Las graves afectaciones que dejan las fuertes lluvias en Bolívar mantienen en alerta a las autoridades, que tras un Consejo de Gestión del Riesgo declararon la calamidad pública en el departamento.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, señaló que esta declaratoria busca acelerar acciones de atención, mitigación y recuperación de las poblaciones afectadas.“Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, explicó el gobernador Arana.De acuerdo con el Consejo de Gestión del Riesgo, especialmente en el sur de Bolívar, se registran inundaciones activas en varias zonas, erosión acelerada y amenazas de sequía que “ponen en riesgo a comunidades enteras, la infraestructura vial y productiva, así como ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental del departamento”.Asimismo, según la Gobernación de Bolívar, actualmente hay 15 declaratorias de calamidad pública en municipios como Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor, Simití, San Jacinto del Cauca, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena, Santa Catalina, Arenal del Sur y Montecristo. En el departamento, aunque continúa el censo de afectaciones, hay más de 15 mil personas damnificadas.
Hasta el despacho de la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, llegó una carta firmada por el alcalde Alejandro Char en la que se solicita tener en cuenta el interés de esta administración de operar, mantener y culminar las obras alrededor del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.La solicitud se basa en que esta infraestructura es catalogada como la principal puerta de ingreso de los turistas que llegan a la ciudad, y ahora mismo, según la Alcaldía, está generando una impresión desfavorable y tampoco corresponde al estándar que Barranquilla busca proyectar.Son tres millones de usuarios los que, según la autoridad, se mueven por este aeropuerto con fallas en los sistemas de climatización, limitaciones en la sala de recibo de equipajes y una prestación insuficiente de servicios básicos, especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje.Por eso, dice la Alcaldía que tienen el interés y la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras, con las que se quiere posicionar a la ciudad como hub turístico.“En ese marco, el Distrito de Barranquilla manifiesta su interés y capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con un enfoque de gestión orientado a resultados verificables. El propósito es concreto: mejorar niveles de servicio al usuario, asegurar el mantenimiento oportuno de la infraestructura complementaria cerrar brechas operativas derivadas de obras inconclusas, bajo estándares exigibles y coordinados con la autoridad aeronáutica, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable”, se puede leer en el comunicado.Así las cosas, la carta termina con una invitación a participar en mesas técnicas en las que se avancen en las gestiones para este fin.“En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz al Distrito de Barranquilla, así como, de encontrarse procedente, la estructuración y eventual suscripción del instrumento jurídico correspondiente. Del mismo modo, el Distrito manifiesta su disposición para participar en mesas técnicas, remitir la información requerida y adelantar las gestiones necesarias que permitan avanzar de manera coordinada y oportuna”, culminan.
De las 16.800 llamadas que recibió la Policía a su línea de emergencia durante el Carnaval, 1.325 fueron por riñas registradas en Barranquilla y municipios del Atlántico, y más de 900 por otras situaciones relacionadas con alteración del orden público.Solo en la ciudad y su área metropolitana se impusieron 1.026 comparendos por violar el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 332 personas debieron ser conducidas a la UCJ por mal comportamiento, sin obviar que se desmontaron 73 picós que estaban amenizando fiestas sin autorización y a muy alto volumen.A lo anterior también se suman capturas por diferentes delitos e incautaciones de armas, indicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla."Podemos informar que se han producido 118 capturas por diversos delitos, una de ellas por orden judicial y las demás en flagrancia. Se ha logrado la incautación de 18 armas de fuego y 345 armas cortopunzantes o blancas, mientras que cuatro vehículos y cuatro motocicletas han sido recuperadas", indicó el oficial frente a los operativos realizados en Barranquilla y su área metropolitana.En el resto de los municipios del Atlántico se realizaron 19 capturas en flagrancia y se logró la incautación de cuatro armas de fuego, una arma traumática y 32 armas blancas. Además, se realizaron 65 comparendos, de los cuales 20 fueron por riñas, contribuyendo a la prevención de hechos de intolerancia.En materia de movilidad hay que decir que en todo el departamento se impusieron 1.998 comparendos de tránsito y se inmovilizaron 162 vehículos por diferentes infracciones, entre esas conducir en estado de embriaguez, teniendo en cuenta que de las más de 80 pruebas de alcoholemia practicadas, más de 50 resultaron positivas.
Barranquilla demostró una vez por qué su Carnaval es la fiesta más grande de Colombia al acoger y poner a gozar a más de 6 millones de personas hasta el miércoles de Ceniza, una temporada en la que se llevaron a cabo más de 500 eventos, de los cuales 380 fueron gratuitos y donde se lucieron más de 800 expresiones culturales.La ciudad recibió a más de 820.000 visitantes, de los cuales el 77% fueron turistas nacionales y el 23% internacionales, provenientes de países como Alemania, Estados Unidos, México, España, Brasil y Australia; razón por la que la ocupación hotelera alcanzó un 90% y el movimiento económico superó los 840.000 millones de pesos durante los días de fiesta.Ana María Aljure, gerente de ciudad, destacó el auge de este Carnaval que, además, generó 195.000 empleos directos e indirectos."Nuestro Carnaval brilló como ese patrimonio que tiene una proyección global y esta vez sin precedentes. Tuvimos de verdad un aforo impresionante. Fueron más de 6 millones de espectadores que disfrutaron de nuestro Carnaval tanto presencial como a través de las diferentes plataformas", expresó Aljure en diálogo con Blu Radio.Y es que Barranquilla y su Carnaval 2026 lograron un impacto mediático y digital histórico, alcanzando más de 500 millones de usuarios en el ecosistema digital. Con cerca de 9.000 publicaciones en medios de comunicación y una conversación internacional que llegó a 48 países en entornos digitales, manteniendo un 80% de tono positivo.Más de 42 toneladas de residuos recogidasUna operación liderada por la Alcaldía y Carnaval de Barranquilla para mantener los espacios limpios y seguros permitió recolectar 42.3 toneladas de residuos sólidos durante los eventos de precarnaval y Carnaval.Se trató de una iniciativa que involucró a 290 recicladores de oficio, pertenecientes a 19 asociaciones y quienes trabajaron por el aprovechamiento de estos residuos sólidos, reincorporando materiales a la economía circular y evitando su disposición en el relleno sanitario."Apostamos por un Carnaval incluyente y sostenible. Desde el punto de vista de la sostenibilidad fueron más de 42 toneladas de residuos que nosotros recuperamos, trabajamos con más de 200 recicladores que estuvieron siempre ahí. Yo acompañé en la carroza de la triple A, estuvimos con nuestros escobitas, esos hombres y mujeres que se levantan todos los días y están bajo sol o lluvia trabajando por tener una ciudad limpia y linda", destacó Aljure.La funcionaria resaltó que el compromiso ambiental también se reflejó en la reducción del 40% en el uso de icopor, sustituido por papel, cartón y materiales reciclables, así como en la instalación de 60 puntos ecológicos, la entrega de 5.000 bolsas de recolección y la capacitación de 3.890 personas en buenas prácticas.
La Nueva EPS explicó que la demora en la aplicación de un medicamento al menor Kevin Arley Acosta se originó tras una solicitud de portabilidad presentada por la madre en noviembre de 2025 para trasladar temporalmente su afiliación desde Pitalito hacia Charalá por un periodo de cuatro meses. Según el comunicado, tras la petición a mediados de noviembre, la entidad activó la ruta administrativa y asistencial para garantizar la continuidad del tratamiento en la red del departamento de Santander.De acuerdo con la EPS, en el marco de ese proceso se gestionó la articulación con el prestador Integral Solutions, que programó una cita para finales de enero de 2026 en Bucaramanga con el fin de mantener la aplicación de la profilaxis sin interrupciones. La entidad señaló que el tratamiento no fue suspendido y que se activaron oportunamente los mecanismos de traslado de prestador para asegurar la continuidad terapéutica conforme al principio de portabilidad del aseguramiento en salud.Sin embargo, la EPS indicó que en la última semana de enero la madre del menor acudió a una oficina en Pitalito para solicitar la terminación de la portabilidad, pese a que el agendamiento en Santander ya estaba realizado. Ese mismo día, según el registro de la entidad, la usuaria regresó a su municipio de residencia en el departamento de Huila. Para la EPS, este cambio de municipio generó un retraso en la aplicación correspondiente al ciclo mensual del medicamento.Tras la notificación formal de la cancelación de la portabilidad, la entidad informó que reactivó de inmediato la gestión en Huila, incluida la activación de cohorte y la articulación con la red prestadora en Pitalito, con el objetivo de restablecer la continuidad del tratamiento en esa ciudad. Según el comunicado, estas acciones buscaron asegurar nuevamente la prestación del servicio dentro de la red local.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
Una decisión de la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia permitir que José Ismael Peña Reyes asuma como rector para el período 2024-2027 y dio un plazo de 48 horas para cumplir la decisión, al concluir que se vulneró su derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido.La determinación se tomó dentro de una acción de tutela en la que el tribunal revisó la controversia sobre la rectoría de la universidad. En primera instancia, un juzgado laboral de Bogotá había negado el amparo, pero esa decisión fue revocada por el tribunal. Según la sentencia, la elección de Peña Reyes realizada en marzo de 2024 sigue vigente porque no ha sido anulada por un juez. Por eso, impedirle posesionarse equivale a desconocer un acto oficial que aún tiene efectos legales y afecta su derecho a desempeñar funciones públicas.En su análisis, los magistrados señalaron que, aunque las universidades públicas tienen autonomía para organizarse, esa facultad no permite ignorar decisiones administrativas válidas. El fallo enfatiza que la institución debe respetar la elección mientras no exista una orden judicial que diga lo contrario y que la protección de los derechos fundamentales exige una solución inmediata.Con esta orden, el Consejo Superior Universitario deberá adoptar en dos días las medidas necesarias para hacer efectiva la posesión del rector. Si la decisión no se cumple, podrían iniciarse sanciones por desacato contra los funcionarios responsables. El expediente será remitido a la Corte Constitucional de Colombia para su eventual revisión, y al tratarse de un fallo de segunda instancia en tutela, no admite nuevas impugnaciones.
La consternación y la indignación no para de crecer en Medellín, luego de conocerse la cruel muerte de un bebé de tan solo 9 meses en el barrio Juan XXIII. El menor ingresó a un centro hospitalario por una supuesta caída, sin embargo, el paso de los días permitió esclarecer que no murió por un accidente sino que fue asesinado.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que las investigaciones permitieron establecer que el padre del menor, un hombre de 24 años, fue el responsable de la muerte del bebé de 9 meses luego de golpearlo."El padre había dicho que se le había caído. Después ya de que Medicina Legal evalúe el caso, básicamente estableció que el trauma fue causado con un elemento justamente de manera contundente. Lo que evidencia es que no fue una caída, no fue un accidente, sino que fue una muerte violenta. A este niño lo asesinó su propio padre", indicó el mandatario.Por su parte, la Fiscalía General de la Nación confirmó que ya el hombre fue judicializado por ser el presunto responsable de provocarle un trauma craneoencefálico el bebé porque, supuestamente, había comenzado a llorar y habría podido calmarlo, recurriendo a la fuerza desmedida.Gutiérrez indicó que la captura de esta persona fue posible gracias al trabajo de las autoridades quienes lo encontraron en el Cementerio Montesacro visitando la tumba del menor de edad."Justo en el momento en el que él visitaba la tumba de su hijo, porque cumplía un año de nacido. Justo ese día, el papá lo visitaba en el cementerio, ahí es donde la policía logra capturar a esta persona. A nosotros nos duelen mucho esos casos", manifestóPor estos hechos, una fiscal de la Unidad de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó al hombre el delito de homicidio agravado, pero no aceptó el cargo y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
El Parque Nacional Natural Tayrona volvió a convertirse este miércoles en el epicentro de la tensión en Santa Marta. Pese a la resolución 091 del 17 de febrero, con la que Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre temporal del área protegida por riesgo para visitantes y funcionarios, autoridades del cabildo kogui en Magdalena decidieron abrir el acceso y asumir, por su cuenta, el cobro de ingreso y del seguro que normalmente se paga en las taquillas oficiales.La escena se vivió en el sector de El Zaino, principal puerta de entrada al Tayrona. Allí, líderes indígenas instalaron su propio control de paso como parte de lo que llaman una “protesta pacífica” contra la Unidad de Parques Nacionales. “Estamos aquí en protesta pacífica, porque no han querido reconocernos como autoridad en el territorio y eso ha afectado a la comunidad indígena, vulnerando sus derechos al trabajo y a la vida”, explicó Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, al justificar la decisión de permitir el ingreso de turistas pese a la medida nacional.El inconformismo indígena se agudizó después de las demoliciones ordenadas por Parques a estructuras turísticas levantadas dentro del área protegida. Según Moscote, se trataba de adecuaciones para que las comunidades tuvieran un espacio de trabajo. “Las locaciones que se estaban haciendo para la comunidad fueron demolidas. Hoy estamos en contra de eso y pedimos que el director de Parques, el Ministerio de Ambiente, la Presidencia y los entes de control vengan al territorio y se sienten a garantizar los derechos de campesinos, indígenas y del mismo Estado”, reclamó.Del lado institucional, Parques Nacionales sostiene que la decisión de cierre responde a un escenario de riesgo que se salió del plano administrativo. En la resolución 091 se advierten bloqueos en los accesos, cobros no autorizados, intimidaciones al personal y el ingreso de visitantes por rutas afectadas por las lluvias recientes, sin las garantías mínimas de seguridad. Por esas razones, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el ecoturismo mientras se restablece el control pleno del área y se coordinan acciones con los ministerios de Ambiente y Defensa.La crisis golpea de frente al sector turístico de Santa Marta. Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, recordó que el Tayrona no es solo un destino emblemático, sino el sustento de miles de familias. “Cada cierre, cada bloqueo y cada conflicto nos afecta como ciudad. Hay comunidades ancestrales, campesinos, prestadores de servicios, operadores turísticos, proveedores, transportadores y comercio que dependen de esa zona. El camino no puede ser la confrontación, tiene que ser el diálogo, los acuerdos y compromisos verificables”, advirtió.García también señaló que muchos visitantes compraron paquetes luego del anuncio de reapertura parcial del parque y hoy se encuentran con un nuevo cierre decretado por el Gobierno, al tiempo que se enteran de que el ingreso está siendo controlado por las comunidades. “Proteger el parque es proteger el empleo y el sustento de las familias. Se necesita unidad y presencia articulada de las autoridades civiles, militares, policiales y de control para garantizar seguridad e institucionalidad”, añadió.Mientras el Gobierno mantiene oficialmente clausurado el Tayrona y refuerza su presencia en la zona, los koguis insisten en que no se irán hasta que haya acuerdos claros sobre el manejo del territorio y las oportunidades económicas para las comunidades vecinas. En medio de ese pulso, el parque natural más famoso del Caribe colombiano permanece atrapado entre la conservación, las reclamaciones históricas y la incertidumbre de un turismo que, por ahora, no sabe con certeza si está entrando a un destino abierto o cerrado.
El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano, permanecerá cerrado. La medida quedó consignada en la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, firmada por la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y responde a un escenario que las autoridades califican como “condiciones de riesgo público” al interior del área protegida.La decisión se toma después de varios episodios de tensión en los accesos al parque, especialmente en el sector de El Zaino y en la zona de Cañaveral. Según el acto administrativo, en las últimas semanas se registraron bloqueos, cobros no autorizados a visitantes, ingreso irregular de turistas sin controles oficiales y actos de intimidación contra el personal del parque, al punto de impedirles la entrada e incluso exigir que no portaran sus uniformes.El detonante más reciente fue la intervención realizada el 11 de febrero en Cañaveral, donde Parques Nacionales, con apoyo de autoridades judiciales, adelantó medidas contra ocupaciones y construcciones turísticas ilegales dentro del área protegida. Tras ese operativo, comenzaron a circular videos y mensajes con amenazas directas contra la jefe del área y su equipo, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios y de los propios visitantes.El 16 de febrero, la situación escaló: desde primeras horas de la mañana se reportaron bloqueos en la entrada de El Zaino y luego en Calabazo y Neguanje. En estos puntos, grupos de personas permitieron el acceso de turistas por su cuenta, realizaron cobros ajenos a la autoridad ambiental y desconocieron las restricciones vigentes por afectaciones en senderos e infraestructura a causa de las recientes lluvias. Ante este escenario, el personal de Parques se vio obligado a retirarse de los accesos, quedando sin control efectivo sobre quién entraba y en qué condiciones al Tayrona.La resolución recuerda, además, que el territorio del parque y su zona de influencia ya habían sido identificados como escenario de riesgo por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 020 de 2025, donde se advierten amenazas a la vida, integridad y seguridad de servidores públicos y comunidades por parte de grupos armados ilegales que ejercen control territorial en áreas protegidas. Ese contexto, sumado a las intimidaciones recientes, llevó a Parques Nacionales a concluir que la permanencia de turistas y trabajadores al interior del Tayrona supone hoy un riesgo inaceptable.En consecuencia, el artículo primero de la resolución ordena el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona “con el fin de minimizar los riesgos a la vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales a la vida, la integridad física, psíquica y moral, la seguridad y la libertad” de guardaparques, personal de la entidad, turistas y cualquier persona dentro del área. El segundo artículo prohíbe expresamente el ingreso de visitantes y de prestadores de servicios ecoturísticos mientras esté vigente la medida.El cierre no tiene una fecha fija de reapertura. La resolución señala que la medida se mantendrá hasta que se evidencie una mejora en la seguridad y la gobernanza al interior del parque, y condiciona su levantamiento a un concepto técnico favorable que deberá emitir la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales.En paralelo, la Dirección Territorial Caribe deberá coordinar espacios de diálogo con instituciones públicas, actores privados y comunidades para construir salidas que permitan normalizar la operación turística sin poner en riesgo a quienes habitan o visitan el Tayrona.El Gobierno convocó a varios actores a rodear la decisión: Ministerios de Ambiente e Interior, Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerza Pública, Guardacostas y autoridades indígenas de la Sierra Nevada, entre otros, fueron notificados formalmente del cierre y deberán apoyar su implementación y seguimiento en terreno.Mientras tanto, la instrucción es clara: no habrá preventa de boletería ni acceso al área protegida, y la prioridad será restablecer el control institucional y las condiciones de seguridad en uno de los parques más visitados del país, que ahora se encuentra en pausa forzada por cuenta de un conflicto donde se cruzan intereses turísticos, comunitarios, ambientales y de seguridad en el Caribe colombiano.
En Montería se intensifican las lluvias. La tarde de este martes, una tormenta eléctrica llevó a la suspensión de un partido de fútbol, mientras que la hidroeléctrica Urrá alertó a la comunidad para que este atenta, pues se ha dado un incremento de las precipitaciones en la cuenca aportante al embalse.Por el momento, las autoridades no reportan nuevas emergencias.La caída de un torrencial aguacero acompañado de tormenta eléctrica en Montería, llevó esta tarde a la suspensión del partido entre Jaguares de Córdoba y el Independiente Santa Fe, a los 10 minutos de haber iniciado el encuentro en el estadio Jaraguay.La intensidad de las lluvias también llevó a que la hidroeléctrica Urrá emitiera un comunicado alertando a la comunidad que se han incrementado las lluvias en la cuenca aportante al embalse, por lo que se recomienda a las comunidades ribereñas estar alerta ante eventuales incrementos en los niveles de agua del río Sinú.Debido a esta condición, reiteraron a las comunidades que se mantengan alertas en las zonas ribereñas del río Sinú, y atender las recomendaciones de las autoridades de riesgo y organismos de socorro.Vale decir que el reporte del ideam advierte que estás lluvias intensas sobre toda la cuenca del río, se mantendrán hasta el jueves. Al respecto el meteorólogo Cristian Arango."Nuestros sensores detectaron precipitaciones a lo largo del río Sinú y para esa zona, desafortunadamente, por lo menos hasta el jueves nos vamos a mantener este tipo de lluvias", Arango.Las lluvias también persistirán en Sucre, el centro y sur de Bolívar y varios municipios del Cesar.
Este martes Barranquilla clausuró su Carnaval 2026 con los tradicionales desfiles que representan el entierro de Joselito. El primero de estos recorridos se cumplió en el norte de la ciudad con cortejos fúnebres, danzas y disfraces.Los tradicionales desfiles de “Joselito se va con las cenizas”, marcó el cierre de una temporada carnavalera y, con letanías y demás expresiones culturales, los barranquilleros le dieron el último adiós al Carnaval 2026.En varias calles de la ciudad, los barranquilleros, a su manera, despidieron a Joselito Carnaval. Una de estas manifestaciones se pudo ver en el barrio La Magdalena, donde un grupo de personas simuló un entierro con ataúd y todo en despedida al tradicional personaje de las carnestolendas.Un luto cargado de diseño y tradiciónEl cortejo fúnebre simbólico estuvo liderado por la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, quien cautivó a los asistentes luciendo el traje ‘El luto es venganza’. Esta pieza, diseñada y confeccionada por estudiantes del Programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe, se convirtió en un tributo a la creatividad local y a la formación académica del diseño en la región.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
Lo que debía ser un accidente de tránsito menor en plena zona turística de El Rodadero terminó convertido, según una denuncia ciudadana, en un episodio de intimidación armada. El defensor ambiental Luis Miguel Moisés aseguró que su hijo chocó contra una tricimoto y que, en lugar de que la situación fuera atendida por agentes de tránsito o la Policía, al lugar llegaron cinco hombres armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Moisés relató que estos hombres asumieron el rol de “autoridad” en la vía y, bajo presión, le habrían exigido a su hijo el pago de 1,5 millones de pesos para no “llevárselo para la Sierra Nevada”. El defensor señaló que este episodio no sería un caso aislado, sino la muestra de cómo esa estructura ilegal estaría manejando conflictos cotidianos en El Rodadero, desde choques simples hasta disputas entre particulares, por fuera de cualquier marco institucional.La denuncia también revive las alertas por el control territorial y la extorsión en este corredor turístico de Santa Marta, donde comerciantes, pequeños operadores y conductores han reportado cobros ilegales y presencia visible de hombres armados. “Para muchos, ellos son la máxima autoridad en el sector”, advirtió Moisés en su testimonio.Horas después de que se conociera el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra difundieron un comunicado en el que negaron haber participado en el hecho y rechazaron las amenazas denunciadas. Sin embargo, en el mismo texto reconocen lo siguiente:"Por décadas hemos ejercido un control territorial de área por la inasistencia de los gobiernos”, fue la declaración que reaviva el debate sobre la capacidad real del Estado en esta zona de la región Caribe.Ante la gravedad de la denuncia, la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación de Santa Marta, Jennifer del Toro, pidió la intervención de la Fiscalía y de unidades de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido, establecer si se trató efectivamente de hombres pertenecientes a esa estructura armada y garantizar medidas de protección para la familia de Moisés y otros posibles denunciantes.Desde Blu Radio se consultó a las autoridades sobre este caso. Hasta el momento no se han entregado detalles públicos sobre avances de la investigación, pero el llamado de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es claro: que el Estado recupere el control institucional en El Rodadero y que ningún grupo armado imponga su ley en uno de los principales destinos turísticos del país.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, tras una auditoría a los dineros del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa de la vigencia 2024. El organismo de control determinó hallazgos fiscales por 17.394 millones de pesos.El caso más grave tiene que ver con la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en El Banco, donde la obra está inconclusa y abandonada, pese a una inversión cercana a 9.150 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo incumplimientos reiterados del contratista, fallas en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.En Santa Marta, el ente de control puso la lupa sobre el convenio para el apoyo a las Fiestas del Mar 2024, por más de 5.206 millones de pesos. Aunque en los informes se reporta una ejecución del 100 %, la Contraloría advierte que no hay evidencia documental suficiente que demuestre que todas las actividades contratadas se llevaron a cabo, lo que impide verificar el uso real de los recursos y configura un posible hallazgo fiscal. La falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Secretaría de Cultura Distrital es uno de los puntos señalados.El informe también encontró un detrimento por 818 millones de pesos en el departamento, al pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación los salarios y prestaciones de nueve docentes con permiso sindical permanente, que no habrían desempeñado funciones propias del cargo durante 2024. Para la Contraloría, esto evidencia fallas en el control de la nómina y en la aplicación de los criterios de necesidad y razonabilidad para la concesión de estos permisos.En el contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el organismo halló pagos por concepto de intereses sin soportes claros, así como movimientos por 1.000 millones de pesos en la cuenta del operador UT PAE Magdalena, sin justificación suficiente. La interventoría financiera tampoco habría reportado estos pagos, lo que configura un posible detrimento por 1.520 millones de pesos y refleja una supervisión deficiente del programa.La Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, y pidió mejorar de manera urgente la gestión financiera y administrativa para garantizar que los recursos destinados a educación e infraestructura escolar lleguen efectivamente a la comunidad.
El aumento de las lluvias encendió las alarmas en buena parte del Magdalena. La Gobernación departamental confirmó que, con base en los reportes del IDEAM, se activó una alerta por posibles inundaciones y crecientes súbitas en Santa Marta y en los municipios de Fundación, Pivijay, Aracataca, Zona Bananera, Chibolo y Ciénaga, con especial atención en los corregimientos costeros y ribereños de la Sierra Nevada.Desde la Defensa Civil en el Magdalena explicaron que los ríos Don Diego y Buritaca, así como la quebrada Valencia, presentan amenaza de desbordamiento, mientras que los ríos Guachaca y Mendihuaca registran crecientes que, por ahora, se mantienen dentro de parámetros normales. El director seccional, Roberto Bustillo, señaló que los voluntarios realizan monitoreo permanente de los cauces y que en sectores como Las Canoas ya se han registrado 36 viviendas afectadas por el aumento del caudal.La alerta se concentra en las zonas rurales y de ladera, donde las lluvias pueden provocar deslizamientos y aumentos repentinos del nivel de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso del Distrito, el llamado se dirige especialmente a las comunidades de Guachaca, Mendihuaca y Buritaca, que en los últimos meses han sufrido el impacto de las crecientes y del colapso de infraestructura vial clave para la conexión entre Santa Marta y La Guajira.Las autoridades departamentales pidieron a las comunidades mantenerse atentas a la evolución de las precipitaciones, evitar cruzar ríos o quebradas crecidos y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro de cada municipio. También insistieron en no difundir cadenas o mensajes no verificados que puedan generar pánico y en seguir únicamente la información oficial de la Gobernación, las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo.
Al personal médico del Hospital Departamental de San Andrés les adeudan de dos a cuatro meses de salario, razón por la que en las últimas horas los especialistas decidieron cesar sus actividades y solo atender las urgencias vitales hasta que haya una solución frente a sus pagos.Este cese de actividades comenzó de manera paulatina hace dos semanas, pero los especialistas denuncian que los retrasos en los pagos viene ocurriendo hace dos años, una crisis que también se evidencia en la falta de insumos médicos y en la entrega de medicinas para los pacientes, quienes están teniendo recaídas por el no suministro de sus tratamientos médicos.Jeffry Howard, especialista de medicina interna del hospital, afirma que los pacientes son en su mayoría usuarios de Sanitas y Nueva EPS, y que la crisis se deriva de las deudas que acumulan, sobre todo esta última entidad, con el hospital."Digamos que el grueso de los pacientes que se atienden en el hospital, especialmente por la consulta externa, son pacientes de Nueva EPS y a estos tampoco se les ha venido entregando la medicación, eso está haciendo que muchos de los pacientes estén ingresando de emergencia por patologías no resueltas, porque no han podido utilizar sus medicamentos", informó el especialista."Entonces, al llegar estos pacientes, se encuentran que en el hospital también hay una disminución de insumos básicos, equipos y medicaciones, es decir, se va generando un problema en cadena del cual es difícil salir y si sumamos el tema de los honorarios nuestros, pues está aumentando muchísimo la dificultad para poder trabajar", añadió.Howard afirmó que, a raíz de esta situación, el hospital de San Andrés espera un adelanto del subsidio a la oferta, recursos provenientes del Estado con los que se podrían realizar algunos pagos a los trabajadores para que estos reanuden la atención en todas las áreas del centro asistencial.
En pleno centro de Barranquilla, al interior de cuatro bodegas de la Galería Comercial San Nicolás, la Policía halló mal almacenadas y en manos de particulares 58.835 unidades de medicamentos de uso institucional que, al parecer, serían comercializados de manera ilegal.Los fármacos, entre los que se encontraron antibióticos, antivirales y analgésicos pertenecientes a diversas marcas, no solo incumplían con las condiciones de almacenamiento exigidas por la Secretaría de Salud, sino que tampoco contaban con la debida trazabilidad, es decir, se desconoce su procedencia y cómo terminaron en manos de particulares, sobre todo en momentos en que el país atraviesa una crisis por falta de medicamentos.El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que las condiciones en las que fueron encontrados estos medicamentos representan una grave infracción a la normatividad sanitaria vigente."Estaban siendo almacenados sin las debidas condiciones de salubridad, es por eso que se realiza la incautación de todo este medicamento, cuyo monto superior es 520 millones de pesos", indico el general Urrego.El oficial sostuvo que estos medicamentos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para evitar que sean distribuidos sin control en el mercado local, como, al parecer, terceros pretendían hacerlo, a pesar del peligro al que exponían a los pacientes al no cumplir con los requisitos sanitarios."Seguiremos con estos operativos contra el comercio ilegal en todas sus modalidades. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar que los productos farmacéuticos que circulan en el país cumplan con los estándares legales y sanitarios", dijo la Policía.
Un macabro hallazgo se registró el pasado sábado 26 de julio en el cementerio Nuevo de Soledad, en el departamento del Atlántico, tras ser hallado el cuerpo de un hombre incinerado frente a una de las bóvedas del campo santo.El hombre, quien, de acuerdo a la información reportada por las autoridades en el municipio de Soledad, tendría unos 70 años y fue identificado como Nelson Enrique Niebles Oliveros.¿Qué dicen las autoridades?El secretario de Gobierno del municipio de Soledad, Carlos Valencia, aclaró que la víctima no presentaba impactos de arma de fuego ni heridas ocasionadas con elementos cortopunzantes, por lo que siguen la investigación para esclarecer qué fue lo que ocurrió con la víctima.De acuerdo con el secretario de Gobierno de Soledad, Atlántico, Nelson Niebles Oliveros vivía en los alrededores del cementerio donde justamente fue encontrado.Esta situación ha causado conmoción entre la comunidad soledeña, quienes se preguntan la razón por la cual Nelson Niebles fue hallado muerto de esa manera.
Un “ajusticiamiento entre bandas criminales que están buscando ganar terreno” en el municipio de Sabanalarga y sus corregimientos, sería la causa de los dos nuevos atentados registrados la tarde de este lunes en esta población del Atlántico, de acuerdo con lo manifestado por el alcalde José Elias Chams. Los más recientes hechos violentos ocurrieron con tan solo hora y media de diferencia en dos puntos del municipio. El primero tuvo lugar en el barrio La Florida. Allí fue asesinado un joven de 19 años identificado como Víctor José De la Hoz Marriaga, a quién la propinaron un disparo en la cabeza.En los mismos hechos resultó herido Francisco Javier Villalobos Pacheco, de 25 años, quien tiene un disparo en el pecho y otro en el rostro, lo que lo mantienen bajo pronóstico reservado. El ataque contra estas personas se produjo cuando se encontraban dialogando en una esquina y fueron interceptados por dos delincuentes en una moto. Pero mientras la Policía efectuaba un plan candado para dar con los responsables de este atentado a bala, en otro sector del municipio sicarios atacaron a tiros a José Antonio Mendoza Murillo, de 38 años, quien también resultó gravemente herido. El alcalde de Sabanalarga mostró su preocupación por lo ocurrido y señaló que en el municipio la Policía tiene identificadas a 16 bandas que tienen que se estarían enfrentando. "Hay prácticamente 16 organizaciones que han impactado aquí en Sabanalarga y son precisamente esa persecución que hay de la Policía sobre esos grupos lo que ha generado una conflictividad entre ellos mismos. Y todos esos asesinatos que se han dado presuntamente son ajusticiamientos entre las mismas bandas criminales que se roban los espacios", precisó el alcalde. El mandatario indicó que este martes la Asamblea del Atlántico sesionará en Sabanalarga donde piensan pedir más inversión de los dineros recaudados de la tasa de seguridad, teniendo en cuenta que esta población es una de las que más aporta.
Desde Barranquilla, líderes del partido Centro Democrático se reunieron en las oficinas del senador Carlos Meisel donde siguieron de cerca la lectura del fallo de la jueza Sandra Heredia, quien confirmó que quedó acreditado que el expresidente Álvaro Uribe cometió el delito de soborno en actuación penal, al igual que el delito de fraude procesal, mientras que fue absuelto por el delito de soborno simple.Frete a lo dicho por la juez, el senador Meisel indicó que están plenamente convencidos de la inocencia del expresidente Álvaro Uribe y que esta no es la última palabra, pues acudirán a todas las instancias legales para revertir la decisión.“Apelaremos y su defensa lo hará haciendo uso de los instrumentos legales y lo haremos frente al Tribunal Superior de Bogotá y si se necesita frente a la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia”, expresó.Insistió en que están convencidos en que se cometieron varias irregularidades en el proceso que hoy llevan a estas condenas.“Estamos convencidos que aquí se cometieron varias irregularidades, interceptaciones más de 20.000 por parte de la corte, cuando se dieron cuenta que no era Uribe, insistieron”, dijo el senador.
Sin acceso a combustibles ni alimentos, y sin poder movilizarse entre una población y otra, se encuentran los habitantes de cinco corregimientos de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, en medio de una escalada violenta del ELN y las Clan del Golfo en esta zona.Desde hace más de diez días, estos dos grupos armados, que se disputan el control territorial en el sur de Bolívar, controlan dos de las vías de acceso a los corregimientos de Canelos, Villaflor, Buenavista, San Juan Río Grande y La Marizosa, impidiendo, por un lado, el transporte de combustible y, por el otro, el ingreso de alimentos y víveres a estas comunidades.El secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, alertó que son más de 5.000 personas confinadas en este momento y que podrían desencadenarse nuevos desplazamientos masivos en la zona.“En el sur de Bolívar tenemos tres focos de enfrentamiento: Montecristo, Arenal y Cantagallo. Pero la situación que está desbordando toda la atención departamental es la que vive el corregimiento de La Marizosa, al sur del departamento de Bolívar, en el municipio de Santa Rosa, donde llevan más de 12 días sin contar con abastecimiento de víveres, combustible ni nada. Las estructuras armadas, tanto el ELN como el Clan del Golfo, han dado la instrucción de que nada suba hacia La Marizosa y los pueblos vecinos”, explicó.A su vez, el funcionario señaló que una de las principales alertas es que la comunidad podría tomar acciones por su cuenta.“Esto podría generar un desplazamiento de aproximadamente 5.000 personas en los próximos días hacia la cabecera municipal de Santa Rosa del Sur. Lo difícil ahora es que estamos recibiendo información de que la comunidad tiene la intención de hacerle frente por sí misma a las estructuras armadas, lo que podría poner en riesgo la vida de estas personas que buscan defender sus derechos”, dijo.Líder social continúa secuestradoEntretanto, este lunes 28 de julio se completan seis días del secuestro del líder social y agrominero Luis Eduardo Bohórquez, quien fue sacado de su vivienda por un grupo de hombres armados.Bohórquez, quien es el presidente de la JAC de La Marizosa, estaría en poder del ELN: “Sigue en cautiverio. Lo último que sabemos, por información de inteligencia militar, es que le han comprado medicamentos. Está en poder del ELN y, al parecer, está siendo sometido a un juicio. Él sigue con vida, goza de salud porque le están suministrando medicamentos, pero no tenemos conocimiento de su paradero exacto”, detalló el secretario de Seguridad.En la ciudad de Cartagena se llevará a cabo en las próximas horas un consejo extraordinario de seguridad para revisar la situación de orden público en el sur de Bolívar.
Luego de que Barranquilla y los municipios del área metropolitana vivieran unos días de relativa calma al no registrar homicidios durante jueves, viernes y sábado, la violencia volvió a ser noticia este domingo al registrarse al menos siete ataques sicariales cometidos en menos de seis horas, lo que dejó seis muertos y tres heridos.La escalada de crímenes arrancó hacia las 3:00 de la tarde y terminó sobre las nueve de la noche. El primero de estos se produjo en el barrio San Roque, donde fue asesinado Cristian Armando Vásquez Torres, quien ocasionalmente solía dedicarse a reciclar en el sector. Entre otras de las víctimas se encuentra un domiciliario, quien recibió tres disparos en medio de un hurto. Entre las víctimas de sicariato se cuenta a un menor de 17 años, cuya muerte se registró en el barrio Bella Arena. Este tenía una anotación judicial por porte de estupefacientes y, al parecer, trabajaba para alias ‘El Hippie’, integrante de Los Costeños, lo anterior, según información que registra la Policía Metropolitana de Barranquilla.El cuarto atentado sicarial se presentó en el barrio Las Malvinas, donde Álvaro José de la Rosa, quien fue atacado por hombres que le dispararon tras movilizarse en una moto por el sector. Este registraba tres anotaciones judiciales y, al parecer, estaba en condición de calle.Otro ataque se registró en una cancha de futbol de Malambo, donde sujetos armados abrieron fuego contra varias personas que estaban compartiendo mientras jugaban dominó. Este hecho dejó como víctima fatal a Isaac Rivera Palacio. El último caso por reportar se presentó en Sabanalarga, donde un hombre fue víctima de un ataque sicarial mientras se encontraba departiendo con amistades en medio de una fiesta.