Una niña de siete años perdió la vida luego de ser impactada por una bala perdida durante un ataque sicarial ocurrido en el municipio de Versalles, en el departamento del Valle del Cauca. En el mismo hecho también fue asesinado un hombre.El crimen se presentó en el sector de Las Olivas, donde hombres armados interceptaron a su objetivo y abrieron fuego en repetidas ocasiones. En medio de la ráfaga, uno de los disparos alcanzó a la menor, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar.La persona atacada fue identificada como Mario Gómez García. Según las autoridades, murió en el sitio como consecuencia de la gravedad de las heridas.La niña fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro médico; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después.El hecho generó consternación en la población. Jorge Hernán Gómez Ángel, exalcalde de Versalles y primo de la víctima adulta, manifestó a través de redes sociales su dolor por lo ocurrido y aseguró que la tragedia enluta a toda la comunidad.Las autoridades en las últimas horas ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para identificar y capturar a los agresores.
En zona rural de Tuluá, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde diciembre de 2025. La familia de la víctima había denunciado su desaparición ante las autoridades, quienes desde un inicio manejaron la hipótesis de un posible secuestro atribuido a grupos armados al margen de la ley que operan en la región.De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables de este crimen y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio."Su familia había denunciado su desaparición desde diciembre , el Gaula tomo el caso pero desafortunadamente el cuerpo de la victima fue encontrado sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego, estamos investigando quienes están detrás de estos hechos" dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante Policía Valle. Una de las primeras líneas de investigación apunta a la posible participación del frente 57, estructura armada que delinque en esta zona del centro del Valle del Cauca.La víctima era un comerciante con varios años de trayectoria en el sector agrícola. Según las indagaciones preliminares, habría sido objeto de extorsiones, una hipótesis que también es materia de análisis por parte de las autoridades judiciales.
Los habitantes de diferentes municipios del Valle del Cauca como Buenaventura, y del departamento de Córdoba, golpeados por las fuertes lluvias, necesitan de la ayuda de todos. Por eso, la Gobernación del Valle del Cauca y el Banco de Alimentos se unen en un llamado a la solidaridad con la recolección de ayudas.“En estos momentos difíciles que viven los habitantes del Departamento de Córdoba y del municipio de Buenaventura a causa de las fuertes lluvias, quiero llamar a la ciudadanía, a las empresas, a las organizaciones sociales, a las instituciones para que nos unamos en un gesto de apoyo y generosidad con estas personas. Estamos solicitando ayudas que las puedan llevar y entregar en Telepacífico y el Banco de Alimentos”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Las donaciones se pueden realizar hasta el domingo 15 de febrero en la plazoleta de Telepacífico y en el Banco de Alimentos de Cali, ubicado en la Calle 24 #6-103, en el barrio San Nicolás, en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.La recolección de alimentos no perecederos será de gran ayuda para las familias afectadas.“A las familias afectadas nuestra solidaridad, quiero decirles: ¡no están solas!, vamos a estar desde el Valle del Cauca, siempre acompañándolos, trabajando duro para superar esta emergencia con solidaridad y compromiso”, concluyó la mandataria.
El Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), que hoy vigila en tiempo real 29 municipios del Valle del Cauca, recibirá cerca de $120.000 millones para ampliar su cobertura a los 42 municipios del departamento. La gobernadora Dilian Francisca Toro informó que $50.000 millones se invertirán en mejorar las comunicaciones y $69.000 millones en más cámaras inteligentes y arcos de seguridad en puntos clave.“Cambiar toda la red de comunicaciones, tanto de Cali como del departamento del Valle del Cauca, para que de esa manera también seamos mucho más efectivos, la Policía sea mucho más efectiva en todo su trabajo, nos cuesta $50.000 millones. Además, son $69.000 millones que vamos a invertir en todo lo que es videovigilancia, cámaras de seguridad inteligentes, 29 arcos de seguridad que vamos a tener en todas las entradas a los municipios, sobre todo Cali, Buenaventura, el corredor de Buenaventura, Jamundí, y en todos los corredores seguros que tenemos en el Valle del Cauca”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Así como el CGES, las ‘Megatomas’ realizadas por la Fuerza Pública con apoyo del Gobierno departamental en Buenaventura, Palmira y Tuluá, y las que se llevarán a cabo en Buga, Cartago y Roldanillo, también son posibles gracias a la tasa de seguridad, a través de la cual también se harán inversiones por 120.000 millones de pesos para cambiar la red de comunicaciones de la Policía y fortalecer la videovigilancia en el Valle.Los sistemas antidrones con los que ya cuenta el Ejército, Policía y próximamente la Armada, así como un geolocalizador con el que será dotado el Gaula del Ejército para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, también son obtenidos con recursos de la tasa de seguridad pagada por los vallecaucanos y que el Gobierno departamental administra para fortalecer las capacidades de la fuerza pública y garantizar la tranquilidad de la población.
En la capital antioqueña se siguen conociendo aberrantes casos de violencia sexual donde las víctimas menores de edad y corren riesgos en entornos que deberían ser seguros como sus familias.Este fue el caso de un hombre de 34 años de edad capturado en las últimas horas por orden judicial al ser requerido por el delito de acceso carnal violento.Los hechos habrían ocurrido en una vivienda del barrio Zamora donde el señalado victimario sostenía una relación sentimental de unos 10 años con la madre de la víctima.Precisamente la extensión del vínculo y su rol como cuidador, además de la convivencias en el entorno familiar habrían facilitado la comisión de estas conductas de violencia sexual contra su hijastra en repetidas ocasiones. "La captura se materializó en vía pública del barrio La América y el hombre posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las audiencias preliminares para definir la situación jurídica y la imposición de una medida privativa de la libertad", indicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.Con estos hechos la institución policial asegura que mantiene su compromiso con la protección de la población menor de edad y por eso invitó a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que vulnere su integridad física, psicológica o sexual.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia y la Corporación El Minuto de Dios distribuyeron mercados y elementos básicos para más de 200 familias damnificadas tras el desbordamiento del río Lebrija. La Segunda División mantendrá presencia permanente en la zona.Las ayudas humanitarias siguen llegando a Lebrija en medio de la emergencia provocada por la fuerte ola invernal. En las últimas horas se entregaron 1,5 toneladas de alimentos, kits de aseo y elementos de primera necesidad destinados a las familias que lo perdieron todo por las inundaciones y el desbordamiento del río Lebrija.La jornada se desarrolló en articulación con la administración municipal y la Corporación El Minuto de Dios, con el apoyo logístico de tropas de El Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º2, que han estado desplegadas en la zona rural desde los primeros días de la emergencia, apoyando evacuaciones, transporte de ayudas y verificación de las afectaciones a familias del corregimiento Vanegas, damnificadas por el frente fríoDe acuerdo con las autoridades locales, solo en este municipio más de 200 familias resultaron damnificadas por las crecientes súbitas, pérdida de cultivos y daños en viviendas. La presencia de la fuerza pública ha sido clave para garantizar la distribución segura de la asistencia y el acompañamiento a las comunidades más golpeadas.El brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, aseguró que el respaldo institucional continuará mientras persista la emergencia.“Nosotros velamos siempre por la protección de la población civil. Estamos acompañándolos desde la emergencia en la vereda Vanegas y con nuestros batallones, tropas de la Quinta Brigada y la Fuerza Aérea hemos consolidado un esfuerzo no armado. El Ejército está acompañando, diciéndole: alcalde, no está solo; la comunidad no está sola. Seguimos pendientes para atender cualquier emergencia”, afirmó.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander reiteró que las lluvias podrían continuar en varios sectores del departamento, por lo que no se descarta mayor atención de los organismos de socorro y despliegues humanitarios para atender a las comunidades afectadas por la temporada invernal.
La Contraloría General de Antioquia es el ente encargado de vigilar la gestión fiscal y ambiental de las entidades públicas y particulares que manejan fondos del departamento y su próximo reto será analizar la eficiencia y sostenibilidad de las empresas de desarrollo urbano en la seccional.Dentro de los objetivos que se planteó la Contraloría en este proceso se destacan, principalmente, vigilar el desempeño económico y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos de estas entidades. El enfoque inicialmente está puesto en los municipios que conforman las categorías 4, 5 y 6.Asimismo, dentro del plan de ejecución se plantea la fiscalización al marco legal y el cumplimiento de los requisitos legales para la creación de las Empresas de Desarrollo Urbano. "Nuestra intención será determinar si se está respetando el principio de economía, de eficacia y de eficiencia, y si hay una relación costo beneficio realmente eficiente en la utilización de los recursos públicos o si lo que hay lugar es a hacer un llamado de atención a estas entidades territoriales", explicó el contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro.Además, el contralor indicó que con el fin de establecer si estas entidades operan bajo criterios de la Contraloría, se examinará la ejecución de ingresos y gastos, el flujo de caja, los resultados financieros y la coherencia entre el objeto social de las empresas y el uso de los recursos públicosDentro del total de los 21 municipios que la Contraloría estará fiscalizando, se destacan territorios que son reconocidos por su oferta turística como lo son el municipio de Santa Fe de Antioquia, El Peñol, San Carlos, Andes y Támesis. En el Urabá Antioqueño serán fiscalizados Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo.
Las lluvias no dan tregua en San Vicente de Chucurí y la emergencia vial ya se siente como una crisis humanitaria. En cuestión de horas, deslizamientos de tierra, caída de rocas de gran tamaño y el colapso de varios tramos de carretera dejaron incomunicadas entre 400 y 500 familias campesinas, especialmente en zonas rurales donde el acceso depende de vías terciarias que hoy están completamente taponadas.De acuerdo con la administración municipal, la pérdida de la banca es total en algunos sectores y la maquinaria disponible no ha sido suficiente para restablecer el paso. Las veredas Campoalegre, Guacamaya, Santa Bárbara, Quináles, Palmira, Palestina y Barro Amarillo presentan los mayores daños, con comunidades aisladas, dificultades para el transporte de alimentos y restricciones para el ingreso de ayudas.El alcalde Óscar San Miguel alertó que la situación se agrava por una falla geológica histórica a la que, según dijo, no se le ha prestado atención técnica, “el invierno ha sido bastante complejocon cada aguacero la montaña se desprende, tenemos derrumbes constantes y pérdida total de la vía; hay una falla geológica que está arrasando con todo, incluso con puentes”, afirmó. El mandatario explicó que una estructura artesanal construida por la propia comunidad para sacar sus cultivos también fue destruida por la fuerza del terreno.La afectación golpea directamente la economía local, San Vicente de Chucurí es considerado la despensa agrícola y cacaotera del departamento, con una economía 100 % agropecuaria. Hoy toneladas de cacao, naranja, banano y yuca permanecen represadas en las fincas, sin posibilidad de transporte, lo que expone a los productores a pérdidas millonarias y al riesgo de que las cosechas se dañen.Mientras continúan las precipitaciones, los habitantes piden intervención urgente del Gobierno departamental y nacional para estabilizar la falla, reforzar taludes y habilitar corredores alternos. Entre tanto, cientos de familias siguen incomunicadas, a la espera de que las vías vuelvan a abrirse y el campo pueda volver a moverse.
Con personal técnico y maquinaria amarilla autoridades de infraestructura en Antioquia siguen atendiendo emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias de los últimos días en diferentes vías del departamento.Según Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia, aunque los corredores viales con mayor afluencia de vehículos se encuentran habilitados, actualmente hay 39 frentes de obra activos atendiendo los puntos críticos por lo que varios de ellos pueden registrar cierres parciales o totales dependiendo de la magnitud de las novedades.En el caso de Urabá, una de las subregiones más afectadas, hay dificultades en los tramos: Carepa – Saiza; El Tres - San Pedro de Urabá; Apartadó - San José de Apartadó; San Pedro de Urabá – Pueblito; San Pedro de Urabá – San Juancito; además de Pueblito – Tres Esquinas y Pueblito – Filo Pancho en San Pedro de Urabá."Tenemos solamente dos vías cerradas, la vía entre Necoclí y San Pedro de Urabá, y la de San Pedro de Urab y Arboletes, por el frente frío que llegó del Norte, que nos tiene afectado a toda esta región. Allá tenemos 18 frentes de los 39 que tenemos en todo el departamento, para dar la solución pronta a la transitabilidad. Ya logramos tener una vía para llevar el gas domiciliario al municipio de Arboletes", destacó el uniformado.El funcionario recordó que hay restricción para vehículos pesados en la vía Puente Iglesias, en el Suroeste, y en general recomendó a los usuarios transitar con precaución, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones de las autoridades.Por ahora varios de los esfuerzos de las autoridades en el departamento de Antioquia están centrados en 5 kilómetros de la vía Medellín - Bogotá en donde varios movimientos en masa afectan la normalidad en la circulación de vehículos.
Las autoridades en Cali avanzan en la investigación para esclarecer la muerte de Alicia Stone, una detective del departamento de Policía de Nueva York, de 40 años de edad, quien había llegado semanas atrás a la capital del Valle del Cauca para realizarse una cirugía estética.Días después del procedimiento, Stone fue encontrada inconsciente en su habitación del hotel, por lo que fue llevada a urgencias, donde finalmente se confirmó su muerte, al parecer, como consecuencia de un paro cardiaco.La mujer habría llegado a una clínica privada de la ciudad de Cali para realizarse una liposucción y un procedimiento de transferencia de grasa conocido como levantamiento de glúteo brasileño. Una vez realizada la cirugía, su recuperación consistía en un tratamiento con analgésicos y anticoagulantes analgésicos y anticoagulantes analgésicos y anticoagulantes.Tras la muerte de Alicia, las autoridades de salud hicieron una visita a la clínica privada en donde se realizó el procedimiento, encontrando irregularidades que obligaron a hacer un cierre preventivo del establecimiento."Verificamos las condiciones de la norma de habilitación en salud. Una vez se hizo la verificación, encontramos falta en uno de los criterios relacionados con el talento humano, por lo cual se procedió de acuerdo a la norma al cierre temporal de la Institución Prestadora de Salud, específicamente en su servicio de cirugía estética", señaló el secretario de salud de Cali, Germán Escobar.El cuerpo de Alicia ya fue repatriado a los Estados Unidos, donde su familia pidió se le realizara una autopsia para determinar cuál fue la verdadera causa de su muerte.
La Asamblea Departamental del Valle del Cauca aprobó el proyecto de ordenanza 023, que autoriza a la gobernación a comprometer vigencias futuras por 1,8 billones de pesos para financiar proyectos estratégicos en infraestructura, salud, educación, deporte y tecnología.La decisión asegura los recursos que el departamento destinará al Tren de Cercanías del Valle, considerado el proyecto de movilidad más importante de la región. El ponente del proyecto de ordenanza, el diputado Diego Mosquera, señaló que la aprobación envía un mensaje claro al Gobierno Nacional.“Se están aprobando vigencias futuras para cinco secretarías, pero el mensaje más contundente para todos los vallecaucanos y para el Gobierno Nacional es la inversión en el Tren de Cercanías. Aquí está asegurada la plata. Necesitamos que antes del 8 de noviembre el Gobierno central dé el visto bueno para poder que tengamos la construcción del primer tramo”, expresó Mosquera.Por su parte, el diputado Daniel Hoyos resaltó que, con esta aprobación, el departamento garantiza su aporte al sistema férreo, asegurando los recursos para que este sueño sea una realidad y beneficie a toda la región.“Es el proyecto de más grande envergadura que vamos a tener en los últimos años. Nosotros, como departamento, tenemos un compromiso de aportar 1.7 billones y hoy estamos garantizando los recursos para que ese proyecto sea una realidad y beneficie a todos los vallecaucanos”, dijo Hoyos.Además del visto bueno de la asamblea, 44 gremios del Valle del Cauca enviaron una carta a los congresistas del departamento solicitando su apoyo al Tren de Cercanías. En el documento, los gremios destacan que el proyecto promueve la movilidad sostenible y la integración regional.
Una grave emergencia se registra en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, debido a las intensas lluvias que se han presentado recientemente. Según las autoridades locales, alrededor de 600 familias resultaron afectadas por las inundaciones que han cubierto viviendas y cultivos de pan coger.“La situación está muy dura, ya los cultivos están dañados por las inundaciones. El agua llegó a varias casas y somos más de 600 familias afectadas. Necesitamos ayuda porque solos no podemos”, expresó un líder comunitario del sector.La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) advirtió que el departamento atraviesa el pico más alto de la segunda temporada de lluvias del año, motivo por el cual se mantiene un monitoreo permanente sobre los principales ríos y afluentes para prevenir emergencias mayores.De acuerdo con Saúl Ramírez, técnico del área de Meteorología de la CVC, las precipitaciones continuarán hasta el mes de diciembre, con un incremento histórico del 20 % en comparación con años anteriores.Las autoridades hacen un llamado a las comunidades de las zonas rurales y ribereñas para que se mantengan alertas ante posibles desbordamientos y sigan las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.
Con la intervención al centro histórico de Cali hay incertidumbre por lo que sucederá con los habitantes en condición de calle que residen en sectores cercanos al Búnker de La Fiscalía, al proyecto Ciudad Paraíso incluso el barrio Obrero. Esto teniendo en cuenta que actualmente no se tiene certeza de cuántas personas hacen parte de esta población, por lo que desde el concejo de Cali, piden a la alcaldía que se actualicen las cifras con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). "Hoy en día ellos están rondando parques de calle, la Simón Bolívar, la autopista, donde vemos constantemente que hacen casuchas, y no solamente eso, sino que dejan cantidades de basuras permanentemente. O sea, si tenemos diez redes de atención, esas redes incluyen que de pronto ellos puedan llegar allí a dormir. ¿Qué estamos haciendo para que ellos puedan meterse a un tratamiento psicológico o médico?", dijo el concejal Joberto Ortíz. Por su parte, el también concejal Edison Giraldo aseguró que gran parte de esta población en condición de calle reside en el centro de Cali, aproximadamente el 30% de la población."Donde entran las diferentes secretarías a atender a los niños que están en calle consumiendo, que también son muchos y que lo hemos visto mucho en el centro, donde está más de la mitad de estos habitantes de ahí en calle para que este fenómeno sea atendido", expresó el concejal. ¿Cuántos habitantes de calle hay en Cali?Ante estas interrogantes, Blu Radio se comunicó con la secretaria de bienestar social de Cali, Johanna Caicedo quien explicó que, efectivamente, la cifra de habitantes de calle es superior a los 4.000 registrados en el Dane, y que el plan de atención en el centro de Cali, implica un trato de dignidad"Hemos atendido a personas, 7.343 personas, esto significa que nosotros hemos fortalecido varias estrategias. Uno, poder atenderlos en hogar de paso, dormitorio, servicios diferenciales, servicios sociosanitarios, que hemos logrado que 150 personas promedio hoy estén en el proceso de recuperarse, que estén en el hogar de acogida, que tenemos 45 Y 100 personas, 120 personas ya han superado el fenómeno en la habitabilidad de calle.", aseguró Caicedo.Según la funcionaria de la Secretaría de Bienestar Social, lo que se pretende con la intervención al Centro Histórico de Cali no es erradicar completamente la presencia de los habitantes de calle, sino incluirlos para que formen parte de este proyecto de ciudad.
Wilmer Noguera España, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, fue asesinado en el municipio de Dagua, Valle del Cauca. El crimen tuvo lugar la tarde del sábado 25 de octubre, cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba junto a otra persona, a la altura del kilómetro 30 de esa localidad.De acuerdo con las primeras versiones, los agresores lo habrían retenido después de participar en una actividad académica. Su acompañante fue liberado horas más tarde, mientras que el cuerpo de Noguera fue encontrado sin vida en una zona rural cercana.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes están detrás del asesinato. Según el más reciente reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Noguera es el firmante número 35 del Acuerdo de Paz asesinado en lo que va de 2025.El organismo recordó que el municipio de Dagua está incluido dentro de la Alerta Temprana 013 de la Defensoría del Pueblo, la cual advierte sobre el peligro que enfrentan las comunidades por la presencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial e imponen sus propias normas. En la región operan el Frente Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental, así como otras bandas locales.
Las intensas lluvias de las últimas horas han ocasionado emergencias en diferentes municipios del Valle del Cauca, especialmente en Caicedonia, Tuluá, San Pedro y El Cerrito.Juan Felipe Jiménez, director seccional de la Defensa Civil en el Valle, aseguró que equipos de los organismos de socorro adelantan las atenciones debido a inundaciones en vías y viviendas.“En este momento, la Defensa Civil Colombiana, a través de la Seccional Valle, se encuentra atendiendo varios incidentes a lo largo del departamento, producto de las intensas lluvias que se presentaron en el día de hoy. Desde la Defensa Civil ratificamos nuestro compromiso con el Valle del Cauca y el alistamiento total de nuestros voluntarios, de todas las juntas del departamento, para que estén pendientes de la comunidad y podamos brindar tranquilidad”, dijo Jiménez.Sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado para que la comunidad esté atenta a los cambios que puedan presentar algunos afluentes, ya que las lluvias continuarán durante todo el fin de semana.“Nuestros voluntarios se encuentran atendiendo estos requerimientos de la mano del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo. El Ideam nos ha notificado sobre la posibilidad de alertas importantes por lluvias fuertes a lo largo del día, e incluso para mañana se esperan condiciones similares”, señaló el funcionario.Las precipitaciones registradas en los últimos días en el departamento han ocasionado la muerte de 11 personas, que en la mayoría de los casos habrían sido arrastradas por crecientes de ríos, además de afectar a miles de familias, especialmente en zonas rurales como Buenaventura.
La cadena logística en Buenaventura vuelve a encender las alarmas. Aunque actualmente la congestión en las vías está controlada, el verdadero problema persiste dentro de los puertos.Las largas demoras en el cargue y descargue de contenedores que tienen a los transportadores esperando entre 120 y 150 horas en promedio, es decir, cinco o seis días detenidos sin operar.Según denuncian desde la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), esta no es una situación reciente. Se trata de una problemática estructural que lleva cerca de tres décadas afectando a los puertos que manejan carga contenerizada de importación y exportación. El panorama es crítico. El camionero llega a Buenaventura, supera bloqueos y dificultades en carretera, pero al ingresar al puerto debe estacionarse a la espera de que le asignen turno para cargar o descargar. Durante ese tiempo no recibe compensación alguna.Las pérdidas son millonarias. Un solo caminero puede dejar de recibir hasta 23 millones de pesos en una semana de inactividad. Si se calcula sobre un promedio de 200 transportadores en la misma situación, las pérdidas semanales superarían los 5.000 millones de pesos.El problema radica en cómo funciona la cadena. Las empresas de transporte de carga contratan a propietarios de tractocamiones para movilizar contenedores por un valor fijo de flete. Sin embargo, cuando las citas no se cumplen o los contenedores no están disponibles, los tiempos de espera se extienden incluso hasta 10 o 15 días. En ese lapso, el conductor debe asumir parqueaderos, alimentación, hospedaje y otros gastos no contemplados inicialmente.“El camionero que está esperando, por la demora de las citas o cuando no reciben en el puerto los contenedores, tiene que pagar una serie de gastos y de costos que no tenían contemplado dentro del primer valor por el cual lo contrataron. ¿Quién responde por esos costos?”, señaló Anderson Quiceno, presidente de la ATC.El llamado al Gobierno es a intervenir de manera estructural, identificar responsables y garantizar el pago justo por los tiempos de espera. Los transportadores piden que el Ministerio de Transporte analice el problema en toda la cadena logística y no solo en navieras o sociedades portuarias. Advierten que mientras no haya una solución integral, los camineros seguirán asumiendo el costo de un sistema que los está afectando sustancialmente.
La crisis del sector salud continúa generando efectos en el Valle del Cauca. Esta vez, los afectados son los habitantes de Guadalajara de Buga y sus corregimientos, tras el anuncio del Hospital San José de Buga, que informó la suspensión temporal de servicios para los usuarios afiliados a EPS Emssanar.A través de un comunicado, la institución señaló que la medida entrará en vigencia a partir del 15 de febrero y obedece a la inviabilidad financiera en la prestación de servicios a dicha EPS. La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, explicó que únicamente se mantendrá la atención en el área de urgencias, y solo en casos que comprometan la vida de los pacientes.“Sigue funcionando urgencias y lo derivado de la urgencia, pero lo ambulatorio que pueda postergarse sin poner en riesgo la vida de las personas se suspenderá. A los usuarios les pedimos paciencia, responsabilidad y un uso racional de los servicios”, señaló la funcionaria.Lesmes también indicó que se adelantan conversaciones con la EPS para buscar una solución que permita restablecer la normalidad en la prestación de los servicios médicos.“En el Valle del Cauca hemos tenido dos episodios graves con Emssanar. Uno de ellos involucra al Hospital San José de Buga. Estamos trabajando con la interventoría regional para encontrar una salida, donde todas las partes tendremos que ceder para evitar la interrupción en la atención a los pacientes”, dijo la secretaria.De acuerdo con las autoridades, la suspensión de servicios impactará a más de 32.000 usuarios de Emssanar en Buga y a más de 42.000 ciudadanos en su zona de influencia.
Momentos de tensión se registraron en la tarde de este viernes en el sector de La Berta, en el corregimiento de La Liberia, zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, debido a una asonada contra tropas del Ejército Nacional. De acuerdo con información preliminar, la comunidad, presuntamente instrumentalizada por las disidencias de las Farc, estaría exigiendo la salida de los militares del territorio.Blu Radio pudo confirmar con la comunidad que, en medio de la situación, varios establecimientos comerciales fueron obligados a cerrar, mientras que a los habitantes que permanecían en el sector se les habría ordenado mantenerse resguardados en sus viviendas. La medida también se habría extendido a sectores aledaños como Villa Colombia, La Cabaña, El Descanso, San Antonio y El Pital.Durante esta semana, la fuerza pública ha venido adelantando operativos en la zona rural de Jamundí con el objetivo de recuperar el control territorial, tras la reciente aparición de vallas y banderas alusivas a las disidencias de las Farc, estructuras vinculadas a alias Iván Mordisco, en corregimientos como San Antonio y San Vicente, hechos que han generado temor entre habitantes y turistas.Cabe recordar que en julio del año pasado también se registró una asonada en los corregimientos de Ampudia y Villa Colombia, en la zona alta de Jamundí. En esa ocasión, cerca de 150 soldados permanecieron retenidos por más de cinco horas.Según reportaron las autoridades en su momento, en los hechos habrían participado aproximadamente 700 personas, presuntamente instrumentalizadas por integrantes del frente Jaime Martínez, quienes exigían a los militares poner fin a la denominada operación “Escudo del Norte”.