestra mayor dinamismo fuera de las grandes capitales. En 2025, los departamentos con más registros fueron:Antioquia: 4.108 unidades (16,86 %)Guaviare: 2.000 unidades (8,21 %)Cesar: 1.608 unidades (6,60 %)Cundinamarca: 1.585 unidades (6,50 %)Valle del Cauca: 1.440 unidades (5,91 %)Atlántico: 1.367 unidades (5,61 %)Bolívar: 1.159 unidades (4,76 %)Huila: 1.093 unidades (4,49 %)Chocó: 1.072 unidades (4,40 %)Santander: 1.002 unidades (4,11 %)En algunas zonas rurales y municipios pequeños, estos vehículos pueden representar hasta el 10 % del flujo vehicular local.Además de su aporte al transporte de carga, el motocarro actúa como articulador económico en regiones apartadas. Su bajo costo operativo y su capacidad de adaptarse a infraestructuras complejas lo han convertido en una herramienta frecuente para micro y pequeñas empresas.
Aunque para algunas personas tender la cama en la mañana después de levantarse es parte esencial de su rutina diaria, hay quienes optan por dejarla desordenada y continuar con sus actividades, ya sea ir a trabajar, estudiar o realizar otras obligaciones. Este comportamiento, que parece una simple preferencia, ha sido objeto de análisis en la psicología, donde se ha encontrado que puede influir tanto en la creatividad como en el bienestar emocional y la calidad del sueño.¿No tender la cama revela una mente más creativa?Investigaciones científicas han explorado cómo el orden o el desorden del entorno influye en la forma en que las personas piensan. Un estudio publicado en la revista Psychological Science, dirigido por la psicóloga Kathleen Vohs de la University of Minnesota, analizó la reacción de varios participantes en ambientes con distintos niveles de organización.Durante el experimento, algunos voluntarios permanecieron en habitaciones ordenadas, mientras que otros estuvieron en espacios con objetos fuera de lugar. Posteriormente, se les pidió resolver ejercicios que evaluaban su capacidad para generar ideas originales.Los resultados mostraron que quienes estuvieron en entornos desordenados presentaron respuestas más innovadoras y menos convencionales. Según los investigadores, el desorden puede estimular una mentalidad más flexible, facilitando la generación de ideas nuevas. En contraste, los ambientes organizados tienden a fomentar conductas más tradicionales y estructuradas.Esto explicaría por qué algunas personas creativas no consideran prioritario tender la cama, ya que el desorden no necesariamente representa un problema para su funcionamiento mental.El desorden también puede afectar el descansoNo obstante, los expertos advierten que mantener la cama sin tender podría tener efectos negativos en el sueño. La especialista Shelby Harris, asociada a la plataforma BetterSleep, señaló en declaraciones al medio Tom’s Guide que el desorden visual puede interferir con la relajación necesaria para dormir bien.Cuando el cerebro percibe un entorno caótico, puede mantenerse en estado de alerta, lo que dificulta conciliar el sueño o alcanzar un descanso profundo. En ese sentido, una cama desordenada podría enviar señales contradictorias al cerebro, que en lugar de asociar el espacio con tranquilidad, lo relaciona con estrés o falta de organización.Beneficios de tender la cama todos los díasPor otro lado, especialistas en organización destacan los beneficios psicológicos de realizar esta pequeña tarea. La organizadora profesional Wendy Trunz, de Jane’s Addiction Organization, explica que tender la cama puede generar una sensación inmediata de logro.Este tipo de acciones sencillas contribuyen a crear una percepción de control y orden, lo que puede motivar a las personas a cumplir otras tareas a lo largo del día. Además, completar pequeños objetivos desde temprano ayuda a fortalecer la disciplina y mejorar el estado de ánimo.En conclusión, no tender la cama no siempre tiene un significado negativo. Desde el punto de vista psicológico, puede estar asociado con una mayor apertura mental y creatividad. Sin embargo, también es cierto que el orden contribuye a crear un ambiente más propicio para el descanso y la tranquilidad.
Junior, cuarto con 12 puntos, llega fortalecido tras vencer 2-1 a América en la fecha pasada, un triunfo que le permitió afianzarse en el grupo de los ocho y confirmar su capacidad para competir ante rivales directos.El equipo barranquillero suma cuatro victorias en seis partidos y es uno de los más efectivos en ataque, con once goles a favor, respaldado por la experiencia y el olfato goleador de jugadores como Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel o Carlos Bacca.Santa Fe, por su parte, atraviesa un momento más complejo tras caer 3-1 ante Jaguares en la jornada anterior y se mantiene decimoquinto con siete unidades. El revés volvió a evidenciar dificultades defensivas en el equipo bogotano que acumula nueve goles en contra y lo obliga a reaccionar para no descolgarse prematuramente de la pelea por la clasificación.Otro juego atractivo es el duelo entre Internacional de Bogotá, que lidera el campeonato con 14 puntos tras empatar 1-1 con Pasto, y Millonarios, que viene en ascenso luego de vencer 2-1 a Llaneros.El conjunto 'embajador' es decimocuarto con ocho unidades y, en una tabla apretada en la zona media, podría escalar varias posiciones si logra imponerse al puntero, aunque llega con dudas en ataque, ya que el argentino Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García están en evaluación por molestias físicas.La jornada se abrirá este viernes con los duelos Llaneros-Medellín y Deportivo Pereira-Pasto, que pondrán en marcha un fin de semana decisivo.El sábado, además de Internacional de Bogotá-Millonarios, será el turno de Once Caldas-Fortaleza, Bucaramanga-Deportivo Cali y Atlético Nacional-Alianza, compromisos clave para equipos que buscan afirmarse en la zona media.El domingo concentrará la mayor tensión con el atractivo Santa Fe-Junior, además de Boyacá Chicó-Águilas Doradas y América-Jaguares.La octava fecha bajará el telón el lunes con Cúcuta-Tolima, en un cierre que puede terminar de mover la parte alta y ajustar la pelea por un lugar en el grupo de los ocho.
El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, aseguró que los recientes bloqueos en la Autopista Sur no obedecen a problemas de extorsión, sino a las acciones contundentes que su administración, en coordinación con la Policía Nacional, viene adelantando contra el transporte ilegal en el municipio.En entrevista en Mañanas Blu, el mandatario explicó que el llamado 'Plan Guitarra' es una estrategia de acompañamiento integral a los transportadores formales. “Hace parte del acompañamiento de toda la ruta del transporte, desde el despacho, desde cada uno de los paraderos, por supuesto todo el seguimiento tanto dentro del transporte público como en las vías, hasta conectar con TransMilenio y el corredor de la Autopista Sur tiene acompañamiento de la Policía Metropolitana de la ciudad”, señaló el alcalde de Soacha.En los últimos días, un grupo de transportadores se ha concentrado en el sector de San Mateo, cerca del centro comercial Unisur, generando plantones que en ocasiones han derivado en bloqueos parciales de la Autopista Sur, una de las arterias más importantes para la movilidad entre Soacha y Bogotá.Sánchez fue enfático en desligar estos hechos de supuestas amenazas o problemas de seguridad generalizada. “Los bloqueos del día lunes y lo sucedido esta semana en el transporte público de la ciudad de Soacha no obedece en materia de seguridad y de extorsión”, afirmó. No obstante, reconoció que sí existen hechos puntuales que han sido atendidos por las autoridades.El alcalde reveló que detrás de las protestas está el impacto de un operativo de gran escala contra la ilegalidad en el transporte público. “Venimos adelantando de la mano de la Policía Nacional y de la DIJIN el operativo más grande que se había hecho en Colombia frente al delito de falsedad marcaria y la reducción y falsificación de documentos públicos en transporte público en nuestro territorio”, aseguró.Según detalló, la operación dejó como resultado 30 vehículos inmovilizados, dos personas capturadas y la recuperación de dos automotores reportados como hurtados en Bogotá. Además, fue recuperado un cabezote de tractomula robado en Villavicencio y se intervinieron judicialmente dos parqueaderos que funcionaban como “deshuesaderos” para desmantelar vehículos.De acuerdo con el diagnóstico de la DIJIN, en Soacha operarían 260 vehículos ilegales. “Treinta fueron inmovilizados el día martes y estamos diseñando operaciones que nos permitan tener la oportunidad de inmovilizar los demás”, indicó el alcalde.Para Sánchez, las recientes manifestaciones son una reacción directa de quienes se han visto afectados por las medidas. “Son las personas que han intentado de manera colateral afectar el corredor de la Autopista Sur a través de bloqueos, intimidaciones y algunos espacios de vandalismo ante los vehículos formales”, sostuvo.Mientras tanto, aseguró que el transporte formal continúa prestando servicio con normalidad y que la administración mantendrá los operativos para garantizar condiciones equitativas y seguras para quienes trabajan legalmente.
La decisión ratifica la pena de 168 meses de cárcel, al concluir que las interceptaciones telefónicas, los testimonios y la evidencia digital demostraron su papel como jefe de una estructura que ejercía control territorial mediante amenazas, cobros extorsivos y difusión de panfletos.La condena se da en medio de su designación como gestor de paz. Mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, la Presidencia de la República lo incluyó dentro del grupo de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) autorizados para apoyar procesos de diálogo en el marco de la política de Paz Total.En el documento se señala que la designación tiene como propósito que los nombrados contribuyan con su conocimiento y experiencia a la construcción de paz y a las garantías de no repetición.Sin embargo, la misma resolución aclara que ese reconocimiento no modifica la situación jurídica de los designados ni implica beneficios judiciales.El término de esa designación fue fijado hasta el 6 de agosto de 2026 y su participación debía desarrollarse bajo condiciones excepcionales, temporales y territoriales definidas por el Gobierno.En la sentencia, el Tribunal reiteró que no proceden beneficios como la suspensión condicional de la pena ni la prisión domiciliaria, debido a la gravedad de los delitos y al tiempo de condena.
La madrugada del pasado primero de julio se cumplió un año del llamado robo del Siglo cometido en Barranquilla, en el que habrían participado más de 20 personas para llevarse 85 mil millones de pesos de la empresa Prosegur.Por este robo de película hay 10 personas que ya están respondiendo ante las autoridades, entre ellas, Karelis López Vergara, la vigilante de la empresa de valores, quien fue vinculada a la investigación luego de quedar registrada en cámaras abriendo la puerta a los delincuentes que ingresaron vestidos con prendas de guardas de seguridad.Karelis fue capturada junto a sus presuntos cómplices en noviembre de 2024 y enviada con detención domiciliaria a la ciudad de Valledupar, sin embargo, la medida fue apelada por la Fiscalía y la tarde de este martes una juez de segunda instancia ordenó revocarle la casa por cárcel y mandarla al centro de reclusión el Buen Pastor en Barranquilla.La juez ordenó además al Inpec hacer dicho traslado dentro de los próximos 10 días. De otra parte decidió mantener la detención domiciliaria a Virginia de Dios Hernández Ramos y Alexandra García Herrera, señaladas de haber tenido una participación menor en el hecho y resolvió dejar con medida intramural a los seis hombres capturados en el mismo operativo.Karelis López Vergara, aunque tenía detención domiciliaria en la ciudad de Valledupar, el 2 de enero pasado se casó en un lujoso salón en el municipio de Villanueva, en La Guajira. La Fiscalía aún investiga si el Inpec o un juez autorizó que la vigilante se casara en un municipio diferente al sitio donde debía cumplir con la medida que le restringía su libertad o la estaba violando.
Ante la Fiscalía se entregó este martes Deiser Toloza Epalza, el hombre señalado como el principal sospechoso de la desaparición y posterior asesinato de su expareja sentimental Gina Paola Rivera, cuyo cuerpo fue encontrado hace un año enterrado en el parqueadero del barrio Ciudad Paraíso, en el municipio de Soledad, Atlántico.En contra de Deiser recaía una orden de captura que fue solicitada por la Fiscalía 13 de Soledad, con base en las labores de investigación adelantadas por el Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía de Barranquilla. La búsqueda del señalado feminicida se había extendido a los municipios de La Jagua de Ibirico, y Codazzi, en el departamento del Cesar, donde se tuvo información que se encontraba escondido.Este hombre fue la última persona con la que Gina Paola fue vista en vida, antes de desaparecer el 16 de julio de 2024. El cuerpo de la mujer fue encontrado dos días después enterrado en un lote, gracias a una llamada anónima que hicieron a un familiar de la víctima.Irene Rivera, hermana de Gina Paola, se mostró complacida porque después de un año de búsqueda, Deiser por fin rendirá cuentas ante las autoridades: "Esperemos que se haga justicia, por fin va a parar el daño que ha hecho. Este hombre es un riesgo para la comunidad estando en libertad", dijo. Autoridades no descartan la posibilidad de que Deiser también esté involucrado en la desaparición de otra mujer identificada como Janeth Judith González Sánchez, oriunda del Carmen de Bolívar, con quién sostenía una relación sentimental.Familiares de Janeth perdieron todo rastro de ella desde marzo de 2009, por lo que esperan que con al comparecer ante las autoridades, este hombre pueda entregar información que permita de una vez por todas, conocer sobre su paradero.
Toda una ola de rechazo y repudio ha generado en Cartagena la agresión por parte de un contratista de Distriseguridad —una entidad de la Alcaldía de Cartagena— hacia una mujer, al parecer en condición de calle, en pleno centro de la ciudad.La agresión, que quedó registrada en un video, muestra cómo el hombre, quien pertenece a la Brigada Cívica de Distriseguridad, la golpea fuertemente en la cara y la deja tendida en el piso, luego de que esta lo agrede con unos zapatos.“Llama a la Policía, llama al 123. Ella es psiquiátrica, pero ajá (...) deben llamar a la Policía”, se escucha en el video que fue captado por transeúntes que se encontraban en la zona.La actuación de este contratista fue rechazada por el director de Distriseguridad, Jaime Hernández, quien anunció que será desvinculado de su cargo.“Tras conocer los hechos de este contratista, vamos a proceder inmediatamente a desvincularlo, sin excusa alguna. Esto no se puede hacer. No es la forma de manejarlo. Es de la Brigada Cívica y se comportó de forma inadecuada. Vamos a avanzar para que este tipo de circunstancias se manejen dentro de protocolos y de forma civilizada”, dijo Hernández.El funcionario, además, anunció que la mujer agredida recibirá atención por parte del Distrito.
Hay preocupación en la región Caribe porque, a la fecha, la empresa intervenida Air-e aún no tiene garantizada la compra de energía para el 2026, lo que se da en medio de una billonaria deuda que sostiene con el sector generador por la difícil situación financiera que enfrenta.Ante esto, delegados de la Superintendencia de Servicios Públicos sostuvieron una reunión este lunes en Barranquilla con Néstor Javier Vásquez, agente interventor de Air-e, para establecer un plan que permita dar respuestas a esto.Blu Radio conoció que una de las opciones establecidas corresponde a retomar la resolución 101 067 de 2024, con la que se habilitó para que Air-e comprara de manera directa en el mercado de generación el 82% de lo que requiere para atender su demanda y así reducir la exposición en bolsa, lo que solo se reduciría a un 18%.Con esto, además, se podrán negociar mejores condiciones tarifarias y garantizar la confiabilidad del suministro del servicio a los cinco millones de personas que hacen parte del mercado que atiende Air-e.Según los cálculos de la compañía, los ingresos con los que actualmente cuenta alcanzarán para atender estos pagos, a lo que se suma que la Nación ofreció expedirle a la intervenida empresa garantías y contragarantías.Se espera que en septiembre quede en firme la resolución, tras autorización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), con el fin de dar tranquilidad a los usuarios y lograr unas tarifas estables.Es importante tener en cuenta que a partir de esta modalidad de contratación directa, Air-e logró reducir su exposición en bolsa, la cual estuvo en un 50% hacia septiembre de 2024, lo que afectó con incrementos la tarifa de energía para este mercado.
Crece la incertidumbre y la zozobra en Santa Rosa, en el norte de Bolívar, donde ya se completan nueve días desde la desaparición de cinco jóvenes que salieron de este municipio, al parecer, por una oferta laboral.Los jóvenes, dos de ellos menores de edad, habrían sido vistos por última vez el domingo 20 de julio en la terminal de transportes de Cartagena, desde donde habrían salido con rumbo a otro departamento del Caribe colombiano.El alcalde de Santa Rosa, Harvis Bello, hizo un enérgico llamado a las autoridades judiciales para que brinden todas las garantías y protocolos de búsqueda de estos jóvenes, quienes, asegura, podrían ser víctimas de una red de reclutamiento.“Como alcalde tengo la responsabilidad legal y moral de salvaguardar la vida de estos jóvenes. Ninguna autoridad nos ha confirmado su paradero ni su estado de salud. Las familias están en zozobra y este municipio exige una respuesta contundente”, señaló.A su vez, el mandatario explicó que instauró una denuncia formal por esta desaparición, pues las familias tienen temor, y que ha solicitado la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.“Estamos actuando con la responsabilidad que exige este hecho doloroso, y no permitiremos que Santa Rosa quede silenciada ante una situación tan delicada”, aseguró, al tiempo que pidió acompañamiento del Gobierno nacional ante posibles riesgos de reclutamiento forzado por parte de grupos criminales.En declaración a medios de comunicación en días pasados, el comandante de la Policía de Cartagena, general Gelver Yecid Peña, indicó que es escasa la información que se tiene hasta el momento sobre la supuesta oferta laboral.“Lo que se conoce es que ellos se fueron voluntariamente, porque uno de los cinco jóvenes fue como el enlace —si me permiten el término— para ir a cumplir unas labores, al parecer, agropecuarias”, dijo entonces el oficial.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Una suspensión por 90 días fue la que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Julio César De Los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera, Atlántico, como sanción disciplinaria “por ordenar el embargo y la retención de recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), Coosalud, sin tener competencia para adelantar este procedimiento”.El ente de control informó que De Los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo por 998.423.011 millones de pesos, “desconociendo las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente el principio de inembargabilidad de sus recursos”.En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que “las Empresas Sociales del Estado no están habilitadas para ejercer cobro coactivo en el marco de sus relaciones comerciales, por lo que deben acudir ante la jurisdicción competente”.De esta manera, “la falta del exfuncionario fue calificada como grave a título de culpa grave y la sanción fue convertida en salarios, por cuanto ya no ejerce función pública”, precisó el ente de control.
Indignación en la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico, por mujer que fue sorprendida transportando a dos menores de edad en una patineta eléctrica.Este hecho quedó registrado en un video captado por conductores que se transportaban por la calle 30 de Barranquilla, una de las vías más transitadas de la capital del Atlántico.Lo que más sorprendió de la grabación fue que una de las menores transportadas en el vehículo eléctrico llevaba en sus brazos a una pequeña niña acostada sobre ella mientras la patineta se movilizaba.Hasta este viernes se desconoce la identidad de la mujer que cometió este hecho, sin embargo, en redes sociales han pedido a las autoridades más control con este tipo de vehículos eléctricos.Vea el video aquí:
En Barranquilla, una convocatoria de Therian en la Plaza de La Paz causó revuelo entre decenas de personas que llegaron para ver a los humanos que dicen sentirse animales. En medio de los que llegaron con máscaras a modo de "mamadera de gallo", no faltó una animalista que dijo sentirse como una gata.En medio de la multitud, aparecieron varios con máscaras de animales, pero a diferencia de los Therian, estos solo querían "mamar gallo" con la tendencia, como el caso de David Álvarez, un joven que llevaba puesta una careta de caballo."Vine a apoyar a la gente que se identifica y por el parche. Respeto mucho esto de los Therian y si las personas son felices siendo así pues que sean felices", dijo Álvarez.En el sitio también aparecieron unos influencer que aprovecharon para grabar el supuesto enfrentamiento entre dos perros Therian. Esto causó risas entre la multitud.Pero a diferencia de estos que llegaron a mamar gallo, como se dice en la costa, en medio de la "recocha", una mujer con el rostro pintado, dijo que desde la pandemia ella siente que es una gata. "Los gatitos son portadores de buena energía. Me siento gata desde la pandemia, pero ahorita vengo a hacer portadora del mensaje de no al maltrato animal, sí a la vida", indicó Linda Heikera, animalista.