Tras el accidente de una aeronave tipo ambulancia durante la mañana de este martes 9 de febrero, cuando se encontraba a pocos kilómetros de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, se conocieron las primeras fotos de cómo quedó la avioneta.La aeronave, una PA-34 con matrícula HK-4754, cubría la ruta Popayán – Cali, cuando sufrió el percance aproximadamente a cinco millas del umbral de la pista. A pesar del impacto, la Aeronáutica Civil confirmó que los cuatro ocupantes resultaron ilesos. Entre el personal a bordo se encontraban el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria. Al momento del incidente, por fortuna, no se transportaba ningún paciente.Le puede interesar: Avioneta se accidentó antes de llegar al aeropuerto de Cali: ocupantes salieron vivosEn cuanto al estado de la avioneta, tras el reporte del accidente, se activaron de inmediato los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR) y el Cuerpo de Bomberos para asegurar el área. Personal de la Dirección Técnica de Investigaciones se trasladó hasta el lugar del suceso para realizar las labores de verificación e inspección técnica correspondientes.Sobre causas del accidenteLas autoridades competentes han iniciado las investigaciones bajo los protocolos establecidos para determinar las causas exactas del siniestro y evaluar los daños materiales de la aeronave.Vea en fotos el estado en el que quedó la avioneta:
La Aeronáutica Civil confirmó el accidente de una avioneta en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Según las autoridades, la aeronave cubría la ruta Popayán-Cali y tenía a bordo 4 ocupantes: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria, quienes resultaron ilesos. De acuerdo con la información oficial, la situación involucró una aeronave PA-34, de matrícula HK-4754, operada por la empresa Solair S.A.S., la cual cubría la ruta Popayán–Cali cuando presentó la novedad a varios kilómetros del umbral de pista del principal aeropuerto del suroccidente del país.En el avión se movilizaban cuatro ocupantes, entre ellos el piloto, el copiloto y dos profesionales del sector salud. Las autoridades confirmaron que todas las personas resultaron ilesas, descartando afectaciones físicas tras el incidente.Asimismo, se precisó que la aeronave no transportaba pacientes en el momento del suceso, un dato clave que permitió descartar una emergencia médica asociada al vuelo y concentrar los esfuerzos en la atención del evento operativo.Tras conocerse la situación, la Aeronáutica Civil activó de forma inmediata los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR), los cuales se desplazaron hacia el punto donde se presentó el incidente. A estas labores se sumaron unidades del Cuerpo de Bomberos del aeropuerto, encargadas de asegurar la zona y brindar apoyo preventivo.Las autoridades señalaron que el despliegue tuvo como objetivo principal verificar el estado de la aeronave, garantizar la seguridad de sus ocupantes y evitar riesgos adicionales en el área donde ocurrió el evento.Paralelamente a la atención de la emergencia, personal especializado de la Dirección Técnica de Investigaciones de la Aeronáutica Civil inició el desplazamiento hacia el lugar con el fin de adelantar las labores de verificación e investigación.Este proceso buscará establecer las causas técnicas u operativas que derivaron en el incidente, siguiendo los protocolos nacionales e internacionales de seguridad aérea. Las autoridades aclararon que este tipo de investigaciones no tienen carácter sancionatorio, sino preventivo, y su objetivo es mejorar los estándares de seguridad operacional.Hasta el momento, no se reportaron afectaciones en la operación regular del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ni retrasos significativos en vuelos comerciales como consecuencia directa del incidente.
En el sector del Jarillón, del municipio de Cartago, Valle del Cauca, recientemente fueron encontrados sin vida los cuerpos de dos mujeres que, al parecer, serían los de María Camila Salazar y Paola Giraldo, quienes se encontraban desaparecidas desde el pasado 03 de febrero.Los restos fueron hallados por familiares de estas jóvenes, quienes adelantaban la búsqueda en el sector donde fue abandonada la motocicleta en la que ambas se movilizaban, la cual apareció a un costado de la vía, oculta en un plástico.El hallazgo fue confirmado por la Policía del Valle del Cauca a través de un comunicado."Las autoridades judiciales adelantan los actos urgentes, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este hecho", indica la institución.Las autoridades adelantan la búsqueda de testimonios y recolección de pruebas para determinar quiénes serían los responsables de este crimen, teniendo en cuenta que no es el primer caso de desapariciones de jóvenes ocurrido en el municipio."Estamos a la espera de confirmación de identidades de cuerpos encontrados en el jarillón. Lamentamos profundamente que estos hechos se sigan presentando, y pedimos a las autoridades competentes esclarecer estos casos. Acompañamos las familias desde primer momento", indicó el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita a través de sus redes sociales.Por otra parte, la violencia no solo afectó al municipio de Cartago, pues otro doble homicidio se registró en El Cerrito, específicamente en el corregimiento de Santa Elena, ahí fueron asesinados Didier Arias Espinoza, de 38 años y Mayra Alejandra Ortega, de 29 años de edad, cuando hombres armados los atacaron a disparos al interceptar la camioneta en la que se movilizaban.
Las autoridades colombianas detuvieron a Disney Stiven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe, dos líderes de la banda transnacional 'La empresa', que son requeridos por Chile por los delitos de "asociación delictiva y lavado de dinero", informaron este domingo fuentes oficiales.El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, señaló que detuvo por notificación roja de la Interpol a los dos criminales en el municipio de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste)."Ambos serían cabecillas criminales de 'La Empresa', una organización criminal transnacional dedicada al gota a gota (préstamos ilegales) en Chile, donde amenazaban, hostigaban y amedrentaban a sus víctimas para imponer el cobro ilegal", agregó el funcionario.Esta forma de préstamo consiste en conceder créditos con altos intereses y suelen ir sujetos a amenazas, coacciones o incluso agresiones en caso de que los pagos no se hagan en el plazo establecido.Tras la detención, el ministro señaló que "en Colombia no hay escondite para quienes viven del delito". "Seguimos trabajando con nuestros aliados para cerrarles el cerco, proteger a las personas y defender la legalidad", precisó el jefe de la cartera de Defensa.
El Juzgado 14 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bucaramanga programó para este 9 de febrero a las 8:30 de la mañana la audiencia de sentido de fallo contra Giovanny Vega Blanco, exentrenador de la Liga Santandereana de Atletismo, procesado por presuntos delitos sexuales contra deportistas.De acuerdo con la citación judicial, Vega Blanco deberá responder por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, cargos relacionados con denuncias presentadas por varias atletas que aseguraron haber sido víctimas cuando eran menores de edad.Durante el proceso, las deportistas señalaron que el entrenador habría aprovechado su posición de autoridad para cometer abusos y mantenerlas bajo amenazas. El caso ya había tenido antecedentes disciplinarios: en 2022 la Federación Colombiana de Atletismo lo sancionó con cinco años de suspensión, tras hallarlo responsable de conductas de violencia sexual, física y de género.Puesto que aprovechaba su posición de autoridad para cometer abusos repetidos, manteniendo a las jóvenes bajo amenazas y manipulación. Las denuncias fueron presentadas por varias atletas, entre ellas Martha Jazmín Guerrero, María Alejandra Salas, Ximena Restrepo y Geraldine Medina, quienes relataron episodios de tocamientos indebidos y violencia durante entrenamientos y competencias nacionales e internacionalesSin embargo, en la justicia penal el trámite ha estado marcado por demoras. Según las víctimas, la audiencia de juicio fue aplazada en repetidas ocasiones, lo que prolongó la espera por una decisión judicial. “Nos han dejado completamente solas y él sigue dilatando los juicios”, expresó una de las denunciantes.Una de las víctimas, tras recibir la citación para la audiencia programada este 9 de febrero, afirmó: “Lo único que pido es que se haga justicia y que el acompañamiento lo brinden la Procuraduría y la Defensoría, como se habían comprometido. A él lo vemos en la calle, en supermercados, como si nada, y supuestamente tiene casa por cárcel, mientras nosotras sí llevamos años de traumas y tratamientos por culpa de él”.La diligencia de este lunes corresponde al sentido de fallo, etapa en la que el juez anuncia si el acusado es condenado o absuelto con base en las pruebas y testimonios presentados durante el juicio. Posteriormente, de ser hallado culpable, se fijará la pena en una audiencia de lectura de sentencia.Las víctimas y sus familias esperan que esta decisión marque un paso definitivo hacia la justicia y la reparación.El caso sigue generando polémica y preocupación en el deporte colombiano, al evidenciar la brecha entre sanciones disciplinarias en federaciones y la efectividad de la justicia penal, así como la vulnerabilidad de las atletas frente a abusos cometidos por entrenadores. Las víctimas y organizaciones defensoras del deporte seguro continúan exigiendo una sentencia judicial que garantice justicia y reparación integral.
La ola invernal continúa generando emergencias en Colombia, con más de 100 municipios afectados y cerca de 43.000 familias damnificadas. Aunque enero y febrero suelen ser meses de baja precipitación, este año el país enfrenta un comportamiento climático inusual, explicado por una combinación de fenómenos atmosféricos, según la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry.En entrevista con Blu Radio, la funcionaria señaló que “históricamente, el mes de enero y febrero son meses de menos lluvias, especialmente para la región Caribe y la región Andina”, pero aclaró que en 2024 se presentó “una alteración de esos patrones climatológicos por incidencia de diferentes fenómenos”. Entre ellos, mencionó condiciones asociadas a La Niña a finales del año pasado, que aunque no se consolidaron oficialmente, sí favorecieron la ocurrencia de lluvias continuas.Lluvias consecutivas y frentes fríosEcheverry explicó que el impacto no se debe a un solo evento, sino a la acumulación de varios. “Hemos tenido lluvia tras lluvia por diferentes fenómenos, pero de manera continua, y eso por supuesto exacerba los efectos”, afirmó. A esto se sumaron dos frentes fríos que generaron los picos más altos de precipitación. “Nuestros registros indican que los primeros seis días de febrero llovió lo que debía llover todo el mes”, precisó, calificando la situación como “bastante inusual”.La directora del Ideam indicó que estos frentes fríos, aunque no llegan directamente a Colombia, sí influyen en los vientos y la nubosidad. “Esa incidencia hace que se aumenten las lluvias en el territorio nacional”, explicó, detallando que se rompieron récords de precipitación en varios municipios del Caribe.Alertas vigentes y respuesta hidrológicaSobre la situación actual, Echeverry confirmó que persisten los efectos del segundo frente frío. “Quedó un coletazo, un rezago que todavía nos está trayendo lluvias”, señaló, advirtiendo sobre posibles picos en el embalse de Urrá y el aumento del caudal del río Sinú. En ese sentido, recordó que “la respuesta hidrológica no es inmediata, hay un rezago entre la lluvia y el aumento del caudal”.Asimismo, el Ideam mantiene alertas meteomarinas. “Seguimos en una alerta naranja para el archipiélago y para la costa Caribe”, indicó, aclarando que estas se actualizan diariamente y que las decisiones operativas corresponden a las autoridades territoriales.Pronóstico para las próximas semanasDe acuerdo con los modelos climáticos, las lluvias continuarán durante la segunda semana de febrero, aunque con menor intensidad. “No estamos esperando unos picos como los de la semana pasada”, afirmó Echeverry. Hacia finales del mes, se prevé una disminución y un retorno a condiciones más típicas de la época, antes de la transición a la primera temporada de lluvias en marzo.Escuche la entrevista completa acá:
La emergencia por lluvias que en los últimos días se ha registrado en casi todo el Urabá antioqueño no solo han afectado infraestructura y bienes de habitantes. Servicios fundamentales para la cotidianidad como el transporte de pasajeros, principalmente entre Antioquia y Córdoba, también están padeciendo graves consecuencias.La situación más grave se vive por cuenta del colapso del puente que comunica al municipio de Necoclí con Arboletes, el cual perdió un tramo de cerca de 50 metros por la creciente del río Mulatos.Según Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros en Antioquia, son cerca de 1.100 usuarios los afectados en este tramos cada día que se movilizan en vehículos de empresas que transportan desde Medellín, sin contar otras compañías locales que también movilizan entre 400 y 500 personas hacia el departamento vecino."Los vehículos que salen de Mecoclí de Turbo hacia Arboletes y hacia Montería, si hay cierre total de toda esa operación por la caída de ese puente, y allí tenemos más o menos unas 1.100 personas afectadas diariamente por la operación de las empresas que salen desde Medellín, que son Gómez Hernández y Sotraurabá", indicó.De acuerdo con el directivo las compañías que operan este tramo afectado pueden dejar de percibir diariamente hasta 50 millones de pesos que aún no están cuantificadas como pérdidas, pues deben tenerse en cuenta otros aspectos."Tienen que sostener el parqueado de los vehículos, la nómina de los usuarios, los arrendamientos, los costos fijos que hay que sostener allí, entonces esto se convierte en unas pérdidas porque hay que sacar el dinero de la administración de cada una de las empresas", señaló.Uno de los asuntos que sigue generando preocupación en medio de la contingencia tiene que ver con la inexistencia de vías alternas para llegar hasta Montería, por lo que diferentes sectores sociales y económicos esperan cuanto antes la instalación de un puente militar en el tramo afectado.Sin embargo, también hay inquietud en el eventual incremento de rutas aéreas y terrestres entre Medellín y Montería que actualmente oscilan entre los 324.000 y 570.000 pesos.
La repentina muerte de un joven deportista dentro de un gimnasio en el noroccidente de Bogotá tiene consternada a la comunidad y ha generado múltiples interrogantes. El hecho ocurrió en la sede de Smart Fit del centro comercial Plaza Imperial, en la localidad de Suba, mientras la víctima realizaba su rutina habitual de entrenamiento con pesas.El fallecido fue identificado como Juan Sebastián Anzola Quintero, conocido entre sus allegados como “Sebas”, un fisicoculturista que compartía de forma constante su proceso deportivo en redes sociales y era reconocido por su disciplina y constancia en el gimnasio. Según testigos, el joven se descompensó de manera súbita y cayó al suelo frente a otros usuarios, lo que generó momentos de angustia y confusión en el lugar.Varias personas intentaron auxiliarlo mientras se alertaba al personal del establecimiento para que activara los protocolos de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos iniciales, Juan Sebastián falleció dentro de las instalaciones, antes de poder ser trasladado a un centro médico.Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre lo ocurrido, algunas de ellas cuestionando la respuesta del gimnasio. Uno de los testimonios más difundidos fue el de Andrés Montoya, fisicoculturista y amigo cercano del joven, quien publicó un video en Instagram en el que expresó su inconformidad con la atención brindada. En su pronunciamiento, aseguró que durante varios minutos se intentó auxiliarlo sin que se autorizara su traslado inmediato a un hospital cercano, lo que —según él— pudo haber marcado una diferencia, aunque aclaró que no se puede afirmar con certeza que el desenlace hubiera sido distinto.Montoya también criticó que el establecimiento retomara actividades al día siguiente sin emitir un comunicado público, una situación que fue replicada por varios usuarios en redes sociales. En medio del debate, surgieron reflexiones sobre los riesgos del alto rendimiento físico, la exigencia extrema en los entrenamientos y el uso de suplementos sin acompañamiento médico.¿Qué dijo Smart Fit al respecto?Ante la polémica, Smart Fit Colombia emitió un comunicado oficial en el que informó que Juan Sebastián sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras entrenaba. Según la empresa, brigadistas certificados del gimnasio actuaron de inmediato, aplicaron maniobras de reanimación, utilizaron un desfibrilador externo automático (DEA) y activaron los protocolos de emergencia establecidos. No obstante, el joven falleció antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.La cadena expresó sus condolencias a la familia y amigos del deportista y reiteró su compromiso con la seguridad de sus usuarios. Mientras tanto, seres queridos y compañeros se preparan para despedir a Juan Sebastián en Bogotá, recordándolo no solo por su fortaleza física y disciplina, sino también por su calidad humana y cercanía con quienes lo rodeaban.
La situación laboral en el sector energético de Santander entró en una fase crítica. Los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA), empresa filial del Grupo EPM, aprobaron iniciar un proceso de huelga tras una votación realizada en Asamblea General, bajo la supervisión del Ministerio del Trabajo.Según el resultado de la jornada, 556 de los 681 trabajadores afiliados a Sintraelecol en Santander votaron a favor de la huelga, mientras que un grupo minoritario respaldó la opción de acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión fue respaldada por las cinco subdirectivas sindicales con presencia en Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.De acuerdo con la normatividad laboral vigente, el sindicato cuenta ahora con un plazo de hasta 10 días para notificar formalmente a la empresa y al Ministerio del Trabajo la llamada “hora cero”, momento a partir del cual se daría inicio oficial a la huelga.La eventual suspensión de actividades genera preocupación en la región, ya que podría afectar a más de 6.000 usuarios del servicio de energía eléctrica en Santander, en medio de un conflicto que no logró resolverse durante la etapa de negociación directa entre la empresa y los trabajadores.Este escenario se presenta pocos días después de que, el 3 de febrero, el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas y cautelares contra la Electrificadora de Santander, tras advertir la falta de acuerdos y presuntas acciones que habrían buscado limitar el ejercicio del derecho constitucional a la huelga.Desde Sintraelecol reiteraron que las solicitudes elevadas a la empresa corresponden a derechos laborales básicos. Entre los principales puntos se encuentran el ajuste salarial conforme a la ley, el cumplimiento de los acuerdos colectivos firmados en 2023, el respeto a la progresividad laboral y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.El sindicato ha hecho énfasis en la necesidad de mayores garantías para el personal que labora en plantas eléctricas, redes y transformadores, labores catalogadas como de alto riesgo.Los trabajadores insisten en que la huelga representa un último recurso, tras lo que consideran reiterados incumplimientos por parte de la empresa. Mientras tanto, el conflicto queda bajo la atención del Gobierno Nacional, los organismos de control y la ciudadanía, en un momento clave para el debate sobre derechos laborales, servicios públicos esenciales y diálogo social en el país.
Teniendo en cuenta que actualmente hay sectores de la ciudad de Cali empapelados con múltiples afiches alusivos a diferentes candidatos al Congreso y a la Presidencia, las autoridades han intensificaron los controles a la publicidad política.Zonas especialmente en el sur de la ciudad como la avenida Pasoancho, la autopista Suroriental, y en el centro de Cali como los alrededores del Centro Administrativo Municipal, son las que registran mayor afectación con este tipo de publicidad, incluso, llegando al nivel de contaminación visual, específicamente en estructuras como puentes vehículares, peatonales y postes del alumbrado público.Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia se aclaró que anuncios como las vallas y los vehículos publicitarios están permitidos en la ciudad, sin embargo, impresiones que afecten los espacios públicos no cuentan con ningún tipo de autorización."En el mobiliario urbano no se puede hacer campaña. Hay una publicidad que nos contamina demasiado el entorno, es aquella que pegan en los postes, los puentes, esto definitivamente no está permitido. Tampoco los pasacalles, eso va para desmonte inmediato. Los murales están absolutamente prohibidos y cualquier tipo de publicidad aérea, con la tecnología de drones está prohibida", explicó Jorge Moreno, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la secretaría de Seguridad de Cali.Aquellos candidatos o partidos políticos a los que se les haga un llamado de atención por un exceso de publicidad política deben intervenir inmediatamente la zona de la ciudad afectada, de lo contrario, están expuestos a ser multados dependiendo las dimensiones de los anuncios instalados."Tenemos un equipo constante, monitoreando la ciudad y siguiendo las quejas ciudadanas. Vamos al sitio, validamos y lo que hacemos inmediatamente es levantar un acta, informar la contravención a la persona responsable de esa publicidad", indicó el subsecretario.Las autoridades indicaron que, en cuanto al tema de vallas publicitarias para las campañas al Congreso, solo están permitidas 30 por partido político. En el caso de elecciones presidenciales, están permitidas únicamente ocho vallas por candidato.
Durante la mañana de este martes se presentó un aparatoso accidente en la variante Popayán -Cali, especialmente en el sector conocido como Pescador, municipio de Caldono, entre una buseta de servicio intermunicipal y una tractomula.Por el accidente, siete personas murieron y autoridades confirman que hay varios heridos. Entre las víctimas mortales están el conductor de la buseta, su esposa e hijo de solo nueve años, todos oriundos del municipio de Timbío. El conductor de la tractomula también falleció en el accidente y era oriundo del departamento de Nariño. Personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional se dirigió al lugar de los hechos, donde los organismos de socorro atendieron la situación.
Los secretarios de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, y de Seguridad y Justicia, Jairo García Guerrero, habrían salido de sus cargos este domingo 26 de enero, según fuentes cercanas a la administración distrital. Aunque hasta el momento la Alcaldía no ha confirmado oficialmente los motivos de las salidas, estas se producen en medio de fuertes cuestionamientos y críticas a su gestión.Gustavo Orozco estuvo al frente de la Secretaría de Movilidad desde enero de 2025 y fue uno de los funcionarios más polémicos del gabinete. Su administración fue cuestionada tanto por la ciudadanía como por el Concejo de Cali, especialmente por la forma en que se manejó la movilidad y el tránsito en la ciudad. Entre los principales reclamos se encuentran la instalación de nuevas fotomultas, el incremento de comparendos y la colocación de taches viales en zonas de alto flujo vehicular. A esto se sumaron las tensiones con agentes de tránsito, que dejaron cerca de 30 agresiones reportadas. Orozco fue suspendido por la Personería en septiembre del año pasado y regresó al cargo en noviembre.Por su parte, Jairo García Guerrero, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad y Justicia desde 2024, fue blanco de cuestionamientos por parte de varios concejales, quienes incluso solicitaron su renuncia al considerar que hubo fallas en las estrategias de seguridad y un aumento de los homicidios en la ciudad. Durante el año pasado, su despacho fue uno de los más citados a debates de control político en el Concejo de Cali.Estas salidas se suman a los remezones en el gabinete del alcalde Alejandro Eder, quien a tres años de gestión ya ha realizado varios cambios en su equipo. El primero ocurrió en julio de 2024, apenas seis meses después de iniciar su mandato, y el más reciente se había registrado en agosto del año pasado.
Después del primer día del plan piloto implementado en el sur de Cali para mejorar la movilidad en la zona de colegios y universidades, la Secretaría de Movilidad decidió suspender la medida, debido a que los resultados no fueron los esperados y, por el contrario, se generó caos vial.A través de redes sociales, el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, ofreció disculpas por las incomodidades ocasionadas durante la jornada. Por su parte, Carlos Santacoloma, subsecretario de Movilidad Sostenible, reiteró que durante la segunda hora del piloto se presentaron afectaciones significativas en la movilidad.“Pudimos verificar que fue muy eficiente en la primera hora del piloto; es decir, desde las 6:00 a. m., funcionó muy bien y logramos que las personas ingresaran más rápido a la zona y salieran de manera eficiente. Sin embargo, en la segunda hora, desde las 7:40 a. m. hasta que decidimos suspenderlo, se presentó un deterioro en la movilidad. El problema se concentró especialmente en la intersección de la carrera 122 con la curva del Bofe. Escuchando a la comunidad y tras analizar los resultados del primer día, la Secretaría de Movilidad decidió suspender el piloto”, explicó Santacoloma.En ese sentido, el funcionario señaló que para mejorar la movilidad en este sector se están evaluando otras alternativas, con el fin de optimizar el flujo vehicular y facilitar el ingreso de estudiantes y docentes a las diferentes universidades y colegios, sin dejar de priorizar la movilidad de los residentes del sur de Cali.“Se plantea mejorar algunas vías alternas desde el punto de vista de la infraestructura vial, entre las carreras 122 y 127. El resto de la semana, estas vías operarán de manera tradicional, en doble sentido, como lo hacen habitualmente las carreras 122, 125 y 127, y no como se implementó durante el piloto. Seguiremos trabajando en la búsqueda de alternativas”, manifestó el funcionario.Cabe recordar que el plan piloto, que estaba previsto hasta el viernes 30 de enero, contemplaba que la carrera 127 operara en un solo sentido de bajada, desde los colegios y zonas residenciales hacia la avenida Cañasgordas, mientras que la carrera 125 funcionaría en sentido contrario, hacia los centros educativos, entre las 6:30 y las 8:30 de la mañana.
En libertad quedaron los hermanos Jónatan Stiven y Jhon Alexánder Mejía Hurtado, señalados por la Fiscalía General de la Nación de haber ordenado el homicidio del líder social y estudiantil Lucas Villa Vásquez, durante las protestas sociales de mayo de 2021, en hechos ocurridos en el viaducto César Gaviria Trujillo, en Pereira.La jueza del caso explicó que no encontró pruebas suficientes para sustentar una sentencia condenatoria contra los procesados, razón por la cual emitió un fallo absolutorio.Contra los hermanos Mejía Hurtado avanzaba un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, intento de homicidio y homicidio, todos agravados.De acuerdo con la Fiscalía, los acusados —junto a un hermano menor— habrían tenido interés en usar la violencia para eliminar los bloqueos instalados durante las protestas en el viaducto que comunica a Pereira con Dosquebradas, ya que estas obstrucciones afectaban el transporte de estupefacientes de la llamada banda Cordillera entre ambos municipios.Durante la lectura del sentido del fallo, la jueza señaló que, pese a los esfuerzos de la Fiscalía, no se logró un conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la autoría y participación de los acusados en los hechos por los cuales fueron vinculados al crimen.La togada también advirtió que las contradicciones en las versiones de un testigo clave impidieron estructurar una condena. “Es bastante difícil para este despacho, por no decir imposible, edificar una sentencia condenatoria cuando existe un testigo que incurre en tantas contradicciones”, sostuvo.Con esta decisión, los hermanos Mejía Hurtado, conocidos con los alias de ‘Truán’ y ‘Care Vieja’, quedaron en libertad por los hechos relacionados con la muerte de Lucas Villa. No obstante, el fallo admite recursos, por lo que la Fiscalía y los representantes de las víctimas podrán acudir a una segunda instancia en busca de revertir la absolución dictada por la jueza penal del circuito.
Cinco días de incertidumbre total completan las familias de María Camila Salazar Cano y Paola Giraldo Castaño en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, tras su desaparición el pasado 3 de febrero, cuando salieron juntas hacia una clínica del municipio, donde iban a encontrarse con un familiar, y desde entonces se perdió su rastro.Hoy todos los esfuerzos de las autoridades en el norte del departamento están enfocados en encontrar sanas y salvas a las jóvenes. Por esta razón, se han ofrecido 25 millones de pesos como recompensa por información que permita ubicarlas en el menor tiempo posible.Las jóvenes, de 24 y 26 años, se movilizaban en una motocicleta el día de su desaparición, la cual fue encontrada horas después abandonada en una calle del municipio de Cartago junto a uno de los cascos de las mujeres, cubierta con plásticos negros.Hay que tener en cuenta que en este municipio del Valle del Cauca en los últimos años se han registrado desapariciones de jóvenes, la mayoría de ellos menores de edad. Situación que agiliza aún más la búsqueda de estas mujeres.
En inmediaciones del río Yurumanguí, en zona rural de Buenaventura, tropas de la Armada Nacional y del Ejército se encontraron con cinco personas que al parecer formaban parte de la columna Alex Guerrero, de la disidencia Jaime Martínez, que delinque en este sector; tres de ellos eran adultos y dos menores de edad, quienes habían sido víctimas de reclutamiento forzado.Los adultos, que eran dos hombres y una mujer, con edades entre los 27 y 36 años, manifestaron su intención de abandonar el grupo armado e iniciar la ruta de sometimiento a la justicia. Ahí también hicieron entrega de un importante arsenal que incluía un artefacto explosivo. Los menores recuperados fueron atendidos y revisados por paramédicos para verificar su estado de salud."Durante la acción, se activaron de inmediato los protocolos de protección y restablecimiento de derechos para los menores, garantizándoles a todos los involucrados la atención humanitaria, primeros auxilios y el respeto por los derechos humanos. Se incautaron siete fusiles, dos pistolas, más de 1,400 cartuchos de diferentes calibres, un artefacto explosivo improvisado y equipos de comunicación", señaló el coronel Jorge Enrique González, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4.Los menores y los ahora desmovilizados fueron trasladados al casco urbano de Buenaventura; mientras tanto, las tropas siguen desplegadas en la zona rural de este distrito, para contrarrestar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales.
Los trece candidatos vallecaucanos del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes llegaron este domingo a la sede de la Registraduría de Cali, al sur de la ciudad, para refrendar el listado que valida su candidatura para las elecciones legislativas del próximo ocho de marzo.Este listado no tendrá cambios, ya que seguirán basándose en el mismo orden de los resultados de la consulta interna realizada en octubre pasado. La única modificación para que esta inscripción sea válida está en el hecho de ser presentada únicamente por el partido político.Esto teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral revocó el listado hace unos días, al considerar que se había superado el umbral del 15% de votos en las elecciones legislativas del 2022, por lo que ya no podían inscribirse como coalición con la Colombia Humana."El Pacto Histórico tendrá su lista a la Cámara por el Valle y en todos los departamentos de Colombia. Hemos dispuesto todas las condiciones para que ninguno de la lista quedara por fuera, así que lo que prevalece es la unidad", señaló el representante a la Cámara Alfredo Mondragón.Estos son los candidatos que conforman el listado a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico: el congresista Alfredo Mondragón, la exconcejal Ana Erazo, el exalcalde de Sevilla Jorge Palacio, Isabel Vera, Carlos Arizabaleta, Paola Quiñonez, Daniel Martínez, Isabel Olaya, Cristóbal Caicedo, Nancy Denise Castillo, Jersaín Ríos, Natalia Córdona y Andrés Escobar Ruano."Esta lista está más firme que nunca, no solo vamos por cinco curules, sino por más, seis, siete, por todas. Estamos aquí para ratificar que quienes estaban felices con la decisión del CNE hoy tienen miedo, porque que los vamos a derrotar en las urnas", aseguró la candidata y exconcejal de Cali, Ana Erazo.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Édison Javier Castillo Cortés y Franklin Daniel Angulo Cortés, señalados de integrar la autodenominada columna móvil Mariscal Sucre, estructura de las disidencias de las Farc que delinque en el municipio de Barbacoas, Nariño.De acuerdo con la investigación, Castillo Cortés habría ejercido como cabecilla de una comisión urbana desde octubre de 2024, rindiendo cuentas a ‘alias Cortés’ y, luego de que este fuera capturado, empezó a rendirle cuentas a ‘alias Yoli’. Mientras tanto, Angulo Cortés estaba encargado de realizar labores de inteligencia. La fiscal del caso explicó los roles de estos dos hombres. “En el desarrollo de las labores investigativas, se pudo establecer que el señor Édison es conocido con el alias de ‘Cuello tortuga’, justamente por la cicatriz que presenta a la altura del cuello. El señor Franklin Daniel es conocido con el alias de ‘Doble A’, quien era el encargado de realizar labores de inteligencia contra la Fuerza Pública, para que otros integrantes de esta organización criminal pudieran adelantar homicidios selectivos”, indicó.Las investigaciones revelan que la organización estaría conformada por cerca de 150 personas y que ejercía control territorial mediante intimidaciones, extorsiones al comercio y acciones armadas con armas de corto y largo alcance. A los procesados se les atribuye su posible participación en homicidios, secuestros, torturas y exigencias económicas a contratistas y comerciantes de la región.Entre los hechos investigados figura un crimen ocurrido en marzo de 2025, así como la retención ilegal de personas y presiones económicas a comerciantes para permitirles desarrollar sus actividades.Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tortura, extorsión y secuestro.Los procesados no aceptaron los cargos y un juez los envió a la cárcel, mientras avanzan las investigaciones para desarticular esta estructura criminal.