En un acto que marca el cierre del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral acompañó la entrega de credenciales a los representantes a la Cámara elegidos por el Valle del Cauca, oficializando así la conformación política del departamento de cara al nuevo Congreso.Durante la jornada, se confirmaron las 13 curules que le corresponden al Valle: seis serán ocupadas por el Pacto Histórico, dos por el Partido de la U, dos más por el Centro Democrático y una curul para Cambio Radical, Liberal y Nuevo Liberalismo. Con esta distribución, se define el mapa político regional que comenzará funciones el próximo 20 de julio de 2026.Voceros de distintas colectividades coincidieron en resaltar el desarrollo del proceso. Desde el Pacto Histórico, Paola Andrea Quiñones aseguró que el escrutinio contó con garantías, mientras que Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, destacó la transparencia de la jornada y el respaldo ciudadano reflejado en las urnas.Por su parte, el organismo electoral subrayó que el proceso se llevó a cabo con normalidad y sin contratiempos, reiterando su compromiso con la transparencia y la legitimidad. El delegado del CNE en el Valle del Cauca enfatizó que se cumplió con lo establecido por la democracia, garantizando el respeto por la voluntad de los votantes.Con la entrega de estas credenciales, el Valle del Cauca cierra su ciclo electoral y se prepara para tener una nueva representación en el Congreso de la República.
En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional, la Policía, el CTI y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas cinco personas señaladas de participar en actividades de extorsión en Cali y municipios del norte del Valle del Cauca.De acuerdo con la información entregada por el Gaula Militar Valle, cuatro de los detenidos fueron ubicados en los barrios El Cedro y Nápoles, en Cali, donde presuntamente venían intimidando a comerciantes para exigirles pagos entre 10 y 40 millones de pesos, dependiendo de su actividad económica.En un segundo operativo, fue capturado otro hombre en el norte del departamento, quien sería integrante de un grupo de delincuencia común organizada conocido como “Águila 38”. Este sujeto estaría vinculado con casos de extorsión y secuestro a ganaderos en municipios como Roldanillo y Versalles, así como en sus zonas rurales.Según el coronel Mauricio Medina, comandante del Gaula Militar Valle, estas capturas hacen parte de una ofensiva sostenida contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión. “Gracias a una operación coordinada e interinstitucional logramos la captura de estos sujetos, quienes presuntamente integraban grupos de delincuencia común organizada y venían afectando a comerciantes y ganaderos en la región”, señaló.Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.
Este jueves fueron presentadas diferentes estrategias que se están aplicando en Cali, con el propósito de convertir las vías de la ciudad en lugares seguros para todos los actores viales. Entre estas iniciativas está ‘Pasos seguros’, la cual consiste en realizar intervenciones pedagógicas y de control en diferentes puntos de la ciudad.Estas intervenciones están enfocadas en fortalecer la movilidad sostenible y la protección de la vida en las vías, es así como en los últimos tres años se ha logrado una reducción del 60% de muertes en accidentes de tránsito en la ciudad, en los primeros 77 días del año.“Seguimos salvando vidas en las vías de Cali, en el 2023, entre el 1 de enero y el 18 de marzo, hubo 80 muertes en accidentes de tránsito. Este año, en ese mismo tiempo, ha habido 52, es decir hemos tenido una reducción de 28 muertes, esto es un avance muy importante”, indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.Uno de los actuales indicadores que sigue preocupando a las autoridades es que la mayoría de las víctimas mortales en accidente de tránsito son los peatones, especialmente adultos mayores; los motociclistas están en el segundo lugar de víctimas. Es por esta razón que, durante esta jornada, se entregaron varios cascos reglamentarios, a aquellos conductores que no los portaban.
La Alcaldía de Cali entregó tres drones a la Fuerza Aeroespacial Colombiana como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad en la ciudad mediante el uso de tecnología. Estos equipos buscan mejorar la capacidad de vigilancia y la respuesta oportuna de las autoridades frente a situaciones de riesgo.El secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, aseguró que estas herramientas permitirán optimizar las labores de las agencias encargadas de proteger a los ciudadanos. "Estos drones serán herramientas clave para mejorar la reacción de la Fuerza Pública y prevenir el delito”, sostuvo.Por su parte, el general Óscar Mauricio Gómez, director de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, indicó que los dispositivos no solo serán utilizados dentro de la unidad militar, sino también en sectores aledaños y en puntos estratégicos de ingreso a la ciudad, como la carrera octava, el corregimiento de Caucaseco y el área cercana al aeropuerto. “Van a servir no solo para la vigilancia de la unidad militar, sino que también ayudarán a las comunas aledañas y para cuidar los ingresos de la ciudad de Cali”, señaló.De acuerdo con las autoridades, los drones cuentan con cámaras de alta precisión que permiten identificar objetivos a una distancia de hasta 800 metros. "Los drones permiten hacer tareas de vigilancia macro y micro, gracias a sus tres cámaras integradas, que tiene una capacidad de visualización de objetivos de hasta 800 metros”, explicó el teniente Sebastián Córdoba, comandante de la Cuadrilla de Defensa Aérea y Antiaérea.Estos equipos alcanzan velocidades de hasta 90 kilómetros por hora y tienen una autonomía de vuelo cercana a una hora, lo que los convierte en una herramienta clave para operaciones de vigilancia. La inversión para la adquisición de estos tres dispositivos fue de aproximadamente 100 millones de pesos, y se suma a otros elementos entregados recientemente para fortalecer la seguridad en Cali.
En un primer fallo de tutela, un juzgado administrativo determinó que el Ministerio del Interior, el de Hacienda y un Banco vulneró derechos fundamentales al no pagar oportunamente salarios, primas y otros emolumentos.La decisión determinó que la falta de pago afectó directamente el mínimo vital del accionante, entendido como los recursos indispensables para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud.A partir de esa orden judicial, la cartera emitió en febrero de 2026 dos cheques correspondientes a salarios adeudados de noviembre y diciembre de 2025, así como de enero de 2026. Sin embargo, el caso escaló a un nuevo litigio tras la negativa del banco a hacer efectivos esos pagos.En una segunda tutela, un juzgado penal municipal de Bogotá concluyó que un banco vulneró el derecho Benedetti al negarse a pagar los cheques emitidos por el Ministerio, pese a que correspondían a ingresos salariales.Según el expediente, la entidad financiera rechazó el pago incluso ante la posibilidad de endoso a un tercero, argumentando razones internas. No obstante, el juez recordó que la autonomía de las entidades financieras tiene límites cuando entra en conflicto con derechos fundamentales .La decisión fue contundente: ordenó al banco realizar el pago de los cheques en un plazo máximo de dos días hábiles tras la notificación del fallo.Además, el fallo tuvo en cuenta que la entidad financiera no respondió oportunamente a la acción de tutela, lo que llevó a dar por ciertos los hechos expuestos por el accionante.
La Alcaldía de Bogotá anunció la expedición del Decreto 069 de 2026, con el que se adopta un plan para eliminar la explotación económica de animales en el espacio público y fortalecer su protección y bienestar en la ciudad.La medida busca poner fin al uso de animales, como caballos, llamas o alpacas, que normalmente se pueden encontran en el centro de la ciudad, en actividades con fines lucrativos que, según las autoridades, en muchos casos implican maltrato, tenencia irresponsable o condiciones inadecuadas.El plan será liderado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que ha identificado múltiples situaciones de vulneración de derechos de los animales en este tipo de prácticas.El Distrito explicó que la estrategia no solo se enfocará en la protección animal, sino también en acompañar a las personas que dependen de estas actividades. Para ello, se implementará un proceso en tres etapas: caracterización de los casos, oferta institucional para reconversión laboral y una implementación progresiva del plan. Lo que quiere decir que este es el primer paso para prohibir esta práctica de explotación económica de los animales en las calles de Bogotá.Además, se promoverán campañas pedagógicas para fomentar una cultura ciudadana basada en el respeto hacia los animales, mientras que el IDPYBA asumirá la custodia y promoverá la adopción responsable de los animales que rescaten.Con esta decisión, Bogotá busca avanzar hacia un modelo de ciudad libre de maltrato animal, garantizando al mismo tiempo alternativas económicas para las poblaciones más vulnerables que dependen de estas actividades.
La preocupación surge luego de que la dirección del auditorio planteara realizar otros conciertos en el mismo horario, lo que ha generado incomodidad entre los músicos, quienes consideran que se trata de un momento histórico construido junto a su público.Blu Radio conversó con Aníbal Dos Santos, violista principal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, quién aseguró que este no es un tema reciente, sino una tradición consolidada durante décadas en la ciudad.“Los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, de las cuatro de la tarde de los sábados, en el auditorio León de Greiff, es una tradición que lleva más de cuarenta años, más cerca a los a los cincuenta. Y construir, eso eso ha sido todo un proceso que a través de todas esas décadas se ha podido construir un público, una tradición en la población de Bogotá, porque mucha gente de de todas las edades te dice, me acuerdo cuando mi papá me llevaban a los conciertos de la Filarmónica en los años setenta, etcétera. Es decir, realmente hay mucha gente que sabe eso que están, que saben que existen y que siguen existiendo esos conciertos”, explicó.En ese sentido, destacó que no solo se trata de un espacio, sino de una relación construida con su público a lo largo del tiempo.“La gente que viene a al León de Greiff los sábados a las cuatro de la tarde, son personas que vienen a escuchar la Ortesta Filarmónica de Bogotá, vienen a escuchar nuestra programación, vienen a escuchar lo que tenemos que ofrecer esa semana. Mucha gente viene, ni siquiera se meten en páginas web hoy en día a ver cuál es la programación, sino simplemente están allá desde las dos y media, dos de la tarde haciendo cola para poder entrar. Eso es algo que pasa todas las semanas”, señaló.Según el violista, el conflicto surge porque la nueva programación coincidiría exactamente con ese horario, lo que, a su juicio, implicaría desplazar a su audiencia habitual.“Hemos tenido conversaciones con la señora María Bailen Sáenz, que es la directora del teatro, la cual está haciendo una programación que se llama Presencia, para la cual hemos estado también prestos a a aportar y ayudar. Pero en este momento, lo que lo que sí atraviesa esa línea que no nos sentimos bien con ella, obviamente, es que es que ella pretenda hacer conciertos de su ciclo en nuestra hora. Es decir, es usando nuestro público, es decir, la gente va a seguir, el público de la Orquesta Filarmónica de Bogotá va a seguir viniendo a los conciertos, pero va a encontrar a otra orquesta tocando”, subrayó.Además, Dos Santos indicó que existe un convenio firmado entre la Universidad Nacional y la Orquesta Filarmónica que respalda el uso de ese espacio.“Si hay un convenio, y fue firmado entre director de la orquesta en esa época y el rector de la Universidad Nacional. Entonces, los convenios son como contratos y son para respetarloS, es decir, eso es lo único que nosotros pedimos, es que eso ya está por escrito”, afirmó.La Orquesta también quiso dejar claro que el problema no es con la Orquesta Sinfónica de Colombia, a la que describen como una agrupación cercana.“La sinfónica de Colombia es una orquesta hermana, una orquesta que le tenemos mucho cariño, es decir, mucha gente han salido de las mismas escuelas”, agregó.Aunque la Filarmónica asegura que no se opone a nuevas programaciones ni a compartir el escenario, insiste en que se respete ese horario emblemático, que consideran parte de su identidad y del vínculo histórico con su público.En Blu Radio contactamos a la directora del auditorio, María Belén Sáenz, para conocer su posición frente a esta situación; sin embargo, se negó a entregar declaraciones.
Un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana evidenció que la inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia mantiene rezagos en distintos niveles del sistema. Según el estudio, basado en datos del Sistema Integrado de Matrícula del Ministerio de Educación Nacional (2023) y la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2024), solo el 2 % de la matrícula en educación regular corresponde a estudiantes con discapacidad.El informe señala que, aunque el 5,8 % de la población colombiana presenta algún tipo de discapacidad, su participación en el sistema educativo es considerablemente menor, con cerca de 200.334 estudiantes matriculados frente a un total de 9,8 millones. Esta diferencia refleja barreras en el acceso y la permanencia dentro del sistema educativo.Entre los hallazgos, se identifica que la discapacidad intelectual es la más frecuente entre los estudiantes registrados, seguida de discapacidades psicosociales y múltiples. Además, la presencia de esta población es ligeramente mayor en el sector oficial (2,1%) que en el privado (1,8%).El estudio también evidencia brechas en habilidades básicas. La tasa de analfabetismo en personas con discapacidad alcanza el 18,2 %, frente al 4,4 % en quienes no presentan discapacidad. En población en edad escolar (5 a 16 años), la diferencia es mayor: 34,2 % frente a 9,2 %.En cuanto a la asistencia escolar, el 95,4 % de los estudiantes sin discapacidad asiste a clases, mientras que en la población con discapacidad la cifra es de 72,9 %, lo que representa una brecha de 22,5 puntos porcentuales.Estas diferencias impactan las trayectorias educativas. El informe indica que la mayoría de personas con discapacidad alcanza como máximo el nivel de primaria, con menor participación en educación media y superior.Desde el LEE se plantea la necesidad de fortalecer políticas de inclusión educativa, con énfasis en detección temprana, ampliación de cobertura, reducción del analfabetismo y promoción del acceso a niveles educativos superiores, con el fin de mejorar las condiciones de permanencia y progreso académico de esta población.
Colombia aprobó el registro sanitario del benznidazol en presentación de 100 mg, lo que habilita su uso en el tratamiento de la enfermedad de Chagas en el territorio nacional. La medida permite ampliar el acceso a esta terapia y facilitar la atención de personas diagnosticadas, principalmente en zonas donde se concentra la transmisión.El medicamento es utilizado para tratar la infección causada por el parásito Trypanosoma cruzi, y su disponibilidad busca intervenir de manera temprana los casos detectados. Con su implementación, el sistema de salud podrá fortalecer la respuesta frente a esta enfermedad, que tiene presencia en distintas regiones del país.Según informó el Ministerio de Salud y Protección Social, la autorización del fármaco permitirá iniciar tratamientos oportunos y contribuir a la reducción de complicaciones asociadas a la enfermedad, que pueden afectar principalmente el sistema cardíaco y digestivo en etapas avanzadas.El proceso de aprobación se dio a partir de la articulación entre entidades del Estado y la academia, con la participación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Universidad de Antioquia, a través de iniciativas financiadas por el Fondo de Investigación en Salud.Además del acceso al tratamiento, la medida contempla el fortalecimiento de la producción nacional de medicamentos estratégicos y la disponibilidad del fármaco dentro del sistema de salud. Las autoridades indicaron que esta decisión se integra a las acciones orientadas al control de enfermedades transmisibles en el país.
Jeremías, un exsoldado profesional del Ejército Colombiano que salvó su vida, aseguró haber estado seis meses en la guerra de Ucrania y, en diálogo con Blu Radio, dijo que se alistó como mercenario, convencido por los altos salarios que le prometieron, pero denunció al llegar a ese país descubrió que todo era una mentira y que lo engañaron.El exmilitar, quien pidió reserva total de su identidad y manifestó ser oriundo del municipio de Barbacoas, en la subregión del Telembí, estuvo más de diez años en la Brigada Móvil 25 en Caucasia, Antioquia, como soldado profesional."Estar en la guerra contra Rusia es una experiencia cruel porque no es verdad todo lo que ofrecen a los mercenarios”, afirmó el exmilitar nariñense, quien lamenta haber tomado una decisión que considera pésima: “Es muy lamentable que alguien lo obligue a matar civiles, sin importar si son niños o ancianos, y yo no estaba preparado para eso”, indicó.Aseguró que, de los seis meses que estuvo en la primera línea como parte de comandos urbanos, solo recibió un primer pago de cinco millones de pesos y un segundo de cuatro millones, pero después no volvió a recibir dinero alguno.Indicó que a comienzos de año llegó directamente al batallón número nueve de la Brigada 59 del ejército ucraniano, motivado por la situación económica que le ofrecieron a través de una red social, donde le prometieron muchas cosas que, una vez estuvo en el campo de batalla, nunca le cumplieron.“El dinero es un factor súper importante para muchos reservistas que aceptamos los riesgos de ir a esa zona de guerra. Pensé que mejoraría significativamente la calidad de vida de mi familia y mis hijos, pero no fue así. Estuve a punto de morir porque, recién llegado, fui herido en combate. Pensé que no regresaría con vida a Colombia”, confesó el exmilitar.“Gracias a Dios logré regresar a Colombia porque allá es una situación muy difícil. Todo es mentira, lo que nos ofrecen y proponen es falso. A nosotros nos toca poner el dinero desde aquí para llegar allá: cuatro millones 800 mil pesos, más un millón y medio para gastos. Dicen que te ofrecen comida y hospedaje, pero cuando llegas te dejan solo”, agregó.El exmilitar mencionó que, aunque inicialmente creyó que podría salir de deudas y ayudar a su familia, la realidad fue otra. Al llegar a Ucrania, fue sometido a humillaciones y malos tratos por parte de oficiales y suboficiales ucranianos y de otras naciones.“Duré casi seis meses y alcancé a contar siete nariñenses. No sé nada de ellos, si están vivos o muertos, porque los mandaron a la primera línea de ataque y solo tuvieron dos semanas de instrucción militar a cargo de un oficial ucraniano”, comentó. Aseguró que, en combate, no reciben apoyo ni de artillería ni de refuerzos. Si están heridos, quedan completamente solos, a menos que algún compañero los ayude; de lo contrario, mueren en el campo de batalla.“Nos obligaban a hacer cosas impensables. Si alguien resultaba herido, lo remataban, y nos obligaban a matar civiles, incluidos niños y ancianos”, aseguró.El exsoldado también relató que, en la zona de guerra, observó cómo los ucranianos maltrataban e insultaban a los colombianos: “Nos llaman mercenarios, nos obligan a hacer cosas que no queremos, como prestar turnos todo el día y toda la noche, mientras ellos viven relajados”.Manifestó que, durante su tiempo en Ucrania, en el batallón donde estuvo, contó un total de 122 colombianos, de los cuales solo quedaban 70. No sabe qué pasó con los otros 50, aunque sospecha que algunos murieron. Además, denunció que no les pagan y que los cuerpos de los mercenarios muertos quedan abandonados, sin posibilidad de ser evacuados.Por último, el exmilitar hizo un llamado a quienes consideran viajar a Ucrania: “Por favor, valoren sus vidas, valoren sus trabajos. No vayan a Ucrania, todo es una falsedad, lo que dicen en las redes sociales es falso. No vayan, porque es una ilusión que crean, pero cuando llegan allá todo es una mentira. Valoren sus hogares y quédense en sus departamentos, donde estén. Con lo poco que tengan, vivan”.
Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, confeso feminicida de Sofía Delgado, una niña de 12 años desaparecida el 29 de septiembre mientras iba a comprar un champú, compartió su desgarradora experiencia en una entrevista con Jay Alarcón, un conocido creador de contenido en redes sociales.Rodas reveló el devastador momento en que su esposo le confesó haber matado a Sofía, una revelación que ha conmocionado aún más a la opinión pública. Entre lágrimas, Evelyn relató cómo, tras días de incertidumbre, finalmente descubrió la verdad sobre el asesinato. "Ese día le volví a preguntar si tenía algo que ver con la muerte de la niña. Bajó la mirada y volteó a otro lado, ahí supe la verdad. Yo le quería pegar, le quería pegar", confesó Rodas, enfatizando el impacto emocional que tuvo esta revelación en su vida.Además de defender su propia inocencia, Rodas dirigió un mensaje a Lady Zúñiga, madre de la pequeña asesinada en Candelaria, Valle del Cauca."A la señora Lady quiero pedirle una disculpa en nombre de Brayan, porque no me parece justo lo que hizo. Hubiera preferido que me matara a mí y no a una niña, porque yo también soy mamá y también tengo a mi hija y también se llama Sofía", expresó, reflejando el dolor y la empatía de una madre.Rodas continuó lamentando la situación, asegurando que siempre había sido amable con Lady Zúñiga, a quien solo conocía de saludos. "Lo lamento mucho, mucho. Le pido disculpas en nombre de él", concluyó, dejando entrever su profundo sentido de pérdida y la tristeza por el trágico destino de la niña.
Con tan solo tres días de negociaciones de la COP16 de Cali, las mesas de deliveraciones avanzan a buen ritmo, incluso en temas tan polémicos como la compensación a pueblos indígenas y comunidades locales por el uso de recursos genéticos.El foco sigue puesto en la implementación del Marco Kunming-Montreal, aprobado en la última cumbre, celebrada en Canadá, cuyo objetivo principal es proteger el 30 % del planeta, incluyendo áreas terrestres, marinas y de agua dulce, convirtiéndolas en áreas protegidas para el final de esta década y la restauración del 30 % de los ecosistemas degradados.Además, el marco pone énfasis en la restauración y protección de ecosistemas críticos, como las selvas tropicales y los humedales, que son esenciales para la biodiversidad y el equilibrio climático.Colombia ha marcado tres metas para esta cumbre: la financiación del cumplimiento de las metas climáticas, que la ministra ha admitido será el punto más crítico de las negociaciones; establecer un marco de acceso a beneficios de las cadenas genéticas digitalizadas y los recursos genéticos, y la evaluación de las acciones de los países para el cumplimiento de las 23 metas de biodiversidad a 2030.La estrategia general para la movilización de recursos incluye una fase intermedia (2023–2024) y una fase de mediano plazo (2025–2030).Las necesidades de "financiación climática" a nivel mundial se estiman en 10 billones de dólares anuales entre 2030 y 2050, según el grupo de estudio Climate Policy Initiative. Este mismo informe recogió que entre 2021 y 2022 la media de financiación climática fue de 1,3 billones de dólares.
El Valle del Cauca cuenta con una sala de monitoreo antidrones, este es un espacio dispuesto por las autoridades para garantizar la seguridad en la COP16, a raíz de los reiterados ataques aéreos que se han registrado en el departamento vecino del Cauca.Esta central vigila la zona verde de la cumbre de biodiversidad y sus alrededores, pues su capacidad de operación son 16 kilómetros a la redonda. Una vez se identifique el vuelo de un dispositivo desconocido, se inicia un protocolo en tierra. "Depende del tipo de dron y del tipo de banda que se esté utilizando, y al aplicar nosotros la inhibición de acuerdo a esa aparición en el sistema se aplica el correctivo que consideramos es técnicamente mejor. Algunos regresan a donde están siendo operados, otros son aterrizados inmediatamente en el sitio", señaló el general Juan Jaime Martínez, comandante de operaciones aéreas y espaciales de la FAC.Desde el inicio de operación de esta sala de monitoreo antidrones se han detectados hasta 800 vuelos desconocidos: "De estos 800 se han atendido 32 casos en la zona verde, de los cuales solo ocho han requerido de un despliegue de la Policía, seis se han inhibido en tierra y dos con el equipo fijo", aseguró la secretaria de Seguridad del Valle del Cauca, Ana María Sanclemente.
La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, la más importantes del departamento, atraviesa un periodo de crisis. La separación del rector David Emilio Mosquera Valencia de su cargo dejó a la institución sin liderazgo claro, lo que ha llevado a la suspensión de las clases debido a un paro estudiantil que ya se prolonga por más de un mes.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la líder estudiantil Rosa Elena Mosquera Palacios denunció una serie de irregularidades y exigió la pronta elección del nuevo rector. Según dijo, la universidad “ha sido víctima” de una grave falta de gestión administrativa y dijo que es esencial que el Estado garantice la educación a los estudiantes.A esto se suma la polémica por un video que circula en redes sociales, en el que se aprecia una agresión a una representante estudiantil durante una asamblea, con fecha del 21 de octubre. Exactamente, fue contra una delegada de la Federación Nacional de Representantes de Estudiantes (Fenares)."En el video donde me ven pasando, transitando, es la carretera ye se no es el lugar donde se hace la asamblea; ellos la hacen en su costa derecho que es en una cafetería, lógico, cerrado. Esa es la carretera para ingresar a los bloques de atrás y, cuando yo voy pasando, la primera agresión, me detiene un estudiante. En el audio (que circula) yo digo: 'haga el favor' y ellos dicen que le monto la moto, pero no es así”, contó.“El video hay que analizarlo, yo retrocedo y salgo hacia mi derecha, como quien dice no tengo por qué atropellar a mi compañero. Cuando ya salgo yo voy desprevenida y no veo al docente, saca la mano y me agrede. Es allí donde yo ya paro y ya un poquito también lastimada", añadió.Las exigencias de la Federación son claras: instan al Ministerio de Educación a facilitar una sesión del consejo superior que permita abordar la crisis. Recalcó que es imperativo que el ministerio tome cartas en el asunto, pues no es justo que los estudiantes sigan sin clases debido a decisiones administrativas que “no dependen” de ellos.“Le hemos dicho al ministerio, en un momento político que se encuentra la universidad, que hay que separarnos de eso y buscar que se garantice el derecho para la que fue creada la misma, en este caso es el derecho a la educación. ¿Qué le pedimos al ministro? Que venga y dirima este problema, ¿cómo se dirima este problema? Sesionando el consejo superior, porque no es justo”, aseveró.A pesar de las promesas realizadas por los organismos educativos, puntualizó que la falta de comunicación y claridad ha mantenido a los estudiantes en una incertidumbre constante.El contexto es aún más complicado, ya que las elecciones para nuevos representantes aún no se han llevado a cabo debido a la ausencia de sesiones del consejo superior. Por eso, mencionó que desde junio han solicitado que se lleven a cabo elecciones, pero la presencia del viceministro, quien también preside el consejo, ha faltado, lo que ha provocado “este vacío de poder".Mosquera resaltó la necesidad de restaurar la actividad académica y crear un canal de diálogo que permita a los estudiantes volver a las aulas. Con un fallo reciente de un juez que ordena la reanudación de las clases, los estudiantes esperan respuestas inmediatas.
Todo está listo en Cali para recibir este sábado 21 de marzo al reconocido artista de música urbana J Balvin, quien se presentará en el Estadio Pascual Guerrero. El evento promete no solo un espectáculo de alto nivel, sino también un importante impacto en la economía local.De acuerdo con la secretaria de proyectos especiales, Mabel Lara, diversos sectores se verán beneficiados, especialmente el turismo. Se estima que la ocupación hotelera podría alcanzar hasta un 60 % con más de 16 mil visitantes ."Este concierto tiene un impacto social y turístico, va a generar una derrama económica de aproximadamente a los 20 mil millones de pesos, generación de empleo alrededor de 2 mil, beneficia a sectores del trasporte, a comercio a los restaurantes" dijo la funcionaria. La funcionaria destacó que este tipo de espectáculos fortalecen la imagen de Cali como destino atractivo para grandes eventos, lo que contribuye a posicionarla como una de las ciudades más importantes del país en materia de entretenimiento y cultura."El evento posiciona a Cali como sede de grandes espectáculos, fortaleceremos nuestra reputación nacional y fortalecemos a la ciudad, hablamos de una Cali de puertas al mundo" expresó Lara. En cuanto a la logística, las autoridades han dispuesto medidas especiales para garantizar la movilidad de los asistentes. El sistema de transporte masivo anunció un plan operativo que incluye la habilitación de tres rutas del MIO, diseñadas específicamente para el retorno de los espectadores una vez finalice el concierto. Los buses estarán ubicados sobre la Calle Quinta y cubrirán recorridos hacia el norte, sur y oriente de la ciudad.
La intensa temporada de lluvias sigue generando emergencias en el Valle del Cauca. En zona rural del municipio de Pradera, los fuertes aguaceros han provocado múltiples afectaciones que mantienen en alerta a las autoridades y a las comunidades.Las precipitaciones han causado daños significativos en viviendas y pérdidas en cultivos, impactando directamente a varias familias campesinas.“El fuerte aguacero hizo muchos daños, dañó cultivos, no tenemos energía porque dañó el poste, dañó los techos de las viviendas. Estamos pidiendo colaboración del gobierno departamental para que nos colabore”, manifestó Carlos Rojas, habitante del sector, quien fue es uno de los afectados por esta situación.Entre las zonas más golpeadas se encuentran los corregimientos de Bolo Blanco, El Retiro y La Carbonera, así como los sectores de La Tupía, La Granja y Vallecitos, donde las comunidades enfrentan dificultades para su movilidad y acceso.Desde la Alcaldía de Pradera informaron que ya se han desplegado equipos para atender a las familias damnificadas y avanzar en las labores necesarias para mitigar la emergencia.Por su parte, la secretaria de Gobierno, Nini Jhoana Viafara, aseguró que “se trabaja de manera articulada para brindar apoyo a la población afectada.”Cabe recordar que actualmente son nueve los municipios del Valle del Cauca que se encuentran en alerta roja debido a la temporada de lluvias. Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo del departamento se reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención y evitar situaciones que pongan en peligro la vida.
El equipo de salud del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal realizó este miércoles una protesta que derivó en el cierre de la carretera que comunica a Zarzal con Cali, a la altura del corregimiento de La Paila.La movilización busca presionar el pago de recursos adeudados por parte de la EPS Emssanar, señalada por los trabajadores como responsable de la difícil situación financiera que atraviesa el centro asistencial.Según denunciaron, llevan varios meses sin recibir sus honorarios, mientras que la falta de suministros básicos y medicamentos ha complicado la atención a los pacientes. A esto se suma la salida de personal médico, lo que ha debilitado aún más la prestación del servicio.“Nos deben varios meses de salario, los proveedores han suspendido la entrega de insumos y la crisis económica es bastante grave. Somos cerca de 300 trabajadores afectados, y ya se han presentado múltiples renuncias; muchos profesionales no quieren continuar en estas condiciones”, manifestó uno de los empleados.En consecuencia, los usuarios afiliados a Emssanar han sido los más perjudicados, pues desde hace semanas no están recibiendo atención en este hospital.La problemática se extiende a otros centros de salud del Valle del Cauca, donde también se reportan retrasos en pagos por parte de esta EPS. Mientras tanto, crece la incertidumbre frente al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible liquidación de entidades promotoras de salud con dificultades financieras, una medida que genera preocupación entre pacientes y trabajadores del sector.
Javier Tascón es el hombre de 73 años que, desde hace cinco días, permanece en una UCI de la clínica Valle del Lili, en el sur de Cali, después de haber sido víctima de disidentes de las Farc, quienes le dispararon por no detenerse en un retén ilegal, en inmediaciones del corregimiento de Timba, zona rural de Jamundí, Valle.Junto a su familia son reconocidos agricultores de este corregimiento desde hace varias décadas. Él, sus padres y cuatro hermanos se han destacado por brindar oportunidades laborares en el pueblo, teniendo tiendas y cultivos. Durante este tiempo, señalan que nunca habían vivido una situación como la que hoy están atravesando, pues aseguran que todas las personas de Timba, los han conocido."En la vía antes de la Balsa lo estaba esperando un tipo en una moto, lo hizo parar y le dijo ¿vos quién sos?, él le respondió: Yo soy Javier Tascón, yo soy de aquí de Timba, de la familia Tascón y el otro le dijo, yo no te conozco H*, te bajás. Mi hermano no se quiso bajar. Cuando el tipo sacó la ametralladora, salió volado en el carro. La balacera fue terrible y lo cogió. De milagro como le digo, no lo mataron", dijo Julia Tascón, hermana de la víctima, narrando cómo sucedió el ataque.Javier había llegado a Jamundí desde hace ocho años de los Estados Unidos, país donde estuvo radicado durante un largo tiempo junto a su familia, por lo que cuenta con ciudadanía americana. Su propósito al volver a Colombia era cuidar y vivir de su finca."Son 85 años hace que el pueblo nos conoce, siempre de negocitos, de tiendas. Mi hermano fue para Estados Unidos, regresó ya pensionado para poder vivir acá en el país en su finquita, que él con los ahorros había comprado y había sembrado los frutales y así fue, esa es su vida", añadió doña Julia.Hoy, la familia Tascón no solo está atravesando el ataque de Javier, sino que están agotando todos sus esfuerzos para impedir su traslado de Valle del Lili a la Clínica Nuestra, proceso que, en su condición actual, puede comprometer aún más su estado de salud. Incluso, un juez falló a su favor una tutela, para garantizar que don Javier siga siendo atendido donde está."Él es consciente de que tiene que hacer unas terapias, pero estamos tratando de que la clínica no lo saque de allí, porque quieren sacarlo de esta clínica para mandarlo a otra, él tiene un tiro en el cuerpo. Si lo mueven, él puede quedar inválido", explicó su hermana.Los familiares manifiestan su descontento por la falta de respuesta por parte de las autoridades de Jamundí, asegurando que, hasta el momento, no se han comunicado con ellos, ni para conocer el estado de salud de Javier, ni para iniciar un proceso de acompañamiento o reparación.