Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
En la madrugada de este miércoles, hacia las 12:25 a. m., la Concesionaria Ruta Bogotá Norte informó que la fuga de gas registrada en la Autopista Norte, en el tramo Chía–Bogotá, fue controlada y que la movilidad en este corredor se encuentra habilitada en ese sentido. De acuerdo con el reporte, personal técnico de la empresa Vanti atendió la emergencia y logró contener la situación, lo que permitió restablecer el tránsito vehicular sobre la autopista sin que se reportaran nuevos incidentes asociados a la red de gas.La concesionaria explicó que, pese a la reapertura, en el punto permanece personal especializado de Vanti adelantando labores de verificación y aseguramiento de la tubería afectada, en coordinación con equipos de obra que trabajan en excavación e instalación de nuevas tuberías para facilitar la evacuación de agua en la zona. Estas tareas se ejecutan bajo protocolos de seguridad para reducir cualquier riesgo de nuevas filtraciones, explosiones o acumulación de gas, escenarios que, según lineamientos de la propia compañía y de las autoridades, exigen controles estrictos cuando se intervienen redes subterráneas.Las autoridades de tránsito y la propia concesionaria recomendaron a los conductores transitar con precaución por el corredor norte, acatar la señalización provisional instalada y seguir las indicaciones del personal ubicado en la vía. El llamado se dirige especialmente a quienes se desplazan en horas de baja visibilidad, como la madrugada y el amanecer, cuando se mantiene maquinaria en operación y hay presencia de operarios en calzada y berma mientras avanzan las obras complementarias derivadas de la emergencia.Calle 209 continúa cerrada por labores técnicasAunque la movilidad fue restablecida sobre la Autopista Norte en sentido Chía–Bogotá, la entrada y salida por la calle 209 continúa cerrada en ambos sentidos. La restricción se mantendrá mientras se completan las labores técnicas sobre el terreno y la infraestructura de servicios públicos en este punto, que forma parte del área de influencia del proyecto de ampliación de la Autopista Norte adjudicado años atrás para mejorar la conexión entre Bogotá y municipios como Chía y Cajicá.Según el reporte de la concesionaria, en el sector se adelantan trabajos de excavación y reemplazo de tubería, tanto para garantizar la evacuación de agua como para blindar la red de gas ante futuras contingencias. En situaciones de este tipo, los protocolos de Vanti y de las autoridades contemplan mantener cierres viales parciales o totales hasta que las pruebas de seguridad confirmen que no existen filtraciones ni concentraciones de gas y que el terreno es estable para el tránsito de vehículos y peatones.bogota.La medida implica desvíos y cambios en los recorridos habituales de quienes usan la calle 209 como acceso y salida de la capital. Por ello, se recomienda a los conductores planear rutas alternas y prever mayores tiempos de desplazamiento mientras persistan las restricciones, siguiendo también las recomendaciones que habitualmente emite la Secretaría de Movilidad cuando se presentan fugas de gas o cierres por emergencias en corredores troncales de ingreso y salida de Bogotá.bogota.Otro incidente de gas en Álamos Norte, EngativáParalelamente a la emergencia en la Autopista Norte, en el sector de Álamos Norte, en la localidad de Engativá, se presentó otra fuga de gas que también fue controlada por personal especializado. En esta zona residencial se activaron protocolos de seguridad que incluyen cierre de accesos, restricción de tránsito y evacuaciones preventivas en casos de riesgo, procedimientos similares a los aplicados en otras emergencias recientes por fugas de gas en Bogotá.YouTubebogota.Aunque la fuga ya fue contenida, en Álamos Norte se mantienen restricciones de seguridad en una amplia área habitada mientras se concluyen las revisiones de la red, se descarta la presencia de nuevas filtraciones y se certifica la estabilidad de la infraestructura.
El Congreso de Perú escogerá este miércoles en un pleno extraordinario, que se celebrará a partir de las 18:00 hora local (23:00 GMT), al nuevo presidente interino del país andino después de que este martes haya destituido al derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales."Al haberse aprobado las mociones de censura, la mesa directiva del Congreso declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República del Perú", indicó el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.Agregó que la elección del nuevo presidente se realizará en pleno del Congreso el miércoles y detalló que el plazo para que las bancadas parlamentarias presenten las propuestas de candidatos vence este martes 17 de febrero, a las 18:00 hora local (23:00 GMT).Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano resolvió sacar del poder a Jerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses, por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.Jerí ejercía de manera interina la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento, perdió automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.Así, durante las próximas horas, las bancadas del Congreso tendrán que ponerse de acuerdo e inscribir los nombres de sus candidatos, para que este miércoles se debatan las opciones.Pero al haber convocadas unas elecciones generales en menos de dos meses y la baja popularidad de los parlamentarios, las opciones de congresistas que generan consenso son limitadas.De los 130 parlamentarios, 57 postulan al Senado, 29 a la Cámara de Diputados y dos al Parlamento Andino, por lo que quedan 42 congresistas elegibles y muchos cuentan con investigaciones o cuestionamientos por diversos temas como para conseguir el apoyo suficiente para asumir el cargo.Hasta el momento no hay candidaturas oficializadas, pero algunos nombres ya se barajan en medios locales, como la derechista Maricarmen Alva, de Acción Popular; el izquierdista José María Balcázar, y el militar retirado independiente Roberto Chiabra, quien es candidato presidencial y debería renunciar a su candidatura.
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 17 de febrero de 2026 su sorteo número 3140, uno de los más esperados por miles de apostadores en el país.En esta jornada estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que aumentaron las posibilidades de ganar.Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja – 17 de febrero de 2026El número ganador del premio mayor fue: 6420 de la serie 312. Este resultado corresponde al sorteo realizado el martes 17 de febrero de 2026 y es el único válido para la verificación de premios.De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar y cobrar un premio, una vez presentado el billete, es de 30 días calendario.El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno. Los resultados también pueden consultarse en el sitio web oficial, redes sociales o en la línea telefónica (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100.Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja – Sorteo 3140Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes montos. Estos fueron los números ganadores oficiales:SECO DE $200 MILLONES6361 – Serie 250SECO DE $100 MILLONES1342 – Serie 183SECO DE $50 MILLONES2740 – Serie 0218806 – Serie 176SECO DE $30 MILLONES5169 – Serie 2709563 – Serie 2713351 – Serie 1035771 – Serie 2477745 – Serie 2064533 – Serie 141SECO DE $20 MILLONES0036 – Serie 1817339 – Serie 2495831 – Serie 2142241 – Serie 2281950 – Serie 1420230 – Serie 2225646 – Serie 3099397 – Serie 2064922 – Serie 1744169 – Serie 0259293 – Serie 2415342 – Serie 2898443 – Serie 1691336 – Serie 1414587 – Serie 175SECO DE $10 MILLONES0527 – Serie 3040934 – Serie 2831098 – Serie 0147324 – Serie 1737826 – Serie 0530119 – Serie 1580789 – Serie 2998265 – Serie 1544843 – Serie 0598612 – Serie 1343356 – Serie 2958951 – Serie 1482190 – Serie 2268900 – Serie 2246880 – Serie 0197512 – Serie 0693022 – Serie 2708204 – Serie 1508282 – Serie 2654219 – Serie 310Se recomienda comparar cuidadosamente el número y la serie del billete con la imagen oficial publicada por la Lotería de la Cruz Roja para confirmar cualquier premio.¿Cómo reclamar un premio?Para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete o fracción original, en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.Para el premio mayor y los premios secos, es indispensable presentar la cédula de ciudadanía.El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.Descuentos de ley aplicados al premio mayorEn caso de haber ganado el premio mayor de $10.000 millones, se deben tener en cuenta los descuentos establecidos por la ley:17 % de impuesto a ganadores, equivalente a $1.190 millones.20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.Después de aplicar estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.La recomendación final para todos los jugadores es verificar la información únicamente a través de los canales oficiales y revisar con detalle el billete antes de iniciar cualquier trámite de cobro.
El presidente ruso, Vladímir Putin, recibirá este miércoles en el Kremlin al ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, para abordar la crisis energética en la isla debido al embargo de Estados Unidos."La reunión tiene una importancia especial dados los difíciles momentos que está atravesando nuestra amistosa y hermana Cuba", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.Subrayó que "Rusia se ha pronunciado de manera consecuente contra el bloqueo de la isla, al igual que muchos otros países en el mundo"."Tenemos relaciones con Cuba, valoramos altamente estas relaciones. Tenemos intención de seguir desarrollándolas y, por supuesto, continuar proporcionando la ayuda correspondiente a nuestros amigos en estos tiempos difíciles", señaló.Además, descartó que la cooperación entre Moscú y La Habana pueda repercutir en las actuales negociaciones sobre Ucrania con mediación estadounidense, que continúan este miércoles en Ginebra."No creemos que estos sean asuntos relacionados", resaltó, en alusión a la amenaza de imponer aranceles que vertió a finales de enero el presidente de EE.UU., Donald Trump.Rodríguez, cuya visita no se había anunciado, también se reunirá este miércoles con su colega ruso, Serguéi Lavrov, adelantó la portavoz de Exteriores, María Zajárova."Expresamos nuestra firme solidaridad con La Habana ante la presión exterior sin precedentes tanto económica como coercitiva", señaló en rueda de prensa.Y recordó que la isla vive durante casi setenta años "en condiciones de bloqueo ilegítimo, antihumano, económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que se ha visto reforzado después de las acciones militares de Washington en Venezuela el 3 de enero pasado".Moscú adelantó recientemente que está en contacto con las autoridades cubanas y que se prevé el suministro de petróleo al régimen castrista, algo que no ocurre desde el envío de 100.000 toneladas de crudo en febrero de 2025.A su vez, las aerolíneas rusas han tenido que suspender sus vuelos a La Habana y repatriar a varios miles de turistas ante la falta de combustible en la isla caribeña.El asedio energético ha llevado al Gobierno cubano a poner en marcha un duro plan de contingencia, con servicios mínimos en hospitales, teletrabajo en oficinas y racionamiento extremo en las gasolineras, que está afectando también a grandes empresas extranjeras.
Tropas de la Armada ubicaran un depósito clandestino con explosivos y material de guerra en zona rural del municipio de López de Micay. La operación se desarrolló en el sector Zaragoza, donde unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, en coordinación con el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, hallaron un arsenal que representaba un alto riesgo para comunidades y uniformados.En el lugar fueron encontrados seis artefactos explosivos improvisados tipo granada, presuntamente de 81 milímetros, así como 11 granadas artesanales acondicionadas para ser lanzadas desde drones, una modalidad que ha encendido las alertas de seguridad en zonas de conflicto. También se incautaron cordón detonante, explosivos listos para fabricación de cargas, armas cortas, munición y material de intendencia.Durante la inspección, los uniformados hallaron además equipos tecnológicos y elementos logísticos que, según información preliminar, serían usados para fortalecer operaciones ilegales en el Pacífico caucano.Las autoridades atribuyen el material a la Estructura ‘Jaime Martínez’, organización criminal que mantiene presencia en corredores estratégicos de la región y que ha sido señalada de acciones armadas y presión sobre comunidades. El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales, mientras que los explosivos fueron destruidos de forma controlada por personal especializado en manejo de artefactos.Aunque no se reportaron capturas, el hallazgo vuelve a evidenciar la capacidad de estas estructuras para almacenar armamento en zonas selváticas de difícil acceso. Entretanto, las operaciones militares continúan en el litoral caucano, donde la Fuerza Pública busca contener la expansión de grupos armados y evitar nuevos ataques con explosivos en la región.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, informó que en los últimos tres días se han presentado retrasos en la llegada de productos de la canasta familiar provenientes de la costa Atlántica y Antioquia, debido a los bloqueos generados por la protesta de volqueteros en la Troncal del Magdalena Medio.Según explicó Alfonso Peñalosa, director de operaciones de la central mayorista, aunque se han registrado contratiempos en el ingreso de mercancías, hasta el momento no hay desabastecimiento.“Por el momento es importante informar a la opinión pública que no ha habido desabastecimiento en ningún producto; se han presentado contratiempos en la llegada de los mismos por las manifestaciones que se presentan”, señaló el directivo.Peñalosa indicó que los manifestantes han permitido el paso de camiones en algunos sectores y en horarios nocturnos, especialmente entre las 11:00 de la noches y las 7:00 de la mañana, lo que ha facilitado que los comerciantes puedan acopiar y despachar mercancías en esas franjas.Los mayores retrasos se han presentado en productos provenientes de Antioquia, como tomate de árbol y lulo. También han llegado con demora frutas del sur del país, entre ellas uvas y granadillas, así como mercancía importada que arriba por Puerto de Buenaventura.En el corredor afectado, particularmente en los sectores de Sabana de Torres y La Fortuna, también se han visto impactados alimentos que ingresan por el departamento del Cesar, como el mango tommy, mango de azúcar y la yuca.A esta situación se suman las lluvias que han afectado distintos puntos de Santander, especialmente en la zona del Magdalena Medio y el sur del departamento, lo que complica aún más la movilidad de carga.Desde Centroabastos advirtieron que, aunque el abastecimiento está garantizado, los sobrecostos logísticos derivados de los retrasos podrían generar incrementos en los precios de algunos alimentos si la situación persiste en los próximos días.
La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
Las centrales obreras y organizaciones sindicales de Santander convocaron para este jueves 19 de febrero un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, como parte del paro nacional en defensa del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional.La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde y contará con la participación de trabajadores de distintos municipios del departamento.Óscar Estupiñán, representante del sindicato de trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la jornada busca respaldar el decreto del salario mínimo vital y rechazar decisiones judiciales que, según los sindicatos, irían en contravía de los derechos laborales.“Desde las centrales obreras y la clase trabajadora estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de Santander a que nos concentremos este jueves 19 de febrero a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, para respaldar el decreto del Gobierno Nacional. Creemos que el salario mínimo vital dignifica al trabajador”, afirmó.Según los organizadores, se espera la llegada de delegaciones desde municipios como Piedecuesta, Girón, Lebrija y Barrancabermeja, con el propósito de concentrar el mayor número de manifestantes en la capital santandereana.Por su parte, Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, confirmó que el magisterio también se sumará a la jornada.“Como organización sindical convocamos al magisterio para que salgamos a reclamar por un incremento digno, porque además es un motor económico que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora”, señaló.El dirigente anunció que los docentes realizarán anormalidad académica en la jornada de la tarde, a partir de las 3:00 de la tarde, para facilitar la participación en el plantón. Asimismo, indicó que el gremio evalúa la convocatoria de un paro departamental de tres días en el marco de estas movilizaciones.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
Tres personas señaladas de integrar una red dedicada al hurto bajo la modalidad de fleteo fueron capturadas en las ciudades de Cartagena y Santa Marta, en desarrollo de una investigación que permitió esclarecer varios robos cometidos en Santander y Boyacá entre 2024 y lo corrido de este año.De acuerdo con las autoridades, las capturas se realizaron en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por hechos ocurridos en los municipios de San Gil, Bucaramanga, Tunja, Moniquirá y Barbosa. La investigación da cuenta de una estructura delincuencial que seguía a sus víctimas tras retirar altas sumas de dinero de entidades bancarias para luego despojarlas del efectivo mediante intimidación.Uno de los casos ocurrió el 6 de septiembre del año pasado en San Gil, donde un hombre fue víctima del hurto de 1.200.000 pesos luego de retirar dinero de un banco. Ese mismo día, en el municipio de Moniquirá, otra persona fue abordada en el puente del municipio y despojada de 50 millones de pesos que acababa de retirar.Un día después, el 7 de septiembre, en el centro comercial Viva Tunja, una mujer fue víctima de un fleteo en el que perdió 25 millones de pesos. En Bucaramanga, los investigadores también relacionan a esta banda con el hurto de 45 millones de pesos a una mujer en el centro comercial Cacique, tras ser abordada en el sector de Cabecera.Las autoridades ya habían logrado un primer golpe contra esta organización el 13 de noviembre del año pasado, cuando parte de la banda fue capturada en flagrancia durante un robo en el municipio de San Gil. En este caso, y tras la presentación del material probatorio, un juez les impuso medida de aseguramiento.“De acuerdo con el material probatorio de evidencia física que se presentó por parte de la Fiscalía, en esa articulación con nuestra seccional de investigación criminal y el CTI, les dieron medida de aseguramiento. Continuamos trabajando para evitar que estas organizaciones que vienen de otras regiones sigan cometiendo este tipo de hechos en nuestro territorio”, expresó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander.Las investigaciones continúan para establecer si hay más personas involucradas o si la banda estaría relacionada con otros delitos similares registrados en la región.
La situación de orden público que se vive en el país, a raíz del paro armado anunciado por el ELN, no es ajena en Santander y ya está teniendo efectos directos en la movilidad de pasajeros y en la operación de la Terminal de Transporte de Bucaramanga, justo en una de las épocas de mayor flujo de viajeros del año.Así lo confirmó Jaime Pérez, gerente de la terminal, quien calificó como “lamentable” el impacto que estos hechos han generado en el departamento. Según explicó, desde la madrugada en que se anunció el paro armado se empezó a evidenciar una disminución en los despachos de buses, especialmente hacia zonas consideradas de mayor riesgo.Uno de los factores que más incidió en la reducción de la operación fue el atentado registrado en el peaje de La Lizama, donde la activación de un artefacto explosivo llevó a que varias empresas limitaran o suspendieran los viajes hacia Barrancabermeja. Como medida preventiva, los despachos se realizaron por la vía antigua, evitando el corredor principal.A esta situación se sumó la suspensión temporal de los viajes hacia la Costa Caribe, debido a la quema de buses, lo que profundizó la afectación en la terminal. Para la mañana de este miércoles, hacia las 11:00 a.m., se habían movilizado 209 vehículos y cerca de 1.150 pasajeros, una cifra baja si se tiene en cuenta que actualmente se atraviesa temporada alta.De acuerdo con el gerente, los despachos de buses se redujeron en un 27 por ciento y la afluencia de pasajeros también cayó de manera significativa, principalmente por el temor de los ciudadanos a desplazarse durante el paro armado. Las rutas más afectadas son las que comunican a Bucaramanga con Barrancabermeja y con la Costa Atlántica, mientras que el corredor hacia Cúcuta, que estuvo cerrado al inicio de la semana, ya fue habilitado.Los viajes hacia municipios del Magdalena Medio santandereano, como San Vicente de Chucurí, Puerto Wilches y Cimitarra, se están realizando de manera muy limitada. Aunque las empresas de transporte continúan despachando vehículos, lo hacen con restricciones y bajo estrictas medidas de precaución.Frente a este panorama, la Terminal de Transporte mantiene un plan de contingencia sujeto a las directrices de las autoridades entreguen, siempre garantizando las condiciones de movilidad. Por ahora, las empresas han optado por reducir los despachos en horas de la noche y se insiste en la recomendación de actuar con prudencia, mantenerse informados y atender las alertas emitidas por las autoridades.El gerente espera que esta situación no se prolongue, pues es un momento clave en el que miles de personas buscan desplazarse para pasar las festividades de Navidad y Año Nuevo con sus familias.
El Consejo de Estado ratificó de manera definitiva la anulación de la elección del alcalde de Concepción, Santander, Eduard Abril Borrero, al negar la solicitud de aclaración y adición presentada por su defensa frente al fallo que lo sacó del cargo por doble militancia.La decisión fue adoptada mediante un auto del 11 de diciembre de 2025 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y está relacionada con la sentencia del 12 de junio de 2025, en la que el alto tribunal concluyó que: “el entonces mandatario incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo, causal que dio lugar a la nulidad de su elección para el período 2024–2027”, señala el auto.En su análisis, el Consejo de Estado fue claro en señalar que la sentencia no tenía vacíos ni aspectos pendientes por resolver, por lo que no había lugar a aclaraciones ni adiciones, cerrando así cualquier posibilidad de reabrir el debate judicial.La defensa de Abril Borrero solicitó al alto tribunal que explicara por qué el acuerdo de coalición entre los partidos Alianza Verde, Cambio Radical y En Marcha no fue considerado válido, pese a haber sido recibido por la Registraduría; que se aclarara el grado de responsabilidad del demandado o de la Registraduría Nacional del Estado Civil en ese trámite, y que se precisara la ubicación de una prueba documental citada en la sentencia.Sin embargo, el Consejo de Estado reiteró que el fallo del 12 de junio ya explicó que el acuerdo no cumplió con los requisitos legales, en particular porque no quedó consignado en el formulario de inscripción de la candidatura. Además, precisó que el proceso de nulidad electoral es de carácter objetivo, por lo que no evalúa responsabilidades personales ni administrativas de los involucrados, ni de las entidades que participan en el proceso electoral.Aunque negó las solicitudes, el alto tribunal advirtió que la presentación de peticiones impertinentes o recursos improcedentes puede considerarse una maniobra dilatoria y dar lugar a multas de entre cinco y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.Tras la decisión, el municipio de Concepción entra oficialmente en vacancia en la alcaldía. El fallo obliga al gobernador de Santander a ejecutar de inmediato la orden judicial, lo que implica retirar del cargo al alcalde anulado, designar un alcalde encargado y adelantar las actuaciones necesarias para convocar nuevas elecciones, conforme a lo establecido en la ley.
Durante años, cada temporada de lluvias se encendían las alertas en el norte de Bucaramanga. La creciente del Río de Oro, especialmente en el sector de Chimitá, ponía en riesgo de inundaciones a la Central de Abastos y al asentamiento humano José Antonio Galán.Hoy, ese panorama empieza a cambiar. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) avanza en una obra de mitigación y estabilización sobre el margen derecho del Río de Oro, en un tramo cercano a un kilómetro, entre el Parque Industrial y el barrio Galán, una de las zonas más críticas por su alta vulnerabilidad a inundaciones.La intervención, que cuenta con una inversión superior a los $27.000 millones, busca reducir de manera significativa el riesgo en un punto estratégico no solo para la seguridad de las comunidades vecinas, sino también para la operación logística de la Central de Abastos de Bucaramanga, desde donde se distribuye más del 70 % de los alimentos que se consumen en Santander y gran parte del nororiente colombiano.Desde Centroabastos, el avance de la obra es visto como un positivo frente a una problemática de hace décadas. Así lo explicó Ricardo Arteaga, subgerente Jurídico y Operativo de Centroabastos S.A., al señalar que la intervención representa un cambio profundo para la zona industrial y para las familias que habitan en sus alrededores.“Esa obra es la tranquilidad para más de 15.000 familias que permanecen en la zona industrial de la ciudad. Tenemos un asentamiento, el José Antonio Galán, que cada vez que había temporada de invierno teníamos que abrir la central por la parte trasera para brindarles una protección provisional. Con esta obra hay una tranquilidad adicional que van a tener estas familias”, afirmó Arteaga.En reconocimiento a la gestión que permitió sacar adelante esta intervención, Centroabastos otorgó una distinción al director de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, destacando su liderazgo y el alcance regional del proyecto. A este respaldo se sumó el gremio empresarial del sector de Chimitá, que ha valorado de manera positiva los efectos de la obra tanto para la actividad económica como para las comunidades asentadas en la ribera del río.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
La escalada de ataques sicariales en Santander, y en particular en el municipio de San Gil, encendió las alarmas de las autoridades. El pasado 14 de febrero, un nuevo atentado en pleno centro de la localidad dejó tres personas heridas y obligó a reforzar las acciones operativas, ante lo que la Policía ha calificado como una ofensiva criminal coordinada desde centros penitenciarios del país.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que las investigaciones preliminares indican que estos hechos estarían siendo ordenados desde las cárceles.“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas en vía pública. Las víctimas, todas mayores de edad y con más de 18 antecedentes judiciales, fueron trasladadas de urgencia al hospital local.Los hechos se suman a una serie de atentados que, según las autoridades, evidencian la presencia de bandas criminales y cabecillas que han comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en una zona reconocida por su vocación turística.Habitantes y comerciantes han manifestado su preocupación por la repetición de estos hechos en sectores céntricos, donde también circulan visitantes nacionales y extranjeros.El coronel Arévalo confirmó que los recientes ataques responden a un patrón coordinado y que se activó el denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de identificar y aislar a los internos que estarían ordenando los atentados.“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó.En San Gil, en los últimos días también se registró el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras permanecía en una tienda del municipio.Este homicidio y los recientes intentos de sicariato han incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes. Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en barrios como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de heridos y víctimas mortales.La Policía anunció el fortalecimiento de patrullajes, controles a motocicletas y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad de este municipio santandereano.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
El alcalde de Florían, Néstor Delgado, denunció graves afectaciones ambientales y riesgos para varias comunidades rurales por los trabajos que adelanta un contratista en la vía que comunica a Florián con Jesús María y Puente Nacional, en medio del incremento de las lluvias.Según el mandatario, los movimientos de tierra y el material extraído de la carretera habrían sido depositados muy cerca de la quebrada La Venta, provocando derrumbes que terminaron cayendo al afluente y generando represamientos que ponen en peligro a las familias que viven aguas abajo.“Desafortunadamente, el contratista ha puesto el material muy cerca de la quebrada y todo se ha ido al cauce, generando riesgo para las familias ribereñas”, aseguró Delgado.La situación también amenaza un punto turístico de la región, las Ventanas de Tisquizoque, considerado uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Ante la emergencia, la administración municipal interpuso denuncias ante la Personería, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que realizó visitas técnicas y notificó a la Procuraduría y a la Gobernación para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias.El alcalde advirtió que el panorama es crítico: el 50 % de las 32 veredas del municipio presentan afectaciones por deslizamientos y lodo, mientras la vía clave para la conexión comercial y de salud con Bucaramanga y Bogotá registra daños constantes.Además, tres familias ya fueron evacuadas por riesgo inminente y reciben apoyo de arriendo temporal, mientras otras 15 a 20 podrían verse afectadas si se presenta una creciente súbita.“No sabemos si el contratista tiene los permisos para trabajar de esta manera y arrojar escombros cerca de la quebrada, la carga de material está represando el agua y puede provocar una emergencia mayor”, concluyó el mandatario.Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el temor de nuevos deslizamientos por la continuidad de las lluvias.
Cuatro familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el niño que falleció tras sufrir un golpe mientras montaba bicicleta, por falta de continuación de su tratamiento, enfrentan hoy la misma enfermedad.La familia denuncia que desde diciembre no reciben el medicamento esencial para controlar el trastorno de coagulación, poniendo en riesgo su salud y su vida.Kevin murió en Bogotá, y sus allegados aseguran que la falta de tratamiento oportuno habría agravado las consecuencias del accidente. Ahora temen que la historia se repita.De acuerdo con los afectados, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento desde el 2 de diciembre, luego de que la IPS que los atendía informara que ya no tenía contrato vigente.Sergio Torres, primo del menor, de 39 años, explicó que en su caso no recibe la aplicación desde esa fecha. A esto se suma un sobrino de 30 meses cuya última dosis fue el 18 de diciembre, otro niño de 10 años que la recibió el 22 de diciembre y un adulto de 31 años que también quedó sin tratamiento.“Hace más de 20 años recibimos este medicamento sin fallas, ni siquiera en pandemia nos faltó. Es la primera vez que nos dejan desprotegidos”, afirmó la familia, que reside en zona rural.Explican que con el tratamiento pueden llevar una vida normal: correr, trabajar, montar bicicleta o hacer ejercicio. “La hemofilia no es un limitante, pero sin el medicamento no puedo caminar bien, duelen las articulaciones y hasta dormido puedo sufrir hemorragias”, advirtió Torres.Con dolor, aseguran que la muerte de Kevin pudo evitarse. “Si él hubiera tenido el medicamento, los efectos del golpe habrían sido leves”, recalcaron.Frente a esta denuncia, la Gobernación de Santander solicitó acciones urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega inmediata de tratamientos a pacientes con enfermedades de alto riesgo en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.