Floridablanca y Girón se unen a la suspensión del pico y placa metropolitano entre el 1 y el 12 de enero de 2026, la medida se da tras el incremento de desplazamientos que se presenta en la temporada de inicio de año y para facilitar la movilidad de los residentes y visitantes.“Vamos a intensificar las acciones para prevenir el mal parqueo, verificar que los documentos estén al día y fortalecer las campañas de cultura ciudadana, con el objetivo de garantizar la seguridad vial”, afirmó Jahir Castellanos, secretario de Tránsito de Floridablanca.La nueva rotación del pico y placa en el área metropolitana iniciará el 13 de enero de 2026, aplicándose de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., bajo un esquema de rotación trimestral de dígitos.El lunes tendrán pico y placa los automotores que terminan en 1 y 2, el martes las placas terminadas en 3 y 4, los miércoles las que finalizan en 5 y 6, los jueves los que acaban en 7 y 8; y los viernes las placas que terminan en 9 y 0.El cronograma para los fines de semana del primer trimestre del año 2026 será:· 17 de enero: placas terminadas en 3 y 4· 24 de enero: placas terminadas en 5 y 6· 31 de enero: placas terminadas en 7 y 8· 7 de febrero: placas terminadas en 9 y 0· 14 de febrero: placas terminadas en 1 y 2· 28 de febrero: placas terminadas en 5 y 6· 7 de marzo: placas terminadas en 7 y 8· 14 de marzo: placas terminadas en 9 y 0· 21 y 28 de marzo: placas terminadas en 3 y 4· 4 de abril: placas terminadas en 5 y 6De acuerdo con Dirección de Tránsito de Bucaramanga, entre el 7 y el 13 de enero se realizará la socialización de la nueva rotación del pico y placa para que todos los conductores del área metropolitana conozcan los cambios.
El hecho que se presentó en la vereda Alto Semisa del municipio de Puente Nacional, Santander, fue controlado sin afectar el poliducto, tras un incidente en la infraestructura de Cenit que provocó un incendio de diésel y la propagación del fuego hacia una zona forestal.De acuerdo con Ecopetrol, la explosión fue ocasionada por recipientes ilegales usados para el almacenamiento de hidrocarburo hurtado, “la compañía rechaza las acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, que generan graves consecuencias al medioambiente y afectan el desarrollo económico del país”, comunicó la empresa colombiana de Petróleo.Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales.Dentro de las acciones tomadas por las autoridades en el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), se aseguró la zona por parte del Ejército Nacional, también se desplegó un equipo multidisciplinario para desmantelar la válvula ilícita instalada por terceros desconocidos en el ducto y por la cual se hurtaba el combustible almacenado.Además, se dispuso de manera preventiva un punto de control en la Quebrada la Honda en la vereda Alto Semisa. Los bomberos de Barbosa en colaboración con los de Tunja y Tocancipá controlaron el incendio que no afectó el poliducto.La recomendación por parte de Cenit a la comunidad es a que no se acerquen al lugar de los hechos hasta tanto culminen las labores de atención y reparación.
La situación de orden público en Norte de Santander cerró 2025 con un balance alarmante. En pleno fin de año, mientras gran parte del país celebraba, en el Catatumbo se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, dejando miles de víctimas atrapadas en el fuego cruzado. El recrudecimiento de la violencia volvió a poner en duda la efectividad de la política de paz del Gobierno nacional.En entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre, el alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, describió un panorama crítico y lanzó una de las frases más contundentes del diálogo: con el ELN, aseguró, “ya no existe ninguna negociación”, una afirmación que reavivó el debate sobre la estrategia del presidente Gustavo Petro frente a los grupos armados ilegales.Crisis de seguridad en el CatatumboNiño detalló que desde el 16 de enero se desató una confrontación directa entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Las cifras son dramáticas: “A hoy, 84.000 desplazados, más de 23.000 personas confinadas y aproximadamente 300 personas asesinadas”, explicó al aire.Según el consejero, la disputa territorial se libra en medio de la población civil. “Los grupos queman las casas del contrario o las casas de los civiles que creen cercanos a los contrarios”, relató, al tiempo que confirmó casos de reclutamiento forzado y ataques con drones. Municipios como El Tarra y Filogringo siguen siendo los más golpeados por los combates.Luis Fernando Niño asegura que ya no existe negociación con el ELNUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación del diálogo con el ELN. Niño fue categórico: “En este momento con el Ejército de Liberación Nacional ya no existe ninguna negociación, solo preavisos de parte del Gobierno y del ELN”.Aunque reconoció que con el Frente 33 aún hay una mesa abierta, advirtió que sin un cese real de hostilidades cualquier intento de negociación pierde sentido. “Lo que pedimos de inmediato es que haya un cese de hostilidades”, subrayó, dejando entrever críticas a lo que considera una actitud permisiva frente al accionar armado.Norte de Santander atrapada en el fuego cruzadoEl consejero también defendió el rol de la fuerza pública, aunque admitió sus limitaciones. “Los combates se están dando en medio de la población civil, al lado de las escuelas y de las casas”, afirmó, señalando que el Ejército y la Policía actúan con cautela para no violar el derecho internacional humanitario.Para Niño, la prioridad sigue siendo proteger a las comunidades, pero insistió en que la falta de resultados con el ELN evidencia una política que, según él, ha sido condescendiente. Mientras tanto, el Catatumbo continúa pagando el costo más alto de una guerra que no da tregua.
Un incremento significativo en la movilización de pasajeros se registró en las últimas horas en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, de acuerdo con el balance entregado por su gerente, Jaime Pérez, quien destacó que la cifra superó las proyecciones iniciales para esta temporada.Según informó el directivo, durante el martes 30 diciembre salieron de la terminal un total de 14.407 pasajeros, que se movilizaron en 874 vehículos, una cifra superior a la registrada para la misma fecha del año anterior, cuando se reportaron aproximadamente 13.200 viajeros. El aumento, señaló Pérez, refleja una mayor confianza de los ciudadanos en el uso del transporte legal y formal.“El flujo de pasajeros fue mayor al esperado y permitió que todas las rutas programadas se despacharan sin contratiempos. Las empresas de transporte cumplieron sus expectativas operativas”, indicó el gerente de la terminal.Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica y Cúcuta, así como las rutas internas del departamento de Santander. Dentro de estas últimas, las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez fueron las más visitadas por los viajeros.La Terminal de Transportes de Bucaramanga opera con normalidad, aunque con un flujo de pasajeros menor este 31 de diciembre. Algunas empresas realizarán despachos hasta las 4:00 p.m. o 5:00 p.m.; sin embargo, la administración reiteró que la terminal mantiene una operación constante, teniendo en cuenta que presta servicio de manera continua y no cierra sus puertas al público.Entre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de pasajeros se destacan la presencia permanente de un CAI de la Policía Nacional, planes operativos de control, revisión técnica de los vehículos y pruebas de alcoholemia a todos los conductores antes de iniciar cada recorrido.Finalmente, el gerente hizo un llamado a los usuarios para que adquieran sus tiquetes directamente en las taquillas autorizadas, utilicen únicamente transporte legal y cumplan con las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional. En especial, reiteró la importancia de portar la documentación requerida para el desplazamiento de menores de edad, atender las recomendaciones de salud para viajes largos y cumplir con los requisitos exigidos para el transporte de mascotas, con el fin de garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
La caída del cabello es, sin duda, una de las preocupaciones más frecuentes entre los hombres a medida que avanzan los años. Aunque la genética sigue siendo el principal factor en la mayoría de los casos, cada vez hay más evidencia que apunta a que los hábitos diarios, especialmente lo que se consume, también influyen de manera directa en la salud capilar.En ese contexto, una investigación realizada por la Universidad de Tsinghua, en China, y publicada en la revista Nutrients, puso sobre la mesa una relación que ha abierto un debate inesperado: el consumo frecuente de ciertas bebidas populares podría estar asociado con un mayor riesgo de calvicie masculina. El estudio aclara que no se trata de una causa directa, pero sí de un vínculo que merece atención, sobre todo por la frecuencia con la que estos productos hacen parte de la rutina diaria.¿Bebidas azucaradas, responsables de la calvicie?El análisis señala que las bebidas azucaradas y los energizantes estarían relacionadas con la pérdida de cabello, principalmente por su alto contenido de azúcar. El consumo excesivo de este componente puede generar resistencia a la insulina, afectar la circulación sanguínea y, con el tiempo, debilitar los folículos pilosos.Los datos también muestran que la alopecia no es un problema exclusivo de edades avanzadas. Aunque cerca del 50 % de los hombres empieza a notar la pérdida de cabello hacia los 50 años, alrededor del 25 % la experimenta desde los 21. Además, el estudio encontró que aproximadamente el 42 % de los consumidores habituales de bebidas energizantes tiene mayores probabilidades de presentar caída capilar.Este panorama resulta llamativo si se tiene en cuenta la popularidad de este tipo de bebidas entre jóvenes y adultos, especialmente en jornadas laborales extensas o rutinas de alto desgaste físico y mental.Por qué el consumo de estas bebidas afecta la salud del cabelloLos investigadores explican que el impacto no se limita únicamente al azúcar. Otros componentes presentes en estas bebidas también influyen en el ciclo de crecimiento del cabello y en la salud del cuero cabelludo, entre ellos:Exceso de Azúcar: El alto consumo de azúcar puede desencadenar la vía de los polioles, resistencia a la insulina, estrés oxidativo e inflamación, todo perjudicial para los folículos pilosos y la salud general.Cafeína y Aditivos: Estos componentes pueden afectar el ciclo natural del crecimiento del cabello y desequilibrar el cuerpo.Impacto Hormonal: El exceso de azúcar y grasas poco saludables (a menudo acompañantes) puede alterar hormonas, acelerando la caídaA estos factores se suman otros elementos que también influyen en la caída del cabello. Estudios realizados en Estados Unidos indican que la ansiedad frecuente desde los 20 años, asociada al aumento de responsabilidades, puede relacionarse con la pérdida capilar. La falta de sueño y una alimentación poco equilibrada también juegan un papel importante.Especialistas coinciden en que adoptar buenos hábitos —como una dieta balanceada, descanso adecuado y actividad física— no garantiza evitar la calvicie, pero sí ayuda a reducir los factores que pueden acelerarla y a cuidar la salud capilar a largo plazo.
En diálogo con Mañanas Blu, Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), expresó su profunda preocupación tras el anuncio del gobierno nacional sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Gaitán calificó la situación actual del sistema de salud como "calamitosa", señalando que las decisiones financieras recientes ignoran las realidades operativas y las necesidades urgentes de los ciudadanos.Un ajuste sin concertación y un déficit acumuladoSegún el presidente de Afidro, las mesas técnicas para definir la UPC, ordenadas por la Corte, parecieron ser un simple procedimiento formal carente de un ánimo real de concertación. Gaitán destacó que el comunicado oficial del gobierno se emitió apenas unas horas después de una mesa de diálogo fallida, lo que sugiere que no se tuvo en cuenta nada de lo conversado durante dichas sesiones.Esta falta de acuerdo se suma a un déficit de más de 11 puntos de incremento que ya se arrastraba desde el año anterior. Para Afidro, el ajuste actual se queda corto frente a las proyecciones metodológicas y cuantitativas necesarias, especialmente considerando el impacto del incremento del salario mínimo en la prestación de servicios y la mayor demanda proyectada para 2025 por el envejecimiento de la población.El colapso operativo: carteras morosas y retrasos en medicamentosLa crisis no es solo presupuestal, sino operativa. Gaitán advirtió que el riesgo de colapso del sistema ha escalado del 30% en 2019 al 60% en la actualidad, según cifras de la Contraloría. Este deterioro se traduce en cifras alarmantes: incidencias de más de 250 días para la entrega de medicamentos y carteras que superan los 180 a 200 días de mora en los pagos a los laboratorios."En realidad la cadena se rompió", afirmó Gaitán, explicando que cuando se desfinancia a los prestadores y gestores farmacéuticos, estos dejan de dispensar medicamentos, como ya ha ocurrido con entidades como la Nueva EPS. Esto genera un efecto dominó donde, aunque haya disponibilidad de productos en la industria, los actores del sistema no los solicitan por falta de sostenibilidad financiera.El aumento del gasto de bolsillo y la desigualdadUno de los impactos más críticos para el ciudadano es el incremento del "gasto de bolsillo". Al no encontrar medicamentos por los canales institucionales de sus EPS, los colombianos se ven obligados a acudir a droguerías comerciales y pagar de su propio dinero. Gaitán enfatizó que el gasto de bolsillo es sinónimo de desigualdad, ya que impacta desproporcionadamente a las clases menos favorecidas que no cuentan con los recursos para suplir lo que el sistema debería garantizar.Escuche aquí la entrevista:
Tras el anuncio del Ministerio de Salud sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, expresó su profunda preocupación por la suficiencia financiera del sistema. El ajuste definido por el Gobierno Nacional establece un aumento del 9,03% para el régimen contributivo, una cifra que el gremio considera insuficiente frente a las necesidades reales de atención de los colombianos,.Un aumento "exiguo" frente a la realidad del gastoPara las EPS del régimen contributivo, el incremento del 9,03% resulta "exiguo", "tímido" e "inconsistente" con el nivel de consumo de servicios de salud que se observa actualmente,. Según Vesga, los cálculos técnicos indicaban que se requería un aumento superior al 17% para cubrir la demanda y el impacto del nuevo salario mínimo, el cual afecta directamente más del 40% del gasto en salud en el país.Esta insuficiencia financiera no es solo una cifra técnica, sino que se traduce en la profundización de una crisis que los ciudadanos ya perciben a través del cierre de servicios y dificultades en la entrega de medicamentos. La presidenta de Acemi advirtió que el sistema arranca el año con un déficit proyectado de cerca de 5 billones de pesos solo para mantener los empleos de los más de 500.000 trabajadores de la salud que ganan un salario mínimo o cifras cercanas a este.El sistema en "sobregiro" financieroLa situación financiera del sector es crítica. Vesga estima que el sistema arrastra un rezago acumulado que podría superar los 30 billones de pesos al cierre de 2025, una cifra equivalente a dos reformas tributarias. "Si no hay una medida de estabilización profunda... vamos a seguir viviendo en sobregiro, andando con el tanque de reserva del carro", afirmó la dirigente gremial.Este estado de insolvencia afecta la operatividad de hospitales, laboratorios y proveedores, quienes terminan atendiendo "a media marcha" debido a la falta de flujo de recursos.La brecha entre regímenes y el peso del hospital públicoResulta paradójico para el gremio que, mientras al régimen contributivo se le asignó un 9,03%, el régimen subsidiado recibió un incremento del 16,48%. Si bien esto responde a una orden de la Corte Constitucional para equiparar las primas, Vesga señala que el 60% de la contratación en el régimen subsidiado se realiza con hospitales públicos, los cuales suelen tener una fuerte injerencia política,.Desacato y regreso a la Corte ConstitucionalUno de los puntos más polémicos ha sido la negativa del Gobierno a reconocer un ajuste retroactivo de la UPC desde el año 2021, a pesar de las mesas de trabajo ordenadas por la Corte Constitucional. Según relató Vesga, tras meses de silencio, el Ministerio de Salud notificó de manera unilateral que el sistema había estado "bien financiado" y que no habría reajustes adicionales.Ante lo que consideran un "diálogo de sordos" con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, Acemi anunció que volverá a la Corte Constitucional para denunciar lo que perciben como un desacato a las órdenes judiciales y una falta de voluntad técnica para salvar el sistema.Escuche aquí la entrevista:
A pesar de los balances entregados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y las cifras que muestran reducciones porcentuales en diversos crímenes, lo cierto es que la comunidad de la capital santandereana se mantiene con incertidumbre debido a los casos de muertes violentas en el área metropolitana.En las últimas horas, la capital de Santander fue escenario de un cruento homicidio bajo la modalidad de sicariato en el barrio La Joya y un doble atentado con arma de fuego en el barrio Girardot, este último acompañado del hallazgo de panfletos extorsivos.En el primer caso la tranquilidad del barrio La Joya, en el occidente de la ciudad, se rompió por una ráfaga de disparos. Luis Carlos Lucena, de 43 años y conocido en el sector como ‘Lucho Simpson’, salía de un micromercado cuando fue atacado.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Lucena se disponía a encender su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos en un vehículo similar. Sin mediar palabra, el parrillero descargó su arma de manera letal.El informe forense reveló que la víctima recibió un total de 11 impactos: cuatro en la cabeza, tres en el brazo izquierdo y cuatro más en la espalda. La sevicia del ataque no dio margen de auxilio; Lucena falleció de forma instantánea sobre el asfalto.La víctima acumulaba un extenso historial en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, fuga de presos y violencia intrafamiliar. Los investigadores manejan como principal móvil un ajuste de cuentas.Posteriormente, en la carrera 13 con calle 24 del barrio Girardot, dos hombres, identificados como José Murillo Sandoval (50 años) y Mario León (62 años), fueron atacados mientras se encontraban en la vía pública. Los agresores, al igual que en el caso de La Joya, operaron desde una motocicleta. El parrillero abrió fuego indiscriminadamente, hiriendo a Murillo en el abdomen y brazo, y a León en su pierna derecha.El detalle que preocupa es que en medio de la escena fueron hallados dos panfletos con contenido extorsivo dirigidos, al parecer, a los comerciantes de la zona.Las autoridades investigan ahora si las víctimas eran el blanco directo de una retaliación por el no pago de “vacunas” o si el ataque buscaba sembrar terror para presionar el recaudo ilegal en el sector. Ambos heridos permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS).Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto a estos panfletos, pero extraoficialmente se conoció que se abrió una investigación para dar con el paradero de los responsables.
Mientras el mundo se prepara para despedir el 2025, la llegada del Año Nuevo no ocurre al mismo tiempo en todos los países. Debido a los husos horarios, el cambio de calendario se vive de manera escalonada alrededor del planeta, lo que hace que algunas naciones celebren primero y otras lo hagan muchas horas después.El primer lugar del mundo en darle la bienvenida al 2026 será Kiribati, un país insular ubicado en Oceanía. En particular, las islas del este de este archipiélago, cercanas a la Línea Internacional de Cambio de Fecha, son las primeras en marcar la medianoche del 1 de enero. No en vano, esta zona es conocida popularmente como “la Isla de la Navidad”, ya que también encabeza las celebraciones de Nochebuena.La diferencia horaria entre Kiribati y países como Estados Unidos puede superar las 17 horas, lo que implica que, cuando en este territorio del Pacífico ya se celebran los primeros minutos del nuevo año, en gran parte del continente americano aún es la mañana o incluso la noche del 31 de diciembre.En contraste, los últimos lugares en recibir el Año Nuevo 2026 serán las islas Howland y Baker, territorios no habitados que pertenecen a Estados Unidos y se encuentran en el Pacífico central. Por esta razón, el país norteamericano se convierte en la última nación en cerrar oficialmente las celebraciones de Año Nuevo a nivel mundial.El tránsito del Año Nuevo alrededor del planeta suele compararse con una ola que avanza de este a oeste. Inicia en Oceanía, continúa por Asia, con países como Japón y China, pasa por Oriente Medio y África, cruza Europa y concluye en América. En total, este recorrido global tarda cerca de 26 horas, un reflejo de la diversidad horaria que marca el ritmo de una de las celebraciones más universales del mundo.
En un giro inesperado dentro del panorama administrativo de Santander, la junta directiva de Neomundo designó formalmente a Julián Díaz Zambrano como su nuevo gerente general. El nombramiento se produce apenas una semana después de la renuncia irrevocable de Tomás León, quien permaneció en el cargo solo 54 días.Díaz Zambrano, quien hasta hace poco lideraba la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga, llega al centro de convenciones más importante del nororiente colombiano en un contexto de recomposición de fuerzas políticas entre la administración municipal y la Gobernación de Santander.La salida de su predecesor, Tomás León, estuvo rodeada de controversia. León, cercano a la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus, dimitió argumentando presiones políticas derivadas de la reciente victoria de Cristian Fernando Portilla en las elecciones atípicas de la ciudad. Según León, la nueva mayoría en la junta directiva, alineada con la Alcaldía, buscaba estructurar su salida tras evaluar su corta gestión.Con este cambio, la Alcaldía de Bucaramanga recupera el control de la entidad de economía mixta, posicionando a Julián Díaz, una figura de confianza del sector administrativo local y cercano a la exgestora social Paula Ramírez.Tras su posesión, Julián Díaz enfatizó que su prioridad será consolidar a Neomundo como el epicentro del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en el país."Uno de los principales retos es convertirnos en el centro de convenciones del nororiente colombiano que reciba la mayor cantidad de eventos y apoye la promoción de la cultura y el turismo", afirmó el nuevo gerente.Entre los principales retos para el próximo año está la gestión para lograr la capitalización necesaria para la fase dos del centro de convenciones; aprovechar la reciente ampliación del Gran Salón (capacidad para 2.520 personas) para atraer congresos internacionales; y articular esfuerzos con hoteles, agencias de viajes y transporte para fortalecer a Bucaramanga como ciudad destino.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander reveló presuntas fallas contractuales y operativas en el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, tras la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A., que finalizó en enero de 2025.De acuerdo con el ente de control, luego de un seguimiento institucional a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), se identificaron al menos 14 presuntas irregularidades relacionadas con la administración, operación y recaudo del peaje, las cuales habrían surgido tras asumir la Gobernación la operación directa del punto de cobro.La actuación preventiva de la Procuraduría inició a raíz de quejas presentadas por una veeduría ciudadana, que alertó sobre la suscripción de contratos directos y la presunta deficiencia en los servicios prestados desde enero de este año.Durante más de tres meses, la Procuraduría realizó visitas de inspección, solicitó información contractual y adelantó mesas técnicas con las entidades involucradas, en las que se advirtieron riesgos jurídicos y administrativos. Según el informe, algunos de los contratos y convenios podrían desconocer el marco normativo vigente en materia de contratación pública.Entre los hallazgos se encuentran posibles elusiones a los procesos de selección objetiva, deficiencias en la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), omisiones en la prestación de servicios esenciales y presuntas irregularidades en la tercerización de funciones.Asimismo, el ente de control evidenció la falta de conceptos ministeriales, posibles usurpaciones de funciones y otras situaciones que motivaron la activación de la función disciplinaria, con el fin de establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.La Procuraduría indicó que continuará con el seguimiento al caso para garantizar la protección de los derechos colectivos, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el correcto funcionamiento del peaje La Punta, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias correspondientes.Cabe anotar que habitantes de la Mesa de Los Santos han protagonizado protestas y mantenido durante semanas las talanqueras del peaje La Punta levantadas en reclamo por la falta de inversión en las vías.
La empresa Cenit adelanta una investigación para determinar las causas de un incendio registrado en una línea de transporte de hidrocarburos, en el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.La emergencia se presentó tras un incidente en la infraestructura que transporta diésel, lo que generó inicialmente un incendio de hidrocarburos y, posteriormente, un incendio forestal que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades locales.De inmediato se activaron los protocolos de atención y al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de Cenit y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de mayor cobertura vegetal.David Márquez, comandante de Bomberos de Barbosa, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 5:47 p.m. de este 30 de diciembre y que, tras la llegada de las unidades, se evidenció que el fuego se originó en una de las tuberías que atraviesa el sector.Según indicó, por razones técnicas y para evitar un mayor derrame de hidrocarburos, se tomó la decisión de permitir que el combustible se consumiera de manera controlada durante varias horas.Hacia las 11:00 p.m., el incendio forestal ya se encontraba completamente liquidado y personal de Cenit asumió el control del tramo afectado, realizando el respectivo acordonamiento de la zona. Asimismo, el Ejército Nacional mantiene presencia en el lugar para garantizar la seguridad y restringir el acceso mientras avanzan las labores técnicas.Aunque en el sector hay viviendas cercanas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones directas a las casas. Sin embargo, el incendio sí causó daños en algunos cultivos aledaños.Cenit informó que su personal especializado será el encargado de establecer las causas exactas del incidente, mientras continúan las labores de limpieza, evaluación ambiental y monitoreo del área afectada, la cual permanece acordonada como medida preventiva.
En el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander, se registró una emergencia ambiental y operativa luego de un incidente en las líneas de hidrocarburos de la empresa CENIT, el cual provocó un incendio de diésel y posteriormente un incendio forestal que generó alarma entre la comunidad y las autoridades locales.Tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias. Al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de CENIT y los Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia áreas habitadas y zonas de mayor cobertura vegetal.De manera paralela, la empresa CENIT desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales, con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida.Las autoridades informaron que, aunque la situación se encuentra bajo control, se mantiene la vigilancia permanente en el sector para descartar posibles reactivaciones del fuego y prevenir nuevos riesgos para la población.Por ahora, las causas del incidente son materia de investigación, mientras los organismos competentes avanzan en la recolección de información técnica que permita establecer el origen de la emergencia y las responsabilidades correspondientes.
Un fuerte cruce de declaraciones se registró entre el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por la responsabilidad y entrega del tramo del tercer carril entre el puente Puerta del Sol y el puente de Provenza, cuyo sistema de alumbrado público permanece parcialmente apagado y representa un riesgo para los conductores.El alcalde Portilla aseguró que el tramo no era responsabilidad del municipio, sino del departamento, sustentado en el contrato 2738 de 2014, suscrito hace cerca de 11 años con la Gobernación de Santander, cuyo objeto era la ampliación del corredor vial primario Bucaramanga–Floridablanca por un valor aproximado de $146 millones.“Ese tramo estaba bajo custodia del departamento hasta hoy, por eso ya solicité formalmente que nos lo entreguen para poder hacer las reparaciones correspondientes”, afirmó el mandatario local.Según explicó, desde hace seis meses se venía solicitando la entrega del corredor, pero solo tras la presión ejercida por su administración en los primeros 10 días de gobierno se logró que la Gobernación elaborara el acta de entrega del tercer carril.Portilla advirtió que el apagón del corredor representa un riesgo inminente para la seguridad vial.“No podemos seguir generando ese riesgo. Una motocicleta se puede accidentar y luego el municipio termina respondiendo por los daños”.El alcalde aseguró que, si la Secretaría de Infraestructura departamental firma hoy el acta, el municipio podría restablecer completamente el alumbrado a más tardar el 31 de diciembre, en “tiempo récord”.Ante los señalamientos del alcalde, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que la Gobernación ha intentado desde hace más de dos años formalizar la entrega del tercer carril a la administración municipal, pero aseguró que estos asuntos deben resolverse dentro de los canales institucionales y no a través de confrontaciones públicas.“Nosotros estamos entregando; ellos deben recibir. Estos temas se deben tratar en consejos conjuntos con el alcalde, porque generar este tipo de debates innecesarios le hace daño a la institucionalidad”, afirmó.Díaz recordó el episodio de la vacancia absoluta ocurrido en la anterior administración municipal, cuando el entonces alcalde perdió su investidura y el propio gobernador designó como alcalde encargado a Eduard Sánchez, destacando que durante ese periodo no se emitió ninguna alerta sobre el estado del tercer carril.“Cuando se presentó la vacancia absoluta, el gobernador respondió nombrando un alcalde encargado. En ese momento designé a Eduard Sánchez, y durante su gestión no hubo una sola observación ni alerta sobre este tema. Fue un alcalde responsable, que hizo la tarea, ya responden después son los partidos y su terna”, puntualizó el mandatario departamental.
En un movimiento decisivo para la estabilidad política y administrativa de la ciudad, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, ratificó la designación de Eduard Sánchez como alcalde encargado de Bucaramanga, encargado de conducir la administración municipal hasta que avance la elección atípica.La designación se da tras la resolución del Consejo de Estado, que el pasado 21 de agosto declaró la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán por incurrir en doble militancia, destituyéndolo del cargo que ejercía tras su triunfo en las elecciones locales de 2023.Contexto de la nulidad de la elección de BeltránJaime Andrés Beltrán fue elegido alcalde con aval del partido Colombia Justa Libres en octubre de 2023. Sin embargo, en el curso de su campaña habría realizado actos públicos de respaldo a candidatos de otras colectividades -lo que constituye una violación a las normas de militancia política-, lo que motivó una demanda ante instancias judiciales.Ya en diciembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Santander había declarado la nulidad en primera instancia, sanción que fue confirmada por el Consejo de Estado, cuyo fallo es de carácter definitivo e inapelable.Con esa decisión firme, la Gobernación quedó en la obligación de designar a un alcalde encargado mientras se convoca el proceso electoral atípico.Eduard Sánchez: perfil y retos en el encargoEduard Sánchez tiene el encargo temporal de garantizar el funcionamiento normal del municipio, la continuidad en los programas y la prestación de los servicios públicos. Su nombramiento, según fuentes departamentales y medios locales, era uno de los más sonados dentro de las opciones técnicas.
En un operativo de control en la vía La Fortuna – Bucaramanga, la Policía de Santander logró un importante golpe al narcotráfico con la incautación de más de 680 kilos de marihuana y la captura de dos personas que transportaban la droga en una camioneta de servicio particular.De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo intentó evadir un puesto de control realizando maniobras sospechosas, lo que motivó a los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte a interceptarlo. Durante la inspección encontraron 684 paquetes de marihuana, equivalentes a más de 680.000 dosis, ocultos en el automotor.Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrentarán cargos por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, mientras avanzan las audiencias judiciales que definirán su situación.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó que este operativo es una muestra del compromiso institucional en la lucha contra el narcotráfico. “El éxito de este contundente golpe reafirma la lucha frontal contra el crimen organizado, fortaleciendo la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en el territorio”, aseguró el oficial.Con esta acción, la Policía busca afectar directamente las redes de microtráfico que intentan ingresar estupefacientes a Bucaramanga y otras zonas del departamento.
La Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones por siete casos de abuso sexual en Bucaramanga, luego de confirmarse embarazos en niñas entre los 10 y 14 años durante lo corrido de 2025. Así lo informó la secretaria de Salud municipal, Claudia Amaya, quien precisó que los embarazos registrados en estas menores son consecuencia de agresiones sexuales.“Casi que los siete casos que llevamos en este momento corresponden a abuso sexual. Esto entra en investigación también por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Se empieza a revisar el entorno, y muchas veces los responsables son cuidadores cercanos como un primo, un tío, un padrastro o incluso un abuelo”, señaló la funcionaria.Las niñas se encuentran actualmente en procesos de restitución de derechos y bajo protección del ICBF. Amaya recalcó que, además de la atención médica y psicosocial, es clave reforzar el trabajo preventivo con las familias, dado que en muchos casos las víctimas no son escuchadas cuando intentan denunciar lo ocurrido.“Parte del trabajo nuestro es hacer esa educación, hablar con las niñas de protegerse, de no tener miedo, pero también transmitirles confianza para contar lo que les sucede. El abuso sexual es un delito y requiere intervención no solo del ICBF, sino también de la Fiscalía”, subrayó la secretaria de Salud.La funcionaria agregó que, si bien Bucaramanga ha mostrado avances en indicadores de salud como la reducción de la sífilis congénita desde 2020, la violencia sexual contra menores sigue siendo una problemática que exige acciones urgentes de prevención, sensibilización y justicia.
Las alarmantes cifras de motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito en Girón, Floridablanca y Piedecuesta llevaron a las alcaldías de estos municipios y al Área Metropolitana de Bucaramanga a lanzar la campaña “La vida también va en moto”, con el fin de concientizar a los motociclistas y demás actores viales sobre la importancia de la corresponsabilidad y el respeto en la vía.En el municipio de Girón, donde la situación es crítica, a septiembre de 2025 ya se igualó el número de víctimas mortales de todo el 2024, de acuerdo con las autoridades de tránsito 20 motociclistas han perdido la vida este año en siniestros viales, principalmente por imprudencia de los conductores y mal estado de las vías nacionales.La Secretaría de Tránsito reforzó los controles en puntos críticos como la vía al aeropuerto y el Anillo Vial, en coordinación con la Policía y el Ejército.En Piedecuesta, este año se reportan 147 personas lesionadas y 5 fallecidas en accidentes de tránsito. Allí, las autoridades han fortalecido campañas pedagógicas, controles operativos y alianzas estratégicas con diferentes sectores para mitigar el riesgo en las vías.En contraste, Floridablanca logró reducir la siniestralidad. Entre enero y julio de 2025 se registró una disminución del 25 % en víctimas totales frente al mismo periodo de 2024. En el caso de los motociclistas, las muertes bajaron un 16,6 % y los lesionados un 33,3 %. A pesar de la reducción, el municipio cuenta con más de 120 mil motocicletas registradas, lo que convierte a este grupo en prioritario para la gestión de seguridad vial.La estrategia “La vida también va en moto” busca educar, sensibilizar y transformar la percepción social del motociclista, promoviendo el respeto, la seguridad y la corresponsabilidad.La campaña se extenderá hasta fin de año con 4 temáticas: Normatividad, Educación Vial, Cultura Ciudadana y Seguridad.
Los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA), empresa propiedad del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), se declararon en asamblea permanente, luego de varias semanas de negociaciones fallidas entre la directiva de la compañía y los representantes sindicales.Según el sindicato, la empresa no ha mostrado voluntad para llegar a acuerdos que garanticen mejores condiciones laborales a cerca de 3.500 trabajadores, muchos de los cuales prestan sus servicios a la electrificadora pero se encuentran tercerizados. Entre las principales exigencias se destaca la vinculación laboral directa, el respeto a los derechos convencionales y el fin del uso excesivo de empresas contratistas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores del sector eléctrico, explicó que el proceso de negociación colectiva se encuentra estancado.“La filial de EPM se encuentra en negociación colectiva. Son 10 sesiones y vamos en la número 8. Durante estas reuniones, la compañía se ha abstenido de negociar las propuestas presentadas en el pliego de peticiones, lo que constituye una negativa encubierta a negociar”, afirmó. Roncancio señaló que esta situación ha llevado a los trabajadores a recurrir a la asamblea permanente y a contemplar la huelga como un mecanismo legítimo de diálogo.“La empresa hace un uso desmedido de compañías contratistas para desarrollar actividades propias de la electrificadora. Estas personas deberían ser contratadas directamente por la empresa, con contratos a término indefinido. Esta intermediación excesiva debilita la convención colectiva y genera condiciones laborales precarias, afectando el salario y la estabilidad de cientos de trabajadores”, agregó.Los trabajadores reiteraron que su principal petición es que la Electrificadora de Santander cumpla con la contratación directa de este personal y respete los acuerdos colectivos, garantizando condiciones laborales dignas para quienes sostienen la operación del servicio de energía en el departamento.Por ahora, el proceso de diálogo continúa sin avances significativos, mientras la asamblea permanente se mantiene como medida de presión en defensa de los derechos laborales.El asesor legal hizo un llamado a retomar el diálogo, avanzar hacia acuerdos de manera respetuosa y asumir la negociación con seriedad y compromiso.
El desplazamiento forzado en la región del Catatumbo continúa en aumento y mantiene en máxima alerta a Cúcuta. Así lo advirtió Leandro Ugarte, secretario de Víctimas del municipio, al asegurar que la magnitud de la emergencia humanitaria registrada en 2025 no tiene antecedentes en el país.En declaraciones a Mañanas Blu de Blu Radio, Ugarte explicó que el flujo de personas desplazadas ha sido constante desde mediados de enero. “Desde el 17 de enero a la fecha, este desplazamiento ha sido continuo. Del 22 al 29 de diciembre hemos recibido 230 núcleos en Cúcuta. Esto da un total de 580 personas”, precisó el funcionario.El secretario alertó que el incremento sostenido de llegadas ha generado una fuerte presión sobre las finanzas del municipio. Según indicó, Cúcuta ya enfrenta insuficiencia presupuestal para continuar atendiendo a la población desplazada y ha tenido que solicitar apoyo al Gobierno nacional.“Tenemos insuficiencia presupuestal para seguir atendiendo; estamos acudiendo a la Unidad para las Víctimas para iniciar subsidios y que nos apoyen con entregas. El presupuesto es finito y el desplazamiento no ha parado”, señaló Ugarte, al recalcar la gravedad del escenario.Actualmente, la ciudad no ha habilitado albergues temporales para esta población. De acuerdo con el funcionario, todas las familias desplazadas se encuentran en condición de autoalbergue, mientras la administración municipal ha entregado kits de alimentación y aseo como atención inicial.“Las personas que están arribando son básicamente cabeza de núcleo y cuando llegan buscan autoalbergue. El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes, el más grande en la historia de Colombia. Pedimos que se convoque una alerta nacional”, concluyó el secretario de Víctimas de Cúcuta.
Con la presencia de Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, y los altos mandos de la Policía Nacional, se presentó este martes 30 de diciembre los nuevos elementos humanos y físicos con los que contará la institución para reforzar sus capacidades operativas.“Presentamos un importante fortalecimiento institucional que evidencia el compromiso indeclinable de nuestra Policía con la vida, la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes del territorio. Nos honra presentar a 46 nuevos uniformados, entre ellos dos oficiales en el grado de subteniente, quienes se integran a esta unidad con la firme vocación de servir. Ellos representan una fuerza renovada, formada y comprometida con la protección de la ciudadanía. Su presencia en el territorio potenciará nuestras capacidades preventivas y operativas”, expresó el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Santander.De acuerdo con las autoridades, el fortalecimiento institucional contó con el apoyo de la Dirección General de la Policía y tuvo una inversión de $2.700 millones. Además de los nuevos uniformados, la institución recibió 9 camionetas y 13 motocicletas de alto cilindraje destinadas a fortalecer las capacidades de las unidades de investigación criminal, inteligencia policial y el trabajo del Gaula.“Estos vehículos se convertirán en herramientas dentro de los procesos de recolección de información y ejecución de operaciones contra estructuras criminales”, acotó el coronel Arévalo.Por su parte, el Gobernador de Santander destacó que “es un día muy importante para la seguridad de la región"."Nosotros tenemos tres ejes importantes: la seguridad multidimensional, la prosperidad y la sostenibilidad. Este año invertimos más de 62 millones de pesos para dotación de la fuerza pública, instalaciones y bienestar para nuestros hombres de la Policía y el Ejército Nacional, y la idea es seguir fortaleciendo las instituciones”.Por último, el comandante del Departamento de Policía de Santander confirmó que durante el presente año la Gobernación y los entes territoriales entregaron 29 vehículos adicionales y 11 motocicletas, con lo cual el parque automotor policial fue reforzado con más de 62 medios de transporte en 2025, los cuales fueron puestos al servicio de la seguridad ciudadana.
Tras el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, acerca del aumento de un 23,7% en el salario mínimo en Colombia para 2026, hay ciudadanos que temen que sus trabajos estén en riesgo debido a que este incremento podría desestabilizar la sostenibilidad de las empresas. En un sondeo realizado a los bumangueses, son varios las inquietudes y cuestionamientos que se dieron a conocer. “Por ejemplo, mi esposo: él trabaja en una empresa y él gana un poquito más del mínimo, pero ahora se igualó el mínimo con lo que él gana, y el problema es que los empleados lo van a recortar, porque ya eso es demasiado el precio del mínimo”, afirmó Nancy Amorocho.“Como empleado obvio que la persona va a salir, el rico más rico y el pobre más pobre, y como jefe de empleados si tengo 10 empleados me tocaría echar 3, y va a haber más desempleo, ya no va a haber horas extras, ni toda esa joda”, dijo Alfonso Rueda.“Obviamente no sirve de nada si van a aumentar el salario mínimo un 20% si al fin y al cabo la canasta familiar va a aumentar en esa misma proporción, si hay un aumento en el salario, pues que realmente se vea que los colombianos tienen más adquisición monetaria para comprar o disfrutar de su día a día”, expreso Josué Duarte.Los bumangueses hacen un llamado al Gobierno nacional a que analice mejor la situación económica de los colombianos, ya que puede traer aspectos negativos en los costos de la canasta familiar por una posible alza de precios.También se pronunció el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien indicó que revisará la situación para poder solventar este aumento que no se tenía previsto."Yo creo que hay que ir, como los gringos, aprendiendo a hacer el aseo y muchas tareas en la casa porque realmente se hace bastante difícil pagar. Nosotros desde la Gobernación de Santander vamos a mirar de donde sacamos los recursos para poder solventar ese 23% más que no teníamos previsto”.
En Norte de Santander se conoció un hecho que ha generado indignación y preocupación en la región del Catatumbo. En el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorema, se realizó un sepelio masivo en homenaje a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la comunidad local. El acto contó con la presencia de guerrilleros uniformados y armados, música y disparos al aire, un espectáculo que se viralizó por la visibilidad pública de la guerrilla en pleno territorio civil.Las imágenes del cortejo fúnebre muestran a decenas de hombres fuertemente armados y varios vehículos escoltando el féretro por las calles del corregimiento. Durante el recorrido se observaron globos de colores y la asistencia de población civil, incluidos adultos mayores y menores de edad. Este tipo de ceremonias, organizadas de manera abierta entre la comunidad y grupos armados, no solo visibiliza la presencia del ELN en Teorama, sino también la ausencia de la fuerza pública.San Pablo y sus alrededores hacen parte de una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y económico. Estas dinámicas están ligadas, en gran medida, a rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas. El Catatumbo ha sido señalado en múltiples informes como uno de los focos más críticos del conflicto armado en el país, con enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y otros actores, así como un alto número de víctimas y desplazados.La falta de una presencia sostenida de la fuerza pública en el corregimiento ha facilitado que grupos como el ELN realicen actividades públicas sin una oposición visible de las autoridades. Sectores sociales y políticos han cuestionado que estos eventos se desarrollen “a plena luz del día” sin una reacción contundente de la Policía o el Ejército. Según denuncias, esto evidencia un vacío de control estatal que permite a la organización guerrillera movilizarse con relativa normalidad en zonas rurales del Catatumbo.Las críticas también apuntan al silencio de las autoridades, que hasta ahora no han emitido pronunciamientos claros sobre este sepelio ni sobre las implicaciones de permitir que un grupo armado exhiba su fuerza y simbología en un espacio público. Para analistas y habitantes de la región, estos hechos no solo representarían una vulneración a los acuerdos de cese al fuego y al orden público, sino también una señal de que el control territorial del Estado sigue siendo insuficiente en lugares como San Pablo, donde la población queda expuesta a la influencia de actores armados ilegales.
Las protestas de comunidades en Santander continúan sin acuerdos definitivos con el Instituto Nacional de Vías (Invías), manteniendo levantadas las talanqueras de cuatro peajes ubicados en la llamada Ruta de los Comuneros.La situación, que se presenta desde el 7 de octubre de 2025, ha generado una pérdida cercana a los 24.000 millones de pesos, según el balance entregado por la entidad.Los peajes afectados son Oiba, Los Curos, Curití y Río Blanco, ubicados en el corredor vial que comunica Zipaquirá con San Alberto, una de las rutas más importantes del país para la movilidad y el transporte de carga.De acuerdo con Jhon Jairo González, director encargado de Invías, estos recursos son fundamentales para el mantenimiento y la atención de emergencias en este eje vial.Pese al cese en el recaudo, Invías aseguró que durante 2025 ha invertido cerca de 62.000 millones de pesos en este corredor. De ese total, más de 25.000 millones se destinaron a mantenimiento rutinario y periódico, atención de puntos críticos, emergencias y señalización vial, mientras que otros 37.000 millones de pesos se ejecutaron en labores de mantenimiento adicional. Asimismo, la entidad señaló que se han garantizado servicios de atención al usuario, como grúa, carro taller y ambulancia.El Instituto indicó que ha sido garante del derecho a la protesta pacífica y que ha participado en cinco mesas de diálogo presenciales y varias reuniones virtuales con comunidades, transportadores y líderes de la manifestación, espacios en los que también han estado presentes autoridades locales, departamentales y organismos de control.En estos encuentros se han analizado propuestas orientadas a mejorar la infraestructura vial y, al mismo tiempo, se ha insistido en la necesidad de reactivar el cobro de los peajes como fuente clave de financiación.Como parte de una solución a largo plazo, Invías informó que avanza en una propuesta estructural que contempla una posible alianza con Findeter, con el objetivo de financiar la rehabilitación de los tramos más críticos de esta vía.Entre los acuerdos, se estableció que durante la primera semana de diciembre Findeter presentaría la propuesta para administrar esta vía; sin embargo, hasta el momento no se ha informado nada al respecto.Hace unos meses, Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, lanzó duros señalamientos al Gobierno nacional por la falta de inversiones en vías clave del departamento. “No se invierte en el departamento y la comunidad está exigiendo que la plata de los peajes se invierta bien en esta vía”, afirmó.