La muerte de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que colapsó dentro de un dispensario de Cafam en Cúcuta, ha desatado conmoción y fuertes cuestionamientos al sistema de salud, luego de que su familia denunciara reiteradas fallas en la entrega de medicamentos que necesitaba para tratar enfermedades graves.Su hijo, Edinson Rojas, relató que su madre llevaba meses enfrentando retrasos y obstáculos para acceder a sus tratamientos, pese a la urgencia de sus condiciones médicas. “Ella era una paciente que tenía una condición y necesitaba medicamentos para el corazón, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Le venían tomando el pelo hace ya varios años, de que no le entregaban a tiempo las medicinas”, aseguró en entrevista con Noticias Caracol.Según explicó, la última vez que Quintero recibió su tratamiento fue a finales de 2025, lo que marcó el inicio de un nuevo periodo de incertidumbre. “En diciembre fue la última dosis que le dieron. Desde diciembre hasta acá no le habían vuelto a dar medicinas”, afirmó el hombre.El día de su fallecimiento, Cecilia Quintero había acudido al dispensario desde tempranas horas con la intención de reclamar no solo sus medicamentos, sino también insumos para su familia. En medio de su espera, denunció públicamente las demoras que enfrentaba desde meses atrás y las dificultades que encontraba cada vez que acudía al lugar.Su hijo explicó que la situación médica de la familia era compleja. “Mi padrastro también tiene esa condición, es hipertenso, fue operado del corazón. Y mi hermano está en silla de ruedas desde hace muchos años, desafortunadamente por la violencia de este país. Son situaciones que son insoportables”, dijo.Quintero era oriunda de Charalá, pero debido a sus problemas de salud se trasladó a vivir a Chinácota, donde las condiciones climáticas eran más favorables. Sin embargo, debía viajar regularmente a Cúcuta para cumplir con sus controles y reclamar sus fórmulas médicas.Tras el fallecimiento, la familia asegura que no ha recibido comunicación directa por parte de la entidad encargada del suministro de los medicamentos. “Ninguno, ninguno. El único comunicado que sacaron fue por redes sociales, que estaban en investigación, pero usted sabe que eso nada pasa”, expresó Rojas.Sobre las causas del deceso, el hijo indicó que aún no hay un dictamen oficial por parte de Medicina Legal. No obstante, señaló que las primeras hipótesis apuntan a una posible falla cardíaca. “No tengo esa información todavía, pero todo apunta a que fue un infarto”, manifestó.Finalmente, Rojas pidió que las autoridades intervengan para esclarecer lo ocurrido y evitar que más familias enfrenten situaciones similares. “Ruego a las autoridades que se apersonen de la situación que está viviendo este país. No es solo mi madre, son miles de personas que están en esta situación y vemos que no hay soluciones”, concluyó.La muerte de Cecilia Quintero ocurre en medio de crecientes denuncias sobre demoras en la entrega de medicamentos en distintas regiones, una problemática que sigue afectando a pacientes que dependen de tratamientos continuos para sobrevivir.
La empresa Isagen anunció que este miércoles 25 de febrero, a partir de las 2:00 de la tarde, iniciará la apertura intermitente y controlada de compuertas en el canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, debido al aumento sostenido de los niveles del embalse Topocoro por las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas.La compañía explicó que las crecientes en las cuencas de los ríos Suárez y Chicamocha, principales afluentes del Sogamoso, han generado un incremento significativo en los aportes hídricos. Los niveles del embalse se acercan a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar (msnm), por lo que se hace necesario realizar vertimientos para mantener condiciones estables y seguras en la operación.De acuerdo con el más reciente informe técnico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), más de 20 cuencas hidrográficas del país se encuentran en alerta naranja y roja por las lluvias y tormentas, entre ellas la del río Sogamoso y varios de sus afluentes, como el río Chucurí.Isagen destacó que, en medio de este panorama, el embalse Topocoro ha cumplido su función reguladora, absorbiendo las crecientes y reduciendo el riesgo de afectaciones aguas abajo, lo que contribuye a la protección de las comunidades ribereñas. Según la empresa, el promedio de afluencias acumuladas en febrero ha alcanzado el 308 % frente al histórico del mes, y en los últimos días los aportes hídricos han llegado al 450 % del promedio histórico.La compañía aseguró que la central mantiene la generación de energía en toda su capacidad instalada, aportando de manera constante y segura al Sistema Interconectado Nacional.Asimismo, la empresa informó que mantendrá comunicación directa con comunidades e instituciones para brindar información oportuna sobre la evolución de la situación.Recomendaciones a la comunidadAnte el incremento del caudal del río Sogamoso, ISAGEN pidió a la comunidad:* Abstenerse de acceder a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora.* Estar atentos al aumento en el nivel del río.* Evacuar las islas que se forman a lo largo del afluente.* No ubicar pertenencias cerca de la orilla.* Vigilar permanentemente a los niños y evitar que permanezcan solos en charcos o riberas.* Trasladar ganado y semovientes a zonas altas y alejadas del río.La empresa advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies y zonas de inundación natural podrían verse anegados por el incremento del nivel del agua.
En lo corrido de 2026, las autoridades en Bucaramanga ha expulsado a 16 ciudadanos extranjeros que registraban alertas enlazadas con Interpol, según confirmó el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali.El funcionario explicó que estas expulsiones hacen parte de un trabajo permanente de control migratorio y seguridad que se adelanta en la ciudad. “Es un tema diario. Todos los días los operativos que lideramos van con acompañamiento de Migración”, señaló.Entre los casos, Pinto mencionó la expulsión de un estadounidense con alerta del sistema ‘Ángel Watch’, relacionada con delitos sexuales en su país. En este caso, la medida también implicó la salida del país de su hijo quien lo estaba acompañando. Asimismo, indicó que varios de los expulsados tenían alertas por hurto agravado y calificado y otros delitos contra la convivencia.El secretario precisó que la caracterización de los ciudadanos intervenidos permite establecer cuántos contaban con estas alertas: en enero fueron nueve y en febrero siete.De acuerdo con el balance entregado, en lo que va del año se han realizado casi 70 operativos de control en diferentes puntos de Bucaramanga, lo que ha permitido detectar ciudadanos con antecedentes o alertas internacionales. En promedio, la ciudad está registrando una expulsión cada tres días.Finalmente, el funcionario reiteró que continuarán los controles para garantizar que la migración en la ciudad sea regularizada y caracterizada."Bucaramanga y Santander históricamente han sido territorios abiertos a la migración que aporta al desarrollo regional. Todo extranjero que venga a hacer cosas buenas y aportar a la ciudad es bienvenido”, afirmó. Sin embargo, advirtió que quienes tengan anotaciones judiciales o atenten contra la convivencia deberán regresar a su país de origen o responder ante la justicia colombiana.
Luego de la captura de la madre y la tía de una menor de edad en hechos relacionados con un presunto abuso sexual, por solicitud de la Fiscalía, un juez en Bucaramanga envió a la cárcel a las dos mujeres, quienes deberán responder por el delito de homicidio agravado.Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero en el asentamiento humano Los Laureles en la capital santandereana, cuando las dos mujeres ingresaron de manera violenta a la vivienda de César Augusto Neira Menco, de 45 años, atacarlo por presuntamente haber abusado sexualmente de la niña.Madre y tía no aceptaron los cargos, sin embargo, el Juez 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga las envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por el ente investigador.Tras la captura de las mujeres, la tarde del pasado 18 de febrero, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que no se conocían denuncias previas del presunto abuso sexual a la menor de 14 años, ante las autoridades.“Los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”, señalo el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer la posible participación de más personas en los hechos debido a que fue un grupo, en su mayoría de familiares, el que decidió tomar justicia por mano propia, se dirigió a la vivienda del presunto agresor, armados con cuchillos, varillas y piedras, entre ellos las dos mujeres señaladas del homicidio, para agredirlo hasta ocasionarle la muerte.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el impuesto al patrimonio para empresas que decretará el Gobierno en el marco de la emergencia por inundaciones tendrá una tarifa diferencial para el sector financiero y minero energético. “Hemos establecido el impuesto al patrimonio del 0.5 % para los sectores de personas jurídicas y particularmente para el sector financiero y mineroenergético del 1.6 %”, dijo.El ministro agregó que este impuesto se va a declarar y pagar en dos cuotas. El 50 % de esta tarifa debe cancelarse el 1 de abril de 2026 y el otro 50 % el 4 de mayo. “Muchos de estos recursos van a ser necesarios para intervenciones de una escala significativa en materia agraria y de infraestructura, por eso hay plazos cortos”, agregó.Cabe mencionar que este impuesto no será para todas las empresas; es para las que tienen mayor patrimonio. Se cobraría a partir de 10.000 millones de patrimonio líquido hasta $31.000.El jefe de la cartera de hacienda también habló de la reunión con el sector bancario que se realizó ayer, en la que los bancos propusieron un periodo de gracia de hasta 12 meses para las deudas en las zonas afectadas por las inundaciones.“No se causarían intereses, y habría suspensión de cobros para créditos y un modelo de atención en campaña de educación financiera”, dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, diciendo que ven con buenos ojos la medida. El Gobierno Nacional, por su parte, insistió en bajar las tasas de interés.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que intensificó la vigilancia sobre las principales generadoras hidroeléctricas del país, en medio de la temporada de lluvias atípicas que se registra en distintas regiones. La decisión se adopta como medida preventiva para reforzar el control sobre la operación del sistema eléctrico y evitar posibles afectaciones en la prestación del servicio.En ese sentido, el objetivo central es supervisar la gestión financiera, técnica y administrativa de las compañías, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la regulación vigente, la continuidad del servicio de energía y la protección efectiva de los usuarios.Por esta razón, la entidad citó en Bogotá a los representantes legales de AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Empresa Urrá S.A. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. e Isagen S.A. E.S.P., quienes deberán presentar información detallada sobre su operación.De acuerdo con la Superintendencia, se verificará la información reportada entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual. La revisión incluye los parámetros de operación de los embalses, tales como volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Asimismo, se auditará la veracidad de los datos relacionados con caudales, descargas y vertimientos, con el propósito de confirmar que la información suministrada corresponda a las condiciones reales del sistema.Adicionalmente, el organismo de control exigirá el detalle de los planes de mantenimiento ejecutados y programados, así como los soportes técnicos y documentales que respalden cualquier indisponibilidad que haya impactado la oferta energética.Finalmente, la Superservicios supervisará los modelos técnicos utilizados para la toma de decisiones y la formación de precios de oferta, con el fin de asegurar que respondan adecuadamente a las actuales condiciones hidrológicas y no generen distorsiones en el mercado.
En medio de su gran momento en Alemania, Luis Díaz se tomó un momento para disfrutar con el club y se atrevió a contestar una de las trivias que hacen desde el equipo de comunicaciones para mover contenido en redes sociales, pero sus respuestas sorprendieron a todos, en especial en Colombia.Fue a través de X e Instagram en ‘Lucho’ participó en la trivia de película, una actividad en donde él eligió su historia su fuese contada en una película, primero causó gracias porque al elegir el actor que lo interpretaría dijo que “Peter Parker”, pero la sorpresa es cuando eligió al villano principal: “Jhon Durán, de Colombia”.“Si se hiciera una película sobre tu carrera. ¿Qué actor te interpretaría?”, le preguntaron, de ahí respondió: “Peter Parker. Spiderman”. En cuanto a quién sería su mejor amigo eligió a Daniel Muñoz y de mentor se quedó con Julio Comesaña, técnico que lo dirigió al inicio de su carrera en Junior de Barranquilla y el villano fue Jhon Jáder Durán, a quien no dudó en mencionarlo.Por supuesto la elección del ‘guajiro’ causó todo tipo de comentario, en especial aquellos que trajeron a colación la supuesta pelea que hubo en el camerino de la Selección Colombia que dejó, en su momento, por fuera al delantero de la convocatoria.¿Qué pasó con Jhon Durán en la Selección Colombia?Fuertes problemas en la Selección Colombia en el camerino y es que, según medios en Barranquilla, tras el empate vs. Perú en la fecha 15 de las Eliminatorias, el resultado habría dado pie a una fuerte discusión en el túnel de ingreso en donde por poco el delantero Jhon Jáder Durán golpea al técnico argentino Néstor Lorenzo por haberlo cambiado en el primer tiempo.Si bien diversas versiones desmintieron esto en su momento, incluyendo al técnico y los futbolistas, desde entonces el delantero no volvió a ser tenido en cuenta por la selección.
Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, aseguró que es igual de grave el presunto insulto homofóbico que el racista del jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni hacia el brasileño Vinícius Junior, y mostró confianza "al cien por cien" en su compañero, que, en "miles de batallas en el campo", nunca había denunciado, como lo hizo en Lisboa, a un rival."Me parece igual de grave si son insultos homofóbicos. He visto las imágenes de la grada durante el partido y es deporable ver eso en un estadio. Te puede caer mejor o peor un jugador, pero hacer eso (gestos de mono) es lamentable. No sé si el Benfica lo ha lamentado o no. Ha dicho que va a perseguir a los aficionados que hicieron gestos de mono, pero creo que hay muchas cosas que no se han hecho bien", lamentó Courtois en rueda de prensa."Tanto el racismo como la homofobia no podemos aceptarlo nunca. Es igual de fuerte el insulto. Si al decir eso Prestianni no se tapó la boca, tapándosela creo que sí lo dijo", añadió en referencia a unas imágenes iniciales en la celebración de Vinícius en la que el jugador del Benfica le llame presuntamente "maricón", antes de taparse la boca con la camiseta y realizar los descalificativos que activaron el protocolo antiracismo.Courtois respondió a las palabras del presidente Rui Costa, que defendió a su jugador al asegurar que está siendo "crucificado como una persona racista y es todo menos racista". Crítico con el Benfica, por la denuncia de una acción del juego de Fede Valverde que no ha sido sancionada, respaldó a Vinícius."Usar lo de Fede no tiene nada que ver, son lances del juego y no tenía intención de golpear a un rival. Al quitarte a alguien de encima lo quieres empujar. Lo de Prestianni es difícil porque es palabra contra palabra. Ellos van a creer lo que dice su jugador y nosotros estamos al cien por cien con Vini", explicó."Ha hecho miles de batallas en el campo, con defensas rivales ha tenido muchos piques y jamás ha dicho algo así. Creo en Vini al cien por cien pero como se ha tapado la boca con la camiseta nunca lo podremos saber. El Benfica defiende a su jugador y mucho más no podemos hacer nosotros. Será la UEFA la que decida", añadió.Como también hizo su entrenador, Álvaro Arbeloa, el portero belga pidió mano dura a UEFA para atajar con sanciones ejemplares cualquier actitud racista que se produzca en un partido, en el terreno de juego o en la grada."Estamos ante un gran momento para el fútbol de acabar con estas cosas. En el vestuario sabemos lo que nos ha contado Vinícius y tampoco quiero generalizar, pero esto ha pasado en muchos momentos en campos y en estadios. Hay que acabar ya con esto. La UEFA decide lo que tiene que decidir, los jugadores no importamos en eso, pero es un mensaje bueno", calificó tras la decisión de impedir a Prestianni jugar en el Bernabéu.Si prosperase el recurso presentado por el Benfica, Courtois admitió que no han hablado dentro del vestuario si saludarían a Prestianni en el pasamanos previo al inicio del partido. "No lo hemos hablado los jugadores, veremos lo que decidiremos como equipo si ocurre".El belga entiende la dificultad de prohibir a los deportistas comunicarse tapándose la boca, porque defendió que en ocasiones se hace para comunicarse con un compañero con privacidad, pero aseguró que será "bienvenido" si sirviese "para acabar con insultos racistas".Por último, Courtois piensa que se está avanzando en la lucha contra el racismo con nuevas normas y sanciones ejemplares. "Cada vez son mejores, pero podemos mejorar y, como sociedad, hay que dejar de ser tan tontos. Lo que pasó en la grada es para parar un partido y echar a esa gente. Tiene que haber un responsable que tienen que actuar, llamar a las autoridades".
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
La Policía de Santander confirmó la captura del presunto responsable del homicidio de Edilia Ramírez Fonseca, una mujer de 63 años que fue brutalmente asesinada el pasado 10 de marzo de 2025 en zona rural del municipio de Onzaga. El crimen, que causó conmoción en la comunidad, habría ocurrido tras una disputa por linderos de propiedad.El hecho se registró en la vereda Yariguíes, donde la víctima fue atacada con un arma cortopunzante en más de 30 ocasiones, su cuerpo fue hallado por habitantes de la zona al día siguiente, tendido a un costado de la vía cerca de la escuela rural donde residía, la comunidad alertó a las autoridades, que realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a las investigaciones.Según el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, las labores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía Séptima Seccional de San Gil, permitieron esclarecer el caso y dar con la captura del presunto homicida.“Se logró la captura de un hombre señalado de ser el responsable del homicidio de la señora, las evidencias recolectadas, declaraciones juradas, fijaciones periciales en el lugar de los hechos y cotejos de ADN fueron determinantes para obtener la orden judicial”, explicó el coronel Arévalo Montenegro.De acuerdo con la investigación, el detenido sería vecino de la víctima y habría actuado por diferencias personales relacionadas con límites de terreno. En el operativo de allanamiento y registro se hallaron prendas y elementos que habrían permitido relacionarlo directamente con el crimen.El cuerpo de la mujer también presentaba golpes en la cabeza, por lo que el Instituto de Medicina Legal determinó que fue víctima de una agresión violenta.Tras conocerse el crimen, los habitantes de Onzaga realizaron una velatón en honor a Edilia Ramírez Fonseca, exigiendo justicia y rechazando los hechos de violencia que han afectado a esta zona de la provincia guanentina.“Nos negamos a aceptar la violencia como parte de nuestra realidad. Honramos la vida de la señora Edilia, cuya luz se ha apagado injustamente. Su ausencia nos deja un vacío, pero su memoria nos obliga a actuar en una causa que nos una a todos”, expresó una habitante durante el homenaje.La Policía Nacional reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de hechos violentos en el departamento y recordó a la ciudadanía que puede denunciar cualquier situación que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea 123 o del número contra el crimen 314 328 7212, con absoluta reserva.
Preocupación hay entre los productores de calzado en Santander ante el posible aumento de aranceles que aplicaría el gobierno de Estados Unidos a las exportaciones de este sector. Empresarios advierten que la medida podría generar pérdidas millonarias y afectar la estabilidad de cientos de talleres y familias que viven de esta industria en el área metropolitana de Bucaramanga.De acuerdo con los fabricantes, ya hay pedidos vendidos y compromisos comerciales establecidos con precios fijados antes de conocerse los nuevos impuestos. El ajuste arancelario haría que los costos adicionales no sean asumidos por los compradores, sino por los productores locales.“Es muy grave y nos va a afectar muchísimo, ya hicimos contacto con inversionistas, se pactaron precios, y ahora, si al enviar el producto se aplica un arancel, esos costos los asumiremos nosotros. Esto nos va a traer pérdidas y muchas empresas podrían cerrar”, explicó Germán Oviedo Cruz, representante del sector calzado en San Francisco.El vocero agregó que la situación se da en un contexto económico difícil, ya que la economía local no está en su mayor auge “la economía nacional ha estado muy mal y ni hablar de la extranjera. Estados Unidos es un buen aliado ya que una sola tienda de grandes plataformas nos habla de miles de pares, y nosotros somos muchas familias que vivimos de este arte; por algo nos llaman Bucaramanga, la capital del calzado”, puntualizó Oviedo.El gremio pidió apoyo al Gobierno nacional y al Ministerio de Comercio para revisar los efectos que tendría esta medida y buscar alternativas que protejan el empleo de muchos trabajadores que viven de esta industria, además de la competitividad del sector calzado santandereano, uno de los más representativos del país.
La Electrificadora de Santander (ESSA), del Grupo EPM, informó que sus líneas telefónicas y el canal de WhatsApp se encuentran temporalmente fuera de servicio debido a una falla global en los servidores de Amazon Web Services (AWS), uno de los principales proveedores de infraestructura digital en el mundo.Esta interrupción no solo afecta a ESSA, sino también a diversas empresas y plataformas digitales a nivel global, que han reportado dificultades en la prestación de sus servicios.Los servidores son sistemas que permiten el funcionamiento de aplicaciones y servicios en línea. Cuando presentan fallas, muchas plataformas dejan de estar disponibles o presentan errores de conexión.Amazon Web Services (AWS) provee servicios tecnológicos a miles de empresas y plataformas en todo el mundo, por lo que una caída de su sistema puede generar un impacto masivo.Entre los más afectados se encuentran sitios web, aplicaciones móviles, plataformas en la nube y servicios de mensajería o atención al cliente, como líneas de WhatsApp empresariales, chats en línea y call centers.Además, empresas de sectores como energía, banca, comercio electrónico, medios de comunicación, transporte y tecnología pueden experimentar interrupciones o lentitud en sus operaciones. En consecuencia, millones de usuarios finales alrededor del planeta también pueden tener dificultades para acceder a distintos servicios digitales.Mientras se restablecen los canales de atención habituales, los usuarios pueden reportar daños en el servicio de energía a través de la página web oficial: www.essa.com.co.Solo deben ingresar y hacer clic en el botón “Reportar falla en el servicio”, completando todos los datos solicitados para garantizar el seguimiento y trazabilidad del reporte.ESSA señaló que, por el momento, no hay un estimado de tiempo para el restablecimiento de los servicios afectados, pero reiteró que trabaja en conjunto con los equipos técnicos para recuperar la normalidad lo antes posible.“Agradecemos la comprensión y paciencia de nuestros clientes y usuarios mientras se supera esta contingencia”, indicó la empresa en un comunicado oficial.
La crítica situación de orden público en el Catatumbo, Norte de Santander, obligó a Ecopetrol a suspender temporalmente sus operaciones en la zona norte del campo petrolero de Tibú, tras una serie de ataques armados y el creciente apoderamiento ilegal de hidrocarburos por parte de grupos insurgentes y bandas criminales que operan en la región.La empresa informó que, en lo corrido del año 2025, se han registrado al menos siete incursiones armadas en la Estación Norte, ubicada en la vereda Palmeras, kilómetro 16 del municipio de Tibú. En estos hechos, los delincuentes hurtaron más de 1.300 barriles de petróleo, afectando la continuidad de las operaciones y poniendo en riesgo la vida del personal que labora en el campo.Ecopetrol indicó que las acciones violentas han provocado pérdidas superiores a 39 mil barriles de crudo por apoderamiento ilegal y la instalación de más de 150 válvulas clandestinas, las cuales han generado graves daños ambientales y una disminución diaria de alrededor de 300 barriles en la producción.La compañía advirtió que la presencia de grupos armados organizados, como el ELN y las disidencias de las Farc, en los municipios de Tibú y Sardinata, amenaza directamente la estabilidad energética de la región.Actualmente, este campo produce unos 1.400 barriles de petróleo y 900 mil pies cúbicos de gas diarios, recurso que abastece la totalidad del servicio público domiciliario de Tibú y cerca del 25 % del consumo de Cúcuta, por lo que la suspensión impacta de manera directa a miles de usuarios.El experto en seguridad Enrique Pertuz explicó que la problemática en el Catatumbo tiene raíces profundas, ligadas al control territorial que ejercen distintos grupos ilegales sobre los corredores por donde pasa el oleoducto Caño Limón–Coveñas, una de las infraestructuras estratégicas del país.“Por gran parte de la región del Catatumbo y del sur del Cesar pasa este oleoducto, y esas zonas están controladas no solo por organizaciones insurgentes, sino también por mafias que sustraen los hidrocarburos. Estos combustibles son utilizados en el procesamiento de la hoja de coca, lo que convierte el robo de crudo en una fuente clave de financiamiento para las economías ilícitas”, explicó Pertuz.El experto advirtió además que en el territorio confluyen insurgencias, estructuras paramilitares y redes de narcotráfico, lo que hace más complejo el panorama de seguridad.“Estas organizaciones se benefician directamente del combustible sustraído, lo transforman y lo usan en los laboratorios para procesar la cocaína. Así, el robo de hidrocarburos se ha convertido en un eslabón de la economía criminal que mantiene la violencia en la región”, puntualizó.Ecopetrol reiteró su llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que adopten medidas urgentes que garanticen la seguridad de las operaciones y el bienestar de las comunidades, y expresó su compromiso de retomar las actividades una vez se restablezcan las condiciones mínimas de protección en el territorio.
La Policía en Santander adelanta una investigación por la circulación de panfletos amenazantes en varios municipios del Magdalena Medio, entre ellos Cimitarra, y que aparecen firmados supuestamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).El general William Quintero, comandante de la Región de Policía N°5, aseguró que las autoridades descartan que se trate de un comunicado auténtico de ese grupo armado, y que las primeras pesquisas apuntan a la actuación de delincuentes que se hacen pasar por miembros del ELN para cometer extorsiones.“En los últimos días hemos tenido presencia de algunos delincuentes que se hacen pasar por este grupo irregular. Estamos realizando las investigaciones del caso, trabajando con el Ejército Nacional y con la Fiscalía. La Policía ha dispuesto refuerzos en Simacota Bajo, en límites con Barrancabermeja, especialmente en el kilómetro 23, donde se ha recibido información sobre extorsiones”, explicó el oficial.El general Quintero reiteró que el panfleto no corresponde realmente al ELN y que personas ajenas a esa estructura estarían utilizando su nombre para intimidar a la población y exigir dinero.“Muchos delincuentes se aprovechan del nombre de grupos irregulares para generar temor y obtener recursos. Hemos tenido algunas alertas en esa zona sobre presencia de estos bandidos que pretenden retomar algunas áreas del departamento. Por eso estamos trabajando de manera conjunta entre Ejército, Policía y Fiscalía para capturarlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes”, agregó.El panfleto contiene mensajes en los que los autores afirman que “han regresado al territorio” y anuncian presuntas acciones contra grupos ilegales rivales y actividades económicas de la región, especialmente relacionadas con el transporte de carbón y materiales, además de mencionar la imposición de un supuesto “impuesto de guerra” a empresas locales.Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para no dejarse intimidar por este tipo de mensajes y denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas de atención de la Policía y el Gaula.
En su primera rueda de prensa tras ser nombrado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Bucaramanga, monseñor Luis Augusto Campos hizo un llamado a la responsabilidad democrática de candidatos y votantes, en medio del ambiente preelectoral que vive Colombia.El prelado, quien asumirá oficialmente el próximo 18 de abril en una ceremonia que se realizará en Bucaramanga, pidió que el proceso electoral se desarrolle “por las vías constitucionales” y sin ningún tipo de irregularidad.“Yo quisiera enviarles un mensaje a los candidatos y también a los votantes y es que respetemos el proceso, que no se vaya a contaminar de ninguna cuestión que pueda implicar algún desvío de votos”, expresó.Monseñor Campos insistió en la importancia de ejercer un voto informado y consciente. Señaló que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estudiar las propuestas y revisar las hojas de vida de los aspirantes, con el fin de garantizar que quienes lleguen a los cargos públicos tengan integridad moral y honestidad.“Creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de saber por quién votamos, de tomarnos el trabajo de estudiar las propuestas (…) de tal manera que den una garantía de integridad moral”, afirmó.Asimismo, invitó a que la política se oriente hacia el bien común y no hacia intereses partidistas o personales. En su mensaje, hizo referencia al momento complejo que atraviesa el país, marcado, según dijo, por enfrentamientos y rivalidades.“¿Será posible pensar más allá de los intereses personales? ¿Será posible pensar también en una política honesta, en una política que sea transparente?”, cuestionó.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
En medio de la huelga que adelantan trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), la Gobernación de Santander hizo un llamado al diálogo responsable y advirtió que incrementos “desproporcionados” en los beneficios laborales podrían afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.La administración departamental señaló que, aunque respeta el derecho a la organización sindical y reconoce las peticiones planteadas por los empleados, “el servicio de energía es un servicio público esencial del que dependen hospitales, acueductos, instituciones educativas, el sector productivo y la vida diaria de los santandereanos”, dice la Gobernación en un comunicado.La huelga se produjo luego de 40 días de conversaciones entre el sindicato y la empresa sin lograr acuerdos. Entre los puntos que mantienen el desacuerdo está la solicitud de un incremento salarial del 23,7 %, equivalente al aumento del salario mínimo para 2026, pese a que, según se ha indicado, ninguno de los trabajadores sindicalizados devenga ese salario básico.En el comunicado oficial, la Gobernación advirtió que aumentos superiores a la capacidad financiera de la empresa podrían poner en riesgo su operación, su capacidad de inversión y los recursos que transfiere al departamento. Recordó que el 22 % de las utilidades de ESSA ingresan a Santander para financiar obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde cuestionó que el sindicato solicite un incremento del 23,7 % para empleados que, según afirmó, devengan salarios de hasta 10 millones de pesos, además de otros beneficios, y que adicionalmente se estén pidiendo 96.000 millones de pesos en el pliego. “La ESSA es una empresa que nos pertenece a los santandereanos (…) Hay que cuidarla y protegerla. ¿Quién tiene que ceder?”, escribió.Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió al representante de Prosantander, señaló que el conflicto incluye varios puntos adicionales y que la salida debe ser producto de la concertación. “Lo mejor es hablar y acordar. Es una negociación”, manifestó.Frente al llamado que han hecho los gremios al diálogo para superar la huelga, Carlos Roncancio, abogado de Sintraelecol, dijo que la Electrificadora de Santander cerró las puertas a las conversaciones.“Ninguna autoridad en este momento está mediando este conflicto la ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado que es la empresa cerró las puertas del diálogo todos los gremios económicos piden diálogo y este es un llamado para las instituciones para el Ministerio de Trabajo y misterio de minas de cómo construimos una mesa de diálogo real y diálogos que surta efectos”, puntualizó Roncancio.
Las autoridades de Santander mantienen alerta por la posibilidad de un vertimiento controlado en Hidrosogamoso de ISAGEN, ante el incremento sostenido del nivel del embalse Topocoro, que se aproxima a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro. La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Según la compañía, este procedimiento produciría un aumento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, por lo que se activaría el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), notificando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y demás organismos de socorro.Las autoridades recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del nivel del agua y trasladar ganado y pertenencias a zonas altas.Asimismo, se advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies naturales de inundación podrían verse afectados en caso de concretarse el vertimiento.ISAGEN reiteró que continuará informando oportunamente a las comunidades y autoridades locales sobre cualquier decisión relacionada con la operación de la central.
Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de forma repentina en un dispensario de Cafam en Cúcuta mientras denunciaba ante medios locales las persistentes barreras en el acceso a servicios de salud. La ciudadana, quien había llegado desde temprano al establecimiento para realizar los trámites correspondientes, se desplomó tras relatar el drama que vivía por la falta de fármacos vitales para su familia.Denuncia sobre falta de medicamentos en CúcutaEl trágico incidente ocurrió mientras Quintero exponía la situación de su hijo, quien requiere pañales y metadona de manera permanente. Según su testimonio brindado en el sitio, los pendientes de entrega se acumulaban desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio", relató la mujer minutos antes de su deceso.La afectada también señaló irregularidades en el manejo de los inventarios, afirmando que, en ocasiones, los productos se vencen en bodega sin ser entregados a los pacientes bajo el argumento de trámites administrativos o fechas de corte.Además de la situación de su hijo, Quintero manifestó su angustia por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón que no recibía Rivaroxaban de 20 mg, medicamento considerado vital para su condición. La mujer, quien también se identificó como paciente renal, aseguró llevar más de seis meses sin recibir su propio tratamiento.En sus declaraciones finales, la ciudadana coincidió con las críticas hacia el sistema de salud sobre el presunto acaparamiento de fármacos: "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional por fuera. No revisan los pendientes y luego dicen que ya se vencieron", sentenció ante las cámaras.Pese a que las personas presentes en el dispensario de Cafam intentaron realizar maniobras de reanimación tras su colapso, la mujer falleció en el lugar.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Un joven de 18 años fue capturado en el municipio de Barbosa, en Santander, señalado de cometer abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad. El caso salió a la luz gracias a una jornada de prevención realizada por la Policía en el colegio donde estudian las víctimas.Según las autoridades, los niños de 9 y 10 años se acercaron a los uniformados durante la actividad pedagógica y denunciaron lo que venía ocurriendo. De inmediato se activaron las rutas de protección y comenzó la investigación judicial.El capturado, identificado como Andrés Felipe Cubides López, fue detenido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos.De acuerdo con el proceso investigativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, las agresiones se habrían presentado de manera sistemática desde 2021. El joven, presuntamente, aprovechaba la cercanía con la familia de las víctimas y utilizaba amenazas para obligarlas a guardar silencio.El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que la captura fue posible gracias a las estrategias de prevención en entornos escolares.“Es un abusador sexual que desde el 2021 venía sometiendo a dos menores de edad, aprovechando su cercanía familiar. Gracias a los programas de prevención que hace la Policía en los colegios, los niños se acercan a los uniformados y ponen en conocimiento lo que venía sucediendo”, afirmó el oficial.La institución reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de protección a la infancia y pidió a padres, docentes y estudiantes denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El joven quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.
Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.
Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y familiares. La mujer había llegado desde temprano al lugar para realizar el trámite correspondiente.Lo que se conoce, preliminarmente, es que la paciente habría tenido al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En múltiples oportunidades anteriores no habría recibido los fármacos formulados, situación que la mantenía a la espera de una solución.Además, una vez en el interior del dispensario este martes, la mujer habría sostenido un cruce de palabras con una funcionaria al no obtener respuesta frente a su caso. Tras la discusión, decidió sentarse mientras esperaba una atención definitiva. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente. Personal presente en el lugar intentó practicarle maniobras de reanimación, pero la adulta mayor no respondió y murió en el sitio.El dispensario permanece cerrado mientras se adelantan los actos urgentes. En el interior permanecen dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera del procedimiento oficial.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.
La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.