Luego de que la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, en Cali, Valle del Cauca, anunciara que dejará de atender a los pacientes afiliados a la Nueva EPS, debido a una deuda que asciende a cerca de 59.000 millones de pesos, crece la preocupación entre usuarios y autoridades de salud.Según la Asociación de Usuarios del Valle, los más afectados serán los pacientes oncológicos. Cerca de 3.000 personas que adelantaban su tratamiento en esta clínica quedarán, a partir de ahora, en un limbo, sin claridad sobre dónde podrán continuar procedimientos vitales como quimioterapias, radioterapias y yodoterapias."Es una situación muy compleja la que estamos viviendo cientos de pacientes , la salud está en riesgo y más lo que tienen enfermedades oncológicas y no nos brindan respuesta alguna pero vamos a seguir luchando por nuestros derechos”, dijo Sandra Martínez, representante de los usuarios de la Nueva EPS.Esta situación, que podría reiniciar procesos médicos, en muchos casos desde cero, entorpecería la evolución de los tratamientos y romper la continuidad en la atención que los pacientes han construido junto a sus especialistas. "Nosotros vamos hacer todas las denuncias posibles porque caemos en lo mismo, porque es el mismo comú denoninador del país, no hay pagos, entonces es un efecto domino, no hay pago, no entran los recursos y los que terminan en la crisis son los pacientes", manifestó la representante de los usuarios.Con la vida de estos 3.000 pacientes oncológicos en riesgo, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para evitar la interrupción de servicios esenciales en el tratamiento del cáncer, especialmente en la zona norte de la ciudad, donde se encuentra la clínica.
Los damnificados por los atentados terroristas del año pasado en Cali serán exonerados del pago del predial y otros impuestos del Distrito. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que el alivio tributario será para comerciantes y habitantes de viviendas ubicadas en las zonas afectadas por el terrorismo del 2025.Esta iniciativa acogerá a las víctimas de todos los atentados ocurridos en la capital del Valle quienes sufrieron graves daños en sus viviendas y negocios con las explosiones, vecinos de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, y habitantes de los barrios Meléndez, Manuela Beltrán y el sector de Los Mangos."Un acuerdo que exonera del predial, del ICA y de los costos de delimitación de las personas que fueron afectadas durante los ataques terroristas. El año pasado fue un año muy duro para Cali. Tuvimos seis ataques terroristas. Con este acuerdo nosotros logramos ese alivio económico para que las personas que fueron afectadas puedan recuperar sus viviendas, recuperar sus negocios y de esa manera reactivar las zonas que fueron afectadas por estos ataques.", señaló el alcalde Alejandro Eder.Los beneficiarios de estos alivios ya están definidos, teniendo en cuenta el censo de damnificados realizado después de cada atentado. Los beneficios tributarios temporales están dirigidos a propietarios, poseedores y establecimientos de comercio que hayan sufrido afectaciones verificadas, por los atentados del 10 de junio y 21 de agosto de 2025."No tendrán que pagar el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio durante las vigencias fiscales 2026 y 2027. Teniendo en cuenta el Censo Oficial de las Afectaciones emitido por la Secretaría de Gestión del Riesgo, desde la Dirección de Hacienda vamos a implementar esto (0:18) mediante oficio, es decir, las personas afectadas no tienen que aplicar", aseguró John Quinchua, director de Hacienda Distrital.
Tras el accidente de una aeronave tipo ambulancia durante la mañana de este martes 9 de febrero, cuando se encontraba a pocos kilómetros de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, se conocieron las primeras fotos de cómo quedó la avioneta.La aeronave, una PA-34 con matrícula HK-4754, cubría la ruta Popayán – Cali, cuando sufrió el percance aproximadamente a cinco millas del umbral de la pista. A pesar del impacto, la Aeronáutica Civil confirmó que los cuatro ocupantes resultaron ilesos. Entre el personal a bordo se encontraban el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria. Al momento del incidente, por fortuna, no se transportaba ningún paciente.Le puede interesar: Avioneta se accidentó antes de llegar al aeropuerto de Cali: ocupantes salieron vivosEn cuanto al estado de la avioneta, tras el reporte del accidente, se activaron de inmediato los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR) y el Cuerpo de Bomberos para asegurar el área. Personal de la Dirección Técnica de Investigaciones se trasladó hasta el lugar del suceso para realizar las labores de verificación e inspección técnica correspondientes.Sobre causas del accidenteLas autoridades competentes han iniciado las investigaciones bajo los protocolos establecidos para determinar las causas exactas del siniestro y evaluar los daños materiales de la aeronave.Vea en fotos el estado en el que quedó la avioneta:
La Aeronáutica Civil confirmó el accidente de una avioneta en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Según las autoridades, la aeronave cubría la ruta Popayán-Cali y tenía a bordo 4 ocupantes: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria, quienes resultaron ilesos. De acuerdo con la información oficial, la situación involucró una aeronave PA-34, de matrícula HK-4754, operada por la empresa Solair S.A.S., la cual cubría la ruta Popayán–Cali cuando presentó la novedad a varios kilómetros del umbral de pista del principal aeropuerto del suroccidente del país.En el avión se movilizaban cuatro ocupantes, entre ellos el piloto, el copiloto y dos profesionales del sector salud. Las autoridades confirmaron que todas las personas resultaron ilesas, descartando afectaciones físicas tras el incidente.Asimismo, se precisó que la aeronave no transportaba pacientes en el momento del suceso, un dato clave que permitió descartar una emergencia médica asociada al vuelo y concentrar los esfuerzos en la atención del evento operativo.Tras conocerse la situación, la Aeronáutica Civil activó de forma inmediata los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR), los cuales se desplazaron hacia el punto donde se presentó el incidente. A estas labores se sumaron unidades del Cuerpo de Bomberos del aeropuerto, encargadas de asegurar la zona y brindar apoyo preventivo.Las autoridades señalaron que el despliegue tuvo como objetivo principal verificar el estado de la aeronave, garantizar la seguridad de sus ocupantes y evitar riesgos adicionales en el área donde ocurrió el evento.Paralelamente a la atención de la emergencia, personal especializado de la Dirección Técnica de Investigaciones de la Aeronáutica Civil inició el desplazamiento hacia el lugar con el fin de adelantar las labores de verificación e investigación.Este proceso buscará establecer las causas técnicas u operativas que derivaron en el incidente, siguiendo los protocolos nacionales e internacionales de seguridad aérea. Las autoridades aclararon que este tipo de investigaciones no tienen carácter sancionatorio, sino preventivo, y su objetivo es mejorar los estándares de seguridad operacional.Hasta el momento, no se reportaron afectaciones en la operación regular del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ni retrasos significativos en vuelos comerciales como consecuencia directa del incidente.
De acuerdo con la Contraloría, se adelantaron 40 actuaciones de control fiscal en todo el país sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, territoriales y del Sistema General de Regalías, dejando en evidencia sobrecostos, pagos sin soportes y fallas contractuales que afectan directamente la alimentación de miles de estudiantes.La mayoría de las irregularidades corresponden a sobrecostos, que representan $18.106 millones. La Contraloría también detectó pagos sin soportes de ejecución por $2.790 millones, problemas en la ejecución contractual por $2.706 millones e incumplimientos de los lineamientos técnicos del programa por $649 millones.La región Centro Oriente es la más afectada, con nueve hallazgos por $12.363 millones. El caso más grave se presentó en Soacha, donde se evidenció un posible detrimento de $3.550 millones por pagos que superaron los valores realmente ejecutados.En Boyacá, la Contraloría encontró diferencias entre los pagos reconocidos y los cancelados a manipuladoras de alimentos, lo que generó un presunto daño fiscal por $2.010 millones.La Contraloría también alertó por el inicio tardío del PAE en 2026. Según el organismo, cerca de 800.000 estudiantes se verán afectados porque la entrega de alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario académico en 12 entidades territoriales, entre ellas Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.La Contraloría hizo un llamado urgente a los gobiernos locales y al Gobierno Nacional para garantizar la oportuna prestación del servicio y evitar que estas fallas sigan afectando a niños, niñas y adolescentes que dependen del PAE para su permanencia en el sistema educativo.
Seis personas murieron en la madrugada de este lunes en un ataque a tiros en un bar en los suburbios de Río de Janeiro, entre ellos el hijo del director de un periódico regional y una mujer que pasaba por el lugar y resultó herida por una bala perdida, informaron fuentes oficiales.El hecho ocurrió hacia las 0.50 hora local (3.50 GMT) de este lunes en un bar en Nova Iguaçu, uno de los municipios del área metropolitana de esta ciudad brasileña y de la empobrecida y violenta región conocida como Baixada Fluminense.Según testigos, varios hombres armados y encapuchados llegaron en un automóvil, dispararon contra los clientes que ocupaban una de las mesas del bar y huyeron con rumbo desconocido. Los cinco hombres tiroteados murieron en el lugar del ataque.Una de las víctimas, identificada como Julio César Ornelas, de 53 años, es hijo del director y presidente del diario Jornal Hora H, una publicación regional de Nova Iguaçu.Dos mujeres que pasaban por el lugar fueron impactadas por balas perdidas y conducidas al Hospital General de Nova Iguaçu, donde una de ellas, identificada como Ana Cristina dos Santos, de 57 años, murió por la gravedad de sus heridas en la espalda.La otra mujer sufrió heridas sin gravedad en una pierna y recibió el alta este mismo lunes.Los responsables por la Comisaría de Homicidios de la Baixada Fluminense, que asumieron la investigación, dijeron que aún desconocen las causas del ataque.En la región son comunes los enfrentamientos armados y ajustes de cuentas entre las bandas de narcotraficantes y de milicianos (parapolicías) por el control de puntos de ventas de drogas o de negocios ilícitos.
El municipio de El Playón se encuentra en una situación crítica tras el recrudecimiento de la temporada de lluvias, que ha dejado a la zona rural en un estado de vulnerabilidad extrema. El alcalde local, Luis Ambrosio Alarcón López, confirmó que la magnitud de los daños es devastadora para la movilidad del sector agropecuario, señalando que “nuestro municipio fue bastante afectado, especialmente en las vías terciarias, donde tenemos el 80-90% con deslizamientos y derrumbes”. Esta situación, derivada de la ola invernal que enfrenta el departamento, ha forzado la declaración oficial de calamidad pública y emergencia para agilizar la respuesta institucional.La crisis no se limita únicamente al bloqueo de caminos por lodo y piedra, sino que ha escalado a la destrucción de infraestructura vital. El mandatario advirtió que existen puntos críticos donde las crecientes de los ríos incluso han destruido puentes, dejando a la comunidad rural en dificultad para realizar sus desplazamientos básicos.Ante la gravedad del panorama, que se replica en varios municipios de Santander, el mandatario local trabaja para lograr apoyo por parte de la Gobernación y la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, pues son múltiples los tramos de vías que se deben despejar.Mientras llega el apoyo departamental, la administración ya ha desplegado sus recursos técnicos para mitigar el aislamiento de las veredas. Actualmente, tres máquinas del municipio operan sin descanso en sectores estratégicos: una unidad trabaja en la zona de Betania, específicamente en la vereda San José de la Jardina; otra interviene en la zona de San Pedro de la Tigra y Planada de la Rumbazón para destapar los derrumbes en la vereda San Agustín; y una retroexcavadora tipo pajarita se encuentra en la zona de Quinales y San Benito del Rosario. Pese a que estas labores iniciaron de forma inmediata, la demanda de intervención supera la capacidad instalada inicialmente.El alcalde de El Playón anunció que en el transcurso de esta semana se espera la llegada de más maquinaria para acelerar la rehabilitación de los pasos críticos y devolver la normalidad a las familias campesinas que hoy enfrentan los rigores del invierno.
El presidente Gustavo Petro, participará en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) que comienza este viernes en la ciudad alemana del sur del país, al igual que la líder opositora venezolana María Corina Machado, aunque la Premio Nobel de la Paz 2025 intervendrá por videoconferencia.En la capital bávara sí estará presencialmente la hija de Machado, Ana Corina Sosa, informó en una rueda de prensa Wolfgang Ischinger, presidente de este foro internacional, que espera reunir durante los tres días de duración del evento a más de 200 representantes gubernamentales de 120 países, entre ellos, más de sesenta jefes de Estado y de Gobierno.Un total de 15 primeros ministros o presidentes llegarán desde la Unión Europea (UE) o de sus instituciones, como la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.El canciller alemán, Friedrich Merz, pronunciará el discurso de apertura de la Conferencia.De otras regiones viajarán a Múnich el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el primer ministro de Sudán, Kamel Adris; el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi; el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, además de toda una serie de jefes de Estados y de Gobierno y ministros de Exteriores de Oriente Medio.En total habrá más de 65 ministros de Exteriores en Múnich, entre ellos el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, su homólogo chino, Wang Yi, o el titular de la India, Subrahmanyam Jaishankar, además de más de 30 titulares de Defensa y los máximos representantes de más de 40 organizaciones internacionales, incluido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.Ischinger citó cuatro puntos que servirán de hilo conductor a lo largo de la conferencia: en primer lugar, el papel de Alemania en Europa y en el mundo, y en segundo lugar, la cuestión de la capacidad de Europa para imponerse en el futuro con sus propias fuerzas, defender sus propios intereses y hablar con una sola voz.Las relaciones transatlánticas debilitadasUn tercer punto, serán las relaciones transatlánticas, para muchos el tema central de la MSC, agregó su presidente, quien recordó que "han sido la columna vertebral de esta conferencia desde su fundación en 1963, hace más de 60 años, y que (...) actualmente se encuentran en una crisis de confianza y credibilidad considerable".Por parte de EE.UU., acudirá una importante delegación del Gobierno liderada por Rubio, además de más de cincuenta miembros del Congreso, y representantes demócratas como los gobernadores de California, Gawin Nesom, y de Michigan, Gretchen Whitmer, la alcaldesa de Boston, Michele Wu, y la diputada Alexandria Ocasio-Cortez.Por último, el cuarto será la guerra rusa en Ucrania.Zelenski, al frente de la delegación ucranianaEl presidente de la MSC partió de la base que la delegación ucraniana estará encabezada, como en año anteriores, por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y subrayó que entre todas las crisis mundiales, la más importante actualmente también por proximidad geográfica para Europa es la guerra en Ucrania.Anunció que este año, el premio anual que lleva el nombre del fundador de la conferencia, Ewald von Kleist, no se otorgará a una personalidad destacada, sino "al valiente pueblo ucraniano que precisamente en estos últimos días y semanas ha tenido que soportar una carga que sólo puede calificarse de terrorismo" en vista de los continuos ataques contra la infraestructura civil y contra el suministro energético."Con este galardón queremos llamar la atención de la opinión pública internacional sobre el hecho de que Rusia, aunque actualmente actúa como si estuviera dispuesta a negociar, al mismo tiempo está sembrando el terror entre la población civil ucraniana", denunció.
Juan Acevedo, presidente encargado de la central hidroeléctrica de Urrá, ha desmentido categóricamente las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien acusó a la entidad de haber operado por encima de los niveles permitidos, contribuyendo así a las inundaciones en Córdoba. Según Acevedo, el mandatario nacional está haciendo eco de información, que, según él, es "falsa proveniente de redes sociales y grupos ambientalistas"."El presidente está haciendo eco a un escrito, a un audio de unos ambientalistas y eso es totalmente falso. Jamás violamos los niveles máximos permitidos que están regidos por algo que se llama curva guía máxima de operación. Ese audio habla de que Urrá, por la avaricia del dinero, elevó los niveles para tener agua, para vender energía, eso es falso, porque nosotros no incidimos en el precio final de ofertas, no tenemos cómo poner precio", afirmó Acevedo.Sobre la magnitud de las lluvias en Córdoba, Acevedo describió la situación climática como un evento sin precedentes históricos para el mes de febrero."Esto es una situación imprevisible, un hecho sobreviviente. El promedio esperado para el mes de febrero es de 121 m³ por segundo y hoy tenemos promedio de 1.547 m³ por segundo. Ha llovido tanto que si nosotros guardáramos esa agua tendríamos que tener el envase vacío. Ha llovido el equivalente a casi toda el agua embalzada en Urrá. Además. hay que decir que no hay declarada ninguna Niña para el mes de febrero, el cual siempre es un mes seco. Nosotros estábamos en los niveles permitido que nos permitían controlar las avenidas", indicó el presidente de la Hidroeléctria de Urrá.Sobre la responsabilidad y el papel de la hidroeléctricaFrente a las críticas de quienes lo perdieron todo por las inundaciones, Acevedo afirmó que este evento fue natural y no "fue responsabilidad de Urrá"."No se puede perder de vista que esto es un evento natural, no es un evento responsabilidad de Urrá. A nosotros nos pueden indagar todo el daño, pero este es un evento natural y no se le puede achacar a Urrá lo que está sucediendo de manera total. La central ha sido capaz de amortiguar el 97% de las crecientes que hemos tenido llegando al embalse desde que estamos en operación. A nivel de estructura existe cero riesgo. Las estructuras de la central son sólidas, son seguras", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
En el sector del Jarillón, del municipio de Cartago, Valle del Cauca, recientemente fueron encontrados sin vida los cuerpos de dos mujeres que, al parecer, serían los de María Camila Salazar y Paola Giraldo, quienes se encontraban desaparecidas desde el pasado 03 de febrero.Los restos fueron hallados por familiares de estas jóvenes, quienes adelantaban la búsqueda en el sector donde fue abandonada la motocicleta en la que ambas se movilizaban, la cual apareció a un costado de la vía, oculta en un plástico.El hallazgo fue confirmado por la Policía del Valle del Cauca a través de un comunicado."Las autoridades judiciales adelantan los actos urgentes, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este hecho", indica la institución.Las autoridades adelantan la búsqueda de testimonios y recolección de pruebas para determinar quiénes serían los responsables de este crimen, teniendo en cuenta que no es el primer caso de desapariciones de jóvenes ocurrido en el municipio."Estamos a la espera de confirmación de identidades de cuerpos encontrados en el jarillón. Lamentamos profundamente que estos hechos se sigan presentando, y pedimos a las autoridades competentes esclarecer estos casos. Acompañamos las familias desde primer momento", indicó el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita a través de sus redes sociales.Por otra parte, la violencia no solo afectó al municipio de Cartago, pues otro doble homicidio se registró en El Cerrito, específicamente en el corregimiento de Santa Elena, ahí fueron asesinados Didier Arias Espinoza, de 38 años y Mayra Alejandra Ortega, de 29 años de edad, cuando hombres armados los atacaron a disparos al interceptar la camioneta en la que se movilizaban.
Las autoridades colombianas detuvieron a Disney Stiven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe, dos líderes de la banda transnacional 'La empresa', que son requeridos por Chile por los delitos de "asociación delictiva y lavado de dinero", informaron este domingo fuentes oficiales.El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, señaló que detuvo por notificación roja de la Interpol a los dos criminales en el municipio de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste)."Ambos serían cabecillas criminales de 'La Empresa', una organización criminal transnacional dedicada al gota a gota (préstamos ilegales) en Chile, donde amenazaban, hostigaban y amedrentaban a sus víctimas para imponer el cobro ilegal", agregó el funcionario.Esta forma de préstamo consiste en conceder créditos con altos intereses y suelen ir sujetos a amenazas, coacciones o incluso agresiones en caso de que los pagos no se hagan en el plazo establecido.Tras la detención, el ministro señaló que "en Colombia no hay escondite para quienes viven del delito". "Seguimos trabajando con nuestros aliados para cerrarles el cerco, proteger a las personas y defender la legalidad", precisó el jefe de la cartera de Defensa.
Cinco días de incertidumbre total completan las familias de María Camila Salazar Cano y Paola Giraldo Castaño en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, tras su desaparición el pasado 3 de febrero, cuando salieron juntas hacia una clínica del municipio, donde iban a encontrarse con un familiar, y desde entonces se perdió su rastro.Hoy todos los esfuerzos de las autoridades en el norte del departamento están enfocados en encontrar sanas y salvas a las jóvenes. Por esta razón, se han ofrecido 25 millones de pesos como recompensa por información que permita ubicarlas en el menor tiempo posible.Las jóvenes, de 24 y 26 años, se movilizaban en una motocicleta el día de su desaparición, la cual fue encontrada horas después abandonada en una calle del municipio de Cartago junto a uno de los cascos de las mujeres, cubierta con plásticos negros.Hay que tener en cuenta que en este municipio del Valle del Cauca en los últimos años se han registrado desapariciones de jóvenes, la mayoría de ellos menores de edad. Situación que agiliza aún más la búsqueda de estas mujeres.
En inmediaciones del río Yurumanguí, en zona rural de Buenaventura, tropas de la Armada Nacional y del Ejército se encontraron con cinco personas que al parecer formaban parte de la columna Alex Guerrero, de la disidencia Jaime Martínez, que delinque en este sector; tres de ellos eran adultos y dos menores de edad, quienes habían sido víctimas de reclutamiento forzado.Los adultos, que eran dos hombres y una mujer, con edades entre los 27 y 36 años, manifestaron su intención de abandonar el grupo armado e iniciar la ruta de sometimiento a la justicia. Ahí también hicieron entrega de un importante arsenal que incluía un artefacto explosivo. Los menores recuperados fueron atendidos y revisados por paramédicos para verificar su estado de salud."Durante la acción, se activaron de inmediato los protocolos de protección y restablecimiento de derechos para los menores, garantizándoles a todos los involucrados la atención humanitaria, primeros auxilios y el respeto por los derechos humanos. Se incautaron siete fusiles, dos pistolas, más de 1,400 cartuchos de diferentes calibres, un artefacto explosivo improvisado y equipos de comunicación", señaló el coronel Jorge Enrique González, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4.Los menores y los ahora desmovilizados fueron trasladados al casco urbano de Buenaventura; mientras tanto, las tropas siguen desplegadas en la zona rural de este distrito, para contrarrestar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales.
Los trece candidatos vallecaucanos del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes llegaron este domingo a la sede de la Registraduría de Cali, al sur de la ciudad, para refrendar el listado que valida su candidatura para las elecciones legislativas del próximo ocho de marzo.Este listado no tendrá cambios, ya que seguirán basándose en el mismo orden de los resultados de la consulta interna realizada en octubre pasado. La única modificación para que esta inscripción sea válida está en el hecho de ser presentada únicamente por el partido político.Esto teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral revocó el listado hace unos días, al considerar que se había superado el umbral del 15% de votos en las elecciones legislativas del 2022, por lo que ya no podían inscribirse como coalición con la Colombia Humana."El Pacto Histórico tendrá su lista a la Cámara por el Valle y en todos los departamentos de Colombia. Hemos dispuesto todas las condiciones para que ninguno de la lista quedara por fuera, así que lo que prevalece es la unidad", señaló el representante a la Cámara Alfredo Mondragón.Estos son los candidatos que conforman el listado a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico: el congresista Alfredo Mondragón, la exconcejal Ana Erazo, el exalcalde de Sevilla Jorge Palacio, Isabel Vera, Carlos Arizabaleta, Paola Quiñonez, Daniel Martínez, Isabel Olaya, Cristóbal Caicedo, Nancy Denise Castillo, Jersaín Ríos, Natalia Córdona y Andrés Escobar Ruano."Esta lista está más firme que nunca, no solo vamos por cinco curules, sino por más, seis, siete, por todas. Estamos aquí para ratificar que quienes estaban felices con la decisión del CNE hoy tienen miedo, porque que los vamos a derrotar en las urnas", aseguró la candidata y exconcejal de Cali, Ana Erazo.
La Alcaldía de Santiago de Cali anunció una nueva medida para mejorar la seguridad en la ciudad. Se trata de una recompensa de hasta 20 millones de pesos para las personas que entreguen información confiable sobre lugares donde se guarden, fabriquen o vendan armas de fuego de forma ilegal. Con esta estrategia, la administración busca que la comunidad ayude a las autoridades a prevenir delitos y a reducir la violencia."Pedimos la colaboración de la ciudadanía, para ubicar los lugares donde se venden o donde se alquilan arma que utilizan estos delincuentes que quieren atemorizar a la ciudad", dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali. Esta decisión se tomó porque el uso de armas ilegales sigue siendo una de las principales causas de hechos violentos en la ciudad. Cuando estas armas circulan libremente, aumentan los riesgos de robos, homicidios y otros delitos que afectan directamente a la comunidad.Según cifras de la policía Durante el año 2025, incautaron 1.327 armas de fuego, evitando que muchas de ellas fueran usadas para cometer delitos. Además, 6.704 personas fueron capturadas de las cuales 1.038 fueron detenidas por portar armas de fuego de manera ilegal.La Alcaldía recordó que la información entregada será manejada con total reserva, son dos lineas de teléfono que estarán habilitadas durante las 24 horas
Los habitantes del barrio Las Mercedes, ubicado en la cabecera del municipio de Suárez, norte del Cauca, fueron sorprendidos esta mañana por una fuerte explosión. Según la comunidad, en medio de bolsas de basura, abandonadas cerca de un sector conocido como La Virgen, fueron instaladas dos cargas explosivas para atacar a las patrullas del Ejército y la Policía que recorren las calles del pueblo. Uno de los artefactos explotó, anticipadamente, causando daños en ventas de algunas viviendas y a una motocicleta que estaba parqueada en el sector.Minutos después de la explosión, la Alcaldía de Suárez publicó un comunicado pidiendo a los habitantes del pueblo tomar medidas de precaución para sus desplazamientos. “La Alcaldía de Suárez expresa su profunda preocupación y rechazo por la presencia de artefactos explosivos en el centro de la cabecera municipal, transitado diariamente por la población civil”, se lee en el comunicado.Además, la Alcaldía Municipal advirtió que este tipo de situación ponen en grave riesgo la vida, la integridad y la tranquilidad de la ciudadanía, en especial de niño, niñas, adultos mayores y demás personas que nada tienen que ver con el conflicto. Por esta razón pidió a los grupos armados respectar el Derecho Internacional Humanitario.Allí, en Suárez, el pasado 14 de enero se registró un ataque con drones, cargados con explosivos, contra la estación de Policía de Suárez, Cauca. Ese suceso terrorista, afortundamente, no dejó policías ni civiles heridos.
Desde el Congreso de la República se abrió el debate sobre el alto costo de las multas por infracciones de tránsito en Colombia, una situación que, según líderes regionales, afecta de manera desproporcionada el bolsillo de los ciudadanos sin garantizar una mayor protección de la vida en las vías.Desde Cali, Gustavo Orozco, secretario de Movilidad, hizo un llamado a los congresistas para que lideren una discusión nacional que permita replantear el valor de las sanciones, argumentando que proteger la vida, educar y corregir conductas no debe implicar el cobro de sumas excesivas.“Las multas por infracciones de tránsito en Colombia son excesivamente caras. Por eso hoy estoy acá en el Congreso porque desde Cali queremos pedirles que se apropien de la conversación y lideren la protección por la vida y además por el bolsillo de los colombianos. Las multas este año también subirán junto con el aumento del salario mínimo. Y así lo hiciesen, el costo de una infracción de tránsito puede ser el equivalente a los ingresos totales de una persona durante todo un mes o aún más. No es justo sacrificar lo que una familia destina para su comida, para la educación de los hijos, para arriendo porque las multas sean caras”, dijo el secretario.Actualmente, infracciones como no portar el SOAT, la revisión técnico-mecánica o la licencia de conducción pueden costar cerca de un salario mínimo, mientras que el exceso de velocidad equivale aproximadamente a la mitad de ese ingreso. La situación se vuelve más crítica segun el secretario de movilidad, si se tiene en cuenta que más del 45 % de los colombianos gana menos de un salario mínimo, lo que hace que estas multas sean impagables para una gran parte de la población.“Muchos reciben multas porque se equivocan, otro tanto porque se rehúsan a respetar la ley. Para los primeros es un castigo excesivo, para los segundos en muchos casos es irrelevante porque ni siquiera las pagan. Hoy por no tener SOA, técnico mecánica o licencia se debe pagar aproximadamente un salario mínimo entero, por exceso de velocidad la mitad. Colombia necesita orden, sí, pero un orden que salve vidas, no uno que castigue reventando el bolsillo.”, explicó el funcionario público.Finalmente, Orozco propuso al Congreso reducir el valor de las multas y modificar el mecanismo de aumento anual, señalando que en países con vías más seguras las sanciones suelen equivaler al ingreso de entre uno y cinco días, además de indicar que el país necesita normas que salven vidas sin castigar de manera excesiva a los ciudadanos.
Tras una reunión realizada en Bogotá entre varios gobernadores del país y el Ministerio de Hacienda, los mandatarios regionales expusieron sus preocupaciones frente al decreto de emergencia económica y el impacto que tendría el incremento del impuesto a licores y cigarrillos en las finanzas territoriales.La gobernadora explicó que este gravamen afectaría directamente las rentas departamentales, recursos que se destinan a garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte. Advirtió que una disminución en estos ingresos pondría en riesgo programas esenciales como el PAE, el transporte escolar y el régimen subsidiado de salud.“Yo creo que todos los gobernadores nos sentimos aludidos en un tema que me pareció de mal gusto, decir que es que nuestra nación es unitaria y centralizada, y nosotros somos unitaria, descentralizada, con autonomía regional, con unas rentas cedidas que constitucionalmente están establecidas, que esas rentas cedidas van para poder fortalecer y darle la posibilidad a nuestros ciudadanos de los derechos fundamentales que son la salud, la educación y el deporte”, dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.Como resultado del encuentro, la mandataria anunció que los gobernadores participarán en una mesa técnica con el fin de analizar el comportamiento de los tributos. Además, informó que se elevará una solicitud ante la Corte Constitucional para establecer una salvaguarda frente a las medidas que afectan las rentas por licores y cigarrillos.“Vamos a atender la invitación del ministro de hacer una mesa técnica para poder evaluar los tributos, cómo van disminuyendo y si en un momento determinado tienen que salvaguardar, porque quien va a definir esto es la Corte Constitucional. Esta es una medida que acabamos de tomar, de tomar la decisión de que vamos a solicitar a la Corte Constitucional de que nos genere una salvaguarda para el tema de licores y una protección temprana para el tema de licores y el tema de cigarrillos.”, expresó Toro.Finalmente, la gobernadora del Valle del Cauca alertó que las rentas provenientes del cigarrillo ya registran una caída cercana al 40 %, principalmente por el contrabando, una actividad que además fortalece estructuras criminales y agrava los problemas de seguridad. En el caso del Valle del Cauca, la medida también se traduciría en un fuerte aumento para los consumidores, con una botella de aguardiente de 750 ml que pasaría de $39.300 a $65.200, y el ron de $51.300 a $82.800.