El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que, con corte al 31 de enero de 2026, en Santander se han confirmado ocho casos de tos ferina, todos los cuales requirieron hospitalización. Cuatro de los pacientes son menores de edad, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del departamento.De acuerdo con el informe, cinco de los casos corresponden a mujeres y tres a hombres. En cuanto a la distribución geográfica, siete se registraron en Bucaramanga y uno en Floridablanca.Sin embargo, de manera paralela, las autoridades de salud confirmaron un brote en población de especial interés. El 29 de enero fue identificado un conglomerado de cinco casos de tos ferina en menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena U’wa, en el sector Aguablanca, entre los municipios de Cerrito y Concepción.Los niños afectados tienen edades entre un mes y tres años, con predominio del sexo masculino. Dos de los casos fueron confirmados mediante prueba molecular, mientras que los otros tres permanecen en estudio, aunque presentan síntomas compatibles con la enfermedad.Actualmente, cuatro de estos menores permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales del país: uno en Villavicencio, dos en Saravena y uno en el Hospital Universitario de Santander. Uno de los pacientes ya fue dado de alta. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos.Según la investigación epidemiológica de campo del INS, el caso índice inició síntomas el 28 de diciembre de 2025. El periodo probable de exposición estaría relacionado con actividades comunitarias realizadas desde mediados de diciembre, en el marco de festividades tradicionales del canto indígena, que se extendieron hasta inicios de enero y contaron con la participación de varias comunidades. Durante estos encuentros, al parecer, asistieron personas con síntomas respiratorios.Las autoridades también advirtieron que cuatro de los menores no contaban con el esquema de vacunación acorde a su edad para tos ferina y el restante tenía el esquema incompleto. Uno de los casos presentó antecedente de tuberculosis y otro desnutrición global, factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones.Ante este panorama, el 30 de enero se realizó una Sala de Análisis de Riesgo (SAR) nacional con participación de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca, con el fin de establecer la procedencia de los casos y definir acciones de prevención y fortalecimiento de la vigilancia en salud pública en los departamentos involucrados.La Secretaría de Salud de Santander reiteró el llamado a padres de familia, cuidadores y a la comunidad en general para reforzar las medidas de prevención, mantener al día los esquemas de vacunación y consultar oportunamente ante síntomas respiratorios inusuales.Entre las principales recomendaciones se encuentra la vacunación, especialmente en la población infantil, como la herramienta más efectiva para prevenir la tos ferina. Recordaron que la vacuna está incluida en el esquema regular de inmunización.Asimismo, indicaron que, ante síntomas como tos persistente, fiebre o dificultad para respirar, se debe acudir de inmediato a un médico o centro asistencial. También recomendaron mantener los espacios ventilados y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios, con el fin de reducir el riesgo de contagio.
La Secretaría de Salud de Santander informó que el departamento mantiene activa la vigilancia epidemiológica frente a la viruela símica (MPOX), luego de que durante el año 2025 se notificaran 16 casos confirmados de esta enfermedad.De acuerdo con el reporte oficial, los casos del año anterior se concentraron en el área metropolitana de Bucaramanga y se presentaron en población masculina con edades entre los 24 y 64 años.Según la autoridad sanitaria, este comportamiento evidenció un patrón de concentración geográfica urbana, coherente con la dinámica de transmisión del virus, que está asociada principalmente al contacto estrecho y directo entre personas.En lo corrido de 2026, se han notificado seis casos sospechosos en el departamento. De estos, tres fueron descartados tras evaluación clínica y de laboratorio, uno permanece en estudio y dos fueron confirmados. Estos últimos corresponden a hombres procedentes de los municipios de Barrancabermeja y Piedecuesta.La Secretaría de Salud señaló que este panorama refleja una disminución en la magnitud de casos confirmados en comparación con 2025. Sin embargo, advirtió sobre un desplazamiento geográfico del evento hacia un municipio diferente al área metropolitana, lo que requiere un seguimiento diferencial por parte de las autoridades sanitarias.Ante esta situación, el secretario de Salud Departamental, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de prevención y autocuidado.Entre las recomendaciones están evitar el contacto directo con personas que presenten lesiones sospechosas, no compartir objetos personales, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, mantener cubiertas las lesiones en caso de presentarlas y consultar oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
La Secretaría de Seguridad de Cali, junto con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, llevaron a cabo un operativo de control en el corregimiento de Golondrinas, al occidente de Cali, tras recibir múltiples alertas sobre la construcción irregular de viviendas en esta zona de la ciudad.De acuerdo con las autoridades, durante el procedimiento se evidenció la existencia de varias edificaciones levantadas sin la respectiva licencia de construcción, lo que estaría generando procesos de invasión en predios que no cuentan con autorización. Estas construcciones ilegales no solo representan un problema de orden urbanístico, sino que también constituyen una grave afectación al entorno ambiental del sector.Según el reporte preliminar, para la adecuación de algunas de estas viviendas fue necesaria la tala de árboles y la intervención no autorizada del suelo, acciones que ponen en riesgo la zona.Jorge Moreno, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, hizo un llamado enfático a la comunidad para que no construyan en esta zona.“Es importante que los ciudadanos verifiquen la legalidad de los predios y los permisos de construcción antes de realizar cualquier inversión., invitamos a la comunidad a denunciar cualquier tipo de estos hechos ”, señaló el funcionario.Como medida preventiva, la zona permanece bajo vigilancia permanente por parte de las autoridades, con el fin de evitar que se continúe con la edificación ilegal de viviendas y se sigan presentando daños ambientales en este sector del corregimiento de Golondrinas.
Posterior al cierre del periodo de inscripción de cédulas, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente informe sobre el comportamiento de estas inscripciones en el marco de este proceso.Hasta el pasado 8 de enero, se registraron un total de 2.077.278 personas inscritas por cambio de residencia, de las cuales 1.795.794 corresponden a inscripciones en el territorio nacional y 281.484 en el exterior. Aunque la cifra total representa una disminución del 21,61 % en comparación con el mismo periodo de los comicios de 2022, el informe advierte sobre comportamientos estadísticos preocupantes en regiones específicas que podrían sugerir fenómenos de trashumancia electoral.La MOE encontró 103 municipios donde la inscripción de cédulas es inusualmente alta. En 12 de ellos el aumento es extremo, muy por encima de lo que normalmente ocurre en el país. Entre los casos más críticos se encuentran Nuevo Belén de Bajirá (Chocó), con una tasa de 341,93 inscripciones por cada mil habitantes; Puerto Gaitán (Meta), con 326,52 inscripciones; y Cúcuta (Norte de Santander), con 226,90 inscripciones. En el caso de Cúcuta, la organización pide especial atención a las autoridades debido a la compleja situación de orden público y los flujos migratorios en la frontera, factores que podrían estar siendo instrumentalizados con fines electorales.Un punto de especial atención en este séptimo informe son las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP), donde se identificaron 46 municipios con algún nivel de riesgo. De manera particular, 26 puestos de votación rurales en estas zonas presentan tasas de inscripción significativamente altas, lo que genera una alerta sobre el posible traslado irregular de votantes desde las cabeceras municipales hacia el campo, poniendo en riesgo la integridad del censo en estos territorios clave para el Acuerdo de Paz.Finalmente, la MOE manifestó su preocupación por un retroceso en los estándares de transparencia, señalando que para este proceso electoral no ha tenido acceso directo y en tiempo real a las plataformas de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). Esta limitación reduce la capacidad de emitir alertas tempranas efectivas. Ante este panorama, la organización recomienda al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un seguimiento preventivo inmediato en los puestos advertidos y solicitó a la Registraduría fortalecer los mecanismos de consulta pública para garantizar la transparencia en el voto de los colombianos en el exterior.
En diálogo con Mañanas Blu, el abogado Abelardo De La Espriella respondió con contundencia a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha sugerido una supuesta cercanía entre el jurista y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a través de su esposo, Germán Marroquín. De La Espriella calificó estas afirmaciones como un "disparate" y una "estratagema" política diseñada para desviar la atención de los escándalos que rodean al actual gobierno.Negación total de vínculos con la fiscal y su familiaDe La Espriella fue enfático al declarar que no conoce a la fiscal general ni a su esposo, Germán Marroquín. "No tengo idea de quién es su esposo en mi vida lo he visto si me lo ponen enfrente no sé quién es", afirmó, desmintiendo cualquier relación personal o profesional con el círculo familiar de la funcionaria. Según el abogado, estas acusaciones carecen de fundamento y son un "invento" para vincularlo con decisiones judiciales o procesos internos de la Fiscalía, de los cuales asegura estar completamente ajeno, especialmente tras haberse retirado del litigio hace cuatro años.¿Una estrategia para proteger a Iván Cepeda?Para De La Espriella, el fondo de los ataques del presidente radica en la arena electoral. Asegura que tanto él como el senador Iván Cepeda lideran las encuestas de opinión, y que Petro busca proteger a Cepeda de un enfrentamiento directo. "Petro se inventa este cuento para pelear conmigo y sacar a Cepeda de la ecuación para protegerle", señaló, aludiendo a que el senador tiene la obligación de explicar al país el modelo político que defiende. El abogado reiteró su invitación a Cepeda para un debate público sobre el futuro de Colombia, describiendo la contienda como una batalla entre el "absolutismo" y la "democracia".
El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió en Mañanas Blu, con Néstor Morales, a los señalamientos sobre una supuesta relación política con la fiscal general y su esposo, y lanzó fuertes críticas contra el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro.Durante la entrevista, De La Espriella negó de manera enfática cualquier vínculo con la fiscal general o con su esposo, Germán Marroquín.“Yo no conozco a la señora fiscal y no tengo idea quién es su esposo. En mi vida lo he visto. Si me lo ponen enfrente, no sé quién es”, afirmó.También aseguró que no tiene ninguna relación con la empresa Urrá ni con miembros de su junta directiva.Según sostuvo, los señalamientos en su contra hacen parte de una “estratagema” del presidente Petro para confrontarlo directamente y evitar que Iván Cepeda lo haga en un debate público. “Petro se posiciona como el jefe de debate de Cepeda y no dejan que le salga el 'Tigre'”, dijo.“Cepeda es una hiena”En medio de la conversación, el abogado se refirió a las comparaciones con animales que hacen en redes para referirse a distintos actores políticos. Explicó que la figura del “tigre” surgió, según él, del “fervor popular” en redes sociales cuando anunció su candidatura.“Cepeda es una hiena”, afirmó De La Espriella durante la entrevista ante la pregunta de Néstor Morales sobre en qué momento la actualidad del país se convirtió en un zoológico. También mencionó que otros candidatos han adoptado símbolos como el jaguar, el león o la leona.De La Espriella reiteró su invitación a Iván Cepeda para realizar un debate público. “Píntala como quieras, escoge el lugar, escoge los temas, y tú y yo, que somos los punteros en las encuestas, tenemos la obligación de darle la cara al país”, manifestó.Por otro lado, frente a una publicación del presidente Petro en redes sociales, en la que aparece una fotografía suya en la cárcel acompañada de un mensaje relacionado con declaraciones de De la Espriella, el abogado sostuvo que en un eventual gobierno suyo se garantizaría justicia.“Yo quiero ver preso al que haya delinquido, sobre todo al que haya afectado los altos intereses de la república”, señaló.Agregó que, si llega a la Presidencia, promoverá una auditoría internacional sobre las entidades del Gobierno. Según explicó, el objetivo sería “mostrarle al país cómo fue que se robaron Colombia, dónde se lo robaron, cuánto se lo robaron y quiénes se lo robaron”.Indicó que los resultados de esa eventual auditoría serían remitidos a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que adopten las decisiones correspondientes.
La Registraduría anunció que apoyará a los damnificados por la ola invernal en Montería, Córdoba, con el trámite gratuito de los documentos de identidad.“La garantía del acceso efectivo y oportuno a los documentos de identidad adquiere especial relevancia en el marco de esta contingencia, ya que estos son un requisito indispensable para acceder a ayudas humanitarias, programas sociales, servicios de salud y demás beneficios dispuestos para la población afectada”, señaló el registrador, Hernán Penagos.Las jornadas se desarrollarán en tres puntos de Montería y la Registraduría espera atender aproximadamente a 5.000 personas damnificadas, entre niños, jóvenes y adultos. Se harán trámites de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.“Se contempla la realización de jornadas de identificación adicionales en el departamento, de manera articulada entre la Registraduría Nacional y las alcaldías municipales, conforme a las necesidades que se identifiquen en el territorio”, agregó el registrador.Las jornadas se harán este miércoles y jueves en el Colegio Nacional; el viernes y sábado en el Coliseo Happy Lora, y el lunes 16 de febrero en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil.
Las denuncias por amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, no cesan. Según el director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, capitán Eleasid Durán Sánchez, desde el año anterior se han interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones dirigidas contra personal de custodia y directivos del penal.De acuerdo con el oficial, las amenazas estarían relacionadas con las estrategias de control y vigilancia que se han venido implementando al interior del centro carcelario para contrarrestar actividades delictivas y reforzar la disciplina.“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas por esa estrategia de control que nosotros realizamos, pero nosotros seguimos trabajando articuladamente y soñamos también con un establecimiento carcelario diferente”, manifestó Durán Sánchez.El director aseguró que las intimidaciones no solo han sido dirigidas a guardianes, sino también a altos mandos del penal. “Amenazas en mi contra, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de la unidad de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad y de las diferentes compañías. Nosotros hemos interpuesto desde el año anterior alrededor de 33 denuncias por amenazas en el establecimiento”, precisó.Según explicó, detrás de estos hechos estarían actores delincuenciales que se oponen a los controles internos.“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. Nosotros lo hemos desarrollado y venimos haciéndolo con un cronograma de actividades para aquellas personas que han sido individualizadas como actores que siguen delinquiendo al interior de los establecimientos”, señaló.Frente a la situación, el Inpec ha articulado acciones con otras autoridades para reforzar la seguridad de los funcionarios afectados. El director indicó que se han gestionado medidas de autoprotección y se ha solicitado el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“También hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y, desde luego, a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quien hacemos un llamado permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios, porque de nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, afirmó.Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas, mientras el establecimiento mantiene las estrategias de control interno que, según su dirección, buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del penal.
Un incendio forestal que se inició hacia las 2:00 de la tarde de este martes 10 de febrero, en la vereda Arenal, sector El Manzano, en el municipio de Mogotes, consumió cerca de 30 hectáreas de cobertura vegetal y mantuvo en alerta a la comunidad durante varias horas.Las llamas avanzaron rápidamente por la montaña, obligando a los habitantes del sector a intervenir de manera directa para evitar que el fuego se extendiera a más predios, viviendas y la escuela de la zona. La situación se tornó más compleja debido a que el cuerpo de bomberos del municipio no se encuentra operando por trámites administrativos.Yulexy Rangel, residente de la zona, relató los momentos de angustia que vivieron.“Nos dimos cuenta hacia las 3 de la tarde porque venía descendiendo por la montaña. Mi esposo estaba desyerbando y se fue con otros vecinos, pero se regresaron a las 5:00 p.m. porque era imposible controlarlo. Mi esposo llamó a bomberos y dijeron que no podían atender porque no están habilitados”, contó.Durante la tarde y buena parte de la noche, campesinos del sector, con ramas, agua y herramientas básicas, trabajaron para reducir la intensidad del incendio y evitar que siguiera propagándose. La solidaridad entre vecinos fue clave para contener la emergencia mientras llegaba apoyo institucional.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el incendio ya fue controlado y que actualmente se encuentra en fase de monitoreo y proceso de liquidación para evitar que se reactive.“El incendio se encuentra controlado y actualmente está en fase de monitoreo y proceso de liquidación. La atención se realiza de manera articulada entre la Policía Nacional, la Defensa Civil y el CMGRD de Mogotes”, señaló la entidad a través de su cuenta en X.Aunque no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas, la emergencia dejó una considerable afectación ambiental en esta zona rural de Mogotes.Las autoridades mantienen presencia en el sector para verificar puntos calientes y descartar nuevos focos, mientras la comunidad insiste en la necesidad de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos plenamente habilitado para atender este tipo de emergencias.
Momentos de tensión se vivieron en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, luego de que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieran presencia armada en la zona urbana, donde patrullaron varias calles y protagonizaron acciones contra la fuerza pública.Los insurgentes hostigaron durante varios minutos la estación de Policía del municipio, generando pánico entre los habitantes. En medio de los hechos, también se reportó un ataque contra un helicóptero que sobrevolaba el área, al parecer en labores de apoyo y verificación de la situación de orden público.Los hombres armados caminaron por distintos sectores del municipio, lo que obligó a la comunidad a resguardarse en sus viviendas por temor a enfrentamientos. Los comerciantes cerraron de inmediato sus establecimientos y la administración municipal suspendió la atención al público mientras se restablecía la calma.
La tristeza que dejó la muerte de Daniel Felipe Ballesteros aún se siente en las calles de Tona. El niño, de apenas 10 años, fue hallado sin vida a unos 10 metros al fondo de un abismo, en hechos que hoy son materia de investigación y que mantienen consternada a toda la comunidad.Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Tona anunció una recompensa de $10 millones para quien entregue información que permita esclarecer lo ocurrido. El alcalde Jesús Santiago Gutiérrez aseguró que desde el primer momento se activó un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Gobernación de Santander.“Estamos trabajando articuladamente con Policía, Fiscalía y Gobernación de Santander para esclarecer este crimen que ocurrió en nuestro municipio. Por parte de la administración municipal estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para aquella persona que nos pueda brindar información para establecer este crimen”, manifestó el mandatario local.El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato, por mínimo que parezca, y garantizó absoluta reserva. La información puede ser suministrada al número 310 811 4966. “El llamado es a que nos suministren información por mínima que sea, nosotros estamos dispuestos a revisar la información”, añadió.Daniel Felipe era estudiante de la Escuela Francisco Romero y participaba activamente en las escuelas de formación musical y deportiva del municipio. Como cada día, había salido a jugar, sin que nadie imaginara que esa rutina terminaría en tragedia.La indignación y el dolor se transformaron en un acto de unión. Decenas de habitantes se concentraron frente a la Alcaldía de Tona para realizar una velatón en su memoria. Con velas encendidas, oraciones y abrazos, el municipio rindió homenaje al menor y acompañó a su familia en medio del duelo.“Estas imágenes y videos capturan el sentir de un pueblo que se une en un solo corazón. Entre oraciones y el suave resplandor de las velas, la comunidad de Tona se reunió para rendir un sentido homenaje a la vida de Daniel Felipe Ballesteros. Que este acto de unión sea un abrazo de luz para su familia y un testimonio de que su recuerdo de 10 años de alegría nunca se apagará entre nosotros”, escribió la alcaldía en sus redes sociales.Mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de su muerte, Tona clama por justicia. La Alcaldía también declaró tres días de luto en el municipio por la muerte del menor. Además, fueron aplazadas las actividades programadas para próximos días por los 476 años de Tona."En señal de respeto y acompañamiento a su familia y seres queridos, informamos que la celebración de los 476 años de Tona será aplazada. Hoy no es momento de festejar, sino de abrazarnos como comunidad, elevar una oración y acompañar desde el corazón", escribió la Alcaldía de su cuenta en Facebook.
En la madrugada de este martes se registraron dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.El primero ocurrió a las 12:59 a.m. y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo se sintió de manera leve en Bucaramanga y su área metropolitana, donde varios ciudadanos indicaron haber percibido una ligera vibración, especialmente en edificios de varios pisos.Sin embargo, el movimiento tuvo una percepción un poco más intensa en municipios como San Gil, Barrancabermeja y algunas poblaciones de Norte de Santander, donde habitantes reportaron el temblor a través de redes sociales.Horas después, a las 4:25 a.m., se presentó un segundo sismo también con epicentro en Los Santos. Este tuvo una magnitud menor, de 3.2, y una profundidad de 152 kilómetros. Por sus características, fue percibido con menor intensidad y en menos zonas del departamento.Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas a causa de estos movimientos telúricos. Organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente, recordando a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y tener identificadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.Santander, y particularmente el municipio de Los Santos, se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo, lo que explica la recurrencia de este tipo de eventos en la zona.
Botar un colchón viejo, una silla rota o escombros en plena calle podría salir caro en Bucaramanga, la Alcaldía prepara un nuevo decreto que permitirá sancionar y multar a las personas que abandonen inservibles y residuos voluminosos en el espacio público, una práctica que se ha vuelto recurrente en distintos sectores de la ciudad.Según la administración municipal, en separadores, andenes y vías principales es cada vez más común encontrar muebles, escombros, electrodomésticos dañados y desechos domésticos, lo que no solo deteriora la imagen urbana, sino que también genera problemas de salubridad, malos olores, proliferación de plagas y obstrucción del tránsito peatonal y vehicular.El alcalde Cristian Portilla aseguró que esta conducta se repite “una y mil veces” y relató que incluso presenció recientemente cómo algunas personas dejaban residuos en plena vía pública. “No podemos seguir permitiendo que conviertan la ciudad en un basurero. Vamos a controlar y sancionar”, advirtió.El decreto contempla controles más estrictos, operativos de vigilancia y la imposición de comparendos económicos a quienes sean sorprendidos arrojando o abandonando este tipo de elementos en sitios no autorizados.La medida busca frenar una problemática que, según la Alcaldía, genera altos costos de limpieza y afecta la calidad de vida de los ciudadanos.Además de las sanciones, la administración invitó a la comunidad a hacer uso de los canales oficiales de recolección y jornadas especiales para disposición de inservibles, con el fin de evitar acumulaciones ilegales de basura en los barrios.Con esta normativa, Bucaramanga busca recuperar el orden y la limpieza del espacio público, enviando un mensaje claro: quien use la calle como botadero, será multado.
Lo que era una advertencia terminó convirtiéndose en realidad. El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento de Berlín, en zona rural de Tona, Santander, cerró sus puertas, dejando sin atención integral a 42 niños y niñas campesinos, quienes dependían del programa para recibir alimentación, educación inicial y cuidado diario.Ante el cierre, padres de familia, cuidadores y menores protagonizaron una manifestación pacífica para exigir respuestas y soluciones inmediatas a las autoridades.La comunidad asegura que la decisión se conoció luego de que el ICBF – Centro Zonal Sur Bucaramanga informara que no continuará con la apertura del programa bajo su modalidad actual, argumentando falta de cobertura. Sin embargo, los padres rechazan esta justificación y sostienen que sí existe suficiente demanda y que decenas de familias quedaron sin el servicio.“Los niños no pueden pagar las consecuencias de trámites administrativos, lo que impide que continuemos nuestras labores en el campo, porque no los podemos dejar a la deriva”, afirmó Beatríz Rodriguez lider comunitaria .El CDI era el único programa de atención a la primera infancia en toda la zona de Soto Norte, ofreciendo acompañamiento pedagógico, apoyo psicosocial y alimentación, fundamentales para familias que trabajan en labores del campo y no tienen dónde dejar a sus hijos.Desde el Concejo municipal de Tona, el concejal Adalberto Ospino aseguró que la situación había sido advertida desde noviembre del año pasado.“Es el único programa de Bienestar Familiar en el sector. Tiene componente educativo y nutricional. Desde el año anterior se pidió buscar soluciones técnicas y administrativas para que no se cerrara, pero no hubo respuesta oportuna”, afirmó.Aunque el ICBF financia el 100 % de la operación, la continuidad del servicio también dependía de que la Alcaldía garantizara un espacio físico, situación que finalmente no se resolvió.Ahora, 42 menores quedaron sin atención y sus familias exigen la intervención urgente del ICBF, la Alcaldía de Tona, la Personería y la Comisaría de Familia, para reactivar el programa cuanto antes.Mientras tanto, en Berlín la preocupación crece los niños ya no tienen dónde recibir cuidado ni alimentación durante el día.
Continúan llegando familias desplazadas desde el Catatumbo hacia la ciudad de Ocaña. La Personería de ese municipio advierte que más de 20 menores de edad están entre los afectados.Son más de 150 personas, agrupadas en 40 núcleos familiares, las que han arribado a Ocaña debido a los combates entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc, así como a las operaciones de las Fuerzas Militares en el territorio.Jorge Armando Bohórquez, personero de Ocaña, dijo que en la Defensoría del Pueblo y en la Personería Municipal están recibiendo declaraciones de 40 familias que han llegado desplazadas desde el Catatumbo. La situación de violencia, las amenazas contra la población civil y las operaciones militares han dejado a las comunidades en medio del fuego cruzado"."Estas personas me indican que vienen del 77, de Filogringo y del corregimiento de Langalia, donde se han presentado enfrentamientos entre el ELN, las disidencias del frente 33 de las Farc y operaciones del Ejército, lo que ha obligado a estas familias a desplazarse", añadió."Hemos visto latente y muy fuerte el desplazamiento masivo, no solo hacia la región de Cúcuta, que está recibiendo población como ciudad capital, sino también hacia municipios aledaños", señaló Diana Vargas, representante de la organización social Tejedores de Paz.Autoridades en el departamento confirmaron que a municipios como Tibú y a la ciudad de Cúcuta también comienzan a llegar familias que huyen del conflicto armado.
La Policía de Santander logró la captura de un hombre de 30 años señalado como pieza clave en un masivo cargamento de estupefacientes que sacudió el suroccidente del país. El operativo, desarrollado en el sector conocido como La Playa, sobre la vía que conecta a Bucaramanga con Barrancabermeja, puso fin a la fuga de un individuo vinculado directamente con el transporte de 5.592 kilogramos de marihuana, una cifra récord que evidenció en su momento la magnitud de la estructura logística a la que presuntamente servía.La detención se produjo en el corregimiento de Tienda Nueva, municipio de Betulia, durante un despliegue de control territorial adelantado por la Policía Nacional en articulación con el Ejército Nacional. Al verificar los antecedentes del ciudadano en el sistema, los uniformados detectaron una orden de captura vigente emanada por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Palmira, Valle del Cauca. El sujeto era buscado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, derivado de una investigación que lo sitúa como el responsable de movilizar la imponente carga de más de cinco toneladas del alucinógeno.Los hechos que originaron este requerimiento judicial se remontan al 22 de agosto de 2024. En aquella fecha, las autoridades interceptaron un tractocamión en la vía que comunica a Villa Rica, Cauca, con Palmira, Valle del Cauca. Tras una inspección minuciosa, se descubrió que el vehículo de carga pesada escondía, bajo una modalidad de camuflaje sofisticada, los 5.5 toneladas de marihuana que tenían como destino los centros de distribución regional. El expediente judicial detalla que el hoy capturado habría sido el encargado de custodiar y garantizar el tránsito de este cargamento.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander, destacó que este resultado es fruto de un trabajo conjunto con el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación. Según el alto oficial, tras ser presentado ante la autoridad competente, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra el sindicado, considerando la gravedad de los hechos y el volumen de la sustancia incautada.
Las autoridades trabajan en la identificación de los hombres armados que vandalizaron dos buses de la empresa Flota Cáchira, este lunes, en la ruta Bucaramanga-Cáchira (Norte de Santander). De acuerdo con información suministrada, al parecer los delincuentes se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).El reciente hecho de inseguridad tiene en zozobra al gremio transportador quienes han manifestado que tienen temor ante la repetición de un caso como este, que pueda presentarse de una manera más violenta. Tras la interceptación Flota Cáchira suspendió temporalmente las rutas de Bucaramanga-Cáchira mientras se evalúa la situación de orden público y se brindan garantías para la operación del servicio.¿QUÉ SUCEDIÓ?El hecho se presentó este lunes 19 de enero cuando hombres armados ilegales pararon los buses, obligaron a bajarse a los pasajeros, les pidieron sus documentos y posteriormente grafitearon los vehículos, en lo que sería un acto de intimidación. "Ahí por la entrada de San Pablo le pincharon las ruedas de adelante a las busetas y las marcaron", afirmó un habitante del sector.Ante esta situación, los pasajeros tuvieron que esperar la llegada de otros medios de transporte que les facilitaran la llegada a sus lugares de destino. Una vez lograron arrivar a El Playón, con miedo alertaron a las autoridades y se comunicaron con sus familiares para hacerles saber que pese al momento de gran temor, se encontraban bien.La información inicial fue suministrada directamente en la oficina ubicada en el centro de Bucaramanga. Se espera que en las próximas horas la autoridades den a conocer las medidas de seguridad que se dispondrán en esta ruta para salvaguardar la vida de los conductores y pasajeros que transitan este corredor vial.
Alcaldes de varios municipios de Santander, entre ellos Néstor Delgado, mandatario de Florián, encendieron las alarmas por el recorte en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que debe girar el Gobierno Nacional, una medida que, aseguran, pone en riesgo la planeación financiera, la ejecución de obras y el cumplimiento de los planes de desarrollo en los territorios.Según explicó el alcalde Delgado, estos recursos son fundamentales para el funcionamiento de los municipios, especialmente los de cuarta, quinta y sexta categoría, que dependen en gran parte de las transferencias nacionales.“Este recorte del Sistema General de Participaciones afecta la planeación del municipio y la ejecución del Plan de Desarrollo. Nosotros subsistimos con esos recursos y hoy nos ponen en una situación muy difícil”, señaló.El mandatario local advirtió que la situación se agrava por el incremento en los costos institucionales, como el aumento en el número de concejales y los gastos asociados al funcionamiento del Concejo Municipal.“Sin tener en cuenta estas dificultades, hoy nos llevan casi a la quiebra. Es una decisión arbitraria por el déficit fiscal del Gobierno Nacional y nos obliga a hacer cambios y a tratar de sobrellevar esta situación”, agregó.De acuerdo con los alcaldes, tras diálogos con el Gobierno Nacional se les informó que los giros del SGP ya no llegarán desde el inicio del año, como venía ocurriendo, sino que serán enviados en diferentes meses. Además, el recorte se aplicará durante los 11 meses restantes del año, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de programas sociales, inversión en infraestructura y prestación de servicios esenciales.En Santander, la afectación sería masiva. 80 municipios son de sexta categoría y dos de quinta categoría, lo que los convierte en los más vulnerables frente a esta reducción de recursos. En total, se estima que 80 municipios del departamento resultarían damnificados por la pérdida de casi el 50 % de los recursos del SGP, según advirtieron autoridades locales.La preocupación también fue expresada por la Alcaldía de Charta, que mediante un comunicado oficial manifestó su “profunda preocupación” por la reducción de los recursos del SGP asignados al municipio.Además, la Alcaldía de Charta advirtió que, pese al recorte, los municipios deberán asumir nuevas y mayores responsabilidades institucionales, entre ellas el incremento de inspectores de Policía, el fortalecimiento de las comisarías de familia y un mayor presupuesto para las personerías municipales, lo que incrementa aún más la presión financiera sobre las administraciones locales.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, calificó como una “falta gravísima” la reducción en los giros del SGP y advirtió que la decisión podría generar protestas de alcaldes de diferentes regiones del país.“Gravísimo, los alcaldes han ido a mi despacho, les han reducido el 50 % de los recursos a los municipios de sexta categoría, genera un problema gravísimo. Esperamos que lo solucionen y que esto no tenga un tinte político. Entonces, si lo solucionamos porque vienen las elecciones del 8 de marzo, eso sería gravísimo”, afirmó el mandatario departamental.Díaz Mateus insistió en que la reducción del SGP compromete la gobernabilidad local, la continuidad de programas sociales y la prestación de servicios básicos, especialmente en los municipios más pequeños del departamento.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga condenó a Liliana Patricia Forero Cala a 80 meses de prisión y a una multa de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por su responsabilidad en el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica agravado, por hechos relacionados con la operación del relleno sanitario Yerbabuena, ubicado en zona rural de Barrancabermeja (Santander).Según la sentencia, la condena se dio porque, en su condición de directiva y responsable del proyecto, permitió y no evitó la ocupación y afectación de una zona ambientalmente protegida, pese a tener la obligación legal de impedirlo, figura jurídica conocida como comisión por omisión.El fallo también le impuso la inhabilidad para ejercer funciones públicas por 80 meses y le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, condicionado a la firma de un acta de compromiso y al pago de una caución prendaria equivalente a 10 SMLMV. La captura se hará efectiva cuando la sentencia quede en firme. Contra la decisión procede únicamente el recurso de apelación.En la misma providencia, el juzgado declaró extinguida la acción penal por el delito de contaminación ambiental agravada, al considerar que ese cargo ya había prescrito, y ordenó levantar cualquier medida impuesta solo por esa infracción.De acuerdo con el expediente judicial, Forero Cala estuvo vinculada a proyectos de rellenos sanitarios en Santander, entre ellos el de Yerbabuena en Barrancabermeja y anteriormente el proyecto “El Parque” en Piedecuesta.Las investigaciones establecieron que durante la operación del relleno Yerbabuena se habrían realizado intervenciones en zonas de protección ambiental, con ocupación de áreas restringidas y afectación de ecosistemas estratégicos como la ciénaga San Silvestre, lo que derivó en denuncias ciudadanas, procesos sancionatorios de autoridades ambientales y, finalmente, en la investigación penal por parte de la Fiscalía.La defensa podrá apelar la sentencia ante el superior jerárquico. Mientras tanto, el fallo no quedará en firme hasta que se resuelva la segunda instancia o venza el término legal para recurrirlo.
Momentos de tensión y alarma se vivieron este mediodía en la vía que comunica a Floridablanca con Piedecuesta, luego de que un accidente de tránsito entre un vehículo tipo turbo y un motociclista derivara en un altercado que casi termina en tragedia.El hecho se registró en inmediaciones del sector de Mac Pollo, donde, según versiones preliminares conocidas en el lugar, los involucrados discutían por lo ocurrido cuando llegó un tercer hombre, presuntamente cercano al conductor del vehículo.En medio del altercado, este sujeto habría sacado un arma de fuego con la aparente intención de intimidar al motociclista, lo que generó temor y pánico entre los ciudadanos que presenciaron la escena. Varias personas intentaron mediar para evitar que la situación escalara a mayores.De manera extraoficial, se conoció que el hombre que portaba el arma presuntamente trabajaría para una empresa de seguridad privada, aunque hasta el momento su identidad no ha sido confirmada por las autoridades competentes.La situación provocó un fuerte rechazo entre la comunidad, que solicita una pronta intervención de las autoridades para esclarecer los hechos, identificar al responsable y verificar un posible uso indebido de armas de fuego en espacios públicos.Habitantes y testigos recordaron que ningún conflicto vial justifica amenazas ni actos de intimidación, y pidieron mayor presencia de las autoridades en este corredor vial, uno de los más transitados del área metropolitana de Bucaramanga.Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Policía sobre lo ocurrido ni sobre posibles capturas o sanciones.
Zozobra vive el gremio transportador por recientes hechos de inseguridad contra pasajeros, conductores y vehículos que se movilizan hacia Norte de Santander, especialmente a la zona del Catatumbo.Este lunes, dos buses de la empresa Flota Cáchira, que cubrían la ruta Bucaramanga – Cáchira (Norte de Santander), fueron abordados por hombres armados que se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).Los hombres obligaron a descender a los pasajeros para solicitarles documentos y posteriormente grafitearon los vehículos, en lo que sería un acto de intimidación.Uno de los conductores afectados manifestó que no podía continuar con el transporte de pasajeros hasta nueva orden, ante el temor por su seguridad y la de los usuarios.Ante esta situación, los pasajeros tuvieron que esperar la llegada de otra empresa de transporte para poder continuar su recorrido. Solo hasta llegar al municipio de El Playón pudieron alertar a las autoridades y comunicarse con sus familiares, a quienes les manifestaron que se encontraban bien tras el hecho de intimidación.Ante este panorama, Flota Cáchira informó que las rutas de buses hacia ese sector se encuentran suspendidas temporalmente, mientras se evalúa la situación de orden público y se brindan garantías para la operación del servicio.Por ahora, se está a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la empresa. La información inicial fue suministrada directamente en la oficina ubicada en el centro de Bucaramanga y se espera que en el transcurso del día se emita un comunicado oficial con mayores detalles.Las autoridades aún no han entregado un balance oficial sobre estos hechos ni han anunciado medidas adicionales para reforzar la seguridad en este corredor vial.
La Seccional de Investigación Criminal, Sijín, del departamento de Policía de Santander, presentó el cartel de los más buscados en la región. Según las autoridades, la iniciativa hace parte de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana y por eso piden la colaboración de la comunidad para lograr la captura.“Desde el Departamento de Policía Santander reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida y la seguridad de todos los ciudadanos. Estas personas son requeridas por graves delitos y su captura es una prioridad institucional. Invitamos a la comunidad a denunciar de manera confidencial cualquier información que contribuya a su ubicación, a través de la línea 123 o la línea contra el crimen 314-3587212”, expresó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander.En el cartel de los más buscados figuran Edilson Albeiro Sánchez, John Sebastián Deslgado Velasco, Camilo Antonio Yáñez Chacón, Jorge Andrés Pinzón Pardo y Duvier Asned Balaguera Zapata.Le puede interesar: Revelan cartel de los más buscados por homicidio y millonarios robos en Bogotá: suplantaban policíasDe acuerdo con las autoridades “estas personas son requeridas por las autoridades judiciales por hechos ocurridos en diferentes municipios del departamento, relacionados con delitos como homicidio, feminicidio, delitos sexuales y porte ilegal de armas de fuego”.El Departamento de Policía de Santander invitó a la ciudadanía a suministrar información oportuna y veraz que permita la ubicación y captura de estas personas, garantizando absoluta reserva. Las autoridades recordaron que las personas se pueden comunicar a través de las líneas 314-3559654 y 314-3560191, o también vía correo electrónico desan.sijin@policia.gov.co. En cualquiera de los casos se garantiza absoluta reserva.