El hecho que se presentó en la vereda Alto Semisa del municipio de Puente Nacional, Santander, fue controlado sin afectar el poliducto, tras un incidente en la infraestructura de Cenit que provocó un incendio de diésel y la propagación del fuego hacia una zona forestal.De acuerdo con Ecopetrol, la explosión fue ocasionada por recipientes ilegales usados para el almacenamiento de hidrocarburo hurtado, “la compañía rechaza las acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, que generan graves consecuencias al medioambiente y afectan el desarrollo económico del país”, comunicó la empresa colombiana de Petróleo.Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales.Dentro de las acciones tomadas por las autoridades en el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), se aseguró la zona por parte del Ejército Nacional, también se desplegó un equipo multidisciplinario para desmantelar la válvula ilícita instalada por terceros desconocidos en el ducto y por la cual se hurtaba el combustible almacenado.Además, se dispuso de manera preventiva un punto de control en la Quebrada la Honda en la vereda Alto Semisa. Los bomberos de Barbosa en colaboración con los de Tunja y Tocancipá controlaron el incendio que no afectó el poliducto.La recomendación por parte de Cenit a la comunidad es a que no se acerquen al lugar de los hechos hasta tanto culminen las labores de atención y reparación.
La situación de orden público en Norte de Santander cerró 2025 con un balance alarmante. En pleno fin de año, mientras gran parte del país celebraba, en el Catatumbo se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, dejando miles de víctimas atrapadas en el fuego cruzado. El recrudecimiento de la violencia volvió a poner en duda la efectividad de la política de paz del Gobierno nacional.En entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre, el alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, describió un panorama crítico y lanzó una de las frases más contundentes del diálogo: con el ELN, aseguró, “ya no existe ninguna negociación”, una afirmación que reavivó el debate sobre la estrategia del presidente Gustavo Petro frente a los grupos armados ilegales.Crisis de seguridad en el CatatumboNiño detalló que desde el 16 de enero se desató una confrontación directa entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Las cifras son dramáticas: “A hoy, 84.000 desplazados, más de 23.000 personas confinadas y aproximadamente 300 personas asesinadas”, explicó al aire.Según el consejero, la disputa territorial se libra en medio de la población civil. “Los grupos queman las casas del contrario o las casas de los civiles que creen cercanos a los contrarios”, relató, al tiempo que confirmó casos de reclutamiento forzado y ataques con drones. Municipios como El Tarra y Filogringo siguen siendo los más golpeados por los combates.Luis Fernando Niño asegura que ya no existe negociación con el ELNUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación del diálogo con el ELN. Niño fue categórico: “En este momento con el Ejército de Liberación Nacional ya no existe ninguna negociación, solo preavisos de parte del Gobierno y del ELN”.Aunque reconoció que con el Frente 33 aún hay una mesa abierta, advirtió que sin un cese real de hostilidades cualquier intento de negociación pierde sentido. “Lo que pedimos de inmediato es que haya un cese de hostilidades”, subrayó, dejando entrever críticas a lo que considera una actitud permisiva frente al accionar armado.Norte de Santander atrapada en el fuego cruzadoEl consejero también defendió el rol de la fuerza pública, aunque admitió sus limitaciones. “Los combates se están dando en medio de la población civil, al lado de las escuelas y de las casas”, afirmó, señalando que el Ejército y la Policía actúan con cautela para no violar el derecho internacional humanitario.Para Niño, la prioridad sigue siendo proteger a las comunidades, pero insistió en que la falta de resultados con el ELN evidencia una política que, según él, ha sido condescendiente. Mientras tanto, el Catatumbo continúa pagando el costo más alto de una guerra que no da tregua.
Un incremento significativo en la movilización de pasajeros se registró en las últimas horas en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, de acuerdo con el balance entregado por su gerente, Jaime Pérez, quien destacó que la cifra superó las proyecciones iniciales para esta temporada.Según informó el directivo, durante el martes 30 diciembre salieron de la terminal un total de 14.407 pasajeros, que se movilizaron en 874 vehículos, una cifra superior a la registrada para la misma fecha del año anterior, cuando se reportaron aproximadamente 13.200 viajeros. El aumento, señaló Pérez, refleja una mayor confianza de los ciudadanos en el uso del transporte legal y formal.“El flujo de pasajeros fue mayor al esperado y permitió que todas las rutas programadas se despacharan sin contratiempos. Las empresas de transporte cumplieron sus expectativas operativas”, indicó el gerente de la terminal.Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica y Cúcuta, así como las rutas internas del departamento de Santander. Dentro de estas últimas, las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez fueron las más visitadas por los viajeros.La Terminal de Transportes de Bucaramanga opera con normalidad, aunque con un flujo de pasajeros menor este 31 de diciembre. Algunas empresas realizarán despachos hasta las 4:00 p.m. o 5:00 p.m.; sin embargo, la administración reiteró que la terminal mantiene una operación constante, teniendo en cuenta que presta servicio de manera continua y no cierra sus puertas al público.Entre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de pasajeros se destacan la presencia permanente de un CAI de la Policía Nacional, planes operativos de control, revisión técnica de los vehículos y pruebas de alcoholemia a todos los conductores antes de iniciar cada recorrido.Finalmente, el gerente hizo un llamado a los usuarios para que adquieran sus tiquetes directamente en las taquillas autorizadas, utilicen únicamente transporte legal y cumplan con las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional. En especial, reiteró la importancia de portar la documentación requerida para el desplazamiento de menores de edad, atender las recomendaciones de salud para viajes largos y cumplir con los requisitos exigidos para el transporte de mascotas, con el fin de garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
En un giro inesperado dentro del panorama administrativo de Santander, la junta directiva de Neomundo designó formalmente a Julián Díaz Zambrano como su nuevo gerente general. El nombramiento se produce apenas una semana después de la renuncia irrevocable de Tomás León, quien permaneció en el cargo solo 54 días.Díaz Zambrano, quien hasta hace poco lideraba la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga, llega al centro de convenciones más importante del nororiente colombiano en un contexto de recomposición de fuerzas políticas entre la administración municipal y la Gobernación de Santander.La salida de su predecesor, Tomás León, estuvo rodeada de controversia. León, cercano a la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus, dimitió argumentando presiones políticas derivadas de la reciente victoria de Cristian Fernando Portilla en las elecciones atípicas de la ciudad. Según León, la nueva mayoría en la junta directiva, alineada con la Alcaldía, buscaba estructurar su salida tras evaluar su corta gestión.Con este cambio, la Alcaldía de Bucaramanga recupera el control de la entidad de economía mixta, posicionando a Julián Díaz, una figura de confianza del sector administrativo local y cercano a la exgestora social Paula Ramírez.Tras su posesión, Julián Díaz enfatizó que su prioridad será consolidar a Neomundo como el epicentro del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en el país."Uno de los principales retos es convertirnos en el centro de convenciones del nororiente colombiano que reciba la mayor cantidad de eventos y apoye la promoción de la cultura y el turismo", afirmó el nuevo gerente.Entre los principales retos para el próximo año está la gestión para lograr la capitalización necesaria para la fase dos del centro de convenciones; aprovechar la reciente ampliación del Gran Salón (capacidad para 2.520 personas) para atraer congresos internacionales; y articular esfuerzos con hoteles, agencias de viajes y transporte para fortalecer a Bucaramanga como ciudad destino.
Un violento ataque armado acabó con la vida de Braz Alexandrino Ferreira Júnior, empresario del sector de los combustibles, la tarde del lunes 29 de diciembre en el municipio de Moreno, en el Gran Recife, Brasil. El crimen ocurrió frente a la entrada de una finca ubicada a un costado de la carretera BR-232 y quedó registrado por una cámara de seguridad del lugar.De acuerdo con las imágenes, la camioneta en la que se movilizaba la víctima se detuvo en un camino de tierra. En ese momento, una mujer que viajaba como copiloto descendió del vehículo, pero al percatarse de la presencia de los atacantes regresó de inmediato al interior. Segundos después, dos hombres salieron de una bodega cercana y abrieron fuego de manera directa contra el automotor.Los disparos impactaron principalmente la ventanilla del copiloto y la luneta trasera. En el video se observa que los agresores estaban fuertemente armados, portaban pistolas y armas largas, llevaban chalecos antibalas y tenían el rostro cubierto con máscaras; uno de ellos también usaba gorra. Tras el ataque, la camioneta aceleró para abandonar el lugar, mientras los delincuentes huyeron en sentido contrario por la vía.Braz Alexandrino Ferreira Júnior, de 51 años, fue trasladado de urgencia al Policlínico Beiró Uchôa, en Moreno, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. La mujer que lo acompañaba resultó ilesa y su identidad no ha sido revelada por las autoridades. Debido a los vidrios polarizados del vehículo, no se ha podido confirmar si había más personas en su interior.Al sitio del crimen acudió el Grupo de Trabajo de Homicidios, que adelantó las primeras diligencias judiciales y recopiló un arma que, según el informe preliminar, estaba en poder de la víctima al momento del ataque. La Policía Civil confirmó que el caso fue registrado formalmente como homicidio.Las autoridades informaron además que uno de los presuntos implicados, un hombre de 26 años, fue capturado y permanece bajo custodia en un centro hospitalario. No se han entregado detalles sobre las circunstancias de su captura ni sobre las lesiones que presenta. Tras cumplir los procedimientos administrativos, el sospechoso será presentado ante una audiencia de custodia y quedará a disposición de la justicia.
La decisión se produjo tras el estudio de una acción de tutela presentada por Ariel, quien denunció que la plataforma web del Ejército no le permitió inscribirse para definir su situación militar, ya que el sistema solo contempla los marcadores de género masculino y femenino.Ante esta limitación, esta persona tuvo que registrarse como mujer para poder continuar el trámite. Para la Corte Constitucional, ninguna persona debería verse forzada a desconocer su identidad de género para acceder a un trámite estatal.En su fallo de tutela, el alto tribunal recordó que la identidad de género protege “la garantía de ser y existir, tanto a nivel individual como social”.El alto tribunal fue claro en señalar que la ausencia del marcador de género ‘no binario’ en los sistemas del Ejército no es un asunto menor, sino una manifestación de inacción institucional que excluye a quienes no encajan en esquemas tradicionales.Por eso la Corte ordenó al Ejército ofrecer disculpas por escrito a Ariel y adelantar las gestiones necesarias para que en todas sus bases de datos se reemplace su marcador de género por “NB” o “no binario”.Además, dispuso que la entidad adecúe sus formularios, plataformas y procedimientos administrativos para incorporar de manera obligatoria esta categoría.El fallo también reconoce que estos ajustes requieren la atención con la Registraduría, entidad que administra la información de sexo o género en el registro civil y la cédula de ciudadanía.
Los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA), empresa propiedad del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), se declararon en asamblea permanente, luego de varias semanas de negociaciones fallidas entre la directiva de la compañía y los representantes sindicales.Según el sindicato, la empresa no ha mostrado voluntad para llegar a acuerdos que garanticen mejores condiciones laborales a cerca de 3.500 trabajadores, muchos de los cuales prestan sus servicios a la electrificadora pero se encuentran tercerizados. Entre las principales exigencias se destaca la vinculación laboral directa, el respeto a los derechos convencionales y el fin del uso excesivo de empresas contratistas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores del sector eléctrico, explicó que el proceso de negociación colectiva se encuentra estancado.“La filial de EPM se encuentra en negociación colectiva. Son 10 sesiones y vamos en la número 8. Durante estas reuniones, la compañía se ha abstenido de negociar las propuestas presentadas en el pliego de peticiones, lo que constituye una negativa encubierta a negociar”, afirmó. Roncancio señaló que esta situación ha llevado a los trabajadores a recurrir a la asamblea permanente y a contemplar la huelga como un mecanismo legítimo de diálogo.“La empresa hace un uso desmedido de compañías contratistas para desarrollar actividades propias de la electrificadora. Estas personas deberían ser contratadas directamente por la empresa, con contratos a término indefinido. Esta intermediación excesiva debilita la convención colectiva y genera condiciones laborales precarias, afectando el salario y la estabilidad de cientos de trabajadores”, agregó.Los trabajadores reiteraron que su principal petición es que la Electrificadora de Santander cumpla con la contratación directa de este personal y respete los acuerdos colectivos, garantizando condiciones laborales dignas para quienes sostienen la operación del servicio de energía en el departamento.Por ahora, el proceso de diálogo continúa sin avances significativos, mientras la asamblea permanente se mantiene como medida de presión en defensa de los derechos laborales.El asesor legal hizo un llamado a retomar el diálogo, avanzar hacia acuerdos de manera respetuosa y asumir la negociación con seriedad y compromiso.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 30 de diciembre de 2025:Fabio Arias, presidente de la CUT, habló sobre el aumento del salario mínimo.Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, se pronunció sobre el salario mínimo para 2026.María Elena Ospina, presidenta de ACOPI, profundizó sobre las consecuencias del aumento del salario mínimo.Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional, comentó sobre los impactos del aumento del salario mínimo.Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se refirió al el aumento del salario mínimo.Mauricio Cárdenas, economista, exministro de Hacienda y precandidato presidencial, dio detalles de los efectos que tendrá el aumento del salario mínimo.Escuche el programa completo aquí:
La tripulación del petrolero que huyó de las fuerzas de EE.UU. en aguas del Caribe pintó una bandera rusa en el casco del navío en un aparente intento de lograr protección de Moscú para escapar de Washington, según informaron este martes dos funcionarios estadounidenses a The New York Times.La Guardia Costera de EE.UU. realizó una "persecución activa" el pasado domingo 21 de diciembre para intentar interceptar al tanquero con bandera panameña Bella 1, sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por supuestos vínculos con Irán.Según explicó el Times, durante la huida los tripulantes del Bella 1 pintaron una bandera rusa, y ahora reclaman la condición de rusos para escapar de EE.UU..Además, el barco parece haber cambiado su ruta hacia el noroeste, alejándose del mar Mediterráneo. Los funcionarios apuntaron que podría dirigirse a Groenlandia o Islandia y apostaron por que no llevaba carga.Un funcionario estadounidense consultado por EFE aseguró que la embarcación estaba "enarbolando una bandera falsa" y se encontraba "bajo una orden judicial de incautación" mientras traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana.Este buque, que habría sido avistado por las fuerzas estadounidenses de camino a cargar petróleo en Venezuela, es el tercero que Washington busca interceptar en el marco de la campaña de presión del presidente, Donald Trump, al líder venezolano, Nicolás Maduro.El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba.Días después, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre Nicolás Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.Desde agosto, EE.UU. mantiene un amplio despliegue militar dentro de una campaña antidrogas en la que ha destruido a unas 30 lanchas al parecer vinculadas con el narcotráfico y asesinado a más de un centenar de sus tripulantes.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander reveló presuntas fallas contractuales y operativas en el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, tras la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A., que finalizó en enero de 2025.De acuerdo con el ente de control, luego de un seguimiento institucional a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), se identificaron al menos 14 presuntas irregularidades relacionadas con la administración, operación y recaudo del peaje, las cuales habrían surgido tras asumir la Gobernación la operación directa del punto de cobro.La actuación preventiva de la Procuraduría inició a raíz de quejas presentadas por una veeduría ciudadana, que alertó sobre la suscripción de contratos directos y la presunta deficiencia en los servicios prestados desde enero de este año.Durante más de tres meses, la Procuraduría realizó visitas de inspección, solicitó información contractual y adelantó mesas técnicas con las entidades involucradas, en las que se advirtieron riesgos jurídicos y administrativos. Según el informe, algunos de los contratos y convenios podrían desconocer el marco normativo vigente en materia de contratación pública.Entre los hallazgos se encuentran posibles elusiones a los procesos de selección objetiva, deficiencias en la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), omisiones en la prestación de servicios esenciales y presuntas irregularidades en la tercerización de funciones.Asimismo, el ente de control evidenció la falta de conceptos ministeriales, posibles usurpaciones de funciones y otras situaciones que motivaron la activación de la función disciplinaria, con el fin de establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.La Procuraduría indicó que continuará con el seguimiento al caso para garantizar la protección de los derechos colectivos, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el correcto funcionamiento del peaje La Punta, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias correspondientes.Cabe anotar que habitantes de la Mesa de Los Santos han protagonizado protestas y mantenido durante semanas las talanqueras del peaje La Punta levantadas en reclamo por la falta de inversión en las vías.
La empresa Cenit adelanta una investigación para determinar las causas de un incendio registrado en una línea de transporte de hidrocarburos, en el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.La emergencia se presentó tras un incidente en la infraestructura que transporta diésel, lo que generó inicialmente un incendio de hidrocarburos y, posteriormente, un incendio forestal que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades locales.De inmediato se activaron los protocolos de atención y al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de Cenit y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de mayor cobertura vegetal.David Márquez, comandante de Bomberos de Barbosa, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 5:47 p.m. de este 30 de diciembre y que, tras la llegada de las unidades, se evidenció que el fuego se originó en una de las tuberías que atraviesa el sector.Según indicó, por razones técnicas y para evitar un mayor derrame de hidrocarburos, se tomó la decisión de permitir que el combustible se consumiera de manera controlada durante varias horas.Hacia las 11:00 p.m., el incendio forestal ya se encontraba completamente liquidado y personal de Cenit asumió el control del tramo afectado, realizando el respectivo acordonamiento de la zona. Asimismo, el Ejército Nacional mantiene presencia en el lugar para garantizar la seguridad y restringir el acceso mientras avanzan las labores técnicas.Aunque en el sector hay viviendas cercanas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones directas a las casas. Sin embargo, el incendio sí causó daños en algunos cultivos aledaños.Cenit informó que su personal especializado será el encargado de establecer las causas exactas del incidente, mientras continúan las labores de limpieza, evaluación ambiental y monitoreo del área afectada, la cual permanece acordonada como medida preventiva.
A pesar de los balances entregados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y las cifras que muestran reducciones porcentuales en diversos crímenes, lo cierto es que la comunidad de la capital santandereana se mantiene con incertidumbre debido a los casos de muertes violentas en el área metropolitana.En las últimas horas, la capital de Santander fue escenario de un cruento homicidio bajo la modalidad de sicariato en el barrio La Joya y un doble atentado con arma de fuego en el barrio Girardot, este último acompañado del hallazgo de panfletos extorsivos.En el primer caso la tranquilidad del barrio La Joya, en el occidente de la ciudad, se rompió por una ráfaga de disparos. Luis Carlos Lucena, de 43 años y conocido en el sector como ‘Lucho Simpson’, salía de un micromercado cuando fue atacado.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Lucena se disponía a encender su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos en un vehículo similar. Sin mediar palabra, el parrillero descargó su arma de manera letal.El informe forense reveló que la víctima recibió un total de 11 impactos: cuatro en la cabeza, tres en el brazo izquierdo y cuatro más en la espalda. La sevicia del ataque no dio margen de auxilio; Lucena falleció de forma instantánea sobre el asfalto.La víctima acumulaba un extenso historial en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, fuga de presos y violencia intrafamiliar. Los investigadores manejan como principal móvil un ajuste de cuentas.Posteriormente, en la carrera 13 con calle 24 del barrio Girardot, dos hombres, identificados como José Murillo Sandoval (50 años) y Mario León (62 años), fueron atacados mientras se encontraban en la vía pública. Los agresores, al igual que en el caso de La Joya, operaron desde una motocicleta. El parrillero abrió fuego indiscriminadamente, hiriendo a Murillo en el abdomen y brazo, y a León en su pierna derecha.El detalle que preocupa es que en medio de la escena fueron hallados dos panfletos con contenido extorsivo dirigidos, al parecer, a los comerciantes de la zona.Las autoridades investigan ahora si las víctimas eran el blanco directo de una retaliación por el no pago de “vacunas” o si el ataque buscaba sembrar terror para presionar el recaudo ilegal en el sector. Ambos heridos permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS).Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto a estos panfletos, pero extraoficialmente se conoció que se abrió una investigación para dar con el paradero de los responsables.
En el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander, se registró una emergencia ambiental y operativa luego de un incidente en las líneas de hidrocarburos de la empresa CENIT, el cual provocó un incendio de diésel y posteriormente un incendio forestal que generó alarma entre la comunidad y las autoridades locales.Tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias. Al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de CENIT y los Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia áreas habitadas y zonas de mayor cobertura vegetal.De manera paralela, la empresa CENIT desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales, con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida.Las autoridades informaron que, aunque la situación se encuentra bajo control, se mantiene la vigilancia permanente en el sector para descartar posibles reactivaciones del fuego y prevenir nuevos riesgos para la población.Por ahora, las causas del incidente son materia de investigación, mientras los organismos competentes avanzan en la recolección de información técnica que permita establecer el origen de la emergencia y las responsabilidades correspondientes.
Un fuerte cruce de declaraciones se registró entre el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por la responsabilidad y entrega del tramo del tercer carril entre el puente Puerta del Sol y el puente de Provenza, cuyo sistema de alumbrado público permanece parcialmente apagado y representa un riesgo para los conductores.El alcalde Portilla aseguró que el tramo no era responsabilidad del municipio, sino del departamento, sustentado en el contrato 2738 de 2014, suscrito hace cerca de 11 años con la Gobernación de Santander, cuyo objeto era la ampliación del corredor vial primario Bucaramanga–Floridablanca por un valor aproximado de $146 millones.“Ese tramo estaba bajo custodia del departamento hasta hoy, por eso ya solicité formalmente que nos lo entreguen para poder hacer las reparaciones correspondientes”, afirmó el mandatario local.Según explicó, desde hace seis meses se venía solicitando la entrega del corredor, pero solo tras la presión ejercida por su administración en los primeros 10 días de gobierno se logró que la Gobernación elaborara el acta de entrega del tercer carril.Portilla advirtió que el apagón del corredor representa un riesgo inminente para la seguridad vial.“No podemos seguir generando ese riesgo. Una motocicleta se puede accidentar y luego el municipio termina respondiendo por los daños”.El alcalde aseguró que, si la Secretaría de Infraestructura departamental firma hoy el acta, el municipio podría restablecer completamente el alumbrado a más tardar el 31 de diciembre, en “tiempo récord”.Ante los señalamientos del alcalde, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que la Gobernación ha intentado desde hace más de dos años formalizar la entrega del tercer carril a la administración municipal, pero aseguró que estos asuntos deben resolverse dentro de los canales institucionales y no a través de confrontaciones públicas.“Nosotros estamos entregando; ellos deben recibir. Estos temas se deben tratar en consejos conjuntos con el alcalde, porque generar este tipo de debates innecesarios le hace daño a la institucionalidad”, afirmó.Díaz recordó el episodio de la vacancia absoluta ocurrido en la anterior administración municipal, cuando el entonces alcalde perdió su investidura y el propio gobernador designó como alcalde encargado a Eduard Sánchez, destacando que durante ese periodo no se emitió ninguna alerta sobre el estado del tercer carril.“Cuando se presentó la vacancia absoluta, el gobernador respondió nombrando un alcalde encargado. En ese momento designé a Eduard Sánchez, y durante su gestión no hubo una sola observación ni alerta sobre este tema. Fue un alcalde responsable, que hizo la tarea, ya responden después son los partidos y su terna”, puntualizó el mandatario departamental.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga le puso fin a las andanzas de Nelson Steven Tarazona Rojas, más conocido como alias ‘Camilo’ o ‘Edinson’, señalado como el ‘rey de la estafa’ en el área metropolitana.Este hombre fue capturado en un operativo de la Sijín, adelantado en plena transversal 93, frente a un centro comercial de Bucaramanga. Las autoridades explicaron que la investigación duró varios meses e incluyó entrevistas con víctimas, análisis de videos de cámaras de seguridad y búsquedas en bases de datos, hasta dar con el paradero del sospechoso.De acuerdo con el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, Tarazona Rojas utilizaba la plataforma Facebook Marketplace para ofrecer vehículos en venta.“Estamos hablando de 13 casos de estafa comprobados, con pérdidas superiores a los 320 millones de pesos. Este sujeto se hacía pasar por vendedor formal de carros y dejaba a los ciudadanos sin su dinero y sin el vehículo”, señaló el general Quintero.El modus operandi era siempre el mismo, contactaba a las víctimas, les mostraba un carro aparentemente en buen estado, acordaba una cita en Bucaramanga, Floridablanca o Girón y, cuando lograba que entregaran el dinero, desaparecía no solo con la plata, sino también con el vehículo ofrecido.En el momento de su captura, a alias ‘Camilo’ le fue incautado un celular de alta gama con el que habría contactado a sus víctimas. Ahora quedó a disposición de la Fiscalía y deberá responder ante un juez por los delitos de estafa agravada y uso de documento falso.Las autoridades no descartan que existan más personas afectadas que aún no han denunciado, por lo que hicieron un llamado a la comunidad a reportar cualquier hecho similar.La Policía Metropolitana recordó a los ciudadanos la importancia de verificar siempre la identidad de los vendedores en plataformas digitales, realizar los negocios en lugares seguros y evitar entregar sumas de dinero sin garantías.Asimismo, invitaron a denunciar cualquier situación sospechosa a la línea 123 o a través de los canales oficiales de la institución.
Un fuerte rifirrafe se desató en el interior del Pacto Histórico tras conocerse la inscripción de Laura Cristina Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, como precandidata al Senado dentro de la consulta interna de la colectividad programada para el próximo 26 de octubre.El anuncio generó cuestionamientos de varios líderes del movimiento, quienes señalaron que la aspiración de Laura Ahumada desconoce los filtros éticos y morales que debería garantizar el Comité Nacional de Ética y Garantías Electorales. Esto debido a que su esposo, el actual mandatario de Barrancabermeja, se encuentra imputado por la Fiscalía por presunta compra de votos en las elecciones de 2023, proceso en el que, según el ente acusador, habría liderado una estructura criminal para manipular el resultado electoral.El exsenador y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, rechazó la precandidatura de Laura Ahumado a quien el Comité de Ética no avaló su hoja de vida, pero ella apeló la decisión. “¿Y el Comité de Ética? ¿Estamos repitiendo los mismos errores de los partidos tradicionales que tanto criticamos? Esto no es lo que el país espera ni la calidad de Congreso que buscamos”, expresó Gustavo Bolívar que pidió mantener la coherencia del proyecto político.Laura Ahumada, quien fue presentada por el precandidato presidencial Daniel Quintero, se inscribió por el sector de Independientes dentro del Pacto Histórico. Sin embargo, voces críticas dentro de la coalición advirtieron que su postulación pone en entredicho el compromiso del movimiento con la renovación política y con la lucha contra las prácticas que históricamente ha cuestionado en sus adversarios.La exministra de Ambiente, Susana Muhammad, también rechazó la posible inclusión en la lista del Senado del Pacto Histórico de la esposa del alcalde de Barrancabermeja."El Alcalde de Barrancabermeja, está imputado y va a juicio por compra de votos, soborno a testigos y corrupción. El comité de Ética del Pacto negó la certificación a la señora Laura Cristina Ahumada, por no cumplir los requisitos éticos del Pacto", escribió en sus redes sociales. La controversia se suma al ambiente de tensión que vive la coalición en vísperas de la consulta interna, que definirá las listas al Congreso y la fórmula presidencial de 2026.
Una emergencia de grandes proporciones se registró en la mañana de este lunes en el municipio de Aratoca, Santander, luego de que un deslizamiento de tierra masivo acabara por completo el conocido sitio turístico y de peregrinación Las Cruces.El hecho, que ocurrió cerca de las 7:20 a.m., generó pánico entre los habitantes. La montaña conocida popularmente como El Picacho, un sector que era promovido por la Alcaldía como un atractivo turístico de visita obligada, se desplomó de manera súbita.Un video grabado por un habitante del sector muestra cómo el pico de la montaña se vino abajo, generando un movimiento en masa que arrastró tierra por la ladera.El sitio Las Cruces era un punto de encuentro de feligreses, especialmente durante la Semana Santa, y un mirador que ofrecía vistas panorámicas del entorno del Cañón del Chicamocha.Organismos de socorro acordonaron la zona para evitar el tránsito por el lugar, teniendo en cuenta que allí viven algunas familias campesinas.“Ya unidades de bomberos ya nos encontramos acá en el sitio haciendo la inspección el cual no es apto para que de pronto residentes o personas en particular, ya sean turistas, vengan a hacer caminata por acá, por este sitio porque se puede presentar una segunda remoción ya que el terreno quedó inestable”, explicó Benjamín Muñoz, comandante de Bomberos de Aratoca.De acuerdo con los organismos de socorro desde hace unas semanas se estaba presentando agrietamientos y desprendimiento de rocas que se agravó con las recientes lluvias. Las autoridades locales no reportan afectaciones en viviendas, sin embargo, si en terrenos de propiedad privada no construidos."Hasta el momento pues daños no han habido a caminos ni a carreteras, tampoco a viviendas cercanas, solo la afectación de la montaña y el sitio turístico Las Cruces, que era bastante visitado por propios y turistas", puntualizó Muñoz.
La Cámara Colombiana de la Confección reiteró su llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para avanzar en la eliminación de beneficios tributarios que, según el gremio, afectan la competitividad de la industria textil y ponen en riesgo miles de empleos formales en el país.En un balance de las gestiones realizadas durante 2025, el gremio destacó los avances en materia de políticas industriales, pero advirtió que persisten medidas que generan desequilibrios frente a la competencia internacional.Uno de los puntos centrales es la exoneración del IVA a importaciones de bajo valor -conocidas como régimen minimis- que permite a productos menores a 200 dólares ingresados por tráfico postal o mensajería rápida entrar al país sin el impuesto del 19%.Según la Cámara, esta norma, diseñada inicialmente para envíos personales, está siendo “aprovechada por plataformas como Shein, Temu y Amazon, lo que genera una competencia desleal frente a empresarios nacionales que deben cumplir con toda la carga tributaria”.“Necesitamos reglas claras y justas. Mientras cumplimos con todos los impuestos, grandes actores externos logran comercializar sin los mismos costos fiscales, lo que amenaza la sostenibilidad de nuestras empresas”, señaló el gremio en el comunicado.Otro avance resaltado fue la gestión que permitió la reducción de aranceles para insumos no producidos localmente, beneficio que también cobija al sector del calzado. Aunque el decreto definitivo está pendiente de firma, la Cámara destacó la participación de asociaciones como ACICAM, FEDECALZADO y ASOINDUCALS, que se sumaron al proceso de concertación para consolidar un frente común en defensa de la producción nacional.La entidad recalcó que estas medidas buscan fortalecer la cadena de valor de la moda en Colombia, garantizar acceso a insumos en condiciones competitivas y proteger la generación de empleo.Finalmente, la Cámara Colombiana de la Confección insistió en que seguirá trabajando en mesas de diálogo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que las decisiones de política pública favorezcan un comercio justo y promuevan la industria nacional.
El desplazamiento forzado en la región del Catatumbo continúa en aumento y mantiene en máxima alerta a Cúcuta. Así lo advirtió Leandro Ugarte, secretario de Víctimas del municipio, al asegurar que la magnitud de la emergencia humanitaria registrada en 2025 no tiene antecedentes en el país.En declaraciones a Mañanas Blu de Blu Radio, Ugarte explicó que el flujo de personas desplazadas ha sido constante desde mediados de enero. “Desde el 17 de enero a la fecha, este desplazamiento ha sido continuo. Del 22 al 29 de diciembre hemos recibido 230 núcleos en Cúcuta. Esto da un total de 580 personas”, precisó el funcionario.El secretario alertó que el incremento sostenido de llegadas ha generado una fuerte presión sobre las finanzas del municipio. Según indicó, Cúcuta ya enfrenta insuficiencia presupuestal para continuar atendiendo a la población desplazada y ha tenido que solicitar apoyo al Gobierno nacional.“Tenemos insuficiencia presupuestal para seguir atendiendo; estamos acudiendo a la Unidad para las Víctimas para iniciar subsidios y que nos apoyen con entregas. El presupuesto es finito y el desplazamiento no ha parado”, señaló Ugarte, al recalcar la gravedad del escenario.Actualmente, la ciudad no ha habilitado albergues temporales para esta población. De acuerdo con el funcionario, todas las familias desplazadas se encuentran en condición de autoalbergue, mientras la administración municipal ha entregado kits de alimentación y aseo como atención inicial.“Las personas que están arribando son básicamente cabeza de núcleo y cuando llegan buscan autoalbergue. El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes, el más grande en la historia de Colombia. Pedimos que se convoque una alerta nacional”, concluyó el secretario de Víctimas de Cúcuta.
Con la presencia de Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, y los altos mandos de la Policía Nacional, se presentó este martes 30 de diciembre los nuevos elementos humanos y físicos con los que contará la institución para reforzar sus capacidades operativas.“Presentamos un importante fortalecimiento institucional que evidencia el compromiso indeclinable de nuestra Policía con la vida, la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes del territorio. Nos honra presentar a 46 nuevos uniformados, entre ellos dos oficiales en el grado de subteniente, quienes se integran a esta unidad con la firme vocación de servir. Ellos representan una fuerza renovada, formada y comprometida con la protección de la ciudadanía. Su presencia en el territorio potenciará nuestras capacidades preventivas y operativas”, expresó el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Santander.De acuerdo con las autoridades, el fortalecimiento institucional contó con el apoyo de la Dirección General de la Policía y tuvo una inversión de $2.700 millones. Además de los nuevos uniformados, la institución recibió 9 camionetas y 13 motocicletas de alto cilindraje destinadas a fortalecer las capacidades de las unidades de investigación criminal, inteligencia policial y el trabajo del Gaula.“Estos vehículos se convertirán en herramientas dentro de los procesos de recolección de información y ejecución de operaciones contra estructuras criminales”, acotó el coronel Arévalo.Por su parte, el Gobernador de Santander destacó que “es un día muy importante para la seguridad de la región"."Nosotros tenemos tres ejes importantes: la seguridad multidimensional, la prosperidad y la sostenibilidad. Este año invertimos más de 62 millones de pesos para dotación de la fuerza pública, instalaciones y bienestar para nuestros hombres de la Policía y el Ejército Nacional, y la idea es seguir fortaleciendo las instituciones”.Por último, el comandante del Departamento de Policía de Santander confirmó que durante el presente año la Gobernación y los entes territoriales entregaron 29 vehículos adicionales y 11 motocicletas, con lo cual el parque automotor policial fue reforzado con más de 62 medios de transporte en 2025, los cuales fueron puestos al servicio de la seguridad ciudadana.
Tras el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, acerca del aumento de un 23,7% en el salario mínimo en Colombia para 2026, hay ciudadanos que temen que sus trabajos estén en riesgo debido a que este incremento podría desestabilizar la sostenibilidad de las empresas. En un sondeo realizado a los bumangueses, son varios las inquietudes y cuestionamientos que se dieron a conocer. “Por ejemplo, mi esposo: él trabaja en una empresa y él gana un poquito más del mínimo, pero ahora se igualó el mínimo con lo que él gana, y el problema es que los empleados lo van a recortar, porque ya eso es demasiado el precio del mínimo”, afirmó Nancy Amorocho.“Como empleado obvio que la persona va a salir, el rico más rico y el pobre más pobre, y como jefe de empleados si tengo 10 empleados me tocaría echar 3, y va a haber más desempleo, ya no va a haber horas extras, ni toda esa joda”, dijo Alfonso Rueda.“Obviamente no sirve de nada si van a aumentar el salario mínimo un 20% si al fin y al cabo la canasta familiar va a aumentar en esa misma proporción, si hay un aumento en el salario, pues que realmente se vea que los colombianos tienen más adquisición monetaria para comprar o disfrutar de su día a día”, expreso Josué Duarte.Los bumangueses hacen un llamado al Gobierno nacional a que analice mejor la situación económica de los colombianos, ya que puede traer aspectos negativos en los costos de la canasta familiar por una posible alza de precios.También se pronunció el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien indicó que revisará la situación para poder solventar este aumento que no se tenía previsto."Yo creo que hay que ir, como los gringos, aprendiendo a hacer el aseo y muchas tareas en la casa porque realmente se hace bastante difícil pagar. Nosotros desde la Gobernación de Santander vamos a mirar de donde sacamos los recursos para poder solventar ese 23% más que no teníamos previsto”.
En Norte de Santander se conoció un hecho que ha generado indignación y preocupación en la región del Catatumbo. En el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorema, se realizó un sepelio masivo en homenaje a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la comunidad local. El acto contó con la presencia de guerrilleros uniformados y armados, música y disparos al aire, un espectáculo que se viralizó por la visibilidad pública de la guerrilla en pleno territorio civil.Las imágenes del cortejo fúnebre muestran a decenas de hombres fuertemente armados y varios vehículos escoltando el féretro por las calles del corregimiento. Durante el recorrido se observaron globos de colores y la asistencia de población civil, incluidos adultos mayores y menores de edad. Este tipo de ceremonias, organizadas de manera abierta entre la comunidad y grupos armados, no solo visibiliza la presencia del ELN en Teorama, sino también la ausencia de la fuerza pública.San Pablo y sus alrededores hacen parte de una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y económico. Estas dinámicas están ligadas, en gran medida, a rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas. El Catatumbo ha sido señalado en múltiples informes como uno de los focos más críticos del conflicto armado en el país, con enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y otros actores, así como un alto número de víctimas y desplazados.La falta de una presencia sostenida de la fuerza pública en el corregimiento ha facilitado que grupos como el ELN realicen actividades públicas sin una oposición visible de las autoridades. Sectores sociales y políticos han cuestionado que estos eventos se desarrollen “a plena luz del día” sin una reacción contundente de la Policía o el Ejército. Según denuncias, esto evidencia un vacío de control estatal que permite a la organización guerrillera movilizarse con relativa normalidad en zonas rurales del Catatumbo.Las críticas también apuntan al silencio de las autoridades, que hasta ahora no han emitido pronunciamientos claros sobre este sepelio ni sobre las implicaciones de permitir que un grupo armado exhiba su fuerza y simbología en un espacio público. Para analistas y habitantes de la región, estos hechos no solo representarían una vulneración a los acuerdos de cese al fuego y al orden público, sino también una señal de que el control territorial del Estado sigue siendo insuficiente en lugares como San Pablo, donde la población queda expuesta a la influencia de actores armados ilegales.
Las protestas de comunidades en Santander continúan sin acuerdos definitivos con el Instituto Nacional de Vías (Invías), manteniendo levantadas las talanqueras de cuatro peajes ubicados en la llamada Ruta de los Comuneros.La situación, que se presenta desde el 7 de octubre de 2025, ha generado una pérdida cercana a los 24.000 millones de pesos, según el balance entregado por la entidad.Los peajes afectados son Oiba, Los Curos, Curití y Río Blanco, ubicados en el corredor vial que comunica Zipaquirá con San Alberto, una de las rutas más importantes del país para la movilidad y el transporte de carga.De acuerdo con Jhon Jairo González, director encargado de Invías, estos recursos son fundamentales para el mantenimiento y la atención de emergencias en este eje vial.Pese al cese en el recaudo, Invías aseguró que durante 2025 ha invertido cerca de 62.000 millones de pesos en este corredor. De ese total, más de 25.000 millones se destinaron a mantenimiento rutinario y periódico, atención de puntos críticos, emergencias y señalización vial, mientras que otros 37.000 millones de pesos se ejecutaron en labores de mantenimiento adicional. Asimismo, la entidad señaló que se han garantizado servicios de atención al usuario, como grúa, carro taller y ambulancia.El Instituto indicó que ha sido garante del derecho a la protesta pacífica y que ha participado en cinco mesas de diálogo presenciales y varias reuniones virtuales con comunidades, transportadores y líderes de la manifestación, espacios en los que también han estado presentes autoridades locales, departamentales y organismos de control.En estos encuentros se han analizado propuestas orientadas a mejorar la infraestructura vial y, al mismo tiempo, se ha insistido en la necesidad de reactivar el cobro de los peajes como fuente clave de financiación.Como parte de una solución a largo plazo, Invías informó que avanza en una propuesta estructural que contempla una posible alianza con Findeter, con el objetivo de financiar la rehabilitación de los tramos más críticos de esta vía.Entre los acuerdos, se estableció que durante la primera semana de diciembre Findeter presentaría la propuesta para administrar esta vía; sin embargo, hasta el momento no se ha informado nada al respecto.Hace unos meses, Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, lanzó duros señalamientos al Gobierno nacional por la falta de inversiones en vías clave del departamento. “No se invierte en el departamento y la comunidad está exigiendo que la plata de los peajes se invierta bien en esta vía”, afirmó.
Mediante el Decreto 0244, la alcaldesa encargada de Girón, Dayana Milena Tavera Ruiz, suspendió la medida del pico y placa en el municipio, luego de una mesa de trabajo con las demás autoridades del Área Metropolitana.“Se busca facilitar el transporte de todas aquellas personas, turistas y visitantes que llegan a conocer todo nuestro centro histórico y las diferentes dependencias que tiene nuestro municipio en cuanto al tema turístico”, afirmó José Reinoso, secretario de Tránsito y Transporte de Girón.A partir del 18 de enero de 2026 volverá a regir el pico y placa en el municipio. La medida estará sujeta a las directrices establecidas desde Bucaramanga.La decisión de levantar la restricción durante estas fechas de fin de año se mantiene en el anillo vial, en el tramo que comprende el retorno del Hotel San Juan y donde están ubicadas las instalaciones de Tránsito de Girón.“Hemos logrado mitigar el tema de la sinistralidad mientras se ha implementado. El trabajo realizado durante todo el año nos ha garantizado que el control vial se mantenga estable”, expresó José Reinoso.Se espera que todas las personas que han arribado y las que llegarán al municipio para planes turísticos y gastronómicos tengan la libertad de vivir la experiencia en el pueblo patrimonio de Colombia, sin congestión vehicular.En los primeros días de enero de 2026 se establecerá una mesa de trabajo para determinar las condiciones del pico y placa en el Área Metropolitana.