En zona rural de Tuluá, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde diciembre de 2025. La familia de la víctima había denunciado su desaparición ante las autoridades, quienes desde un inicio manejaron la hipótesis de un posible secuestro atribuido a grupos armados al margen de la ley que operan en la región.De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables de este crimen y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio."Su familia había denunciado su desaparición desde diciembre , el Gaula tomo el caso pero desafortunadamente el cuerpo de la victima fue encontrado sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego, estamos investigando quienes están detrás de estos hechos" dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante Policía Valle. Una de las primeras líneas de investigación apunta a la posible participación del frente 57, estructura armada que delinque en esta zona del centro del Valle del Cauca.La víctima era un comerciante con varios años de trayectoria en el sector agrícola. Según las indagaciones preliminares, habría sido objeto de extorsiones, una hipótesis que también es materia de análisis por parte de las autoridades judiciales.
Los habitantes de diferentes municipios del Valle del Cauca como Buenaventura, y del departamento de Córdoba, golpeados por las fuertes lluvias, necesitan de la ayuda de todos. Por eso, la Gobernación del Valle del Cauca y el Banco de Alimentos se unen en un llamado a la solidaridad con la recolección de ayudas.“En estos momentos difíciles que viven los habitantes del Departamento de Córdoba y del municipio de Buenaventura a causa de las fuertes lluvias, quiero llamar a la ciudadanía, a las empresas, a las organizaciones sociales, a las instituciones para que nos unamos en un gesto de apoyo y generosidad con estas personas. Estamos solicitando ayudas que las puedan llevar y entregar en Telepacífico y el Banco de Alimentos”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Las donaciones se pueden realizar hasta el domingo 15 de febrero en la plazoleta de Telepacífico y en el Banco de Alimentos de Cali, ubicado en la Calle 24 #6-103, en el barrio San Nicolás, en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.La recolección de alimentos no perecederos será de gran ayuda para las familias afectadas.“A las familias afectadas nuestra solidaridad, quiero decirles: ¡no están solas!, vamos a estar desde el Valle del Cauca, siempre acompañándolos, trabajando duro para superar esta emergencia con solidaridad y compromiso”, concluyó la mandataria.
El Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), que hoy vigila en tiempo real 29 municipios del Valle del Cauca, recibirá cerca de $120.000 millones para ampliar su cobertura a los 42 municipios del departamento. La gobernadora Dilian Francisca Toro informó que $50.000 millones se invertirán en mejorar las comunicaciones y $69.000 millones en más cámaras inteligentes y arcos de seguridad en puntos clave.“Cambiar toda la red de comunicaciones, tanto de Cali como del departamento del Valle del Cauca, para que de esa manera también seamos mucho más efectivos, la Policía sea mucho más efectiva en todo su trabajo, nos cuesta $50.000 millones. Además, son $69.000 millones que vamos a invertir en todo lo que es videovigilancia, cámaras de seguridad inteligentes, 29 arcos de seguridad que vamos a tener en todas las entradas a los municipios, sobre todo Cali, Buenaventura, el corredor de Buenaventura, Jamundí, y en todos los corredores seguros que tenemos en el Valle del Cauca”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Así como el CGES, las ‘Megatomas’ realizadas por la Fuerza Pública con apoyo del Gobierno departamental en Buenaventura, Palmira y Tuluá, y las que se llevarán a cabo en Buga, Cartago y Roldanillo, también son posibles gracias a la tasa de seguridad, a través de la cual también se harán inversiones por 120.000 millones de pesos para cambiar la red de comunicaciones de la Policía y fortalecer la videovigilancia en el Valle.Los sistemas antidrones con los que ya cuenta el Ejército, Policía y próximamente la Armada, así como un geolocalizador con el que será dotado el Gaula del Ejército para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, también son obtenidos con recursos de la tasa de seguridad pagada por los vallecaucanos y que el Gobierno departamental administra para fortalecer las capacidades de la fuerza pública y garantizar la tranquilidad de la población.
Las intensas lluvias de las últimas horas han ocasionado emergencias en diferentes municipios del Valle del Cauca, especialmente en Caicedonia, Tuluá, San Pedro y El Cerrito.Juan Felipe Jiménez, director seccional de la Defensa Civil en el Valle, aseguró que equipos de los organismos de socorro adelantan las atenciones debido a inundaciones en vías y viviendas.“En este momento, la Defensa Civil Colombiana, a través de la Seccional Valle, se encuentra atendiendo varios incidentes a lo largo del departamento, producto de las intensas lluvias que se presentaron en el día de hoy. Desde la Defensa Civil ratificamos nuestro compromiso con el Valle del Cauca y el alistamiento total de nuestros voluntarios, de todas las juntas del departamento, para que estén pendientes de la comunidad y podamos brindar tranquilidad”, dijo Jiménez.Sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado para que la comunidad esté atenta a los cambios que puedan presentar algunos afluentes, ya que las lluvias continuarán durante todo el fin de semana.“Nuestros voluntarios se encuentran atendiendo estos requerimientos de la mano del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo. El Ideam nos ha notificado sobre la posibilidad de alertas importantes por lluvias fuertes a lo largo del día, e incluso para mañana se esperan condiciones similares”, señaló el funcionario.Las precipitaciones registradas en los últimos días en el departamento han ocasionado la muerte de 11 personas, que en la mayoría de los casos habrían sido arrastradas por crecientes de ríos, además de afectar a miles de familias, especialmente en zonas rurales como Buenaventura.
El líder opositor ruso Alexei Navalni murió envenenado con una toxina letal, presente en ranas venenosas dardas de América del Sur, informaron en un comunicado conjunto el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.Estos países subrayaron que sus respectivos gobiernos llegaron a esta conclusión a partir de muestras tomadas de Navalni, que han confirmado de forma concluyente la presencia de esta sustancia denominada epibatidina.Rusia siempre afirmó que Navalni murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024, sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte, añade la nota conjunta.Se estima que ese veneno es 200 veces más potente que la morfina, según afirmaron hoy medios británicos.El comunicado conjunto resalta que el líder opositor ruso perdió la vida a los 47 años mientras estaba en una prisión de Siberia, lo que significa que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle este veneno.El reiterado desprecio de Rusia por el derecho internacional y la Convención sobre Armas Químicas es evidente, añaden.En agosto de 2020, el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania, los Países Bajos y sus aliados condenaron el uso de novichok por parte de Rusia para envenenar a Navalni, después de que esa sustancia fuera utilizada por Rusia en la localidad inglesa de Salisbury, en 2018, para intentar asesinar al exespía ruso Sergei Skripal.En ambos casos, solo el Estado ruso contó con los medios, el motivo y el desprecio por el derecho internacional para llevar a cabo esos ataques, puntualiza la nota conjunta.Estos últimos hallazgos subrayan una vez más la necesidad de exigir responsabilidades a Rusia por sus reiteradas violaciones de la Convención sobre Armas Químicas y, en este caso, de la Convención sobre Armas Biológicas."Nuestros Representantes Permanentes ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas han escrito hoy al director general para informarle de esta violación por parte de Rusia de la Convención sobre Armas Químicas. Nos preocupa además que Rusia no haya destruido todas sus armas químicas", indican.El Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos afirman que utilizarán "todos los instrumentos políticos" a su alcance para seguir exigiendo responsabilidades a Rusia.Los medios británicos señalan que no está claro cómo se administró supuestamente el veneno a Navalni.La viuda del disidente ruso, Yulia Navalnaya, compareció hoy en una rueda de prensa paralela a la Conferencia de Seguridad que se celebra en Múnich para anunciar el hallazgo.En esa rueda de prensa, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, dijo que desde la muerte de Navalni, el Reino Unido ha investigado "con férrea determinación" la verdad sobre su muerte."Solo el Gobierno ruso tuvo los medios, el motivo y la oportunidad de usar esta toxina letal contra Alexei Navalni durante su encarcelamiento en Rusia. Hoy, junto a su viuda, el Reino Unido arroja luz sobre el bárbaro complot del Kremlin para silenciar su voz", agregó Cooper.
Sigue la expectativa en Medellín por conocer el futuro judicial del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio y dos exsubdirectoras de la misma entidad, quienes están siendo procesados por presunta corrupción en contratos con el Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí.Y es que una vez más la audiencia de medida de aseguramiento se extendió y continuará este 16 de febrero, tras haber escuchado los argumentos de cada una de las defensas de los imputados.En la más reciente sesión tuvieron la palabra los abogados de la exsubdirectoras Ambientales de la entidad, Diana María Montoya y Ana María Roldán, quienes según la Fiscalía serían responsables de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación de más de cuatro mil millones de pesos en los seis contratos en cuestión que superaron los 17.000 millones de pesos.La argumentación de los apoderados se basó en las razones que debería tener en cuenta el juez de control de garantías para evitar imponer alguna medida de aseguramiento, incluso privativa de la libertad, contra las exfuncionarias.Por ejemplo, Luis Carlos Villegas, abogado de Ana María Roldán, cuestionó la falta de precisión en la imputación por parte de la Fiscalía sobre el aprovechamiento que su defendida habría tenido y sacado de esos contratos."En esta audiencia, su señoría, la Fiscalía General de la Nación no identificó un beneficio patrimonial o un enriquecimiento o una ventaja funcional o un incentivo económico que pudieran hacer que la señora Ana María Roldán se interesase en la adjudicación de los contratos a bomberos Itagüí", aseguró el abogado.Al igual que la defensa de Montoya, el abogado reiteró que buscan atribuirse delitos no por actos cometidos por parte de las investigadas, sino por presunciones a partir del cargo que ocupaban en la autoridad ambiental. También solicitó al juzgado que no fueran tenidas en cuenta para la decisión material probatorio presentado por partes diferentes a la Fiscalía General."Se edifica sobre cargo, contexto, estructura, modalidad contractual, asociaciones narrativas, pero no sobre actos concretos individualizados atribuibles a la doctora Ana María porque no se identificó interés personal, no se demostró dominio del hecho, no se acreditó beneficio", explicó Villegas.Tras escuchar a las defensas de los procesados, se espera que en la reanudación de la diligencia de este 16 de febrero intervengan sobre esos argumentos tanto la Fiscalía como la Procuraduría para que finalmente el despacho se pronuncie de fondo en el caso y defina si existe o no cabida para imponer alguna medida de aseguramiento a estos exfuncionarios que hicieron parte de la administración de Daniel Quintero.
Con presencia especial de la Superintendencia de Transporte están en estos momentos la Terminal Metropolitana de Barranquilla, el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, peajes y sus vías principales dado el inicio de los carnavales, en los que se espera una movilización de más de 37.000 viajeros.Serán 12 regionales de esta entidad distribuidos estratégicamente en los principales nodos de movilidad, donde además habrá atención para facilitar los despachos de al menos 3.300 vehículos vía terrestre.El Superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, señaló que, “en temporadas altas y coyunturas especiales, en las que se presenta un alto flujo de viajeros hacia una región específica, intensificamos nuestra presencia en las infraestructuras de transporte para acompañar a los empresarios y proteger los derechos de los usuarios y usuarias. Desde el precarnaval hemos concentrado esfuerzos para que nuestros regionales atiendan los requerimientos que se presenten en el Atlántico”.“Asimismo, se adelantarán operativos en articulación con las autoridades de tránsito, mediante la revisión de los vehículos que prestan el servicio público de transporte desde la Terminal Metropolitana de Transporte Terrestre, vehículos que transitan por las vías y peajes de la región”, agregan desde un comunicado en Supertransporte.Dice la Supertransporte que el año anterior se logró impactar a más de 500 viajeros y atender las necesidades de cientos de usuarios en el aeropuerto, donde usualmente se presentan quejas por demoras, reembolsos, cancelación de vuelos, entre otros motivos.“En cuanto al transporte terrestre se encuentran, daño a equipaje, incumplimiento de los itinerarios, atención al usuario, reembolsos, y la negación a prestar el servicio. En transporte de carga se destacan las quejas por afectaciones en entregas de encomiendas y mercancías”, reportó la autoridades acerca de los reclamos usuales de pasajeros.Así también, la Policía ubicó unidades bilingües en sitios turísticos, zonas hoteleras, el Gran Malecón y demás puntos de interés para garantizar una experiencia carnavalera segura y positiva en los visitantes.El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló: “Nuestra prioridad es proteger la vida, acompañar a propios y turistas y prevenir cualquier situación que afecte la tranquilidad durante estas festividades”.Asimismo, agregó: “Invitamos a todos los barranquilleros y visitantes a vivir el Carnaval con responsabilidad, respetar las normas de convivencia y reportar cualquier situación sospechosa. La seguridad es una tarea de todos, y la información ciudadana es fundamental para actuar de manera oportuna”.
La sexta jornada del fútbol colombiano entregó acción, goles y cambios importantes en la clasificación general del Apertura 2026. Hubo goleadas, victorias y movimientos en el grupo de los aspirantes al grupo de los 8.En Medellín, Atlético Nacional dio un golpe de autoridad al golear 4-1 a Fortaleza CEIF, con una actuación destacada en ataque, lo que le permitió escalar posiciones y entrar de lleno en la pelea por los primeros puestos.Otro protagonista de la jornada fue Boyacá Chicó FC, que no tuvo piedad y venció 5-0 a Jaguares de Córdoba, sumando un resultado contundente que le da aire en la parte baja de la tabla.En Manizales, Once Caldas consiguió un triunfo clave 2-1 ante Junior FC, manteniéndose firme en la parte alta del campeonato.Millonarios FC volvió a sonreír con un 1-0 sobre Águilas Doradas, resultado que le permite salir de números negativos y acercarse a puestos de clasificación.Por su parte, Internacional de Bogotá superó 3-2 a Deportivo Cali en un duelo de ida y vuelta, consolidándose como uno de los animadores del torneo.La jornada se cerró con el clásico rojo: América de Cali ganó 1-0 a Independiente Santa Fe por la mínima en el Pascual Guerrero, resultado que le dio aire en la lucha por meterse entre los ocho.El único partido pendiente fue Deportivo Pereira vs. Alianza FC Valledupar, que quedó aplazado y aún no altera la clasificación.Tabla de posiciones - Tras la Fecha 61. Internacional de Bogotá — 13 pts 2. Deportivo Pasto — 13 pts 3. Atlético Bucaramanga — 10 pts4. América de Cali — 10 pts5. Once Caldas — 10 pts6. Atlético Nacional — 9 pts7. Deportes Tolima — 9 pts8. Junior FC — 9 pts9. Llaneros — 9 pts10. Águilas Doradas — 8 pts11. Deportivo Cali — 7 pts12. Independiente Santa Fe — 7 pts13. Fortaleza CEIF — 7 pts14. Jaguares de Córdoba — 7 pts15. Independiente Medellín — 5 pts16. Millonarios FC — 5 pts17. Boyacá Chicó — 4 pts18. Deportivo Pereira — 2 pts19. Cúcuta Deportivo — 2 pts20. Alianza FC Valledupar — 2 ptsPrevio de la Fecha 7Con la tabla tan ajustada, la Fecha 7 asoma clave para definir aspiraciones en la pelea por entrar al grupo de los 8.Partidos que llaman la atención:Deportivo Pasto vs Internacional de Bogotá: duelo entre los líderes que puede mover la cima de la clasificación.Deportivo Cali vs Atlético Nacional: un duelo con mucho en juego para escalar posiciones.Millonarios FC vs Llaneros FC: oportunidad para los albiazules de sumar y acercarse al grupo de los 8.Junior FC vs América de Cali: duelo directo entre dos históricos que buscan consolidarse en el grupo de los ocho y no ceder terreno en la parte alta de la tabla.Otros compromisos prometen emociones y lucha en cada rincón de la tabla, ya que la competencia está muy cerrada y cada resultado puede cambiar las aspiraciones de los equipos en los primeros puestos.
Bogotá puso en marcha una nueva estrategia para proteger a los recién nacidos frente al virus sincitial respiratorio (VSR), una de las principales causas de infecciones respiratorias graves en los primeros meses de vida. La Secretaría Distrital de Salud confirmó la llegada de 3.800 dosis del anticuerpo monoclonal nirsevimab, que permitirá una protección inmediata en población priorizada.Con esta adquisición, financiada con recursos propios, la capital se convierte en la primera ciudad del mundo en implementar de forma autónoma una estrategia híbrida contra el VSR, combinando vacunación materna y anticuerpos monoclonales en bebés con condiciones especiales.El secretario de Salud, Gerson Bermont, destacó que la iniciativa busca reducir hospitalizaciones y complicaciones respiratorias en la primera infancia. “Con la llegada del nirsevimab, Bogotá da un paso clave en la protección temprana de la primera infancia y reafirma su compromiso con estrategias innovadoras que salvan vidas”, afirmó a través de su cuenta de X.Las dosis serán distribuidas a través de las subredes de salud y la EPS Compensar hacia las instituciones que atienden partos y cuentan con servicios de vacunación, para garantizar su aplicación oportuna y segura. A diferencia de las vacunas tradicionales, el nirsevimab ya contiene anticuerpos formados, lo que permite protección inmediata en los recién nacidos.La estrategia está dirigida a bebés nacidos entre las semanas 33 y 35 de gestación que no califican para otros biológicos; recién nacidos desde la semana 36 cuyas madres no fueron vacunadas, y casos especiales como hijos de madres con inmunosupresión o con condiciones médicas complejas. También se priorizará a recién nacidos con enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías congénitas, síndrome de Down con cardiopatía compleja, entre otros riesgos.El alcalde Carlos Fernando Galán resaltó que la medida busca disminuir la mortalidad infantil y el impacto del VSR en la ciudad.“Desde noviembre del año pasado a hoy hemos vacunado a 13.000 madres gestantes. Esto permite que produzcan anticuerpos que, además, protegen a los bebés durante el embarazo. Bueno, hoy llegaron a Bogotá 3.800 dosis de anticuerpo monoclonal. Lo compramos con fondos propios y a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Este anticuerpo permite que se le dé una dosis al niño directamente y lo protege inmediatamente. Esta segunda fase de esta estrategia híbrida permite proteger a los niños que no alcanzaron a ser cubiertos, en cierta forma, por la protección que genera la vacuna a sus madres en el proceso gestante y está enfocada en los niños más vulnerables y con mayores riesgos”, aseguró a través de X.La Secretaría Distrital de Salud indicó que la aplicación se hará bajo lineamientos técnicos estrictos y que la información completa sobre la estrategia de inmunización está disponible en su portal oficial.
Un agente de tránsito fue capturado cuando pretendía recibir dinero de un ciudadano a cambio de no imponerle un comparendo. El hecho ocurrió en un puesto de control adelantado por la Secretaría de Movilidad en el oeste de Cali, en inmediaciones al hotel Intercontinental.Sergio Moncayo, secretario encargado de Movilidad, indico que el conductor no tenía los documentos al día y que, a cambio de evitar la sanción, el agente le habría solicitado una suma de 300.000 pesos.“Esta persona no tenía los documentos al día y es por eso que le pide una cantidad de dinero a cambio para perdonar el comparendo y este ciudadano de manera muy activa llama a las autoridades respectivas, llegan al sitio y en el momento que se va hacer la entrega de este dinero las autoridades actúan de manera inmediata y el agente es capturado en ese momento“, dijo Moncayo.Al agente de tránsito sorprendido en este caso ya las autoridades competentes le legalizaron su captura, mientras piden desde la secretaría de movilidad a la comunidad denunciar cualquier hecho similar.“Nosotros estamos rechazando estos hechos desde la secretaría de movilidad y le estamos invitando a la comunidad que cada vez que se presente esta situación que es muy compleja hagan las respectivas denuncias porque buscamos es que nuestros agentes de tránsito trabajen de la mejor manera, que tengan principios y que no cometan este tipo de actos“, expresó el funcionario público.Según datos entregados por la Secretaría de Movilidad de Cali, este año se han denunciado 27 agentes de tránsito por sobornar a ciudadanos. Aseguran que hay otros casos que en este momento están en investigación.
Un nuevo hecho de violencia sacude al sector de la caña de azúcar en el sur occidente del país. Hombres armados asesinaron a un trabajar en zona rural de Padilla en el norte del Cauca en el ingenio La Cabaña.La víctima fue identificada como Jordy Alexis Cárdenas, y hacía parte de un grupo que adelantaba labores de cosecha, a pesar de que fue trasladado a un centro asistencial en Puerto Tejada, falleció por la gravedad de sus heridas.“Queremos expresar un contundente rechazo por el asesinato de nuestro compañero, él estaba haciendo la labor de guarda vía cuando unos tipos llegaron en motocicleta y le propinaron tiros, es por esta razón que nos queremos solidarizarnos con su familia y los demás compañeros“, dijo Jhonson Torres, miembro de la junta nacional del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Colombia.Y es que por estos hechos en varias oportunidades desde el sector se ha hecho el llamado al Gobierno nacional y a las autoridades competentes, para que se refuercen las medidas de seguridad, ya que los trabajadores del campo y las comunidades rurales continúan siendo víctimas de la violencia armada.“Exigimos respeto por la vida y medidas inmediatas por parte del Gobierno y de la Fuerza Pública y de la justicia para detener esta escalada de violencia porque la vida de quienes trabajan en el campo no puede seguir en riesgo“, expresó Claudia Calero, presidenta de Asocaña.Según el sector agroindustrial de la caña de azúcar, con este caso ya son cinco los trabajadores asesinados en lo corrido del 2025, tres de ellos en el Cauca y dos en el Valle, y siete los heridos en diferentes hechos violentos.
Toda una polémica se ha desatado en la ciudad de Cali, por el procedimiento de reasignación de género al que se sometió 'Laura' una menor de 15 años, en la Fundación Valle del Lili, al parecer sin contar con las autorizaciones requeridas. Según el abogado de la familia de la menor, la clínica entre los años 2017 y 2020 inició el tratamiento de cambio de género, luego de una primera consulta de la joven en la que manifestó inconformidad con su cuerpo, desde ese momento se inició un proceso hormonal, al parecer, de manera experimental."A 'Laura' la empiezan a atender antes de que existiera la unidad de género, antes de que los médicos recibieran capacitación por lo tanto, con ese caso cometen muchos errores. La diagnostican de manera apresurada e irregular, le dan testosterona antes de lo que los protocolos permiten, luego cambian a bloqueadores de pubertad para un uso no recomendo y la inducen a que se hagan una cirugía de masculinización pectoral, la cual terminan haciendo", señaló el abogado Pedro Daniel Contreras, representante legal de la familia de 'Laura'.Según el abogado Contreras, este procedimiento se realizó en primer lugar si contar con las capacidades necesarias, pues en ese entonces la clínica no tenía un área de reasignación de género, además, en ningún momento se firmó consentimiento ni de la menor, ni de sus padres."Nos sorprendimos mucho cuando vimos que toda la intervención que se realizó con 'Laura' no tenía consentimiento informado de ella o sus padres. Se lo pedimos a la clínica tres veces, la primera se solicitó la historia clínica, que debería venir con ese documento. Cuando vimos que no llegó, pedimos la historia clínica con anexos y tampoco llegó, y finalmente lo pedimos explícitamente, y tampoco llegó. Me aseguré con 'Laura y sus papás, varias veces les pregunté si habían firmado el consentimiento informado y me dijeron que no", añadió.Blu Radio se comunicó con la Fundación Valle del Lili para conocer su versión de los hechos la cual respondió de manera escrita, señalando que hasta momento no ha sido notificados de la demanda, ycuando se reciba el requerimiento formal se procederá conforme a los procedimientos legales y éticos establecidos. Además, "las intervenciones que se hacen en la institución cuentan con evidencia científica y respectivos consentimientos".
A más de cinco meses de la liberación de Lyan Hortúa, el niño de 11 años secuestrado en Jamundí, Valle del Cauca, su madre, Angie Vanessa Bonilla, rompió su silencio para relatar los aterradores momentos del ataque, la angustia de los 18 días de cautiverio y el profundo impacto que esta experiencia ha tenido en su familia.Todo comenzó la noche del 3 de mayo de 2025. Angie recuerda que estaba en su casa con sus hijos, su hermano y dos empleadas. La tranquilidad se quebró con el grito de su hermano: “¡Corran, que se nos metieron!”.“Mi instinto maternal me corrió por ayuda”, relató Bonilla en una entrevista para el pódcast ‘Más allá del silencio’. Su primer impulso fue alertar a los vecinos. Sin saber que su hijo Lyan estaba en su habitación y no jugando fuera como ella creía, salió corriendo hacia el patio trasero. En su desesperada huida, trepó un muro y cayó en medio de maleza y alambres, sufriendo múltiples heridas que, asegura, no sintió en ese momento por la adrenalina y el miedo.La cruda realidad llegó horas después: al revisar las cámaras de seguridad, confirmaron que Lyan había sido sacado a la fuerza de la casa por hombres encapuchados. “Fue un momento demasiado duro. Sentí mucho miedo de no volverlo a ver”, confesó.La angustia por la incertidumbre llevó a Angie a requerir hospitalización. “Llevaba muchos días sin dormir, sin comer… es un dolor en el alma, te arde”, describió. El único contacto con su hijo fue una videollamada de 20 segundos. “Yo le decía: ‘Hijo, mírame’. Él solo dijo ‘mamá’ y se cortó”.La liberación llegó el 21 de mayo. “Cuando me dijeron ‘tenemos a Lyan’, creo que ese día volví a nacer”, afirmó. Al reencontrarse con él en la clínica, lo abrazó sin soltarlo. “Empecé a tocarlo, le tocaba sus piernas, sus manitos… literalmente sentí que volvió a nacer”. Encontró a su hijo más delgado, callado y con las manos heladas, pero físicamente sano.Bonilla se refirió a las críticas en su contra, que la acusaban de haberse escondido durante el ataque. “Nunca me escondí, al contrario… a mí no me cabía una herida en el cuerpo. Corrí para buscar ayuda”, aseguró.También abordó los rumores que la vinculaban con el narcotráfico debido a una relación pasada con el padre de Lyan, fallecido hace 12 años. “Mi historia es un libro de aprendizaje”, dijo, reconociendo que, siendo muy joven, mantuvo una relación con un hombre que después supo tenía problemas con la ley. Sobre el pago de un rescate, fue enfática: “No señor (...) Ellos siempre tuvieron la intención de regresar a Lyan”.“Esa relación me quedó, mi hijo, que ha sido maravilloso”. Negó rotundamente haber sido testaferro o tener propiedades de grupos ilegales. “¿Tú crees que a mí no me investigaron? Yo fui la primera investigada”. La familia se vio obligada a dejar Colombia, un cambio muy duro para Lyan, quien no pudo despedirse de sus amigos.
La Policía Metropolitana de Cali confirmó la captura de dos presuntos delincuentes señalados de participar en más de diez casos de hurto, entre ellos, el violento robo registrado el pasado 15 de octubre en el barrio San Bosco, en el centro de la ciudad.De acuerdo con las autoridades, los capturados, identificados como alias 'Ministro' y alias 'Nataly', serían los responsables del intento de robo de un vehículo que quedó registrado en video y se hizo viral en redes sociales. Durante el hecho se presentó un forcejeo, y uno de los delincuentes realizó varios disparos al aire. Uno de los proyectiles impactó un bus del sistema masivo MIO, hiriendo a un pasajero.El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello, informó que la ubicación y captura de los sospechosos se logró tras 20 días de búsqueda. Ambos fueron hallados en una zona rural del municipio de Dagua, donde permanecían escondidos.“Este resultado fue posible gracias al trabajo de las unidades de investigación, el apoyo de las cámaras de seguridad y la información ciudadana que permitió su ubicación”, indicó el general Bello.En lo corrido del año, la Policía ha capturado más de 60 ‘motoladrones’ en diferentes operativos realizados en Cali. Según el general Bello, estos delincuentes utilizan motocicletas para abordar a sus víctimas, principalmente conductores de taxis, automóviles y motos particulares, a quienes intimidan con armas de fuego para cometer los hurtos.Entre los delitos atribuidos a la pareja capturada figuran un homicidio cometido el pasado 5 de septiembre en el sur de la ciudad, presuntamente durante un atraco, además de 16 casos de hurto violento.
La cadena logística en Buenaventura vuelve a encender las alarmas. Aunque actualmente la congestión en las vías está controlada, el verdadero problema persiste dentro de los puertos.Las largas demoras en el cargue y descargue de contenedores que tienen a los transportadores esperando entre 120 y 150 horas en promedio, es decir, cinco o seis días detenidos sin operar.Según denuncian desde la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), esta no es una situación reciente. Se trata de una problemática estructural que lleva cerca de tres décadas afectando a los puertos que manejan carga contenerizada de importación y exportación. El panorama es crítico. El camionero llega a Buenaventura, supera bloqueos y dificultades en carretera, pero al ingresar al puerto debe estacionarse a la espera de que le asignen turno para cargar o descargar. Durante ese tiempo no recibe compensación alguna.Las pérdidas son millonarias. Un solo caminero puede dejar de recibir hasta 23 millones de pesos en una semana de inactividad. Si se calcula sobre un promedio de 200 transportadores en la misma situación, las pérdidas semanales superarían los 5.000 millones de pesos.El problema radica en cómo funciona la cadena. Las empresas de transporte de carga contratan a propietarios de tractocamiones para movilizar contenedores por un valor fijo de flete. Sin embargo, cuando las citas no se cumplen o los contenedores no están disponibles, los tiempos de espera se extienden incluso hasta 10 o 15 días. En ese lapso, el conductor debe asumir parqueaderos, alimentación, hospedaje y otros gastos no contemplados inicialmente.“El camionero que está esperando, por la demora de las citas o cuando no reciben en el puerto los contenedores, tiene que pagar una serie de gastos y de costos que no tenían contemplado dentro del primer valor por el cual lo contrataron. ¿Quién responde por esos costos?”, señaló Anderson Quiceno, presidente de la ATC.El llamado al Gobierno es a intervenir de manera estructural, identificar responsables y garantizar el pago justo por los tiempos de espera. Los transportadores piden que el Ministerio de Transporte analice el problema en toda la cadena logística y no solo en navieras o sociedades portuarias. Advierten que mientras no haya una solución integral, los camineros seguirán asumiendo el costo de un sistema que los está afectando sustancialmente.
La crisis del sector salud continúa generando efectos en el Valle del Cauca. Esta vez, los afectados son los habitantes de Guadalajara de Buga y sus corregimientos, tras el anuncio del Hospital San José de Buga, que informó la suspensión temporal de servicios para los usuarios afiliados a EPS Emssanar.A través de un comunicado, la institución señaló que la medida entrará en vigencia a partir del 15 de febrero y obedece a la inviabilidad financiera en la prestación de servicios a dicha EPS. La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, explicó que únicamente se mantendrá la atención en el área de urgencias, y solo en casos que comprometan la vida de los pacientes.“Sigue funcionando urgencias y lo derivado de la urgencia, pero lo ambulatorio que pueda postergarse sin poner en riesgo la vida de las personas se suspenderá. A los usuarios les pedimos paciencia, responsabilidad y un uso racional de los servicios”, señaló la funcionaria.Lesmes también indicó que se adelantan conversaciones con la EPS para buscar una solución que permita restablecer la normalidad en la prestación de los servicios médicos.“En el Valle del Cauca hemos tenido dos episodios graves con Emssanar. Uno de ellos involucra al Hospital San José de Buga. Estamos trabajando con la interventoría regional para encontrar una salida, donde todas las partes tendremos que ceder para evitar la interrupción en la atención a los pacientes”, dijo la secretaria.De acuerdo con las autoridades, la suspensión de servicios impactará a más de 32.000 usuarios de Emssanar en Buga y a más de 42.000 ciudadanos en su zona de influencia.
Momentos de tensión se registraron en la tarde de este viernes en el sector de La Berta, en el corregimiento de La Liberia, zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, debido a una asonada contra tropas del Ejército Nacional. De acuerdo con información preliminar, la comunidad, presuntamente instrumentalizada por las disidencias de las Farc, estaría exigiendo la salida de los militares del territorio.Blu Radio pudo confirmar con la comunidad que, en medio de la situación, varios establecimientos comerciales fueron obligados a cerrar, mientras que a los habitantes que permanecían en el sector se les habría ordenado mantenerse resguardados en sus viviendas. La medida también se habría extendido a sectores aledaños como Villa Colombia, La Cabaña, El Descanso, San Antonio y El Pital.Durante esta semana, la fuerza pública ha venido adelantando operativos en la zona rural de Jamundí con el objetivo de recuperar el control territorial, tras la reciente aparición de vallas y banderas alusivas a las disidencias de las Farc, estructuras vinculadas a alias Iván Mordisco, en corregimientos como San Antonio y San Vicente, hechos que han generado temor entre habitantes y turistas.Cabe recordar que en julio del año pasado también se registró una asonada en los corregimientos de Ampudia y Villa Colombia, en la zona alta de Jamundí. En esa ocasión, cerca de 150 soldados permanecieron retenidos por más de cinco horas.Según reportaron las autoridades en su momento, en los hechos habrían participado aproximadamente 700 personas, presuntamente instrumentalizadas por integrantes del frente Jaime Martínez, quienes exigían a los militares poner fin a la denominada operación “Escudo del Norte”.
La Alcaldía de Cali puso en funcionamiento una nueva Unidad Móvil de Atención en Salud que empezará a operar en la zona de ladera, con el objetivo de acercar servicios médicos a comunidades de difícil acceso.El vehículo fue adquirido a través de un proyecto financiado por la Secretaría de Salud Distrital, con una inversión cercana a los 490 millones de pesos, de los cuales la Red de Salud de Ladera aportó 70 millones.La unidad está dotada con consultorio médico y odontológico, equipos para consulta general, atención dental y jornadas de vacunación. Además, cuenta con planta eléctrica, carpa y una rampa para garantizar el acceso de personas con movilidad reducida.“Con la llegada de esta nueva unidad móvil se fortalece nuestra flota para realizar procedimientos de atención en cualquier punto del territorio, asegurando condiciones adecuadas, calidad en la prestación de los servicios y mayor cobertura para las comunidades que más lo necesitan”, aseguró Diana Carolina Velásquez, gerente de la ESE Ladera.Entre tanto, la IPS Cascajal, en la zona rural de Cali, amplió su capacidad de atención tras un proceso de remodelación. Las obras incluyeron mejoras en infraestructura, dotación médica y adecuaciones complementarias.Con estas intervenciones, las autoridades de salud buscan fortalecer los servicios para cerca de 2.600 habitantes de sectores rurales.