Un juez de conocimiento de Bucaramanga dictó una sentencia condenatoria de 31 años y 2 meses de prisión contra un hombre hallado responsable del asesinato de su compañera sentimental, Yaisbely Andrea Ibargúen Molina, de 28 años, en hechos ocurridos en el departamento de Santander. La decisión judicial se produjo tras el aval de un preacuerdo suscrito entre el procesado, asistido por su defensa técnica, y la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual el implicado aceptó de manera voluntaria los cargos por el delito de feminicidio agravado.El expediente judicial detalló que el crimen tuvo lugar el 21 de julio de 2024 en una vivienda del barrio Altos de Andina, en el municipio de Girón. Según la reconstrucción de los hechos presentada por el ente acusador, el sentenciado atacó a la víctima con un arma cortopunzante en momentos en que ella se encontraba utilizando su teléfono celular. La agresión se perpetró en presencia de los tres hijos menores de edad de la pareja, de 9, 7 y 1 año, quienes presenciaron el ataque contra su progenitora.Tras la agresión, los llamados de auxilio de la mujer alertaron a los residentes del sector, quienes acudieron al inmueble para intentar socorrerla. Ante la llegada de los vecinos, el atacante emprendió la huida, abandonando el lugar de los hechos. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano; no obstante, los reportes médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas.La investigación técnica y los testimonios recopilados permitieron establecer que el ataque no fue un evento aislado, sino el desenlace de un ciclo de violencia sistemática. Las indagaciones determinaron que, durante los tres años de convivencia de la pareja, la mujer fue sometida a constantes episodios de maltrato físico y psicológico por parte del ahora condenado. Con esta sentencia, el victimario deberá cumplir su pena en un establecimiento carcelario, perdiendo además los beneficios de libertad condicional debido a la naturaleza del delito tipificado bajo la Ley Rosa Elvira Celis.
Desde los laboratorios del Departamento de Microbiología y Ciencia Celular de la Universidad de la Florida, en Estados Unidos, el científico colombiano José Cediel Becerra lidera investigaciones que podrían marcar un punto de inflexión en la lucha contra uno de los mayores desafíos de la salud pública global: la resistencia a los antibióticos.Egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde se graduó con grado Summa Cum Laude y tesis laureada, el joven santandereano ha construido una trayectoria científica de alto impacto internacional centrada en el descubrimiento de nuevos compuestos terapéuticos derivados de bacterias. Su apuesta no está en lo convencional, sino en explorar el vasto potencial químico oculto en los genomas microbianos.Bacterias como fuente de nuevos medicamentosLa investigación del científico santandereano se enfoca en identificar nuevas rutas biosintéticas, los procesos mediante los cuales los microorganismos producen moléculas- utilizando herramientas de genómica computacional avanzada.A través del desarrollo y aplicación de metodologías bioinformáticas innovadoras, Cediel Becerra analiza sistemáticamente miles de genomas bacterianos en busca de compuestos naturales con propiedades bioactivas.El objetivo es claro: descubrir nuevas clases de productos naturales que puedan convertirse en la próxima generación de terapéuticos, especialmente frente a infecciones resistentes a los antibióticos actuales.En un contexto en el que la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el riesgo de una “era post-antibiótica”, investigaciones como la suya resultan estratégicas. La capacidad de anticiparse al problema, identificando moléculas inéditas antes de que sean necesarias en la clínica, representa un avance clave para la medicina moderna.El potencial de las 7-deazapurinasUno de los aportes científicos más relevantes de Cediel Becerra es el estudio de las 7-deazapurinas, una familia de moléculas naturales con propiedades antimicrobianas y anticancerígenas. Su trabajo ha permitido ampliar significativamente el conocimiento sobre cómo se biosintetizan estas moléculas, cuál es su diversidad química y qué funciones biológicas cumplen.Estos hallazgos no solo enriquecen la comprensión básica de la biología microbiana, sino que abren nuevas posibilidades para el desarrollo de fármacos innovadores. Al entender cómo las bacterias producen estas sustancias, los científicos pueden diseñar estrategias para optimizarlas o modificarlas con fines terapéuticos.Herramientas que transforman la ciencia globalMás allá de los descubrimientos moleculares, Cediel Becerra ha contribuido al desarrollo de herramientas bioinformáticas de referencia mundial como antiSMASH y MIBiG, plataformas fundamentales para la comunidad científica dedicada al descubrimiento de productos naturales.Estas herramientas permiten a investigadores de todo el mundo identificar y catalogar clústeres de genes responsables de la producción de compuestos bioactivos en microorganismos. Su impacto es medible: miles de citaciones en la literatura científica respaldan la relevancia y el alcance global de estos desarrollos.Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en revistas como Nucleic Acids Research, una de las publicaciones más prestigiosas en biología molecular y genómica, consolidando su reconocimiento internacional.Ciencia colombiana con impacto globalTras completar su maestría y doctorado en Microbiología en Estados Unidos, José Dubán Cediel Becerra se ha consolidado como una de las voces emergentes en genómica microbiana y descubrimiento de productos naturales.Desde el análisis computacional de genomas hasta la identificación de moléculas con potencial terapéutico, su trabajo demuestra cómo la ciencia de frontera puede traducirse en soluciones concretas para problemas críticos de salud humana.En un mundo que enfrenta amenazas sanitarias cada vez más complejas, la investigación liderada por este científico colombiano no solo posiciona el talento nacional en la élite académica internacional, sino que también aporta herramientas reales para la construcción de nuevas terapias que podrían salvar millones de vidas.
Una grave situación de violencia se registró en la Institución Educativa Colegio Integrado Madre de la Esperanza, sede Las Ferias, en Sabana de Torres, donde una madre de familia presuntamente insultó, amenazó y lanzó un cuchillo contra una docente tras un altercado entre estudiantes.Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero de 2026, al finalizar la jornada escolar. De acuerdo con el relato de una de las profesoras afectadas, quien pidió reserva de su identidad por seguridad, la situación se desencadenó luego de que el hijo de la mujer se viera involucrado en una riña con otro estudiante a la salida de clases.Según explicó la docente, días antes la madre había sido citada por reiterados episodios de agresividad del menor hacia otros compañeros. Sin embargo, no asistió al encuentro y, de acuerdo con la profesora, respondió de manera grosera a los llamados realizados por la institución.“El día de los hechos, ella llegó gritándonos groserías, decía que por qué habíamos dejado que le pegaran al niño. Yo le dije que habláramos con el coordinador, pero ella respondió: ‘yo no quiero hablar con nadie, yo la voy a matar’, y sacó el cuchillo y me lo lanzó”, relató la maestra.La profesora dijo que alcanzó a llamar a la Policía y se llevaron a la madre de familia.“Cuando ella me lanzó el cuchillo, yo cerré los ojos y dije: Dios, protégeme y solo pensaba en mis hijas. Una mamá que estaba al lado mío gritaba: ‘profe, corra que la van a matar’”, recordó.Tras lo ocurrido, los docentes interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.El Sindicato de Educadores de Santander (SES), a través de su Departamento de Derechos Humanos, emitió un comunicado en el que expresó su “rechazo categórico e indeclinable” frente a los hechos de violencia, intimidación y agresión ocurridos contra docentes y contra las instalaciones del plantel educativo.La organización señaló que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una dinámica de conductas agresivas que afectan el entorno escolar y ponen en riesgo la vida, la integridad física y emocional y la dignidad del magisterio.“Estos acontecimientos derivaron en un incidente de extrema gravedad ocurrido el 9 de febrero de 2026, en plena jornada laboral, lo cual evidencia una afectación profunda de las garantías mínimas que deben rodear el ejercicio de la docencia”, indicó el sindicato.El SES manifestó su preocupación por lo que considera una vulneración directa de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el trabajo en condiciones dignas y seguras. Además, reiteró que ningún docente debe ejercer su labor bajo el miedo, la intimidación o la amenaza.Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a adelantar actuaciones inmediatas, serias y transparentes, y a adoptar medidas de protección eficaces que garanticen el ejercicio seguro de la labor docente.Finalmente, el sindicato hizo un llamado a la comunidad educativa y a las familias a rechazar cualquier forma de violencia contra quienes educan y a fortalecer el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos en los entornos escolares.Para este jueves 12 de febrero, diferentes instituciones educativas de Sabana de Torres y el Sindicato de Educadores de Santander, convocaron a una marcha pacífica por la convivencia, el respeto y la vida, con punto de encuentro el parque de las Pabas a partir de las 4:30 de la tarde.
El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que, con corte al 31 de enero de 2026, en Santander se han confirmado ocho casos de tos ferina, todos los cuales requirieron hospitalización. Cuatro de los pacientes son menores de edad, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del departamento.De acuerdo con el informe, cinco de los casos corresponden a mujeres y tres a hombres. En cuanto a la distribución geográfica, siete se registraron en Bucaramanga y uno en Floridablanca.Sin embargo, de manera paralela, las autoridades de salud confirmaron un brote en población de especial interés. El 29 de enero fue identificado un conglomerado de cinco casos de tos ferina en menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena U’wa, en el sector Aguablanca, entre los municipios de Cerrito y Concepción.Los niños afectados tienen edades entre un mes y tres años, con predominio del sexo masculino. Dos de los casos fueron confirmados mediante prueba molecular, mientras que los otros tres permanecen en estudio, aunque presentan síntomas compatibles con la enfermedad.Actualmente, cuatro de estos menores permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales del país: uno en Villavicencio, dos en Saravena y uno en el Hospital Universitario de Santander. Uno de los pacientes ya fue dado de alta. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos.Según la investigación epidemiológica de campo del INS, el caso índice inició síntomas el 28 de diciembre de 2025. El periodo probable de exposición estaría relacionado con actividades comunitarias realizadas desde mediados de diciembre, en el marco de festividades tradicionales del canto indígena, que se extendieron hasta inicios de enero y contaron con la participación de varias comunidades. Durante estos encuentros, al parecer, asistieron personas con síntomas respiratorios.Las autoridades también advirtieron que cuatro de los menores no contaban con el esquema de vacunación acorde a su edad para tos ferina y el restante tenía el esquema incompleto. Uno de los casos presentó antecedente de tuberculosis y otro desnutrición global, factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones.Ante este panorama, el 30 de enero se realizó una Sala de Análisis de Riesgo (SAR) nacional con participación de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca, con el fin de establecer la procedencia de los casos y definir acciones de prevención y fortalecimiento de la vigilancia en salud pública en los departamentos involucrados.La Secretaría de Salud de Santander reiteró el llamado a padres de familia, cuidadores y a la comunidad en general para reforzar las medidas de prevención, mantener al día los esquemas de vacunación y consultar oportunamente ante síntomas respiratorios inusuales.Entre las principales recomendaciones se encuentra la vacunación, especialmente en la población infantil, como la herramienta más efectiva para prevenir la tos ferina. Recordaron que la vacuna está incluida en el esquema regular de inmunización.Asimismo, indicaron que, ante síntomas como tos persistente, fiebre o dificultad para respirar, se debe acudir de inmediato a un médico o centro asistencial. También recomendaron mantener los espacios ventilados y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios, con el fin de reducir el riesgo de contagio.
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Donald Trump, Venezuela comenzó un proceso de reconstrucción en sus relaciones con Estados Unidos tras varios años de diferencias y disputas con el régimen desde los ideales políticos como acuerdos entre ambos países.Pero lo que ha llamado la atención en Caracas es cómo nuevamente se vuelve a hablar de Estados Unidos en las calles y, prueba de ello, fue la bandera de EE.UU. en la entrada del Palacio de Miraflores en la tarde de este miércoles, 11 de febrero de 2026.Esto debido a la visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para avanzar en los planes del Gobierno Trump en el país tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por parte del Ejército de ese país."Este era un problema geopolítico de un país que representaba una amenaza para todos sus vecinos, una amenaza para el hemisferio occidental y un exportador masivo de armas, drogas y criminalidad", afirmó Wright en su llegada a Venezuela.Es por esta razón que apareció la bandera de Estados Unidos en la entrada del Palacio de Miraflores, como acto de diplomacia al igual que se hace en muchos países cuando se sostiene una reunión diplomática entre países.A través de un comunicado, el Departamento de Energía estadounidense calificó como "histórica" la llegada de Wright, quien visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país, "para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente -Donald- Trump está impulsando la paz y la prosperidad".Esta reunión será una de más que se irán dando entre ambos países para la reconstrucción de las relaciones entre las partes tras la captura de Nicolás Maduro, esto con el objetivo del desmonte total del régimen venezolano y una nueva etapa democrática en este país.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la seguridad del presidente Gustavo Petro es un asunto de Estado y una responsabilidad de todas las instituciones, tras advertencias sobre posibles amenazas en su contra.A través de su cuenta en X, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático en que “nada puede ni debe ocurrirle al presidente de la República de Colombia”. Señaló que el mandatario, elegido democráticamente, cuenta con la protección integral del Estado y que cualquier riesgo en su contra compromete directamente la estabilidad institucional y la democracia del país.En ese sentido, Sánchez informó que ordenó a la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía activar y fortalecer todas sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia. La instrucción incluye articulación con Interpol y con organismos internacionales con los que Colombia mantiene convenios de cooperación, con el fin de anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pudiera materializarse contra el jefe de Estado.El ministro explicó que la información que se recopile en los próximos días será evaluada en una Junta de Inteligencia Conjunta, escenario en el que se adoptarán las decisiones correspondientes en materia de inteligencia, contrainteligencia y eventuales operaciones.De manera paralela, anunció que los datos disponibles serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones judiciales necesarias y se identifique a los responsables de las amenazas, con miras a su judicialización.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie, bajo absoluta reserva, cualquier información que pueda resultar útil para la seguridad presidencial, en medio de este proceso de verificación y fortalecimiento de las medidas de protección.
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 11 de febrero de 2026:Hostigan estación de Policía en Cajibío, Cauca, en medio de alteraciones de orden público.Hallan restos humanos en el centro de Cali; investigan posible vínculo con guerra narco en México.El Carmen, Norte de Santander, completa tres días bajo ataque del ELN.Alertan riesgo de reclutamiento forzado del ELN en El Carmen, Norte de SantanderEstados Unidos sigue la pista a responsables del ataque que dejó 13 policías muertos y derribó un Black Hawk.DEA y autoridades colombianas asestan golpe a disidiencias de 'Calarcá' y destruyen laboratorio de cocaína.Escuche el programa completo aquí:
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 11 de febrero de 2026:Germán Córdoba, presidente de Cambio Radical, habló de la petición del partido de detener la impresión de material electoral mientras se resuelve la tutela contra el Pacto Histórico.Brian Nichols, exsubsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, se refirió acerca del aumento de los apagones en Cuba. Angélica Rincón, directora ejecutiva de Cladec Colombia, comentó sobre el impuesto a compras por internet que venía dentro de la suspendida emergencia económica.Daniel Rojas, ministro de Educación, habló de las medidas preventivas y administrativas que adoptó esta cartera contra la Fundación de Educación Superior San José.Escuche el programa completo aquí:
La Secretaría de Salud de Santander informó que el departamento mantiene activa la vigilancia epidemiológica frente a la viruela símica (MPOX), luego de que durante el año 2025 se notificaran 16 casos confirmados de esta enfermedad.De acuerdo con el reporte oficial, los casos del año anterior se concentraron en el área metropolitana de Bucaramanga y se presentaron en población masculina con edades entre los 24 y 64 años.Según la autoridad sanitaria, este comportamiento evidenció un patrón de concentración geográfica urbana, coherente con la dinámica de transmisión del virus, que está asociada principalmente al contacto estrecho y directo entre personas.En lo corrido de 2026, se han notificado seis casos sospechosos en el departamento. De estos, tres fueron descartados tras evaluación clínica y de laboratorio, uno permanece en estudio y dos fueron confirmados. Estos últimos corresponden a hombres procedentes de los municipios de Barrancabermeja y Piedecuesta.La Secretaría de Salud señaló que este panorama refleja una disminución en la magnitud de casos confirmados en comparación con 2025. Sin embargo, advirtió sobre un desplazamiento geográfico del evento hacia un municipio diferente al área metropolitana, lo que requiere un seguimiento diferencial por parte de las autoridades sanitarias.Ante esta situación, el secretario de Salud Departamental, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de prevención y autocuidado.Entre las recomendaciones están evitar el contacto directo con personas que presenten lesiones sospechosas, no compartir objetos personales, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, mantener cubiertas las lesiones en caso de presentarlas y consultar oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
Las denuncias por amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, no cesan. Según el director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, capitán Eleasid Durán Sánchez, desde el año anterior se han interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones dirigidas contra personal de custodia y directivos del penal.De acuerdo con el oficial, las amenazas estarían relacionadas con las estrategias de control y vigilancia que se han venido implementando al interior del centro carcelario para contrarrestar actividades delictivas y reforzar la disciplina.“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas por esa estrategia de control que nosotros realizamos, pero nosotros seguimos trabajando articuladamente y soñamos también con un establecimiento carcelario diferente”, manifestó Durán Sánchez.El director aseguró que las intimidaciones no solo han sido dirigidas a guardianes, sino también a altos mandos del penal. “Amenazas en mi contra, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de la unidad de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad y de las diferentes compañías. Nosotros hemos interpuesto desde el año anterior alrededor de 33 denuncias por amenazas en el establecimiento”, precisó.Según explicó, detrás de estos hechos estarían actores delincuenciales que se oponen a los controles internos.“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. Nosotros lo hemos desarrollado y venimos haciéndolo con un cronograma de actividades para aquellas personas que han sido individualizadas como actores que siguen delinquiendo al interior de los establecimientos”, señaló.Frente a la situación, el Inpec ha articulado acciones con otras autoridades para reforzar la seguridad de los funcionarios afectados. El director indicó que se han gestionado medidas de autoprotección y se ha solicitado el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“También hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y, desde luego, a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quien hacemos un llamado permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios, porque de nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, afirmó.Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas, mientras el establecimiento mantiene las estrategias de control interno que, según su dirección, buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del penal.
Un incendio forestal que se inició hacia las 2:00 de la tarde de este martes 10 de febrero, en la vereda Arenal, sector El Manzano, en el municipio de Mogotes, consumió cerca de 30 hectáreas de cobertura vegetal y mantuvo en alerta a la comunidad durante varias horas.Las llamas avanzaron rápidamente por la montaña, obligando a los habitantes del sector a intervenir de manera directa para evitar que el fuego se extendiera a más predios, viviendas y la escuela de la zona. La situación se tornó más compleja debido a que el cuerpo de bomberos del municipio no se encuentra operando por trámites administrativos.Yulexy Rangel, residente de la zona, relató los momentos de angustia que vivieron.“Nos dimos cuenta hacia las 3 de la tarde porque venía descendiendo por la montaña. Mi esposo estaba desyerbando y se fue con otros vecinos, pero se regresaron a las 5:00 p.m. porque era imposible controlarlo. Mi esposo llamó a bomberos y dijeron que no podían atender porque no están habilitados”, contó.Durante la tarde y buena parte de la noche, campesinos del sector, con ramas, agua y herramientas básicas, trabajaron para reducir la intensidad del incendio y evitar que siguiera propagándose. La solidaridad entre vecinos fue clave para contener la emergencia mientras llegaba apoyo institucional.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el incendio ya fue controlado y que actualmente se encuentra en fase de monitoreo y proceso de liquidación para evitar que se reactive.“El incendio se encuentra controlado y actualmente está en fase de monitoreo y proceso de liquidación. La atención se realiza de manera articulada entre la Policía Nacional, la Defensa Civil y el CMGRD de Mogotes”, señaló la entidad a través de su cuenta en X.Aunque no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas, la emergencia dejó una considerable afectación ambiental en esta zona rural de Mogotes.Las autoridades mantienen presencia en el sector para verificar puntos calientes y descartar nuevos focos, mientras la comunidad insiste en la necesidad de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos plenamente habilitado para atender este tipo de emergencias.
Momentos de tensión se vivieron en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, luego de que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieran presencia armada en la zona urbana, donde patrullaron varias calles y protagonizaron acciones contra la fuerza pública.Los insurgentes hostigaron durante varios minutos la estación de Policía del municipio, generando pánico entre los habitantes. En medio de los hechos, también se reportó un ataque contra un helicóptero que sobrevolaba el área, al parecer en labores de apoyo y verificación de la situación de orden público.Los hombres armados caminaron por distintos sectores del municipio, lo que obligó a la comunidad a resguardarse en sus viviendas por temor a enfrentamientos. Los comerciantes cerraron de inmediato sus establecimientos y la administración municipal suspendió la atención al público mientras se restablecía la calma.
La tristeza que dejó la muerte de Daniel Felipe Ballesteros aún se siente en las calles de Tona. El niño, de apenas 10 años, fue hallado sin vida a unos 10 metros al fondo de un abismo, en hechos que hoy son materia de investigación y que mantienen consternada a toda la comunidad.Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Tona anunció una recompensa de $10 millones para quien entregue información que permita esclarecer lo ocurrido. El alcalde Jesús Santiago Gutiérrez aseguró que desde el primer momento se activó un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Gobernación de Santander.“Estamos trabajando articuladamente con Policía, Fiscalía y Gobernación de Santander para esclarecer este crimen que ocurrió en nuestro municipio. Por parte de la administración municipal estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para aquella persona que nos pueda brindar información para establecer este crimen”, manifestó el mandatario local.El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato, por mínimo que parezca, y garantizó absoluta reserva. La información puede ser suministrada al número 310 811 4966. “El llamado es a que nos suministren información por mínima que sea, nosotros estamos dispuestos a revisar la información”, añadió.Daniel Felipe era estudiante de la Escuela Francisco Romero y participaba activamente en las escuelas de formación musical y deportiva del municipio. Como cada día, había salido a jugar, sin que nadie imaginara que esa rutina terminaría en tragedia.La indignación y el dolor se transformaron en un acto de unión. Decenas de habitantes se concentraron frente a la Alcaldía de Tona para realizar una velatón en su memoria. Con velas encendidas, oraciones y abrazos, el municipio rindió homenaje al menor y acompañó a su familia en medio del duelo.“Estas imágenes y videos capturan el sentir de un pueblo que se une en un solo corazón. Entre oraciones y el suave resplandor de las velas, la comunidad de Tona se reunió para rendir un sentido homenaje a la vida de Daniel Felipe Ballesteros. Que este acto de unión sea un abrazo de luz para su familia y un testimonio de que su recuerdo de 10 años de alegría nunca se apagará entre nosotros”, escribió la alcaldía en sus redes sociales.Mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de su muerte, Tona clama por justicia. La Alcaldía también declaró tres días de luto en el municipio por la muerte del menor. Además, fueron aplazadas las actividades programadas para próximos días por los 476 años de Tona."En señal de respeto y acompañamiento a su familia y seres queridos, informamos que la celebración de los 476 años de Tona será aplazada. Hoy no es momento de festejar, sino de abrazarnos como comunidad, elevar una oración y acompañar desde el corazón", escribió la Alcaldía de su cuenta en Facebook.
En la madrugada de este martes se registraron dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.El primero ocurrió a las 12:59 a.m. y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo se sintió de manera leve en Bucaramanga y su área metropolitana, donde varios ciudadanos indicaron haber percibido una ligera vibración, especialmente en edificios de varios pisos.Sin embargo, el movimiento tuvo una percepción un poco más intensa en municipios como San Gil, Barrancabermeja y algunas poblaciones de Norte de Santander, donde habitantes reportaron el temblor a través de redes sociales.Horas después, a las 4:25 a.m., se presentó un segundo sismo también con epicentro en Los Santos. Este tuvo una magnitud menor, de 3.2, y una profundidad de 152 kilómetros. Por sus características, fue percibido con menor intensidad y en menos zonas del departamento.Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas a causa de estos movimientos telúricos. Organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente, recordando a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y tener identificadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.Santander, y particularmente el municipio de Los Santos, se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo, lo que explica la recurrencia de este tipo de eventos en la zona.
Botar un colchón viejo, una silla rota o escombros en plena calle podría salir caro en Bucaramanga, la Alcaldía prepara un nuevo decreto que permitirá sancionar y multar a las personas que abandonen inservibles y residuos voluminosos en el espacio público, una práctica que se ha vuelto recurrente en distintos sectores de la ciudad.Según la administración municipal, en separadores, andenes y vías principales es cada vez más común encontrar muebles, escombros, electrodomésticos dañados y desechos domésticos, lo que no solo deteriora la imagen urbana, sino que también genera problemas de salubridad, malos olores, proliferación de plagas y obstrucción del tránsito peatonal y vehicular.El alcalde Cristian Portilla aseguró que esta conducta se repite “una y mil veces” y relató que incluso presenció recientemente cómo algunas personas dejaban residuos en plena vía pública. “No podemos seguir permitiendo que conviertan la ciudad en un basurero. Vamos a controlar y sancionar”, advirtió.El decreto contempla controles más estrictos, operativos de vigilancia y la imposición de comparendos económicos a quienes sean sorprendidos arrojando o abandonando este tipo de elementos en sitios no autorizados.La medida busca frenar una problemática que, según la Alcaldía, genera altos costos de limpieza y afecta la calidad de vida de los ciudadanos.Además de las sanciones, la administración invitó a la comunidad a hacer uso de los canales oficiales de recolección y jornadas especiales para disposición de inservibles, con el fin de evitar acumulaciones ilegales de basura en los barrios.Con esta normativa, Bucaramanga busca recuperar el orden y la limpieza del espacio público, enviando un mensaje claro: quien use la calle como botadero, será multado.
Lo que era una advertencia terminó convirtiéndose en realidad. El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento de Berlín, en zona rural de Tona, Santander, cerró sus puertas, dejando sin atención integral a 42 niños y niñas campesinos, quienes dependían del programa para recibir alimentación, educación inicial y cuidado diario.Ante el cierre, padres de familia, cuidadores y menores protagonizaron una manifestación pacífica para exigir respuestas y soluciones inmediatas a las autoridades.La comunidad asegura que la decisión se conoció luego de que el ICBF – Centro Zonal Sur Bucaramanga informara que no continuará con la apertura del programa bajo su modalidad actual, argumentando falta de cobertura. Sin embargo, los padres rechazan esta justificación y sostienen que sí existe suficiente demanda y que decenas de familias quedaron sin el servicio.“Los niños no pueden pagar las consecuencias de trámites administrativos, lo que impide que continuemos nuestras labores en el campo, porque no los podemos dejar a la deriva”, afirmó Beatríz Rodriguez lider comunitaria .El CDI era el único programa de atención a la primera infancia en toda la zona de Soto Norte, ofreciendo acompañamiento pedagógico, apoyo psicosocial y alimentación, fundamentales para familias que trabajan en labores del campo y no tienen dónde dejar a sus hijos.Desde el Concejo municipal de Tona, el concejal Adalberto Ospino aseguró que la situación había sido advertida desde noviembre del año pasado.“Es el único programa de Bienestar Familiar en el sector. Tiene componente educativo y nutricional. Desde el año anterior se pidió buscar soluciones técnicas y administrativas para que no se cerrara, pero no hubo respuesta oportuna”, afirmó.Aunque el ICBF financia el 100 % de la operación, la continuidad del servicio también dependía de que la Alcaldía garantizara un espacio físico, situación que finalmente no se resolvió.Ahora, 42 menores quedaron sin atención y sus familias exigen la intervención urgente del ICBF, la Alcaldía de Tona, la Personería y la Comisaría de Familia, para reactivar el programa cuanto antes.Mientras tanto, en Berlín la preocupación crece los niños ya no tienen dónde recibir cuidado ni alimentación durante el día.
Una nueva ola de violencia sacudió a Santander, donde cuatro personas tres hombres y una mujer fueron asesinadas en menos de dos horas en hechos ocurridos en Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja, generando preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.Uno de los casos se registró en la vía Bucaramanga–Girón, en el sector conocido como Paso Malo, donde fue asesinado Jefferson Alexander Carrillo Estévez, de 34 años.Según información preliminar, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacada con arma de fuego por desconocidos que huyeron del lugar. Carrillo quedó tendido sobre la vía nacional y falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.Otro hecho violento se presentó en el barrio La Cumbre de Floridablanca, donde fue asesinada Liceth Valeria Bohórquez Herrera, de 18 años.De acuerdo con las autoridades, la joven se desplazaba junto a su pareja sentimental hacia su residencia cuando fueron interceptados por dos hombres en motocicleta. El parrillero descendió y disparó en repetidas ocasiones contra la pareja.Liceth Valeria falleció en el lugar, mientras que su compañero, Dimar Alexis Garay Guerrero, de 28 años, resultó herido en una pierna y fue trasladado a un centro asistencial, donde los médicos descartaron lesiones óseas graves.De manera preliminar, se conoció que el ataque habría estado dirigido contra el hombre, conocido con el alias de 'Cofla', y que los hechos estarían relacionados con disputas por el control territorial del microtráfico en el sector, versión que es materia de investigación.En Bucaramanga, específicamente en el barrio Campo Hermoso, fue asesinado Cristian Stiven Pedro Gómez, de 25 años.Según el reporte policial, la víctima se dirigía a su vivienda cuando sostuvo una discusión con un sujeto conocido como Maicol, quien presuntamente lo atacó con un arma cortopunzante. El joven falleció en el lugar.De acuerdo con versiones familiares, entre víctima y agresor existían antecedentes de agresiones mutuas y amenazas, hechos que ahora son analizados por las autoridades judiciales.El cuarto hecho ocurrió hacia las 7:00 de la noche en la vía Barrancabermeja–Bucaramanga, a la altura del sector cercano al Hotel Olga Lucía, donde fue hallado sin vida Maicol Quintero Flórez, quien se desempeñaba como cobradiario en Barrancabermeja.En el mismo hecho resultó herida otra persona, quien fue trasladada a un centro asistencial. Según la Policía, las víctimas se movilizaban desde Sabana de Torres cuando fueron interceptadas por hombres armados que les dispararon. El sobreviviente es, por ahora, el principal testigo del caso.La Sijín y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables de estos hechos violentos y no se descartan ajustes de cuentas por el control del microtráfico, la situación eleva la alerta por la seguridad en el departamento.
El drama de las familias colombianas en Estados Unidos continúa creciendo. Más de 600 ciudadanos colombianos permanecen detenidos en centros de inmigración, a la espera de vuelos humanitarios que, hasta el momento, no han llegado.Yulexa Pinzón Mesa, madre de Julián Fernando Carvajal Pinzón, de 28 años, relata con desesperación la situación de su hijo, detenido desde el 20 de octubre y trasladado a un centro de detención en Lisina desde el 15 de noviembre.“Soy de Bucaramanga y estamos viviendo esta crisis desde octubre. Hemos hablado con Inmigración y nadie nos da razón. Al parecer nos dijeron que el Ministerio de Hacienda no ha dado los recursos para que puedan enviar los aviones a recogerlos. Mi hijo y muchos otros están encerrados, la comida es pésima, hay hacinamiento y están mal psicológicamente”, según la madre, los detenidos reciben una o dos comidas básicas al día, la carne parece de cartón, los baños son insuficientes y muchos están enfermando debido a la mala ventilación y el aire acondicionado.“Todos los días sacan personas de otros países, menos colombianos. Si queremos que tengan mejor atención, debemos pagar incluso en dólares”, agregó Pinzón Mesa.La madre también denunció que las videollamadas con los familiares son limitadas y costosas, lo que dificulta el contacto y aumenta la angustia de quienes esperan poder reunirse con sus seres queridos.Los padres de familia señalaron que se han comunicado con la Cancillería de Colombia, y desde allí les confirmaron que la falta de recursos por parte del Ministerio de Hacienda ha retrasado el envío de vuelos humanitarios, y que se trabaja en coordinación con las autoridades de Estados Unidos para facilitar la repatriación de los colombianos detenidos.Familias de distintos departamentos del país aseguran que la situación se ha vuelto insostenible y hacen un llamado urgente para que sus hijos sean trasladados de los centros de detención y se agilicen los vuelos humanitarios.“No sabemos hasta cuándo podremos soportar esta espera. Solo pedimos que se agilicen los trámites y que nuestros hijos puedan regresar a Colombia con seguridad”, concluyó la madre de Julián Fernando.
Santander enfrenta nuevamente una emergencia vial en la Transversal del Carare, entre Landázuri y Vélez, donde se registró un deslizamiento de grandes proporciones que afectó el paso alterno habilitado tras la tragedia ocurrida hace casi tres meses en esta vía nacional.Hoy, aproximadamente 7.000 habitantes del sur del departamento quedaron incomunicados debido al movimiento en masa que afectó la calzada de este corredor vial.Según Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, la afectación puede deberse a varios factores: “Se presenta un gran movimiento en masa que afecta la calzada, posiblemente por las fuertes lluvias en la zona. También podrían existir explotaciones de carbón de manera ilegal cerca del terreno, lo que desestabiliza los suelos, sumado a la presencia de una falla geológica que ya había generado problemas en el corredor en el mes de octubre. La diferencia es que esta nueva afectación se presenta en Landázuri, mientras que la anterior fue en jurisdicción de Vélez, y actualmente no hay paso en este punto”.Uno de los puntos críticos afectados es el sector Jordanes al Borrascoso, donde gran parte de la banca de la carretera se perdió y numerosas toneladas de tierra y barro se desprendieron de la montaña, impidiendo el paso de vehículos y dejando incomunicadas a miles de personas.Otro punto afectado es el sector La Iberia, en la vía Landázuri – Barbosa, Ruta Nacional 6208, km 6+300, donde también se registró un derrumbe que contribuye a la interrupción total del corredor vial.Las autoridades locales estudian si el daño en esta sección de la vía se debe únicamente a la falla geológica o también a la socavación por la actividad minera cercana. Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajan en la zona para evaluar la magnitud del deslizamiento y restablecer la movilidad lo antes posible.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Comisión Nacional de Control Electoral, anunció que desplegará vigilancia preventiva durante las elecciones atípicas para la Alcaldía de Girón (Santander), programadas para este domingo 18 de enero de 2026, en el marco de la estrategia Paz Electoral.El municipio cuenta con 131.355 ciudadanos habilitados para votar, distribuidos en 39 puestos de votación y 357 mesas, atendidas por 2.596 jurados de votación.Todos estos espacios estarán bajo supervisión del Ministerio Público, con apoyo de la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, la Regional de Santander y la Personería de Girón.Para esta jornada, 37 funcionarios del nivel territorial estarán encargados de la vigilancia preventiva, incluida la supervisión de los soportes tecnológicos utilizados en preconteo y escrutinios. A este despliegue se suman 7 funcionarios de la Personería.En la etapa poselectoral, funcionarán una comisión municipal y 12 comisiones escrutadoras auxiliares, mientras que 14 procuradores judiciales se encargarán de supervisar los escrutinios.Las funciones de vigilancia serán coordinadas por la Delegada para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales, con un plan de comunicaciones que apoyará a los servidores en los puestos de votación.Además, la Procuraduría participará en el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, que funcionará en el Ministerio del Interior.Con estas acciones, la Procuraduría reafirma su compromiso con la transparencia y la democracia, asegurando que la ciudadanía de Girón pueda ejercer su derecho al voto en un proceso tranquilo, seguro y confiable.
Con motivo del encuentro deportivo entre Atlético Bucaramanga y Millonarios F.C., que se disputa este sábado en el estadio Américo Montanini, a las 8:30 p. m., la Alcaldía de Bucaramanga y las autoridades de tránsito implementaron cierres viales y medidas especiales de seguridad en sectores aledaños al escenario deportivo.Desde las primeras horas del día se presentan restricciones en la movilidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes, peatones y residentes del sector, así como el normal desarrollo del evento. Los cierres se concentran en la calle 14, entre las carreras 30 y 32B, en ambos sentidos, además de tramos de las carreras 29 y 30, en sus intersecciones con las calles 11 a la 14.Las autoridades de tránsito recomendaron a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal autorizado que se encuentra regulando el tráfico en la zona.En materia de seguridad, se dispuso un dispositivo especial con presencia de la Policía y demás organismos de control, tanto al interior como en los alrededores del estadio.Como parte de estas medidas, se informó que la barra visitante de Millonarios ingresará al escenario deportivo bajo protocolos especiales, ubicándose en la localidad norte baja, con el fin de prevenir alteraciones al orden público y garantizar la convivencia entre las hinchadas.Radamel Falcao García, del quipo visitante, no estará presente en el partido entre Atlético Bucaramanga y Millonarios F.C., ya que debe cumplir la primera de cuatro fechas de sanción impuestas por la Dimayor tras sus declaraciones en la temporada anterior. Su ausencia será una decepción para muchos bumangueses que esperaban verlo en acción, en este compromiso inaugural de la Liga BetPlay 2026-I.Las autoridades reiteraron el llamado a los aficionados para que disfruten el encuentro de manera responsable y pacífica, recordando que el cumplimiento de las normas es clave para que Bucaramanga viva el fútbol en un ambiente de respeto y tranquilidad.
Con motivo de las elecciones atípicas de alcalde que se realizarán este domingo 18 de enero de 2026, las autoridades de Girón adoptaron una serie de medidas especiales de seguridad y orden público para garantizar una jornada electoral tranquila y transparente.La Quinta Brigada del Ejército Nacional informó que, mediante la Resolución No. 00000318 del 16 de enero de 2026, se suspendió el porte de armas de fuego y armas traumáticas en el municipio. La medida rige desde las 6:00 p. m. del sábado 17 de enero hasta las 6:00 a. m. del lunes 19 de enero. Quienes incumplan la restricción estarán sujetos a sanciones y a la incautación del armamento.A esta disposición se suma el decreto de ley seca, que estará vigente en el mismo horario, así como la prohibición del transporte de escombros y cilindros de gas, con el fin de prevenir alteraciones al orden público. Además, se dispuso el refuerzo de la seguridad en las zonas y puestos de votación.Las medidas fueron articuladas en el marco del Comité de Seguimiento Electoral, liderado por la Gobernación de Santander, con la participación de autoridades nacionales, departamentales y locales.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, destacó la coordinación interinstitucional para proteger el ejercicio democrático y la transparencia del proceso electoral.“Desde la Gobernación de Santander, junto a toda la institucionalidad, estamos garantizando el ejercicio democrático, la seguridad y la transparencia del proceso electoral”, afirmó el funcionario.En la reunión participaron representantes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y delegados de los seis candidatos a la Alcaldía de Girón.De acuerdo con Daniel David Barrios Mogollón, delegado del Registrador Nacional en Santander, para la jornada se habilitarán 39 puestos de votación y 357 mesas, destinadas a atender a 131.355 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 68.718 son mujeres y 62.637 hombres.Asimismo, la Registraduría designó y capacitó a 2.596 jurados de votación y confirmó que ya se encuentran dispuestos todos los recursos logísticos y tecnológicos necesarios para garantizar el normal desarrollo del preconteo, escrutinios y la transmisión de resultados.Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad gironesa para que ejerza su derecho al voto de manera libre, consciente y pacífica, reiterando el compromiso institucional con el respeto a la voluntad popular y el fortalecimiento de la democracia local.