En lo corrido de 2026, las autoridades en Bucaramanga ha expulsado a 16 ciudadanos extranjeros que registraban alertas enlazadas con Interpol, según confirmó el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali.El funcionario explicó que estas expulsiones hacen parte de un trabajo permanente de control migratorio y seguridad que se adelanta en la ciudad. “Es un tema diario. Todos los días los operativos que lideramos van con acompañamiento de Migración”, señaló.Entre los casos, Pinto mencionó la expulsión de un estadounidense con alerta del sistema ‘Ángel Watch’, relacionada con delitos sexuales en su país. En este caso, la medida también implicó la salida del país de su hijo quien lo estaba acompañando. Asimismo, indicó que varios de los expulsados tenían alertas por hurto agravado y calificado y otros delitos contra la convivencia.El secretario precisó que la caracterización de los ciudadanos intervenidos permite establecer cuántos contaban con estas alertas: en enero fueron nueve y en febrero siete.De acuerdo con el balance entregado, en lo que va del año se han realizado casi 70 operativos de control en diferentes puntos de Bucaramanga, lo que ha permitido detectar ciudadanos con antecedentes o alertas internacionales. En promedio, la ciudad está registrando una expulsión cada tres días.Finalmente, el funcionario reiteró que continuarán los controles para garantizar que la migración en la ciudad sea regularizada y caracterizada."Bucaramanga y Santander históricamente han sido territorios abiertos a la migración que aporta al desarrollo regional. Todo extranjero que venga a hacer cosas buenas y aportar a la ciudad es bienvenido”, afirmó. Sin embargo, advirtió que quienes tengan anotaciones judiciales o atenten contra la convivencia deberán regresar a su país de origen o responder ante la justicia colombiana.
Luego de la captura de la madre y la tía de una menor de edad en hechos relacionados con un presunto abuso sexual, por solicitud de la Fiscalía, un juez en Bucaramanga envió a la cárcel a las dos mujeres, quienes deberán responder por el delito de homicidio agravado.Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero en el asentamiento humano Los Laureles en la capital santandereana, cuando las dos mujeres ingresaron de manera violenta a la vivienda de César Augusto Neira Menco, de 45 años, atacarlo por presuntamente haber abusado sexualmente de la niña.Madre y tía no aceptaron los cargos, sin embargo, el Juez 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga las envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por el ente investigador.Tras la captura de las mujeres, la tarde del pasado 18 de febrero, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que no se conocían denuncias previas del presunto abuso sexual a la menor de 14 años, ante las autoridades.“Los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”, señalo el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer la posible participación de más personas en los hechos debido a que fue un grupo, en su mayoría de familiares, el que decidió tomar justicia por mano propia, se dirigió a la vivienda del presunto agresor, armados con cuchillos, varillas y piedras, entre ellos las dos mujeres señaladas del homicidio, para agredirlo hasta ocasionarle la muerte.
En su primera rueda de prensa tras ser nombrado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Bucaramanga, monseñor Luis Augusto Campos hizo un llamado a la responsabilidad democrática de candidatos y votantes, en medio del ambiente preelectoral que vive Colombia.El prelado, quien asumirá oficialmente el próximo 18 de abril en una ceremonia que se realizará en Bucaramanga, pidió que el proceso electoral se desarrolle “por las vías constitucionales” y sin ningún tipo de irregularidad.“Yo quisiera enviarles un mensaje a los candidatos y también a los votantes y es que respetemos el proceso, que no se vaya a contaminar de ninguna cuestión que pueda implicar algún desvío de votos”, expresó.Monseñor Campos insistió en la importancia de ejercer un voto informado y consciente. Señaló que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estudiar las propuestas y revisar las hojas de vida de los aspirantes, con el fin de garantizar que quienes lleguen a los cargos públicos tengan integridad moral y honestidad.“Creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de saber por quién votamos, de tomarnos el trabajo de estudiar las propuestas (…) de tal manera que den una garantía de integridad moral”, afirmó.Asimismo, invitó a que la política se oriente hacia el bien común y no hacia intereses partidistas o personales. En su mensaje, hizo referencia al momento complejo que atraviesa el país, marcado, según dijo, por enfrentamientos y rivalidades.“¿Será posible pensar más allá de los intereses personales? ¿Será posible pensar también en una política honesta, en una política que sea transparente?”, cuestionó.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
Las lluvias en Antioquia mantienen afectadas a esta hora dos vías nacionales clave: la autopista Medellín–Bogotá y la conexión al sur del país desde el departamento. Las autoridades reportan cierres totales y pasos restringidos en varios corredores estratégicos.El primer caso se presenta en el tramo Santuario–Caño Alegre, en jurisdicción del municipio de San Luis, sobre la autopista Medellín–Bogotá. Allí se registra cierre total tras un deslizamiento de tierra que, según el Instituto Nacional de Vías, dejó cerca de 40.000 metros cúbicos de material sobre esta troncal que comunica a Antioquia con el centro del país.A esta hora, funcionarios trabajan con maquinaria amarilla para remover el material y habilitar al menos un carril en la autopista Medellín–Bogotá. Como ruta alterna, las autoridades recomiendan el corredor Medellín–Cisneros–Puerto Berrío, conectando con la Ruta del Sol.Por otro lado, en el municipio de Santa Bárbara, en la vía Medellín–La Pintada, otro deslizamiento obligó al cierre total de esta importante carretera nacional. La ruta alterna para quienes se dirigen hacia el Eje Cafetero y el sur del país es por el sector de Bolombolo.A la emergencia se suman cuatro puntos con paso restringido en el corredor hacia la subregión de Urabá. Cabe recordar que, debido a las lluvias, tres puentes han colapsado, incluido uno que conecta esta zona con Montería, donde se prevé la instalación de dos puentes militares provisionales.En detalle, el flujo es moderado y con paso a un carril en los siguientes sectores: Variante Fuemia, PR 6+400 (Dabeiba), con paso habilitado en el día y cierre entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m.; PR 28+000 entre Uramita y Dabeiba, en el túnel falso, con paso a un carril y vehículo varado; y PR 111+097, también en Dabeiba, con restricción a un carril por socavación.
Un grave accidente de tránsito se registró este martes en la autopista Norte con calle 187, sentido norte - sur, involucrando a un bus intermunicipal y dos vehículos particulares. El siniestro, ocurrido en el norte de Bogotá, dejó a una persona atrapada y obligó a la restricción total del flujo vehicular en este importante corredor vial.El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acudió de inmediato al lugar de la emergencia para realizar el rescate de un ciudadano que quedó atrapado entre las latas de un vehículo particular color rojo. Según el reporte oficial, el impacto se produjo entre el bus de servicio intermunicipal, el automóvil mencionado y una camioneta de alta gama, dejando daños de consideración en las estructuras de los automotores.Tras las labores de extracción, los organismos de socorro confirmaron que "se realizó el rescate de una persona que resultó atrapada en el vehículo rojo, luego de presentarse una colisión entre el bus y los dos automóviles particulares". Una ambulancia ya se encuentra en el punto brindando la atención médica necesaria a los afectados.Estado de la movilidad en la autopista NorteDebido a la magnitud del choque y a la presencia de los vehículos de emergencia, la movilidad en el sentido norte - sur se encuentra seriamente afectada. Las autoridades de tránsito mantienen un operativo activo en la zona para gestionar la situación y trasladar a los heridos a centros asistenciales cercanos.
Un informe de inteligencia advierte que, en lo corrido de 2026, ya se registran 25 ataques con drones cargados con explosivos en Colombia, confirmando que esta modalidad sigue en expansión en zonas con presencia de grupos armados ilegales. El último ataque por parte del ELN, que dejó dos militares heridos, se registró en Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño.Otro ataque, apenas un día antes, se registró el en zona rural entre Jamundí y Guachené, en el Valle del Cauca, y fue atribuido a las disidencias de las Farc. La cifra se suma al crecimiento sostenido de este tipo de acciones desde 2024, que a la fecha tiene una cifra alarmante.En el consolidado 2024–2026, el informe contabiliza 419 ataques con drones explosivos, con una frecuencia aproximada de un ataque cada día y cuatro horas. El impacto acumulado deja 330 afectaciones entre civiles y uniformados, incluidos muertos y heridos. Solo en 2026, en lo que va del año, un militar y un policía han sido asesinados y 26 militares resultaron heridos.La tendencia evidencia la rápida adaptación tecnológica de los grupos ilegales, que emplean drones para lanzar granadas o artefactos improvisados contra tropas y zonas pobladas, especialmente en el suroccidente del país. Contra estos ataques, la Fuerza Pública poco ha podido hacer, teniendo en cuenta que sus dispositivos antidrones quedan rezagados ante los que usan los criminales, por eso, el Ministerio de Defensa anunció el Proyecto del Escudo Nacional Antidrones.Las cifras reflejan que, pese a los operativos militares, el 2026 comenzó con esta amenaza vigente, lo que mantiene en alerta a las autoridades frente a un tipo de ataque cada vez más frecuente y difícil de neutralizar.
Faltan dos semanas para las elecciones legislativas en el país y los expertos en materia electoral reiteran la alerta que vienen haciendo por la manipulación que pueda haber en los comicios, por ejemplo, para el caso de Antioquia por parte de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias, quienes en algunos municipios donde tienen fuerte presencia estarían buscando orientar el voto.Según el informe dado a conocer por la Misión de Observación Electoral en Antioquia, el riesgo extremo se concentra en municipios como Amalfi, Anorí, Caucasia, El Bagre, Remedios, Segovia, Tarazá y Turbo.También señalan que, a diciembre de 2025, 49 municipios (39,2%) registraban riesgo por violencia política y social, especialmente en el Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Occidente.Al preocupante panorama se suma que hay riesgo por fraude electoral para las elecciones legislativas del 30,4% (38 municipios) para el caso del Senado, y del 40% (50 municipios) a la Cámara de representantes, concentrándose la alerta en el Norte, Occidente, Suroeste y Nordeste. Por fraude, los factores que más inciden incluyen bajas tasas de participación, variación atípica del voto, altos niveles de dominio electoral, votos nulos y tarjetones no marcados, indicó la entidad. "El departamento de Antioquia es muy grande, muy complejo y muy extenso en sí mismo y hacemos de una proporción bastante alta del censo electoral, que podría estar afectada en este sentido, alrededor del 12 por ciento del censo electoral está ubicado en municipios con riesgo electoral. La injerencia más grande que hemos detectado en Antioquia es en tres subregiones Norte, Nordeste y Bajo Cauca, el riesgo es la confluencia de grupos armados", expuso Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político De La Moe.Frente a los territorios que están en alerta máxima, hay que decir que en los que se ubican en la Circunscripción Especial de Paz del Bajo Cauca, 11 municipios presentan riesgo extremo, equivalentes al 92,3% del territorio. A la par, en la circunscripción de Urabá, Turbo y Dabeiba concentran el riesgo extremo, pues son zonas estratégicas para economías ilegales y corredores de movilidad de grupos armados.Ante los riesgos identificados con un potencial electoral cercano a los 5,5 millones de votantes en el departamento, la Misión de Observación Electoral pidió articular a la Fuerza Pública, el Ministerio Público y los gobiernos locales para prevenir interferencias de grupos ilegales, así como aumentar la presencia integral del Estado en los municipios con riesgo extremo en Antioquia, que ocupa el tercer lugar en el país con esta clasificación, luego de Cauca y Chocó. También insistieron en que es necesario “garantizar canales efectivos de denuncia, fortalecer la protección de liderazgos sociales y políticos amenazados, asegurar la transparencia en la financiación de campañas y reforzar la pedagogía electoral para prevenir la manipulación, el clientelismo y la desinformación”.
Las lluvias en la región persisten, y ya han comenzado a afectar el nivel del río Cauca, a su paso por Cali y Candelaria debido al aumento en su caudal. Por esta razón las autoridades de Gestión del Riesgo han comenzado varias visitas en las zonas aledañas al río, para verificar el comportamiento del cauce e identificar si es necesaria la evacuación de familias hacia sectores altos.Desde Cali, se está verificando la zona baja del Jarillón. Mientras que en Candelaria, se monitorean los sectores de Juanchito y Poblado Campestre."El río Cauca está en alerta naranja a la altura del distrito de Cali, marcando un nivel aproximadamente de 9.25 metros. Estamos realizando un recorrido de verificación por los puntos críticos de esa verma húmeda del Jarillón. Nos encontramos en el punto de Puerto Nuevo, procederemos a visitar Playa Renaciente y Brisas del Cauca. Seguimos activos y monitoreando hora tras hora el río", indicó el subsecretario de Gestión del riesgo de Cali, Nicolás Suárez.Esta no es la única zona del departamento que se encuentra en alerta por las lluvias pues en municipios del centro del Valle, como Ginebra y Guacarí, decenas de viviendas amanecieron inundadas por el desbordamiento de una quebrada en inmediaciones del corregimiento de Puente Rojo.En Guacarí , ya se han atendido más de 30 familias afectadas por las lluvias de los últimos días, por su parte en Ginebra, aún están en la caracterización. Según, Jorge Eliecer García, coordinador de gestión del riesgo de Ginebra, el 100% de la zona rural de este municipio registra emergencias."La quebrada Zanjo Seco se salió, allí hubo traumatismo para poder pasar los estudiantes, llegaron dos máquinas, ya logramos evacuar. No hubo cómo llegar los estudiantes hoy a la concentración de desarrollo rural La Selva debido a que la vía está en mal estado. Hubo pérdida de trucha en la vereda La Cecilia, después de Juntas, a raíz de que la quebrada La Cecilia tuvo una creciente súbita con lodo y mató todas estas truchas", señaló el funcionario.
En una contundente operación militar desarrollada en Cúcuta, Norte de Santander, el Ejército Nacional, a través de tropas de la Brigada 30, logró ubicar y desmantelar tres laboratorios para el procesamiento de cocaína pertenecientes a las estructuras del Frente Juan Fernando Porras Martínez y del Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez, del ELN."Los complejos ilegales estaban dedicados a la producción de clorhidrato de cocaína y pasta base de coca, y representaban una importante fuente de financiamiento para las actividades delictivas del grupo armado. En el lugar, los uniformados hallaron una gran cantidad de insumos químicos y materiales utilizados en la transformación de hoja de coca en alcaloides", señaló en un comunicado la Segunda División del Ejército. Durante el operativo se logró la incautación de 255 kilogramos de cocaína, 471 galones de insumos químicos líquidos, 255 kilogramos de insumos sólidos, 1.330 kilogramos de hoja de coca, 780 galones de ACPM y 220 galones de hoja en proceso de maceración.De acuerdo con información de inteligencia, los laboratorios destruidos estaban ubicados en zonas rurales estratégicas desde donde se distribuía el alcaloide hacia la frontera colombo-venezolana, alimentando las finanzas ilícitas del ELN y su red de narcotráfico internacional.El Ejército Nacional destacó que este resultado representa un golpe contundente a la capacidad económica y logística del ELN, debilitando su estructura de producción y transporte de droga. Además, reafirmó su compromiso con la seguridad, la tranquilidad y el desarrollo de las comunidades nortesantandereanas, reiterando que continuará con las operaciones sostenidas contra el narcotráfico y los grupos armados que afectan la estabilidad de la región.Las autoridades informaron que los insumos y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables de los laboratorios y las rutas utilizadas por la organización criminal.El Catatumbo, es la segunda zona del país donde más se produce cultivos de hoja de coca.
La Fiscalía General de la Nación logró una condena de 21 años y 3 meses de prisión contra Jhonatan Andrey Sánchez Balaguera, alias 'Orejas', integrante del grupo delincuencial ‘Los de Porras’ o ‘La Familia de la P’, por su participación en el asesinato del líder comunal Giovanny Luna Cárdenas, ocurrido en Cúcuta, Norte de Santander.Los hechos se remontan al 10 de enero de 2024, cuando un sicario de la organización criminal ingresó a un restaurante en el barrio Antonia Santos y disparó en varias oportunidades contra Luna Cárdenas, quien se desempeñaba como fiscal de la Junta de Acción Comunal del sector. El ataque le causó la muerte en el lugar.Las investigaciones permitieron establecer que alias 'Orejas' tuvo un papel clave en la planeación y ejecución del homicidio, pues fue quien vigiló a la víctima, informó sobre sus movimientos y dio la orden al sicario para ejecutar el ataque. Además, fue el encargado de entregar las armas de fuego utilizadas por los integrantes de la estructura criminal en diferentes acciones delictivas.Entre los hechos atribuidos al condenado también se encuentra el asesinato de un hombre en vía pública de Cúcuta, ocurrido el 1 de febrero de 2024, crimen que habría sido ordenado por los cabecillas de la misma organización delincuencial. Alias 'Orejas' fue capturado e imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Posteriormente, aceptó los cargos en el marco de un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por un juez penal de conocimiento que dictó la sentencia condenatoria.La Fiscalía informó que el crimen del líder comunal estaría relacionado como una venganza tras las denuncias que realizaba continuamente contra la banda 'Los de Porras'. La Fiscalía anunció que continúa avanzando en las investigaciones para identificar y judicializar a los demás responsables del crimen del líder social.
En una operación conjunta entre el Gaula de la Policía y el Ejército Nacional, las autoridades lograron rescatar al comerciante Álvaro Antonio Páez Ortiz, quien había sido secuestrado el pasado 11 de octubre cuando se desplazaba hacia el municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander.El operativo se llevó a cabo en zona rural del municipio de Ábrego, donde fueron capturadas seis personas presuntamente vinculadas con el secuestro. Entre los detenidos se encuentran dos miembros de la Policía Nacional, quienes estaban fuera de servicio al momento de cometer el delito.El Brigadier General William Quintero Salazar, comandante de la Región de Policía N.° 5, confirmó que contra los uniformados capturados se iniciaron procesos penales y disciplinarios en el marco de la política de integridad y transparencia policial.“Gracias a la coordinación interinstitucional entre el Gaula de Policía del Norte de Santander y el Ejército Nacional fue posible el rescate del señor Álvaro Antonio Páez Ortiz. En el operativo fueron capturadas seis personas, entre ellas dos policías fuera de servicio, quienes ya enfrentan procesos judiciales y disciplinarios”, indicó el general Quintero.De acuerdo con la investigación, el comerciante propietario de panaderías en los municipios de Ábrego y Ocaña, fue interceptado por hombres armados cuando se movilizaba en su vehículo particular. En un punto conocido como Oropoma, los secuestradores lo obligaron a descender y se lo llevaron con rumbo desconocido.Las autoridades incautaron tres armas largas, una granada, municiones, dos radios de comunicación, teléfonos celulares, una camioneta y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.Durante el cautiverio, la familia de Páez Ortiz recibió llamadas y mensajes intimidantes en los que los delincuentes exigían 1000 millones de pesos por su liberación.La Policía Nacional reiteró su compromiso con la transparencia institucional y la lucha frontal contra el secuestro, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas 123, 165 del Gaula o la línea contra el crimen 314 358 7212, con absoluta reserva.
Las autoridades de Bucaramanga declararon alerta naranja por el riesgo de deslizamientos en la comuna 14 y el posible desbordamiento del río de Oro en el sector de Chimitá, em Santander, donde se han intensificado las lluvias.A esta situación se suman dos grandes derrumbes en los municipios de Landázuri y San Andrés, en el departamento de Santander. En Landázuri ya se encuentra maquinaria amarilla realizando labores de remoción, mientras que en San Andrés se espera la intervención de equipos técnicos para atender la emergencia.El director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, explicó que las zonas más afectadas corresponden a Chimitá y el barrio José Antonio Galán, sectores históricamente vulnerables ante fenómenos de remoción en masa y crecientes del río.“Las comunas 14 y José Antonio Galán, en el sector de Chimitá, están en alerta ante el fenómeno de La Niña, que viene con más intensidad según el Ideam. Hemos estado realizando obras de contención como muros en gaviones para mitigar el riesgo del río de Oro cuando amenaza con desbordarse. En José Antonio Galán se ejecuta una pantalla anclada, adjudicada el año pasado, que permitirá proteger a las familias que habitan en la zona”, explicó Rodríguez.Desde hace más de 15 años, estas comunas son catalogadas como zonas de alto riesgo en la capital santandereana, donde históricamente se registran los mayores deslizamientos y emergencias durante las temporadas de lluvias.Las autoridades mantienen el monitoreo permanente en los puntos críticos y hacen un llamado a la comunidad para reportar oportunamente cualquier signo de inestabilidad en taludes, viviendas o cauces cercanos, a fin de evitar tragedias.
La Policía de Santander confirmó la captura del presunto responsable del homicidio de Edilia Ramírez Fonseca, una mujer de 63 años que fue brutalmente asesinada el pasado 10 de marzo de 2025 en zona rural del municipio de Onzaga. El crimen, que causó conmoción en la comunidad, habría ocurrido tras una disputa por linderos de propiedad.El hecho se registró en la vereda Yariguíes, donde la víctima fue atacada con un arma cortopunzante en más de 30 ocasiones, su cuerpo fue hallado por habitantes de la zona al día siguiente, tendido a un costado de la vía cerca de la escuela rural donde residía, la comunidad alertó a las autoridades, que realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a las investigaciones.Según el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, las labores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía Séptima Seccional de San Gil, permitieron esclarecer el caso y dar con la captura del presunto homicida.“Se logró la captura de un hombre señalado de ser el responsable del homicidio de la señora, las evidencias recolectadas, declaraciones juradas, fijaciones periciales en el lugar de los hechos y cotejos de ADN fueron determinantes para obtener la orden judicial”, explicó el coronel Arévalo Montenegro.De acuerdo con la investigación, el detenido sería vecino de la víctima y habría actuado por diferencias personales relacionadas con límites de terreno. En el operativo de allanamiento y registro se hallaron prendas y elementos que habrían permitido relacionarlo directamente con el crimen.El cuerpo de la mujer también presentaba golpes en la cabeza, por lo que el Instituto de Medicina Legal determinó que fue víctima de una agresión violenta.Tras conocerse el crimen, los habitantes de Onzaga realizaron una velatón en honor a Edilia Ramírez Fonseca, exigiendo justicia y rechazando los hechos de violencia que han afectado a esta zona de la provincia guanentina.“Nos negamos a aceptar la violencia como parte de nuestra realidad. Honramos la vida de la señora Edilia, cuya luz se ha apagado injustamente. Su ausencia nos deja un vacío, pero su memoria nos obliga a actuar en una causa que nos una a todos”, expresó una habitante durante el homenaje.La Policía Nacional reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de hechos violentos en el departamento y recordó a la ciudadanía que puede denunciar cualquier situación que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea 123 o del número contra el crimen 314 328 7212, con absoluta reserva.
En medio de la huelga que adelantan trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), la Gobernación de Santander hizo un llamado al diálogo responsable y advirtió que incrementos “desproporcionados” en los beneficios laborales podrían afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.La administración departamental señaló que, aunque respeta el derecho a la organización sindical y reconoce las peticiones planteadas por los empleados, “el servicio de energía es un servicio público esencial del que dependen hospitales, acueductos, instituciones educativas, el sector productivo y la vida diaria de los santandereanos”, dice la Gobernación en un comunicado.La huelga se produjo luego de 40 días de conversaciones entre el sindicato y la empresa sin lograr acuerdos. Entre los puntos que mantienen el desacuerdo está la solicitud de un incremento salarial del 23,7 %, equivalente al aumento del salario mínimo para 2026, pese a que, según se ha indicado, ninguno de los trabajadores sindicalizados devenga ese salario básico.En el comunicado oficial, la Gobernación advirtió que aumentos superiores a la capacidad financiera de la empresa podrían poner en riesgo su operación, su capacidad de inversión y los recursos que transfiere al departamento. Recordó que el 22 % de las utilidades de ESSA ingresan a Santander para financiar obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde cuestionó que el sindicato solicite un incremento del 23,7 % para empleados que, según afirmó, devengan salarios de hasta 10 millones de pesos, además de otros beneficios, y que adicionalmente se estén pidiendo 96.000 millones de pesos en el pliego. “La ESSA es una empresa que nos pertenece a los santandereanos (…) Hay que cuidarla y protegerla. ¿Quién tiene que ceder?”, escribió.Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió al representante de Prosantander, señaló que el conflicto incluye varios puntos adicionales y que la salida debe ser producto de la concertación. “Lo mejor es hablar y acordar. Es una negociación”, manifestó.Frente al llamado que han hecho los gremios al diálogo para superar la huelga, Carlos Roncancio, abogado de Sintraelecol, dijo que la Electrificadora de Santander cerró las puertas a las conversaciones.“Ninguna autoridad en este momento está mediando este conflicto la ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado que es la empresa cerró las puertas del diálogo todos los gremios económicos piden diálogo y este es un llamado para las instituciones para el Ministerio de Trabajo y misterio de minas de cómo construimos una mesa de diálogo real y diálogos que surta efectos”, puntualizó Roncancio.
Las autoridades de Santander mantienen alerta por la posibilidad de un vertimiento controlado en Hidrosogamoso de ISAGEN, ante el incremento sostenido del nivel del embalse Topocoro, que se aproxima a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro. La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Según la compañía, este procedimiento produciría un aumento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, por lo que se activaría el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), notificando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y demás organismos de socorro.Las autoridades recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del nivel del agua y trasladar ganado y pertenencias a zonas altas.Asimismo, se advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies naturales de inundación podrían verse afectados en caso de concretarse el vertimiento.ISAGEN reiteró que continuará informando oportunamente a las comunidades y autoridades locales sobre cualquier decisión relacionada con la operación de la central.
Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de forma repentina en un dispensario de Cafam en Cúcuta mientras denunciaba ante medios locales las persistentes barreras en el acceso a servicios de salud. La ciudadana, quien había llegado desde temprano al establecimiento para realizar los trámites correspondientes, se desplomó tras relatar el drama que vivía por la falta de fármacos vitales para su familia.Denuncia sobre falta de medicamentos en CúcutaEl trágico incidente ocurrió mientras Quintero exponía la situación de su hijo, quien requiere pañales y metadona de manera permanente. Según su testimonio brindado en el sitio, los pendientes de entrega se acumulaban desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio", relató la mujer minutos antes de su deceso.La afectada también señaló irregularidades en el manejo de los inventarios, afirmando que, en ocasiones, los productos se vencen en bodega sin ser entregados a los pacientes bajo el argumento de trámites administrativos o fechas de corte.Además de la situación de su hijo, Quintero manifestó su angustia por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón que no recibía Rivaroxaban de 20 mg, medicamento considerado vital para su condición. La mujer, quien también se identificó como paciente renal, aseguró llevar más de seis meses sin recibir su propio tratamiento.En sus declaraciones finales, la ciudadana coincidió con las críticas hacia el sistema de salud sobre el presunto acaparamiento de fármacos: "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional por fuera. No revisan los pendientes y luego dicen que ya se vencieron", sentenció ante las cámaras.Pese a que las personas presentes en el dispensario de Cafam intentaron realizar maniobras de reanimación tras su colapso, la mujer falleció en el lugar.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Un joven de 18 años fue capturado en el municipio de Barbosa, en Santander, señalado de cometer abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad. El caso salió a la luz gracias a una jornada de prevención realizada por la Policía en el colegio donde estudian las víctimas.Según las autoridades, los niños de 9 y 10 años se acercaron a los uniformados durante la actividad pedagógica y denunciaron lo que venía ocurriendo. De inmediato se activaron las rutas de protección y comenzó la investigación judicial.El capturado, identificado como Andrés Felipe Cubides López, fue detenido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos.De acuerdo con el proceso investigativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, las agresiones se habrían presentado de manera sistemática desde 2021. El joven, presuntamente, aprovechaba la cercanía con la familia de las víctimas y utilizaba amenazas para obligarlas a guardar silencio.El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que la captura fue posible gracias a las estrategias de prevención en entornos escolares.“Es un abusador sexual que desde el 2021 venía sometiendo a dos menores de edad, aprovechando su cercanía familiar. Gracias a los programas de prevención que hace la Policía en los colegios, los niños se acercan a los uniformados y ponen en conocimiento lo que venía sucediendo”, afirmó el oficial.La institución reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de protección a la infancia y pidió a padres, docentes y estudiantes denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El joven quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.
Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y familiares. La mujer había llegado desde temprano al lugar para realizar el trámite correspondiente.Lo que se conoce, preliminarmente, es que la paciente habría tenido al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En múltiples oportunidades anteriores no habría recibido los fármacos formulados, situación que la mantenía a la espera de una solución.Además, una vez en el interior del dispensario este martes, la mujer habría sostenido un cruce de palabras con una funcionaria al no obtener respuesta frente a su caso. Tras la discusión, decidió sentarse mientras esperaba una atención definitiva. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente. Personal presente en el lugar intentó practicarle maniobras de reanimación, pero la adulta mayor no respondió y murió en el sitio.El dispensario permanece cerrado mientras se adelantan los actos urgentes. En el interior permanecen dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera del procedimiento oficial.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.
La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de control en distintos sectores de la ciudad, especialmente contra las caravanas ilegales de motociclistas y en la zona de rumba de Cuadra Play, en la comuna 12.El alcalde Cristian Portilla aseguró que no se permitirá el desorden ni la alteración del orden público. Según el mandatario, en días pasados se realizaron más de 10 dispositivos de control en diferentes puntos de la ciudad, enfocados en evitar caravanas ilegales y conductas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.“Cualquier ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga, pero también tiene el deber de respetar las normas de tránsito y no alterar el orden. No puede ser legal pasarse una norma de tránsito, ni conducir una motocicleta después de haber ingerido licor”, señaló el alcalde.Portilla explicó que estas caravanas generan altos niveles de ruido y múltiples quejas ciudadanas, especialmente en sectores residenciales. Además, advirtió que muchos de los casos se presentan en horarios nocturnos donde algunos conductores han consumido bebidas embriagantes.Frente a los recientes comportamientos registrados en Cuadra Play, reconocida zona de rumba de la ciudad, el alcalde anunció el incremento de la presencia policial y de los controles.“Que vuelva el respeto a nuestras autoridades y a los ciudadanos. No vamos a tolerar el desorden ni el irrespeto a las normas de tránsito ni a la Policía Nacional. Di la orden de aumentar las capacidades operativas en el sector, con el objetivo de evitar el caos”, afirmó.No obstante, señaló que el objetivo no es afectar la actividad económica ni los espacios de esparcimiento, sino garantizar que quienes asistan a compartir lo hagan de manera responsable. Para ello, aseguró que se adelanta un trabajo articulado con empresarios del sector, la comunidad y la Policía Nacional.