Cinco personas muertas y otras dos heridas fue el resultado de los ataques criminales que se registraron en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla, por lo que las autoridades ya iniciaron las respectivas investigaciones para encontrar a los responsables de cada episodio.En el primero de esos casos fue baleado Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, momentos en los que departía junto con Josué David Martínez Altamar e Iván Antonio Hernández, de 36 y 39 años respectivamente, resultando ambos también heridos en el suceso.Tanto el fallecido como los dos heridos cuentan según la Policía Metropolitana con anotaciones judiciales, mientras que el sitio en el que ocurrió el atentado tiene injerencia de Los Costeños.Luis Padilla registra anotación judicial por el delito de estafa; Josué David Martínez Altamar por porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, homicidio y hurto calificado e Iván Antonio Hernández Ortega por acto sexual con menor de 14 años.Por otro lado, en la tercera etapa del barrio Nueva Esperanza de Soledad fue ultimado Andrés Felipe Coronado Caballero, a manos de sicarios en moto. Informaron las autoridades que tenía una anotación judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos. En ese sector también hay injerencia de la banda Los Costeños.La violencia llegó hasta el barrio Las Nieves de Barranquilla, donde Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años fue víctima de un atentado criminal en el que le propinaron cinco impactos de bala, uno de ellos en su cabeza.Las autoridades hablan de que esta persona sería presunto integrante de Los Costeños y que justamente era familiar de Michael Yordan Márquez Rosillo, quien perdió la vida en otro ataque ocurrido en ese mismo sector.Las balas se extendieron hacia los barrios Ciudadela 20 de Julio y San Luis, donde fueron asesinados Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años, y Auber Fernando Lora Cárdenas, de 45.Pérez Pedraza estaba haciendo sus labores de vigilante informal cuando lo sorprendieron unos criminales en una moto. Registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.Asimismo, en la calle 92 con carrera 2C, fue interceptado cuando se bajaba de una motocicleta Lora Cárdenas. Tenía cinco anotaciones judiciales, entre las que destacan delitos como rebelión, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.
“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia”, fueron las palabras con las que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó a través de sus redes sociales el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría , quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país. Lo necesitamos libre ya”, citaron en un comunicado.Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, volvió a hablar sobre lo ocurrido:“Están desplegadas todas las tropas en lo que tiene que ver con La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, y cercanías a Santa Isabel. Al parecer el vehículo en el cual se llevaron a este ganadero fue abandonado entre Curumaní y Chiriguaná. Fue abandonado zona rural obviamente”, declaró a medios de comunicación.Recordemos que cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Dos ciudadanos de República Dominicana que intentaban salir del país con documentación falsa hacia Europa fueron expulsados por Migración Colombia durante un control migratorio de salida en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Los extranjeros habían ingresado al país como turistas con pasaporte dominicano auténtico y, dos días después, pretendían viajar a España.Durante la entrevista migratoria se detectaron inconsistencias en su itinerario y en el propósito del viaje. Tras verificar la documentación de soporte presentada por los viajeros, las autoridades establecieron que las residencias españolas aportadas eran falsas, de acuerdo con el informe del Grupo de Grafología y Documentología de la entidad.Esta expulsión se llevó a cabo en un vuelo de Avianca con destino a Santo Domingo. El caso se suma a las alertas que ha emitido Migración Colombia frente a un fenómeno que, según la entidad, se ha venido presentando de manera sistemática con ciudadanos de República Dominicana.De acuerdo con la directora general de la autoridad migratoria, Gloria Esperanza Arriero López, organizaciones criminales continúan intentando vulnerar el sistema de identificación colombiano para obtener documentos de manera irregular y beneficiarse de la exención de visado que tienen los colombianos para ingresar libremente a otros países.Entre 2021 y lo corrido de 2026 se han registrado 965 casos de obtención fraudulenta de documentación colombiana. De ese total, más de 850 corresponden a ciudadanos dominicanos y 118 a personas de otras nacionalidades, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Líbano.Solo en lo corrido de 2025 se han presentado 182 casos de documentación fraudulenta, de los cuales 136 fueron protagonizados por ciudadanos dominicanos. Según Migración, el esquema utilizado por estas organizaciones criminales consiste en obtener la identidad colombiana mediante la presentación de padres y testigos falsos para tramitar un Registro Civil de Nacimiento Colombiano. Posteriormente, gestionan la cédula de ciudadanía y, con ella, acceden al pasaporte colombiano.Esta modalidad permite que ciudadanos extranjeros viajen como si fueran nacionales colombianos, sin restricción de visa hacia países de la Unión Europea y otros destinos internacionales. De acuerdo con Migración Colombia, estas prácticas estarían relacionadas con estructuras dedicadas al tráfico de migrantes y otros delitos transnacionales.
Una densa columna de humo que se elevó sobre el noroccidente de la capital encendió las alarmas en la tarde de este viernes 20 de febrero. El origen de la emergencia fue el reconocido restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense, ubicado en la calle 71A con carrera 30, en la localidad de Barrios Unidos, donde se registró un incendio estructural que obligó a la rápida intervención de los organismos de socorro.De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, las llamas comenzaron en el sistema de ductos del establecimiento, especialmente en la zona de cocina. Desde el primer momento, los equipos realizaron un ataque directo al fuego y aplicaron ventilación mecánica para evacuar el humo acumulado en el interior del local.La magnitud de la humareda generó preocupación entre residentes y comerciantes del sector, quienes compartieron videos en redes sociales donde se observa la espesa nube gris saliendo del inmueble. Sin embargo, pese a lo aparatoso de la escena, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni durante el incendio ni en las labores posteriores de control.Para atender la emergencia fue necesaria la movilización de tres máquinas y 25 unidades del cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada para evitar que el fuego se propagara a construcciones vecinas. La rápida reacción fue clave para contener la conflagración en el punto de origen y minimizar los daños.Horas después, los Bomberos difundieron nuevas imágenes del interior del restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense. En las fotografías se aprecia a los uniformados inspeccionando los ductos y las áreas de preparación de alimentos, mientras utensilios y superficies aparecen cubiertos de hollín y residuos producto de la combustión. A pesar del impacto visual, la estructura general del establecimiento no presenta afectaciones de gran magnitud.En su balance final, la entidad reiteró que la situación fue controlada sin víctimas y destacó el compromiso institucional con la protección de la vida, el ambiente y el patrimonio de los ciudadanos. El caso ahora queda en manos de las autoridades competentes para establecer con precisión las causas que desencadenaron el incendio en el sistema de extracción.
Siguen las emergencias por lluvias en Antioquia en medio del complejo panorama que ya dejan más de 13 familias damnificadas, especialmente en la subregión de Urabá. Sin embargo, la más reciente se produjo en el Suroeste.Las intensas precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de varias quebradas y el colapso de buena parte de la red de alcantarillado en zona urbana produciendo inundaciones en viviendas y vías públicas de barrios como Moravia, La Plazuela, El Aleu y Buenos Aires.En este último sector también cedió un muro de la base militar. El capitán Julián Durango, comandante del Cuerpo de Bomberos de Urrao, indicó que cerca de 14 unidades atendieron la situación priorizando los puntos más críticos."Hemos priorizado los puntos más críticos, donde se genera, digamos estas emergencias, donde debe de ser priorizada la acción. Entiendo que todo el mundo necesita también la atención oportuna. Y también tenemos desplegados unas estrategias de monitoreo constante en algunos afluentes donde se nos están presentando crecientes súbitas", añadió Durango.Por su parte, el alcalde Nilson Barrera, solicitó a la ciudadanía mayor responsabilidad con la disposición de basuras y el cuidado de las zonas de drenaje de aguas en zonas comunes."Cuidar las alcantarillas, mantenerlas limpias, no arrojar basuras en la calle, porque miren que esto puede colapsar también el sistema de alcantarillado de un municipio. Entonces es cuidarnos entre todos. Vamos a estar muy atentos. El Comité Municipal del Riesgo está activo", señaló el mandatario.Tras la atención prioritaria de la emergencia, se espera que en las próximas horas se consolide el registro de damnificados y daños estructurales, así como las acciones a implementar para mitigar los impactos por la situación.
Como José Janir Escobar Bastidas fue identificado el labriego de 41 años que murió cuando ayudaba en las labores para apagar un voraz incendio de cobertura vegetal que amenaza importantes zonas de reserva y cultivos en el sector La Loma, del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila.El campesino, quien era habitante de la zona, falleció cuando, al parecer, en medio de las labores de extinción del fuego, cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea.“Lastimosamente, en la tarde de ayer (viernes) se presentó un incendio forestal en el centro poblado de Maito, zona rural del municipio de Tarqui. Era un incendio que amenazaba una zona de importancia. La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”, confirmó el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tarqui y del municipio de Timaná, que se sumaron a las labores de extinción y contención del incendio. Con apoyo de la comunidad, lograron ubicar el cuerpo, extraerlo y trasladarlo al centro poblado.“Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”, señaló el delegado departamental de Bomberos Huila.Ante esta lamentable situación, que deja una persona fallecida, los organismos de socorro reiteran que las quemas para la preparación de cultivos están prohibidas en el departamento.“El llamado a la comunidad es a evitar realizar quemas a cielo abierto. Recuerden que las quemas están prohibidas, pues situaciones como esta generan riesgos graves. Igualmente, pedimos a la comunidad que se abstenga de realizar este tipo de acciones y que, cuando apoyen en labores de extinción, prioricen siempre su seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el departamento”, puntualizó.Este incendio forestal, que fue controlado por personal de bomberos con el apoyo de la comunidad, arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación.
En Colombia, la cuota alimentaria no es un tema opcional ni depende de la buena voluntad. Es una obligación legal que deben asumir, sin excepción, padres y madres que no viven con sus hijos tras una separación.Ahora, un baldado de agua fría cayó para quienes pretendan evadir su responsabilidad, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que no habrá espacio para excusas ni dilaciones cuando se trate del bienestar de los menores.Ante ello, se aclara que la cuota alimentaria debe fijarse, preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde reside el menor de edad. Allí se establecerá el valor mensual que uno de los progenitores debe consignar al otro para cubrir las necesidades del hijo.¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?No se trata únicamente de alimentación. El monto se define según los ingresos del padre o madre obligado y los gastos reales del menor. Dentro de la cuota se evalúan aspectos como:Alimentación.Servicios públicos.Arriendo, cuando aplique.Educación.Recreación y demás necesidades básicas.Pero no es lo único, pues existen gastos extraordinarios que deben asumirse por partes iguales entre ambos padres, como:Matrícula escolar.Uniformes y útiles.Gastos médicos ocasionales.El valor acordado también se ajusta anualmente conforme a lo pactado en el acta de conciliación, ya sea con base en el incremento del salario mínimo o en el IPC.ICBF ordena cuánto deben pagar si padre y madre no concilianCuando no existe acuerdo entre las partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene. Si el progenitor citado se niega a conciliar o no asiste a la audiencia, el defensor de familia puede fijar una cuota provisional, incluso sin su consentimiento.Además, la norma contempla un escenario frecuente: cuando el padre o madre afirma que no trabaja. En ese caso, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo legal vigente y con base en ello calcula el monto correspondiente.Con esto se busca que los menores no queden desprotegidos por maniobras dilatorias o excusas sin sustento. La cuota es un derecho del niño o la niña, no una negociación para favorecer a uno de los padres.Se acabaron las excusas para no responder por los hijosEl mensaje es claro: quiera o no, el padre o la madre debe asumir su responsabilidad. La intervención del ICBF refuerza la obligación legal y garantiza que, aun sin acuerdo, exista una cifra definida para proteger los derechos del menor.Más allá del trámite jurídico, el fondo del asunto es el bienestar de los hijos. La ley respalda ese principio y ahora las autoridades endurecen su postura frente a quienes intenten eludirlo.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
Un ejercicio de control frente a los temas presupuestales de la empresa de energía Air-e Intervenida y en lo que respecta al pago de los subsidios es el que viene realizando la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez, quien dejó ver la necesidad de ponerles el foco a los diferentes factores que están comprometiendo la estabilidad financiera de la compañía.Desde Barranquilla, el contralor general advirtió que si la estabilidad financiera de Air-e se ve comprometida, también lo estará la prestación del servicio de energía para los usuarios de esta empresa en el Caribe."Nosotros estamos haciendo un llamado muy cordial al Ministerio de Minas, al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia para que nos sentemos y, a través de ese tablero de control que vamos a establecer, le hagamos un seguimiento permanente para que no se vaya a producir una afectación en la prestación del servicio, que no se vaya a afectar la calidad en cuanto eficiencia y eficacia, pues sería un gran perjuicio para la costa Caribe", expresó el contralor durante el encuentro de Andeg.El Contralor General también se refirió a la deuda acumulada que supera los $5 billones en subsidios tarifarios por parte del Gobierno Nacional a empresas prestadoras de servicios de energía eléctrica y gas.Aunque el Ministerio de Minas y Energía reportó el pago de $2,5 billones en mayo de 2025 para cubrir deudas del año anterior, el ente control indica que “los pasivos continúan acumulándose actualmente, sin respaldo presupuestal claro”, por lo que advierte que “este incumplimiento pone en riesgo el acceso al servicio para la población más vulnerable, y exige una reforma a la gestión de subsidios, incluyendo medición de impacto, actualización de fórmulas tarifarias e incentivos a la eficiencia energética”."Desde el control fiscal, hemos priorizado esta alerta (pago de subsidios) en nuestra agenda de vigilancia preventiva y concomitante. La Contraloría está adelantando un seguimiento para identificar con precisión los montos y trámite adelantado para el pago de las deudas públicas, así como las responsabilidades institucionales para evitar su acumulación", dijo.
Un lío jurídico que apenas empieza envuelve el panorama del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, Transcaribe, y tiene como protagonistas a la empresa Sotramac, uno de los concesionarios encargados de la operación de los buses, y al mismo alcalde Dumek Turbay.El operador, propietario de 101 buses del sistema, denunció penal y disciplinariamente al alcalde Turbay porque, señalan, ignoró el informe técnico que fijó el aumento del pasaje para 2025 y tampoco ha girado los recursos suficientes para garantizar la sostenibilidad financiera del mismo a través del Fondo de Estabilización tarifaria, FET.“De acuerdo con ese informe, para garantizar la operación del sistema sin incurrir en déficit, el alcalde debió prever una transferencia adecuada al FET o, alternativamente, haber decretado un incremento tarifario de $2.700 por pasajero desde el 1 de enero de 2025, lo cual no ha sucedido, evidenciando un incumplimiento del procedimiento establecido en el Decreto 1277 de 2015, que exige una correspondencia directa entre tarifa fijada y recursos apropiados”, señala el documento de la denuncia presentada a la Fiscalía General de la Nación.La denuncia detalla que, al no autorizar el incremento tarifario de 2.700 pesos sino de 400 pesos, el mandatario debía asegurar la apropiación de $68.692 millones de pesos destinados al FET.“La expedición del Acuerdo 042 de 2024 y del decreto 0899 de 2025 sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos descritos, constituye una clara muestra de desviación de poder y de ejercicio arbitrario de la función pública, así como una presunta conducta constitutiva de prevaricato por acción, al proferirse un acto administrativo manifiestamente contrario a la ley y a los compromisos contractuales vigentes”, indican.A su vez los apoderados de Sotramac, a través de la denuncia que también fue presentada a la Procuraduría General de la Nación, aseguran que “la decisión del alcalde de presentar este proyecto de presupuesto, sin la debida cobertura presupuestal para cumplir los compromisos contractuales y legales existentes, genera un riesgo jurídico y económico directo para el Distrito, así como una afectación real para los concesionarios que verán comprometida la posibilidad de recibir la remuneración debida por la operación del sistema”.También explican que, según el certificado expedido el 21 de julio de 2025 por el revisor fiscal, la empresa atraviesa una situación financiera crítica derivada del incumplimiento reiterado de Transcaribe. La deuda a la fecha es de $6.213.402.660, correspondiente al concepto de Valor Específico por Kilómetro (VEK) y al Valor Específico por Flota en Uso (VEFU).La mayor cantidad de buses en patio, sin arreglo, son de ellos: alcaldeEntretanto, el mandatario cartagenero le salió al paso a las denuncias y aseguró que Sotramac es el responsable, en gran medida, del precario servicio que presta Transcaribe, y quejas ciudadanas por el mal estado de la flota.“Lo que tienen que saber los cartageneros es que en gran medida Sotramac es el responsable de un servicio precario, de una dificultad para que los cartageneros puedan acceder a un transporte público de calidad. Cuando los cartageneros ven que cuando cae una lluvia los buses se mojan más dentro que afuera, casi que todos esos buses en el peor estado son los de Sotramac (…) Los cartageneros no saben quién es Sotramac o quién es Transambiental, no tienen ni idea. Los cartageneros le dicen a su alcalde cómo es posible que los buses estén dañados, cómo es posible que los buses estén defectuosos. Y como hay tres escenarios de conversación, uno que lo administra la ciudad, otro que es Transambiental y otro que es Sotramac, pues donde más problemas hemos tenido es con Sotramac”, sostuvo.El alcalde Turbay afirmó enfáticamente que ellos los subieron al “ring”, y que por tanto deben esperar la respuestas legales de la Alcaldía.“Ellos tienen una responsabilidad con la ciudad de Cartagena y les vamos a exigir, como lo hemos venido exigiendo, que le cumplan a la ciudad, porque no nos están regalando nada. Los cartaneros pagan la tarifa y la alcaldía de Cartagena. Y aquí voy a decir algo, todos los alcaldes le han tirado un salvavidas a la operación para que el sistema pueda funcionar, es decir, conchudos les queda pequeño. Es una queja y una denuncia desobligante con la ciudad cuando la ciudad es la que les ha permitido mantener la operación. Siempre van a decir que están perdiendo plata, siempre han dicho que han perdido plata, y la ciudad ha llegado a rescatarlo y a salvarlo”, sostuvo.El mandatario también aseguró que esta no es la primera vez que Sotramac denuncia a un alcalde, y que la estructuración del sistema no es responsabilidad de esta administración“Ahora, yo llegué ahora a la alcaldía, yo no estructuré el sistema. Yo no soy responsable de que el sistema, de la manera como se estructuró, pues pudiera tener, entre comillas, eso es lo que dicen ellos, debilidades que los ponen en una situación compleja. Lo del aumento de la tarifa o no, eso es carreta. Ellos hicieron lo mismo con el alcalde pasado. Ahí nos parecemos el alcalde pasado y yo, que hemos sido denunciados por ellos por esas mismas circunstancias”, agregó.La flota del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, que tiene más de 110.000 usuarios, está integrada por 332 buses, de propiedad de tres operadores: Sotramac, Transambiental y la Alcaldía de Cartagena. Según datos de Transcaribe, Sotramac tiene 101 de estos buses, de los cuales sólo 51 operan.El pasado 16 de agosto, la Alcaldía de Cartagena abrió una convocatoria pública para la adquisición de 55 nuevos buses para Transcaribe con una inversión de más 70 mil millones de pesos.
El Consejo de Estado concluyó que la inscripción de Jorge Luis Agudelo Apreza, candidato de Fuerza Ciudadana, fue extemporánea y solo posible gracias a una tutela que posteriormente fue revocada.En la sentencia, la Sección Quinta recordó que los partidos deben respetar los tiempos del calendario electoral y que no es posible beneficiarse “de su propia culpa” al inscribir candidatos inhabilitados o por fuera de plazo.Sobre los 85.616 votos obtenidos inicialmente por Agudelo, la corporación señaló que “al desaparecer los supuestos de hecho y de derecho en que se basó la inscripción extemporánea (…) resultaba indiscutible que las cosas volvieran al estado original”.El alto tribunal también recalcó que las comisiones escrutadoras actuaron en derecho al excluir la votación, pues “era una consecuencia obvia e inclusive forzosa ante la revocatoria de la orden de tutela emitida por el juez inferior”.Con esta decisión, queda en firme la credencial de Pinedo Cuello, quien fue declarado alcalde con 85.372 votos.
El gremio energético del país está preocupado por la posibilidad de que dentro de 3 años se produzca un racionamiento de energía del 50% a nivel nacional, ya que los proyectos que fueron contratados durante la subasta de expansión por cargo de confiabilidad, en 2024, presentan un alto porcentaje de retraso para entrar en operación, lo que deja en vilo la energía firme mínima que se requiere para evitar un apagón. De acuerdo con Luis Miguel Fernández, presidente de la junta directiva de Andeg, de los proyectos adjudicados, solo el 25% entrará en funcionamiento próximamente. "El punto de vista de suficiencia urge convocar una nueva subasta de expansión de cargo por confiabilidad que permita integrar nuevos recursos firmes y garantizar la demanda de energía futura. El gas natural sigue siendo esencial para esta transición", explicó Fernández.Ante esto, Fernández planteó la urgente necesidad de que sea convocada una nueva subasta de expansión por cargo de confiabilidad. "Hay que tomar decisiones firmes"A sus palabras se sumó el contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, quien manifestó que hay necesidad de tomar decisiones firmes para evitar una crisis que afectaría no solo al sistema eléctrico sino también la calidad de millones de personas, por lo que sería un inminente desabastecimiento. "Actualmente se encuentran 16 proyectos en ejecución de ampliación del sistema de transmisión nacional y del sistema de transmisión regional de estos proyectos 14 representan algún nivel de retraso con un promedio de 30.7 meses de retraso. Estos retrasos acumulados en varios proyectos críticos afectan directamente la seguridad energética del país planteando preocupaciones válidas por parte del organismo de control en el sentido de la capacidad de mantener y expandir su infraestructura eléctrica de una manera", expuso el contralor.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Una suspensión por 90 días fue la que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Julio César De Los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera, Atlántico, como sanción disciplinaria “por ordenar el embargo y la retención de recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), Coosalud, sin tener competencia para adelantar este procedimiento”.El ente de control informó que De Los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo por 998.423.011 millones de pesos, “desconociendo las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente el principio de inembargabilidad de sus recursos”.En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que “las Empresas Sociales del Estado no están habilitadas para ejercer cobro coactivo en el marco de sus relaciones comerciales, por lo que deben acudir ante la jurisdicción competente”.De esta manera, “la falta del exfuncionario fue calificada como grave a título de culpa grave y la sanción fue convertida en salarios, por cuanto ya no ejerce función pública”, precisó el ente de control.
Indignación en la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico, por mujer que fue sorprendida transportando a dos menores de edad en una patineta eléctrica.Este hecho quedó registrado en un video captado por conductores que se transportaban por la calle 30 de Barranquilla, una de las vías más transitadas de la capital del Atlántico.Lo que más sorprendió de la grabación fue que una de las menores transportadas en el vehículo eléctrico llevaba en sus brazos a una pequeña niña acostada sobre ella mientras la patineta se movilizaba.Hasta este viernes se desconoce la identidad de la mujer que cometió este hecho, sin embargo, en redes sociales han pedido a las autoridades más control con este tipo de vehículos eléctricos.Vea el video aquí: