Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.
El abogado Alejandro Carranza, quién ejerce la defensa de Nicolás Petro en el juicio que se le adelanta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pidió que el juez reconsidere la utilización del testimonio del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, quien para el año 2022 era el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.Para el abogado, este testimonio que inicialmente fue rechazado por el juez Hugo Carbonó para ser usado en el juicio oral, es relevante porque le permitiría explicar si Nicolás Petro recaudó o no dineros para la campaña presidencial.“Entonces yo sí le pido en este momento que reponga esa decisión de negarme el testimonio del doctor Ricardo Roa. La defensa solicitó su testimonio y declaración con la finalidad de aportar un contexto verificable sobre la estructura administrativa y los elementos de trazabilidad de ingresos según el planteamiento defensivo que hace menos probable la teoría de la fiscalía. El doctor Roa era el gerente de la campaña y él podrá explicarle en juicio si efectivamente Nicolás participaba o no participaba del recaudo de dineros de forma oficial a la campaña, si tenía un encargo, si tenía una misión, si hacía parte del organigrama, si efectivamente recaudó, si efectivamente entregó”, detalló.En este mismo sentido, también reclamó el uso de los certificados expedidos por la Casa de Nariño con los que busca demostrar que no hubo tráfico de influencias.“Le interpongo recursos, reposición y apelación frente a las certificaciones de la casa de Nariño, que es un bloque completo que esta defensa formuló en el cual su señoría se le sustentó de forma debida a su pertinencia al indicarle que eran elementos que demostrarían que el señor Nicolás Fernando Petro jamás intentó ninguna clase de actividad fraudulenta, de tráfico de influencias o de obtención de favores, porque en la conducta que se le endilga en juicio es la de enriquecimiento de servidor público”, expresó.Argumenta Carranza que con ese documento expondrá que Nicolás Petroa a pesar de ser el hijo del presidente y haber sido diputado del Atlántico, no intervino con ningún miembro de la casa de Nariño para tener prebendasAsí mismo solicitó que reconsidere la utilización en el juicio de una denuncia que instauró Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca ante la fiscalía contra Daysuris Vázquez por sus declaraciones a medios afirmando que el empresario supuestamente financió la campaña presidencial 2022. También pidió que se incluya varias entrevistas publicadas en medios.
Una denuncia que desde 2023 enfrenta el concejal barranquillero Alexis Castillo por presunta violencia intrafamiliar, llevó al cabildante a tener que entregarse voluntariamente en la mañana de este martes ante la Fiscalía seccional Atlántico, para atender la orden de captura que la semana pasada emitió un juez de control de garantías en su contra. De acuerdo, con lo que señaló el concejal en un comunicado que compartió en sus redes sociales, la orden de captura obedeció a una solicitud del fiscal del caso porque este no se presentó a una audiencia programada para el mes de noviembre, la cual iba a consistir en el traslado del escrito de acusación, lo que fue interpretado como posible obstrucción al proceso. Sin embargo, al respecto no se tienen más detalles por parte del ente acusador sobre el detalle del avance del proceso. Al respecto, trascendió que el concejal llego con su abogado para que se adelantara el trámite de legalización de captura. En 2023 se conoció que la ex pareja sentimental de Castillo demandó al concejal por presunta violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica. Entre otros detalles, la mujer reveló fotografías que daban cuenta de las agresiones sufridas, lo que le dejó marcas visibles en la piel. Sin embargo, todo esto es materia de investigación en el proceso.
Lo que cientos de viajeros esperaban que el pasado sábado a las 9 de la noche fuera un viaje tranquilo entre Cartagena y Madrid, a bordo de un avion Plus Ultra, se convirtió en una pesadilla luego de que escucharan una explosión en una de las partes de la aeronave al momento del despegue, lo que no permitió que este alcanzara suficiente altura. De acuerdo con el relato de familiares de los viajeros, "todo el mundo empezó a gritar" mientras el piloto realizaba una rápida maniobra para aterrizar de nuevo en la pista del aeropuerto Rafael Nuñez. "Fueron momentos de pánico. Sé que todos gritaban. Eso fue horrible porque el avión se fue como de nariz. El avión intentó despegar y al alzar la nariz sufrió un golpe y el avion no estaba en condiciones de volar. Fue un desperfecto mecánico", contó Alejandro Vásquez, quien es hijo de uno de los viajeros afectados. Por esto les asignaron un siguiente vuelo para el domingo a las 2 de la tarde, sin embargo, este vuelo tampoco pudo realizarse. La situación generó molestias y reclamos por parte de los pasajeros afectados, quienes pedían explicaciones ante lo que sucedía. No obstante la respuesta final que lograron darle a estas personas era que debían esperar y que mientras tanto les iban a compensar alimentación y hospedaje. Finalmente, el avión solo hasta las 3 de la mañana de este martes 24 de febrero pudieron despegar desde Cartagena estos cientos de viajeros hacia España, sin embargo, a los pasajeros no les quedó claro si lo hicieron en el mismo avión del daño o si era una segunda aeronave. "De acuerdo con la Aeronáutica Civil debe indemnizar por parte de la aerolínea por la cantidad de horas, el retraso, a parte de la distancia del vuelo y una compensación de 600 euros. Esto si o si debe ser obligatorio. Además, por la cantidad de horas que tiene el vuelo, tiene que devolver el dinero del billete, porque se perdieron dos vuelos de Madrid a Barcelona", señaló Alejandro.
La huelga anunciada por el sindicato Sintraelecol en ESSA no solo abrió un pulso laboral, sino un debate constitucional. Juristas y expertos del sector energético advierten que la protesta podría ser ilegal, debido a que la energía eléctrica está clasificada como servicio público esencial, categoría en la que el derecho a huelga está restringido por la ley.El artículo 56 de la Constitución y la Ley 142 de 1994 establecen que estos servicios no pueden interrumpirse, ya que de ellos dependen derechos fundamentales como la salud, la vida y la seguridad.La empresa presta energía a cerca de 958.000 usuarios en más de 100 municipios, incluyendo hospitales, acueductos, telecomunicaciones, centros penitenciarios y aeropuertos, lo que amplifica el impacto jurídico de cualquier suspensión.El exministro Amylkar Acosta alertó que una parálisis podría generar un “efecto dominó” en el Sistema Interconectado Nacional.De avanzar la huelga y afectar la operación, un juez laboral podría declararla ilegal. Esto abriría la puerta a sanciones como terminación de contratos de trabajadores participantes, pérdida de fuero sindical en determinados casos, responsabilidades disciplinarias o administrativas y posibles eventuales demandas por daños causados a terceros.El documento advierte que el sistema eléctrico no funciona por “servicios mínimos”, ya que generación, mantenimiento y despacho operan de forma continua. Por ello, cualquier interrupción podría traducirse en fallas en cascada, afectando hospitales, acueductos, telecomunicaciones y entidades de seguridad.Si un juez laboral declara la ilegalidad de la huelga, los trabajadores que participen podrían enfrentar terminación de contratos, pérdida de fuero sindical y responsabilidades disciplinarias o económicas por los daños causados.Para el sector, permitir una huelga en una empresa de energía sentaría un precedente complejo en materia constitucional, al poner en tensión el derecho a la protesta frente a la obligación del Estado de garantizar servicios esenciales.Más que un desacuerdo sindical, el caso podría convertirse en un precedente constitucional sobre los límites del derecho a la protesta en servicios esenciales.
Las fallas en la detección oportuna, los trámites administrativos y la falta de disponibilidad de algunos medicamentos están incidiendo en la atención de menores con cáncer en el país. Así lo expone el "Manifiesto por la vida y la dignidad de los niños y niñas con cáncer en Colombia", presentado por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (OICI), junto con entidades médicas y del sector salud.El documento señala que en Colombia se registran cerca de 2.000 nuevos casos de cáncer infantil cada año y que 784 menores fallecen por esta causa. Aunque seis de cada diez niños y niñas logran sobrevivir, las organizaciones advierten que, dependiendo del tipo de cáncer, la probabilidad de curación puede aumentar si se garantiza diagnóstico temprano y continuidad en el tratamiento.El manifiesto expone que persisten demoras en el primer nivel de atención para sospechar la enfermedad, así como en la remisión a especialistas y en la realización de exámenes diagnósticos. También menciona fragmentación en la prestación de servicios, traslados entre ciudades y cambios de institución que generan interrupciones en las terapias.Uno de los puntos señalados es el acceso a medicamentos. El texto indica que existe un listado de 56 fármacos sin indicación aprobada por el Invima para uso en niños, de los cuales 24 están incluidos en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Según el documento, la falta de disponibilidad o las demoras en la entrega pueden afectar la continuidad de los tratamientos.El manifiesto también hace referencia a diferencias territoriales en los indicadores de mortalidad, con mayores tasas en regiones como Amazonas y Orinoquía. Las organizaciones plantean que estas brechas están asociadas a barreras en el acceso y a condiciones del sistema de salud.En el apartado de compromisos, los firmantes anuncian que impulsarán la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, con metas verificables y seguimiento público, en articulación con el Ministerio de Salud y el Invima, para revisar la situación de los medicamentos y proponer soluciones que permitan reducir las barreras identificadas.
A través de su cuenta de TikTok, un joven relató cuánto ganó por cantar en TransMilenio, una actividad que, aunque para muchos puede ser molesta, para ellos puede salir rentable, o así lo hizo saber este hombre en su video en donde la cifra que, incluso, hace una persona que gana el salario mínimo.En su video, el joven mostró que reunió principalmente monedas y unos cuantos billetes en tan solo cinco horas de trabajo y moviéndose entre articulados por toda la ciudad. A inicio se vio toda una montaña de dinero y que al contar dio la cifra de 135.000 pesos, es decir, más que un salario mínimo en donde el día se encuentra sobre los 58.353 pesos pese al aumento del 23 %.“Terminamos de contar, esto nos hicimos en billetes y en monedas. Cada monto está de 2.000 y las monedas de 50. Primero los billetes que fueron $57.000. Mientras que en las monedas fueron $78.000 pesos, en un total de $135.000 (…) Gracias por el apoyo y en los que en verdad valoran el arte”, fueron las palabras del chico al contar la impresionante cifra que consiguió por cantar en TransMilenio.En total, si al día siempre consigue la misma cifra de dinero, al mes estaría ganando aproximadamente 2.970.000 de pesos, es decir, más que el salario mínimo en Colombia y sin prestaciones de ley, con horarios mucho más cortos, cifras que han causado polémica en redes sociales de cuánto estaría ganando un vendedor en el transporte público.“Por eso no doy... por más triste que sea la historia, también tengo necesidades”; “Parcero, haga esto en silencio, suba al éxito en silencio, próspere en silencio”, “y yo por el mínimo 44 horas semanales”; “Que chimba que le vaya bien parcero, lo sigo desde hace mucho”, fueron algunos comentarios que se generaron a partir de este video, el cual generó todo un debate.
La violencia en Colombia no da tregua, ni siquiera mientras se ve un partido de fútbol desde la comodidad de la casa o en un bar, situación que ocurrió con un joven de 22 años en el barrio Villa Muvdi, en Soledad.Resulta que, sobre las 5:12 de la tarde del pasado domingo 22 de febrero, el joven se encontraba viendo el duelo entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, juego que se disputaba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, cuando fue sorprendido.La víctima, identificada como Mayquel Alexander Tamara Madrid, estaba viendo el duelo en “Cambalache Bar”, acompañado por su cuñado, cuando de un momento a otro fue atacado.Joven perdió la vida tras recibir dos disparosDe acuerdo con el reporte oficial, un hombre llegó caminando hasta el lugar y, sin preguntar ni mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra Mayquel. El joven recibió múltiples impactos y perdió la vida en el sitio.En el ataque también resultó herido su cuñado, Yilson Manuel Villarreal Lader, de 35 años, quien fue auxiliado por vecinos y luego trasladado al Hospital Universidad del Norte. El hombre permanece bajo pronóstico reservado tras recibir una herida en el tórax.Según lo revelado por las autoridades, el atentado ocurrió en el establecimiento comercial, pero el agresor huyó en motocicleta. Aparentemente no se presentó advertencia ni discusión previa antes del homicidio y, de hecho, los familiares reportan que no se conocían amenazas en contra de Mayquel.La tenebrosa escena dejó consternados a los presentes, quienes pasaron en cuestión de segundos de la emoción del partido al terror por los disparos.Autoridades buscan al homicida en Soledad, AtlánticoLa Policía Metropolitana de Barranquilla inició las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable. Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del ataque.Las autoridades revelaron que Mayquel no figuraba como integrante de grupos ilegales ni tenía reportes de amenazas, pero en el sector hay injerencia del grupo criminal conocido como ‘Los Pepes’ y su líder, alias ‘Fulvio’, lo que hace parte de las hipótesis que investigan las autoridades.
En el fútbol existen diversos métodos disciplinarios que dependen del técnico de turno y las directrices de la propia institución, que, en algunos casos, suelen ser más exigente que en otros. Como lo ha sido Hansi Flick desde su llegada al FC Barcelona y que ha impuesto reglas rigurosas para tener un equipo de alta calidad.Así lo ha hecho saber en una reciente entrevista con el programa ‘El Hormiguero’ Pedri, mediocampista del FC Barcelona, en donde contó que es casi imposible llegar tarde a reunirse con el equipo, en especial por la millonaria cifra que se ha impuesto de multa y si no se da el tiempo es mucho mejor no llegar.“No juegas y se ha cambiado un poco. Después de años ha hecho de capitán (Pedri), pero ahora que hay que soltar pasta. Es el día de partido, si llegas 20 minutos tarde mejor no llegar o di que estuviste malo, de verdad, sale mucho mejor. Si llegas 10, lo mismo (…) Mucho más que 3.000, más de 20.000. Por ahí va la cosa, unos 40.000, no diremos la cifra exacta. ¿Prefieres no llegar o pagarlos?”, contó el futbolista del FC Barcelona.Una cifra que sorprendió a más de uno, pues con 40.000 euros (más de 170 millones de pesos) muchas personas podrían adquirir bienes de alto valor que, en este caso, son entregados al club por el mal comportamiento y puntualmente por llegar tarde el día del partido, según los parámetros del técnico Flick.Por poner un ejemplo, en la marca Audi se consiguen vehículo Q2/21 en 126 millones de pesos, o referencias A3/A4 en $156 millones, es decir, que con lo que paga un futbolista del FC Barcelona, una persona podría tener un carro de alta gama o poner la cuota inicial de un apartamento en un buen sector en Bogotá.
En Sucre están las alertas encendidas por el hallazgo sin vida de tres cobradiarios que habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes, mientras continúa la búsqueda de un cuarto del que aún se desconoce su paradero.De acuerdo con la Policía, el primer hallazgo se registró el 22 de febrero de 2026, a las 6:10 de la mañana, en zona rural del municipio de Sincelejo, donde fue encontrado el cuerpo deEl primer cuerpo en ser encontrado fue el de Camilo Andrés Villegas Ramírez. Su cadáver fue abandonado en un sector conocido como Las Huertas, en zona rural de Sincelejo la mañana del pasado domingo. Su cuerpo tenía una herida de arma blanca en el abdomen y marcas en el cuello que indicarían que fue asfixiado.La búsqueda de las autoridades continuó y hacia el mediodía del lunes, en la vía que conduce al corregimiento de Guaimí, municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, encontraron a otra de las víctimas. Se trata de David Esteban Bohórquez Franco, cuñado de Camilo.La tercera víctima encontrada fue Jhonatan Villegas Ramírez, hermano de Camilo. Su cuerpo fue abandonado en el municipio de San Andrés de Sotavento, en Córdoba.Según información preliminar, las víctimas habrían desaparecido en el municipio de Tuchín, Córdoba. Las autoridades informaron que un cuarto cobradiario continúa desaparecido, por lo que se mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Se trata de Jesús David Anaya GuevaraEl caso está siendo investigado por un equipo especial integrado por unidades de Policía Judicial, Inteligencia y GAULA, orientado a identificar, ubicar y capturar a los responsables. También se han fortalecido las capacidades operativas y de control en los sectores afectados.Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en la investigación a través de la línea 123, garantizando absoluta reserva.Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el móvil de este homicidio. Llama la atención el hecho de que los cuerpos fueron abandonados en sitios diferentes entre los departamentos de Sucre y Córdoba.
La precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo este lunes en Barranquilla como parte de su correría política por las regiones y, previo a su discurso público en el parque Sagrado Corazón, se refirió a las advertencias que ha venido lanzando el presidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral que se daría en los próximos comicios."El fraude no se comete en la Registraduría, se comete con los fusiles por parte de grupos ilegales y Petro está negociando con ellos. Aquí al que mataron fue a Miguel Uribe, que era de este partido; a los que están persiguiendo y a los que amenazan son a los del Centro Democrático", dijo.Agregó que lo primero que se debería hacer para que haya garantías electorales es que terminen las mesas de diálogo con los grupos armados."Que rompan todas esas mesas de diálogo y les den protección a los candidatos y garantías. ¿Cómo se va a hacer política con las amenazas encima de la gente y con los atentados? Es que así es muy difícil hacer política", cuestionó.Sobre la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea para acompañar las votaciones, Valencia aseguró que es "importante" por todo "lo que está pasando en el país, que es grave”.“Hay un presidente que se la pasa criticando a la Registraduría, pero no dice nada de que declaren objetivo militar a mi candidato a la Cámara en el Cauca o que destruyan la sede del Centro Democrático en el Huila, no dice nada de que haya pancartas que ordenan que no podamos entrar a los departamentos, que no hay garantías electorales”, dijo.
En Santa Marta, un nuevo hecho de robo desata quejas y críticas por el aumento de la inseguridad en la ciudad. Esta vez, a plena luz del día, un hombre fue atracado a mano armada cuando se movilizaba en motocicleta junto a su hijo menor de edad. El hecho ocurrió en la calle 22 con la avenida de Los Estudiantes, un corredor de alto flujo vehicular de la capital del Magdalena.En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa cómo dos sujetos, en otra motocicleta, se acercan a la víctima. El parrillero baja sin titubeos, lo encañona y lo obliga a descender del vehículo en medio de un forcejeo. El hombre termina en el suelo y, en segundos, entrega sus pertenencias, mientras su hijo permanece cerca, en un momento de evidente tensión e indignación.La escena ocurre rápidamente: amenaza, caída y huida. Los delincuentes se llevan lo que encuentran y se marchan del lugar, mientras los presentes solo gritan y piden ayuda.Otro detalle que ha llamado la atención es que la motocicleta utilizada por los asaltantes no tendría placa visible, según lo que se alcanza a apreciar en el video.Hasta ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre este caso. Entre tanto, el video sigue circulando en redes y alimenta el reclamo de los samarios por más controles y mayor presencia policial en este sector de la ciudad.
En una nueva jornada de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la defensa presentó varios recursos de apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.En la diligencia, el abogado de Petro Burgos rechazó que el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, y el representante a la Cámara Agmeth Escaf hayan sido admitidos como testigos de la Fiscalía en el juicio contra el exdiputado del Atlántico.El abogado Alejandro Carranza sostuvo que, así como a la defensa no le permitirán llevar como testigo al exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, por no ser este tema político objeto de debate, los testimonios de Benedetti y Escaf tampoco deben ser aceptados por la misma razón.Carranza también pidió que se reevalúe la decisión del juez que dejó por fuera del juicio la declaración de renta de Gabriel Hilsaca y, en cambio, solicitó admitirla, teniendo en cuenta que, según la teoría del caso, él entregó dinero al hijo mayor del presidente y el documento podría servir de prueba sobre el origen de los recursos.A su vez, el abogado apeló la decisión del juez que rechazó como testigo a Juan Camilo Pachón, representante legal de la empresa Brands and Business, y solicitó tenerlo en cuenta al considerar que su testimonio en el juicio “es importante porque hizo entrega de dinero a Nicolás en representación de esa compañía”. “Permítame, señor juez, explicar quién dio la plata y para qué la dio”, pidió la defensa.Para la defensa de Nicolás Petro, el operativo de captura del exdiputado y el allanamiento practicado en su vivienda, en 2023, fueron ilegales y, por consiguiente, solicitó que el teléfono que le fue incautado a su pareja, Laura Ojeda, en ese procedimiento no sea tenido en cuenta como prueba en el juicio.Insistió en que este teléfono debe ser excluido del juicio, máxime cuando el mismo juez ha considerado que hubo vulneración de derechos en ese operativo y hasta compulsó copias por esas presuntas irregularidades.Carranza también expuso que, así como fue rechazado el interrogatorio que rindió Nicolás Petro ante la Fiscalía, también sea inadmitida la declaración del acusado en medios de comunicación que guarda relación con dicho interrogatorio.Del mismo modo, pidió la admisión de un documento sobre la Fundación Conciencia Social, que en su momento fue pedido por la Fiscalía, pero luego esta prefirió no usarlo. El abogado afirma que a la defensa sí le puede ser útil esta prueba.
Francisco es uno de los 51 beneficiarios que recibieron unidades productivas en Barrancabermeja por parte de la Unidad para las Víctimas."Me entregan un emprendimiento, que es un proyecto de comida rápida, para yo iniciar como tal mi emprendimiento. Es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo y, gracias a Dios, hoy se hizo realidad. Bueno, pues más de 20 años", afirma Francisco Navarro, víctima del conflicto armado.La entidad asegura que las entregas a víctimas del conflicto incluyeron herramientas e insumos para negocios como cafeterías, papelerías, tiendas de abarrotes, panaderías, peluquerías, confecciones y restaurantes."Esta es una actividad muy importante para nosotros, las víctimas, ya que estas unidades productivas hacen parte también de ese globo de nuestra reparación integral", asegura Jesús Rodríguez Bustos, coordinador de la Mesa de Víctimas en Barrancabermeja.Adicionalmente, en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, la Unidad entregó 100 kits de ropa nueva a integrantes de la Asociación de Desplazados. Allí, además, se abrió un espacio de diálogo con líderes sociales y autoridades locales sobre los retos que persisten en el municipio."Somos municipio receptor. (…) Vamos a seguir trabajando; desde la alcaldía tenemos la disponibilidad para los 26 proyectos que formulamos. Esperamos que salgan la mayoría, para el beneficio de todas las víctimas de nuestro municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, y también para todo el sur de Bolívar, porque nosotros somos municipio receptor", subrayó Milton Doraya, alcalde del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) denunció públicamente presuntos hechos reiterados de acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional en la Regional Atlántico de la entidad, los cuales habrían afectado la salud física y emocional de varias trabajadoras.Uno de los casos más complejos, según la denuncia, involucra a la funcionaria Martha de la Cruz, quien es contratista de la institución y tiene cinco meses de embarazo. La mujer se encuentra hospitalizada en grave estado de salud por una situación que estaría asociada a presunta violencia y acoso laboral que padeció durante meses.Ana Fuentes, vocera del sindicato, expresó que han conocido más de 10 denuncias por acoso laboral, especialmente contra mujeres en la Regional Atlántico.Para el sindicato es preocupante que, desde la posesión de la actual defensora regional, Carolina Gómez, quien asumió el cargo en abril de 2025, se hayan acumulado en un corto periodo un número significativo de señalamientos por presunto acoso laboral y tratos denigrantes.La denuncia fue escalada a la defensora nacional del Pueblo, quien, a través de su cuenta de X, emitió un comunicado manifestando su preocupación y reconociendo la gravedad de la situación denunciada.Afirman que ya fueron desplegadas acciones de verificación, investigación y acompañamiento institucional ante los presuntos casos de acoso laboral, para adoptar las medidas a que haya lugar.
Este lunes, a las 9:00 de la mañana, se retomaron las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La diligencia está programada para desarrollarse este 23, 24 y 26 de febrero, inició con la intervención del abogado Alejandro Carranza, quien representa la defensa del hijo del presidente.Durante su intervención, el abogado apeló la admisión en el juicio de varios elementos a los que el juez Hugo Carbonó le dio cabida.El primero de estos fue el teléfono celular de Daysuris Vásquez. Consideró que este equipo de comunicación no debería ser aceptado en el juicio oral, por ser, a su juicio, una prueba ilegalmente obtenida, al no realizarle una audiencia de control posterior y pone entre dicho que Daysuris Vásquez lo haya entregado de forma voluntaria a la fiscalía dado que la información extraída del equipo, la terminó“Como usted pudo observar, tampoco fue llevado al juez para un control de garantías posterior ni hubo un control previo para esta diligencia. Además, el teléfono celular fue obtenido en esa diligencia, manipulado delante del perito y fue indicado a la señora Daysuris del Carmen que se le devolvería tan pronto se hiciera la extracción y la extracción se hizo, pero luego llegó otro fiscal, el del grupo de tareas especiales,el señor Mario Andrés Burgos Patiño, que hace una nueva extracción idéntica a la que había hecho el otro fisca y él va y hace un control posterior de esa extracción reteniendo el teléfono que no debían tampoco por qué retener”, expresó el abogado.La defensa de Nicolás cuestionó la aceptación de informes de policía judicial en los que se habla de información obtenida de una fuente no formal.Para el abogado, esta persona que entregó información a la Fiscalía debió ser llevada a juicio como testigo para ser interrogada, dado que sus declaraciones dieron origen al allanamiento de la casa del exdiputado del Atlántico, su posterior captura e incautación del teléfono de Laura Ojeda, su actual esposa.Cuestionó el abogado que no se demostró que esa fuente no formal estuviera amenazada.“Hago parte de esta alegación de reposición y apelación. Los informes de investigador no son prueba, no pueden ser llevados como prueba. Su señoría, las voces de los investigadores van a hablar de terceros que debían estar en juicio. Es decir, el investigador Víctor Romero le va a hablar de lo que le dijo una fuente que debía venir aquí con el cuentico de que es que la seguridad premio o privilegia sobre este asunto se cae por sí solo por una razón. ¿Y dónde están las denuncias que le ha mostrado la Fiscalía sobre denuncias o sobre situaciones que hubieran puesto en riesgo esa fuente de su señoría en esa época?”, detalló.
Desde la Asociación de Portuarios del Caribe (Asoportuaria) defienden la gestión realizada para la salida de un buque con combustible que fue interceptado por la Marina de Estados Unidos en el Caribe, por presuntamente dirigirse hacia Cuba, país que está bajo bloqueo para la venta de petróleo y derivados del mismo. Al respecto, el director de Asoportuaria, Lucas Ariza, afirmó que el buque que zarpó iba con cargamento de fibroil y que mostró su documentación al día para llegar a un puerto de República Dominicana. La operación comercial se realizó bajo la modalidad FOB (Free On Board), lo que significa que la empresa vendedora colombiana se comprometió a entregar el producto en el puerto de origen, mientras que el comprador asumió la responsabilidad del transporte y el destino final de la carga, lo que deslinda cualquier responsabilidad del puerto de Palermo frente a lo que pudo suceder en la trayectoria del mismo. No obstante, defiende que al final el barco llegó a Haití, país ubicado en la misma isla que República Dominicana, por lo que consideró que las versiones que lo vinculan con un supuesto destino a Cuba “entran en el terreno de la especulación”."Porque el barco termina en Haití no se sabe si ese fue un destino nuevo o si por las interceptaciones. Nada dice o de ahí en adelante que el producto iba para Cuab. Pero son negocios entre particulares y ahí la responsabilidad la lleva el comprador del producto", explicó.
Para el candidato presidencial Sergio Fajardo las recientes denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro, en el sentido de un posible fraude electoral para las elecciones del próximo 8 de marzo, es una manera del mandatario de realizar actividad política, algo que no está permitido para ningún funcionario del Gobierno. "Creo que es una estrategia del presidente para crear caos y malestar. El presidente no puede hacer política y está haciendo política de manera descarada y eso no lo puede hacer y no es correcto, pero eso lo viene haciendo desde siempre", manifestó el candidato desde Barranquilla. Para el también exalcalde de Medellín no es creíble que haya riesgo de fraude, a lo que agrega que es importante que empiecen a ser aceptados y respetados los resultados de las elecciones. "Yo he perdido y siempre he sido respetuoso de los resultados. Es parte del reto político aceptar", explicó.Fajardo fue enfático en señalar que no se debe politizar el debate y que se necesitan líderes que sepa tender puentes y no construir trincheras. ApoyosA propósito de la visita realizada por Fajardo a Barranquilla, este recibió el apoyo del exvicepresidente Gustavo Bell, del expresidente de Promigas Antonio Celia, del exministro de Educación Germán Bula, entre otros. El candidato incluyó en su jornada la visita a varios sectores en los que socializó sus propuestas para acceder a una mejor tarifa de energía.
En el Encuentro Nacional de Laboralistas que se realiza en Barranquilla, la senadora Clara López defendió la movilización social que promueve el Gobierno y aseguró que "este pueblo no es violento" y que "la Policía ha avanzado mucho y ya no están agrediendo a los manifestantes"."Veo que le tienen mucho miedo a la movilización social, pero la movilización social no es violenta", expresó la senadora durante un panel sobre reformas laborales y coyuntura política, donde los asistentes respondieron con risas frente al comentario. "Es que ustedes no van a la calle", insistió la senadora.En el mencionado evento también participó el senador Carlos Meisel, quien a propósito de movilizaciones cuestionó la convocatoria del presidente Gustavo Petro para un cabildo popular en Barranquilla: "No nos ha ayudado en un carajo, nos dejó tirados con la Fórmula 1, con los Juegos Panamericanos, nos tiene tirados con los subsidios de energía, ahora que no venga a jodernos la ciudad el lunes", dijo.En esa misma vía se pronunció la senadora Paloma Valencia, quien aseguró que los llamados del presidente Gustavo Petro a la calle se "parecen mucho a los llamados de violencia". "A los llamados beligerantes del presidente hay que responder con una gran unidad de país", dijo la congresista.Nuevo trámite de la reforma laboralComo ponente en el nuevo trámite que inicia sobre la reforma laboral, el senador Carlos Meisel aseguró que ahora hará "todo lo posible por entregarle al país una reforma conveniente para la generación de empleo, para que los emprendimientos crezcan y se reduzca la informalidad".Agregó que le "meterán la chancleta al acelerador para que los tiempos se cumplan y poder entregar la reforma al país", sin importarle cuán escéptico pueda estar el Gobierno ante esta posibilidad. "No me importa lo que el Gobierno piense de mí. Quiero trabajar por este país con o sin Petro", expresó.Por su parte, la senadora Clara López también dijo que "si sale un remedo de reforma", van a volver "a insistir en la consulta popular para completar, complementar la democracia representativa con democracia participativa, que no constituye ninguna afrenta a la Constitución ni revienta la división de poderes, sino que fortalece las instituciones, dando mayor alcance a que la población pueda pronunciarse para defender sus derechos".Insistió en que estos cambios requeridos a nivel laboral "no son la gran revolución", sino "actualizaciones apenas básicas que se están dando en muchos países del mundo" y que, "de no hacerse", habría una "congelación institucional que va a llevar a este país, más temprano que tarde, a una asamblea nacional constituyente para reestructurar la Ley, para que no sea solamente la codificación de los intereses del capital que severamente restringen los derechos laborales".
El ministro de Interior, Armando Benedetti, no deja de criticar al presidente del Senado, Efraín Cepeda, tras el reciente hundimiento de la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro y así se confirmó en medio de su visita a Barranquilla para la reunión preparatoria con miras a lo que será Cabildo popular que se realizará el próximo lunes 19 de mayo.Benedetti afirmó durante su discurso ante los varios presentes que considera que el presidente Petro escogió a Barranquilla como sede principal de la cita, teniendo en cuenta que es la casa de Cepeda, de quien dijo que hay que hacer que la gente “lo insulte donde quiera vaya”.“Creo que el presidente Petro dejó a Barranquilla porque también es la casa de Cepeda. Hay que hacer que a donde vaya Cepeda le digan vainazos de todo lado, hay que decirle a la cuadra que cuando lo vean, lo chiflen. Él se siente un prócer ahora, me cuentan. HP”, afirmó.“Efraín Cepeda se comportó como un malandrín. Tenía razón el Presidente de la República cuando le dijo HP. Yo me reí, ahí están las tomas en soledad (Atlántico). Me pareció chistoso cuando alcancé a reírme por esas palabras, pero de verdad ayer lo fue con todas las letras completamente. Un HP”, agregó.Benedetti terminó diciendo que Gustavo Petro espera aterrizar en Barranquilla este lunes, a las 3:00 de la tarde, y la idea es que las personas convocadas ya estén allí desde las 2:00 de la tarde.
Este jueves, por medio de una audiencia virtual, el magistrado Jorge Eliécer Cabrera Jiménez, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, resolvió la apelación al fallo que el pasado 8 de noviembre absolvió a Dayana Jassir De La Hoz, luego de enfrentar un largo juicio en el que la Fiscalía la acusó de haber planeado el asesinato de su esposo, el entonces director de la Regional Norte de Medicina Legal, Eduardo Pinto.En este sentido, el magistrado revocó aquella decisión del Juzgado 12 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla y emitió en su reemplazo una "sentencia condenatoria", con una "pena principal de prisión de 57 años y 6 meses", así como "inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el termino de 20 años y la prohibición por el mismo término de 20 años de acceder o tener armas de fuego o licencia para su porte".Lo anterior, tras ser hallada "como determinadora de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas agravado y hurto calificado y agravado".Es decir, según el magistrado, Jassir fue la autora intelectual del asesinato del entonces director regional de Medicina Legal y, en ese sentido, también pidió que se libren orden de captura en contra de esta mujer, para que responda por la pena impuesta.Vale decir que, pese a la decisión que tomó este jueves el magistrado ponente, será la Corte la encargada de dar la decisión final frente a la culpabilidad o inocencia de la esposa de quien era el director de la regional norte de Medicina Legal.
En el barrio Villanueva de Barranquilla se realizó un gran operativo que permitió la aprehensión de 11 presuntos integrantes de la banda Los Pepes, al mando de Digno Palomino, entre ellos un menor de edad, los cuales según información que conoció Blu Radio se encontraban reunidos para planificar un atentado que inicialmente se pensó que era para Los Costeños, pero que al parecer era para la Policía.La rápida llegada de las autoridades permitió la incautación de un fusil AK- 47 con un proveedor y tres pistolas 9 milímetros, una de ellas con silenciador. Sin embargo, la sorpresa fue que en el sitio estaba alias 'Doiner', presunto encargado de coordinar la movilidad y hospedaje en Barranquilla para miembros del Clan del Golfo, a partir del plan pistola contra la Policía a nivel nacional, así lo confirmó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.Es importante mencionar que estos presuntos delincuentes suman un total de 43 anotaciones por los delitos de homicidio, extorsión, concierto para delinquir para darse por narcotráfico, fabricación, tráfico y/o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, tenencia y/o porte de armas de fuego, falsedad en documento público.De igual manera, entre otros criminales destacados estaba alias 'Steven' la 'Monita', supuesto tercer cabecilla de Los Pepes, encargado de la coordinación de los diferentes homicidios selectivos, cobros extorsivos y el control del microtráfico en los barrios, Villanueva, Barlovento, Bendición de Dios, Barrio abajo y Rebolo, quien al parecer sería hombre de confianza de alias 'Gordo 40'.La Policía informó que se le atribuye un triple homicidio ocurrido el 18 de mayo de 2023 en el barrio Villanueva donde resultaron víctimas, un menor de edad y dos personas adultas. Además, un doble homicidio ocurrido el 11 de mayo de 2023 en el barrio Villanueva donde dos personas fueron víctimas de este hecho.También alias 'Steven Calentura', presunto jefe de sicarios encargado de ordenar, materializar hechos de sangre y desmembramientos de personas en los barrios Villanueva, Bendición de Dios y Barlovento.Y otros como alias 'Lagrimita', sicario y cobrador de extorsión en los barrios anteriormente mencionados. Asimismo, sería el encargado de intimidar a los comerciantes que se nieguen al pago de cuotas extorsivas, alias 'Voz Pequeña', sicario y cobrador de extorsión, con una trayectoria de 8 años en la estructura y alias 'Luis', menor aprehendido y quien se fugó del centro de reeducación El Oasis, donde se encontraba por el delito de extorsión.
La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, está enterada acerca de las desapariciones que no se han podido esclarecer en el Atlántico, por lo que Blu Radio conoció que el próximo jueves 22 de mayo una vicefiscal designada arribará hasta Barranquilla para revisar los avances en cada uno de los casos y priorizar aquellos protagonizados por mujeres y menores de edad.Según fuentes revelaron a este medio de comunicación, en el encuentro se indagará puntualmente sobre las desapariciones de Isamar Algarín Torres y la adolescente Ana Valeria Alfaro, esta última quien salió de su casa hace nueve meses junto con un amigo en el suroriente de Barranquilla y no se ha sabido más de ella.La tercera de cuatro hermanos, al parecer, fue vista por última vez en un billar cerca de su casa con unos hombres, sin embargo, sus familiares luego reportaron que recibieron mensajes anónimos por redes sociales en los que se podía leer que la habían matado y que la fueran a buscar a la orilla del río, en un sector conocido como La Loma.Las autoridades han adelantado varias jornadas de búsqueda en el lugar indicado, pero hasta el momento no hay rastros de su paradero. A su vez, allegados insisten en que no tenía amenazas de muerte.Por su parte, y tal como informó en primicia Blu Radio, en el caso de Torres, cuatro funcionarios de la Sijín ya fueron interrogados por la Fiscalía para obtener explicaciones sobre por qué no fue reportada la conducción de esta mujer a las instalaciones de la institución, pese a que videos prueban que el 11 de mayo estuvo hasta las 9:49 de la noche retenida en una de las sedes.Los videos muestran a Isamar nerviosa e inquieta mientras busca de manera desesperada un taxi que la transporte. Ella, después de 25 minutos de espera, aborda un automóvil rojo que permanecía estacionando justo enfrente de las instalaciones de la Sijín en las que estaba.En la reconstrucción de la ruta de Isamar, investigadores ubicaron a la joven, 25 minutos después, en una tienda ubicada en la esquina de la calle 57 con carrera 41, donde ella desciende del carro rojo para comprar una caja de cigarrillos.No obstante, el carro se marcha y la mujer se detiene a fumar uno de los cigarrillos en la terraza del local. A los cuatro minutos de estar en el sitio, un carro blanco, de iguales características al que la merodeaba en la sede de la Sijín, se detiene frente a ella.El momento parece generarle tensión, pues ella decide moverse hacia la esquina del local, pero un hombre que se baja del asiento de copiloto va tras ella y la arrastra contra su voluntad para montarla en el carro, mientras esta se resiste. Finalmente, la sube y se marchan del lugar.Estas son las últimas imágenes que se tienen de esta joven de 28 años, sobre quien no hay pruebas de que sostenga nexo con alguna banda delincuencial. Su madre, Gloria Torres, dice que a pesar de los interrogatorios realizados a los funcionarios de la Sijín, el caso sigue sin resolverse.
Hay preocupación tanto en estudiantes como en empleados de la Universidad Autónoma del Caribe, tras la reciente denuncia de Nataly Álvarez, docente y presidente del sindicato de trabajadores de la misma, en la que asegura que el rector Jorge Senior quiere estatizar la institución, en otras palabras volverla una entidad pública.Al respecto, Álvarez precisó que, para el próximo 20 de mayo, fue programada una diligencia de restitución de dos bienes institucionales a favor del banco Davivienda, debido a un fallo emitido por la falta de pago en una deuda superior a los $5.000 millones.“La crisis que atraviesa la Universidad Autónoma del Caribe se viene agudizando por la falta de gestión del rector Jorge Senior. ¿Cómo es posible que el próximo 20 de mayo está programada una diligencia de restitución de dos bienes institucionales en favor de la vivienda en cumplimiento con una sentencia emitida en el año 2022? Lo más grave es que el rector no informó a la comunidad ni gestionó una ruta en defensa de estos bienes”, dijo inicialmente.Por ello, la docente hizo un llamado urgente al Ministerio de Educación exigiendo la salida de Senior para así realizar un nombramiento que, de acuerdo a su testimonio, “esté a la altura de los desafíos que enfrenta la universidad”.“Le hacemos un llamado urgente al Ministerio de Educación para que actúe en protección al derecho de educación. No podemos seguir en esta situación de negligencia por parte de quienes han sido nombrados. Es hora que se nombre una dirección que esté a la altura de las necesidades y los desafíos que enfrenta nuestra universidad”, agregó.Según Nataly, la crisis de la Universidad Autónoma del Caribe se viene agudizando por la falta de gestión en su rector, de quien dice que no tiene un rumbo claro y hasta el momento solo ha planteado vender bienes o desmontar derechos convencionales adquiridos.