La Feria de Cali finaliza este martes 30 de diciembre y poco a poco los diferentes sectores productivos de la ciudad van dando a conocer el balance del impacto que este evento les ha generado.Hasta el momento se registran más de 72.000 visitantes durante los primeros días de esta festividad, lo que representa una ocupación hotelera del 89% aproximadamente, una cifra histórica para la ciudad en la última década.“Este es el reflejo de que la economía de la ciudad se está moviendo, dinamizándose y generando 2.5 millones de dólares solo para el sector turístico de Cali”, señaló María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo de Cali.Uno de los sectores más beneficiados es el gastronómico, con un leve incremento en ventas y empleo durante estos días de feria. La fritanga valluna está entre los platos favoritos por el público.”Sin duda las marranitas, las empanadas y las luladas, son tres de los productos con alto reconocimiento entre los turistas, y tampoco puede faltar el pandebono, quieren probar ese pan tradicional que ha ganado fama a nivel global”, aseguró Brany prado, director ejecutivo de Acodres Pacífico.Este martes finaliza la versión 68 de la Feria de Cali y el broche de oro es el concierto de la Calle de La Feria en el barrio Obrero. Allí, la orquesta Guayacán será la encargada de protagonizar la clausura oficial de la feria, junto con otro referentes de la salsa nacional e internacional.
Organismos de socorro superan más de 15 horas en la búsqueda de un hombre desaparecido en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Esta persona ingresó al sector conocido como Pico Pance, cuyo acceso está restringido por su compleja accesibilidad.El primer reporte de la desaparición se hizo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali en la noche del lunes 29 de diciembre, cuando esta persona salió a hacer un recorrido por la zona y desde ese momento se perdió su rastro. "Tenemos desplegado el equipo de búsqueda y rescate del cuerpo en montaña de Bomberos y la Cruz Roja. También contamos con el acompañamiento de los guardabosques de Parques Nacionales. Son más de 15 unidades en terreno y haciendo el seguimiento desde el PMU", dijo Nicolás Suárez, subsecretario de Gestión del Riesgo de Cali.Hay que tener en cuenta que hace unos meses, desde Parques Nacionales, se había hecho la advertencia a la comunidad en general de no hacer recorridos específicamente en el Pico Pance, teniendo en cuenta que sus condiciones de terreno impiden una reacción rápida e inmediata de los rescatistas.
Un hombre murió y cuatro más resultaron lesionados tras un atentado sicarial registrado en el barrio Ciudad Córdoba, ubicado en el oriente de Cali, mientras un grupo de personas departía en la vía pública. En un video captado por una cámara de seguridad se observa el momento en que varios hombres que se movilizaban en motocicletas llegan al lugar y disparan contra las víctimas.El mismo video evidencia que, tras cometer el crimen, los tres sicarios se suben a una motocicleta y huyen del sitio, dejando a las víctimas tendidas en el piso. Según las autoridades, la persona asesinada habría participado años atrás en el homicidio de una mujer."De acuerdo a las actividades investigativas preliminares se ha podido establecer que la víctima habría participado en un feminicidio en calidad de coautor en hechos ocurridos en el mes de marzo del año 2023 en esta misma ciudad.", dijo el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.Una vez ocurrido el hecho, los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la ciudad para recibir atención médica. Algunos de ellos fueron llevados por las mismas personas que se encontraban en el lugar. Las autoridades confirmaron, además, que los lesionados presentan anotaciones judiciales."Se presenta un hecho sicarial que deja como resultado una persona asesinada y cuatro más heridas. En cuanto a los heridos, dos de ellos presentan anotaciones judiciales por diferentes delitos como estafa, lesiones personales, hurto, fraude procesal, entre otros delitos.", expresó el oficial.Por este hecho, las autoridades se encuentran adelantando las actividades investigativas correspondientes para dar con el paradero de los responsables del crimen.
En medio de lo que era una fiesta en el Diamante de Béisbol de Cali, los seguidores de Silvestre Dangond no entendieron el por qué de un momento a otro el guajiro detuvo su presentación en la Feria en la madrugada de este lunes, 29 de diciembre. "La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali", fueron las palabras que preocuparon a los fanáticos de qué pudo haber sucedido. En especial porque todo se detuvo a las dos horas de haber comenzado y se esperaba que tendría una duración de cuatro horas. Pero Blu Radio pudo confirmar la razón por la cual no pudo seguir en la presentación."Luego de dos horas y media de espectáculo, Silvestre Dangond, la estrella latina del vallenato, debió interrumpir su presentación debido a una molestia gastrointestinal. Por recomendación médica y atendiendo a su estado de salud, se tomó la decisión de detener el concierto para priorizar su bienestar", indicó el equipo del artistas sobre la razón por la cual no pudo terminar su presentación en la Sucursal del Cielo.Por fortuna, la situación no pasó a mayores y el cantante se encuentra en mejor estado, pero de todas formas sus seguidores quedaron tristes con la situación y esperan una "revancha" en la próxima visita que tenga el artista a la capital del Valle."Respirar y agradecer!!! Aquí estoy más firme que nunca para despedir el año y dar gracias por este 2025! Gracias mi Cali querido por estar, por acompañar y por entender", fueron las palabras de Dangond al público por entender lo sucedido.En redes, sus fans le enviaron mensajes de apoyo y le agradecieron por el esfuerzo que hizo por intentar llevar el show adelante pese a las dificultades."Se vale enfermarse, ustedes también son humanos y tienen el derecho a en algún momento poner pausa"; "Recupérate pronto y vuelve bien con la energía al 1000 % para seguir soñando juntos"; "Eres de admirar eres un gran artista eres mi orgullo", fueron algunos comentarios.
El panorama del comercio digital en Colombia se prepara para un cambio estructural tras el anuncio de medidas que buscan regular el pago del IVA (19%) para productos importados a través de plataformas digitales.Según María Fernanda Quiñones, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), esta decisión responde a una discusión de casi ocho años sobre la necesidad de establecer condiciones equitativas entre los productores nacionales y los competidores internacionales.Hasta ahora, las compras realizadas en plataformas como Amazon, Temu o Shein que no superaban los 200 dólares estaban exentas de este impuesto, una interpretación de los tratados comerciales que, según la CCCE, generó una disparidad significativa. Mientras un productor nacional debe tributar el IVA por cualquier venta sin importar el monto, las plataformas internacionales aprovechaban esta "extensión" para ofrecer precios más bajos, muchas veces triangulando envíos desde Estados Unidos para acceder al beneficio.Competitividad y el auge de plataformas internacionalesLa variable fundamental que hoy define la competencia en el mercado colombiano es el precio, el cual está directamente impactado por ese 19% de carga tributaria. Quiñones señala que, de no ser por esta diferencia impositiva, la producción nacional y las plataformas localizadas en el país (como Mercado Libre) tendrían condiciones muy equitativas, especialmente porque Colombia ha avanzado significativamente en logística de última milla, logrando entregas en 24 horas.El auge de aplicaciones como Temu ha sido notable, especialmente por su capacidad de atraer usuarios mediante tendencias de gaming y digitalización. Los colombianos acuden masivamente a estos sitios para adquirir principalmente moda, textiles, tecnología y accesorios para el hogar. No obstante, el comercio nacional mantiene su liderazgo en categorías de bienes de mayor tamaño, como los electrodomésticos grandes, donde la logística internacional es menos competitiva.Impacto fiscal y derechos del consumidorDesde la perspectiva del recaudo, se estima que el país deja de percibir cerca de 2 billones de pesos anuales por cuenta de este IVA no cobrado en envíos menores a 200 dólares. Esta cifra, aunque requiere un acotamiento más preciso con el Gobierno Nacional, subraya el detrimento fiscal que supone la normativa actual.Finalmente, un punto diferenciador que favorece al comercio digital residente en Colombia es la protección legal. Solo en el ámbito nacional aplican figuras como el derecho al retracto y la reversión del pago.Estas herramientas permiten que el consumidor recupere su dinero directamente a través del banco o el comercio si no está satisfecho, una garantía que no siempre es exigible a plataformas que no tienen residencia legal en el país.Escuche aquí la entrevista:
Según explicó la Superintendencia, la decisión se sustentó en que la información financiera disponible no permite establecer la viabilidad de mantener las operaciones de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S ni concluir que dicha medida sea la más adecuada para proteger los derechos e intereses de los acreedores.Como parte de las actuaciones, la Supersociedades ordenó, además, verificar un posible estado de control o la existencia de un grupo empresarial, de conformidad con los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, teniendo en cuenta la vinculación de terceros en las operaciones de la sociedad.Asimismo, se dispuso mantener las medidas cautelares decretadas desde el inicio del proceso de liquidación judicial y adoptar otras determinaciones orientadas a garantizar el adecuado desarrollo del trámite concursal y la protección del crédito.En cumplimiento de estas decisiones, la liquidadora deberá presentar el proyecto de graduación y calificación de créditos, así como el inventario de activos, pasos clave para avanzar hacia la distribución de los recursos entre los acreedores, conforme a la prelación legal.“En el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla, hoy en liquidación judicial, esta Superintendencia ha adelantado actuaciones que responden al interés permanente de fortalecer la transparencia y claridad del proceso concursal”, señaló la Supersociedades.
El inicio de 2026 traerá nuevos ajustes para el bolsillo de los conductores en Colombia. Sin embargo, no todos recibirán el impacto de la misma manera. Mientras varios sectores del parque automotor enfrentarán incrementos más marcados, miles de propietarios de carros particulares tendrán un respiro el próximo año. La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para 2026 y, en términos generales, el aumento para vehículos familiares será leve.En medio de un contexto de alzas en servicios y productos, el anuncio fue recibido como una noticia positiva para quienes usan su carro principalmente para movilizarse en la ciudad o realizar trayectos cotidianos. La explicación está relacionada con el nivel de riesgo: los datos oficiales muestran que los carros particulares presentan menores índices de siniestralidad frente a otros tipos de vehículos.Carros particulares tendrán uno de los menores aumentos del SOAT en 2026Según la Superintendencia Financiera, los vehículos familiares de uso particular, especialmente aquellos con motores de menos de 1.500 centímetros cúbicos, tendrán una variación cercana al 0,38 %. Se trata de uno de los ajustes más bajos definidos para el próximo año.Este comportamiento contrasta con el incremento del 5,17 % que se aplicará a motocicletas, taxis y microbuses, categorías que concentran una mayor cantidad de accidentes en las vías del país. Para la entidad, el ajuste diferencial responde a criterios técnicos y estadísticos, que evidencian un menor riesgo cuando se trata de carros particulares.Tarifas del SOAT 2026: cuánto pagarán carros y camionetasCon base en los valores confirmados, estas son algunas de las tarifas que empezarán a regir desde el 1 de enero de 2026 para las categorías con menor incremento:Carros familiares de menos de 1.500 cc y con antigüedad inferior a nueve años: el valor del SOAT quedó en $447.300, con un aumento del 0,38 %.Camionetas de menos de 1.500 cc: la tarifa se fijó en $792.900 para 2026, también con una variación del 0,38 %.Estos precios representan un alivio para quienes no utilizan su vehículo con fines comerciales y dependen de él para desplazamientos diarios.Más allá del costo, el SOAT cumple una función clave en la seguridad vial. Esta póliza garantiza la atención inmediata a las víctimas de accidentes de tránsito, sin importar quién sea el responsable o si el vehículo involucrado cuenta con otros seguros. La cobertura incluye atención médica, quirúrgica y hospitalaria, medicamentos, rehabilitación, transporte e indemnizaciones por incapacidad permanente o fallecimiento.Con este esquema, el Gobierno busca que el precio del SOAT refleje el nivel real de riesgo de cada tipo de vehículo, manteniendo su papel como una herramienta esencial de protección social y un respaldo para el sistema de salud en Colombia.
Un proceso contractual de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se encuentra bajo análisis de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, tras denuncias que advierten presuntas irregularidades. Por ahora, el caso se mantiene en el terreno de las acusaciones y actuaciones preliminares, sin que exista una decisión judicial o disciplinaria en firme.Según informes conocidos por este medio, la Contraloría habría advertido múltiples inconsistencias en el origen, ejecución y continuidad del modelo de descuentos implementado con Dibanka S.A.S., empresa que presta servicios financieros a pensionados de la Policía Nacional.Uno de los principales cuestionamientos apunta a que Casur informó, en mayo de 2020, a cerca de 105.000 afiliados sobre la elección de la plataforma de Dibanka, antes de que la empresa estuviera legalmente constituida. De acuerdo con registros mercantiles, Dibanka solo formalizó su existencia ante la Cámara de Comercio en agosto de ese mismo año, meses después de haber sido recomendada tras un supuesto estudio de conveniencia elaborado por la firma Digital Consulting Group.Según las denuncias, entre 2020 y 2023 Dibanka habría recibido ingresos estimados en 18.000 millones de pesos anuales, producto de descuentos realizados directamente a pensionados. Sin embargo, durante ese periodo no existía un acuerdo de reciprocidad económica con Casur, situación que es señalada como irregular por permitir el uso de la infraestructura y la base de datos de la entidad sin un retorno financiero.En medio de estos cuestionamientos, la Junta Directiva de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía elevó una solicitud formal a su director, en la que pide información y transparencia sobre el proceso mediante el cual Casur invitó y evaluó a las empresas interesadas en operar la plataforma tecnológica de libranzas. En concreto, solicitan conocer cómo se tomó la decisión y quiénes participaron en ella, a partir de inquietudes expresadas por afiliados y denuncias conocidas públicamente.Documentos conocidos por este medio indican que la Junta Directiva habría solicitado expresamente no avanzar en la contratación con Dibanka, recomendación que, según las quejas, no fue acatada. A esto se suman solicitudes formales de representantes de oficiales, suboficiales y agentes, quienes han pedido suspender nuevos contratos hasta que se garantice la transparencia del proceso.Fuentes cercanas al caso, consultadas por Blu Radio, señalaron que la denuncia presentada ante la Procuraduría se fundamenta en el proceso adelantado por Casur en mayo de 2025 para la contratación de una plataforma tecnológica destinada a la gestión de libranzas.Entre las presuntas irregularidades denunciadas se encuentra la simulación de una licitación bajo la figura de un estudio de mercado, mediante la exigencia de requisitos técnicos, jurídicos y financieros propios de un proceso competitivo formal, así como el uso de criterios de evaluación de “cumple/no cumple”, sin posibilidad de subsanación por parte de los proponentes.En este medio contactamos a varios miembros de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, pero no obtuvimos respuesta.
Lo que pretendía ser un día de descanso en las playas de La Heroica para Óscar Benavides, un ciudadano oriundo de Tumaco, terminó en un altercado con la Policía y una denuncia pública que ha puesto sobre la mesa la vigencia y los límites de las concesiones hoteleras en el país.El incidente ocurrió cuando Benavides y su grupo intentaron instalarse en un sector de la playa que se encuentra frente a uno de los hoteles más importantes de la ciudad. Según su relato, apenas pasaron dos minutos antes de que la Policía llegara para retirarlos del lugar, bajo el argumento de que esa zona estaba concesionada."Las playas son públicas, son del pueblo y no son de los poderes económicos de este país", afirmó Benavides, quien, incluso, organizó un "paseo de olla" como acto de protesta para demostrar que cualquier colombiano tiene derecho constitucional a disfrutar de estos espacios. Benavides cuestionó que se utilicen cercas o delimitaciones que impiden el libre tránsito, asegurando que ha recibido denuncias similares en Tumaco, San Andrés y Barranquilla."Hay un flagelo que se está presentando a nivel nacional, no le están permitiendo ni siquiera a los nativos y ni siquiera a las personas del común sentarse y poder disfrutar de sus familias", indicó Benavides. Ante la controversia, el Hotel Las Américas aclaró que cuenta con una concesión otorgada por la autoridad marítima desde 1994, la cual se renueva cada 10 años. Según el hotel, este permiso les permite instalar mobiliario (sillas, carpas y sombrillas) para beneficio del turismo, pero recalcaron que son conscientes de que las playas son bienes de uso público.Versión de la DimarEl capitán de navío, Alberto Luis Vuelvas, fue enfático al señalar que "las playas en Colombia no pueden ser privatizadas". El oficial explicó que, si bien existen actos administrativos que autorizan a los hoteles el uso de mobiliario, los ciudadanos mantienen intacto su derecho al tránsito y al uso del mar.Escuche la entrevista aquí:
En la tarde de este lunes se conoció que la Procuraduría suspendió provisionalmente al gerente de las Empresas Municipales de Cali, Roger Mina, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de alumbrado público de la ciudad.Según el ente de control, con la investigación que se inició se busca determinar si se vulneró el principio de publicidad y si hubo ausecia de un procedimiento claro para la selección del aliado estratégico para la prestación del servicio de alumbrado público. Al conocer la decisión de la Procuraduría, Emcali emitió un comunicado explicando el actual estado del proceso del alumbrado público de la ciudad, indicando que actualmente no hay un proceso de contratación en curso, ni se ha firmado."No existe un proceso de contratación en curso para la fase 2 del alumbrado público. Actualmente, EMCALI se encuentra exclusivamente en una fase de análisis, planeación y estructuración. 2. No se ha convocado ningún proceso de invitación vinculante. Las invitaciones realizadas corresponden únicamente a la presentación de propuestas no vinculantes, como insumo técnico para la estructuración del proyecto", señala el comunicado.En ese mismo documento se aclara que la primera fase del proceso de alumbrado público incluyó la instalación de más de 55.000 luminarias."La fase 2 busca dar continuidad a este proceso, mediante un esquema que permita acelerar la modernización y expansión del sistema, bajo criterios técnicos, financieros y jurídicos sólidos", añade. Desde Emcali indican que desde el inicio de la investigación se ha trabajado a disposición de los requerimientos de la Prrocuraduría para esclarecer los avances del proceso.
Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el Valle del Cauca han provocado emergencias en por lo menos 13 municipios del departamento, la mayoría de ellas relacionadas con movimientos en masa y crecientes de los ríos.La situación más compleja se ha vivido en el centro y el occidente del departamento, donde las precipitaciones han provocado deslizamientos e inundaciones, tanto en la zona rural como en el casco urbano. Cabe resaltar que el pasado 25 de diciembre en Buga, una persona murió al quedar atrapada tras un movimiento de remosión en masa.“Buenaventura, Tuluá y San Pedro declararon la calamidad pública, y próximamente lo hará Buga con el fin de poder atender de manera pronta e inmediata todas las afectaciones que han tenido tanto en acueductos rurales como en sus vías terciarias y vías secundarias”, explicó Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle.Desde el departamento se está brindando apoyo a las alcaldías de estos municipios para atender a las familias afectadas por esta situación, tanto en la entrega de ayudas humanitarias como en el proceso de restitución de enceres y otros elementos que hayan sufrido daños durante las emergencias."Dos equipos operativos conformados por ocho profesionales, cada uno, estarán en el territorio recopilando la información de los afectados para cumplirles con la entrega de ayudas humanitarias de emergencia. Mi solidaridad con cada familia afectada”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.
Las autoridades en Palmira, Valle del Cauca, continúan adelantando las investigaciones para esclarecer la muerte de una pequeña niña de cuatro años, quien sufrió un aparatoso accidente al caer de un caballo, mientras se encontraba junto a su familia, en un reconocido restaurante campestre del corregimiento de Rozo.Los hechos ocurrieron este fin de semana durante un recorrido, el animal se alteró y su cuidador perdió el control, hecho que provocó la caída de la menor, quien sufrió varias pisadas por parte del caballoRecientemente, el restaurante La Tinaja emitió un comunicado solidarizándose con la familia de la pequeña y lamentando lo sucedido. En el documento señala, además, que "desde el primer momento el establecimiento ha colaborado de manera plena y transparente con las autoridades encargadas de adelantar la investigación, reiterando su disposición para esclarecer los hechos".En ese mismo texto, el restaurante le pidió a la comunidad en general respeto, comprensión y sensibilidad por la familia que está atravesando la pérdida y prudencia al referirse al caso. Por su parte, el personero de Palmira, William Espinosa está pidiendo a las autoridades una verificación del establecimiento, para cerciorarse de que este realmente estuviera cumpliendo con condiciones de seguridad adecuadas para este tipo de actividades."Invitamos a los establecimientos a aumentar los controles minimizando así el riesgo de accidentes o situaciones como esa, y también pedimos a la secretaría de Gobierno a verificar la aplicación de estos requisitos este tipo de eventos", señaló el personero.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional por tres meses del gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Roger Mina Carbonero, por las presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la prestación del servicio de alumbrado público en la ciudad.Por los mismos hechos, el Ministerio Público vinculó al proceso disciplinario al gerente de la Unidad Estratégica de Negocios, José David Insuasti, quien también fue suspendido de manera provisional mientras avanzan las actuaciones de control.La Procuraduría señaló que la investigación busca establecer si durante el trámite contractual se vulneró el principio de publicidad, así como si existieron irregularidades como la falta de un procedimiento claro para la selección del aliado estratégico y la inclusión de requisitos financieros y de experiencia sin la debida justificación. El contrato en cuestión tendría una duración de 20 años y una cuantía indeterminada.Fue la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal quien adoptó la medida de suspensión provisional con el fin de revisar las condiciones del negocio jurídico adelantado por la Gerencia de Abastecimiento Empresarial, la documentación existente, las actividades desarrolladas y la participación de las personas involucradas.Esta decisión busca evitar injerencias indebidas mientras continúa la investigación disciplinaria.
La tranquilidad de la tradicional Feria de Cali se vio interrumpida en la madrugada de este sábado por un atentado con granada en el barrio Marroquín 1, en el oriente de la ciudad.El ataque, dirigido contra una patrulla de la Policía que realizaba labores de vigilancia, dejó como saldo cuatro civiles heridos: un taxista, dos de sus pasajeros y un ciudadano que se encontraba en una panadería cercana.A pesar de que las víctimas se encuentran fuera de peligro, el hecho ha generado un profundo rechazo institucional, por lo que las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables, señalando preliminarmente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc como posible autora del ataque.El personero de Cali, Gerardo Mendoza, calificó la situación como inaceptable y cuestionó la voluntad de paz de los grupos armados que han decretado ceses al fuego unilaterales, como el ELN y las disidencias de "Mordisco". "Como personero rechazamos de manera categórica el atentado ocurrido que compromete una vez más civiles. ¿Será entonces que se faltó la palabra por estos grupos al margen de la ley o por el contrario otras bandas criminales impactaron el territorio y comprometen a la sociedad? Es la gran pregunta. Cali está cansada de la violencia, no aguanta más", manifestó el personero, quien fue enfático en reclamar respeto al derecho internacionla humanitario.Le puede interesar: Embajador de Estados Unidos estuvo bailando salsa en plena Feria de Cali"Reclamaré insistentemente el respeto por el derecho internacional humanitario, pero ninguna vida de un civil y sobre todo nuestra fuerza pública, tiene que estar más comprometida por las formas de violencia", afirmó. Mendoza advirtió que la criminalidad en la ciudad ha dado un salto cualitativo mediante el uso de tecnología de punta, incluyendo drones, sensores y microcámaras para perpetrar ataques contra la fuerza pública y la población civil."Se está atacando con tecnología de punta, esa tecnología de punta llevó hasta la intervención con drones. Reclamamos hace más de un año la compra venta y uso de los drones como instrumentos de guerra. Necesitamos controlar la venta de los drones, fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas militares y de Policía para contrarrestar, porque, mientras ellos avanzan en inteligencia y tecnología, nosotros nos estamos quedando", denunció el personero.Escuche la entrevista aquí:
La Defensoría del Pueblo alertó que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales sigue golpeando a las comunidades más vulnerables del país. Durante 2024 se documentaron 596 casos y, entre enero y julio de 2025, ya se han registrado 64 nuevos hechos. La mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y residen en departamentos con fuerte presencia de estructuras armadas.Panorama de 2024De los 596 casos reportados, 364 corresponden a niños y adolescentes varones y 232 a niñas y adolescentes.La pertenencia étnica de las víctimas evidencia un alto impacto en pueblos originarios: 282 eran indígenas, 198 no se reconocen en ningún grupo étnico, 78 carecen de información y 38 eran afrocolombianos.Los grupos armados señalados como responsables incluyen:Estado Mayor Central: 240 casos.Disidencias sin especificar: 180.Grupo sin identificar: 94.ELN: 28.Otros (Segunda Marquetalia, crimen organizado y frentes menores): 54.El Cauca lidera la lista de departamentos más afectados con 374 casos, seguido por Norte de Santander (37), Antioquia (29), Valle del Cauca (24) y Huila y Putumayo (21 cada uno). Los meses más críticos fueron enero (80 casos), febrero (52) y marzo (72).Situación enero - julio 2025En los primeros siete meses de este año, la Defensoría registró 64 casos: 36 niños y adolescentes y 28 niñas y adolescentes.Por pertenencia étnica: 39 indígenas, 21 sin grupo étnico reconocido y 4 afrocolombianos.Presuntos responsables:Estado Mayor Central: 28 casos.Disidencias sin especificar: 14.Ejército Gaitanista de Colombia: 8.ELN: 7.Segunda Marquetalia: 5.El Cauca vuelve a encabezar los reportes con 27 casos, seguido de Nariño (7), Chocó (6), Antioquia (5) y Putumayo y Valle del Cauca (3 cada uno). Los picos de reclutamiento se registraron en enero y marzo (13 casos cada uno) y en junio (10).Llamado urgenteLa Defensoría del Pueblo calificó el reclutamiento forzado como un crimen de guerra y pidió acciones inmediatas del Estado para prevenirlo y sancionar a los responsables. Según la entidad, la persistencia de este delito vulnera gravemente los derechos fundamentales de los menores y perpetúa el ciclo de violencia en los territorios afectados.
En medio de una visita a Buenaventura, Valle del Cauca, la Contraloría General de la República alertó de tres situaciones puntuales que podrían afectar el patrimonio del municipio.La primera de ellas es un presunto detrimento patrimonial del Estadio Marino Klinger, el cual presenta un avance del 30% con una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos. Desde el ente de control evidenciaron que la obra se mantiene en completo abandono y no son nada funcionales para la ciudadanía.“El contrato, cuyo valor total asciende a $39.945 millones, contempló un anticipo del 30%, equivalente a $11.983 millones y 5 solicitudes de avance de desembolso de obra pagadas por valor de $7.971 millones. Al estar vencido el plazo contractual, el contratista no puede amortizar el valor pendiente del anticipo, lo que representa un riesgo fiscal y compromete la recuperación de los recursos públicos entregados, en una obra que no genera ningún beneficio para la comunidad”, dice la Contraloría.La segunda advertencia es un incumplimiento por parte de la Concesión Puerto Solo, quien dejó de pagar hasta 66.000 millones de pesos a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La Contraloría evidenció que este contrato permitía que el operador usara de manera temporal un espacio del Estado para que construyera y administrara un terminal marítimo de uso público en ese municipio.“Resulta importante destacar que el daño fiscal está representado en la imposibilidad de que Invías y el municipio de Buenaventura puedan recibir, adecuada y oportunamente, lo que les corresponde por el pago del concesionario de esta contraprestación portuaria que, por ley, se distribuye en un 80% para aquel y un 20% para este, ocasionando así una disminución importante en sus ingresos”, dice el organismo.Desde la Contraloría advirtieron, por último, de los riesgos fiscales y jurídicos que enfrenta la Nación por la situación del Muelle 13, un puerto que se encuentra paralizado por un pleito entre el Gobierno nacional y el operador del sitio.“La Contraloría ha venido acompañando este proceso, alertando oportunamente a las entidades responsables para prevenir posibles impactos económicos, jurídicos e incluso logísticos, en un sector que es estratégico para el adecuado desempeño del comercio exterior del país”, finalizó el pronunciamiento del ente de control.
Aunque la Terminal de Transporte de Cali reportó el restablecimiento del despacho de buses hacia los municipios de Florida, Valle y Corinto en el departamento del Cauca, en la realidad de los conductores de transporte intermunicipal en esta zona del país sigue reinado el miedo.No solo es en la zona rural de Corinto, donde estos conductores están siendo citados por integrantes de la disidencia Dagoberto Ramos para extorsionarlos exigiendo el pago de dinero a cambio de permitirles transitar, sino que es un fenómeno que estaría ocurriendo en todo el norte del Cauca."Lo que es Toribío, Corinto, Miranda y hasta Florida, Valle nos tienen amenazados. Hay muchas dificultades porque están llamando ya directamente a los propietarios y conductores para amenazarlos y colocarlos una cuota mensual que oscila entre 800.000 y un millón de pesos mensuales por vehículo", indicó a Blu Radio uno de los afectados, a quien se le reservó su identidad por seguridad.Los buses intermunicipales que llegan a estos municipios son marcados por los disidentes con grafittis, demostrado el supuesto 'permiso' que les dan para transitar en la zona. Si estos son borrados, se corre el riesgo de que el vehículo sea destruido."Pintan semanalmente 4 o 5 vehículos y lo más seguro allá es que empiecen a quemarlos. Los propietarios dicen que no es rentable mantener las rutas, primero por la piratería e informalidad, pero además los grupos armados pretendiendo extorsionar plata que no hay, les toca parar gradualmente por el mismo susto", añadió.Los transportadores indican que si bien las empresas intentan reactivar los viajes, la realidad es que ni los conductores ni los propietarios de los buses quieres seguir arriesgándose para ir a esta zona del Cauca. Por su parte, la comunidad de Cali y Florida teme que otras rutas con destino a esta zona también sean suspendidas por la falta de seguridad.
Después de la reunión que se llevó a cabo entre el ministro de educación, Daniel Rojas, con la comunidad educativa y representantes de la SAE, se determinó instalar una mesa técnica que continuará con las conversaciones para lograr acuerdos que permitan salvar la Fundación CECEP.Una de las primera solicitudes que se hizo a La Sociedad de Activos Especiales S.A.E., es suspender el proceso de liquidación, para darle ejecución a las propuestas que se plantearan en la mesa técnica, sesiones que iniciarán este próximo viernes 15 de agosto en las instalaciones del centro educativo."Es un mandato del plan de gobierno, poner la institucionalidad al servicio de la educación superior, por eso venimos hasta acá a reiterar el compromiso del ministerio para que el CECEP no muera, y que se le dé vida, y que esta institución siga ofertando educación superior, y ponemos toda nuestra capacidad, y entendemos que está bajo la SAE en un proceso de extinción de dominio, pero por eso hemos solicitado a la SAE a desarrollar un plan que ha elaborado la comunidad académica", dijo Daniel Rojas, ministro de educación.Igualmente, se solicitó a la SAE nombrar en las próximas horas un representante legal, ya que la Fundación Universitaria, requiere tomar decisiones en nombre de la institución, como la respuesta a los más de 600 estudiantes que aún no han podido iniciar el semestre académico."No hay rector en este momento, y hay muchos asuntos jurídicos, y convenios que se requiere, ya la SAE, lo está buscando, a partir de allá vamos a integrar todas las propuestas para que este diálogo nos lleve a salvar la institución. Frente al pago de matrículas hay dos variables porque ya algunos pidieron la devolución, pero otros quieren seguir, entonces con esto ya estamos a la espera de que se abra el calendario académico", manifestó Fernanda Suárez, representante de los docentes del CECEP.En cuanto a los más de 30 empleados del área administrativa y los más de 70 docentes, indicaron que siguen a la espera de que se les defina su situación laboral, soluciones que se darán con los acuerdos que se logren pactar en la mesa técnica conformada por el ministerio de educación, La Sociedad de Activos Especiales S.A.E., docentes y estudiantes.