El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que, con corte al 31 de enero de 2026, en Santander se han confirmado ocho casos de tos ferina, todos los cuales requirieron hospitalización. Cuatro de los pacientes son menores de edad, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del departamento.De acuerdo con el informe, cinco de los casos corresponden a mujeres y tres a hombres. En cuanto a la distribución geográfica, siete se registraron en Bucaramanga y uno en Floridablanca.Sin embargo, de manera paralela, las autoridades de salud confirmaron un brote en población de especial interés. El 29 de enero fue identificado un conglomerado de cinco casos de tos ferina en menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena U’wa, en el sector Aguablanca, entre los municipios de Cerrito y Concepción.Los niños afectados tienen edades entre un mes y tres años, con predominio del sexo masculino. Dos de los casos fueron confirmados mediante prueba molecular, mientras que los otros tres permanecen en estudio, aunque presentan síntomas compatibles con la enfermedad.Actualmente, cuatro de estos menores permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales del país: uno en Villavicencio, dos en Saravena y uno en el Hospital Universitario de Santander. Uno de los pacientes ya fue dado de alta. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos.Según la investigación epidemiológica de campo del INS, el caso índice inició síntomas el 28 de diciembre de 2025. El periodo probable de exposición estaría relacionado con actividades comunitarias realizadas desde mediados de diciembre, en el marco de festividades tradicionales del canto indígena, que se extendieron hasta inicios de enero y contaron con la participación de varias comunidades. Durante estos encuentros, al parecer, asistieron personas con síntomas respiratorios.Las autoridades también advirtieron que cuatro de los menores no contaban con el esquema de vacunación acorde a su edad para tos ferina y el restante tenía el esquema incompleto. Uno de los casos presentó antecedente de tuberculosis y otro desnutrición global, factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones.Ante este panorama, el 30 de enero se realizó una Sala de Análisis de Riesgo (SAR) nacional con participación de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca, con el fin de establecer la procedencia de los casos y definir acciones de prevención y fortalecimiento de la vigilancia en salud pública en los departamentos involucrados.La Secretaría de Salud de Santander reiteró el llamado a padres de familia, cuidadores y a la comunidad en general para reforzar las medidas de prevención, mantener al día los esquemas de vacunación y consultar oportunamente ante síntomas respiratorios inusuales.Entre las principales recomendaciones se encuentra la vacunación, especialmente en la población infantil, como la herramienta más efectiva para prevenir la tos ferina. Recordaron que la vacuna está incluida en el esquema regular de inmunización.Asimismo, indicaron que, ante síntomas como tos persistente, fiebre o dificultad para respirar, se debe acudir de inmediato a un médico o centro asistencial. También recomendaron mantener los espacios ventilados y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios, con el fin de reducir el riesgo de contagio.
La Secretaría de Salud de Santander informó que el departamento mantiene activa la vigilancia epidemiológica frente a la viruela símica (MPOX), luego de que durante el año 2025 se notificaran 16 casos confirmados de esta enfermedad.De acuerdo con el reporte oficial, los casos del año anterior se concentraron en el área metropolitana de Bucaramanga y se presentaron en población masculina con edades entre los 24 y 64 años.Según la autoridad sanitaria, este comportamiento evidenció un patrón de concentración geográfica urbana, coherente con la dinámica de transmisión del virus, que está asociada principalmente al contacto estrecho y directo entre personas.En lo corrido de 2026, se han notificado seis casos sospechosos en el departamento. De estos, tres fueron descartados tras evaluación clínica y de laboratorio, uno permanece en estudio y dos fueron confirmados. Estos últimos corresponden a hombres procedentes de los municipios de Barrancabermeja y Piedecuesta.La Secretaría de Salud señaló que este panorama refleja una disminución en la magnitud de casos confirmados en comparación con 2025. Sin embargo, advirtió sobre un desplazamiento geográfico del evento hacia un municipio diferente al área metropolitana, lo que requiere un seguimiento diferencial por parte de las autoridades sanitarias.Ante esta situación, el secretario de Salud Departamental, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de prevención y autocuidado.Entre las recomendaciones están evitar el contacto directo con personas que presenten lesiones sospechosas, no compartir objetos personales, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, mantener cubiertas las lesiones en caso de presentarlas y consultar oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
Una escena se volvió viral en redes sociales durante las últimas horas luego de mostrar lo que hizo un hombre frente a una traición amorosa. Un hombre, visiblemente alterado, protagonizó un episodio que dejó atónitos a vecinos y usuarios digitales, luego de enterarse de que su pareja, presuntamente, le habría sido infiel durante una fiesta. El hecho quedó registrado en video y no tardó en circular por distintas plataformas, acumulando miles de reproducciones y comentarios.Fue en ese momento cuando la situación escaló de manera inesperada. Desde un balcón, el joven comenzó a arrojar a la calle las pertenencias de su novia como forma de exigirle que se marchara del lugar. Entre gritos e insultos, la acusaba de “sinvergüenza” y “caradura”, mientras lanzaba prendas de vestir desde varios metros de altura, generando sorpresa entre quienes presenciaban la escena.Este es el videoAbajo, sobre la vereda, la mujer intentaba recoger lo que caía, sin poder ocultar su desconcierto. “Para un poco, ¿qué haces?”, se le escucha decir en el video, mientras intenta frenar la situación. En medio del tenso cruce, incluso llegó a cuestionar la versión de su pareja, preguntándole si estaba realmente seguro de lo ocurrido, lo que solo aumentó el dramatismo del momento.Tras unos segundos de discusión, la joven decidió retirarse del lugar con parte de sus pertenencias, resignada a la ruptura. El clip, de apenas unos segundos, fue suficiente para desatar un fuerte debate en redes sociales sobre los límites entre el dolor, la rabia y la humillación.Hasta ahora no se ha confirmado dónde ocurrió el episodio ni si hubo intervención de las autoridades. Tampoco se conocen mayores detalles sobre la supuesta infidelidad que desató la discusión. Sin embargo, el video volvió a poner sobre la mesa cómo los conflictos sentimentales, cuando se manejan desde la ira, pueden terminar convertidos en un espectáculo viral con consecuencias imprevisibles.
El Instituto de Medicina y Fisiología Espacial (MEDES), con sede en Toulouse, Francia, abrió una convocatoria para seleccionar diez voluntarios que participen en un estudio científico que exige permanecer diez días seguidos acostados bajo condiciones controladas. Cada participante recibirá 5.000 euros, una suma alrededor de los 20 millones de pesos colombianos, como compensación económica.El estudio fue encargado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) y forma parte del proyecto denominado BRAHMS (Estudio de Reposo en Cama e Hipometabolismo). El experimento se desarrollará en junio en las instalaciones del MEDES.Permanecer acostado con inclinación y dieta restringidaLa fase principal del estudio implica que los voluntarios permanezcan en cama durante diez días con una inclinación de seis grados con la cabeza hacia abajo, posición que busca simular los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano.Durante ese periodo, los participantes deberán seguir una restricción calórica severa, consumiendo únicamente 250 calorías diarias, una cifra considerablemente inferior a las aproximadamente 2.000 calorías que suele requerir un hombre adulto.La reducción de la ingesta alimentaria será progresiva. El día previo al inicio del reposo, el consumo se limitará a 600 calorías. Una vez finalizada la fase de cama inclinada, la realimentación será gradual: 800 calorías el primer día, 1.200 el segundo y 1.600 el tercero.En total, el protocolo completo del estudio se extenderá durante veinte días, incluyendo las fases previas y posteriores al reposo estricto.Requisitos para participar en el estudioLa convocatoria está dirigida exclusivamente a hombres entre 20 y 40 años, con una estatura entre 1,65 y 1,85 metros. Además, los aspirantes deben cumplir con varios criterios médicos y físicos.Entre los requisitos establecidos se encuentran:Estar en perfecto estado de saludNo ser fumadorTener un índice de masa corporal entre 20 y 26Haber mantenido un peso estable durante al menos tres mesesRealizar actividad física con regularidadNo presentar alergias ni restricciones dietéticasEstar afiliado a un régimen de seguridad socialEl proceso de selección comenzará en febrero y contempla varias etapas. Primero se realizarán dos entrevistas telefónicas para verificar el cumplimiento de los criterios y asegurar la comprensión del estudio. Posteriormente, quienes superen esa fase deberán someterse a un día de exámenes médicos.El instituto aclaró que en esta convocatoria no se aceptarán mujeres. Según la sección de preguntas frecuentes publicada por la entidad, este tipo de estudios suele realizarse con un solo género a la vez y, en esta ocasión, está dirigido únicamente a hombres.Objetivo científico del experimentoEl propósito principal del estudio es evaluar los mecanismos de adaptación del cuerpo humano a la microgravedad simulada combinada con una restricción dietética severa.La inclinación de seis grados con la cabeza hacia abajo permite reproducir efectos similares a los experimentados en condiciones de ingravidez, como el desplazamiento de líquidos corporales, la reducción de masa ósea y muscular, así como alteraciones en funciones cardiovasculares, sensoriales, motoras y cognitivas.Durante el desarrollo del ensayo, los investigadores realizarán evaluaciones en áreas neurológicas, musculoesqueléticas, cardiovasculares y metabólicas. También se efectuarán análisis de sangre y orina, además de pruebas psicológicas, de memoria y perceptivas.
El sector empresarial colombiano comenzó a hacer cálculos sobre el impacto que tendría el nuevo impuesto al patrimonio anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, como parte de una eventual segunda declaratoria de emergencia económica para atender la ola invernal.Según se explicó Víctor Grosso, periodista económico de Mañanas Blu, el Gobierno necesitaría recaudar cerca de 8 billones de pesos, luego de que la Corte Constitucional suspendiera la emergencia económica anterior. Ante la posibilidad de que esa decisión no sea revertida, el Ejecutivo optaría por una nueva emergencia con un tributo que actualmente no existe en Colombia para personas jurídicas: un impuesto al patrimonio de las empresas.¿A qué empresas afectaría el nuevo impuesto al patrimonio?Actualmente, el impuesto al patrimonio aplica a personas naturales con altos patrimonios. La propuesta del Ministerio de Hacienda contempla recaudar los recursos necesarios entre aproximadamente 15.000 empresas.De acuerdo con lo planteado, las compañías con patrimonios entre 10.000 y 30.000 millones de pesos pagarían una tarifa marginal de 0,6 %, mientras que aquellas con patrimonios superiores a 30.000 millones de pesos asumirían una tarifa marginal de 1,2 %.¿Cuánto tendrían que pagar las grandes empresas?Con base en cifras de patrimonio atribuible a accionistas, se presentaron estimaciones preliminares sobre cuánto tendrían que pagar algunas de las principales empresas del país.En el caso del Grupo Aval, cuyo patrimonio atribuible a accionistas es de aproximadamente 18,4 billones de pesos, el pago estimado sería cercano a 220.000 millones de pesos. Sin embargo, se planteó la inquietud sobre cómo se aplicaría el impuesto en el caso de holdings empresariales y si la tributación recaería sobre el conglomerado o sobre cada una de sus compañías.Por ejemplo, el Banco de Bogotá, controlado por el Grupo Aval, tiene un patrimonio de 17,4 billones de pesos, lo que implicaría un pago aproximado de 210.000 millones de pesos.En el caso de Bancolombia (Grupo Sura), con un patrimonio de 42 billones de pesos, el impuesto superaría el medio billón de pesos, alrededor de 500.000 millones.Para Davivienda, con un patrimonio atribuible a accionistas de 16,5 billones de pesos, el pago estimado sería de cerca de 200.000 millones de pesos.Nutresa (Grupo Gilinski), con 6,6 billones de pesos en patrimonio, pagaría aproximadamente 80.000 millones de pesos.Grupo Éxito, con 6,8 billones de pesos, aportaría cerca de 82.000 millones de pesos.Terpel, con 3,34 billones de pesos, tendría un pago cercano a 40.000 millones de pesos.Totto, con un patrimonio de 202.000 millones de pesos, pagaría alrededor de 2.200 millones de pesos.¿Cuál es el problema del impuesto sobre el patrimonio?Uno de los puntos señalados en el informe es que el impuesto se calcularía sobre el patrimonio y no sobre las utilidades, lo que implicaría que compañías con pérdidas también deberían pagar.Se mencionó el caso del Grupo Éxito, que en 2024 registró ganancias por 60.000 millones de pesos y en años anteriores reportó pérdidas. También se expuso la situación de Air-e, empresa intervenida con un patrimonio de 784.000 millones de pesos, que en 2024 reportó pérdidas por 1,4 billones de pesos. Aun así, con el nuevo impuesto debería pagar aproximadamente 9.200 millones de pesos.El caso EcopetrolDentro de los cálculos también se incluyó a Ecopetrol, cuyo patrimonio consolidado asciende a 107 billones de pesos. Según las estimaciones presentadas, la petrolera tendría que pagar alrededor de 1,3 billones de pesos, lo que representaría una parte significativa del total que busca recaudar el Gobierno.De acuerdo con el análisis expuesto, solo con algunas de las empresas mencionadas se podrían recaudar cerca de 3,5 billones de pesos, aunque aún faltarían sectores con patrimonios elevados, como el de las EPS.
La justicia argentina condenó al anestesiólogo Mauricio Atencio Krause por el homicidio culposo de Valentín Mercado Toledo, un niño de cuatro años que murió tras una cirugía en julio de 2024. El juez Emilio Stadler le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y una inhabilitación de siete años y seis meses para ejercer la medicina. Los hechos ocurrieron en un consultorio de General Roca durante un procedimiento programado que, según la investigación, era de baja complejidad. De acuerdo con el fallo, el profesional incurrió en negligencia durante la intervención quirúrgica. La investigación determinó que el anestesiólogo se distrajo con su teléfono celular e incluso salió del quirófano para buscar un cargador, lo que derivó en la falta de monitoreo adecuado del paciente. En ese lapso no detectó una obstrucción en el tubo de oxígeno por al menos diez minutos, situación que provocó hipoxia severa y daño neurológico irreversible en el menor.El proceso judicial también estableció irregularidades en la información entregada a la familia. Peritos señalaron que los padres recibieron reportes médicos contradictorios durante varios días, pese a que los signos compatibles con muerte cerebral ya estaban presentes. El niño falleció seis días después de la cirugía, tras permanecer internado en estado crítico.Tras conocerse la sentencia, la familia aseguró que el fallo representa un avance en la búsqueda de justicia. El tribunal rechazó el pedido de la defensa de limitar la inhabilitación únicamente al ejercicio en pediatría y mantuvo la prohibición general para ejercer la medicina. Los abogados de los padres anunciaron que continuarán con acciones civiles contra el sanatorio donde ocurrieron los hechos.
Las millonarias deudas de las EPS a la red de salud pública en el Valle del Cauca, que hoy ya superan los seis billones de pesos tienen retrasados los pagos de nómina al personal de la salud. Médicos y enfermeras esperan 30 y hasta 60 días como mínimo para recibir su salario.Esta crítica situación financiera fue expuesta por la secretaria de salud del departamento, María Cristina Lesmes, quien advirtió que, incluso,no se pueden pagar las cesantías de los trabajadores por esta falta de recursos."El primer giro de febrero no supera los 174 millones de pesos, cuando la facturación es en miles. No hay los recursos para prestar servicios, están llegando tardíamente. Lo más triste para nosotros es que la peor parte se la están llevando los trabajadores de salud. Nos toca pagar cesantías ahora, tampoco vamos a tener de dónde pagarlas", aseguró la secretaria.Es esta misma falta de pago de las EPS ha provocado la suspensión de servicios privados de salud y una sobreocupación en la alta complejidad de los hospitales públicos del Valle del Cauca, situación que en las últimas horas afectó a más de 5.000 usuarios de Emssanar, a los que la IPS Gesencro les cerró la prestación de sus servicios.
Las denuncias por amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, no cesan. Según el director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, capitán Eleasid Durán Sánchez, desde el año anterior se han interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones dirigidas contra personal de custodia y directivos del penal.De acuerdo con el oficial, las amenazas estarían relacionadas con las estrategias de control y vigilancia que se han venido implementando al interior del centro carcelario para contrarrestar actividades delictivas y reforzar la disciplina.“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas por esa estrategia de control que nosotros realizamos, pero nosotros seguimos trabajando articuladamente y soñamos también con un establecimiento carcelario diferente”, manifestó Durán Sánchez.El director aseguró que las intimidaciones no solo han sido dirigidas a guardianes, sino también a altos mandos del penal. “Amenazas en mi contra, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de la unidad de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad y de las diferentes compañías. Nosotros hemos interpuesto desde el año anterior alrededor de 33 denuncias por amenazas en el establecimiento”, precisó.Según explicó, detrás de estos hechos estarían actores delincuenciales que se oponen a los controles internos.“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. Nosotros lo hemos desarrollado y venimos haciéndolo con un cronograma de actividades para aquellas personas que han sido individualizadas como actores que siguen delinquiendo al interior de los establecimientos”, señaló.Frente a la situación, el Inpec ha articulado acciones con otras autoridades para reforzar la seguridad de los funcionarios afectados. El director indicó que se han gestionado medidas de autoprotección y se ha solicitado el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“También hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y, desde luego, a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quien hacemos un llamado permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios, porque de nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, afirmó.Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas, mientras el establecimiento mantiene las estrategias de control interno que, según su dirección, buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del penal.
Un incendio forestal que se inició hacia las 2:00 de la tarde de este martes 10 de febrero, en la vereda Arenal, sector El Manzano, en el municipio de Mogotes, consumió cerca de 30 hectáreas de cobertura vegetal y mantuvo en alerta a la comunidad durante varias horas.Las llamas avanzaron rápidamente por la montaña, obligando a los habitantes del sector a intervenir de manera directa para evitar que el fuego se extendiera a más predios, viviendas y la escuela de la zona. La situación se tornó más compleja debido a que el cuerpo de bomberos del municipio no se encuentra operando por trámites administrativos.Yulexy Rangel, residente de la zona, relató los momentos de angustia que vivieron.“Nos dimos cuenta hacia las 3 de la tarde porque venía descendiendo por la montaña. Mi esposo estaba desyerbando y se fue con otros vecinos, pero se regresaron a las 5:00 p.m. porque era imposible controlarlo. Mi esposo llamó a bomberos y dijeron que no podían atender porque no están habilitados”, contó.Durante la tarde y buena parte de la noche, campesinos del sector, con ramas, agua y herramientas básicas, trabajaron para reducir la intensidad del incendio y evitar que siguiera propagándose. La solidaridad entre vecinos fue clave para contener la emergencia mientras llegaba apoyo institucional.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el incendio ya fue controlado y que actualmente se encuentra en fase de monitoreo y proceso de liquidación para evitar que se reactive.“El incendio se encuentra controlado y actualmente está en fase de monitoreo y proceso de liquidación. La atención se realiza de manera articulada entre la Policía Nacional, la Defensa Civil y el CMGRD de Mogotes”, señaló la entidad a través de su cuenta en X.Aunque no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas, la emergencia dejó una considerable afectación ambiental en esta zona rural de Mogotes.Las autoridades mantienen presencia en el sector para verificar puntos calientes y descartar nuevos focos, mientras la comunidad insiste en la necesidad de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos plenamente habilitado para atender este tipo de emergencias.
Momentos de tensión se vivieron en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, luego de que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieran presencia armada en la zona urbana, donde patrullaron varias calles y protagonizaron acciones contra la fuerza pública.Los insurgentes hostigaron durante varios minutos la estación de Policía del municipio, generando pánico entre los habitantes. En medio de los hechos, también se reportó un ataque contra un helicóptero que sobrevolaba el área, al parecer en labores de apoyo y verificación de la situación de orden público.Los hombres armados caminaron por distintos sectores del municipio, lo que obligó a la comunidad a resguardarse en sus viviendas por temor a enfrentamientos. Los comerciantes cerraron de inmediato sus establecimientos y la administración municipal suspendió la atención al público mientras se restablecía la calma.
La tristeza que dejó la muerte de Daniel Felipe Ballesteros aún se siente en las calles de Tona. El niño, de apenas 10 años, fue hallado sin vida a unos 10 metros al fondo de un abismo, en hechos que hoy son materia de investigación y que mantienen consternada a toda la comunidad.Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Tona anunció una recompensa de $10 millones para quien entregue información que permita esclarecer lo ocurrido. El alcalde Jesús Santiago Gutiérrez aseguró que desde el primer momento se activó un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Gobernación de Santander.“Estamos trabajando articuladamente con Policía, Fiscalía y Gobernación de Santander para esclarecer este crimen que ocurrió en nuestro municipio. Por parte de la administración municipal estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para aquella persona que nos pueda brindar información para establecer este crimen”, manifestó el mandatario local.El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato, por mínimo que parezca, y garantizó absoluta reserva. La información puede ser suministrada al número 310 811 4966. “El llamado es a que nos suministren información por mínima que sea, nosotros estamos dispuestos a revisar la información”, añadió.Daniel Felipe era estudiante de la Escuela Francisco Romero y participaba activamente en las escuelas de formación musical y deportiva del municipio. Como cada día, había salido a jugar, sin que nadie imaginara que esa rutina terminaría en tragedia.La indignación y el dolor se transformaron en un acto de unión. Decenas de habitantes se concentraron frente a la Alcaldía de Tona para realizar una velatón en su memoria. Con velas encendidas, oraciones y abrazos, el municipio rindió homenaje al menor y acompañó a su familia en medio del duelo.“Estas imágenes y videos capturan el sentir de un pueblo que se une en un solo corazón. Entre oraciones y el suave resplandor de las velas, la comunidad de Tona se reunió para rendir un sentido homenaje a la vida de Daniel Felipe Ballesteros. Que este acto de unión sea un abrazo de luz para su familia y un testimonio de que su recuerdo de 10 años de alegría nunca se apagará entre nosotros”, escribió la alcaldía en sus redes sociales.Mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de su muerte, Tona clama por justicia. La Alcaldía también declaró tres días de luto en el municipio por la muerte del menor. Además, fueron aplazadas las actividades programadas para próximos días por los 476 años de Tona."En señal de respeto y acompañamiento a su familia y seres queridos, informamos que la celebración de los 476 años de Tona será aplazada. Hoy no es momento de festejar, sino de abrazarnos como comunidad, elevar una oración y acompañar desde el corazón", escribió la Alcaldía de su cuenta en Facebook.
En la madrugada de este martes se registraron dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.El primero ocurrió a las 12:59 a.m. y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo se sintió de manera leve en Bucaramanga y su área metropolitana, donde varios ciudadanos indicaron haber percibido una ligera vibración, especialmente en edificios de varios pisos.Sin embargo, el movimiento tuvo una percepción un poco más intensa en municipios como San Gil, Barrancabermeja y algunas poblaciones de Norte de Santander, donde habitantes reportaron el temblor a través de redes sociales.Horas después, a las 4:25 a.m., se presentó un segundo sismo también con epicentro en Los Santos. Este tuvo una magnitud menor, de 3.2, y una profundidad de 152 kilómetros. Por sus características, fue percibido con menor intensidad y en menos zonas del departamento.Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas a causa de estos movimientos telúricos. Organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente, recordando a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y tener identificadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.Santander, y particularmente el municipio de Los Santos, se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo, lo que explica la recurrencia de este tipo de eventos en la zona.
Desde el pasado 2 de diciembre, cuando Cúcuta Deportivo se consagró campeón del Torneo BetPlay Dimayor II-2025 y logró el ascenso a la máxima categoría del Fútbol Profesional Colombiano, en Santander se hablaba del ‘Clásico del Oriente’ por la fuerte rivalidad que existe con el Atlético Bucaramanga.No obstante, los seguidores del ‘Leopardo’ tendrán que ver el duelo a la distancia, pues las autoridades no les permitirán el ingreso a las tribunas del estadio General Santander. La Comisión Local de Fútbol, tras una reunión con los dirigentes del equipo nortesantandereano, decretó el cierre total de fronteras para el enfrentamiento entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga programado para este martes, 27 de enero, a las 4:00 p.m.Según el comunicado oficial emitido por el Cúcuta Deportivo, la decisión responde a recomendaciones directas de las autoridades locales. El objetivo principal es garantizar el orden público y la seguridad, anulando cualquier posibilidad de venta de boletería para los seguidores del conjunto santandereano.Esta medida de prevención extrema se fundamenta no solo en la histórica rivalidad que atraviesa generaciones, sino también en el monitoreo de redes sociales, donde diversos comentarios encendieron las alarmas de los organismos de seguridad. Las autoridades prefirieron evitar cualquier riesgo de alteración del orden, sacrificando así el ambiente festivo que supone la presencia de las dos aficiones en el estadio.En el plano deportivo, el clásico llega con realidades contrastadas que añaden tensión al ambiente. El Atlético Bucaramanga, campeón del primer semestre de 2024 y con cupo internacional asegurado, arriba a la capital de Norte de Santander en la sexta posición con cuatro unidades. Por su parte, el equipo ‘motilón’ atraviesa un inicio de torneo complicado en su regreso a la máxima categoría tras cinco años de ausencia; actualmente ocupa la casilla 16 y busca desesperadamente sus primeros puntos tras sumar dos derrotas consecutivas.Las estadísticas históricas reflejan la paridad de este duelo regional. En el registro por Liga se han disputado 184 partidos, con una ligera ventaja para el Cúcuta Deportivo con 64 victorias frente a las 61 del Bucaramanga y 59 empates. No obstante, el recuerdo más reciente en suelo fronterizo favorece al ‘Leopardo’, que se impuso 0-1 en marzo de 2020 con anotación de Diego Herazo.
Tras las denuncias realizadas por pescadores y comunidades del sector de Bocas, en jurisdicción de Girón (Santander), por la mortandad de peces registrada en el río Lebrija el pasado 23 de enero, la Electrificadora de Santander (ESSA) aclaró que no ha realizado actividades de desembalse en la central hidroeléctrica Palmas desde octubre de 2025.De acuerdo con la empresa, el evento se presentó entre los sectores de Chuspas y Provincia, a unos 50 kilómetros río abajo de la represa Bocas, y no estaría relacionado con la operación de la hidroeléctrica. Essa aseguró que todas sus actividades se desarrollan en estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y del permiso de ocupación del cauce otorgado por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).“No hemos realizado ninguna actividad operacional que afecte los parámetros fisicoquímicos del río. Desde el mes de octubre de 2025 no se han efectuado desembalses controlados autorizados por el Plan de Manejo Ambiental y supervisados por la autoridad ambiental competente”, explicó María Alexandra Ramírez, profesional de Gestión Ambiental de la ESSA.La empresa también recordó que, según estudios realizados por el Consorcio Bocas, en el marco del convenio de acción popular suscrito entre la CDMB, la CAS y las alcaldías de Lebrija, Bucaramanga y Girón, se concluyó que las actividades de desembalse no tienen una correlación directa con la mortandad de peces en el río Lebrija.Asimismo, ESSA reiteró que no tiene incidencia en alteraciones de las condiciones físicoquímicas del agua y destacó las acciones adelantadas como parte de su responsabilidad ambiental.Las autoridades ambientales continúan adelantando el seguimiento correspondiente para establecer las causas del evento y determinar las acciones necesarias para la protección del ecosistema del río Lebrija.
Con más de una década de trayectoria criminal y señalado como el autor intelectual de al menos 17 homicidios, fue capturado en Bucaramanga alias ‘Pechuga’, considerado uno de los delincuentes más peligrosos del área metropolitana y cabecilla del grupo delincuencial Los Búcaros.De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ‘Pechuga’ era el principal articulador de una alianza criminal entre Los Búcaros y Los del Sur, estructuras responsables de homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y extorsiones en distintos sectores de la ciudad, especialmente en el norte de la capital santandereana.Las investigaciones señalan que alias ‘Pechuga’ tenía injerencia criminal no solo en Bucaramanga, sino también en Barrancabermeja, y que durante los últimos años se consolidó como un coordinador clave del accionar violento de estas organizaciones, ordenando asesinatos y dirigiendo actividades relacionadas con el microtráfico y el control territorial.Uno de los aspectos más graves de su prontuario es su presunta vinculación con el ELN. Según las autoridades, el hoy capturado habría participado en esquemas de subcontratación criminal con este grupo armado ilegal, desempeñando labores de observación, logística y adecuación de artefactos explosivos. Estas actividades estarían relacionadas con los atentados perpetrados en diciembre de 2025 contra el peaje La Lizama y una patrulla de la Policía.En el mismo operativo fue capturado alias ‘Mocho’, señalado como integrante clave de la estructura delincuencial y hombre de confianza de ‘Pechuga’ para coordinar acciones criminales en la ciudad.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego, seis cartuchos de munición, dos teléfonos celulares, dos kilogramos de marihuana y una bandera alusiva al ELN, elementos que ahora hacen parte del material probatorio dentro del proceso judicial.La Policía Nacional aseguró que esta captura representa un golpe contundente contra las finanzas y el accionar violento de estas organizaciones criminales.
La Secretaría de Ambiente y Transición Energética anunció que iniciará un incidente de desacato contra la empresa Cenit por el incumplimiento de las órdenes emitidas por un juez, tras evidenciar nuevos focos de contaminación por hidrocarburos en la Ciénaga San Silvestre, en el sector de Kikelandia.Según explicó Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, la decisión se tomó, luego de atender denuncias realizadas por pescadores de la zona, que alertaron sobre la presencia de manchas de hidrocarburos en el cuerpo de agua.“De acuerdo con las denuncias de los pescadores, venimos con nuestro equipo técnico a verificar cómo hay trazas de hidrocarburos en la ciénaga. Nos preocupa que esta contaminación esté superando las barreras oleofílicas”, señaló el funcionario.Granados advirtió que esta situación representa un alto riesgo ambiental, por lo que se hizo un llamado urgente a la empresa Cenit para que revise y corrija las fallas en la implementación del Plan de Recuperación Ambiental, con el fin de evitar que la contaminación se siga propagando.El secretario indicó que desde la autoridad ambiental se está exigiendo la implementación inmediata de nuevas tecnologías, como el Watermaster, para reducir los riesgos asociados a la fauna del ecosistema, en especial al manatí antillano, así como para evitar afectaciones al acueducto que abastece a la población.Además, anunció que se elevó un llamado a la Procuraduría Ambiental y Agraria, con el objetivo de agilizar los procesos necesarios que permitan contratar a pescadores de la zona, quienes cuentan con la experiencia para realizar labores de limpieza de manera rápida y efectiva.“Vamos a iniciar un incidente de desacato porque consideramos que hay un incumplimiento a lo ordenado por el juez”, puntualizó Granados.La autoridad ambiental reiteró que mantendrá un seguimiento permanente y que no descarta nuevas acciones administrativas y judiciales, en defensa de la Ciénaga San Silvestre y de las comunidades que dependen de este ecosistema.
Botar un colchón viejo, una silla rota o escombros en plena calle podría salir caro en Bucaramanga, la Alcaldía prepara un nuevo decreto que permitirá sancionar y multar a las personas que abandonen inservibles y residuos voluminosos en el espacio público, una práctica que se ha vuelto recurrente en distintos sectores de la ciudad.Según la administración municipal, en separadores, andenes y vías principales es cada vez más común encontrar muebles, escombros, electrodomésticos dañados y desechos domésticos, lo que no solo deteriora la imagen urbana, sino que también genera problemas de salubridad, malos olores, proliferación de plagas y obstrucción del tránsito peatonal y vehicular.El alcalde Cristian Portilla aseguró que esta conducta se repite “una y mil veces” y relató que incluso presenció recientemente cómo algunas personas dejaban residuos en plena vía pública. “No podemos seguir permitiendo que conviertan la ciudad en un basurero. Vamos a controlar y sancionar”, advirtió.El decreto contempla controles más estrictos, operativos de vigilancia y la imposición de comparendos económicos a quienes sean sorprendidos arrojando o abandonando este tipo de elementos en sitios no autorizados.La medida busca frenar una problemática que, según la Alcaldía, genera altos costos de limpieza y afecta la calidad de vida de los ciudadanos.Además de las sanciones, la administración invitó a la comunidad a hacer uso de los canales oficiales de recolección y jornadas especiales para disposición de inservibles, con el fin de evitar acumulaciones ilegales de basura en los barrios.Con esta normativa, Bucaramanga busca recuperar el orden y la limpieza del espacio público, enviando un mensaje claro: quien use la calle como botadero, será multado.
Lo que era una advertencia terminó convirtiéndose en realidad. El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento de Berlín, en zona rural de Tona, Santander, cerró sus puertas, dejando sin atención integral a 42 niños y niñas campesinos, quienes dependían del programa para recibir alimentación, educación inicial y cuidado diario.Ante el cierre, padres de familia, cuidadores y menores protagonizaron una manifestación pacífica para exigir respuestas y soluciones inmediatas a las autoridades.La comunidad asegura que la decisión se conoció luego de que el ICBF – Centro Zonal Sur Bucaramanga informara que no continuará con la apertura del programa bajo su modalidad actual, argumentando falta de cobertura. Sin embargo, los padres rechazan esta justificación y sostienen que sí existe suficiente demanda y que decenas de familias quedaron sin el servicio.“Los niños no pueden pagar las consecuencias de trámites administrativos, lo que impide que continuemos nuestras labores en el campo, porque no los podemos dejar a la deriva”, afirmó Beatríz Rodriguez lider comunitaria .El CDI era el único programa de atención a la primera infancia en toda la zona de Soto Norte, ofreciendo acompañamiento pedagógico, apoyo psicosocial y alimentación, fundamentales para familias que trabajan en labores del campo y no tienen dónde dejar a sus hijos.Desde el Concejo municipal de Tona, el concejal Adalberto Ospino aseguró que la situación había sido advertida desde noviembre del año pasado.“Es el único programa de Bienestar Familiar en el sector. Tiene componente educativo y nutricional. Desde el año anterior se pidió buscar soluciones técnicas y administrativas para que no se cerrara, pero no hubo respuesta oportuna”, afirmó.Aunque el ICBF financia el 100 % de la operación, la continuidad del servicio también dependía de que la Alcaldía garantizara un espacio físico, situación que finalmente no se resolvió.Ahora, 42 menores quedaron sin atención y sus familias exigen la intervención urgente del ICBF, la Alcaldía de Tona, la Personería y la Comisaría de Familia, para reactivar el programa cuanto antes.Mientras tanto, en Berlín la preocupación crece los niños ya no tienen dónde recibir cuidado ni alimentación durante el día.
Continúan llegando familias desplazadas desde el Catatumbo hacia la ciudad de Ocaña. La Personería de ese municipio advierte que más de 20 menores de edad están entre los afectados.Son más de 150 personas, agrupadas en 40 núcleos familiares, las que han arribado a Ocaña debido a los combates entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc, así como a las operaciones de las Fuerzas Militares en el territorio.Jorge Armando Bohórquez, personero de Ocaña, dijo que en la Defensoría del Pueblo y en la Personería Municipal están recibiendo declaraciones de 40 familias que han llegado desplazadas desde el Catatumbo. La situación de violencia, las amenazas contra la población civil y las operaciones militares han dejado a las comunidades en medio del fuego cruzado"."Estas personas me indican que vienen del 77, de Filogringo y del corregimiento de Langalia, donde se han presentado enfrentamientos entre el ELN, las disidencias del frente 33 de las Farc y operaciones del Ejército, lo que ha obligado a estas familias a desplazarse", añadió."Hemos visto latente y muy fuerte el desplazamiento masivo, no solo hacia la región de Cúcuta, que está recibiendo población como ciudad capital, sino también hacia municipios aledaños", señaló Diana Vargas, representante de la organización social Tejedores de Paz.Autoridades en el departamento confirmaron que a municipios como Tibú y a la ciudad de Cúcuta también comienzan a llegar familias que huyen del conflicto armado.
La Policía de Santander logró la captura de un hombre de 30 años señalado como pieza clave en un masivo cargamento de estupefacientes que sacudió el suroccidente del país. El operativo, desarrollado en el sector conocido como La Playa, sobre la vía que conecta a Bucaramanga con Barrancabermeja, puso fin a la fuga de un individuo vinculado directamente con el transporte de 5.592 kilogramos de marihuana, una cifra récord que evidenció en su momento la magnitud de la estructura logística a la que presuntamente servía.La detención se produjo en el corregimiento de Tienda Nueva, municipio de Betulia, durante un despliegue de control territorial adelantado por la Policía Nacional en articulación con el Ejército Nacional. Al verificar los antecedentes del ciudadano en el sistema, los uniformados detectaron una orden de captura vigente emanada por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Palmira, Valle del Cauca. El sujeto era buscado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, derivado de una investigación que lo sitúa como el responsable de movilizar la imponente carga de más de cinco toneladas del alucinógeno.Los hechos que originaron este requerimiento judicial se remontan al 22 de agosto de 2024. En aquella fecha, las autoridades interceptaron un tractocamión en la vía que comunica a Villa Rica, Cauca, con Palmira, Valle del Cauca. Tras una inspección minuciosa, se descubrió que el vehículo de carga pesada escondía, bajo una modalidad de camuflaje sofisticada, los 5.5 toneladas de marihuana que tenían como destino los centros de distribución regional. El expediente judicial detalla que el hoy capturado habría sido el encargado de custodiar y garantizar el tránsito de este cargamento.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander, destacó que este resultado es fruto de un trabajo conjunto con el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación. Según el alto oficial, tras ser presentado ante la autoridad competente, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra el sindicado, considerando la gravedad de los hechos y el volumen de la sustancia incautada.
El comercio exterior se convirtió en uno de los principales motores económicos de Santander en 2025. El departamento logró el mayor nivel de exportaciones no minero energéticas de los últimos cuatro años. Con respecto al año 2024 el crecimiento fue del 40,4 %, impulsado principalmente por el sector agroalimentario y productos tradicionales como el café y el cacao.Según el Balance Exportador presentado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, las ventas externas no minero energéticas alcanzaron los 464,9 millones de dólares, una cifra que no se registraba desde 2021 y que marca un nuevo récord para la economía regional.Con este resultado, Santander se ubicó en el puesto 11 entre los departamentos que más exportan en Colombia, mejorando su posición en el ranking nacional y consolidando su presencia en los mercados internacionales.Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los productos santandereanos, concentrando el 41 % de las exportaciones. Sin embargo, el informe también destaca el crecimiento hacia Asia y África, regiones que registraron los mayores aumentos porcentuales en 2025, con envíos a países como China, Malasia y Egipto.El sector de agroalimentos lideró la canasta exportadora con ventas externas por más de 373 millones de dólares. El café encabezó la lista de productos exportados, seguido por el cacao y sus preparaciones, animales vivos, carne y despojos comestibles, y frutos comestibles."Parte del crecimiento responde a la estrategia implementada con productores y agentes exportadores. Crecimos en las exportaciones y eso gracias a los empresarios que están llevando nuestros productos al mundo", señaló Maria Alejandra Sampayo, vicepresidenta de Crecimiento y Sostenibilidad Global de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.En total, 225 empresas realizaron operaciones de exportación desde Santander, en su mayoría micro y pequeñas compañías, muchas de ellas con menos de diez años de creación. Las mercancías santandereanas llegaron a 93 países, utilizando 14 puertos del país.
La emergencia climática que golpea a diversos municipios del departamento ha dejado un centenar de familias afectadas. Por esta razón, la Asociación de Acción Social para Apoyar a Santander (ASPAS), en un esfuerzo conjunto con la Gobernación de Santander, ha puesto en marcha una campaña de solidaridad para mitigar el impacto sufrido por la pérdida de enseres y medios de subsistencia.La primera dama del departamento, Victoria Eugenia Casallas Lozano, lidera este llamado a la unidad regional, destacando que la magnitud de la situación requiere de una acción conjunta entre las instituciones y la sociedad civil. “Estamos tocando nuevamente los corazones de nuestros santandereanos; infortunadamente hemos tenido que activar esta campaña para poder ayudar a todos aquellos damnificados en este periodo de lluvias”, manifestó Casallas Lozano, enfatizando que cada aporte, por pequeño que parezca, representa un mensaje de esperanza y un alivio tangible para quienes lo han perdido todo.Para facilitar la recepción de las ayudas, la administración departamental ha dispuesto de dos puntos estratégicos de acopio que operarán en jornada continua de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El primero de ellos se encuentra ubicado en la entrada principal del Palacio Amarillo (Gobernación de Santander) en el centro de Bucaramanga, mientras que el segundo punto está habilitado en la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, en el municipio de Floridablanca, metros arriba de Papi Quiero Piña.Las autoridades han sido enfáticas en las necesidades prioritarias para atender la emergencia. Se solicita a la ciudadanía priorizar la donación de alimentos no perecederos, agua potable, útiles de aseo personal y elementos de limpieza.Asimismo, dada la pérdida de mobiliario doméstico en las zonas inundadas, se requieren con urgencia colchonetas, cobijas, frazadas y ropa usada en buen estado. La campaña también contempla el bienestar animal, por lo que se ha incluido la recepción de alimento para mascotas.El municipio más afectado por el invierno es Lebrija, especialmente en la vereda Vanegas, donde cerca de 200 personas permanecen en zona de alto riesgo luego de una creciente súbita del afluente que lleva el mismo nombre del municipio.La emergencia también se extiende a Sabana de Torres, Rionegro y Florián, donde se reportan inundaciones, deslizamientos de tierra, vías cerradas y centenares de familias damnificadas. En el corregimiento Provincia, en Sabana de Torres, el desbordamiento del río afectó a 80 familias y dejó al menos 167 personas damnificadas. Según el Ideam, las lluvias en Santander seguirán durante este mes.