La Policía en Bucaramanga informó que logró en menos de 48 horas la captura de uno de los hombres que figuraba en el cartel de los más buscados por el delito de hurto calificado y agravado.De acuerdo con el reporte oficial, el detenido tenía una orden judicial vigente por hechos ocurridos el 7 de enero de 2025 en el barrio La Concordia, donde, presuntamente, participó en el hurto de 208 millones de pesos en efectivo. Según las investigaciones, el implicado utilizaba prendas similares a las de una empresa de aseo para cometer el ilícito.Las autoridades indicaron que el trabajo investigativo permitió recopilar elementos materiales probatorios que sustentaron la orden de captura y facilitaron su posterior ubicación. Este resultado representa, según la institución, un avance significativo en la ofensiva contra el delito de fleteo en el área metropolitana.Asimismo, el capturado estaría vinculado a otro caso ocurrido el 14 de enero de 2026 en el barrio El Gaitán, donde presuntamente participó en el hurto de 12 millones de pesos a una mujer que se movilizaba en motocicleta y fue interceptada durante la acción criminal.De igual manera, el 30 de enero de 2025 había sido capturado en flagrancia en el municipio de Acacías por otro caso de fleteo contra una mujer, quien resultó gravemente lesionada en el rostro durante el hecho.El brigadier general William Quintero Salazar destacó: “este resultado es producto del trabajo técnico y sostenido de nuestra Seccional de Investigación Criminal. Seguimos identificando, ubicando y capturando a quienes generan mayor afectación a la ciudadanía”.El detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La muerte de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que colapsó mientras hacía fila en un dispensario de Cafam en Cúcuta para reclamar medicamentos, ha generado conmoción y cuestionamientos sobre las fallas en la entrega de tratamientos médicos.En entrevista con Blu Radio, su hijo, Edinson Rojas, aseguró que la familia no ha recibido respuestas claras tras el fallecimiento. “No se han comunicado. El único comunicado que dio Cafam fue por redes sociales, que estaban investigando, pero de ahí nada más”, afirmó.Rojas explicó que su madre, una enfermera pensionada que vivía en Chinácota, padecía insuficiencia renal y hepática, pero su estado era estable mientras recibía sus medicamentos. Sin embargo, denunció que desde hacía años enfrentaba demoras en la entrega. “Hace varios años ya le empezaron a tomar del pelo. Ya no le entregaban a tiempo. Ella vivía en Chinácota y pedir mensualmente se le dificultaba. Entonces ya a partir de diciembre prácticamente no le entregaron”, dijo.También señaló que no han recibido avances de las autoridades sobre el caso. “No, hasta el momento nada, absolutamente nada”, expresó, al tiempo que pidió que se investigue lo ocurrido. “Le pido a las autoridades que realmente hagan algo, porque no es solo mi madre”, agregó.Rojas reiteró que su madre necesitaba medicamentos para tratar enfermedades cardíacas, renales y hepáticas, y que la última vez que recibió tratamiento fue en diciembre de 2025. “Desde diciembre hasta acá no le habían vuelto a dar medicinas”, afirmó.El día de su fallecimiento, Cecilia Quintero había viajado desde Chinácota hasta Cúcuta para reclamar sus medicamentos y otros insumos médicos, incluidos pañales para su hijo. En medio de la espera dentro del dispensario, su estado de salud se deterioró.Su hijo también describió la difícil situación médica de su familia. “Mi padrastro es hipertenso y fue operado del corazón. Y mi hermano está en silla de ruedas desde hace muchos años. Son situaciones que son insoportables”, señaló.La familia pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido, en medio de crecientes denuncias por demoras en la entrega de medicamentos en distintas regiones del país.
La empresa Isagen anunció que este miércoles 25 de febrero, a partir de las 2:00 de la tarde, iniciará la apertura intermitente y controlada de compuertas en el canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, debido al aumento sostenido de los niveles del embalse Topocoro por las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas.La compañía explicó que las crecientes en las cuencas de los ríos Suárez y Chicamocha, principales afluentes del Sogamoso, han generado un incremento significativo en los aportes hídricos. Los niveles del embalse se acercan a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar (msnm), por lo que se hace necesario realizar vertimientos para mantener condiciones estables y seguras en la operación.De acuerdo con el más reciente informe técnico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), más de 20 cuencas hidrográficas del país se encuentran en alerta naranja y roja por las lluvias y tormentas, entre ellas la del río Sogamoso y varios de sus afluentes, como el río Chucurí.Isagen destacó que, en medio de este panorama, el embalse Topocoro ha cumplido su función reguladora, absorbiendo las crecientes y reduciendo el riesgo de afectaciones aguas abajo, lo que contribuye a la protección de las comunidades ribereñas. Según la empresa, el promedio de afluencias acumuladas en febrero ha alcanzado el 308 % frente al histórico del mes, y en los últimos días los aportes hídricos han llegado al 450 % del promedio histórico.La compañía aseguró que la central mantiene la generación de energía en toda su capacidad instalada, aportando de manera constante y segura al Sistema Interconectado Nacional.Asimismo, la empresa informó que mantendrá comunicación directa con comunidades e instituciones para brindar información oportuna sobre la evolución de la situación.Recomendaciones a la comunidadAnte el incremento del caudal del río Sogamoso, ISAGEN pidió a la comunidad:* Abstenerse de acceder a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora.* Estar atentos al aumento en el nivel del río.* Evacuar las islas que se forman a lo largo del afluente.* No ubicar pertenencias cerca de la orilla.* Vigilar permanentemente a los niños y evitar que permanezcan solos en charcos o riberas.* Trasladar ganado y semovientes a zonas altas y alejadas del río.La empresa advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies y zonas de inundación natural podrían verse anegados por el incremento del nivel del agua.
En lo corrido de 2026, las autoridades en Bucaramanga ha expulsado a 16 ciudadanos extranjeros que registraban alertas enlazadas con Interpol, según confirmó el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali.El funcionario explicó que estas expulsiones hacen parte de un trabajo permanente de control migratorio y seguridad que se adelanta en la ciudad. “Es un tema diario. Todos los días los operativos que lideramos van con acompañamiento de Migración”, señaló.Entre los casos, Pinto mencionó la expulsión de un estadounidense con alerta del sistema ‘Ángel Watch’, relacionada con delitos sexuales en su país. En este caso, la medida también implicó la salida del país de su hijo quien lo estaba acompañando. Asimismo, indicó que varios de los expulsados tenían alertas por hurto agravado y calificado y otros delitos contra la convivencia.El secretario precisó que la caracterización de los ciudadanos intervenidos permite establecer cuántos contaban con estas alertas: en enero fueron nueve y en febrero siete.De acuerdo con el balance entregado, en lo que va del año se han realizado casi 70 operativos de control en diferentes puntos de Bucaramanga, lo que ha permitido detectar ciudadanos con antecedentes o alertas internacionales. En promedio, la ciudad está registrando una expulsión cada tres días.Finalmente, el funcionario reiteró que continuarán los controles para garantizar que la migración en la ciudad sea regularizada y caracterizada."Bucaramanga y Santander históricamente han sido territorios abiertos a la migración que aporta al desarrollo regional. Todo extranjero que venga a hacer cosas buenas y aportar a la ciudad es bienvenido”, afirmó. Sin embargo, advirtió que quienes tengan anotaciones judiciales o atenten contra la convivencia deberán regresar a su país de origen o responder ante la justicia colombiana.
Tras la decisión del Ministerio del Trabajo de ordenar el cierre provisional de cuatro áreas en su planta de Sopó por presuntos riesgos críticos, Alpina Productos Alimenticios S.A.S. aseguró que las medidas adoptadas por la autoridad son de carácter preventivo, focalizado y que no comprometen la operación integral de la planta.En un comunicado, la compañía informó que desde la mañana del 23 de febrero recibió la visita de cuatro funcionarios del Ministerio del Trabajo y dos más que pertenecen al sindicato de la compañía. Alpina explicó que manifestó observaciones frente al ingreso de estos dos veedores externos por posibles conflictos de interés, pero señaló que esta situación no afectó el desarrollo de la diligencia.Tras más de 20 horas de inspección, el Ministerio ordenó una medida preventiva cautelar en zonas específicas de potencial peligro, frente a la cual la compañía indicó que ya está implementando los correctivos técnicos solicitados como parte de su enfoque de mejora continua en seguridad industrial.Adicionalmente, la cartera laboral indicó que la empresa no podía imponer consecuencias a los trabajadores que acompañaron la inspección ni a quienes hicieron denuncias, por lo que Alpina reiteró que el respeto por la libertad de asociación es un principio histórico de la empresa y que mantiene canales formales de diálogo con los trabajadores y organizaciones sindicales.La compañía también confirmó que se conformará una mesa tripartita entre el Ministerio, los trabajadores y la empresa, en la que participará activamente para fortalecer el diálogo social basado en evidencia y soluciones técnicas.Finalmente, la empresa reafirmó su compromiso de fortalecer su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mantener el diálogo constructivo con autoridades y trabajadores y reportar de manera transparente sus indicadores de desempeño, reiterando su disposición de trabajar de manera articulada para garantizar entornos laborales seguros, dignos y sostenibles.
Un duro golpe a uno de los grupos criminales conmayor predominancia en el Oriente de Antioquia, propinaron las autoridades en el municipio de Rionegro tras la captura de 12 de sus miembros.Uno de los resultados más importantes que dejó el megaoperativo coordinado entre la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional, fue la captura de alias ‘Tuberquia’ o ‘Polín’, señalado como presunto coordinador de estupefacientes del grupo criminal con más de cuatro dentro de su organización.Carolina Tejada, secretaria de Seguridad de Rionegro, entregó detalles de la intervención por la cual los requeridos deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir con fines de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes."Incautamos un arma de fuego tipo revólver, un arma de fuego tipo pistola, 44 cartuchos calibre 38, 90 dosis de marihuana, 300 dosis de cocaína, ocho equipos móviles, tres libros de contabilidad y alrededor de 15 millones de pesos en billetes de diferente denominación", reportó la funcionaria.Desde la administración destacaron estos resultados de la fuerza pública como la posibilidad de seguir afectando las finanzas de uno de los grupos delincuenciales que genera mayor temor en varias poblaciones de la subregión.Su enfrentamiento por el control territorial y rentas criminales con el Clan del Golfo produjeron en menos de dos semanas la muerte de al menos 10 personas en diferentes municipios de la zona.
Más de 24 horas estuvieron fuera de servicio las plataformas digitales de Bancolombia, lo que generó rumores sobre un problema de seguridad y encendió la polémica sobre la tecnología que maneja una de las entidades bancarias más utilizadas por los colombianos.Ante ello, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, aseguró que todo se debió a un mantenimiento que salió mal. En charla con Blu Radio afirmó que la información ha sido “transparente” y que todo se originó tras una falla en un proceso técnico programado.El mantenimiento que se llevó a cabo en la madrugada del domingo como parte de la modernización tecnológica implicaba la migración masiva de datos entre servidores. Sin embargo, uno de los componentes suministrados por un proveedor externo presentó una falla y obligó a que todo el procedimiento fuera detenido.Revelan qué pasó con Bancolombia, ¿por qué se cayó?En diálogo con Mañanas Blu, el directivo explicó que se tenía previsto restablecer el servicio en pocas horas, pero el segundo servidor no funcionó como se esperaba. La contingencia superó las 24 horas y obligó a apagar los sistemas para reiniciarlos.De acuerdo con lo revelado, el problema fue técnico y no comprometió la seguridad de los recursos. Ante ello, el banco fue enfático en que no hubo incidentes de ciberseguridad; el dinero de los clientes está protegido y la información no fue vulnerada.La entidad aseguró que sus equipos y los del proveedor trabajaron sin pausa para recuperar la operación. Finalmente, en la noche se reinició la infraestructura y los servicios comenzaron a estabilizarse.Servicios habilitados y reclamos tras la caída de BancolombiaDurante la contingencia, varios usuarios reportaron dificultades para:Realizar transferencias.Pagar servicios o transporte.Recibir consignaciones de nómina.El banco priorizó la activación de operaciones esenciales como:Uso de tarjetas débito y crédito.Retiros en cajeros automáticos.Transferencias entre cuentas propias.Atención en sucursales físicas.¿Qué pasará con los afectados por la falla en Bancolombia?Desde Bancolombia afirmaron que se evaluará cada caso particular y se devolverán los valores correspondientes si existió alguna afectación, especialmente ante reportes de pagos duplicados o inconsistencias en saldos.La situación generó molestias entre clientes que señalaron la frecuencia de estas intermitencias, especialmente en fechas de alta demanda. Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia activó protocolos de seguimiento para revisar lo ocurrido. Ante ello, oficialmente los sistemas ya funcionan con normalidad, aunque dejó molestia entre usuarios que se quedaron sin poder mover su dinero por horas.
Para ponerse al día en el calendario de la Liga BetPlay, Independiente Santa Fe recibirá a Atlético Nacional este miércoles, 25 de febrero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín con el objetivo de conseguir otra victoria que le ayude a escalar posiciones y meterse entre los ocho mejores para pelear los cuadrangulares finales.Conocido como el ‘clásico rojiverde’, se ha convertido en uno duelo de grandes emociones gracias a la reciente rivalidad entre ambos equipos, en especial durante la época de 2010-2016 en donde fueron los dos clubes más representativos de Colombia a nivel internacional con los títulos de las copas Sudamericana y Libertadores.¿Cuándo juega Santa Fe vs. Atlético Nacional en la Liga BetPlay?Este duelo se encuentra programado para las 7:00 de la noche de este miércoles, 25 de febrero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Duelo correspondiente a la fecha 5, que fue aplazado en su momento por el mal estado de la cancha del coloso de la 57.¿Dónde ver online el partido de Santa Fe y Atlético Nacional?Gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, hinchas cardenales y verdolagas podrán disfrutar este duelo EN VIVO, online y gratis a través del canal de YouTube, el cual podrá acceder sin problema a través del siguiente link:Boletería Santa Fe vs. Atlético Nacional: estos son los preciosOccidental Preferencial: $175.840Occidental Platea Alta: $175.840Occidental Platea Baja: $175.840Occidental General: $118.720Oriental Platea: $100.800Oriental Preferencial: $100.800Oriental General: $75.040Lateral Sur: $69.440Posibles alineaciones del duelo entre Santa Fe y NacionalIndependiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Luis Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Edwin Mosquera, Yilmar Velásquez, Daniel Torres, Omar Frasica; Nahuel Bustos y Hugo Rodallega.Atlético Nacional: David Ospina; Simón García, César Haydar, Andrés Román, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Cristian Arango y Alfredo Morelos.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 24 de febrero de 2026:Ramón Jesurún habló con El Heraldo desde Barranquilla sobre la actualidad del fútbol colombiano.Julio Comesaña reaccionó a las palabras de Luis Díaz, quien lo señaló como el técnico de sus sueños.Luis Díaz reveló qué figuras harían parte de la película sobre su carrera profesional.Kylian Mbappé quedó descartado para la vuelta entre Real Madrid y Sport Lisboa e Benfica por molestias en la rodilla.Escuche el programa completo aquí:
La crítica situación de orden público en el Catatumbo, Norte de Santander, obligó a Ecopetrol a suspender temporalmente sus operaciones en la zona norte del campo petrolero de Tibú, tras una serie de ataques armados y el creciente apoderamiento ilegal de hidrocarburos por parte de grupos insurgentes y bandas criminales que operan en la región.La empresa informó que, en lo corrido del año 2025, se han registrado al menos siete incursiones armadas en la Estación Norte, ubicada en la vereda Palmeras, kilómetro 16 del municipio de Tibú. En estos hechos, los delincuentes hurtaron más de 1.300 barriles de petróleo, afectando la continuidad de las operaciones y poniendo en riesgo la vida del personal que labora en el campo.Ecopetrol indicó que las acciones violentas han provocado pérdidas superiores a 39 mil barriles de crudo por apoderamiento ilegal y la instalación de más de 150 válvulas clandestinas, las cuales han generado graves daños ambientales y una disminución diaria de alrededor de 300 barriles en la producción.La compañía advirtió que la presencia de grupos armados organizados, como el ELN y las disidencias de las Farc, en los municipios de Tibú y Sardinata, amenaza directamente la estabilidad energética de la región.Actualmente, este campo produce unos 1.400 barriles de petróleo y 900 mil pies cúbicos de gas diarios, recurso que abastece la totalidad del servicio público domiciliario de Tibú y cerca del 25 % del consumo de Cúcuta, por lo que la suspensión impacta de manera directa a miles de usuarios.El experto en seguridad Enrique Pertuz explicó que la problemática en el Catatumbo tiene raíces profundas, ligadas al control territorial que ejercen distintos grupos ilegales sobre los corredores por donde pasa el oleoducto Caño Limón–Coveñas, una de las infraestructuras estratégicas del país.“Por gran parte de la región del Catatumbo y del sur del Cesar pasa este oleoducto, y esas zonas están controladas no solo por organizaciones insurgentes, sino también por mafias que sustraen los hidrocarburos. Estos combustibles son utilizados en el procesamiento de la hoja de coca, lo que convierte el robo de crudo en una fuente clave de financiamiento para las economías ilícitas”, explicó Pertuz.El experto advirtió además que en el territorio confluyen insurgencias, estructuras paramilitares y redes de narcotráfico, lo que hace más complejo el panorama de seguridad.“Estas organizaciones se benefician directamente del combustible sustraído, lo transforman y lo usan en los laboratorios para procesar la cocaína. Así, el robo de hidrocarburos se ha convertido en un eslabón de la economía criminal que mantiene la violencia en la región”, puntualizó.Ecopetrol reiteró su llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que adopten medidas urgentes que garanticen la seguridad de las operaciones y el bienestar de las comunidades, y expresó su compromiso de retomar las actividades una vez se restablezcan las condiciones mínimas de protección en el territorio.
La Policía en Santander adelanta una investigación por la circulación de panfletos amenazantes en varios municipios del Magdalena Medio, entre ellos Cimitarra, y que aparecen firmados supuestamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).El general William Quintero, comandante de la Región de Policía N°5, aseguró que las autoridades descartan que se trate de un comunicado auténtico de ese grupo armado, y que las primeras pesquisas apuntan a la actuación de delincuentes que se hacen pasar por miembros del ELN para cometer extorsiones.“En los últimos días hemos tenido presencia de algunos delincuentes que se hacen pasar por este grupo irregular. Estamos realizando las investigaciones del caso, trabajando con el Ejército Nacional y con la Fiscalía. La Policía ha dispuesto refuerzos en Simacota Bajo, en límites con Barrancabermeja, especialmente en el kilómetro 23, donde se ha recibido información sobre extorsiones”, explicó el oficial.El general Quintero reiteró que el panfleto no corresponde realmente al ELN y que personas ajenas a esa estructura estarían utilizando su nombre para intimidar a la población y exigir dinero.“Muchos delincuentes se aprovechan del nombre de grupos irregulares para generar temor y obtener recursos. Hemos tenido algunas alertas en esa zona sobre presencia de estos bandidos que pretenden retomar algunas áreas del departamento. Por eso estamos trabajando de manera conjunta entre Ejército, Policía y Fiscalía para capturarlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes”, agregó.El panfleto contiene mensajes en los que los autores afirman que “han regresado al territorio” y anuncian presuntas acciones contra grupos ilegales rivales y actividades económicas de la región, especialmente relacionadas con el transporte de carbón y materiales, además de mencionar la imposición de un supuesto “impuesto de guerra” a empresas locales.Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para no dejarse intimidar por este tipo de mensajes y denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas de atención de la Policía y el Gaula.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Unidad para las Víctimas realizaron una jornada de atención en el barrio Villabel de Floridablanca, donde se atendieron cinco familias, se recibieron dos nuevas solicitudes de búsqueda y se practicaron tres tomas de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas.Estas jornadas hacen parte de la implementación del Plan Regional de Búsqueda del Área Metropolitana de Bucaramanga y Soto Norte, que busca fortalecer los procesos humanitarios y de atención integral a las víctimas del conflicto armado.El coordinador del equipo territorial Santander de la UBPD, Manuel Criales Aponte, explicó que la actividad permitió avanzar en el proceso de identificación y acompañamiento a los familiares que aún esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.“Durante el día pudimos atender a cinco personas que ya tenían solicitud de búsqueda y que llevaron inquietudes sobre sus casos. También realizamos la toma de muestra biológica de tres familiares que no la habían aportado y recibimos dos solicitudes nuevas, lo cual es un resultado muy importante porque nos permite fortalecer los procesos de búsqueda”, señaló Criales.Las muestras biológicas recolectadas se envían al Banco de Perfiles Genéticos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se cotejan con otras muestras de cuerpos recuperados. Este proceso genético es fundamental para dar respuestas a las familias, permitir la entrega digna de los cuerpos y garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.En Floridablanca, actualmente se registran 74 solicitudes de búsqueda activas, mientras que en todo el Área Metropolitana de Bucaramanga el universo asciende a 796 personas dadas por desaparecidas.El funcionario adelantó que el próximo 27 de octubre se realizará una jornada similar en Piedecuesta, y de manera simultánea otra en el punto de atención a víctimas del municipio de Málaga, con el objetivo de ampliar la cobertura y avanzar en la atención integral de los familiares.“Estas articulaciones son muy importantes porque permiten brindar una atención integral a las familias y avanzar en los procesos de búsqueda en los municipios del departamento”, puntualizó Criales.Las personas que requieran información sobre familiares desaparecidos también podrán acudir a la sede en Bucaramanga ubicada en la calle 47 #29-65 Edificio Leo, o al teléfono 3160174566.
La Alcaldía de Los Santos contrató un estudio con un semillero de investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) con el objetivo de determinar las causas y los puntos específicos donde se origina la proliferación de moscas en el municipio, especialmente en la zona turística de la Mesa de Los Santos.El alcalde Diego Mendoza explicó que el estudio, que está próximo a entregar sus resultados, busca establecer con sustento técnico qué factores ambientales o productivos están generando el problema que desde hace años afecta la calidad de vida de los habitantes y la imagen turística del municipio.“Se contrataron estudios con un semillero de investigación de la UNAD que nos va a arrojar técnicamente un diagnóstico sobre lo que está generando el problema de la mosca. Todo el mundo habla del tema, pero hasta ahora no hay certeza de quién o qué está provocando este componente. Con esos resultados podremos iniciar la segunda fase, que será la elaboración de los estudios y diseños para una solución definitiva”, explicó el mandatario local.El alcalde agregó que el Concejo Municipal de Los Santos aprobó recientemente un empréstito para financiar las acciones necesarias una vez se conozcan los resultados del diagnóstico.“Agradezco a los concejales por confiar en la administración y autorizar los recursos que nos permitirán enfrentar esta problemática que tanto afecta al turismo”, añadió Mendoza.La proliferación de moscas ha sido motivo de preocupación y protesta por parte de las comunidades locales. En mayo de 2024, tras manifestaciones ciudadanas, se llevó a cabo una mesa técnica en la sede de la Procuraduría General de la Nación en Bucaramanga, con la participación de la CDMB, la CAS, el ICA, la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), la Defensoría del Pueblo y representantes de la comunidad.Durante ese encuentro, se acordó que los avicultores debían implementar mejores prácticas en el manejo y procesamiento de la pollinaza y la gallinaza, con el fin de reducir los malos olores y la presencia de insectos en la zona.En seguimiento a esos compromisos, la Corporación Autónoma de Santander (CAS) informó que en el último mes (abril - mayo de 2024) realizó 13 visitas de control a los 29 proyectos avícolas identificados en el municipio.“La CAS se ha comprometido a fortalecer al sector avícola a través de capacitaciones para que el proceso de estabilización de la pollinaza se adopte como buena práctica ambiental y sanitaria”, indicó la autoridad ambiental en su momento.Con los resultados del estudio de la UNAD, la Alcaldía espera definir un plan de acción integral que permita mitigar de manera estructural la problemática que afecta tanto a residentes como a visitantes de esta reconocida zona turística de Santander.
Dos tutelas fueron interpuestas ante los juzgados de Bucaramanga con el propósito de suspender las elecciones atípicas programadas para el próximo 14 de diciembre de 2025, en las que los ciudadanos elegirán un nuevo alcalde tras la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán por parte del Consejo de Estado, que determinó que incurrió en doble militancia.Los demandantes argumentan que la Registraduría Nacional del Estado Civil no cumplió con el requisito legal de dejar transcurrir un día de publicidad entre la expedición de la resolución que fija el calendario electoral y el decreto emitido por la Gobernación de Santander que convoca oficialmente los comicios. Ambos documentos, según indican, fueron expedidos el mismo día 14 de octubre de 2025.El abogado Carlos Alfaro, en entrevista con Blu Radio, explicó los alcances de estas acciones judiciales y los posibles efectos que podrían tener sobre el proceso electoral.“Efectivamente se conoció que fueron instauradas dos tutelas contra el acto administrativo de la Registraduría que fija el calendario para las elecciones atípicas. El fundamento principal es que no se dejó transcurrir el día de publicidad que se requiere para todo acto administrativo”, indicó el jurista.Alfaro precisó que las tutelas fueron presentadas con medida cautelar, lo que podría implicar la suspensión temporal del proceso electoral mientras se estudia el fondo del asunto.“De prosperar, se suspendería la fecha actual y habría que prolongar los comicios. Podrían realizarse a finales de diciembre o incluso en los primeros días de enero de 2026”, agregó.El abogado también advirtió que una nueva tutela podría ser presentada por la veedora del partido Colombia Justa Libres, quien alegaría que no fue tenida en cuenta para escoger a quien integra la terna de esa colectividad, lo que podría generar otro escenario de revisión judicial sobre la legalidad de la convocatoria.Por ahora, la Registraduría mantiene la fecha del 14 de diciembre para la realización de las elecciones atípicas en Bucaramanga, aunque el futuro del calendario dependerá de las decisiones que adopten los jueces frente a las acciones interpuestas.
Luego de la captura de la madre y la tía de una menor de edad en hechos relacionados con un presunto abuso sexual, por solicitud de la Fiscalía, un juez en Bucaramanga envió a la cárcel a las dos mujeres, quienes deberán responder por el delito de homicidio agravado.Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero en el asentamiento humano Los Laureles en la capital santandereana, cuando las dos mujeres ingresaron de manera violenta a la vivienda de César Augusto Neira Menco, de 45 años, atacarlo por presuntamente haber abusado sexualmente de la niña.Madre y tía no aceptaron los cargos, sin embargo, el Juez 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga las envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por el ente investigador.Tras la captura de las mujeres, la tarde del pasado 18 de febrero, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que no se conocían denuncias previas del presunto abuso sexual a la menor de 14 años, ante las autoridades.“Los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”, señalo el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer la posible participación de más personas en los hechos debido a que fue un grupo, en su mayoría de familiares, el que decidió tomar justicia por mano propia, se dirigió a la vivienda del presunto agresor, armados con cuchillos, varillas y piedras, entre ellos las dos mujeres señaladas del homicidio, para agredirlo hasta ocasionarle la muerte.
En su primera rueda de prensa tras ser nombrado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Bucaramanga, monseñor Luis Augusto Campos hizo un llamado a la responsabilidad democrática de candidatos y votantes, en medio del ambiente preelectoral que vive Colombia.El prelado, quien asumirá oficialmente el próximo 18 de abril en una ceremonia que se realizará en Bucaramanga, pidió que el proceso electoral se desarrolle “por las vías constitucionales” y sin ningún tipo de irregularidad.“Yo quisiera enviarles un mensaje a los candidatos y también a los votantes y es que respetemos el proceso, que no se vaya a contaminar de ninguna cuestión que pueda implicar algún desvío de votos”, expresó.Monseñor Campos insistió en la importancia de ejercer un voto informado y consciente. Señaló que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estudiar las propuestas y revisar las hojas de vida de los aspirantes, con el fin de garantizar que quienes lleguen a los cargos públicos tengan integridad moral y honestidad.“Creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de saber por quién votamos, de tomarnos el trabajo de estudiar las propuestas (…) de tal manera que den una garantía de integridad moral”, afirmó.Asimismo, invitó a que la política se oriente hacia el bien común y no hacia intereses partidistas o personales. En su mensaje, hizo referencia al momento complejo que atraviesa el país, marcado, según dijo, por enfrentamientos y rivalidades.“¿Será posible pensar más allá de los intereses personales? ¿Será posible pensar también en una política honesta, en una política que sea transparente?”, cuestionó.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
En medio de la huelga que adelantan trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), la Gobernación de Santander hizo un llamado al diálogo responsable y advirtió que incrementos “desproporcionados” en los beneficios laborales podrían afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.La administración departamental señaló que, aunque respeta el derecho a la organización sindical y reconoce las peticiones planteadas por los empleados, “el servicio de energía es un servicio público esencial del que dependen hospitales, acueductos, instituciones educativas, el sector productivo y la vida diaria de los santandereanos”, dice la Gobernación en un comunicado.La huelga se produjo luego de 40 días de conversaciones entre el sindicato y la empresa sin lograr acuerdos. Entre los puntos que mantienen el desacuerdo está la solicitud de un incremento salarial del 23,7 %, equivalente al aumento del salario mínimo para 2026, pese a que, según se ha indicado, ninguno de los trabajadores sindicalizados devenga ese salario básico.En el comunicado oficial, la Gobernación advirtió que aumentos superiores a la capacidad financiera de la empresa podrían poner en riesgo su operación, su capacidad de inversión y los recursos que transfiere al departamento. Recordó que el 22 % de las utilidades de ESSA ingresan a Santander para financiar obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde cuestionó que el sindicato solicite un incremento del 23,7 % para empleados que, según afirmó, devengan salarios de hasta 10 millones de pesos, además de otros beneficios, y que adicionalmente se estén pidiendo 96.000 millones de pesos en el pliego. “La ESSA es una empresa que nos pertenece a los santandereanos (…) Hay que cuidarla y protegerla. ¿Quién tiene que ceder?”, escribió.Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió al representante de Prosantander, señaló que el conflicto incluye varios puntos adicionales y que la salida debe ser producto de la concertación. “Lo mejor es hablar y acordar. Es una negociación”, manifestó.Frente al llamado que han hecho los gremios al diálogo para superar la huelga, Carlos Roncancio, abogado de Sintraelecol, dijo que la Electrificadora de Santander cerró las puertas a las conversaciones.“Ninguna autoridad en este momento está mediando este conflicto la ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado que es la empresa cerró las puertas del diálogo todos los gremios económicos piden diálogo y este es un llamado para las instituciones para el Ministerio de Trabajo y misterio de minas de cómo construimos una mesa de diálogo real y diálogos que surta efectos”, puntualizó Roncancio.
Las autoridades de Santander mantienen alerta por la posibilidad de un vertimiento controlado en Hidrosogamoso de ISAGEN, ante el incremento sostenido del nivel del embalse Topocoro, que se aproxima a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro. La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Según la compañía, este procedimiento produciría un aumento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, por lo que se activaría el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), notificando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y demás organismos de socorro.Las autoridades recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del nivel del agua y trasladar ganado y pertenencias a zonas altas.Asimismo, se advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies naturales de inundación podrían verse afectados en caso de concretarse el vertimiento.ISAGEN reiteró que continuará informando oportunamente a las comunidades y autoridades locales sobre cualquier decisión relacionada con la operación de la central.
Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de forma repentina en un dispensario de Cafam en Cúcuta mientras denunciaba ante medios locales las persistentes barreras en el acceso a servicios de salud. La ciudadana, quien había llegado desde temprano al establecimiento para realizar los trámites correspondientes, se desplomó tras relatar el drama que vivía por la falta de fármacos vitales para su familia.Denuncia sobre falta de medicamentos en CúcutaEl trágico incidente ocurrió mientras Quintero exponía la situación de su hijo, quien requiere pañales y metadona de manera permanente. Según su testimonio brindado en el sitio, los pendientes de entrega se acumulaban desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio", relató la mujer minutos antes de su deceso.La afectada también señaló irregularidades en el manejo de los inventarios, afirmando que, en ocasiones, los productos se vencen en bodega sin ser entregados a los pacientes bajo el argumento de trámites administrativos o fechas de corte.Además de la situación de su hijo, Quintero manifestó su angustia por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón que no recibía Rivaroxaban de 20 mg, medicamento considerado vital para su condición. La mujer, quien también se identificó como paciente renal, aseguró llevar más de seis meses sin recibir su propio tratamiento.En sus declaraciones finales, la ciudadana coincidió con las críticas hacia el sistema de salud sobre el presunto acaparamiento de fármacos: "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional por fuera. No revisan los pendientes y luego dicen que ya se vencieron", sentenció ante las cámaras.Pese a que las personas presentes en el dispensario de Cafam intentaron realizar maniobras de reanimación tras su colapso, la mujer falleció en el lugar.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Un joven de 18 años fue capturado en el municipio de Barbosa, en Santander, señalado de cometer abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad. El caso salió a la luz gracias a una jornada de prevención realizada por la Policía en el colegio donde estudian las víctimas.Según las autoridades, los niños de 9 y 10 años se acercaron a los uniformados durante la actividad pedagógica y denunciaron lo que venía ocurriendo. De inmediato se activaron las rutas de protección y comenzó la investigación judicial.El capturado, identificado como Andrés Felipe Cubides López, fue detenido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos.De acuerdo con el proceso investigativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, las agresiones se habrían presentado de manera sistemática desde 2021. El joven, presuntamente, aprovechaba la cercanía con la familia de las víctimas y utilizaba amenazas para obligarlas a guardar silencio.El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que la captura fue posible gracias a las estrategias de prevención en entornos escolares.“Es un abusador sexual que desde el 2021 venía sometiendo a dos menores de edad, aprovechando su cercanía familiar. Gracias a los programas de prevención que hace la Policía en los colegios, los niños se acercan a los uniformados y ponen en conocimiento lo que venía sucediendo”, afirmó el oficial.La institución reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de protección a la infancia y pidió a padres, docentes y estudiantes denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El joven quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.