Hace pocos minutos, las autoridades confirmaron que unidades antiexplosivos de la Policía realizaron la detonación controlada de un cilindro que había sido cargado con explosivos en el sector de Las Piñas, específicamente en la vía que comunica a Cali con el municipio de Buenaventura.De acuerdo con información preliminar, hombres desconocidos habrían dejado este artefacto en plena carretera, un corredor vial de gran importancia para el suroccidente del país.Por este motivo, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía durante varios minutos, con el fin de prevenir cualquier tipo de tragedia mientras se adelantaban las labores de verificación y manejo del riesgo.Conductores que se movilizaban por esta ruta reportaron, a través de las redes sociales, una fuerte congestión vehicular y largos tiempos de espera debido a la restricción del paso.A esta hora, la circulación ya fue restablecida y se registra un flujo normal de vehículos en el sector. Sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen declaraciones oficiales para conocer más detalles sobre este hecho y avanzar en las investigaciones que permitan establecer quiénes serían los responsables.
En un operativo conjunto de las autoridades contra grupos criminales que operan en el suroccidente del país, fue capturado en la frontera con Ecuador alias ‘Caleño’, señalado integrante del Clan del Golfo y requerido por Interpol mediante circular azul.La captura se logró gracias a un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de Colombia y otros países, lo que permitió ubicar y detener a este hombre, considerado una pieza importante dentro de esta organización ilegal.Según explicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, alias ‘Caleño’ cumplía un papel clave al servicio del Ejército Gaitanista de Colombia. Desde municipios como Riofrío y Trujillo, se encargaba de observar y reportar los movimientos de la Fuerza Pública, información que luego era usada por los jefes del grupo para planear traslados de armas, municiones y personas, así como para cometer asesinatos.“Su función era alertar sobre la presencia de las autoridades para facilitar las acciones criminales de la organización”, señaló la mandataria, al destacar la importancia de esta captura para la seguridad del departamento.Las autoridades indicaron que alias ‘Caleño’ hacía parte del cartel de los más buscados en el Valle del Cauca. Por información que ayudara a dar con su paradero, la Gobernación ofrecía una recompensa superior a los 50 millones de pesos.La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, afirmó que esta captura representa un golpe significativo a la estructura del Clan del Golfo, especialmente en su red de apoyo logístico y armado en el suroccidente del país.Tras el operativo, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que ahora se encargará de adelantar el proceso judicial correspondiente.
Luego de varios intentos fallidos y de reiteradas solicitudes a través de cartas y mesas de diálogo con el Gobierno nacional, integrantes del comité del paro cívico de Buenaventura decidieron tomarse las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional en Bogotá, con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos pactados.De acuerdo con Miyela Riascos, vocera del comité, los estudiantes, tanto de la zona urbana como rural, actualmente no cuentan con condiciones adecuadas para el desarrollo de sus jornadas educativas.“En términos de infraestructura educativa, no tenemos condiciones habitacionales saludables. No hay confort climático, hay humedad, calor excesivo y salones que no están adecuados. Además, no solo se requieren aulas para recibir clases, sino también espacios como laboratorios”, explicó Riascos.En el mismo sentido, el sacerdote Jhon Reyna Ramírez, integrante de la pastoral de Buenaventura y miembro del comité del paro cívico que permanece en Bogotá, aseguró que no regresarán al Valle del Cauca hasta obtener una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional.“Estamos aquí desde el lunes en la noche y hemos continuado trabajando durante el martes y el miércoles. Hoy estamos haciendo un recorrido por todo el tema de infraestructura educativa. La idea es salir con soluciones concretas y no nos moveremos hasta terminar este ejercicio y tener luz verde tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Hacienda”, manifestó el sacerdote.Otros de los motivos que respaldan la protesta están relacionados con la falta de acceso permanente al agua potable, deficiencias en la atención en salud y la necesidad de garantizar soberanía alimentaria para las comunidades del distrito.
Claudia Calao, hermana de Gilberto Jesús Calao, abogado y director seccional de la DIAN en el municipio de Tuluá, quien fue asesinado en las últimas horas se pronunció. La familiar aseguró que las investigaciones avanzan de manera constante para esclarecer la muerte de su hermano.La mujer señaló que una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a la participación de mafias dedicadas a operaciones ilegales. Según indicó, meses atrás Gilberto Calao ya había denunciado un caso relacionado con este tipo de actividades, lo que refuerza la posibilidad de que el crimen esté vinculado con su labor en la entidad.“No tanto amenazas porque pues él siempre se transportaba en su vehículo , él puso unas denuncias en temas de cobro y la puso en conocimiento en la fiscalía y la llevó a nivel central, incluso estuvo en Bogotá haciendo las denuncias y contándole a la DIAN”, indicó Claudia Calao.Por su parte, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de este asesinato. Aunque la investigación continúa en curso, las autoridades ya tendrían algunas pistas sobre los agresores, quienes, según las primeras indagaciones, habrían llegado desde la ciudad de Cali para cometer el crimen.“Lo que nos dijo la fiscalía es que los sicarias venían de cali , aparecen en las cámaras a las 4 de la mañana, venían en moto y en carro le estaban haciendo el seguimiento “ expresó.Entretanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, también se pronunció sobre el asesinato del director seccional de la DIAN en Tuluá. El mandatario aseguró que bandas dedicadas al contrabando estarían directamente relacionadas con el homicidio y advirtió que este tipo de organizaciones criminales buscan intimidar al Estado.
Tras el cruento atentado perpetrado por el ELN contra la base militar de Aguachica, Cesar, que resultó en el asesinato de seis soldados profesionales y dejó a 31 heridos, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, advirtió sobre la peligrosa transformación del conflicto en Colombia. Según el alto oficial, las fuerzas militares no solo luchan contra insurgentes tradicionales, sino contra estructuras criminales con una capacidad financiera sin precedentes que les permite acceder a tecnología de punta para atacar a la población y a las tropas.Una guerra impulsada por el narcotráfico y el oroEl general Cardozo fue enfático al describir al enemigo actual como una "guerrilla rica", asegurando que en ninguna otra época estos grupos habían tenido tantos recursos económicos como hoy. Esta bonanza financiera proviene principalmente del narcotráfico y la extracción ilícita de yacimientos mineros, especialmente el oro en regiones como el sur de Bolívar y el Catatumbo.Esta solvencia les permite comprar bodegas, casas y drones a través de internet, además de contratar entrenamiento de personal extranjero para operar estos sistemas y coordinar ataques complejos,. "Aquí no hay una guerrilla que esté pensando en cambiar el sistema de gobierno; aquí hay unos carteles que se están enriqueciendo y adquiriendo capacidades de desestabilización", afirmó el comandante.La masificación de los ataques con dronesLa magnitud de la amenaza tecnológica es alarmante. Entre el 26 de abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025, el Ejército ha contabilizado 393 ataques con drones. Esta modalidad, que inició en Argelia, Cauca, se ha expandido a zonas como el Chocó, Guaviare y Putumayo, convirtiéndose en la herramienta predilecta de grupos como el ELN y las disidencias de alias 'Mordisco' y 'Calarcá'.El desafío para las tropas es mayúsculo, pues los criminales lanzan estos artefactos desde el patio de casas en caseríos civiles, utilizándolos como escudos humanos para evitar la respuesta militar y generar daños colaterales. El general advirtió que la tecnología está evolucionando hacia el uso de "drones kamikaze", los cuales pueden impactar objetivos a velocidades de 100 km/h, aumentando la letalidad de las acciones terroristas.El costo de la defensa y la respuesta institucionalFrente a esta situación, el Ejército busca una asignación presupuestal de un billón de pesos para fortalecer la protección de sus bases fijas. Actualmente, la adquisición de tecnología de detección e inhibición es limitada debido a sus altos costos; un solo equipo fijo de detección puede costar hasta 2.000 millones de pesos.Escuche aquí la entrevista:
La JEP condenó al coronel en retiro Hernán Mejía a 20 años de prisión por 72 casos de falsos positivos que se dieron mientras él comando el Batallón La Popa con sede en Valledupar.“Declarar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutierrez penalmente responsable por los hechos ocurridos mientras se desempeñaba como comandante del Batallón de Artilleria La Popa No 2 de Valledupar como coautor de los delitos que se cometieron en el marco de la primera modalidad del patron de macrocriminalidad consistente en una alianza entre el ilegal aparato organizado de poder bajo su mando con el Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia”, señala la JEP.Las conductas punibles que cometió Mejia, según la JEP, son homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desaparición forzada, entre otros.El coronel en retiro Hernán Mejía deberá cumplir una pena de 20 años de prisión y no se le concederá prisión domiciliaria ni medidas alternativas.Es importante recordar que Mejia ha negado su responsabilidad en estos casos de falsos positivos y tuvo que enfrentar un juicio en la JEP.Esta es la primera condena de la JEP en la que un compareciente enfrenta la cárcel.
La teoría de la justicia en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo es que se creó una organización delincuencial que tenía como objetivo, torcer o mover la voluntad de un grupo de congresistas para que apoyaran la gestión y los proyectos del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República.Durante la audiencia en la que decidió sorpresivamente enviar a la cárcel a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla y del Interior, Luis Fernando Velasco, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Aura Rosero, afirmó que la actuación de quienes fueran dos de los alfiles del presidente Petro, “responde a la misma lógica instrumental orientada a asegurar gobernabilidad mediante el uso de recursos públicos y la incidencia ilegítima sobre el legislativo”.En el caso del exministro Ricardo Bonilla, la justicia tiene elementos que demostrarían que facilitó y participó en el direccionamiento de tres contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo por más de 90 mil millones de pesos para satisfacer el apetito de seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con el fin de que los parlamentarios emitieran conceptos que eran indispensables para que el gobierno pudiera tramitar empréstitos internacionales para la Nación.Según la justicia, el exministro Luis Fernando Velasco habría desempeñado el rol de “articulador político” de la estructura dedicada a la compra de conciencias en el Congreso a cambio de contratos. Según el exdirector de Gestión de Riesgo Olmedo López, Velasco le dio instrucciones precisas para direccionar los contratos hacia congresistas que ofrecieran respaldo a la agenda legislativa del Gobierno. El caso puntual que hoy tiene en la cárcel a Luis Fernando Velasco es el del senador Julio Elías Chagüi, que, según los testimonios, habría recibido contratos sin justificación de urgencia o necesidad.Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco son los funcionarios de mayor rango del gobierno Petro detenidos por este escándalo, pero no son los únicos, se suman a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, que está presa y en etapa de juicio y a los prófugos Carlos Ramón González y César Manrique, que fueron hombres muy cercanos a su gobierno.Carlos Ramón González fue director del DAPRE y de la Dirección Nacional de Inteligencia, habría ordenado entregar 3 mil millones de pesos en efectivo al expresidente del Senado Iván Name y mil millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, hoy es prófugo de la justicia y pasa sus días bailando vallenato en su exilio dorado en Nicaragua. César Manrique fue director de la Función Pública y actualmente está prófugo de la justicia, presuntamente en Venezuela.La otra pata del escándalo está en el Congreso: están detenidos los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle y están a la espera de saber si son llamados a juicio o no por la Corte Suprema los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Liliana Bittar. También están a la espera de su llamado por la justicia los congresistas Julio Elías Chagüi y Martha Peralta.Tras la captura de los exministros Bonilla y Velasco, el país necesita que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema envíe un mensaje claro anticorrupción en el momento en el que defina el llamado a juicio a seis congresistas que habrían estado involucrados en el mismo escándalo. También es el momento para que el presidente Gustavo Petro responda a las afirmaciones del exministro Luis Fernando Velasco, quien dijo ante la justicia que toda la operación política que él adelantó, fue conocida y autorizada por el jefe de Estado y aseguró que la entonces directora del DAPRE, Laura Sarabia, le ordenó contratar a Olmedo López, pieza clave del escándalo, por instrucción directa del presidente Petro.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de mantener la detención intramural de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pese a la apelación presentada por sus defensas, dejó a ambos privados de la libertad mientras avanza el proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Es así como Bonilla permanece en el búnker de la Fiscalía en Bogotá y Velasco en una sede de la Dijín en Cali, tras una determinación que, aunque fue inicialmente solicitada como domiciliaria por la Fiscalía, terminó siendo más severa.Desde la defensa del exministro de Hacienda, el abogado penalista Mauricio Pava insistió en que la medida de aseguramiento no puede interpretarse como una condena anticipada. “La decisión de la magistrada es preliminar, precautelativa, no es la imposición de una pena anticipada”, aseguró, al tiempo que recalcó que el eje central del proceso debe ser la presunción de inocencia. Según explicó, una vez el ciudadano entra a los estrados judiciales, “todo lo que se discute legítimamente por fuera, en los medios o en el debate público, queda afuera”.Pava fue enfático en señalar que la discusión de fondo apenas comienza y que las conclusiones de la magistrada responden a una valoración inicial. “Esto se tiene que analizar en el juicio. Para nosotros, los abogados litigantes, la presunción de inocencia es estructural en el debate jurídico”, afirmó, dejando claro que la defensa no comparte la tesis de la Fiscalía según la cual Bonilla habría hecho parte de una organización criminal.Al referirse a los hechos concretos del caso, el abogado sostuvo que existen tres grandes ejes en la investigación y que, a su juicio, ninguno compromete penalmente a su defendido. “El tema de los carrotanques de La Guajira no tiene nada que ver con el profesor Bonilla. El de los maletines, tampoco. Y el tercero es una hipótesis de la Fiscalía que nosotros hemos denominado, de manera prosaica, una tentativa de ‘mermelada’”, explicó. Esa hipótesis, agregó, fue acogida preliminarmente por la magistrada, pero tiene un amplio campo de discusión jurídica.Frente a los delitos imputados —concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos—, Pava precisó que se trata de interpretaciones sobre conversaciones y actuaciones administrativas que deberán ser controvertidas en juicio. “No es que las pruebas hablen por sí solas; lo que existe es la interpretación que cada parte hace de ellas: la Fiscalía, la magistrada, la defensa”, señaló.El abogado también defendió la actuación personal de Bonilla durante el proceso. Recordó que renunció a su cargo y que se comprometió a comparecer ante la justicia como cualquier ciudadano. “Ha encarado este proceso con integridad y dignidad, asistiendo a todas las diligencias y asumiendo las consecuencias de las decisiones judiciales”, dijo.Sobre la sorpresa que generó la decisión de enviarlo a la cárcel, pese a que la Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado detención domiciliaria, Pava aseguró que no le resultó inesperada. “Llevo 30 años en el ejercicio profesional y he visto posiciones muy estrictas de los jueces. No estamos de acuerdo, por eso recurrimos, pero no me sorprendió”, afirmó.
En un puesto de control instalado por tropas de la Novena Brigada, en el sector de la vereda Panorama, sobre la vía La Plata–Inzá–Popayán, occidente del Huila, fue detenido un vehículo de carga tipo turbo, en el cual hallaron 550 kilos de marihuana que habrían sido aforados en el departamento del Cauca.De acuerdo con las autoridades, este cargamento de marihuana pertenecería al bloque central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc y, al parecer, pretendían llevarlo hacia el exterior, principalmente a Brasil, donde su valor aumentaría de manera significativa en el mercado internacional.El teniente coronel Cristian Arturo Fajardo, comandante del Batallón Cacique Pigoanza de la Novena Brigada, confirmó que durante la incautación del alucinógeno el conductor del vehículo inspeccionado fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación y tráfico de estupefacientes.“En el procedimiento de verificación fue hallada en el automotor una carga compuesta por 549 paquetes, para un peso total de 549 kilos de marihuana. Este estupefaciente pertenecía al grupo armado residual bloque central Isaías Pardo de las Farc, frente Hernando González Acosta, y como resultado de la operación un hombre fue capturado”, afirmó el teniente coronel Fajardo.Es importante mencionar que, en lo corrido del año 2025, las autoridades han incautado alrededor de 28 toneladas de marihuana y base de coca en las carreteras del Huila, estupefacientes que en su mayoría provienen de estructuras criminales y grupos armados ilegales que delinquen en el Cauca y el sur del país.
Sigue en aumento la tensión entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, la cual inició esta semana, cuando Toro le reclamó a Petro, por la falta de apoyo y recorte presupuestal a la Fuerza Pública en medio de la crítica situación de orden público que está viviendo la región.Reclamo al que el presidente Petro le respondió que la violencia en el Valle del Cauca es generada "por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico", acusando directamente a la gobernadora de tener este tipo de relaciones.Las palabras del mandatario nacional fueron calificadas por Dilian Francisca Toro como una bajeza cobarde, en su intervención invitó a Petro a pasar menos tiempo en redes sociales y visitar más los territorios."Son calumnias que además no solamente me están afectando a mí sino a nuestro departamento, yo lo único que le digo es que venga a trabajar con nosotros, que deje de trinar tanto y más bien venga trabaje con nosotros por la seguridad del departamento", dijo la gobernadora del Valle.Nuevamente el presidente Petro le respondió a la gobernadora diciendo que lo que origina la violencia en el Valle del Cauca es la relación mafia - política, denunciando que contrabandistas estarían usando la zona franca de Palmaseca, el aeropuerto de Cali y el puerto de Buenaventura, para ingresar mercancía de contrabando, "comprado policías, funcionarios, investigadores, políticos les ayudan y han amenazado y asesinado funcionarios de la DIAN en Tuluá", indicó Petro a través de X.
La oportuna información de habitantes de Popayán, Cauca, permitió la rápida reacción de la Policía, que frustró un nuevo ataque terrorista y evitó una tragedia en el sur de esa ciudad.Una camioneta cargada con cinco cilindros con explosivos fue descubierta antes de ser activada contra la estación sur de la Policía Metropolitana, ubicada en el barrio Vásquez Cobo, cerca del centro histórico de Popayán.La Policía confirmó que pasadas las 5 de la mañana, la comunidad denunció un desplazamiento sospechoso de una camioneta de alta gama, que se dirigía directamente hacia la estación, ignorando las vallas de seguridad instaladas en el lugar.Los explosivos fueron detonados de manera controlada. Luego de esa detonación, autoridades se encuentran verificando cámaras de seguridad para identificar a los terroristas.
Después de un consejo de seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, las autoridades decidieron ofrecer una millonaria recompensa por información que permita ubicar a los responsables de asesinar a Gilberto Jesús Calao, director seccional de la DIAN en Tuluá.La víctima, oriunda del departamento de Córdoba, fue asesinada cuando hombres armados lo abordaron y le dispararon en varias ocasiones en el barrio El Jazmín de ese municipio vallecaucano, lo que le produjo la muerte al funcionario público.“Hemos evaluado las primeras indagaciones que se han realizado por el vil asesinato del director seccional aquí en el municipio de Tuluá y que no había ninguna denuncia formal por ningún medio de este funcionario que nos permitiera establecer que tenía amenazas o algo parecido y nuestra policía judicial avanza para establecer los autores materiales de este hecho, por eso la recompensa es de hasta $50 millones”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle.Sobre este hecho, que conmocionó al país, el presidente Gustavo Petro manifestó que la mafia que hoy lava dinero, principalmente, a través del contrabando ha amenazado a varios funcionarios de la entidad.“El contrabando es siempre el lavado de dólares de la cocaina. La mafia de la cocaina hoy lava dinero principalmente a través del contrabando y del oro, entonces esta mafia ha amenazado a funcionarios de la DIAN en Tuluá y probablemente sea el autor del asesinato del señor Gilberto Calao”, expresó Gustavo Petro, presidente de Colombia.Por otro lado, el director de la DIAN, Carlos Galeano, señaló que esas mafias, con procedimientos irregulares de impuestos, podrían estar relacionadas con el asesinato.“Al parecer, mafias asociadas al tema de las importaciones ficticias tendrían que ve con el infortunado caso de asesinato de nuestro director de aduanas esta mañana en Tuluá, entonces eso es un tema de lavado de la DIAN porque además esto genera unas devoluciones importantes“, explicó Galeano.Con un equipo especial de la Policía y mediante diferentes actividades, se busca a los responsables de este hecho, mientras las autoridades, a través de videos de cámaras de seguridad, tratan de establecer la ruta que usaron los sicarios para cometer el crimen.
Luego de tres días de la toma armada perpetrada por disidencias de las Farc en el municipio de Buenos Aires, en el norte del departamento del Cauca, las autoridades explicaron las razones por las cuales no fue posible brindar apoyo oportuno al personal de la Policía durante los hechos.Las explicaciones se entregaron durante un consejo de seguridad realizado este jueves en Popayán. Allí, el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, señaló que las dificultades de acceso terrestre y aéreo fueron determinantes.“Los grupos armados ilegales bloquearon todas las vías de comunicación hacia Buenos Aires con vehículos y artefactos explosivos, lo que impidió el ingreso por tierra. A esto se sumaron las malas condiciones climáticas que limitaron el apoyo aéreo. Inicialmente, salió un avión de la Fuerza Aérea, un C-47, hacia las 7:00 de la mañana, pero no pudo ingresar por mal tiempo", dijo."Posteriormente, los Super Tucano intentaron entrar, pero las condiciones no mejoraron. Las limitaciones del apoyo aéreo están directamente relacionadas con el clima”, explicó el general Cardozo.Durante el mismo consejo de seguridad, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, solicitó al Gobierno nacional fortalecer la infraestructura de las estaciones de Policía en municipios críticos como Jambaló, Buenos Aires, Patía y Almaguer.“Ha sido un espacio de diálogo franco en el que reiteramos que el Cauca requiere de manera inmediata fortalecer su capacidad de respuesta y contención frente a las acciones armadas. La seguridad debe ser una política sostenida, eficaz y anticipada”, manifestó el mandatario departamental.Asimismo, las autoridades solicitaron respaldo tecnológico y logístico para la Vía Panamericana, corredor estratégico que ha sido blanco frecuente de atentados y se anunció el refuerzo de la seguridad con 300 hombres de la Fuerza Pública, quienes serán desplegados en municipios priorizados hasta el mes de enero. Además, se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del ataque en Buenos Aires.
Una nueva discusión a través de la red social X protagonizaron el presidente de la República, Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de una extensa publicación que realizó el mandatario nacional, respondiendo a las afirmaciones de la gobernadora en la que señalaba que la iniciativa de paz total había fracasado. "El narcotráfico es fuerte en el Valle del Cauca desde hace décadas por su cercanía al océano Pacífico y por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico, de lo cual nos debería hablar la misma gobernadora", aseguró el presidente Petro.Al conocer el mensaje del presidente Petro, la gobernadora del Valle arremetió contra el mandatario, asegurando que su acusación es calumniosa y cobarde. Además, le pidió invertir más tiempo visitando los territorios atacados por la violencia, de la misma forma en la que lo usa para pronunciarse a través de las redes sociales."Sus palabras calumniosas, escritas entre líneas en su Catilinaria, vinculándome con el narcotráfico, son una bajeza cobarde; cuando quiera, demos el debate sobre solvencia moral, pese a ello, le sigo insistiendo, venga al Valle del Cauca, pónganse al frente de sus deberes que aquí estamos haciéndolo desde hace ya mucho tiempo, con su ayuda o sin ella, el Valle del Cauca sigue adelante", aseguró la mandataria.
Las autoridades en Cali dieron a conocer nuevos detalles del atentado terrorista ocurrido el pasado martes en el barrio Mariano Ramos, al suroriente de la ciudad, hecho que provocó la muerte de los subintendentes de la Policía, Jorge Leonardo Gómez Ochoa, y Robert Stiven Melo Londoño, esta vez, refiriéndose al modus operandi con el que se habría perpetrado este ataque.Tres días después del ataque, las autoridades señalaron que los terroristas del ELN ubicaron, en una vía de este sector popular de la ciudad, un artefacto de gran capacidad destructiva, junto a ese explosivo, los delincuentes instalaron sensores para que se activara el explosivo automáticamente al paso de la patrulla motorizada. Le puede interesar: El atentado tiene elementos de mayor letalidad: sec. seguridad de Cali por ataque en Mariano RamosEstos hombres, además, habrían instalado dos cámaras de video con las que aparentemente iban a grabar o, incluso, a transmitir en tiempo real el momento del atentado."Presuntamente, eran unas cámaras trampa ubicadas ahí estratégicamente. Ya la investigación determinará si estaban ahí con el propósito de activar el explosivo o de generar el video realmente macabro que mostraría el asesinato de nuestros policías, por eso, hemos dirigido nuestras recompensa específicamente para lograr la captura de estos responsables", señaló el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.Actualmente, la recompensa ofrecida por las autoridades es de 400 millones de pesos para esclarecer este ataque terrorista ocurrido a muy pocos días del inicio de la Feria de Cali.
La Alcaldía de Cali negó los permisos para la realización de conciertos en la controvertida Carpa La 66, debido a que el predio donde se pretendía producir, ubicado en el barrio Limonar, al sur de la ciudad, actualmente no cuenta con la infraestructura adecuada para realizar conciertos de manera segura.Según la Secretaría de Seguridad de Cali, el organizador de estos eventos tampoco contaba plenamente las certificaciones de uso de derechos de autor musicales, además de las constantes solicitudes de la comunidad para evitar estos conciertos en el sitio."Es muy sencillo, no cumple con las condiciones. En Cali se hacen eventos todo el tiempo y aquí hay un tema de uso de suelo. Le preguntamos a Planeación y nos emitió un concepto donde dice que no se puede realizar esa actividad económica. También hay una notificación de Sayco y Acinpro, al final no cumple con esa condición. Esto no es un tema personal, Cali tiene muchísimos retos, concentrémonos en lo importante", dijo el secretario de Seguridad, Jairo García.Le puede interesar: Polémica Carpa la 66, en el sur de Cali, volvería a hacer conciertos durante la FeriaAnte esta negativa de la administración distrital, el empresario organizador, Carlos Paz, confirmó que la Carpa sí será utilizada durante la Feria de Cali, pues, aunque no tendrá presentaciones en vivo, sí realizará rumbas durante los días programados."Los artistas no se van a presentar, pero el evento sí lo vamos a hacer y es gratuito. No me compren boletas, tranquilo, no se arriesgue, vaya gratis. Vamos a hacer una pista de baile de 100 metros, donde la gente pueda bailar. Si nos mandan a la Policía, no hay nada que temer porque no les he cobrado", señaló Paz.Cabe recordar que esta no es la primera vez que la Carpa La 66 ha estado involucrada en controversias por falta de permisos, pues justo el año pasado, varios conciertos se cancelaron por incumplimientos legales, teniendo, incluso, que intervenir el sitio en medio de una presentación,
El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, habló en Meridiano Blu sobre el atentado ocurrido el pasado 16 de diciembre en la ciudad en el que dos subintendentes de la Policía Metropolitana fueron asesinados en el barrio Mariano Ramos. García lamentó el asesinato de los dos subintendentes y confirmó que este es el primer atentado reciente en el cual, lamentablemente, fallecen dos policías."Lamentamos el asesinato de nuestros dos subintendentes de la Policía Metropolitana de Cali y, por supuesto, solidaridad con sus familias", dijo el funcionario.Un ataque con elementos no conocidos en otros atentadosEl ataque, que ha sido atribuido al ELN, mostró elementos de "mayor sofisticación y de mayor letalidad" que no se habían observado en atentados anteriores en el suroccidente colombiano.En el sitio se encontraron elementos que indicaron un nuevo nivel de destreza en la violencia terrorista, incluyendo el uso de "sensores" y "cámaras" que no se habían detectado previamente en el país.Le puede interesar: Más de 1.000 policías llegarán a Cali para reforzar seguridad de la Feria tras atentado"Hay elementos que no habíamos observado en otros atentados y aquí lo que estamos teniendo, por estos terroristas del ELN, son unos elementos de mayor sofisticación y de mayor letalidad. Este es el primer este es el primer atentado en el cual lamentablemente fallecen dos policías", afirmó García. García ha solicitado al Gobierno nacional que "priorice el suroccidente colombiano" con mayores actuaciones contra el ELN y sus redes urbanas, dada la creciente capacidad y conocimiento del grupo para perpetrar actos de mayor letalidad contra la Policía.Investigación y posibles nexos internacionalesLa investigación, que cuenta con la participación de la delegada para crimen organizado de la Fiscalía, busca determinar cómo y quién ha apoyado el fortalecimiento de las capacidades del grupo terrorista.Frente a la posibilidad de apoyo internacional, el secretario señaló que, si bien aún esperan la información generada por los actos urgentes de la Fiscalía, ya es un "elemento de atención" que el ELN tenga presencia en otro país (Venezuela), y que en ese país, además, exista "presencia activa de ese tipo de grupos". Existen informaciones preliminares que sugieren que las destrezas en manejo de explosivos y la tecnología empleada podrían ser utilizadas por grupos como "Gisbolá" (Hezbollah) y que podría haber "entrenamiento al ELN desde territorio venezolano".RecompensaEl funcionario informó una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información sobre este último atentado."El señor ministro de Defensa esta mañana también anunció una recompensa por el explosivista que está asociado a los atentados aquí en Cali. Ante la urgencia de desarticular estas células terroristas, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca han tomado medidas concretas. Se ha anunciado una recompensa de hasta 400 millones de pesos específicamente para identificar a los "explosivistas asociados a este atentado terrorista".Escuche la entrevista:
Se ultiman los detalles de Feria al Obrero: Calle de la Salsa, evento pre-feria que se realizará este 19 de diciembre en el tradicional barrio Obrero, ubicado en el centro de la ciudad. Esta actividad se hace como ante sala de la versión N.º 68 de la Feria de Cali, que arranca la próxima semana.El concierto pre-feria contará con la participación de grandes exponentes de la salsa, tanto internacionales como locales, y más de siete agrupaciones musicales. El evento también busca reactivar la economía de esa zona, cuna de la salsa caleña."El barrio Obrero le abre sus puertas al mundo entero con este evento pre-feria. Esto se hace para mostrarles a todos los caleños y visitantes lo que significa el barrio Obrero para la ciudad y para la salsa. Así que es imperdible, es el preámbulo de la Feria de Cali, y acá hay de todo: es un evento de turismo, cultura y comunidad", dijo María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo de la Alcaldía de Cali.Para este concierto, que es gratuito, las autoridades dispondrán de un equipo de uniformados de la Policía para garantizar la seguridad y de agentes de tránsito para evitar congestiones vehiculares por el cierre de algunas vías en la zona."Los cierres principales son la calle 22 y la calle 23. Por ejemplo, la calle 23 va a estar cerrada desde la carrera 10 hasta la 11D, y la carrera 11 la vamos a tener cerrada desde la calle 23 hasta la calle 22, esto hasta el otro día cuando finalice el evento", manifestó Ricardo Rengifo, quien hace parte del equipo de Prevención y Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad.Sobre la inconformidad que hace algunos días manifestaron los habitantes y comerciantes del sector por el poco avance que tenían las intervenciones en las vías, desde la alcaldía señalaron que las adecuaciones de las calles aún continúan."Nosotros queremos hacer todo esto para la gente del barrio Obrero y, por supuesto, para la comunidad. Allá los trabajos continúan, las obras siguen, entendiendo que tenemos un compromiso con la ciudadanía de lograr una transformación en tiempo récord en el primer trimestre del 2026", explicó María Alexandra Pacheco, gerente de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU).Las diferentes actividades y conciertos iniciarán desde las 2 de la tarde, y artistas como Ángel Lebrón, Henry Fiol, Kim de los Santos, Alfredito de La Fe y el grupo Melasa hacen parte de la nómina de invitados especiales, así como otros artistas locales.