Un juez de conocimiento de Bucaramanga dictó una sentencia condenatoria de 31 años y 2 meses de prisión contra un hombre hallado responsable del asesinato de su compañera sentimental, Yaisbely Andrea Ibargúen Molina, de 28 años, en hechos ocurridos en el departamento de Santander. La decisión judicial se produjo tras el aval de un preacuerdo suscrito entre el procesado, asistido por su defensa técnica, y la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual el implicado aceptó de manera voluntaria los cargos por el delito de feminicidio agravado.El expediente judicial detalló que el crimen tuvo lugar el 21 de julio de 2024 en una vivienda del barrio Altos de Andina, en el municipio de Girón. Según la reconstrucción de los hechos presentada por el ente acusador, el sentenciado atacó a la víctima con un arma cortopunzante en momentos en que ella se encontraba utilizando su teléfono celular. La agresión se perpetró en presencia de los tres hijos menores de edad de la pareja, de 9, 7 y 1 año, quienes presenciaron el ataque contra su progenitora.Tras la agresión, los llamados de auxilio de la mujer alertaron a los residentes del sector, quienes acudieron al inmueble para intentar socorrerla. Ante la llegada de los vecinos, el atacante emprendió la huida, abandonando el lugar de los hechos. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano; no obstante, los reportes médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas.La investigación técnica y los testimonios recopilados permitieron establecer que el ataque no fue un evento aislado, sino el desenlace de un ciclo de violencia sistemática. Las indagaciones determinaron que, durante los tres años de convivencia de la pareja, la mujer fue sometida a constantes episodios de maltrato físico y psicológico por parte del ahora condenado. Con esta sentencia, el victimario deberá cumplir su pena en un establecimiento carcelario, perdiendo además los beneficios de libertad condicional debido a la naturaleza del delito tipificado bajo la Ley Rosa Elvira Celis.
Desde los laboratorios del Departamento de Microbiología y Ciencia Celular de la Universidad de la Florida, en Estados Unidos, el científico colombiano José Cediel Becerra lidera investigaciones que podrían marcar un punto de inflexión en la lucha contra uno de los mayores desafíos de la salud pública global: la resistencia a los antibióticos.Egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde se graduó con grado Summa Cum Laude y tesis laureada, el joven santandereano ha construido una trayectoria científica de alto impacto internacional centrada en el descubrimiento de nuevos compuestos terapéuticos derivados de bacterias. Su apuesta no está en lo convencional, sino en explorar el vasto potencial químico oculto en los genomas microbianos.Bacterias como fuente de nuevos medicamentosLa investigación del científico santandereano se enfoca en identificar nuevas rutas biosintéticas, los procesos mediante los cuales los microorganismos producen moléculas- utilizando herramientas de genómica computacional avanzada.A través del desarrollo y aplicación de metodologías bioinformáticas innovadoras, Cediel Becerra analiza sistemáticamente miles de genomas bacterianos en busca de compuestos naturales con propiedades bioactivas.El objetivo es claro: descubrir nuevas clases de productos naturales que puedan convertirse en la próxima generación de terapéuticos, especialmente frente a infecciones resistentes a los antibióticos actuales.En un contexto en el que la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el riesgo de una “era post-antibiótica”, investigaciones como la suya resultan estratégicas. La capacidad de anticiparse al problema, identificando moléculas inéditas antes de que sean necesarias en la clínica, representa un avance clave para la medicina moderna.El potencial de las 7-deazapurinasUno de los aportes científicos más relevantes de Cediel Becerra es el estudio de las 7-deazapurinas, una familia de moléculas naturales con propiedades antimicrobianas y anticancerígenas. Su trabajo ha permitido ampliar significativamente el conocimiento sobre cómo se biosintetizan estas moléculas, cuál es su diversidad química y qué funciones biológicas cumplen.Estos hallazgos no solo enriquecen la comprensión básica de la biología microbiana, sino que abren nuevas posibilidades para el desarrollo de fármacos innovadores. Al entender cómo las bacterias producen estas sustancias, los científicos pueden diseñar estrategias para optimizarlas o modificarlas con fines terapéuticos.Herramientas que transforman la ciencia globalMás allá de los descubrimientos moleculares, Cediel Becerra ha contribuido al desarrollo de herramientas bioinformáticas de referencia mundial como antiSMASH y MIBiG, plataformas fundamentales para la comunidad científica dedicada al descubrimiento de productos naturales.Estas herramientas permiten a investigadores de todo el mundo identificar y catalogar clústeres de genes responsables de la producción de compuestos bioactivos en microorganismos. Su impacto es medible: miles de citaciones en la literatura científica respaldan la relevancia y el alcance global de estos desarrollos.Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en revistas como Nucleic Acids Research, una de las publicaciones más prestigiosas en biología molecular y genómica, consolidando su reconocimiento internacional.Ciencia colombiana con impacto globalTras completar su maestría y doctorado en Microbiología en Estados Unidos, José Dubán Cediel Becerra se ha consolidado como una de las voces emergentes en genómica microbiana y descubrimiento de productos naturales.Desde el análisis computacional de genomas hasta la identificación de moléculas con potencial terapéutico, su trabajo demuestra cómo la ciencia de frontera puede traducirse en soluciones concretas para problemas críticos de salud humana.En un mundo que enfrenta amenazas sanitarias cada vez más complejas, la investigación liderada por este científico colombiano no solo posiciona el talento nacional en la élite académica internacional, sino que también aporta herramientas reales para la construcción de nuevas terapias que podrían salvar millones de vidas.
Una grave situación de violencia se registró en la Institución Educativa Colegio Integrado Madre de la Esperanza, sede Las Ferias, en Sabana de Torres, donde una madre de familia presuntamente insultó, amenazó y lanzó un cuchillo contra una docente tras un altercado entre estudiantes.Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero de 2026, al finalizar la jornada escolar. De acuerdo con el relato de una de las profesoras afectadas, quien pidió reserva de su identidad por seguridad, la situación se desencadenó luego de que el hijo de la mujer se viera involucrado en una riña con otro estudiante a la salida de clases.Según explicó la docente, días antes la madre había sido citada por reiterados episodios de agresividad del menor hacia otros compañeros. Sin embargo, no asistió al encuentro y, de acuerdo con la profesora, respondió de manera grosera a los llamados realizados por la institución.“El día de los hechos, ella llegó gritándonos groserías, decía que por qué habíamos dejado que le pegaran al niño. Yo le dije que habláramos con el coordinador, pero ella respondió: ‘yo no quiero hablar con nadie, yo la voy a matar’, y sacó el cuchillo y me lo lanzó”, relató la maestra.La profesora dijo que alcanzó a llamar a la Policía y se llevaron a la madre de familia.“Cuando ella me lanzó el cuchillo, yo cerré los ojos y dije: Dios, protégeme y solo pensaba en mis hijas. Una mamá que estaba al lado mío gritaba: ‘profe, corra que la van a matar’”, recordó.Tras lo ocurrido, los docentes interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.El Sindicato de Educadores de Santander (SES), a través de su Departamento de Derechos Humanos, emitió un comunicado en el que expresó su “rechazo categórico e indeclinable” frente a los hechos de violencia, intimidación y agresión ocurridos contra docentes y contra las instalaciones del plantel educativo.La organización señaló que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una dinámica de conductas agresivas que afectan el entorno escolar y ponen en riesgo la vida, la integridad física y emocional y la dignidad del magisterio.“Estos acontecimientos derivaron en un incidente de extrema gravedad ocurrido el 9 de febrero de 2026, en plena jornada laboral, lo cual evidencia una afectación profunda de las garantías mínimas que deben rodear el ejercicio de la docencia”, indicó el sindicato.El SES manifestó su preocupación por lo que considera una vulneración directa de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el trabajo en condiciones dignas y seguras. Además, reiteró que ningún docente debe ejercer su labor bajo el miedo, la intimidación o la amenaza.Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a adelantar actuaciones inmediatas, serias y transparentes, y a adoptar medidas de protección eficaces que garanticen el ejercicio seguro de la labor docente.Finalmente, el sindicato hizo un llamado a la comunidad educativa y a las familias a rechazar cualquier forma de violencia contra quienes educan y a fortalecer el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos en los entornos escolares.Para este jueves 12 de febrero, diferentes instituciones educativas de Sabana de Torres y el Sindicato de Educadores de Santander, convocaron a una marcha pacífica por la convivencia, el respeto y la vida, con punto de encuentro el parque de las Pabas a partir de las 4:30 de la tarde.
El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que, con corte al 31 de enero de 2026, en Santander se han confirmado ocho casos de tos ferina, todos los cuales requirieron hospitalización. Cuatro de los pacientes son menores de edad, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del departamento.De acuerdo con el informe, cinco de los casos corresponden a mujeres y tres a hombres. En cuanto a la distribución geográfica, siete se registraron en Bucaramanga y uno en Floridablanca.Sin embargo, de manera paralela, las autoridades de salud confirmaron un brote en población de especial interés. El 29 de enero fue identificado un conglomerado de cinco casos de tos ferina en menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena U’wa, en el sector Aguablanca, entre los municipios de Cerrito y Concepción.Los niños afectados tienen edades entre un mes y tres años, con predominio del sexo masculino. Dos de los casos fueron confirmados mediante prueba molecular, mientras que los otros tres permanecen en estudio, aunque presentan síntomas compatibles con la enfermedad.Actualmente, cuatro de estos menores permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales del país: uno en Villavicencio, dos en Saravena y uno en el Hospital Universitario de Santander. Uno de los pacientes ya fue dado de alta. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos.Según la investigación epidemiológica de campo del INS, el caso índice inició síntomas el 28 de diciembre de 2025. El periodo probable de exposición estaría relacionado con actividades comunitarias realizadas desde mediados de diciembre, en el marco de festividades tradicionales del canto indígena, que se extendieron hasta inicios de enero y contaron con la participación de varias comunidades. Durante estos encuentros, al parecer, asistieron personas con síntomas respiratorios.Las autoridades también advirtieron que cuatro de los menores no contaban con el esquema de vacunación acorde a su edad para tos ferina y el restante tenía el esquema incompleto. Uno de los casos presentó antecedente de tuberculosis y otro desnutrición global, factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones.Ante este panorama, el 30 de enero se realizó una Sala de Análisis de Riesgo (SAR) nacional con participación de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca, con el fin de establecer la procedencia de los casos y definir acciones de prevención y fortalecimiento de la vigilancia en salud pública en los departamentos involucrados.La Secretaría de Salud de Santander reiteró el llamado a padres de familia, cuidadores y a la comunidad en general para reforzar las medidas de prevención, mantener al día los esquemas de vacunación y consultar oportunamente ante síntomas respiratorios inusuales.Entre las principales recomendaciones se encuentra la vacunación, especialmente en la población infantil, como la herramienta más efectiva para prevenir la tos ferina. Recordaron que la vacuna está incluida en el esquema regular de inmunización.Asimismo, indicaron que, ante síntomas como tos persistente, fiebre o dificultad para respirar, se debe acudir de inmediato a un médico o centro asistencial. También recomendaron mantener los espacios ventilados y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios, con el fin de reducir el riesgo de contagio.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este miércoles, tras una reunión privada en Caracas con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el presidente de su país, Donald Trump, tiene un "compromiso apasionado" por transformar la relación bilateral, que estuvo rota desde 2019."Nuestros países comparten una larga historia de muchos capítulos, como todas las relaciones. Y traigo un mensaje del presidente Trump, que tiene un compromiso apasionado por transformar la relación entre los Estados Unidos y Venezuela", expresó junto a Rodríguez en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno del país suramericano.El objetivo de Trump, según Wright, es unir a los países y "traer el comercio, la paz, la prosperidad, empleos y oportunidades a Venezuela" a través de una asociación con EE. UU.El funcionario señaló que, durante la reunión con Rodríguez, ambos conversaron "con mucha franqueza sobre las enormes oportunidades" que tienen "por delante y algunos de los problemas y desafíos".En ese sentido, aseguró que se comprometieron a "trabajar juntos para resolverlos", lo que cree posible, y "seguir adelante con las enormes oportunidades".Además, Wright explicó que su visita a Caracas y la asociación con Venezuela forman parte de una "agenda más amplia" de Trump para "hacer a las Américas grandes de nuevo" e impulsar la paz y la prosperidad, y no conflictos ni "acciones militares, que -agregó- tanto han dominado al mundo en regiones como el Medio Oriente y el sur de Asia".Venezuela y EE.UU. establecieron este miércoles una "asociación productiva a largo" plazo en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, anunció previamente la presidenta encargada del país suramericano.Se trata de la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.En un comunicado fechado en Caracas, el Departamento de Energía estadounidense calificó como "histórica" la llegada de Wright, quien visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país, "para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente Trump está impulsando la paz y la prosperidad".Recientemente, EE.UU. reabrió su misión diplomática en Caracas, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambos países en 2019, una tarea que lleva a cabo su encargada de Negocios en Venezuela, Laura Dogu.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
El ministro de Justicia, Jorge Cuervo, ya es oficialmente el jefe de esta cartera. Ante los medios de comunicación se refirió a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro a la fiscal general Luz Adriana Camargo, y aseguró que buscará armonizar la relación.“Tengo que reunirme con altas cortes, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría y lo que los una sea el diálogo institucional. Esas discusiones yo no las voy a traer a la agenda del ministerio, aspiro a que se resuelva en instancias institucionales, pero es muy importante que el Gobierno tenga buena relación con todos los actores incluida la Fiscalía”, dijo.El ministro agregó que se reunirá con el procurador Gregorio Eljach y propondrá un debate para reformar las funciones de la Procuraduría y limitar su alcance para destituir funcionarios elegidos popularmente.“Hay que conversar con la rama judicial y esa es un poco la línea de trabajo. Yo pienso que la Procuraduría sea una institución que instruya todos los casos de corrupción y eleve la acusación disciplinaria dependiendo de la competencia, ante jueces penales del circuito o por ejemplo en el caso de gobernadores, ante salas penales tribunales”, explicó.
En Antioquia no cayó bien el plan de que les vayan a cobrar nuevos impuestos a las empresas, como el de patrimonio, a propósito de que el Gobierno nacional anunció que se declarará una nueva emergencia económica para afrontar los estragos ocasionados por las fuertes lluvias, que han golpeado con crudeza departamentos como, por ejemplo, Córdoba.De acuerdo con lo planteado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, las compañías con patrimonios entre 10.000 y 30.000 millones de pesos pagarían una tarifa marginal de 0,6 %, mientras que aquellas con patrimonios superiores a 30.000 millones de pesos asumirían una tarifa marginal de 1,2 %.Para el caso por ejemplo de Empresas Públicas de Medellín, cuyo patrimonio es de 32 billones de pesos, el alcalde y presidente de la Junta Directiva, Federico Gutiérrez, se mostró respetuoso de cumplir la ley si así se determina, pero mostró preocupación por este nuevo cobro. Gutiérrez afirmó que, el presidente Gustavo Petro y su gobierno anuncian nuevos impuestos a diario tras haber “malgastado recursos o después de que funcionarios se apropiaran de dinero en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”."El gobierno está cogiendo de cuenta de la emergencia de Córdoba, que ni siquiera ha atendido porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se la robaron en ese gobierno de Petro, y no tienen plata y ahora entonces quieren más plata con la excusa de la tragedia que se está viviendo. Mire, las ayudas que están llegando a Urabá y a Córdoba están llegando de empresas privadas, desde la ciudadanía de Medellín, porque aquí estamos recolectando también ayudas", expuso el mandatario.Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón, manifestó que no es necesario que el Gobierno nacional decrete otra emergencia económica, sino que primero “debería reorientar recursos que está despilfarrando” y segundo, echar mano de las inejecuciones. Aseguró que hay recursos sin ejecutar en regalías de ambiente, ciencia, tecnología y de innovación, y aún del OCAD Paz, para atenuar estas dificultades en infraestructura, en el componente productivo y social."No más en Regalías, que es una fuente que viene del sector minero energético que él tanto ha estigmatizado, hay más de nueve billones de pesos que se podrían reorientar para la reconstrucción. El doctor Carrillo, con quien hemos trabajado de la mano en la atención de esta contingencia, decía muy claramente que se tiene como atender la contingencia, pero no cómo reconstruir ni mitigar", indicó. El alcalde reiteró la petición a donar a través del Banco de Alimentos, autorizado por la Gobernación de Córdoba, y destacó la solidaridad de Medellín y del país con el envío de ayudas. Señaló que la legalidad de los decretos del Gobierno la definirán las instancias judiciales y que acatarán lo que esté dentro de la ley. Mientras se siguen escuchando voces de rechazo contra el impuesto al patrimonio, desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que el cobro que para personas jurídicas podría generar un recaudo estimado en 8 billones de pesos.
Medidas de presión ya implementadas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por parte de funcionarios que hacen parte de la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia, llegan desde las primeras horas de este jueves al Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro.Así lo confirmó Carlos Galvis, funcionario de Migración y presidente de OSEMCO para la regional Antioquia - Chocó, quien explicó que desde las 6:00 a.m. arrancará la primera fase de medidas escalonadas de protesta, principalmente por la falta de personal para atender el flujo de viajeros, con un ‘Plan Reglamento’.El directivo sindical explicó que los cuatro o cinco funcionarios de la entidad permanecerán prestando sus servicios de manera habitual, pero serán rigurosos, tal cual lo establece la norma, con diferentes procesos de verificación de las personas, lo que generará mayores tiempos de espera en las zonas de migración."El oficial de Migración se demora entre 10 a 12 minutos si aplica todos los procedimientos que establece el reglamento, cuando en la realidad nos demoramos 30 o 40 segundos por viajero. Entonces sí va a haber un aumento de tiempo, pero no vamos a parar operaciones", Galvis destacó que siguen sin cumplirse los acuerdos pactados con la dirección de la entidad desde finales de 2024 frente a la llegada de 50 funcionarios a la regional para reforzar sus operaciones.Por eso, no descartó que en medio de las conversaciones que avanzan para solucionar estas dificultades, las medidas de presión puedan escalar a una segunda fase en coordinación con el nivel central del sindicato ralentizando la operación aérea en las terminales más importantes del país."Vamos a una segunda instancia, que ya existiría la toma de acciones, que son las asambleas informativas donde los oficiales de Migración, dentro de sus áreas de trabajo, van a informarle al público, durante 15 minutos, por qué se está haciendo esta labor", destacó.Para evitar inconvenientes a partir de este jueves, las autoridades han recomendado a los viajeros internacionales confirmar el estado de sus vuelos con las respectivas aerolíneas y en la medida de la posible llegar con mayor antelación de la habitual al aeropuerto en el Oriente de Antioquia.
En medio de la tensión comercial entre Colombia y Ecuador por la imposición recíproca de aranceles, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón Liévano, hizo un llamado a la mesura y al uso de los canales diplomáticos para evitar mayores afectaciones económicas en la región y el país.Desde la entidad gremial, Rincón Liévano rechazó la imposición de aranceles y calificó las recientes decisiones como medidas injustificadas y sorpresivas, que no contribuyen a resolver los problemas de fondo entre ambos países, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el delito transnacional.El dirigente gremial advirtió que aún es necesario determinar con precisión el grado de afectación, los sectores impactados y los productos comprometidos, y sostuvo que este tipo de acciones comerciales no benefician a ninguna de las partes, empezando por el propio Ecuador, al tratarse de un aliado histórico de Colombia. En ese sentido, insistió en que la situación debe manejarse con la más alta diplomacia y a través del diálogo bilateral.“Lo que está haciendo el presidente de Ecuador, con todo respeto, creo que no tiene ningún sentido y si lo que se quiere es combatir el delito transnacional, yo creo que, con medidas de esas, se hace exactamente lo contrario. Yo creo que sí hay que revisarlo y debería revisarse junto con la diplomacia de nuestro país. Son medidas que yo, por lo menos, no puedo compartir y tengo que rechazar de manera enfática”, expresó Rincón Liévano.Las declaraciones se conocen, luego de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunciara la imposición de un arancel del 30 % a 20 productos importados desde Ecuador, como respuesta a la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de aplicar la misma carga arancelaria a las importaciones colombianas, argumentando falta de compromiso de Colombia con la seguridad en el corredor binacional.Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se explicó que la medida adoptada por Colombia no constituye una sanción ni una acción de confrontación, sino un instrumento legítimo para restablecer el equilibrio del intercambio comercial y proteger el aparato productivo nacional, tras una modificación unilateral de las condiciones previamente vigentes del comercio bilateral. Informaron que se trata de una decisión proporcional, transitoria y revisable, que no excluye la posibilidad de una salida negociada mediante la diplomacia.De manera paralela, el Ministerio de Minas y Energía anunció la suspensión indefinida de las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador. “A partir de la hora cero establecida hoy, a las 18.00 horas, se suspende el suministro de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador”, manifestó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.Cifras del sector eléctrico dan cuenta que, en 2024, Colombia exportó energía a Ecuador por un valor estimado de 329,1 millones de dólares, con un promedio mensual cercano a 27,4 millones de dólares, en el marco de un esquema de interconexión que opera desde hace más de dos décadas.Cabe recordar que Ecuador es el sexto mayor destino de las exportaciones colombianas y el segundo en ventas no minero-energéticas, según cifras del Dane. Entre enero y noviembre del último año, las exportaciones colombianas hacia ese país alcanzaron 1.673 millones de dólares, aunque registraron una caída del 3,2 % frente al mismo periodo anterior.Para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, estas cifras evidencian que una guerra comercial prolongada tendría efectos significativos en el tejido empresarial y productivo, especialmente en regiones fronterizas y con alta vocación exportadora. Por ello, Rincón Liévano reiteró la necesidad de reactivar de manera urgente los canales diplomáticos y encontrar soluciones concertadas que eviten mayores impactos económicos y comerciales para ambos países.
En el municipio de Málaga, Santander, fue capturado un hombre señalado de participar en un asalto armado a un establecimiento comercial tipo D1, ocurrido en octubre de 2025. El procedimiento fue adelantado por personal de la Seccional de Investigación Criminal y de Inteligencia Policial, en articulación con la Fiscalía General de la Nación.La captura se efectuó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Andrés, por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, además de hurto calificado y agravado.De acuerdo con las autoridades, los hechos que motivaron la orden de captura se remontan al 12 de octubre de 2025, cuando el hoy capturado, presuntamente, ingresó a una tienda D1, intimidó con un arma de fuego a la cajera y hurtó aproximadamente dos millones de pesos. Tras cometer el robo, el sujeto habría huido del lugar en un vehículo.Las labores de policía judicial permitieron la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, los cuales fueron determinantes para que un juez ordenara su captura. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.
Un adulto mayor de 83 años falleció en las últimas horas luego de ser atacado por un enjambre de abejas en zona rural del municipio de San Joaquín, en el departamento de Santander. La víctima era un agricultor de la región y fue hallada sin vida en una finca de la vereda San Ignacio.De acuerdo con el reporte oficial, el hecho fue informado a la Policía la mañana de este miércoles 21 de enero, cuando miembros de la comunidad alertaron sobre la presencia de un hombre tendido en un potrero, aparentemente sin signos vitales.De manera inmediata, unidades de la Policía se desplazaron hasta el lugar en compañía de personal del Hospital Integrado de San Joaquín. Durante la valoración médica, se evidenciaron múltiples picaduras de abejas en diferentes partes del cuerpo.El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Integrado de San Joaquín, donde se adelantó la inspección técnica a cadáver por parte de la SIJÍN, con el fin de establecer de manera oficial las causas de la muerte.Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad rural para extremar las medidas de precaución ante la presencia de enjambres de abejas y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo, con el fin de evitar nuevas emergencias.
La Alcaldía de Bucaramanga denunció un nuevo caso de hurto de cableado del alumbrado público en varios sectores de la ciudad, luego de que se hiciera público un video en el que se observa a un hombre cortando y sustrayendo el cable en el sector de La Puerta del Sol y en la obra del tercer carril.Las imágenes, difundidas por la administración municipal, evidencian el momento en que el sujeto comete el delito, afectando la infraestructura pública y generando riesgos para la seguridad de peatones y conductores debido a la falta de iluminación en estas zonas de alto flujo vehicular.Sobre el hecho se pronunció Deimer Mosquera, asesor de despacho de la Alcaldía de Bucaramanga, quien aseguró que ya se iniciaron las acciones legales correspondientes.“Estamos detrás de estas personas. Podemos evidenciar cómo un sujeto está hurtando cable del alumbrado público del municipio, específicamente en el sector de La Puerta del Sol y en la obra del tercer carril. Por eso, nuestro alcalde, Cristian Portilla, ordenó interponer la denuncia ante la Sijín para que se adelanten las investigaciones pertinentes”, afirmó.Mosquera fue enfático en señalar que la administración no permitirá que continúen estos actos vandálicos contra los bienes públicos. Además, advirtió que se tomarán medidas contra quienes compren este tipo de material hurtado.“Vamos a llegar hasta las últimas instancias con la Fiscalía General de la Nación y la Sijín para lograr las capturas. Vamos a defender lo público”, puntualizó.La Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho sospechoso relacionado con el robo de infraestructura pública, recordando que este tipo de delitos afectan directamente la seguridad.
Una compleja situación de orden público se registró en la última semana en el eje vial que comunica a Bucaramanga con el municipio de Cáchira, en Norte de Santander, luego de que se confirmara la presencia de un grupo armado ilegal que intimidó a pasajeros y transportadores que se movilizaban por este corredor.De acuerdo con las autoridades, hombres armados salieron a la vía, interceptaron al menos dos buses intermunicipales, obligaron a los pasajeros a descender, les solicitaron documentos, los intimidaron y posteriormente realizaron grafitis en los vehículos. Los sujetos se identificaron como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).Ante estos hechos, la Policía Nacional y el Ejército reforzaron la seguridad en este corredor vial, especialmente en los límites entre Santander y Norte de Santander, con el fin de evitar nuevas acciones contra la población civil y garantizar la movilidad segura de los buses que cubren esta ruta.El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que un equipo especial del Gaula adelanta las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y explicó que se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en la zona.“La apuesta de nosotros es seguir cortándole sus corredores de movilidad. Se envió un grupo de apoyo desde el Comando de la Policía de Norte de Santander, del municipio de Ocaña; se envió al coronel, al comandante del Distrito, unidades del GOES, Policía Judicial e Inteligencia del Gaula, para avanzar en estas investigaciones y hacer todo el control del área donde ocurrieron estos hechos”, señaló el oficial.El general Quintero añadió que se mantiene una coordinación permanente con la Quinta Brigada del Ejército, responsable de la zona rural, para fortalecer la seguridad y evitar el ingreso de estos grupos ilegales al territorio santandereano.En paralelo, en las últimas horas se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario con la participación de autoridades de Santander, Norte de Santander y la región del Catatumbo, con el objetivo de evaluar las amenazas, coordinar acciones conjuntas y definir nuevas estrategias que permitan restablecer la tranquilidad en este importante corredor vial.
La Secretaría de Salud de Santander informó que el departamento mantiene activa la vigilancia epidemiológica frente a la viruela símica (MPOX), luego de que durante el año 2025 se notificaran 16 casos confirmados de esta enfermedad.De acuerdo con el reporte oficial, los casos del año anterior se concentraron en el área metropolitana de Bucaramanga y se presentaron en población masculina con edades entre los 24 y 64 años.Según la autoridad sanitaria, este comportamiento evidenció un patrón de concentración geográfica urbana, coherente con la dinámica de transmisión del virus, que está asociada principalmente al contacto estrecho y directo entre personas.En lo corrido de 2026, se han notificado seis casos sospechosos en el departamento. De estos, tres fueron descartados tras evaluación clínica y de laboratorio, uno permanece en estudio y dos fueron confirmados. Estos últimos corresponden a hombres procedentes de los municipios de Barrancabermeja y Piedecuesta.La Secretaría de Salud señaló que este panorama refleja una disminución en la magnitud de casos confirmados en comparación con 2025. Sin embargo, advirtió sobre un desplazamiento geográfico del evento hacia un municipio diferente al área metropolitana, lo que requiere un seguimiento diferencial por parte de las autoridades sanitarias.Ante esta situación, el secretario de Salud Departamental, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de prevención y autocuidado.Entre las recomendaciones están evitar el contacto directo con personas que presenten lesiones sospechosas, no compartir objetos personales, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, mantener cubiertas las lesiones en caso de presentarlas y consultar oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas.
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
Las denuncias por amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, no cesan. Según el director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, capitán Eleasid Durán Sánchez, desde el año anterior se han interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones dirigidas contra personal de custodia y directivos del penal.De acuerdo con el oficial, las amenazas estarían relacionadas con las estrategias de control y vigilancia que se han venido implementando al interior del centro carcelario para contrarrestar actividades delictivas y reforzar la disciplina.“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas por esa estrategia de control que nosotros realizamos, pero nosotros seguimos trabajando articuladamente y soñamos también con un establecimiento carcelario diferente”, manifestó Durán Sánchez.El director aseguró que las intimidaciones no solo han sido dirigidas a guardianes, sino también a altos mandos del penal. “Amenazas en mi contra, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de la unidad de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad y de las diferentes compañías. Nosotros hemos interpuesto desde el año anterior alrededor de 33 denuncias por amenazas en el establecimiento”, precisó.Según explicó, detrás de estos hechos estarían actores delincuenciales que se oponen a los controles internos.“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. Nosotros lo hemos desarrollado y venimos haciéndolo con un cronograma de actividades para aquellas personas que han sido individualizadas como actores que siguen delinquiendo al interior de los establecimientos”, señaló.Frente a la situación, el Inpec ha articulado acciones con otras autoridades para reforzar la seguridad de los funcionarios afectados. El director indicó que se han gestionado medidas de autoprotección y se ha solicitado el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“También hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y, desde luego, a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quien hacemos un llamado permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios, porque de nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, afirmó.Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas, mientras el establecimiento mantiene las estrategias de control interno que, según su dirección, buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del penal.
Un incendio forestal que se inició hacia las 2:00 de la tarde de este martes 10 de febrero, en la vereda Arenal, sector El Manzano, en el municipio de Mogotes, consumió cerca de 30 hectáreas de cobertura vegetal y mantuvo en alerta a la comunidad durante varias horas.Las llamas avanzaron rápidamente por la montaña, obligando a los habitantes del sector a intervenir de manera directa para evitar que el fuego se extendiera a más predios, viviendas y la escuela de la zona. La situación se tornó más compleja debido a que el cuerpo de bomberos del municipio no se encuentra operando por trámites administrativos.Yulexy Rangel, residente de la zona, relató los momentos de angustia que vivieron.“Nos dimos cuenta hacia las 3 de la tarde porque venía descendiendo por la montaña. Mi esposo estaba desyerbando y se fue con otros vecinos, pero se regresaron a las 5:00 p.m. porque era imposible controlarlo. Mi esposo llamó a bomberos y dijeron que no podían atender porque no están habilitados”, contó.Durante la tarde y buena parte de la noche, campesinos del sector, con ramas, agua y herramientas básicas, trabajaron para reducir la intensidad del incendio y evitar que siguiera propagándose. La solidaridad entre vecinos fue clave para contener la emergencia mientras llegaba apoyo institucional.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el incendio ya fue controlado y que actualmente se encuentra en fase de monitoreo y proceso de liquidación para evitar que se reactive.“El incendio se encuentra controlado y actualmente está en fase de monitoreo y proceso de liquidación. La atención se realiza de manera articulada entre la Policía Nacional, la Defensa Civil y el CMGRD de Mogotes”, señaló la entidad a través de su cuenta en X.Aunque no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas, la emergencia dejó una considerable afectación ambiental en esta zona rural de Mogotes.Las autoridades mantienen presencia en el sector para verificar puntos calientes y descartar nuevos focos, mientras la comunidad insiste en la necesidad de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos plenamente habilitado para atender este tipo de emergencias.
Momentos de tensión se vivieron en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, luego de que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieran presencia armada en la zona urbana, donde patrullaron varias calles y protagonizaron acciones contra la fuerza pública.Los insurgentes hostigaron durante varios minutos la estación de Policía del municipio, generando pánico entre los habitantes. En medio de los hechos, también se reportó un ataque contra un helicóptero que sobrevolaba el área, al parecer en labores de apoyo y verificación de la situación de orden público.Los hombres armados caminaron por distintos sectores del municipio, lo que obligó a la comunidad a resguardarse en sus viviendas por temor a enfrentamientos. Los comerciantes cerraron de inmediato sus establecimientos y la administración municipal suspendió la atención al público mientras se restablecía la calma.
La tristeza que dejó la muerte de Daniel Felipe Ballesteros aún se siente en las calles de Tona. El niño, de apenas 10 años, fue hallado sin vida a unos 10 metros al fondo de un abismo, en hechos que hoy son materia de investigación y que mantienen consternada a toda la comunidad.Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Tona anunció una recompensa de $10 millones para quien entregue información que permita esclarecer lo ocurrido. El alcalde Jesús Santiago Gutiérrez aseguró que desde el primer momento se activó un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Gobernación de Santander.“Estamos trabajando articuladamente con Policía, Fiscalía y Gobernación de Santander para esclarecer este crimen que ocurrió en nuestro municipio. Por parte de la administración municipal estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para aquella persona que nos pueda brindar información para establecer este crimen”, manifestó el mandatario local.El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato, por mínimo que parezca, y garantizó absoluta reserva. La información puede ser suministrada al número 310 811 4966. “El llamado es a que nos suministren información por mínima que sea, nosotros estamos dispuestos a revisar la información”, añadió.Daniel Felipe era estudiante de la Escuela Francisco Romero y participaba activamente en las escuelas de formación musical y deportiva del municipio. Como cada día, había salido a jugar, sin que nadie imaginara que esa rutina terminaría en tragedia.La indignación y el dolor se transformaron en un acto de unión. Decenas de habitantes se concentraron frente a la Alcaldía de Tona para realizar una velatón en su memoria. Con velas encendidas, oraciones y abrazos, el municipio rindió homenaje al menor y acompañó a su familia en medio del duelo.“Estas imágenes y videos capturan el sentir de un pueblo que se une en un solo corazón. Entre oraciones y el suave resplandor de las velas, la comunidad de Tona se reunió para rendir un sentido homenaje a la vida de Daniel Felipe Ballesteros. Que este acto de unión sea un abrazo de luz para su familia y un testimonio de que su recuerdo de 10 años de alegría nunca se apagará entre nosotros”, escribió la alcaldía en sus redes sociales.Mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de su muerte, Tona clama por justicia. La Alcaldía también declaró tres días de luto en el municipio por la muerte del menor. Además, fueron aplazadas las actividades programadas para próximos días por los 476 años de Tona."En señal de respeto y acompañamiento a su familia y seres queridos, informamos que la celebración de los 476 años de Tona será aplazada. Hoy no es momento de festejar, sino de abrazarnos como comunidad, elevar una oración y acompañar desde el corazón", escribió la Alcaldía de su cuenta en Facebook.
En la madrugada de este martes se registraron dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.El primero ocurrió a las 12:59 a.m. y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo se sintió de manera leve en Bucaramanga y su área metropolitana, donde varios ciudadanos indicaron haber percibido una ligera vibración, especialmente en edificios de varios pisos.Sin embargo, el movimiento tuvo una percepción un poco más intensa en municipios como San Gil, Barrancabermeja y algunas poblaciones de Norte de Santander, donde habitantes reportaron el temblor a través de redes sociales.Horas después, a las 4:25 a.m., se presentó un segundo sismo también con epicentro en Los Santos. Este tuvo una magnitud menor, de 3.2, y una profundidad de 152 kilómetros. Por sus características, fue percibido con menor intensidad y en menos zonas del departamento.Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas a causa de estos movimientos telúricos. Organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente, recordando a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y tener identificadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.Santander, y particularmente el municipio de Los Santos, se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo, lo que explica la recurrencia de este tipo de eventos en la zona.
Botar un colchón viejo, una silla rota o escombros en plena calle podría salir caro en Bucaramanga, la Alcaldía prepara un nuevo decreto que permitirá sancionar y multar a las personas que abandonen inservibles y residuos voluminosos en el espacio público, una práctica que se ha vuelto recurrente en distintos sectores de la ciudad.Según la administración municipal, en separadores, andenes y vías principales es cada vez más común encontrar muebles, escombros, electrodomésticos dañados y desechos domésticos, lo que no solo deteriora la imagen urbana, sino que también genera problemas de salubridad, malos olores, proliferación de plagas y obstrucción del tránsito peatonal y vehicular.El alcalde Cristian Portilla aseguró que esta conducta se repite “una y mil veces” y relató que incluso presenció recientemente cómo algunas personas dejaban residuos en plena vía pública. “No podemos seguir permitiendo que conviertan la ciudad en un basurero. Vamos a controlar y sancionar”, advirtió.El decreto contempla controles más estrictos, operativos de vigilancia y la imposición de comparendos económicos a quienes sean sorprendidos arrojando o abandonando este tipo de elementos en sitios no autorizados.La medida busca frenar una problemática que, según la Alcaldía, genera altos costos de limpieza y afecta la calidad de vida de los ciudadanos.Además de las sanciones, la administración invitó a la comunidad a hacer uso de los canales oficiales de recolección y jornadas especiales para disposición de inservibles, con el fin de evitar acumulaciones ilegales de basura en los barrios.Con esta normativa, Bucaramanga busca recuperar el orden y la limpieza del espacio público, enviando un mensaje claro: quien use la calle como botadero, será multado.
Lo que era una advertencia terminó convirtiéndose en realidad. El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento de Berlín, en zona rural de Tona, Santander, cerró sus puertas, dejando sin atención integral a 42 niños y niñas campesinos, quienes dependían del programa para recibir alimentación, educación inicial y cuidado diario.Ante el cierre, padres de familia, cuidadores y menores protagonizaron una manifestación pacífica para exigir respuestas y soluciones inmediatas a las autoridades.La comunidad asegura que la decisión se conoció luego de que el ICBF – Centro Zonal Sur Bucaramanga informara que no continuará con la apertura del programa bajo su modalidad actual, argumentando falta de cobertura. Sin embargo, los padres rechazan esta justificación y sostienen que sí existe suficiente demanda y que decenas de familias quedaron sin el servicio.“Los niños no pueden pagar las consecuencias de trámites administrativos, lo que impide que continuemos nuestras labores en el campo, porque no los podemos dejar a la deriva”, afirmó Beatríz Rodriguez lider comunitaria .El CDI era el único programa de atención a la primera infancia en toda la zona de Soto Norte, ofreciendo acompañamiento pedagógico, apoyo psicosocial y alimentación, fundamentales para familias que trabajan en labores del campo y no tienen dónde dejar a sus hijos.Desde el Concejo municipal de Tona, el concejal Adalberto Ospino aseguró que la situación había sido advertida desde noviembre del año pasado.“Es el único programa de Bienestar Familiar en el sector. Tiene componente educativo y nutricional. Desde el año anterior se pidió buscar soluciones técnicas y administrativas para que no se cerrara, pero no hubo respuesta oportuna”, afirmó.Aunque el ICBF financia el 100 % de la operación, la continuidad del servicio también dependía de que la Alcaldía garantizara un espacio físico, situación que finalmente no se resolvió.Ahora, 42 menores quedaron sin atención y sus familias exigen la intervención urgente del ICBF, la Alcaldía de Tona, la Personería y la Comisaría de Familia, para reactivar el programa cuanto antes.Mientras tanto, en Berlín la preocupación crece los niños ya no tienen dónde recibir cuidado ni alimentación durante el día.
Continúan llegando familias desplazadas desde el Catatumbo hacia la ciudad de Ocaña. La Personería de ese municipio advierte que más de 20 menores de edad están entre los afectados.Son más de 150 personas, agrupadas en 40 núcleos familiares, las que han arribado a Ocaña debido a los combates entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc, así como a las operaciones de las Fuerzas Militares en el territorio.Jorge Armando Bohórquez, personero de Ocaña, dijo que en la Defensoría del Pueblo y en la Personería Municipal están recibiendo declaraciones de 40 familias que han llegado desplazadas desde el Catatumbo. La situación de violencia, las amenazas contra la población civil y las operaciones militares han dejado a las comunidades en medio del fuego cruzado"."Estas personas me indican que vienen del 77, de Filogringo y del corregimiento de Langalia, donde se han presentado enfrentamientos entre el ELN, las disidencias del frente 33 de las Farc y operaciones del Ejército, lo que ha obligado a estas familias a desplazarse", añadió."Hemos visto latente y muy fuerte el desplazamiento masivo, no solo hacia la región de Cúcuta, que está recibiendo población como ciudad capital, sino también hacia municipios aledaños", señaló Diana Vargas, representante de la organización social Tejedores de Paz.Autoridades en el departamento confirmaron que a municipios como Tibú y a la ciudad de Cúcuta también comienzan a llegar familias que huyen del conflicto armado.