La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
El 27 de junio de 2026 será una fecha especial para los hinchas de la Selección Colombia, pues ese día se enfrentará a Portugal y Cristiano Ronaldo por primera vez en su historia por el marco de la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.Pero este acontecimiento no ha sido especial para los hinchas, sino para los propios futbolistas que esperan lograr una victoria ante un rival de peso como la selección lusa y la cual se encuentra plagada de estrellas de grandes clubes europeos, entre esas, Cristiano Ronaldo, capitán y leyenda del equipo.El mensaje de Luis Díaz a Cristiano RonaldoAún faltan siete meses para que se lleve a cabo este partido en Miami, EE.UU., pero los futbolistas de la tricolor empiezan a calentar la previa. Uno de ellos ha sido Luis Díaz, figura del FC Bayern, que en una reciente entrevista con 'The Guardian' expresó su deseo de vencer a Portugal y le dejó un mensaje a los futbolistas lusos, en especial a CR7: "Saldrán a buscar la victoria en el Mundial"."Ahora, si se dan cuenta, ven un equipo feliz, tranquilo, unido, donde todos perseguimos el mismo objetivo y eso me encanta. Ese partido va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha; además, tienen a otro buen futbolista como Bruno Fernandes, en fin. Va a ser un partido disputado. Ahora, hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que, obviamente, buscaremos la victoria", fueron las palabras de Díaz, asegurando su "tranquilidad".El historial entre Colombia y PortugalHasta el momento nunca se han enfrentado en una competencia ni oficial ni amistosa, por ende, este choque ante los lusos será especial en la historia de la Selección Colombia y más con el enfrentamiento con una leyenda del nivel de Cristiano Ronaldo.
La expectativa por el estreno de 'La reina del flow 3' sigue creciendo y uno de los actores que más emoción transmite frente a esta nueva entrega es Juan Palau, quien regresa a la historia con un personaje que promete vivir momentos decisivos dentro de la trama. Durante entrevista con Blu Radio, el actor compartió detalles sobre lo que traerá la tercera temporada, que él mismo califica como "la más intensa y ambiciosa de toda la saga".Palau aseguró que esta nueva etapa llega cargada de adrenalina, con nuevos personajes, canciones inéditas y locaciones internacionales que amplían el universo narrativo de la serie. Parte de las grabaciones se realizaron en España, un elemento que, según el actor, le da una dimensión distinta a la historia y eleva el nivel de producción. “La disfrutamos demasiado y siento que es la mejor de las tres”, afirmó, destacando el entusiasmo del elenco al ver las promociones al aire y en las calles.Uno de los momentos más personales de la conversación fue cuando Palau recordó cómo su personaje, 'Drama Key', terminó conectándose con su propia vida. En la segunda temporada, el personaje participaba en talleres musicales dentro de la cárcel, una experiencia que, tiempo después, se reflejó en la realidad del actor al cofundar la Fundación Mambart, iniciativa con la que hoy desarrolla procesos artísticos y sociales en centros penitenciarios. Para él, la serie fue casi una premonición de lo que vendría en su camino fuera de la pantalla.Finalmente, el actor se refirió al impacto musical de 'La Reina del Flow' y a la posibilidad de que ese fenómeno siga creciendo en vivo. Tras presentaciones en España ante más de 15 mil personas, Palau no ocultó su ilusión de que se concrete una gira internacional que incluya escenarios como el Movistar Arena. Mientras tanto, la tercera temporada se prepara para llegar a la audiencia a través de Canal Caracol, con la promesa de sorprender y reafirmar el éxito de una de las producciones más influyentes de la televisión nacional.
Tras el anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre un posible anuncio de decretar emergencia económica por el hundimiento de la reforma tributaria, varios gremios económicos reaccionaron y criticaron la decisión. Dentro de las razones que exponen, está la inconstitucionalidad de dicho decreto.La Andi, a través de un comunicado, argumentaron que no existe un hecho “sobreviniente”, que habilite al Gobierno para declarar emergencia económica. Además, también afirman que los problemas fiscales que tiene el país son resultado de las decisiones del propio Gobierno.Por otro lado, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, dijo que “fabricar la crisis para luego decretarla como “emergencia” es manosear la figura constitucional y gobernar por atajo. La Constitución exige choques súbitos y excepcionales, no errores de gestión”.Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, comentó que “los $16 billones de la ley de financiamiento representan menos del 3 % del presupuesto para 2026. Imposible argumentar que un impacto de esta magnitud pueda perturbar o amenazar, perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, que es lo que exige la Constitución en su artículo 215”.Entretanto, la presidenta de Amcham, Maria Claudia Lacoutur, afirmó que “sí hay fragilidad fiscal. Pero eso no significa que exista un escenario constitucional de “emergencia económica”. No es ideología, son reglas de juego: Constitución, jurisprudencia y datos”.
Un incendio de grandes proporciones se registró desde el mediodía y hasta la tarde de este viernes en una fábrica de pinturas ubicada en la Unidad Industrial Sierra Morena, sobre la carrera 50, en el municipio de La Estrella. La emergencia obligó al cierre total de este corredor vial entre las calles 96 y 98, mientras los organismos de socorro adelantaban labores para controlar las llamas.El alcalde de La Estrella, Mario Gutiérrez, explicó que la situación fue especialmente compleja por el tipo de materiales almacenados en la planta industrial."El incendio se presentó en una fábrica de pinturas. De ahí lo complejo para apagar las llamas, pero ya está controlado en un 95 por ciento”, señaló. Según indicó, se esperaba que en un par de horas se lograra la extinción total del fuego y la posterior reapertura de la carrera 50.El más reciente balance entregado por la administración municipal confirmó afectaciones en viviendas cercanas. “Son seis viviendas las afectadas y cuatro mascotas muertas: tres perros y un gato”, precisó el mandatario. Además, se confirmó que un bombero resultó lesionado durante la atención de la emergencia, aunque su estado de salud no reviste gravedad. No se reportaron personas fallecidas ni civiles heridos.La atención del incendio estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos de La Estrella, con el apoyo de unidades de Caldas, Itagüí, Sabaneta, Medellín y Bello. A estas labores se sumaron la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y la Policía Nacional, que realizaron el acordonamiento de la zona y apoyaron los cierres viales.Sobre el origen de la conflagración, el alcalde indicó que “las causas del incendio ya serán materia de investigación, una vez controladas las llamas”, por lo que se adelantarán las evaluaciones técnicas cuando el área sea segura.Desde la Alcaldía de La Estrella reiteraron el llamado a los conductores para tomar vías alternas y evitar la congestión vehicular mientras se restablece la movilidad en este sector del sur del Valle de Aburrá.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, indicó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, cerca de cuyas aguas su país mantiene un despliegue militar, mientras que su homólogo Nicolás Maduro, sin referirse al republicano, expresó su rechazo a quienes llamó "ambiciosos imperialistas" que buscan "robar" petróleo y otros recursos naturales.Trump, quien esta semana acusó a Venezuela de haber robado "petróleo, tierras y otros activos" a EE.UU., dijo en una entrevista con NBC News difundida este viernes que Maduro, con quien conversó por teléfono en noviembre, "sabe exactamente" y "más que nadie" lo que quiere, aunque el líder republicano se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia es derrocar al chavista.El mandatario estadounidense ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por su país, una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas.Estados Unidos aumentó así la presión sobre el Gobierno de Maduro, al que acusa de liderar el denominado Cartel de los Soles, descrito por Washington como una organización terrorista vinculada al narcotráfico, pero que Caracas considera como un pretexto para buscar un "cambio de régimen".EE.UU. asegura que ha bombardeado a más de 30 lanchas supuestamente cargadas con drogas, lo que ha dejado más de 100 muertos.Entretanto, Maduro encabezó un acto en una zona cercana a Caracas para celebrar el bicentenario del Decreto de Chuquisaca, promulgado por el Libertador Simón Bolívar en 1825, sin mencionar directamente a EE.UU.Sin embargo, insistió en que hay una "barbarie colonialista e imperialista" que está "inspirada en la ambición de robar recursos", una afirmación que ha hecho anteriormente al referirse al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.Además, el líder chavista defendió el socialismo como un modelo que "rechaza la guerra de rapiña y la guerra por petróleo, por oro y por tierras"."Intereses"El Gobierno venezolano también dijo este viernes que espera "disculpas históricas" e "indemnizaciones" por parte de EE.UU., luego de que Trump afirmara que el país suramericano le quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y que los quiere de vuelta.Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, subrayó durante la jornada que el Gobierno de Trump está "protegiendo los intereses" de su nación.El jefe de la diplomacia estadounidense también advirtió este viernes que "no existe nada" que pueda impedir a la Administración de Trump bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados.Su homólogo venezolano, Yván Gil, respondió con un mensaje en Telegram señalando que "todos" los "ataques y 'fake news' (noticias falsas)" de Rubio "buscan robar el petróleo, la tierra, los minerales y los recursos de Venezuela", y lo acusó de profesar "odio" por América Latina.Según Rubio, el jueves pudieron salir cuatro buques petroleros porque sobre estos no pesaban sanciones.Ya Maduro había señalado el miércoles que continuará el comercio "para allá y para acá" de crudo venezolano, pese al anuncio de Trump, y subrayó que "es ilegal (…) pretender impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo".Más sanciones y contactos diplomáticosDurante la jornada, EE.UU. anunció nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno de Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de "narcocorrupción" que supuestamente sostiene al Gobierno venezolano.La medida apunta a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores, y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo de Maduro.En paralelo, este viernes el canciller venezolano informó de contactos telefónicos con sus homólogos de Mali, Sudáfrica, Serbia, Liberia y Nigeria, además del de Bielorrusia, Maksim Ryzhenkov, quien garantizó el "firme respaldo" de su país "y un rechazo categórico a los intentos de bloquear el comercio petrolero venezolano".El martes, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, aseguró que las puertas de su país están abiertas para Maduro.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes, que operaba a través de plataformas de mensajería instantánea y tenía alcance en varios países de América Latina y Europa.La operación se realizó en coordinación con el Centro Cibernético Policial y la Comunidad de Policías de América y es que de acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, la estructura ilegal utilizaba una aplicación de mensajería en la que participaban cerca de 100 personas ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia.A través de ese canal se compartieron más de 1.275 videos y 539 imágenes que evidencian graves vulneraciones contra menores de entre 5 y 10 años.En las diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red e incautaron dispositivos electrónicos que contienen material probatorio relacionado con abusos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de menores de edad.Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y les fue imputado el delito de pornografía con menor de 18 años.Se trata de Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, quienes no aceptaron los cargos y deberán estar recluidos en la cárcel mientras avanza el proceso.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de mantener la detención intramural de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pese a la apelación presentada por sus defensas, dejó a ambos privados de la libertad mientras avanza el proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Es así como Bonilla permanece en el búnker de la Fiscalía en Bogotá y Velasco en una sede de la Dijín en Cali, tras una determinación que, aunque fue inicialmente solicitada como domiciliaria por la Fiscalía, terminó siendo más severa.Desde la defensa del exministro de Hacienda, el abogado penalista Mauricio Pava insistió en que la medida de aseguramiento no puede interpretarse como una condena anticipada. “La decisión de la magistrada es preliminar, precautelativa, no es la imposición de una pena anticipada”, aseguró, al tiempo que recalcó que el eje central del proceso debe ser la presunción de inocencia. Según explicó, una vez el ciudadano entra a los estrados judiciales, “todo lo que se discute legítimamente por fuera, en los medios o en el debate público, queda afuera”.Pava fue enfático en señalar que la discusión de fondo apenas comienza y que las conclusiones de la magistrada responden a una valoración inicial. “Esto se tiene que analizar en el juicio. Para nosotros, los abogados litigantes, la presunción de inocencia es estructural en el debate jurídico”, afirmó, dejando claro que la defensa no comparte la tesis de la Fiscalía según la cual Bonilla habría hecho parte de una organización criminal.Al referirse a los hechos concretos del caso, el abogado sostuvo que existen tres grandes ejes en la investigación y que, a su juicio, ninguno compromete penalmente a su defendido. “El tema de los carrotanques de La Guajira no tiene nada que ver con el profesor Bonilla. El de los maletines, tampoco. Y el tercero es una hipótesis de la Fiscalía que nosotros hemos denominado, de manera prosaica, una tentativa de ‘mermelada’”, explicó. Esa hipótesis, agregó, fue acogida preliminarmente por la magistrada, pero tiene un amplio campo de discusión jurídica.Frente a los delitos imputados —concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos—, Pava precisó que se trata de interpretaciones sobre conversaciones y actuaciones administrativas que deberán ser controvertidas en juicio. “No es que las pruebas hablen por sí solas; lo que existe es la interpretación que cada parte hace de ellas: la Fiscalía, la magistrada, la defensa”, señaló.El abogado también defendió la actuación personal de Bonilla durante el proceso. Recordó que renunció a su cargo y que se comprometió a comparecer ante la justicia como cualquier ciudadano. “Ha encarado este proceso con integridad y dignidad, asistiendo a todas las diligencias y asumiendo las consecuencias de las decisiones judiciales”, dijo.Sobre la sorpresa que generó la decisión de enviarlo a la cárcel, pese a que la Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado detención domiciliaria, Pava aseguró que no le resultó inesperada. “Llevo 30 años en el ejercicio profesional y he visto posiciones muy estrictas de los jueces. No estamos de acuerdo, por eso recurrimos, pero no me sorprendió”, afirmó.
La JEP condenó al coronel en retiro Hernán Mejía a 20 años de prisión por 72 casos de falsos positivos que se dieron mientras él comando el Batallón La Popa con sede en Valledupar.“Declarar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutierrez penalmente responsable por los hechos ocurridos mientras se desempeñaba como comandante del Batallón de Artilleria La Popa No 2 de Valledupar como coautor de los delitos que se cometieron en el marco de la primera modalidad del patron de macrocriminalidad consistente en una alianza entre el ilegal aparato organizado de poder bajo su mando con el Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia”, señala la JEP.Las conductas punibles que cometió Mejia, según la JEP, son homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desaparición forzada, entre otros.El coronel en retiro Hernán Mejía deberá cumplir una pena de 20 años de prisión y no se le concederá prisión domiciliaria ni medidas alternativas.Es importante recordar que Mejia ha negado su responsabilidad en estos casos de falsos positivos y tuvo que enfrentar un juicio en la JEP.Esta es la primera condena de la JEP en la que un compareciente enfrenta la cárcel.
La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a José Eduardo Chalá, un taxista que, en estado de embriaguez, atropelló a 11 personas el pasado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas indican que el conductor se movilizaba a exceso de velocidad y presentaba grado tres de alcoholemia, condición certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estas circunstancias, según el ente acusador habrían provocado que perdiera el control del vehículo y embistiera a un grupo de peatones.El taxista fue capturado en flagrancia y judicializado inicialmente por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, cargos que aceptó en su momento.Esta nueva imputación se da luego de que el 11 de noviembre, una de las víctimas, menor de 15 años, falleciera debido a la gravedad de las lesiones.José Eduardo Chala seguirá en la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por este caso que generó gran indignación.Las inspecciones realizadas en el sitio del accidente y los elementos probatorios recolectados mostraron que el conductor perdió el control del vehículo debido a su estado de embriaguez, impactó a varios peatones que se encontraban en una esquina y terminó colisionando contra la fachada de una vivienda.
El exministro del Interior Luis Velasco fue reseñado por las autoridades en Cali luego de presentarse voluntariamente para cumplir la orden de captura en su contra, esto en medio del proceso judicial que se adelanta por el presunto direccionamiento irregular de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La diligencia se realizó tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.Esta es la foto de reseña del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco:La misma determinación cobija al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en una investigación que busca esclarecer la presunta existencia de una estructura organizada para manipular procesos contractuales al interior de la UNGRD.La decisión fue adoptada por la magistrada Alexandra Rosero, quien se apartó de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que había pedido la imposición de una medida de detención domiciliaria. En su análisis jurídico, el Tribunal concluyó que la gravedad de los hechos investigados y los riesgos advertidos para el proceso hacen necesaria una medida de carácter intramural.En el auto judicial, la magistrada ordenó librar órdenes de captura contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla para hacer efectiva la medida de aseguramiento. Asimismo, dispuso que, una vez se materialicen las capturas, se comunique la decisión a las autoridades competentes para que los imputados sean puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal se encuentra la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, características —según indicó— de estructuras criminales que operan desde altos niveles de poder bajo esquemas de aparente legalidad.Finalmente, el Tribunal sostuvo que la gravedad concreta de los hechos, la posición atribuida a los procesados dentro del entramado investigado, la persistencia de actores no judicializados, la existencia de vinculados evadidos y la incertidumbre sobre la totalidad de la presunta organización criminal imponen la necesidad de una medida de aseguramiento intramural como la única compatible con los fines constitucionales de protección de la comunidad y preservación del orden institucional.
En la noche de este jueves, 18 de diciembre, se registró la captura conta el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, señalado de estar vinculado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Blu Radio captó el momento en el que es capturado en plena audiencia el exministro de Hacienda tras la orden de una magistrada por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la entidad.Después de ser capturado, Bonilla fue trasladado al búnker de la Fiscalía donde seguirá su proceso judicial. Ante esto, la defensa del exministro recalcó que apelarán la orden de captura."Es una decisión que está sometida a un recurso de apelación y allí terminan de definir que al profesor Bonilla lo protege la presunción de inocencia y la presunción de inocencia implica que sea tratado así hasta una sentencia después de un juicio”, dijo el abogado.Petro defendió a Bonilla antes de capturaEl presidente Gustavo Petro defendió públicamente a su exministro Bonilla luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara prisión preventiva por el escándalo de corrupción en la UNGRD. A través de un mensaje en X, el mandatario aseguró que, según su conciencia, Bonilla es inocente y destacó su trayectoria académica como economista y profesor.En su pronunciamiento, Petro afirmó que Bonilla ha sido víctima de extorsión y que se le ha convertido en un “chivo expiatorio”. Además, atribuyó su situación judicial a una supuesta ingenuidad política, al señalar que el exministro se apoyó en sectores de la oposición uribista durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda.El jefe de Estado también sostuvo que fue su Gobierno el que frenó los intentos de tráfico de influencias en la UNGRD, recordando que se tomó la decisión de sacar al entonces director de la entidad, Olmedo López, tras detectarse hechos de corrupción. Según Petro, estas acciones evidencian que no hubo tolerancia frente a prácticas irregulares dentro de su administración.La medida judicial también cobijó al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quienes la magistrada señaló como presuntos líderes de una organización criminal que habría desviado recursos públicos entre 2023 y 2024 para comprar apoyos legislativos. Ambos se convierten en los exfuncionarios de más alto rango del Gobierno Petro enviados a prisión por este caso, que ya había salpicado a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, tras revelaciones del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla.
Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de la magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, quien impuso la medida de aseguramiento en contra de los exjefes de las carteras de Hacienda y del Interior, investigados por su presunta participación en el desfalco a la UNGRD. El mandatario defendió a Ricardo Bonilla, asegurando que conoce su trayectoria.“Yo conozco a Bonilla porque es un profesor de universidad, lo conocemos, y sé de su doctorado en economía y de su obsesión por la teoría económica. Sé también que es ingenuo, le advertí muchas veces eso, ojo la extorsión, pero la extorsión no proviene del extorsionado sino del extorsionista, pero no me meto en eso porque es tema de la investigación”, dijo.El mandatario no mencionó a Velasco en su intervención y advirtió que cualquier funcionario corrupto saldría del Gobierno. Cabe mencionar que el escándalo de corrupción de la UNGRD salpicó a los funcionarios más cercanos al jefe de Estado. Por un lado, Carlos Ramón González, señalado de ser el cerebro de este entramado de corrupción y quien hoy está prófugo de la justicia en Nicaragua. Por otro lado, Sandra Ortiz, consejera para las regiones; los dos ministros del Gobierno Petro, y Olmedo López, quien fue director de la entidad.Por otro, menos cercano, los congresistas Andrés Calle e Iván Name, quienes habrían recibido dineros a cambio de apoyar las reformas en el Legislativo.
Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada por las autoridades colombianas de envenenar con talio a dos menores en Bogotá, intenta ahora evitar ser procesada judicialmente argumentando presuntos problemas de salud mental, según confirmaron fuentes oficiales en el Reino Unido. La mujer se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas en Londres, luego de ser rescatada del río Támesis tras un aparente intento de suicidio.El episodio ocurrió en la mañana del martes 16 de diciembre, en inmediaciones del puente Battersea, al occidente de la capital británica. De acuerdo con los reportes policiales, la alerta se activó a las 06:45 a. m., cuando se recibió una llamada de emergencia advirtiendo que una mujer estaba en riesgo de lanzarse al río.Según pudo establecer Blu Radio, la llamada habría sido realizada por la propia Guzmán, quien informó a las autoridades que planeaba arrojarse al agua. Esa comunicación se habría dado porque la mujer ya sabía de la existencia de una circular roja de Interpol en su contra y que su captura era inminente.Minutos después del aviso, unidades de la Policía Marina del Reino Unido lograron ubicarla, rescatarla del agua y trasladarla a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Tras el procedimiento, quedó bajo custodia mientras se evalúa su estado de salud física y mental.La ubicación de la mujer fue el resultado de un extenso rastreo internacional. Para dar con su paradero, Interpol tuvo que realizar verificaciones en al menos 12 países. En su recorrido, Castro Guzmán estuvo inicialmente en Argentina, luego se desplazó a Brasil, posteriormente a España y finalmente llegó al Reino Unido, donde fue localizada.De acuerdo con las autoridades, la mujer ingresó al Reino Unido el pasado 11 de noviembre y desde entonces era buscada activamente por la Agencia Nacional del Crimen, en atención a la circular roja emitida en su contra por las autoridades colombianas.Mientras se define su situación médica y jurídica en territorio británico, las autoridades colombianas mantienen activos los canales de cooperación judicial, a la espera de que se resuelva si Guzmán Castro será procesada, extraditada o sometida a evaluaciones psiquiátricas que puedan incidir en su responsabilidad penal.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la identificación de una quinta víctima en La Escombrera, al cumplirse un año de los primeros hallazgos que revelaron el uso de este lugar como fosa común en la Comuna 13 de Medellín. Se trata de una niña de 17 años desaparecida por paramilitares del Bloque Cacique Nutibara el 24 de agosto de 2002, cuyo cuerpo fue hallado por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) el pasado 15 de julio y plenamente identificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal.Con esta identificación, ya son siete los cuerpos exhumados en el sitio desde 2024, de los cuales cinco han sido identificados y cuatro entregados de manera digna a sus familias. Estos avances confirman la relevancia de La Escombrera como lugar clave para el esclarecimiento de casos de desaparición forzada en la Comuna 13, donde las víctimas y sus organizaciones han denunciado durante años la existencia de fosas comunes utilizadas en el contexto del conflicto armado.Durante 2025, la JEP mantuvo activa la intervención judicial en La Escombrera bajo las medidas cautelares vigentes, con el apoyo logístico y financiero de la Alcaldía de Medellín. Gracias a esta articulación institucional, se amplió el área de excavación y se reforzaron las capacidades técnicas del GATEF, lo que permitió avanzar en las labores forenses, fortalecer los procesos de identificación y brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias de las víctimas.La continuidad de esta búsqueda depende ahora del cumplimiento del Auto AI-48 de 2025, que vinculó a los ministerios de Hacienda y del Interior para garantizar la sostenibilidad financiera e institucional de la intervención. La JEP resaltó que contar con recursos estables, maquinaria y personal especializado será determinante para continuar con las excavaciones durante 2026 y consolidar los resultados obtenidos este año.Asimismo, la Jurisdicción recordó que en mayo de 2025 se ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en coordinación con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, diseñar un proceso de memoria y reparación simbólica en La Escombrera. Esta propuesta, ya presentada y actualmente en revisión, busca honrar a las víctimas y convertir el sitio en un espacio de memoria y reconocimiento.La intervención del GATEF en La Escombrera hace parte del Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en alianza con grupos paramilitares. Estos esfuerzos judiciales y forenses contribuyen al esclarecimiento de la verdad, a la reconstrucción de los hechos y al reconocimiento de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado en Medellín.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema De Justicia tomó la decisión de no imponer medidas de aseguramiento, es decir, no enviar a la cárcel al ministro del interior Armando Benedetti por enriquecimiento ilícito y lavado de activo.s este es uno de los 7 procesos que tiene el alto tribunal contra el jefe de la cartera política.Este proceso sobre la más reciente decisión tiene que ver con la compra de un inmueble en la urbanización Prado Mar, en Puerto Colombia Atlántico, que fue adquirida por la esposa del ministro del interior Adelina Guerrero.La investigación contra el hoy ministro del interior sigue viva por estos dos delitos la ponencia que votaron los magistrados de la Sala de Instrucción, venía de parte del magistrado César Reyes quién es el presidente de la sala y que quedó a cargo de este proceso, luego de una recusación contra la magistrada Cristina Lombana.La decisión de la Sala de Instrucción de no imponer una medida aseguramiento contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, tiene como argumento que no existe un riesgo de obstrucción a la justicia.Los otros procesos de Benedetti en la CorteEn total son seis los procesos contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros hechos.De esos seis, 4 están a cargo de la magistrada Cristina Lombana, quien ordenó el allanamiento de una de las casas en Barranquilla de Benedetti, lo que generó todo un caos. Otros casos tienen que ver con Fonade que ya está en etapa de juicio en la Sala de Primera Instancia de la Corte.
El Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, dentro del proceso judicial que se adelanta por el presunto direccionamiento irregular de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.La decisión fue adoptada por la magistrada Alexandra Rosero, quien se apartó de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que había pedido detención domiciliaria. En su análisis, el Tribunal concluyó que la gravedad de los hechos y los riesgos advertidos hacen necesaria una medida de carácter intramural.La magistrada ordenó librar órdenes de captura contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla para hacer efectiva la medida de aseguramiento. Asimismo, dispuso que, una vez se materialicen las capturas, se comunique la decisión a las autoridades competentes para que los imputados sean puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, entidad que definirá el establecimiento de reclusión correspondiente, garantizando la verificación, custodia y el respeto de sus derechos fundamentales.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal se encuentra la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.Rosero sostuvo que la gravedad concreta de los hechos, la posición atribuida a los procesados dentro del entramado investigado, la persistencia de actores no judicializados, la existencia de vinculados evadidos y la incertidumbre sobre la totalidad de la organización criminal imponen la necesidad de una medida de aseguramiento intramural como la única compatible con los fines constitucionales de protección de la comunidad y preservación del orden institucional.Durante la audiencia, también se reiteró la importancia de imponer oportunamente una medida restrictiva de la libertad, haciendo referencia a antecedentes como la fuga y posterior asilo en Nicaragua de Carlos Ramón González. Este argumento fue cuestionado por las defensas, que advirtieron que no deben utilizarse situaciones de terceros para influir en la valoración individual de los procesados.Al explicar el peligro que representan los hechos investigados, la magistrada señaló que el riesgo para la comunidad no se limita a la eventual reiteración inmediata de las conductas, sino al impacto institucional que genera la normalización de prácticas corruptas cuando se producen desde cargos de alta jerarquía y con capacidad de influencia estructural. En su criterio, la afectación es sistemática y trasciende los casos individuales.El Tribunal concluyó que, con el estándar probatorio propio de esta etapa procesal, existen elementos suficientes para inferir la existencia de un acuerdo criminal con vocación de permanencia. Según la magistrada, las actuaciones analizadas permiten sostener que no se trató de hechos aislados, sino de una concertación organizada orientada a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública.“La evidencia permite inferir que ese cónclave constituye un acto donde se expresó la concertación ya existente”, afirmó Rosero, al sostener que dicho encuentro refuerza la conclusión preliminar sobre la existencia de un acuerdo criminal organizado.La decisión también abordó la presunta injerencia indebida de los exministros en el trámite legislativo. Para el Tribunal, los elementos recaudados evidencian una normalización del intercambio ilícito de favores como mecanismo para asegurar mayorías parlamentarias y estabilidad política, una práctica que, según se indicó, vulnera los principios de separación de poderes, legalidad y moralidad administrativa.Finalmente, la magistrada cuestionó el manejo de los recursos públicos, al advertir que la contratación estatal habría sido utilizada como instrumento de presión política, materializada en documentos informales y cuadros en formato Excel, incompatibles con los estándares de planeación, transparencia y legalidad que deben regir la gestión de la hacienda pública.
Este jueves 18 de diciembre se conoció una imagen que mostraría el momento en el que Zulma Guzmán, empresaria colombiana y principal sospechosa del caso de envenenamiento con frambuesas en Bogotá, ingresó al Reino Unido el pasado 11 de noviembre. De acuerdo con la información disponible, Guzmán logró entrar al país europeo en medio de un operativo de búsqueda internacional solicitado por Colombia. Desde entonces, las autoridades británicas mantenían labores de seguimiento tras la notificación emitida por Interpol Colombia y la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la investigación que la señala por un grave hecho ocurrido en la capital del país. La fotografía corresponde a su llegada a territorio británico, semanas antes de que fuera ubicada por las autoridades, y mientras continúa bajo atención médica en un centro hospitalario de Londres. La empresaria fue noticia nuevamente luego de que, en la madrugada del martes 16 de diciembre, fuera rescatada del río Támesis, cerca del puente de Battersea, al suroeste de Londres. Según reportes de medios locales, la Policía Metropolitana recibió una llamada de emergencia hacia las 06:45 de la mañana, alertando sobre una mujer que se encontraba en peligro. Minutos después, la Unidad Policial Marítima logró sacarla del agua y trasladarla a un hospital. Las autoridades indicaron que presentaba lesiones que no ponían en riesgo su vida. La fotografía corresponde a su llegada a territorio británico, semanas antes de que fuera ubicada por las autoridades, y mientras continúa bajo atención médica en un centro hospitalario de Londres.Versiones publicadas en el Reino Unido señalan que la mujer auxiliada corresponde a Zulma Guzmán, quien habría permanecido en el país pese a la orden de arresto emitida en su contra a comienzos de diciembre. Su ubicación se habría confirmado días después de una entrevista virtual concedida por la propia empresaria.En dicho diálogo, Guzmán cuestionó el actuar de la justicia colombiana y aseguró ser víctima de una estrategia para afectar su imagen antes de enfrentar un proceso judicial. No obstante, durante la transmisión se habría producido un detalle clave: consumió agua de una botella de la marca Buxton, un producto que solo se comercializa en el Reino Unido. Este elemento habría despertado sospechas y contribuido a confirmar su presencia en ese país.Zulma Guzmán está acusada del asesinato de las menores Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, quienes fallecieron en abril de este año en Bogotá tras ingerir frambuesas presuntamente contaminadas con talio, un metal altamente tóxico. La empresaria ha negado de forma reiterada cualquier responsabilidad en los hechos, mientras el proceso judicial en su contra continúa avanzando con cooperación internacional.
Luego de que la jueza Vivian Polanía fuera encontrada muerta en la noche de este miércoles en su apartamento en Cúcuta, se han ido conociendo diversos detalles alrededor del mencionado caso, a la par que avanzan las investigaciones de las autoridades para determinar qué fue lo que sucedió con la vida de la mujer.En medio de esas investigaciones, se ha conocido que, además de que el cuerpo de su hija fue hallado cerca de ella, en el apartamento habían 26 papeletas de cocaína, al parecer, pertenecientes a Polania. Además, según contó Néstor Morales en Mañanas Blu, desde la Fiscalía indicaron que hay denuncias de la propia Vivian Polanía -cuyo cadáver fue encontrado sin signos de violencia- por mlatrato intrafamiliar contra el padre de su hijo, con quien entonces, al parecer, mantenía una mala relación.Cabe recordar que, horas antes, se conoció también que uno de los últimos contactos que tuvo la juez con alguien más fue, vía telefónica, con un integrante de su esquema de seguridad, como relató el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta, en Mañanas Blu: ""Antenoche a las 8 de la noche se comunicó por última vez con su esquema de seguridad, eso lo dijeron en entrevista.", señaló el oficial. El coronel Ojeda también resaltó que, mientras continúa avanzando la investigación por la muerte de la juez, desde la Policía se realizó el restablecimiento de derechos de la menor: "Ayer salvaguardamos la vida de la menor de edad, creemos que llevaba más de 12 horas sin recibir alimento y presentaba grado de deshidratación, pero ya está estable", informó, agregando que "será entregado al ICBF para que entregue el menor a las personas que corresponda", pues "esos son los protocolos".
La Fiscalía General imputó este 17 de diciembre a dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa y a un coronel del Ejército Nacional por su presunta participación en graves irregularidades detectadas en un contrato millonario para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17, una de las flotas estratégicas de la fuerza pública.Los procesados son el exsecretario general del Ministerio de Defensa Hugo Alejandro Mora Tamayo, el exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera Diego Alejandro Manrique Cabezas y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional.¿Cómo amañaron el contrato?Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso expuso que entre septiembre y octubre de 2024 los tres hombres habrían participado en un entramado que corrupción en el que se otorgó un contrato por cerca de 32 millones de dólares, destinado al mantenimiento de los helicópteros MI-17.“Carlos Martín Forero, representante de la empresa MI-Series Perssonel & Parts, en asocio con James Lester Montgomerie, ciudadano estadounidense, lograron cohesionar a varios servidores públicos del Ministerio de Defensa con el fin de que direccionaran el proceso contractual que se debía tramitar para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional”, señaló el fiscal.En este proceso, el coronel Rincón Ricaurte, quien fungía como gerente del proyecto, habría refrendado prórrogas injustificadas para la presentación de cotizaciones, participado de forma indebida en la etapa precontractual y certificado, sin respaldo técnico, que la empresa Vertol Systems Company sí contaba con la experiencia e idoneidad necesarias para ejecutar el contrato, a pesar de que el comité evaluador había descartado a ese oferente.Ricaurte también es señalado de intervenir para modificar los estudios financieros del proceso y avalar condiciones que impidieron verificar la real capacidad económica del contratista, lo que terminó afectando los mecanismos de control y selección objetiva.En el caso de Diego Alejandro Manrique, la Fiscalía indicó que presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo y cambió los requisitos financieros habilitantes. Esto permitió que se aprobara una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente en contratación estatal.El tercer implicado, Hugo Alejandro Mora, habría firmado el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año, pese a conocer las irregularidades del proceso y la falta de cumplimiento de los requisitos legales.“A pesar de que tenía conocimiento de que el documento mediante el cual se habilitaba la propuesta no era legal y que el contratista no cumplía con los requisitos habilitantes de experiencia, capacidad económica y jurídica ante la ausencia un poder de representación en Colombia, y de que el representante de Vertol Systems, James Lester Montgomerie, no estaba en el país en ese momento, procedió a suscribir el contrato”, argumentó el fiscal.Mora también habría autorizado una modificación en la forma de pago que permitió un anticipo del 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.Dicho anticipo fue desembolsado el 15 de abril de 2025, pese a que el contrato no podía ejecutarse debido a los incumplimientos del proveedor. Según la Fiscalía, del valor total del contrato solo se ejecutaron actividades por cerca de 2,6 millones de dólares, sin que hasta la fecha se haya reintegrado al Ministerio de Defensa el saldo restante, superior a 13 millones de dólares, tras la declaratoria formal de incumplimiento.Durante la audiencia, la Fiscalía imputó a los tres investigados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, delitos como falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública, fraude procesal y peculado por apropiación.Ninguno de los cargos fue aceptado por Rincón, Mora ni Manrique y la audiencia deberá continuar el próximo viernes, 19 de diciembre, para que la Fiscalía exponga la acusación de estos delitos y aporte las pruebas necesarias.