Luego de la captura de la madre y la tía de una menor de edad en hechos relacionados con un presunto abuso sexual, por solicitud de la Fiscalía, un juez en Bucaramanga envió a la cárcel a las dos mujeres, quienes deberán responder por el delito de homicidio agravado.Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero en el asentamiento humano Los Laureles en la capital santandereana, cuando las dos mujeres ingresaron de manera violenta a la vivienda de César Augusto Neira Menco, de 45 años, atacarlo por presuntamente haber abusado sexualmente de la niña.Madre y tía no aceptaron los cargos, sin embargo, el Juez 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga las envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por el ente investigador.Tras la captura de las mujeres, la tarde del pasado 18 de febrero, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que no se conocían denuncias previas del presunto abuso sexual a la menor de 14 años, ante las autoridades.“Los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”, señalo el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer la posible participación de más personas en los hechos debido a que fue un grupo, en su mayoría de familiares, el que decidió tomar justicia por mano propia, se dirigió a la vivienda del presunto agresor, armados con cuchillos, varillas y piedras, entre ellos las dos mujeres señaladas del homicidio, para agredirlo hasta ocasionarle la muerte.
En su primera rueda de prensa tras ser nombrado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Bucaramanga, monseñor Luis Augusto Campos hizo un llamado a la responsabilidad democrática de candidatos y votantes, en medio del ambiente preelectoral que vive Colombia.El prelado, quien asumirá oficialmente el próximo 18 de abril en una ceremonia que se realizará en Bucaramanga, pidió que el proceso electoral se desarrolle “por las vías constitucionales” y sin ningún tipo de irregularidad.“Yo quisiera enviarles un mensaje a los candidatos y también a los votantes y es que respetemos el proceso, que no se vaya a contaminar de ninguna cuestión que pueda implicar algún desvío de votos”, expresó.Monseñor Campos insistió en la importancia de ejercer un voto informado y consciente. Señaló que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estudiar las propuestas y revisar las hojas de vida de los aspirantes, con el fin de garantizar que quienes lleguen a los cargos públicos tengan integridad moral y honestidad.“Creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de saber por quién votamos, de tomarnos el trabajo de estudiar las propuestas (…) de tal manera que den una garantía de integridad moral”, afirmó.Asimismo, invitó a que la política se oriente hacia el bien común y no hacia intereses partidistas o personales. En su mensaje, hizo referencia al momento complejo que atraviesa el país, marcado, según dijo, por enfrentamientos y rivalidades.“¿Será posible pensar más allá de los intereses personales? ¿Será posible pensar también en una política honesta, en una política que sea transparente?”, cuestionó.Con este pronunciamiento, el nuevo arzobispo fijó una postura clara frente a la necesidad de fortalecer la ética pública y la participación responsable, en vísperas de su posesión como máxima autoridad de la Iglesia Católica en la capital santandereana.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
En medio de la huelga que adelantan trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), la Gobernación de Santander hizo un llamado al diálogo responsable y advirtió que incrementos “desproporcionados” en los beneficios laborales podrían afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.La administración departamental señaló que, aunque respeta el derecho a la organización sindical y reconoce las peticiones planteadas por los empleados, “el servicio de energía es un servicio público esencial del que dependen hospitales, acueductos, instituciones educativas, el sector productivo y la vida diaria de los santandereanos”, dice la Gobernación en un comunicado.La huelga se produjo luego de 40 días de conversaciones entre el sindicato y la empresa sin lograr acuerdos. Entre los puntos que mantienen el desacuerdo está la solicitud de un incremento salarial del 23,7 %, equivalente al aumento del salario mínimo para 2026, pese a que, según se ha indicado, ninguno de los trabajadores sindicalizados devenga ese salario básico.En el comunicado oficial, la Gobernación advirtió que aumentos superiores a la capacidad financiera de la empresa podrían poner en riesgo su operación, su capacidad de inversión y los recursos que transfiere al departamento. Recordó que el 22 % de las utilidades de ESSA ingresan a Santander para financiar obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde cuestionó que el sindicato solicite un incremento del 23,7 % para empleados que, según afirmó, devengan salarios de hasta 10 millones de pesos, además de otros beneficios, y que adicionalmente se estén pidiendo 96.000 millones de pesos en el pliego. “La ESSA es una empresa que nos pertenece a los santandereanos (…) Hay que cuidarla y protegerla. ¿Quién tiene que ceder?”, escribió.Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió al representante de Prosantander, señaló que el conflicto incluye varios puntos adicionales y que la salida debe ser producto de la concertación. “Lo mejor es hablar y acordar. Es una negociación”, manifestó.Frente al llamado que han hecho los gremios al diálogo para superar la huelga, Carlos Roncancio, abogado de Sintraelecol, dijo que la Electrificadora de Santander cerró las puertas a las conversaciones.“Ninguna autoridad en este momento está mediando este conflicto la ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado que es la empresa cerró las puertas del diálogo todos los gremios económicos piden diálogo y este es un llamado para las instituciones para el Ministerio de Trabajo y misterio de minas de cómo construimos una mesa de diálogo real y diálogos que surta efectos”, puntualizó Roncancio.
Un enfrentamiento armado en zona rural de Sardinata dejó a un uniformado herido luego de que la Policía Nacional frustrara un hurto en plena vía pública.Los hechos ocurrieron en el sector La Chacona, sobre el corredor que conecta con Cúcuta, cuando agentes de la Seccional de Investigación Criminal se desplazaban por la zona en labores judiciales y detectaron el asalto en curso. Al intervenir para proteger a las víctimas, se desató un tiroteo.En medio del intercambio de disparos, uno de los policías fue impactado en la pierna derecha, con orificio de entrada y salida. De acuerdo con el parte médico, la lesión no reviste gravedad y el uniformado permanece estable y fuera de peligro.Tras el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego, una motocicleta y un bolso que serían clave en la investigación. El caso quedó en manos de los organismos judiciales para identificar y ubicar a los responsables del ataque.
Una denuncia que desde 2023 enfrenta el concejal barranquillero Alexis Castillo por presunta violencia intrafamiliar, llevó al cabildante a tener que entregarse voluntariamente en la mañana de este martes ante la Fiscalía seccional Atlántico, para atender la orden de captura que la semana pasada emitió un juez de control de garantías en su contra. De acuerdo, con lo que señaló el concejal en un comunicado que compartió en sus redes sociales, la orden de captura obedeció a una solicitud del fiscal del caso porque este no se presentó a una audiencia programada para el mes de noviembre, la cual iba a consistir en el traslado del escrito de acusación, lo que fue interpretado como posible obstrucción al proceso. Sin embargo, al respecto no se tienen más detalles por parte del ente acusador sobre el detalle del avance del proceso. Al respecto, trascendió que el concejal llego con su abogado para que se adelantara el trámite de legalización de captura. En 2023 se conoció que la ex pareja sentimental de Castillo demandó al concejal por presunta violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica. Entre otros detalles, la mujer reveló fotografías que daban cuenta de las agresiones sufridas, lo que le dejó marcas visibles en la piel. Sin embargo, todo esto es materia de investigación en el proceso.
El actor Robert Carradine, miembro del clan Carradine y conocido por su participación en la serie de televisión 'Lizzie McGuire', ha fallecido a los 71 años tras suicidarse, según publica Deadline."En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar", señala la familia en un comunicado remitido al medio estadounidense."Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales", concluyen.Su hermano mayor, Keith Carradine ha explicado al medio estadounidense que Robert "luchó durante dos décadas contra el trastorno bipolar, que finalmente lo venció"."No hay nada de qué avergonzarse —dijo—. Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma -señaló-. Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermano pequeño".Nacido el 24 de marzo de 1954, Carradine era el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los actores David Carradine y Keith Carradine. Fue conocido por el gran público con el personaje de Sam McGuire, el padre de la serie 'Lizzie McGuire', protagonizado por Hilary Duff.Debutó en la gran pantalla en 1972 junto a John Wayne en 'The Cowboys', un papel para el que su hermano David le animó y le convenció para acudir a la audición diciéndole que "tenía todo que ganar y nada que perder".Posteriormente, apareció en la película ganadora del Oscar , 'Coming Home' ('El regreso', 1978), dirigida por Hal Ashby y junto a Jane Fonda y Jon Voight. A esta actuación le siguió un papel menor en 'Mean Streets' ('Malas Calles') de Martin Scorsese en 1973.El actor también participó en el western 'The Long Riders' ('Forajidos de Leyenda', 1980) y el film 'Revenge of the Nerds' ('La revancha de los novatos', 1984).
La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
Tras el exitoso lanzamiento de la campaña institucional #MejorConversemos que invita a los colombianos a "bajar el tono" y encontrar puntos en común en medio de las diferencias, Caracol Televisión, la Fundación Conversa Colombia, con el apoyo de PNUD y BDO Colombia, anuncian la realización del foro “Para la polarización, la conversación”.Este encuentro, que tendrá lugar el próximo 25 de febrero de 2026, surge como una respuesta a la necesidad de dialogar sobre los temas que nos dividen. El foro busca demostrar que, al conversar, descubrimos que tenemos más cosas en común de lo que pensamos para construir un mejor país.El evento será transmitido a través de las plataformas digitales de Noticias Caracol y en DITU.Una agenda para el diálogo constructivoEl evento abrirá con una conversación con cuatro de los colombianos que hicieron parte de la campaña #MejorConversemos para brindar su perspectiva sobre lo que nos polariza, para posteriormente abrir la agenda académica con empresarios, representantes de organismos multilaterales, líderes de opinión, entre otros.Conozca la agenda a continuación:“Mejor Conversemos”Moderador: María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol09:05 a.m. – 9:55 a.m. PANEL 1: “¿Quiénes somos? Narrativas de país desde lo cotidiano”•Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado para las relaciones Iglesia-Estado•William Ospina, escritor y periodista•Raquel Bernal, rectora Universidad de los Andes•Iris Marín, defensora del puebloModerador: Henry Murrain, director ejecutivo de CulturalMente y profesor de la Universidad Nacional de Colombia9:55 a.m. – 10:50 a.m. PANEL 2: “Colombia en el espejo del mundo; tensiones globales, respuestas locales”•George Hodgson, embajador de Gran Bretaña en Colombia•Claudio Tomasi, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD•Martina Klumpp, embajadora de Alemania•Alejandro Ramelli, magistrado presidente de la JEPModera: María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol10:50 a.m. – 11:40 a.m. PANEL 3: “Sector privado, legitimidad y motor de la economía”•Bruce Mac Master, presidente de la ANDI•Diego Fernando Quijano, CEO BDO Interaméricas•María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo AvalModerador: Juan Roberto Vargas, director Noticias Caracol11:40 a.m. - 12:30 p.m. PANEL 4: “Redes, periodismo e información: ¿Cómo manejar la polarización?”•Juan Carlos Rincón, editor de opinión de El Espectador•Damián Cardona, director de comunicación y experto en integridad informativa de Naciones Unidas ONU•Mauricio Jaramillo, director general de Impacto TIC•Catalina Botero, directora Cátedra Unesco Libertad de Expresión de la Universidad de Los AndesModerador: Hernando Paniagua, vicepresidente digital en Caracol TV
Las autoridades de Santander mantienen alerta por la posibilidad de un vertimiento controlado en Hidrosogamoso de ISAGEN, ante el incremento sostenido del nivel del embalse Topocoro, que se aproxima a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro. La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Según la compañía, este procedimiento produciría un aumento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, por lo que se activaría el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), notificando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y demás organismos de socorro.Las autoridades recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del nivel del agua y trasladar ganado y pertenencias a zonas altas.Asimismo, se advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies naturales de inundación podrían verse afectados en caso de concretarse el vertimiento.ISAGEN reiteró que continuará informando oportunamente a las comunidades y autoridades locales sobre cualquier decisión relacionada con la operación de la central.
Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de forma repentina en un dispensario de Cafam en Cúcuta mientras denunciaba ante medios locales las persistentes barreras en el acceso a servicios de salud. La ciudadana, quien había llegado desde temprano al establecimiento para realizar los trámites correspondientes, se desplomó tras relatar el drama que vivía por la falta de fármacos vitales para su familia.Denuncia sobre falta de medicamentos en CúcutaEl trágico incidente ocurrió mientras Quintero exponía la situación de su hijo, quien requiere pañales y metadona de manera permanente. Según su testimonio brindado en el sitio, los pendientes de entrega se acumulaban desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio", relató la mujer minutos antes de su deceso.La afectada también señaló irregularidades en el manejo de los inventarios, afirmando que, en ocasiones, los productos se vencen en bodega sin ser entregados a los pacientes bajo el argumento de trámites administrativos o fechas de corte.Además de la situación de su hijo, Quintero manifestó su angustia por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón que no recibía Rivaroxaban de 20 mg, medicamento considerado vital para su condición. La mujer, quien también se identificó como paciente renal, aseguró llevar más de seis meses sin recibir su propio tratamiento.En sus declaraciones finales, la ciudadana coincidió con las críticas hacia el sistema de salud sobre el presunto acaparamiento de fármacos: "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional por fuera. No revisan los pendientes y luego dicen que ya se vencieron", sentenció ante las cámaras.Pese a que las personas presentes en el dispensario de Cafam intentaron realizar maniobras de reanimación tras su colapso, la mujer falleció en el lugar.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Un joven de 18 años fue capturado en el municipio de Barbosa, en Santander, señalado de cometer abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad. El caso salió a la luz gracias a una jornada de prevención realizada por la Policía en el colegio donde estudian las víctimas.Según las autoridades, los niños de 9 y 10 años se acercaron a los uniformados durante la actividad pedagógica y denunciaron lo que venía ocurriendo. De inmediato se activaron las rutas de protección y comenzó la investigación judicial.El capturado, identificado como Andrés Felipe Cubides López, fue detenido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos.De acuerdo con el proceso investigativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, las agresiones se habrían presentado de manera sistemática desde 2021. El joven, presuntamente, aprovechaba la cercanía con la familia de las víctimas y utilizaba amenazas para obligarlas a guardar silencio.El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que la captura fue posible gracias a las estrategias de prevención en entornos escolares.“Es un abusador sexual que desde el 2021 venía sometiendo a dos menores de edad, aprovechando su cercanía familiar. Gracias a los programas de prevención que hace la Policía en los colegios, los niños se acercan a los uniformados y ponen en conocimiento lo que venía sucediendo”, afirmó el oficial.La institución reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de protección a la infancia y pidió a padres, docentes y estudiantes denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El joven quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
El alcalde de Landázuri, Carlos Andrés Morales, hizo un llamado urgente al Instituto Nacional de Vías (Invías) por la falta de respuesta frente a la emergencia vial que mantiene incomunicados a varios municipios del sur de Santander, tras el colapso de un tramo de la Troncal del Carare.Según el mandatario, los técnicos del Invías se desplazaron hasta el punto crítico, pero se retiraron sin entregar soluciones concretas ni definir un nuevo trazado que permita restablecer la conexión entre los municipios de la provincia de Vélez y el centro del país.“No nos dan una luz, no nos dicen cuándo se van a reunir con nosotros. Invías debe reunirse con todos los alcaldes de Vélez, El Peñón, Landázuri, Cimitarra, Vélez y Barbosa, porque esta vía es clave para todos”, expresó.Ante la falta de paso por la Troncal del Carare, los transportadores se han visto obligados a utilizar rutas alternas de carácter secundario y terciario, que están en pésimas condiciones y no son aptas para el tránsito de vehículos de carga pesada.Una de las rutas sale desde Landázuri, atraviesa la vereda La Hermosura (en el municipio de Bolívar), pasa por la vereda Mochilero y desemboca en el sector de Barroblanco, donde se conecta nuevamente con la Transversal del Carare.La segunda ruta es desde el municipio de Bolívar y recorre varios centros poblados como Gallegos, Flórez y Berbeo, antes de unirse también en el punto de Mochilero con la Transversal del Carare.Ambas rutas son terciarias y presentan tramos de difícil acceso, deslizamientos y deterioro por las lluvias. “Estas carreteras no están diseñadas para soportar el peso de las tractomulas ni el flujo de vehículos que antes circulaban por la Troncal del Carare”, advirtió Morales.El alcalde reiteró su llamado al Gobierno nacional y al Invías para que se instale una mesa de trabajo urgente con los alcaldes de la región, con el objetivo de definir un nuevo trazado vial y acelerar las obras que permitan restablecer la movilidad entre el sur de Santander y el centro del país.
El Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones mixtas de Barrancabermeja condenó a Heradis de Jesús Salas Balmaceda por causar la muerte de una perrita en un caso aberrante que se conoció en el año 2021.Salas Balmaceda fue declarado culpable del delito de maltrato animal agravado por la muerte una perra criolla conocida como Kiara. De acuerdo con las investigaciones, el animal presentaba un corte desde la cabeza hasta el abdomen, la cola mutilada y sangraba por la zona genital. Al otro día de ser rescata murió por las lesiones.Según se conoció, el hombre deberá pagar una pena de 20 meses de prisión, 24 meses de inhabilidad para tener animales y una multa de 8.5 salarios mínimos legales vigentes.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja y quien estuvo al tanto del proceso desde si inicio, dijo que la sentencia marcará un precedente en el municipio. “Este es el primer fallo condenatorio por violencia contra los animales en Barrancabermeja. Es un precedente ejemplar porque demuestra que la justicia empieza a actuar y que los agresores ya no quedarán impunes”.El funcionario lamentó que el fallo se basó en la normativa anterior, pues “si se hubiera aplicado la Ley Ángel (2455 de 2025), la condena habría sido de al menos seis años de prisión, porque incorpora nuevos agravantes y sanciones más severas”.Durante el proceso se logró demostrar que Salas Balmacea actuó con sevicia. “Las lesiones no fueron producto de un accidente ni de otro animal, sino de una agresión intencional que prolongó el sufrimiento de Kiara”, dice el fallo judicial.Janeth Ojeda, líder de la Junta Protectora Animal de Barrancabermeja, dijo que “este es un fallo que deja claro que la crueldad animal tiene consecuencias. No es solo justicia para Kiara, es un mensaje para todo el país”.
El subintendente de la Policía Nacional Yeison Eduardo García Albarracín fue enviado a la cárcel por orden de un juez de control de garantías de Bucaramanga, luego de ser señalado de haber facilitado el robo millonario a la joyería Italiana Franco, ocurrido el 23 de julio de 2024 en el centro comercial San José Plaza.Según la Fiscalía, el uniformado habría entregado a los integrantes de la red criminal conocida como ‘Kilates’ dos armas de fuego, una de ellas traumática, y un uniforme de la Policía Nacional, elementos que fueron utilizados durante el asalto.Las investigaciones también indican que el procesado habría filtrado información judicial sobre el caso y se habría comprometido a borrar los videos de cámaras de seguridad de una bodega donde los delincuentes planearon el robo.El subintendente García Albarracín fue capturado por la Policía en Bogotá en cumplimiento de una orden judicial. La Fiscalía le imputó los delitos de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, utilización ilegal de uniformes e insignias y cohecho propio, cargos que no aceptó. Por solicitud del ente acusador, el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.El caso está relacionado con el violento asalto registrado la mañana del 23 de julio de 2024, cuando seis hombres ingresaron armados a la joyería Italiana Franco, ubicada sobre la carrera 17C con calle 56, en el centro comercial San José Plaza.Las cámaras de seguridad registraron cómo dos de los delincuentes, vestidos con uniformes de la Policía, desarmaron al vigilante y lo golpearon, mientras otros cuatro hombres rompieron vitrinas y llenaron costales con anillos, cadenas y aretes.Los hombres ingresan, colocan en indefensión al vigilante y proceden a hurtar las bandejas en donde se encontraban anillos, cadenas y aretes.Por este mismo crimen, la Fiscalía y la Policía Nacional capturaron entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre de 2024 a nueve integrantes de la red ‘Kilates’. En septiembre pasado, varios de ellos fueron condenados a penas entre 10 y 11 años de prisión por su participación en el millonario hurto.
El Consejo de Estado confirmó la nulidad del artículo 60 de la Ordenanza 012 de 2005 y del Decreto 0005 de 2006, mediante los cuales la Asamblea Departamental de Santander y la Gobernación autorizaron y fijaron cobros denominados “derechos de sistematización” aplicados a los impuestos de vehículos, registro y estampillas departamentales.La decisión fue adoptada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, en fallo del 6 de noviembre de 2025, dentro de la demanda interpuesta por Nicanor Moya Carrillo y otro contra el Departamento de Santander y Sistemas y Computadores S.A., empresa concesionaria encargada de la plataforma tecnológica para el recaudo de impuestos.El Consejo de Estado concluyó que dichos cobros tenían naturaleza tributaria y que su creación violó el principio de legalidad, al ser establecida sin una ley que los autorizara. Según la sentencia, la Asamblea Departamental y la Gobernación carecían de competencia para crear tributos, pues la Constitución permite a los entes territoriales fijar tarifas solo de impuestos previamente creados por ley.“El cobro por derechos de sistematización es una prestación unilateral y obligatoria, sin opción para el contribuyente, y no constituye una contraprestación por un servicio público, sino por el cumplimiento de una función administrativa”, indicó la Sección Cuarta.El fallo precisó que estos pagos no encajaban en la categoría de tasas o precios públicos, ya que eran de carácter obligatorio para los contribuyentes y se incluían en el mismo recibo del impuesto de vehículos y registro, por lo que operaban en los hechos como un tributo adicional.En consecuencia, el Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, que en 2024 había anulado las normas departamentales. La nulidad tiene efectos ex tunc, es decir, aplica retroactivamente para situaciones no consolidadas, lo que abre la posibilidad de que los contribuyentes soliciten la devolución de los valores pagados por los llamados “derechos del servicio de sistematización”.Durante el proceso, la defensa del Departamento de Santander y la empresa Sistemas y Computadores S.A. alegaron que los pagos correspondían al costo del servicio de automatización y no a un tributo. Sin embargo, el alto tribunal desestimó los argumentos, reiterando su jurisprudencia sobre la imposibilidad de los entes territoriales de crear tributos sin ley.
Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.
Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y familiares. La mujer había llegado desde temprano al lugar para realizar el trámite correspondiente.Lo que se conoce, preliminarmente, es que la paciente habría tenido al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En múltiples oportunidades anteriores no habría recibido los fármacos formulados, situación que la mantenía a la espera de una solución.Además, una vez en el interior del dispensario este martes, la mujer habría sostenido un cruce de palabras con una funcionaria al no obtener respuesta frente a su caso. Tras la discusión, decidió sentarse mientras esperaba una atención definitiva. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente. Personal presente en el lugar intentó practicarle maniobras de reanimación, pero la adulta mayor no respondió y murió en el sitio.El dispensario permanece cerrado mientras se adelantan los actos urgentes. En el interior permanecen dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera del procedimiento oficial.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de control en distintos sectores de la ciudad, especialmente contra las caravanas ilegales de motociclistas y en la zona de rumba de Cuadra Play, en la comuna 12.El alcalde Cristian Portilla aseguró que no se permitirá el desorden ni la alteración del orden público. Según el mandatario, en días pasados se realizaron más de 10 dispositivos de control en diferentes puntos de la ciudad, enfocados en evitar caravanas ilegales y conductas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.“Cualquier ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga, pero también tiene el deber de respetar las normas de tránsito y no alterar el orden. No puede ser legal pasarse una norma de tránsito, ni conducir una motocicleta después de haber ingerido licor”, señaló el alcalde.Portilla explicó que estas caravanas generan altos niveles de ruido y múltiples quejas ciudadanas, especialmente en sectores residenciales. Además, advirtió que muchos de los casos se presentan en horarios nocturnos donde algunos conductores han consumido bebidas embriagantes.Frente a los recientes comportamientos registrados en Cuadra Play, reconocida zona de rumba de la ciudad, el alcalde anunció el incremento de la presencia policial y de los controles.“Que vuelva el respeto a nuestras autoridades y a los ciudadanos. No vamos a tolerar el desorden ni el irrespeto a las normas de tránsito ni a la Policía Nacional. Di la orden de aumentar las capacidades operativas en el sector, con el objetivo de evitar el caos”, afirmó.No obstante, señaló que el objetivo no es afectar la actividad económica ni los espacios de esparcimiento, sino garantizar que quienes asistan a compartir lo hagan de manera responsable. Para ello, aseguró que se adelanta un trabajo articulado con empresarios del sector, la comunidad y la Policía Nacional.
En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.
Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en varios municipios del sur de Santander tras reportes sobre presencia esporádica de estructuras del ELN y el reciente asesinato de un ganadero en el municipio de Coromoro.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en el marco de la jornada electoral.Seguridad para elecciones en Santander“Van a haber tropas en absolutamente todos los puntos de votación que hay en el municipio de Coromoro. Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades desde San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte; todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN, estamos trabajando”, afirmó el oficial.La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.El coronel Arévalo indicó que avanzan procesos investigativos para identificar y capturar a quienes estarían facilitando el ingreso o permanencia de integrantes del grupo armado en el territorio.“Hay procesos investigativos en curso con el único propósito de capturar a todas las personas que de alguna manera le están dando esa entrada a esta organización criminal en el territorio, a las redes de apoyo al terrorismo, y en eso estamos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Las autoridades señalaron que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural y urbana de estos municipios, así como esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sur del departamento.La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y suministrar información que permita anticipar acciones de los grupos armados ilegales en la región.
En el casco urbano de Barbosa fue capturado Andrés Felipe Cubides López, de 18 años, requerido por orden judicial por delitos sexuales agravados. De acuerdo con la investigación, el joven habría aprovechado su cercanía con la familia de las víctimas para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para ese entonces tenían entre 9 y 10 años. Los hechos se habrían presentado de manera reiterada desde el año 2021.El caso fue conocido por las autoridades tras la denuncia realizada por las menores, luego de una actividad preventiva desarrollada por la Policía en su institución educativa.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, afirmó que con esta captura “se envía un mensaje claro de cero tolerancia frente a los delitos que vulneran la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, e invitó a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.Los delitos por los que es investigado son: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos, en concurso homogéneo y sucesivo.En otro caso, fue capturado en el municipio de Vélez, un hombre de 26 años señalado por la comunidad de realizar actos obscenos en espacio público.Los hechos se registraron en el barrio Ricaurte, donde el capturado, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes. Según la denuncia de la ciudadanía, el individuo habría incurrido en comportamientos impúdicos frente a una mujer, lo que generó el rechazo inmediato de los residentes del sector.Al notar la presencia de la Policía, intentó emprender la huida; sin embargo, fue capturado metros más adelante. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de injuria por vías de hecho donde se adelantará su proceso de judicialización.