Cinco estudiantes, entre los 14 y 16 años, resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso fue confirmado por el subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, quien explicó que la alerta se recibió en horas de la tarde de este miércoles 18 de brero por parte del centro asistencial.“Desafortunadamente el día de ayer (18 de febrero) en horas de la tarde fuimos notificados por una alerta por parte del Hospital Regional de San Gil por unos estudiantes que ingresaron con un cuadro de intoxicación. Se identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”, indicó el funcionario.Según el reporte oficial, el medicamento consumido fue clonazepam, un fármaco de uso psiquiátrico que solo puede ser vendido con fórmula médica.Tras el ingreso de las menores, se activaron de inmediato las rutas correspondientes por tratarse de adolescentes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud también iniciaron la investigación epidemiológica de campo, revisando las historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.El padre de una de las niñas afectadas expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió mayores controles dentro de la institución educativa.“Lo que yo pido es más seguridad en el colegio. En el colegio no hay ninguna clase de seguridad. Le facilitan la entrada al mismo colegio a personas haciéndose pasar por familiares”, afirmó.El hombre relató que su hija presenta alteraciones en su comportamiento tras la intoxicación. “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, agregó.El subsecretario de Salud hizo un llamado a las instituciones educativas para que estén atentas a cambios en el comportamiento de los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan gran parte del tiempo en los planteles.También pidió a los padres de familia mantener una vigilancia activa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alarma.De igual manera, solicitó a las droguerías del municipio abstenerse de vender clonazepam sin la respectiva fórmula médica. “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”, advirtió.Las autoridades aclararon que, hasta el momento, solo hay cinco casos confirmados relacionados con esta intoxicación. Además, continúan las investigaciones para determinar el modo en que el medicamento llegó a manos de las menores y evitar que situaciones similares se repitan.
La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una alerta sanitaria y ordenó el retiro de varios lotes de mantequilla de maní tras detectar la posible presencia de fragmentos de plástico azul en algunos productos. La decisión se tomó como medida preventiva luego de que se identificara material extraño durante controles de calidad en el proceso de producción, lo que podría representar un riesgo para los consumidores.Los productos afectados fueron comercializados en distintos puntos de venta, incluyendo supermercados, bodegas y restaurantes en estados como Nueva York y Nueva Jersey, además de otras regiones del país. En total, los artículos fueron distribuidos en cerca de 40 estados, lo que amplió el alcance de la alerta y obligó a una rápida reacción de fabricantes, distribuidores y autoridades sanitarias.¿Cuáles son las mantequillas de maní contaminadas?Las presentaciones involucradas corresponden principalmente a porciones individuales, utilizadas frecuentemente en establecimientos de alimentos y servicios. Entre los productos incluidos en el retiro se encuentran:Mantequilla de maní cremosa en presentación de 0.75 onzas distribuida por US FoodsMantequilla de maní de 0.5 onzas y mantequilla fresca de 0.75 onzas distribuida por Dyma Brands, Inc.Mantequilla de maní cremosa con receta especial de 0.75 onzas distribuida por Sysco CorporationPresentaciones combinadas de mantequilla de maní con mermelada en empaques individualesEstos productos eran ampliamente utilizados en el sector gastronómico y también vendidos directamente al público.Hallazgo de fragmentos de plástico activó el retiroLa empresa Ventura Foods LLC fue la encargada de iniciar el retiro voluntario luego de identificar fragmentos de plástico azul en uno de los filtros utilizados durante el proceso de fabricación. Este hallazgo encendió las alarmas internas y activó los protocolos de seguridad alimentaria establecidos.De acuerdo con declaraciones entregadas a la revista 'People', un portavoz de la compañía explicó que la decisión se tomó de forma preventiva para proteger a los consumidores y evitar posibles incidentes.La empresa también indicó que, desde el momento en que se detectó el problema, se notificó a clientes, distribuidores y minoristas para que suspendieran la venta y revisaran sus inventarios. Asimismo, se solicitó retirar inmediatamente cualquier producto potencialmente afectado.Recomendaciones de la FDA a consumidores y distribuidoresLa FDA recomendó a los consumidores no ingerir los productos incluidos en el retiro y verificar si poseen alguno de los lotes afectados. En caso de tenerlos, la autoridad sanitaria aconseja devolverlos al punto de compra o desecharlos de forma segura.Entre las principales recomendaciones se encuentran:No consumir los productos identificados en la alertaRevisar etiquetas y presentaciones individualesSuspender el uso inmediato si se sospecha que pertenece a los lotes retiradosContactar al establecimiento donde fue adquiridoHasta el momento, no se han confirmado casos de personas lesionadas relacionados con este incidente. Sin embargo, la presencia de fragmentos de plástico puede representar un riesgo físico, incluyendo posibles lesiones en la boca o el sistema digestivo.El retiro de estos productos forma parte de los mecanismos de vigilancia implementados para proteger la salud pública. Las autoridades sanitarias mantienen estrictos controles y coordinan con fabricantes para detectar y retirar rápidamente cualquier producto que pueda representar un riesgo.
En Bogotá ya comenzó a operar un programa que busca aliviar el bolsillo de quienes más lo necesitan. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán puso en marcha una estrategia para que población vulnerable pueda viajar sin costo en TransMilenio, cuyo pasaje en 2026 quedó en 3.550 pesos.La medida, liderada por la Secretaría de Integración Social junto con la Secretaría de Movilidad, reemplaza los antiguos descuentos parciales en la tarifa. Ahora el beneficio es directo: pasajes gratuitos cargados mensualmente en la tarjeta personalizada TuLlave, según el perfil socioeconómico de cada persona.¿Quiénes pueden acceder a los pasajes gratis de TransMilenio?El Distrito definió los grupos priorizados bajo criterios de focalización vigentes. No se trata de una inscripción abierta para todos, sino de una asignación dirigida a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.Entre los beneficiarios están:Personas en situación de pobreza extrema y moderada.Personas mayores de 62 años.Personas con discapacidad.Desde febrero, el programa amplió su cobertura e incluyó también a:Personas mayores vinculadas a la Comunidad del Cuidado.Exhabitantes de calle que estén en procesos de resocialización a través del servicio de Hospedaje Social.Personas que viven en pagadiarios, una población con alta vulnerabilidad económica y residencial.Según explicó la entidad distrital, la asignación mensual depende de la caracterización social de cada caso. La recomendación es consultar en el portal oficial de la Secretaría de Integración Social si se cumplen los requisitos.Así puede activar los pasajes gratis en la tarjeta TuLlave personalizadaPara acceder al beneficio no basta con estar focalizado: es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada. Allí se cargan los pasajes gratuitos cada mes y deben activarse de manera manual.El proceso se puede hacer en estaciones o en puntos automáticos del sistema, siguiendo estos pasos:Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.Seleccionar “Transacciones virtuales”.Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.Confirmar los pasajes asignados.Finalizar el proceso.El Distrito insiste en que los pasajes deben activarse mensualmente para no perder el beneficio. Con esta estrategia, la ciudad apuesta por garantizar movilidad a quienes necesitan desplazarse para acceder a servicios de salud, formación o empleo, sin que el costo del transporte se convierta en una barrera adicional.
Juan Carlos Naranjo Becerra, un taxista de Bogotá, es señalado de utilizar un datáfono como herramienta para cometer robos bajo la modalidad conocida como “cambiazo” de tarjetas bancarias. De acuerdo con la investigación, este conductor ofrecía a los pasajeros la opción de pagar la carrera con tarjeta y allí empezaba el robo.Durante la transacción, manipulaba el datáfono para generar demoras o fallas aparentes en el pago, algo que los pasajeros veían con normalidad. Justo en medio de esa confusión y aprovechando momentos de distracción, intercambiaba la tarjeta original por un plástico inservible o una réplica, que luego entregaba al usuario sin que este lo notara.Las evidencias y denuncias recopiladas indican que, una vez obtenía la tarjeta original de la víctima y la clave del titular, el conductor acudía de inmediato a cajeros electrónicos para realizar retiros de dinero. Bajo este método, se habría apropiado de más de 379 millones de pesos, afectando al menos a 35 personas que coincidieron en el mismo patrón de fraude tras usar taxis en la ciudad.El taxista fue capturado durante un allanamiento en la localidad de Suba y en el procedimiento fueron incautados dos datáfonos, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas débito y crédito. Además, al momento de su captura, las autoridades le encontraron en sus prendas dos credenciales adicionales pertenecientes a otras personas.Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Naranjo Becerra no aceptó los cargos; sin embargo, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.
De cara a las elecciones del 8 de marzo, la izquierda sigue dividida tras la decisión del Consejo Nacional Electoral que dejó por fuera al candidato Iván Cepeda. El precandidato Roy Barreras siguió adelante con su consulta del Frente por la Vida en la que participa con Daniel Quintero, Martha Viviana Bernal, Lucio Torres y Héctor Elías Pineda.Esto generó molestia al interior del sector que apoya a Cepeda e incluso en el mismo candidato. Este miércoles se conoció una circular interna en la que el Pacto Histórico le pide a sus militantes no votar las consultas y advierte también sanciones a quienes decidan hacerlo; frente a esto respondió en un video Barreras, asegurando que es una petición que responde al miedo.“Compañeros, no se equivoquen. La unidad es la victoria. Juntos hicimos posible el gobierno de Petro hace cuatro años. Solo juntos podemos ahora derrotar la consulta uribista del 8 de marzo para garantizar un cambio seguro. La unidad es lo que permitirá que el progresismo profundice las reformas sociales, pero con un cambio estable, seguro, que le dé tranquilidad y garantías a todos los colombianos”, dijo.También se refirió a las amenazas sobre sanciones: “No es amenazando bases que se logra sumar, es abrazando a todos, dándole garantías a todos. Yo sé unir al país y, por supuesto, sabré unir a quienes hemos estado unidos durante años. Primero nos contamos y luego nos juntamos. No se pongan nerviosos. Estaremos juntos en la tarea de derrotar la derecha, de derrotar la consulta uribista y luego de unir a Colombia”, concluyó.
El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, insistió este miércoles en la supuesta falta de compromiso de Colombia en temas de seguridad fronteriza, argumento usado por Quito para aplicar un arancel del 30 % a las importaciones desde el vecino país."Este es un tema de seguridad, lo que se requiere es un compromiso firme y seguro de parte de Colombia de control de la frontera. Hasta ahora no lo hemos tenido", señaló en la televisión Ecuavisa.Ecuador y Colombia están enfrascados en una guerra comercial que comenzó con el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero el mencionado arancel a las importaciones desde ese país. En represalia, Bogotá también anunció acciones en el área comercial y de energía contra Ecuador.Jaramillo descartó que Ecuador pudiese abandonar la Comunidad Andina de Naciones (CAN) si la disputa con Colombia se agrava, y aseveró que "el diálogo no está roto", "sí hay una comunicación con Colombia", sobre la que -dijo- no puede dar los detalles, aunque expresó su esperanza de que se logre "una respuesta satisfactoria"."Lo que se requiere aquí es seguridad, control de fronteras. No puede haber comercio sostenible si no hay seguridad en la frontera, si no hay control. Se necesita que tengamos operativos coordinados, conjuntos, intercambio de información, de inteligencia, eso es lo que requerimos como país", insistió.Medidas ante la CANEl martes, la Cancillería informó en un comunicado de que Ecuador presentó ante la Secretaría General de la CAN tres reclamos formales contra Colombia por supuestas vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional.El comunicado se difundió en momentos en que medios de prensa colombianos señalaban que Bogotá habría presentado dos demandas contra Ecuador ante la CAN por la aplicación de un arancel del 30 %.Ecuador decidió "activar los mecanismos institucionales previstos en el Acuerdo de Cartagena para la defensa de sus derechos frente a medidas previamente adoptadas" por Colombia "que afectan el comercio bilateral y el funcionamiento de sectores estratégicos", señaló la Cancillería.La decisión se dio -añadió- porque Ecuador ha identificado "incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, así como medidas que resultan incompatibles con los compromisos asumidos a nivel comunitario".El comunicado apuntó que las medidas adoptadas por Colombia responden a la decisión de Ecuador de aplicar una tasa del 30 %, adoptada por razones de seguridad nacional "ante la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional".
Hay preocupación entre los residentes del barrio Cabecera por la convocatoria que está haciendo un grupo de personas que se identifican como therian para reunirse en el parque San Pío de Bucaramanga al mediodía del sábado 21 de febrero de 2026.Ante esta situación, la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector elevó una solicitud formal a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana para que no sea permitida la actividad, al considerar que podría generar alteraciones del orden público.La comunicación fue dirigida al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, al secretario del Interior, Alfonso Pinto, y al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar.En la carta, la JAC solicita “de manera formal y urgente” que no sea autorizada ni permitida la reunión anunciada para las 12:00 p.m. en el Parque San Pío, argumentando que el horario nocturno y la naturaleza de la convocatoria representan un riesgo para la tranquilidad ciudadana y la sana convivencia.Según el documento, permitir el encuentro podría generar afectaciones al orden público y a la seguridad, especialmente por tratarse de un espacio público concurrido del sector de Cabecera del Llano. La Junta advierte que “la autoridad está facultada para intervenir de manera preventiva, con base en los artículos 33, 35, 53 y 92 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)”.A la preocupación de la comunidad se suma que, a la misma hora, otro grupo de ciudadanos estaría convocando a una concentración para rechazar la presencia de los denominados therians, personas que, según la convocatoria difundida en redes sociales, se identifican como animales.Entre las solicitudes puntuales están “No autorizar ni permitir la realización de la reunión anunciada, disponer presencia preventiva de la Policía en el sector y adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado del espacio público y la protección de la comunidad”, dice el documento.La Junta de Acción Comunal de Cabecera indicó que la petición se formula “con carácter preventivo y en defensa del interés general”, e insistió en la necesidad de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.Esta es la carta de la Junta de acción comunal de Cabecera del Llano.
Los casos se registraron en los barrios Nariño, Villas de Girardot, Villas de San Ignacio y Laureles, sectores donde las autoridades desplegaron operativos para dar con los responsables y esclarecer los móviles de los crímenes en Bucaramanga y Piedecuesta. De acuerdo con información preliminar, los homicidios se perpetraron en circunstancias aisladas, aunque no se descarta que algunos de los hechos estén relacionados con disputas por el control territorial y actividades delictivas como el microtráfico, problemática que ha venido generando preocupación entre la comunidad y las autoridades metropolitanas.El caso que más conmoción ha causado es el del menor de 15 años, cuyo asesinato en Piedecuesta es materia de investigación por parte de unidades de la Sijín y el CTI. Organismos judiciales realizaron las inspecciones técnicas a los cuerpos y adelantan la recolección de pruebas y testimonios.Con estos hechos, aumenta la preocupación por la escalada violenta en el área metropolitana, donde en las últimas semanas se han registrado varios ataques sicariales en diferentes sectores residenciales.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar y capturar a los responsables, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los patrullajes y controles en zonas consideradas de mayor riesgo.La situación vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital santandereana y su área metropolitana, mientras líderes comunitarios piden acciones contundentes para frenar la ola de homicidios.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
Hay luto en Santander por la muerte del subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa tras el atentado ocurrido en la madrugada de este martes, 16 de diciembre, en Cali.De acuerdo con las autoridades, dos explosiones se registraron esta madrugada en el suroriente de la ciudad, en medio del paro armado ordenado por el ELN. Los hechos ocurrieron pasadas las 3:30 de la mañana cerca del coliseo ‘María Isabel Urrutia’, específicamente en el barrio Mariano Ramos.El coronel Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali contó detalles del ataque terrorista: “Dos funcionarios de la institución policial que se encontraban haciendo el trabajo de anticipación y prevención en esta jurisdicción del polideportivo ‘María Isabel Urrutia’ son atacados con artefactos explosivos improvisados. Los dos funcionarios de la institución policial fueron trasladados a la Clínica Valle del Lili; sin embargo, siendo aproximadamente las 4:30 de la madrugada, fallecen producto de las esquirlas que les causó este artefacto explosivo de alto poder”.Entre las víctimas está precisamente el subintendente santandereano Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años. El uniformado, nacido en el municipio de Cepitá, llevaba más de 15 años en la institución y estaba adscrito a la estación de Policía Mariano Ramos, donde ocurrió el atentado.El otro uniformado que perdió la vida fue el subintendente Rober Stiven Melo Londoño, de 33 años y natural de Pradera, Valle del Cauca.“Rechazamos estas acciones terroristas y más cuando dos uniformados fueron asesinados protegiendo a los caleños, su intención era vigilar y cuidar a la ciudad y afectaron su vida. Este artefacto iba dirigido a asesinar policías, por eso ofrecemos una recompensa de 200 millones de pesos”, expresó el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.
La Policía Nacional y el Ejército descartaron la presencia de explosivos en un cilindro que había sido abandonado a un costado de la vía que comunica a San Gil con Bucaramanga, junto a una bandera alusiva al ELN, hecho que generó pánico entre la comunidad y obligó al cierre preventivo del corredor vial.El procedimiento se adelantó con personal especializado y caninos antiexplosivos, quienes tras la inspección confirmaron que el objeto no contenía material detonante. Una vez finalizada la verificación, las autoridades procedieron al retiro de la bandera y al restablecimiento del tránsito en la zona.El secretario del Interior de Santander explicó que la alerta se originó luego de que circularan imágenes en redes sociales que generaron temor entre los ciudadanos.“Desde muy temprano circuló una fotografía donde se observa una bandera y un caneco que indujo a pensar que se trataba de un cilindro bomba. De inmediato se ubicó el punto y se dio la intervención institucional del Ejército Nacional y la Policía, con guía canino y equipo especializado, verificando que no había explosivos en el sitio”, señaló el funcionario.Aunque se descartó una acción terrorista, el secretario advirtió que el hecho sí tuvo un componente de intimidación, en especial por el mensaje implícito de la bandera, en medio del paro armado anunciado por el ELN a nivel nacional.“Se descartó esta acción terrorista, pero sí se trató de un acto de intimidación que buscaba generar temor en la comunidad y afectar la movilidad”, precisó.Desde la Gobernación de Santander se indicó que se activaron de manera articulada los componentes de seguridad para atender la situación de forma inmediata, cumpliendo los protocolos policiales y militares establecidos, lo que permitió recuperar la normalidad en este importante corredor vial del departamento.
El sonido de una campana y los abrazos entre lágrimas marcaron un momento inolvidable en el Hospital Internacional de Colombia (HIC) en Santander. Allí, 25 niños que culminaron con éxito su tratamiento contra el cáncer tocaron la llamada campana de la victoria, un acto simbólico que representa el cierre de una etapa marcada por la lucha y el inicio de una nueva vida llena de esperanza.La ceremonia, cargada de emoción, reunió a pacientes, padres de familia, médicos, enfermeras, voluntarios y colaboradores del hospital, quienes celebraron no solo la remisión de la enfermedad, sino también la fortaleza de los niños y el acompañamiento permanente de sus familias. En diciembre, este gesto adquiere un significado especial, al convertirse en un mensaje de vida y resiliencia que muchos describen como un verdadero regalo de Navidad.Cada año, el HIC diagnostica cerca de 60 nuevos casos de cáncer en menores de 18 años y brinda un seguimiento integral hasta completar la remisión. Entre los cánceres infantiles más frecuentes atendidos en la institución se encuentran la leucemia linfoide aguda, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Sus tratamientos suelen ser intensivos, con una duración de entre ocho meses y un año, y controles médicos que pueden extenderse hasta cinco años.Para la doctora Alexandra Pérez, oncóloga pediatra del HIC, el toque de la campana representa mucho más que el fin de un tratamiento.“Es el logro de todas las batallas que estos niños y sus familias han tenido que librar, la recompensa a los esfuerzos, sacrificios y decisiones difíciles que se tomaron en el camino. Los resultados no son únicamente el fruto de la ciencia y la medicina, sino también de la fuerza, la voluntad y el compromiso de hacer lo necesario para luchar y vivir”, afirmó.Entre las historias que hoy inspiran está la de Emiliano Valencia, un niño de nueve años diagnosticado en octubre de 2023 con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Para él y su familia, el proceso estuvo lleno de incertidumbre y miedo, pero también de fe y acompañamiento médico constante.“Cuando nos dieron el diagnóstico surgieron muchas dudas y preguntas, es un momento inexplicable. Sin embargo, Dios les dio la sabiduría a los profesionales para ejercer todo su conocimiento y, a través de la medicina, salvar la vida de nuestros hijos”, expresó Neidy Ardila, madre del menor.Tras más de dos años de tratamiento, Emiliano celebró con una sonrisa el final de esta etapa.“Estoy muy feliz porque ya pude lograrlo”, dijo el niño, quien además animó a otros pacientes a no rendirse y a seguir creyendo en una vida sana y llena de sueños.Instituto de Cáncer HIC: experiencia y compromisoDetrás de cada historia de superación hay un trabajo médico riguroso y sostenido. Hace más de una década, el servicio oncológico del HIC inició con recursos limitados y un equipo reducido, pero con una visión clara de crecimiento. Hoy, el Instituto de Cáncer HIC se consolida como un referente en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en niños y adultos, respaldado por un equipo multidisciplinario de oncólogos, cirujanos, enfermeros, psicólogos, terapeutas y personal administrativo.“Cada paciente nos ha enseñado coraje, valentía y resiliencia. Por eso seguimos apostando por la vida, combinando ciencia, tecnología y humanidad para transformar familias”, señaló la doctora Pérez, quien resaltó que estos eventos también subrayan la importancia del diagnóstico temprano, el acceso oportuno a los servicios de salud y el apoyo integral a los pacientes y sus cuidadores.Aunque el cáncer infantil es menos frecuente que el de adultos, continúa siendo una de las principales causas de mortalidad en la niñez. Sin embargo, con atención oportuna y tratamientos adecuados, muchos niños logran la remisión y pueden llevar una vida plena.El significado de la campanaLa tradición de tocar la campana se remonta a 1996, en el MD Anderson Cancer Center de Houston, Estados Unidos. Allí, el almirante Irve Chuck Le Moyne, tras superar un cáncer agresivo, donó la campana de bronce de su barco y la hizo sonar para celebrar su victoria, inspirado en la costumbre marítima de tocar la campana al regresar con vida tras una tormenta. Desde entonces, este gesto se ha replicado en hospitales de todo el mundo como símbolo de resistencia, esperanza y supervivencia.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) realiza este martes 16 de diciembre en Bucaramanga una jornada de participación ciudadana para socializar el proyecto de resolución del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado, dirigido especialmente a pequeños prestadores y acueductos comunitarios.La actividad, que se realiza en el Parque del Agua, hace parte del proceso de consulta y participación previa que adelanta la entidad antes de la expedición definitiva de la resolución, la cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2027, tras un periodo de alistamiento técnico para los prestadores del servicio.La directora de la CRA, Nelly Mogollón, explicó que el objetivo es abrir el debate a los prestadores, autoridades locales, academia y ciudadanía en general, para recibir aportes que permitan ajustar la propuesta a las realidades de los territorios, tanto urbanos como rurales.“Estamos adelantando el proceso de participación y consulta del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores de acueducto, alcantarillado y acueductos comunitarios. Queremos que conozcan la visión del proyecto de resolución y puedan hacer observaciones y sugerencias que nos ayuden a enriquecerlo”, señaló Mogollón.La funcionaria indicó que la propuesta busca tarifas justas, es decir, que el valor que pagan los usuarios corresponda con la calidad, continuidad y nivel del servicio recibido, más allá de una reducción automática en los costos. Además, contempla acuerdos sobre niveles de servicio y una revisión de los costos actuales que utilizan los prestadores para definir sus tarifas.El nuevo marco también incorpora criterios relacionados con el uso y manejo del recurso hídrico, en un contexto marcado por la crisis de disponibilidad de agua en varias regiones del país.Según Mogollón, “mejorar indicadores de calidad tendrá un impacto directo en la salud de los colombianos y en la ampliación del acceso al servicio, especialmente en zonas rurales”.Por ley, las tarifas de los servicios públicos deben revisarse cada cinco años; sin embargo, el marco tarifario vigente lleva cerca de nueve años, lo que hace necesaria su actualización.En Colombia se estima que existen alrededor de 33 mil pequeños acueductos comunitarios, principalmente en veredas y corregimientos, que se verán impactados con esta regulación de carácter nacional.El proceso de participación ciudadana estará abierto hasta el 21 de febrero, periodo en el cual la CRA analizará las propuestas recibidas. Posteriormente, se espera la expedición de la resolución definitiva hacia el 30 de junio, para dar paso al proceso de alistamiento antes de su entrada en operación en 2027.La jornada en Bucaramanga está dirigida en la mañana a acueductos comunitarios, y en la tarde a pequeños prestadores, en su mayoría alcaldías de municipios del área de influencia de Bucaramanga, así como representantes de Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare. La CRA reiteró la invitación a participar activamente en este ejercicio de construcción colectiva.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, informó que en los últimos tres días se han presentado retrasos en la llegada de productos de la canasta familiar provenientes de la costa Atlántica y Antioquia, debido a los bloqueos generados por la protesta de volqueteros en la Troncal del Magdalena Medio.Según explicó Alfonso Peñalosa, director de operaciones de la central mayorista, aunque se han registrado contratiempos en el ingreso de mercancías, hasta el momento no hay desabastecimiento.“Por el momento es importante informar a la opinión pública que no ha habido desabastecimiento en ningún producto; se han presentado contratiempos en la llegada de los mismos por las manifestaciones que se presentan”, señaló el directivo.Peñalosa indicó que los manifestantes han permitido el paso de camiones en algunos sectores y en horarios nocturnos, especialmente entre las 11:00 de la noches y las 7:00 de la mañana, lo que ha facilitado que los comerciantes puedan acopiar y despachar mercancías en esas franjas.Los mayores retrasos se han presentado en productos provenientes de Antioquia, como tomate de árbol y lulo. También han llegado con demora frutas del sur del país, entre ellas uvas y granadillas, así como mercancía importada que arriba por Puerto de Buenaventura.En el corredor afectado, particularmente en los sectores de Sabana de Torres y La Fortuna, también se han visto impactados alimentos que ingresan por el departamento del Cesar, como el mango tommy, mango de azúcar y la yuca.A esta situación se suman las lluvias que han afectado distintos puntos de Santander, especialmente en la zona del Magdalena Medio y el sur del departamento, lo que complica aún más la movilidad de carga.Desde Centroabastos advirtieron que, aunque el abastecimiento está garantizado, los sobrecostos logísticos derivados de los retrasos podrían generar incrementos en los precios de algunos alimentos si la situación persiste en los próximos días.
La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
Las centrales obreras y organizaciones sindicales de Santander convocaron para este jueves 19 de febrero un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, como parte del paro nacional en defensa del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional.La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde y contará con la participación de trabajadores de distintos municipios del departamento.Óscar Estupiñán, representante del sindicato de trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la jornada busca respaldar el decreto del salario mínimo vital y rechazar decisiones judiciales que, según los sindicatos, irían en contravía de los derechos laborales.“Desde las centrales obreras y la clase trabajadora estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de Santander a que nos concentremos este jueves 19 de febrero a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, para respaldar el decreto del Gobierno Nacional. Creemos que el salario mínimo vital dignifica al trabajador”, afirmó.Según los organizadores, se espera la llegada de delegaciones desde municipios como Piedecuesta, Girón, Lebrija y Barrancabermeja, con el propósito de concentrar el mayor número de manifestantes en la capital santandereana.Por su parte, Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, confirmó que el magisterio también se sumará a la jornada.“Como organización sindical convocamos al magisterio para que salgamos a reclamar por un incremento digno, porque además es un motor económico que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora”, señaló.El dirigente anunció que los docentes realizarán anormalidad académica en la jornada de la tarde, a partir de las 3:00 de la tarde, para facilitar la participación en el plantón. Asimismo, indicó que el gremio evalúa la convocatoria de un paro departamental de tres días en el marco de estas movilizaciones.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.