Las graves afectaciones que dejan las fuertes lluvias en Bolívar mantienen en alerta a las autoridades, que tras un Consejo de Gestión del Riesgo declararon la calamidad pública en el departamento.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, señaló que esta declaratoria busca acelerar acciones de atención, mitigación y recuperación de las poblaciones afectadas.“Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, explicó el gobernador Arana.De acuerdo con el Consejo de Gestión del Riesgo, especialmente en el sur de Bolívar, se registran inundaciones activas en varias zonas, erosión acelerada y amenazas de sequía que “ponen en riesgo a comunidades enteras, la infraestructura vial y productiva, así como ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental del departamento”.Asimismo, según la Gobernación de Bolívar, actualmente hay 15 declaratorias de calamidad pública en municipios como Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor, Simití, San Jacinto del Cauca, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena, Santa Catalina, Arenal del Sur y Montecristo. En el departamento, aunque continúa el censo de afectaciones, hay más de 15 mil personas damnificadas.
Hasta el despacho de la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, llegó una carta firmada por el alcalde Alejandro Char en la que se solicita tener en cuenta el interés de esta administración de operar, mantener y culminar las obras alrededor del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.La solicitud se basa en que esta infraestructura es catalogada como la principal puerta de ingreso de los turistas que llegan a la ciudad, y ahora mismo, según la Alcaldía, está generando una impresión desfavorable y tampoco corresponde al estándar que Barranquilla busca proyectar.Son tres millones de usuarios los que, según la autoridad, se mueven por este aeropuerto con fallas en los sistemas de climatización, limitaciones en la sala de recibo de equipajes y una prestación insuficiente de servicios básicos, especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje.Por eso, dice la Alcaldía que tienen el interés y la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras, con las que se quiere posicionar a la ciudad como hub turístico.“En ese marco, el Distrito de Barranquilla manifiesta su interés y capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con un enfoque de gestión orientado a resultados verificables. El propósito es concreto: mejorar niveles de servicio al usuario, asegurar el mantenimiento oportuno de la infraestructura complementaria cerrar brechas operativas derivadas de obras inconclusas, bajo estándares exigibles y coordinados con la autoridad aeronáutica, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable”, se puede leer en el comunicado.Así las cosas, la carta termina con una invitación a participar en mesas técnicas en las que se avancen en las gestiones para este fin.“En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz al Distrito de Barranquilla, así como, de encontrarse procedente, la estructuración y eventual suscripción del instrumento jurídico correspondiente. Del mismo modo, el Distrito manifiesta su disposición para participar en mesas técnicas, remitir la información requerida y adelantar las gestiones necesarias que permitan avanzar de manera coordinada y oportuna”, culminan.
De las 16.800 llamadas que recibió la Policía a su línea de emergencia durante el Carnaval, 1.325 fueron por riñas registradas en Barranquilla y municipios del Atlántico, y más de 900 por otras situaciones relacionadas con alteración del orden público.Solo en la ciudad y su área metropolitana se impusieron 1.026 comparendos por violar el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 332 personas debieron ser conducidas a la UCJ por mal comportamiento, sin obviar que se desmontaron 73 picós que estaban amenizando fiestas sin autorización y a muy alto volumen.A lo anterior también se suman capturas por diferentes delitos e incautaciones de armas, indicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla."Podemos informar que se han producido 118 capturas por diversos delitos, una de ellas por orden judicial y las demás en flagrancia. Se ha logrado la incautación de 18 armas de fuego y 345 armas cortopunzantes o blancas, mientras que cuatro vehículos y cuatro motocicletas han sido recuperadas", indicó el oficial frente a los operativos realizados en Barranquilla y su área metropolitana.En el resto de los municipios del Atlántico se realizaron 19 capturas en flagrancia y se logró la incautación de cuatro armas de fuego, una arma traumática y 32 armas blancas. Además, se realizaron 65 comparendos, de los cuales 20 fueron por riñas, contribuyendo a la prevención de hechos de intolerancia.En materia de movilidad hay que decir que en todo el departamento se impusieron 1.998 comparendos de tránsito y se inmovilizaron 162 vehículos por diferentes infracciones, entre esas conducir en estado de embriaguez, teniendo en cuenta que de las más de 80 pruebas de alcoholemia practicadas, más de 50 resultaron positivas.
Barranquilla demostró una vez por qué su Carnaval es la fiesta más grande de Colombia al acoger y poner a gozar a más de 6 millones de personas hasta el miércoles de Ceniza, una temporada en la que se llevaron a cabo más de 500 eventos, de los cuales 380 fueron gratuitos y donde se lucieron más de 800 expresiones culturales.La ciudad recibió a más de 820.000 visitantes, de los cuales el 77% fueron turistas nacionales y el 23% internacionales, provenientes de países como Alemania, Estados Unidos, México, España, Brasil y Australia; razón por la que la ocupación hotelera alcanzó un 90% y el movimiento económico superó los 840.000 millones de pesos durante los días de fiesta.Ana María Aljure, gerente de ciudad, destacó el auge de este Carnaval que, además, generó 195.000 empleos directos e indirectos."Nuestro Carnaval brilló como ese patrimonio que tiene una proyección global y esta vez sin precedentes. Tuvimos de verdad un aforo impresionante. Fueron más de 6 millones de espectadores que disfrutaron de nuestro Carnaval tanto presencial como a través de las diferentes plataformas", expresó Aljure en diálogo con Blu Radio.Y es que Barranquilla y su Carnaval 2026 lograron un impacto mediático y digital histórico, alcanzando más de 500 millones de usuarios en el ecosistema digital. Con cerca de 9.000 publicaciones en medios de comunicación y una conversación internacional que llegó a 48 países en entornos digitales, manteniendo un 80% de tono positivo.Más de 42 toneladas de residuos recogidasUna operación liderada por la Alcaldía y Carnaval de Barranquilla para mantener los espacios limpios y seguros permitió recolectar 42.3 toneladas de residuos sólidos durante los eventos de precarnaval y Carnaval.Se trató de una iniciativa que involucró a 290 recicladores de oficio, pertenecientes a 19 asociaciones y quienes trabajaron por el aprovechamiento de estos residuos sólidos, reincorporando materiales a la economía circular y evitando su disposición en el relleno sanitario."Apostamos por un Carnaval incluyente y sostenible. Desde el punto de vista de la sostenibilidad fueron más de 42 toneladas de residuos que nosotros recuperamos, trabajamos con más de 200 recicladores que estuvieron siempre ahí. Yo acompañé en la carroza de la triple A, estuvimos con nuestros escobitas, esos hombres y mujeres que se levantan todos los días y están bajo sol o lluvia trabajando por tener una ciudad limpia y linda", destacó Aljure.La funcionaria resaltó que el compromiso ambiental también se reflejó en la reducción del 40% en el uso de icopor, sustituido por papel, cartón y materiales reciclables, así como en la instalación de 60 puntos ecológicos, la entrega de 5.000 bolsas de recolección y la capacitación de 3.890 personas en buenas prácticas.
En la noche de este martes, haciendo uso del derecho contemplado en el Estatuto de la Oposición, los partidos Cambio Radical y Centro Democrático realizaron la réplica a la alocución del presidente Gustavo Petro realizada el pasado domingo 16 de febrero en el que defendió el incremento del salario mínimo a un 23,7 %.La réplica de Cambio Radical estuvo representada por el senador cabeza de lista, Carlos Fernando Motoa, y el representante Julio César Triana, quienes denunciaron una profunda inestabilidad institucional y una falta de seguridad jurídica que mantiene al país en la incertidumbre.Desde Cali, el senador Motoa señaló que el Gobierno ha sumido a la nación en un “limbo jurídico” debido a su falta de respeto por la Constitución y la ley. Según Motoa, el Ejecutivo ha demostrado ser “incapaz de tomar decisiones que superen el análisis de las Cortes o del Congreso porque son decisiones pensadas para dar golpes de opinión y no para lograr mejorías reales”.El senador también cuestionó el rol actual del mandatario, afirmando que Petro “no está fungiendo como mandatario de todos los colombianos”, sino que actúa como “jefe de debate de un candidato presidencial que es aún más fanático que él”, posiblemente refiriéndose al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.“Colombia merece certeza, estabilidad y un liderazgo amplio que gobierne para la totalidad, no para una base política. Desde la oposición al Gobierno nacional tenemos una invitación clara: no coman cuento ni traguen entero. Si a Petro le interesara el pueblo colombiano tomaría decisiones con vocación de permanencia, en vez de decisiones pensadas para agitar a sus adeptos”, aseguró Motoa.Por su parte, el representante Julio César Triana centró su intervención en la indignación ciudadana frente a lo que calificó como un Gobierno de imposiciones populistas. Triana exigió que el ingreso digno se busque “bajo la concertación y el diálogo” y no mediante la confrontación.Uno de los puntos más críticos de su discurso fue el cuestionamiento sobre la movilización social: “Presidente, la pregunta que hoy nos formulamos miles de colombianos es: ¿por qué no llama a la movilización social por la corrupción y el desgobierno?”.El representante recordó escándalos protagonizados por funcionarios de este gobierno como el de la Unidad para la Gestión de Riesgo, en donde dice, se robaron más de $8 billones de pesos de recursos necesarios para atender a los damnificados por la ola invernal en departamentos como Córdoba.Triana también mencionó otros escándalos, incluyendo el cartel de títulos, la financiación irregular de la campaña y contratos millonarios para servicios de maquillaje y fotografía para la exprimera dama, señalando que estos hechos son los que realmente le duelen al pueblo colombiano.
A meses de que se ponga en funcionamiento el esperado Túnel del Toyo, nuevamente hay confrontaciones entre las autoridades antioqueñas y el Gobierno nacional.Esta vez, porque la Nación está retrasando la instalación de los equipos electromecánicos a pesar de que, aparentemente, los requisitos ya se cumplieron hace varios meses.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que el compromiso de la instalación estaba desde la presidencia de Iván Duque y el Gobierno nacional estaba en la obligación de comprar e instalar los equipos electromecánicos una vez se culminaran las obras del primer tramo, mismas que finalizaron el año pasado y ahora todo se enredó."Aquí pareciera existir un ánimo, una vez más, de fastidiar del Gobierno nacional. Esos equipos están embodegados desde hace mucho más de un año, tal vez año y medio, un poco más, pero no hay razón alguna para que ellos se rehúsen a poner los equipos electromecánicos en el setenta y cinco por ciento del trayecto", indicó Rendón.Ahora, y ante esta decisión que podría retrasar la apertura del Túnel del Toyo, el mandatario departamental aseguró que enviarán un oficio ante la Contraloría General de la República porque había un compromiso desde mediados de 2025 y al no entregar los equipamientos podría estar recurriendo en un detrimento al patrimonio. Ante esta situación desde la Gobernación se ha buscado una solución para no seguir postergando la inauguración.Rendón explicó que se necesitan 170.000 millones de pesos, de los cuales solo hay aproximadamente 50.000 millones de pesos y el Gobierno nacional ya le habría indicado a la empresa encargada de la instalación que sí dará los recursos pero entre 2027 y 2028, por lo que el mandatario propuso una alternativa."Los 120.000 restantes, la Nación se los puso en el 2027, les puso como 90.000 millones y el resto se los ponen en el 2028. Ayer en Consejo de Gobierno decidimos, hablemos con el contratista, advirtamos del detrimento patrimonial, que la idea le ponga esos 120.000 que necesita ya, pueda instalar los equipos electromecánicos y la gobernación asume el costo financiero", explicó el gobernador de Antioquia.A la espera que se haga la reunión entre Gobernación y contratista y así se pueda definir el camino a seguir, otro que mostró su voz de rechazo fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien insistió que la situación nuevamente pone en jaque las intenciones de las administraciones regionales por culminar esta infraestructura de 37.7 kilómetros.
El candidato independiente en las presidenciales Daniel Palacios, que se encuentra en EE.UU. promoviendo su propuesta de mano dura contra el crimen y el narcotráfico en su país, realizó una petición a la Fiscalía estadounidense para que investiguen las menciones del también candidado Iván Cepeda en los computadores del abatido 'Raúl Reyes'.Palacios asegura que está en Washington para presentar una solicitud formal a la Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, para que revise las menciones del hoy candidato del oficialismo a la presidencia, Iván Cepeda (al que él califica "como heredero de las FARC"), en los computadores del guerrillero Édgar Devia, alias Raúl Reyes, fallecido en una operación militar en 2008.El político considera que esos computadores "en Colombia fueron decretados inadmisibles por la Corte Suprema de Justicia, pero aquí en EE.UU. hacen parte y son pieza fundamental de la acusación federal (por narcoterrorismo y conspiración) contra (el expresidente venezolano) Nicolás Maduro" y por ello podrían ameritar una investigación formal contra Cepeda.Promesa de mano duraEn entrevista con EFE aseguró que, si resulta elegido, Bogotá y Washington pueden desarrollar los lazos más sólidos de su historia común gracias a sus intereses compartidos.El candidato responsabiliza enteramente al presidente Gustavo Petro del distanciamiento bilateral que se ha dado desde el retorno al poder en EE.UU. de Donald Trump en enero de 2025 y considera que más allá "insultar" o "criticar" políticas del republicano, el mandatario suramericano no ha cumplido a la hora de combatir la criminalidad a nivel interno y transfronterizo.La relación con Washington según Palacios, que entre 2020 y 2022 fue ministro del Interior bajo la presidencia de Iván Duque, "podría tener el mejor momento de la historia de Colombia porque se alinearían los intereses de EE.UU. con los intereses de Colombia en una presidencia de Daniel Palacio".El primer objetivo compartido es, según él, "derrotar a la criminalidad, derrotar al narcotráfico, perseguir el terrorismo y hacer una migración ordenada y regulada".Además de tener en Bogotá a "un aliado comercial estratégico fundamental", Palacios señala otro interés común, que es el de lograr que la inversión que se va a hacer en Venezuela a partir de la venta de crudo gestionada por EE.UU. se "reinvierta" en las regiones fronterizas que Colombia comparte con el país caribeño.Palacios cree que esta inyección a ambos lados de la divisoria podría superar los 6 billones de dólares y que debe centrarse en "tener fronteras seguras, para poder derrotar a los grupos de narcotráfico y terrorismo que operan en esas zonas", pero también "en infraestructura, en zonas de comercio, en temas de hidrocarburos tan importantes para las dos naciones".El que fuera exsecretario personal del expresidente Álvaro Uribe cree que también debe invertirse parte de ese dinero en "una operación de retorno de migrantes venezolanos (que están actualmente en suelo colombiano) a Venezuela que se haga de manera ordenada, segura y humana, porque en esa reconstrucción de Venezuela, muchos venezolanos van a querer regresar".Candidatura de PalaciosPalacios concurrirá como independiente tras recolectar 1,3 millones de firmas ya avaladas y abandonar en enero la Gran Consulta por Colombia, el bloque de centro‑derecha que escogerá el 8 de marzo candidato único para primera vuelta, que se celebra en mayo.El exiministro, de 43 años, insiste en que "a algunos de esos candidatos les pareció que yo era muy de derecha y que entonces no debía participar en esa consulta"."Yo he dicho que si mi firmeza en contra de la criminalidad, si mi firmeza en contra del Gobierno de Gustavo Petro, me descalifican de estar en esa consulta, pues que nos descalifiquen", explica, insistiendo en que su propuesta de mano dura en materia de seguridad o su negativa a sentarse a dialogar con grupos armados son innegociables.Palacios insiste en que no va a ser un obstáculo si más adelante "hay una candidatura que se consolide y tenga mayor chance de derrotar al candidato de Petro y lo que representa el continuismo de Gustavo Petro".
En el extremo sur de la península de Baja California en México existe un destino que, en los últimos años, se ha ganado el cariño de los colombianos y cada mes llegan a conocer este destino: Los Cabos, un lugar muy famosos en Centroamérica por sus playas, pero aún más por sus cerca de 100 eventos culturales en el año.Cada mes la agenda de este destino suele de estar cargada de alguna fiesta temática, lo cual ha aumentado el interés del turista colombiano, que, en 2024, fueron más de 7.400 en este destino. De acuerdo con un informe de turismo, los viajeros colombianos se sienten atraídos por "la combinación única de lujo y naturaleza, con resorts de alta gama, playas cristalinas y paisajes desérticos" que permiten experiencias exclusivas al aire libre, así como por su oferta cultural y gastronómica.¿Cómo llegar a Los Cabos desde Colombia y cuáles son los requisitos?Existen dos maneras de llegar desde Bogotá hasta esta zona en México, las cuales se han vuelto famosas:Vía México: un vuelo directo a CDMX desde la capital colombiano con trasbordo hacia esta zona.Vía Panamá: vuelo directo a Ciudad de Panamá con traslado a esta zona. Una ruta recomendada ha sido Copa Airlines, pero existen más alternativas locales.El trayecto cuenta con una duración entre 11 y 13 horas, dependiendo la ruta que se tome al igual que el tiempo de espera en cada trayecto. En cuanto a requisitos, tener su pasaporte vigente y seguir las instrucciones de la entrada a México por parte de su Gobierno.Esta es la ubicación exacta de este sitioEstas son algunas actividades de Los CabosArte y culturaArt Walk – San José del CaboJueves hasta junio. Galerías, arte y música en vivo.Los Cabos International Film Festival – Cabo San LucasDiciembre. Estrenos y presencia internacional.TradicionesCarnaval de La Paz – La Paz12 al 22 de febrero. Conciertos y desfiles.Día de los Muertos1 y 2 de noviembre. Altares y actividades culturales.MúsicaFiestas tradicionales de San José del CaboMarzo. Celebración patronal con conciertos.San José Jazz Weekend23 y 24 de mayo. Festival de jazz urbano.GastronomíaSabor a CaboDiciembre. Alta cocina y música en vivo.Sabores San JoséMartes, 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Corredor gastronómico.Festival del Ostión – Veleros Beach Club18 de abril. Degustaciones frente al Mar de Cortés.Deporte y naturalezaWorld Wide Technology Championship – PGA Tour2 al 8 de noviembre. Torneo internacional de golf.Mifel Tennis Open (ATP Tour 250)27 de julio al 1 de agosto. Tenis profesional.Bisbee’s Black & Blue26 al 30 de octubre. Pesca deportiva internacional.Avistamiento de ballenas y tiburón ballenaBallenas hasta abril. Tiburón ballena de octubre a febrero.
La Policía Nacional confirmó la captura en Pereira, Risaralda, de alias ‘Gafas’, delincuente que trabajaba para las redes de la estructura “Jaime Martínez” de las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco'.Según las investigaciones, este hombre tenía como rol principal el de engañar a menores de edad con falsas promesas para luego vincularlos a las filas del grupo ilegal. Tenía una trayectoria de más de tres años y se había ganado la confianza de alias “Cachorro”, el cabecilla con el control en Suárez, Cauca y municipios vecinos.“Esta captura representa un golpe contundente contra las estructuras criminales que vulneran de manera sistemática la vida y derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. El reclutamiento forzado es un crimen que no admite ninguna justificación”, dijo el general William Rincón, director de la Policía Nacional.Contra alias ‘Gafas’ pesaban además varias solicitudes judiciales por delitos como homicidio agravado y tentativa de feminicidio.Esta semana se han conocido varios casos graves de reclutamiento de menores por parte de los grupos ilegales, en especial las disidencias de las Farc, en zonas rurales de Jamundí y Buenaventura, Valle del Cauca y Anorí, Antioquia, como en otras regiones.Además, según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado, Coalico, durante 2025 se verificaron 292 eventos de conflicto armado que implicaron afectaciones directas a más de 379.000 niñas, niños y adolescentes en el país, mientras que en entre 2023 y 2024 el reclutamiento aumentó un 64 %.
El Parque Nacional Natural Tayrona volvió a convertirse este miércoles en el epicentro de la tensión en Santa Marta. Pese a la resolución 091 del 17 de febrero, con la que Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre temporal del área protegida por riesgo para visitantes y funcionarios, autoridades del cabildo kogui en Magdalena decidieron abrir el acceso y asumir, por su cuenta, el cobro de ingreso y del seguro que normalmente se paga en las taquillas oficiales.La escena se vivió en el sector de El Zaino, principal puerta de entrada al Tayrona. Allí, líderes indígenas instalaron su propio control de paso como parte de lo que llaman una “protesta pacífica” contra la Unidad de Parques Nacionales. “Estamos aquí en protesta pacífica, porque no han querido reconocernos como autoridad en el territorio y eso ha afectado a la comunidad indígena, vulnerando sus derechos al trabajo y a la vida”, explicó Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, al justificar la decisión de permitir el ingreso de turistas pese a la medida nacional.El inconformismo indígena se agudizó después de las demoliciones ordenadas por Parques a estructuras turísticas levantadas dentro del área protegida. Según Moscote, se trataba de adecuaciones para que las comunidades tuvieran un espacio de trabajo. “Las locaciones que se estaban haciendo para la comunidad fueron demolidas. Hoy estamos en contra de eso y pedimos que el director de Parques, el Ministerio de Ambiente, la Presidencia y los entes de control vengan al territorio y se sienten a garantizar los derechos de campesinos, indígenas y del mismo Estado”, reclamó.Del lado institucional, Parques Nacionales sostiene que la decisión de cierre responde a un escenario de riesgo que se salió del plano administrativo. En la resolución 091 se advierten bloqueos en los accesos, cobros no autorizados, intimidaciones al personal y el ingreso de visitantes por rutas afectadas por las lluvias recientes, sin las garantías mínimas de seguridad. Por esas razones, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el ecoturismo mientras se restablece el control pleno del área y se coordinan acciones con los ministerios de Ambiente y Defensa.La crisis golpea de frente al sector turístico de Santa Marta. Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, recordó que el Tayrona no es solo un destino emblemático, sino el sustento de miles de familias. “Cada cierre, cada bloqueo y cada conflicto nos afecta como ciudad. Hay comunidades ancestrales, campesinos, prestadores de servicios, operadores turísticos, proveedores, transportadores y comercio que dependen de esa zona. El camino no puede ser la confrontación, tiene que ser el diálogo, los acuerdos y compromisos verificables”, advirtió.García también señaló que muchos visitantes compraron paquetes luego del anuncio de reapertura parcial del parque y hoy se encuentran con un nuevo cierre decretado por el Gobierno, al tiempo que se enteran de que el ingreso está siendo controlado por las comunidades. “Proteger el parque es proteger el empleo y el sustento de las familias. Se necesita unidad y presencia articulada de las autoridades civiles, militares, policiales y de control para garantizar seguridad e institucionalidad”, añadió.Mientras el Gobierno mantiene oficialmente clausurado el Tayrona y refuerza su presencia en la zona, los koguis insisten en que no se irán hasta que haya acuerdos claros sobre el manejo del territorio y las oportunidades económicas para las comunidades vecinas. En medio de ese pulso, el parque natural más famoso del Caribe colombiano permanece atrapado entre la conservación, las reclamaciones históricas y la incertidumbre de un turismo que, por ahora, no sabe con certeza si está entrando a un destino abierto o cerrado.
El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano, permanecerá cerrado. La medida quedó consignada en la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, firmada por la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y responde a un escenario que las autoridades califican como “condiciones de riesgo público” al interior del área protegida.La decisión se toma después de varios episodios de tensión en los accesos al parque, especialmente en el sector de El Zaino y en la zona de Cañaveral. Según el acto administrativo, en las últimas semanas se registraron bloqueos, cobros no autorizados a visitantes, ingreso irregular de turistas sin controles oficiales y actos de intimidación contra el personal del parque, al punto de impedirles la entrada e incluso exigir que no portaran sus uniformes.El detonante más reciente fue la intervención realizada el 11 de febrero en Cañaveral, donde Parques Nacionales, con apoyo de autoridades judiciales, adelantó medidas contra ocupaciones y construcciones turísticas ilegales dentro del área protegida. Tras ese operativo, comenzaron a circular videos y mensajes con amenazas directas contra la jefe del área y su equipo, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios y de los propios visitantes.El 16 de febrero, la situación escaló: desde primeras horas de la mañana se reportaron bloqueos en la entrada de El Zaino y luego en Calabazo y Neguanje. En estos puntos, grupos de personas permitieron el acceso de turistas por su cuenta, realizaron cobros ajenos a la autoridad ambiental y desconocieron las restricciones vigentes por afectaciones en senderos e infraestructura a causa de las recientes lluvias. Ante este escenario, el personal de Parques se vio obligado a retirarse de los accesos, quedando sin control efectivo sobre quién entraba y en qué condiciones al Tayrona.La resolución recuerda, además, que el territorio del parque y su zona de influencia ya habían sido identificados como escenario de riesgo por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 020 de 2025, donde se advierten amenazas a la vida, integridad y seguridad de servidores públicos y comunidades por parte de grupos armados ilegales que ejercen control territorial en áreas protegidas. Ese contexto, sumado a las intimidaciones recientes, llevó a Parques Nacionales a concluir que la permanencia de turistas y trabajadores al interior del Tayrona supone hoy un riesgo inaceptable.En consecuencia, el artículo primero de la resolución ordena el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona “con el fin de minimizar los riesgos a la vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales a la vida, la integridad física, psíquica y moral, la seguridad y la libertad” de guardaparques, personal de la entidad, turistas y cualquier persona dentro del área. El segundo artículo prohíbe expresamente el ingreso de visitantes y de prestadores de servicios ecoturísticos mientras esté vigente la medida.El cierre no tiene una fecha fija de reapertura. La resolución señala que la medida se mantendrá hasta que se evidencie una mejora en la seguridad y la gobernanza al interior del parque, y condiciona su levantamiento a un concepto técnico favorable que deberá emitir la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales.En paralelo, la Dirección Territorial Caribe deberá coordinar espacios de diálogo con instituciones públicas, actores privados y comunidades para construir salidas que permitan normalizar la operación turística sin poner en riesgo a quienes habitan o visitan el Tayrona.El Gobierno convocó a varios actores a rodear la decisión: Ministerios de Ambiente e Interior, Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerza Pública, Guardacostas y autoridades indígenas de la Sierra Nevada, entre otros, fueron notificados formalmente del cierre y deberán apoyar su implementación y seguimiento en terreno.Mientras tanto, la instrucción es clara: no habrá preventa de boletería ni acceso al área protegida, y la prioridad será restablecer el control institucional y las condiciones de seguridad en uno de los parques más visitados del país, que ahora se encuentra en pausa forzada por cuenta de un conflicto donde se cruzan intereses turísticos, comunitarios, ambientales y de seguridad en el Caribe colombiano.
En Montería se intensifican las lluvias. La tarde de este martes, una tormenta eléctrica llevó a la suspensión de un partido de fútbol, mientras que la hidroeléctrica Urrá alertó a la comunidad para que este atenta, pues se ha dado un incremento de las precipitaciones en la cuenca aportante al embalse.Por el momento, las autoridades no reportan nuevas emergencias.La caída de un torrencial aguacero acompañado de tormenta eléctrica en Montería, llevó esta tarde a la suspensión del partido entre Jaguares de Córdoba y el Independiente Santa Fe, a los 10 minutos de haber iniciado el encuentro en el estadio Jaraguay.La intensidad de las lluvias también llevó a que la hidroeléctrica Urrá emitiera un comunicado alertando a la comunidad que se han incrementado las lluvias en la cuenca aportante al embalse, por lo que se recomienda a las comunidades ribereñas estar alerta ante eventuales incrementos en los niveles de agua del río Sinú.Debido a esta condición, reiteraron a las comunidades que se mantengan alertas en las zonas ribereñas del río Sinú, y atender las recomendaciones de las autoridades de riesgo y organismos de socorro.Vale decir que el reporte del ideam advierte que estás lluvias intensas sobre toda la cuenca del río, se mantendrán hasta el jueves. Al respecto el meteorólogo Cristian Arango."Nuestros sensores detectaron precipitaciones a lo largo del río Sinú y para esa zona, desafortunadamente, por lo menos hasta el jueves nos vamos a mantener este tipo de lluvias", Arango.Las lluvias también persistirán en Sucre, el centro y sur de Bolívar y varios municipios del Cesar.
Este martes Barranquilla clausuró su Carnaval 2026 con los tradicionales desfiles que representan el entierro de Joselito. El primero de estos recorridos se cumplió en el norte de la ciudad con cortejos fúnebres, danzas y disfraces.Los tradicionales desfiles de “Joselito se va con las cenizas”, marcó el cierre de una temporada carnavalera y, con letanías y demás expresiones culturales, los barranquilleros le dieron el último adiós al Carnaval 2026.En varias calles de la ciudad, los barranquilleros, a su manera, despidieron a Joselito Carnaval. Una de estas manifestaciones se pudo ver en el barrio La Magdalena, donde un grupo de personas simuló un entierro con ataúd y todo en despedida al tradicional personaje de las carnestolendas.Un luto cargado de diseño y tradiciónEl cortejo fúnebre simbólico estuvo liderado por la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, quien cautivó a los asistentes luciendo el traje ‘El luto es venganza’. Esta pieza, diseñada y confeccionada por estudiantes del Programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe, se convirtió en un tributo a la creatividad local y a la formación académica del diseño en la región.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
Lo que debía ser un accidente de tránsito menor en plena zona turística de El Rodadero terminó convertido, según una denuncia ciudadana, en un episodio de intimidación armada. El defensor ambiental Luis Miguel Moisés aseguró que su hijo chocó contra una tricimoto y que, en lugar de que la situación fuera atendida por agentes de tránsito o la Policía, al lugar llegaron cinco hombres armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Moisés relató que estos hombres asumieron el rol de “autoridad” en la vía y, bajo presión, le habrían exigido a su hijo el pago de 1,5 millones de pesos para no “llevárselo para la Sierra Nevada”. El defensor señaló que este episodio no sería un caso aislado, sino la muestra de cómo esa estructura ilegal estaría manejando conflictos cotidianos en El Rodadero, desde choques simples hasta disputas entre particulares, por fuera de cualquier marco institucional.La denuncia también revive las alertas por el control territorial y la extorsión en este corredor turístico de Santa Marta, donde comerciantes, pequeños operadores y conductores han reportado cobros ilegales y presencia visible de hombres armados. “Para muchos, ellos son la máxima autoridad en el sector”, advirtió Moisés en su testimonio.Horas después de que se conociera el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra difundieron un comunicado en el que negaron haber participado en el hecho y rechazaron las amenazas denunciadas. Sin embargo, en el mismo texto reconocen lo siguiente:"Por décadas hemos ejercido un control territorial de área por la inasistencia de los gobiernos”, fue la declaración que reaviva el debate sobre la capacidad real del Estado en esta zona de la región Caribe.Ante la gravedad de la denuncia, la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación de Santa Marta, Jennifer del Toro, pidió la intervención de la Fiscalía y de unidades de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido, establecer si se trató efectivamente de hombres pertenecientes a esa estructura armada y garantizar medidas de protección para la familia de Moisés y otros posibles denunciantes.Desde Blu Radio se consultó a las autoridades sobre este caso. Hasta el momento no se han entregado detalles públicos sobre avances de la investigación, pero el llamado de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es claro: que el Estado recupere el control institucional en El Rodadero y que ningún grupo armado imponga su ley en uno de los principales destinos turísticos del país.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, tras una auditoría a los dineros del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa de la vigencia 2024. El organismo de control determinó hallazgos fiscales por 17.394 millones de pesos.El caso más grave tiene que ver con la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en El Banco, donde la obra está inconclusa y abandonada, pese a una inversión cercana a 9.150 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo incumplimientos reiterados del contratista, fallas en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.En Santa Marta, el ente de control puso la lupa sobre el convenio para el apoyo a las Fiestas del Mar 2024, por más de 5.206 millones de pesos. Aunque en los informes se reporta una ejecución del 100 %, la Contraloría advierte que no hay evidencia documental suficiente que demuestre que todas las actividades contratadas se llevaron a cabo, lo que impide verificar el uso real de los recursos y configura un posible hallazgo fiscal. La falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Secretaría de Cultura Distrital es uno de los puntos señalados.El informe también encontró un detrimento por 818 millones de pesos en el departamento, al pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación los salarios y prestaciones de nueve docentes con permiso sindical permanente, que no habrían desempeñado funciones propias del cargo durante 2024. Para la Contraloría, esto evidencia fallas en el control de la nómina y en la aplicación de los criterios de necesidad y razonabilidad para la concesión de estos permisos.En el contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el organismo halló pagos por concepto de intereses sin soportes claros, así como movimientos por 1.000 millones de pesos en la cuenta del operador UT PAE Magdalena, sin justificación suficiente. La interventoría financiera tampoco habría reportado estos pagos, lo que configura un posible detrimento por 1.520 millones de pesos y refleja una supervisión deficiente del programa.La Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, y pidió mejorar de manera urgente la gestión financiera y administrativa para garantizar que los recursos destinados a educación e infraestructura escolar lleguen efectivamente a la comunidad.
El aumento de las lluvias encendió las alarmas en buena parte del Magdalena. La Gobernación departamental confirmó que, con base en los reportes del IDEAM, se activó una alerta por posibles inundaciones y crecientes súbitas en Santa Marta y en los municipios de Fundación, Pivijay, Aracataca, Zona Bananera, Chibolo y Ciénaga, con especial atención en los corregimientos costeros y ribereños de la Sierra Nevada.Desde la Defensa Civil en el Magdalena explicaron que los ríos Don Diego y Buritaca, así como la quebrada Valencia, presentan amenaza de desbordamiento, mientras que los ríos Guachaca y Mendihuaca registran crecientes que, por ahora, se mantienen dentro de parámetros normales. El director seccional, Roberto Bustillo, señaló que los voluntarios realizan monitoreo permanente de los cauces y que en sectores como Las Canoas ya se han registrado 36 viviendas afectadas por el aumento del caudal.La alerta se concentra en las zonas rurales y de ladera, donde las lluvias pueden provocar deslizamientos y aumentos repentinos del nivel de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso del Distrito, el llamado se dirige especialmente a las comunidades de Guachaca, Mendihuaca y Buritaca, que en los últimos meses han sufrido el impacto de las crecientes y del colapso de infraestructura vial clave para la conexión entre Santa Marta y La Guajira.Las autoridades departamentales pidieron a las comunidades mantenerse atentas a la evolución de las precipitaciones, evitar cruzar ríos o quebradas crecidos y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro de cada municipio. También insistieron en no difundir cadenas o mensajes no verificados que puedan generar pánico y en seguir únicamente la información oficial de la Gobernación, las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo.
Al personal médico del Hospital Departamental de San Andrés les adeudan de dos a cuatro meses de salario, razón por la que en las últimas horas los especialistas decidieron cesar sus actividades y solo atender las urgencias vitales hasta que haya una solución frente a sus pagos.Este cese de actividades comenzó de manera paulatina hace dos semanas, pero los especialistas denuncian que los retrasos en los pagos viene ocurriendo hace dos años, una crisis que también se evidencia en la falta de insumos médicos y en la entrega de medicinas para los pacientes, quienes están teniendo recaídas por el no suministro de sus tratamientos médicos.Jeffry Howard, especialista de medicina interna del hospital, afirma que los pacientes son en su mayoría usuarios de Sanitas y Nueva EPS, y que la crisis se deriva de las deudas que acumulan, sobre todo esta última entidad, con el hospital."Digamos que el grueso de los pacientes que se atienden en el hospital, especialmente por la consulta externa, son pacientes de Nueva EPS y a estos tampoco se les ha venido entregando la medicación, eso está haciendo que muchos de los pacientes estén ingresando de emergencia por patologías no resueltas, porque no han podido utilizar sus medicamentos", informó el especialista."Entonces, al llegar estos pacientes, se encuentran que en el hospital también hay una disminución de insumos básicos, equipos y medicaciones, es decir, se va generando un problema en cadena del cual es difícil salir y si sumamos el tema de los honorarios nuestros, pues está aumentando muchísimo la dificultad para poder trabajar", añadió.Howard afirmó que, a raíz de esta situación, el hospital de San Andrés espera un adelanto del subsidio a la oferta, recursos provenientes del Estado con los que se podrían realizar algunos pagos a los trabajadores para que estos reanuden la atención en todas las áreas del centro asistencial.
La racha de asesinatos que se dio en el Atlántico este domingo cobró la vida de seis personas en diferentes lugares del área metropolitana de Barranquilla y del municipio de Sabanalarga, donde de nuevo sonaron las balas después de varios días de aparente calma.Uno de los crímenes ocurridos tuvo lugar en el barrio San Felipe, del suroccidente de Barranquilla, donde a tiros acabaron con la vida del domiciliario José Alberto Escalona Erazo, a quien le tendieron una trampa con la intención de robarle la motocicleta en la que trabaja.Según la información que entregó la pareja de la víctima a las autoridades, y cuyo testimonio reposa en el informe preliminar de la Policía, Escalona fue contactado por medio de una plataforma digital para llevar un supuesto domicilio la tarde del pasado domingo, pero, al llegar al sitio donde lo citaron, dos hombres lo abordaron, le robaron sus pertenencias y, al parecer para arrebatarle también su motocicleta, le dieron varios disparos.Era contador públicoLa víctima, quien murió tras ser impactado en la cabeza y en uno de sus brazos, era contador público de profesión y recientemente había empezado a trabajar como domiciliario a través de aplicaciones móviles, como una forma de ganarse la vida tras quedar desempleado.Otro de los crímenes que se destaca recientemente es el asesinato de Savier Enrique Catalán Martínez, un adolescente de 17 años conocido como alias ‘El Mazorquita’, al que le dispararon en la cabeza y en el pecho durante un atentado ocurrido en el barrio Bella Arena, sur de Barranquilla.De esta víctima, la Policía informó que registraba una anotación por porte de estupefacientes y, al parecer, trabajaba para alias ‘El Jipi’, integrante de la organización delincuencial ‘Los Costeños’.
Dos tipos de alerta, amarilla y naranja, están activas en gran parte del mar Caribe colombiano, debido a las intensidades de los vientos que, a su vez, están incrementando la altura del oleaje en varios departamentos de la región.Según el Ideam, hay alerta naranja en el Caribe central, donde se ubican los departamentos de Atlántico, Magdalena y Bolívar, y en el Caribe occidental, donde se halla el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En esta zona marítima, los vientos alcanzan velocidades de hasta 46 km/h y las olas oscilan entre 2 y 3 metros de altura, por lo que las autoridades piden precaución a bañistas y embarcaciones.En el caso concreto del Atlántico hay que advertir que se ha levantado bandera roja en los 18 kilómetros de playa habilitados para bañistas en el municipio de Puerto Colombia, como medida de precaución para propios y visitantes, a quienes se les recuerda mantenerse alejado de la zona de espolones.“Con estas banderas indicamos las condiciones del mar, el peligro que se encuentra cerca de los espolones, pidiendo a la comunidad acatar las recomendaciones de los socorristas. El baño seguro está en la orilla. Los niños siempre tienen que estar bajo la supervisión de un adulto”, explicó Linda Goenaga, jefe del cuerpo de salvavidas de Puerto Colombia., al tiempo que recordó que el servicio de playa está habilitado solo de 7 de la mañana a 4 de la tarde.En el suroccidente del mar Caribe, hacia zonas como el departamento de Córdoba, también persiste una alerta naranja por tiempo lluvioso, pues allí se prevén lluvias de moderadas a fuertes, en algunos casos con posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
En la puerta de la sede de Alta Complejidad de la ESE Universitaria del Atlántico se han apostado los trabajadores de la red pública hospitalaria, impidiendo este lunes el acceso al centro asistencial con una protesta en la que reclaman el pago de más de cinco salarios pendientes.Los manifestantes denuncian que a algunos trabajadores de la salud les adeudan sueldos desde el año pasado como consecuencia de la crisis financiera que atraviesa la red, situación que también se evidencia en la falta de medicamentos para los pacientes y el cierre de servicios en varios hospitales públicos del Atlántico.Wilson Granadillo, auxiliar de enfermería, afirma que la propuesta que analizan las directivas de la ESE UNA sobre volver al modelo de salud anterior, de modo que cada hospital opere como empresa independiente, aumenta la incertidumbre del personal médico, pues desconocen qué va a pasar con los pagos pendientes.“El personal acá está en una crisis que ya nadie se la aguanta, es insostenible, y lamentablemente nadie nos da razón, nadie se pone la mano en el corazón para decir intervengan, cierren o liquiden esto, pero que le paguen a los trabajadores", dijo Granadillo.“El gobernador dice que piensan disolver la ESE UNA para que cada hospital tenga su gerente y tenga su administración, pero a los trabajadores no nos resuelven nada. Nos acercamos a la gerencia y nos dicen que tenemos que esperar recursos, pero tenemos un mes esperando y nada. Solo a mí, me deben desde febrero hasta la fecha y así están muchos de nuestros trabajadores acá”, agregó.El viernes pasado se giraron pagos para los médicos y especialistas de Sabanalarga que también se habían declarado en paro hace varias semanas; sin embargo, la situación no se ha resuelto para todos los empleados del departamento.A raíz de la protesta de este lunes, en horas de la mañana la gerente de la ESE UNA Rosmery Wedeking citó una reunión con varios de los trabajadores contratados por OPS, a quienes les está exponiendo el panorama financiero de la red para intentar conciliar con ellos, no sin antes advertirles que el bloqueo con el que están impidiendo el acceso a la sede de Alta Complejidad es ilegal.
El monumento en honor al escritor Gabriel García Márquez, ubicado en el Parque Simón Bolívar del municipio de San Luis de Sincé, en Sucre, fue blanco de actos vandálicos en las últimas horas, luego de que un hombre en supuesto estado de alicoramiento le echara gasolina y le prendiera fuego.Pese a que la escena surgió repentinamente, uno de los presentes fue quien corrió con un balde de agua para apagar las llamas, mientras que la comunidad se abalanzó contra el responsable para cuestionar las razones de la acción.Desde la Alcaldía municipal se pronunciaron inmediatamente por lo sucedido, rechazando estos hechos, confirmando que el involucrado fue capturado por la Policía y asegurando que se activaron las medidas correspondientes para que no vuelva a suceder.“Rechazamos con total contundencia los actos vandálicos contra el monumento en honor a Gabriel García Márquez, símbolo patrimonial y cultural de nuestro municipio”, escribieron inicialmente.“Desde la Alcaldía de Sincé hacemos un llamado al respeto al sentido de pertenencia y al cuidado del espacio público”, agregaron.“En articulación con la Policía Municipal ya se logró la aprehensión del presunto responsable y se activaron las medidas correctivas correspondientes para prevenir futuras agresiones y garantizar la protección de nuestro patrimonio”, siguieron diciendo.De la misma forma, describieron el hecho como una falta de respeto a la historia, la identidad y el sentir de este municipio en el que García Márquez llegó a caminar cuando era pequeño. “Este hecho representa una grave falta de respeto a la historia, la identidad y el sentir de un pueblo que honra sus raíces y protege su legado”, finaliza el documento.
David Jose Gonzalez Navarro, alias 'Verruga'; Erick Junior Lascano Dita, alias 'Junior'; Joshua Jesid De la Hoz Barrera, alias 'El Menor' y Yesid Antonio Isidro Diaz, alias 'Inglaterra', son las cuatro personas que hoy se encuentran en el cartel de los criminales más buscados en el Atlántico, el cual fue dado a conocer en las últimas horas por las autoridades competentes.El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del departamento de Policía Atlántico, declaró que todos tienen órdenes de captura por el delito de homicidio, mientras que de los tres primeros se sabe que harían parte de la banda “Los Costeños".“Estos delincuentes nos han afectado en los diferentes municipios. Ya tenemos las órdenes judiciales y los estamos buscando. Por eso, invitamos a toda la comunidad para que nos ayude con el fin de recibir información oportuna y ágil. Atentos a llamar a la línea de emergencia 123”, alcanzó a declarar a los medios de comunicación.David Jose Gonzalez Navarro es buscado por el delito de homicidio. Según la Policía, es señalado por su presunta participación en el homicidio de una persona en el municipio de Sabanagrande, Atlántico, en el mes de marzo del 2025. Es supuesto integrante de Los Costeños y se dedicaría a cometer sicariato y ejerce control en la venta de estupefacientes.Después está Erick Junior Lascano Dita, contra esta persona pesa una orden de captura por el delito de homicidio agravado, por los hechos ocurridos el 25 de diciembre de 2024, en el municipio de Sabanalarga.También es requerido Joshua Jesid De la Hoz Barrera, por el delito de homicidio en hechos sucedidos el 18 de marzo de 2025 en el municipio de Sabanagrande, Atlántico. Esta persona sería presunto integrante de Los Costeños, al parecer encargado de cometer sicariato y ejerce control en la venta de estupefacientes.Quizás el más conocido de los cuatro es alias Inglaterra, señalado cabecilla del Clan del Golfo en el Atlántico y encargado de expandir los negocios de esta estructura en este territorio. Él llegó a ser capturado por las autoridades, pero resultó en libertad por la decisión de un juez.La Policía del Atlántico garantiza absoluta reserva para aquellos interesados en brindar información acerca del paradero de estas personas.
Con sentidos homenajes fueron sepultados en las últimas horas Carlos Eduardo Julio Jiménez y Miguel Alexander Rebolledo García, patrulleros que fallecieron tras ser embestidos por una volqueta —que, según testigos, invadió su carril— en la vía Mompox – Guamal, momentos en los que habían sido asignados para apoyar las corralejas del municipio de Hatillo de Loba.Hasta donde estaban sus familiares en Arjona y Barranquilla llegó el coronel John Edward Correal, comandante del departamento de Policía Bolívar, quien los recuerda como “dos jóvenes valientes que representaban lo mejor de esta institución”.“Hoy no perdemos solo a dos patrulleros. Perdemos a dos hijos del uniforme, a dos hermanos del alma, a dos jóvenes valientes que representaban lo mejor de esta institución. Su ausencia duele… pero su ejemplo vivirá para siempre”, fueron las palabras que mencionó en un comunicado.“La Policía Nacional la acompaña en su dolor. Sabemos que es una situación que nos duele y por eso todos los uniformados tanto de Magdalena como de Bolívar la vamos a acompañar”, le alcanzó a decir el coronel Correal a una de las madres afectadas.Carlos Eduardo Julio Jiménez, patrullero de apenas 24 años, perdió la vida tras una intensa lucha en una clínica de Bosconia, Cesar. Durante horas, médicos batallaron por salvarlo; pero las heridas provocadas fueron irreversibles. Mientras tanto, Rebolledo García, quien viajaba como parrillero con su compañero, falleció en el acto.“Carlos había nacido el 19 de julio en Arjona, Bolívar, pero se crió en Restrepo, Meta. Allí, entre partidos de fútbol y desafíos cotidianos, se formó un joven tenaz, con carácter y nobleza. Prestó servicio militar en la Armada Nacional, y en 2024 ingresó con orgullo a la Policía. Se graduó en la Escuela de Carabineros Alfonso López Pumarejo y fue asignado a la Fuerza Disponible de Bolívar”, se puede leer en un comunicado de la institución.“En apenas diez meses como patrullero, acumuló ocho felicitaciones oficiales. Pero su verdadero legado está en las memorias que deja: en las risas compartidas, en los abrazos espontáneos, en la energía que llenaba cada patrullaje”, agregó la misiva.A su vez, la Policía describió a Miguel Alexander Rebolledo, también de 24 años, como un barranquillero “que amaba al Junior, bailaba salsa con pasión, y dibujaba sueños en sus cuadernos”. “Llevaba poco más de un año en la Policía y ya había recibido 12 felicitaciones. Era respetado por sus superiores y querido por sus compañeros. Silencioso pero atento, disciplinado sin rigidez”, sostuvieron.“Carlos y Miguel cayeron con honor, con el uniforme limpio y el corazón firme. Se fueron cumpliendo con un juramento que nunca traicionaron. No pueden ser una cifra más en una estadística. Sus nombres deben grabarse en la memoria del país como héroes, como jóvenes que, pese a todo, eligieron servir, proteger y amar a Colombia desde la primera línea del deber”, finaliza la comunicación.