Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
Tiendas D1 continúa consolidándose como uno de los lugares favoritos de los colombianos no solo por sus alimentos económicos, sino también por su línea de productos de aseo que combinan efectividad y bajo precio. En esta ocasión, un artículo que cuesta menos de $3.000 pesos se ha convertido en tendencia entre los compradores por su capacidad para eliminar la grasa acumulada en la cocina en cuestión de minutos.Se trata del desinfectante de baño de la marca Brilla King, un producto que, aunque fue diseñado inicialmente para la limpieza de sanitarios y superficies del baño, ha demostrado ser altamente eficaz para remover la grasa incrustada en gabinetes, paredes y otras áreas de la cocina donde suelen acumularse residuos difíciles de quitar.Un aliado económico para la limpieza de la cocinaUno de los mayores problemas en los hogares es la acumulación de grasa en la cocina, especialmente en zonas que no se limpian con frecuencia. Con el paso del tiempo, estas superficies pueden adquirir una capa pegajosa que resulta complicada de eliminar con productos convencionales o solo con agua y jabón.En este contexto, el desinfectante Brilla King, que se consigue por aproximadamente $2.990 pesos en tiendas D1, ha ganado popularidad por ofrecer resultados rápidos sin necesidad de aplicar fuerza o utilizar múltiples productos. Su fórmula permite desprender la grasa adherida, facilitando la limpieza y reduciendo el tiempo invertido en esta tarea doméstica.Consumidores han destacado que este tipo de soluciones económicas son clave para mantener el hogar en buenas condiciones sin afectar el bolsillo, especialmente en un contexto donde muchas familias buscan optimizar sus gastos.Cómo usar el desinfectante Brilla King para eliminar la grasaEl proceso de uso es sencillo y no requiere herramientas especiales. Para lograr los mejores resultados, se recomienda seguir estos pasos:Aplicar el producto directamente sobre la superficie con grasa, como gabinetes, azulejos o paredes.Dejar actuar el desinfectante durante al menos cinco minutos para que la fórmula ablande la suciedad acumulada.Limpiar con un trapo húmedo o una esponja, retirando los residuos sin necesidad de frotar intensamente.Tras este procedimiento, la superficie queda visiblemente más limpia y libre de grasa, lo que facilita el mantenimiento regular de la cocina.Por qué es importante eliminar la grasa de la cocinaMantener la cocina libre de grasa no solo mejora la apariencia del hogar, sino que también contribuye a la higiene y la salud. La grasa acumulada puede convertirse en un foco de bacterias y malos olores, además de atraer insectos.Por esta razón, expertos recomiendan implementar rutinas de limpieza periódicas y utilizar productos adecuados que permitan remover la suciedad de manera eficiente.Consejos prácticos para evitar la acumulación de grasaAdemás del uso de productos de limpieza como el Brilla King, existen varias recomendaciones que pueden ayudar a prevenir la acumulación excesiva de grasa:Realizar limpiezas frecuentes: Limpiar las superficies al menos una vez por semana evita que la grasa se adhiera con fuerza.Usar extractores de aire: Estos dispositivos reducen la cantidad de grasa que circula en el ambiente mientras se cocina.Cubrir los alimentos durante la cocción: Utilizar tapas ayuda a disminuir las salpicaduras de aceite.Actuar rápidamente ante las manchas: Limpiar los residuos recientes facilita su eliminación y evita que se endurezcan.
Por tercera ocasión, y en medio de las audiencias que involucran la presunta malversación de más de 2.480 millones de pesos en seis contratos que fueron entregados de manera directa por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al Cuerpo de Bomberos de Itagüí, se mencionó la injerencia que habría tenido el hermano del entonces alcalde Daniel Quintero Calle, en la entidad, Miguel Quintero Calle, exconcejal de Medellín.La primera mención fue el pasado 8 de octubre de 2025, cuando se adelantaron las audiencias preliminares en contra de María Yaneth Rúa García, supervisora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús Gonzales Correa, representantes legales del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, donde, de estos, hoy se encuentran en prisión, por direccionar irregularmente los seis contratos.Hay que recordar que el ente acusador ya había afirmado que los objetos de los contratos, por un total de $18.000 millones y que no se cumplieron, era, entre otros, capacitar a los oficiales de atención de emergencias de otros Cuerpos de Bomberos.Esta vez, y en medio del último recurso para enviar a la cárcel al exdirector Juan David Palacio Cardona, el fiscal 40 para delitos contra la administración pública fue insistente en la división de roles que hubo al interior de la entidad, mencionando a un viejo conocido de otros escándalos en Medellín: Miguel Quintero Calle. De esto, este lo llamó “coordinador” de todo lo que sucedió con este caso en la entidad."El ciudadano Miguel Quintero, al parecer, operaba como coordinador externo impartidor de instrucciones y presuntos beneficiarios. Esta sofisticación de los mecanismos de comisión demuestra el dolo de los delitos imputados, donde hubo planificación y capacidad organizativa", dijo el delegado de la Fiscalía.Recordemos que en otra diligencia de finales de enero, en medio de la imputación de cargos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público que involucra a Palacio, y las ex subdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana Montoya Velilla, además del tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Henao, salió a colación la injerencia de Miguel Quintero, en la contratación directa que se adelantó al interior de la entidad, por medio de chats claves que aunque ya se habían conocido en medio de este proceso judicial, de nuevo evidenciaron que direccionaba contrataciones.De hecho, en uno de ellos es referenciado por una de las imputadas como “Miqui” y también es nombrado Álvaro Villada como “vi”.La Fiscalía concluyó que Juan David Palacio Cardona conocía las irregularidades en la contratación del Área Metropolitana, al acatar instrucciones de este tercero para nombrar funcionarios estratégicos, por ejemplos las dos ex subdirectoras ahora involucradas en este proceso, quienes presuntamente tenían orden directa de nombramiento de Miguel Quintero. Por su parte, el procurador José Luis Ochoa Escobar se sumó a las menciones al hermano del exalcalde."En la parte relativa a la contratación, quienes ponen el candidato para agilizar y así se escuchó en los audios para agilizar el aspecto contractual es justamente el hermano del señor alcalde de la ciudad del área metropolitana, que es quien postuló a Juan David para el cargo, que es quien postula también a las personas que van a ejercer la actividad de firmar los contratos, justificar la contratación, firmar los contratos y auditar los contratos", argumentó Ochoa.Además, reveló el fiscal que, durante el tiempo de administración de Palacio Cardona, se habría participado en reuniones y coordinaciones donde se acordó el direccionamiento y la distribución de contratos dentro de la entidad. Por ello, el alcalde Federico Gutiérrez fue enfático en que por el mismo rol de Miguel Quintero es que el director debe ser enviado a la cárcel mientras avanza el proceso judicial."Claro que fue el que nombró a esa persona, pero por instrucción de terceros, el hermano del exalcalde que fue el que ordenó que pusieran a la persona para el tema de direccionamiento de contrato, las pruebas están, son demasiado claras y como lo dijo la directora del Área, el juez en ningún momento negó la responsabilidad de estas personas en hechos de corrupción, todo lo contrario, fue muy duro", declaró el alcalde.Ante este material probatorio, para el procurador delegado de este caso, fue clara la explicación de la Fiscalía en cuanto al rol de Juan David Palacio en la omisión de vigilar los contratos por más de 18.000 millones de pesos.
El origen de la miopía puede estar relacionado con un hábito visual común en interiores: el enfoque prolongado de cerca en entornos con poca luz, lo que limita la cantidad que llega a la retina.La miopía ha alcanzado "niveles casi epidémicos en todo el mundo, pero aún no comprendemos totalmente por qué", según José Manuel Alonso, investigador español de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) firmante principal de un estudio publicado por Cell Reports.¿Pantallas pueden dario miopía?Durante años, el incremento de los índices de miopía se ha atribuido ampliamente al aumento del tiempo que se pasa frente a las pantallas, especialmente entre los niños y los adultos jóvenes. En este último grupo la sufren casi el 50 % en Europa y Estados Unidos.El nuevo estudio propone que la miopía puede estar menos relacionada con las pantallas en sí mismas y que "un factor subyacente común puede ser la cantidad de luz que llega a la retina durante el trabajo prolongado de cerca, especialmente en interiores", señaló Alonso.Si bien la genética desempeña un papel importante, el rápido aumento, en tan solo unas pocas generaciones, sugiere que los factores ambientales también son fundamentales.Esta "no es una respuesta definitiva", subrayó Alonso, citado por la SUNY, pero el estudio ofrece "una hipótesis comprobable que replantea cómo interactúan los hábitos visuales, la iluminación y el enfoque ocular.Es una hipótesis basada en "la fisiología medible que reúne muchas pruebas existentes" y, aunque se necesita más investigación, "ofrece una nueva forma de pensar sobre la prevención y el tratamiento".¿Qué podría cambiar si se demuestra el origen de la miopía?Esa nueva hipótesis que podría ayudar a explicar por qué tantos factores aparentemente diferentes, desde el trabajo de cerca y la iluminación interior tenue hasta tratamientos como las gotas de atropina, las lentes multifocales y el tiempo que se pasa al aire libre, parecen influir en la progresión de la miopía.Si se demuestra su veracidad, el mecanismo propuesto "podría suponer un cambio de paradigma en nuestra comprensión de la progresión y el control de la miopía", indicó el centro universitario.Con luz exterior brillante, la pupila se contrae para proteger el ojo, al tiempo que permite que llegue suficiente luz a la retina, pero cuando las personas se concentran en objetos cercanos en interiores, como teléfonos, tabletas o libros, la pupila también puede contraerse, no por el brillo, sino para enfocar la imagen."En condiciones de poca luz, esta combinación puede reducir significativamente la iluminación de la retina", explicó Urusha Maharjan, también firmante del artículo.Según este mecanismo, la miopía se desarrolla cuando la iluminación deficiente de la retina no genera una actividad retiniana sólida porque las fuentes de luz son demasiado tenues y la contracción de la pupila es excesiva a distancias de visión cortas.Por el contrario, la miopía no se desarrolla cuando el ojo está expuesto a una luz brillante y la contracción de la pupila se regula por el brillo de la imagen en lugar de por la distancia de visión.
Tras la llegada de los Consejos Comunitarios el pasado domingo 15 de febrero a la Universidad Nacional, las protestas en Bogotá han generado caos en puntos distritales y entidades del orden nacional.De hecho, desde el lunes 16 iniciaron las manifestaciones y con ello se ocuparon recintos como el Ministerio de Educación, el Dane, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Tierras, lo que despertó preocupación en gran parte de la ciudadanía.Ante este panorama, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca lamentó los hechos ocurridos ese lunes en el CAN y advirtió que no realizaría más bloqueos en edificios públicos, señalando que se establecería una mesa formal de diálogo entre el Gobierno y estas comunidades.Sin embargo, en la mañana del miércoles 18, la inconformidad con el Gobierno parece provenir de otra organización, cuyos integrantes se tomaron el Ministerio de Minas.Trabajadores de la caña se tomaron MinMinasDe acuerdo con lo revelado en Mañanas Blu, hacia las 6 de la mañana trabajadores del sector de la caña estarían ocupando el Ministerio de Minas. Las protestas en el sector administrativo de Bogotá se han vuelto recurrentes, afectando una zona clave tanto para el Gobierno distrital como para el nacional.Los manifestantes están pidiendo una nivelación de precios frente al tema de etanol. Trabajadores de la caña, pertenecientes a la CGT, a la CUT y a la CTC, le solicitan al Gobierno que imponga una solución frente a las empresas distribuidoras de combustible para que se utilice etanol colombiano.Según señalaron en el noticiero, en Colombia se utiliza una mezcla con etanol para producir biocombustible; sin embargo, ese etanol sería importado desde Estados Unidos, lo que genera un impacto en la industria nacional. Por ello, la protesta en el Ministerio de Minas busca exigir que esa proporción de etanol sea colombiana y no importada.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
Un trágico accidente cobró la vida de Jhon Alexander Perdomo Gutiérrez, un domiciliario que se movilizaba en motocicleta por la autopista entre Piedecuesta y Floridablanca, en la noche de este viernes 5 de diciembre.El siniestro ocurrió hacia las 9:10 p.m., a la altura del sector de Papi Quiero Piña, cuando la víctima, quien conducía una motocicleta Pulsar NS 200 de placas UWU-15F, perdió el control al intentar esquivar varios tubos abandonados en plena vía.De acuerdo con el relato de testigos, los tubos habrían sido presuntamente hurtados de una estación de Metrolínea y quedaron atravesados en la autopista.“Eran unos tubos que estaban en la carretera. El habitante de calle se los robó de la estación de Metrolínea, venía pasando la autopista, le quedó grande, los dejó ahí y, por esquivar, el muchacho perdió el control y terminó estrellándose metros adelante contra unos árboles”, relató uno de los testigos que grabó la escena.El impacto fue tan fuerte que Jhon Alexander salió expulsado y quedó inconsciente a un costado de la vía. Minutos después llegaron paramédicos para atenderlo, pero las graves heridas le causaron la muerte de manera inmediata.Las autoridades ya recolectan testimonios y verifican cámaras de seguridad para establecer responsabilidades y determinar cómo llegaron los tubos a la autopista, pues este elemento habría sido el detonante del accidente.La comunidad del sector manifestó preocupación por la presencia constante de habitantes de calle y objetos peligrosos dejados en la vía, que representan un riesgo para motociclistas y conductores.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a las 14 personas capturadas en Bucaramanga y señaladas de integrar la red delincuencial ‘Los de la U’, un grupo que habría convertido zonas internas y aledañas a la Universidad Industrial de Santander (UIS) en un punto de venta de estupefacientes operado “como si fuera una tienda”.De acuerdo con la investigación, esta estructura distribuía drogas al menudeo a estudiantes y personas que frecuentaban el sector, utilizando empaques llamativos, sabores artificiales y mezclas químicas para atraer consumidores jóvenes.En uno de los inmuebles inspeccionados, las autoridades encontraron un pequeño laboratorio artesanal donde se realizaba el secado, modificación y almacenamiento de marihuana. Allí también se hallaron refrigeradores usados para conservar la droga durante meses y mezclas creadas por los integrantes del grupo, quienes producían marihuana con olor y sabor a mango, fresa, arándanos y sandía.El fiscal del caso destacó la magnitud de las operaciones ilícitas: “Eran muchas cantidades de marihuana, 53 kilos por panelas, por kilos. Tenían incluso refrigeradores donde almacenaban la marihuana para que durara hasta 2 o 3 meses. Con sus conocimientos químicos hacían mezclas y se sentían orgullosos de la marihuana con sabor a mango, fresas, arándanos”, indicó.Se les imputó los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.Los señalados por la Fiscalía son Ángel Duván Ramírez Aristizábal, Ingrid Vanesa Díaz Gil, Josimar Dayana Barbosa Puertas, Michael Alexander Rodríguez Valderrama, Edwin Alejandro Sandoval Palomino, Fabián Mauricio Peña Sánchez, Edwin Oswaldo Mantilla Pérez, Billy Joel Morales Roldán, Rafael Armando Rey Merchán, Emanuel Sánchez Santiago, Juan Sebastián Molina Martínez, Gustavo Andrés Mateus Triana, Andrés Cortés Saavedra y Sergio Andrés Bonilla Rangel.Tras las audiencias, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para ocho de los involucrados. Los otros seis deberán permanecer privados de la libertad en sus residencias mientras avanza el proceso.Según los cálculos de la Policía, ‘Los de la U’ obtenían $50 millones diarios, $250 millones semanales y cerca de $1.000 millones al mes, convirtiéndose en una de las redes de microtráfico más lucrativas detectadas dentro de un entorno universitario en Santander.La Fiscalía señaló que los integrantes del grupo cumplían roles definidos: unos obtenían las sustancias ilícitas; otros las alteraban químicamente, las empacaban en presentaciones coloridas y, finalmente, las distribuían a consumidores. Vendían marihuana, cocaína, bazuco y éxtasis, incluidos productos con sabores a frutas diseñados para llamar la atención de jóvenes.
Las autoridades confirmaron el primer caso de lesionados por manipulación de pólvora en lo corrido de diciembre. Se trata de un menor de 16 años, residente en el norte de la ciudad, quien resultó herido luego de que un tote le explotara en la mano, afectándole uno de sus dedos.El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, explicó que “un menor, con manipulación de unos totes, presenta laceración en su mano izquierda y en los dedos, donde se le da el manejo respectivo por lesión y posteriormente se da su salida para la casa”.Prada también lanzó una advertencia a los padres de familia: pidió vigilar a los niños pequeños, pues algunos manipulan restos de pólvora quemada e incluso llegan a introducirlos en la boca, lo que puede generar intoxicación por fósforo blanco.El hecho fue ratificado por el gerente del Isabú, Hernán Zárate, quien señaló que este caso enciende nuevamente las alarmas sobre los riesgos de la pólvora, especialmente entre menores de edad.Tras la explosión, el joven fue trasladado al Hospital Local del Norte, donde recibió atención inmediata. El adolescente presentaba laceraciones y quemaduras de primer y segundo grado, por lo que los médicos le aplicaron antibióticos, realizaron la valoración correspondiente y posteriormente autorizaron su salida para continuar la recuperación en su vivienda.Debido a que el joven herido es menor de edad, sus padres fueron sancionados por permitir la manipulación de pólvora, conducta que está prohibida en Bucaramanga.Según versiones preliminares, el adolescente manipulaba pólvora junto a un grupo de vecinos del sector cuando el artefacto detonó de manera inesperada. Este incidente ocurre en medio de la alerta amarilla que rige en Bucaramanga y Barrancabermeja para prevenir quemados en las celebraciones de fin de año.El año pasado, Bucaramanga registró 13 lesionados por pólvora, mientras que Barrancabermeja reportó siete casos, entre ellos el fallecimiento de un niño de seis años por ingesta de fósforo blanco.Desde el pasado 26 de noviembre se encuentra restringido en Bucaramanga el uso, porte y venta de pólvora en espacios públicos, según una regulación que debería mantenerse durante toda la temporada navideña y de Año Nuevo.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pólvora y así proteger la vida de las personas y de los animales, especialmente en estas fechas, cuando aumentan los riesgos.
Las autoridades de Bucaramanga intensificaron los llamados a la prevención durante este fin de semana de velitas, con el fin de evitar personas quemadas con pólvora y emergencias relacionadas con fuego o instalaciones eléctricas. Aunque hasta el momento no se reportan casos de lesionados por pólvora, las entidades de atención mantienen un monitoreo permanente ante el incremento de riesgos propios de la temporada.Jorge Villareal, director de Bomberos de Bucaramanga, pidió a la ciudadanía extremar cuidados durante este domingo 7 de diciembre, día en el que miles de familias encenderán velas en sus hogares.“Estamos disponibles y atentos a cualquier emergencia, especialmente para el día de velitas, esperamos que la gente tenga mucho cuidado, se les pide el favor que no enciendan velas cerca de instalaciones de gas o cables eléctricos porque pueden generar incendios en las casas", señaló.Las autoridades de emergencia alertaron además sobre el aumento de incendios, quemaduras y cortocircuitos que suelen presentarse por descuidos en el manejo del fuego, sobrecarga de enchufes o manipulación de pólvora durante las celebraciones de fin de año.El director hizo un llamado a verificar los cables de las instalaciones navideñas, que no estén en mal estado ni cerca de fuentes de agua que puedan causar chispas e incendiosEl coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, recordó que aunque diciembre es una época de celebración, también trae consigo un incremento en los peligros relacionados con el uso irresponsable de la pólvora, y recordó que ante la situación todos los organismos de atención de emergencia están en alerta ante cualquier eventualidad.El capitán de Bomberos de Bucaramanga, Jorge Peña, recordó que la línea oficial para reportar cualquier emergencia es el #119: “Es el teléfono que recibe las llamadas en la central de alarma y redistribuye a las estaciones. No importa el tipo de situación, desde que se afecte una vida, incluso mascotas, o estén comprometidos los bienes, estamos para servir a la comunidad”, expresó.
Una nueva emergencia minera se registró en la vereda Valparaíso, corregimiento de Miralindo, en el municipio de Landázuri, Santander, donde seis mineros resultaron gravemente heridos tras la explosión ocurrida entre las 11:00 a.m. y 12:00 m.El alcalde del municipio, Carlos Andrés Morales, expresó su preocupación por la reiteración de estos hechos y la complejidad del control institucional en las zonas mineras.“Para nosotros como autoridad es muy difícil estar pendientes de las bocatomas de las minas, hay muchas y la gran mayoría registran cierres preventivos y aun así la gente sigue arriesgando sus vidas. Por eso los invitamos a que se formalicen con la Agencia Nacional de Minería; estamos haciendo capacitaciones y pedimos que dejen de valorar el material de la tierra por encima de la vida”, señaló.Esta es la tercera explosión en menos de tres semanas en esta misma zona del departamento, una cadena de incidentes que ya deja tres trabajadores muertos y siete lesionados, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales y departamentales.De acuerdo con las primeras versiones, una acumulación de gases dentro del socavón habría provocado el estallido que generó una violenta deflagración. Las autoridades también confirmaron que la legalidad de la mina está en investigación, mientras se adelantan verificaciones técnicas y administrativas sobre su operación.Los mineros heridos son Luis Alberto Jerez Casas de 24 años, Andrés Felipe López Caro de 21 años, José Henrry López García de 52 años, Willian Edalio Galindo González de 43 años, José Wilson Buitrago de 43 años y Hernando Cañón de 48 años.Cinco de los trabajadores fueron trasladados a clínicas del área metropolitana de Bucaramanga, mientras que uno permanece bajo observación en el Hospital de Landázuri.El mandatario añadió que continúan articulando esfuerzos con la Agencia Nacional de Minería para reforzar las medidas de seguridad y reducir los riesgos en esta actividad.Las autoridades avanzan en la investigación para determinar si la mina cumplía o no con las normas exigidas para su funcionamiento.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, informó que en los últimos tres días se han presentado retrasos en la llegada de productos de la canasta familiar provenientes de la costa Atlántica y Antioquia, debido a los bloqueos generados por la protesta de volqueteros en la Troncal del Magdalena Medio.Según explicó Alfonso Peñalosa, director de operaciones de la central mayorista, aunque se han registrado contratiempos en el ingreso de mercancías, hasta el momento no hay desabastecimiento.“Por el momento es importante informar a la opinión pública que no ha habido desabastecimiento en ningún producto; se han presentado contratiempos en la llegada de los mismos por las manifestaciones que se presentan”, señaló el directivo.Peñalosa indicó que los manifestantes han permitido el paso de camiones en algunos sectores y en horarios nocturnos, especialmente entre las 11:00 de la noches y las 7:00 de la mañana, lo que ha facilitado que los comerciantes puedan acopiar y despachar mercancías en esas franjas.Los mayores retrasos se han presentado en productos provenientes de Antioquia, como tomate de árbol y lulo. También han llegado con demora frutas del sur del país, entre ellas uvas y granadillas, así como mercancía importada que arriba por Puerto de Buenaventura.En el corredor afectado, particularmente en los sectores de Sabana de Torres y La Fortuna, también se han visto impactados alimentos que ingresan por el departamento del Cesar, como el mango tommy, mango de azúcar y la yuca.A esta situación se suman las lluvias que han afectado distintos puntos de Santander, especialmente en la zona del Magdalena Medio y el sur del departamento, lo que complica aún más la movilidad de carga.Desde Centroabastos advirtieron que, aunque el abastecimiento está garantizado, los sobrecostos logísticos derivados de los retrasos podrían generar incrementos en los precios de algunos alimentos si la situación persiste en los próximos días.
La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
Las centrales obreras y organizaciones sindicales de Santander convocaron para este jueves 19 de febrero un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, como parte del paro nacional en defensa del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional.La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde y contará con la participación de trabajadores de distintos municipios del departamento.Óscar Estupiñán, representante del sindicato de trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la jornada busca respaldar el decreto del salario mínimo vital y rechazar decisiones judiciales que, según los sindicatos, irían en contravía de los derechos laborales.“Desde las centrales obreras y la clase trabajadora estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de Santander a que nos concentremos este jueves 19 de febrero a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, para respaldar el decreto del Gobierno Nacional. Creemos que el salario mínimo vital dignifica al trabajador”, afirmó.Según los organizadores, se espera la llegada de delegaciones desde municipios como Piedecuesta, Girón, Lebrija y Barrancabermeja, con el propósito de concentrar el mayor número de manifestantes en la capital santandereana.Por su parte, Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, confirmó que el magisterio también se sumará a la jornada.“Como organización sindical convocamos al magisterio para que salgamos a reclamar por un incremento digno, porque además es un motor económico que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora”, señaló.El dirigente anunció que los docentes realizarán anormalidad académica en la jornada de la tarde, a partir de las 3:00 de la tarde, para facilitar la participación en el plantón. Asimismo, indicó que el gremio evalúa la convocatoria de un paro departamental de tres días en el marco de estas movilizaciones.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
La escalada de ataques sicariales en Santander, y en particular en el municipio de San Gil, encendió las alarmas de las autoridades. El pasado 14 de febrero, un nuevo atentado en pleno centro de la localidad dejó tres personas heridas y obligó a reforzar las acciones operativas, ante lo que la Policía ha calificado como una ofensiva criminal coordinada desde centros penitenciarios del país.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que las investigaciones preliminares indican que estos hechos estarían siendo ordenados desde las cárceles.“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas en vía pública. Las víctimas, todas mayores de edad y con más de 18 antecedentes judiciales, fueron trasladadas de urgencia al hospital local.Los hechos se suman a una serie de atentados que, según las autoridades, evidencian la presencia de bandas criminales y cabecillas que han comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en una zona reconocida por su vocación turística.Habitantes y comerciantes han manifestado su preocupación por la repetición de estos hechos en sectores céntricos, donde también circulan visitantes nacionales y extranjeros.El coronel Arévalo confirmó que los recientes ataques responden a un patrón coordinado y que se activó el denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de identificar y aislar a los internos que estarían ordenando los atentados.“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó.En San Gil, en los últimos días también se registró el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras permanecía en una tienda del municipio.Este homicidio y los recientes intentos de sicariato han incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes. Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en barrios como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de heridos y víctimas mortales.La Policía anunció el fortalecimiento de patrullajes, controles a motocicletas y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad de este municipio santandereano.
El alcalde de Florían, Néstor Delgado, denunció graves afectaciones ambientales y riesgos para varias comunidades rurales por los trabajos que adelanta un contratista en la vía que comunica a Florián con Jesús María y Puente Nacional, en medio del incremento de las lluvias.Según el mandatario, los movimientos de tierra y el material extraído de la carretera habrían sido depositados muy cerca de la quebrada La Venta, provocando derrumbes que terminaron cayendo al afluente y generando represamientos que ponen en peligro a las familias que viven aguas abajo.“Desafortunadamente, el contratista ha puesto el material muy cerca de la quebrada y todo se ha ido al cauce, generando riesgo para las familias ribereñas”, aseguró Delgado.La situación también amenaza un punto turístico de la región, las Ventanas de Tisquizoque, considerado uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Ante la emergencia, la administración municipal interpuso denuncias ante la Personería, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que realizó visitas técnicas y notificó a la Procuraduría y a la Gobernación para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias.El alcalde advirtió que el panorama es crítico: el 50 % de las 32 veredas del municipio presentan afectaciones por deslizamientos y lodo, mientras la vía clave para la conexión comercial y de salud con Bucaramanga y Bogotá registra daños constantes.Además, tres familias ya fueron evacuadas por riesgo inminente y reciben apoyo de arriendo temporal, mientras otras 15 a 20 podrían verse afectadas si se presenta una creciente súbita.“No sabemos si el contratista tiene los permisos para trabajar de esta manera y arrojar escombros cerca de la quebrada, la carga de material está represando el agua y puede provocar una emergencia mayor”, concluyó el mandatario.Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el temor de nuevos deslizamientos por la continuidad de las lluvias.
Cuatro familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el niño que falleció tras sufrir un golpe mientras montaba bicicleta, por falta de continuación de su tratamiento, enfrentan hoy la misma enfermedad.La familia denuncia que desde diciembre no reciben el medicamento esencial para controlar el trastorno de coagulación, poniendo en riesgo su salud y su vida.Kevin murió en Bogotá, y sus allegados aseguran que la falta de tratamiento oportuno habría agravado las consecuencias del accidente. Ahora temen que la historia se repita.De acuerdo con los afectados, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento desde el 2 de diciembre, luego de que la IPS que los atendía informara que ya no tenía contrato vigente.Sergio Torres, primo del menor, de 39 años, explicó que en su caso no recibe la aplicación desde esa fecha. A esto se suma un sobrino de 30 meses cuya última dosis fue el 18 de diciembre, otro niño de 10 años que la recibió el 22 de diciembre y un adulto de 31 años que también quedó sin tratamiento.“Hace más de 20 años recibimos este medicamento sin fallas, ni siquiera en pandemia nos faltó. Es la primera vez que nos dejan desprotegidos”, afirmó la familia, que reside en zona rural.Explican que con el tratamiento pueden llevar una vida normal: correr, trabajar, montar bicicleta o hacer ejercicio. “La hemofilia no es un limitante, pero sin el medicamento no puedo caminar bien, duelen las articulaciones y hasta dormido puedo sufrir hemorragias”, advirtió Torres.Con dolor, aseguran que la muerte de Kevin pudo evitarse. “Si él hubiera tenido el medicamento, los efectos del golpe habrían sido leves”, recalcaron.Frente a esta denuncia, la Gobernación de Santander solicitó acciones urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega inmediata de tratamientos a pacientes con enfermedades de alto riesgo en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.