El asesinato de Harold Aroca, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, avanza con la judicialización de dos presuntos responsables y nuevas revelaciones en el proceso investigativo.El cuerpo del menor fue hallado cuatro días después, el 9 de agosto, en una zona boscosa del sur de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, presentaba cuatro impactos de bala y múltiples quemaduras, por lo que el hecho fue tipificado como homicidio con sevicia.En el marco de la investigación, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de Anderson Santiago Pedraza y Haizak Karol Chara. Este último fue enviado recientemente a centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes para inferir su participación en los hechos.De acuerdo con el ente acusador, los imputados enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas, mientras continúa la recolección de pruebas para esclarecer plenamente lo ocurrido.Uno de los testigos del crimen, quien aseguró conocer a los presuntos homicidas, afirmó durante el proceso: “Los conozco muy bien porque yo los vi crecer. Son varios, hay menores y mayores. También sé que le dejaron una nota que decía ‘por sapo’”.Gracias al material audiovisual, el testigo logró identificar a los hombres y reveló detalles sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco”, añadió.Las autoridades indicaron que el material probatorio, que incluye videos de cámaras de seguridad, testimonios y análisis de inteligencia, permitió establecer que el menor habría sido interceptado por varios hombres, quienes lo habrían retenido para interrogarlo por presuntos señalamientos relacionados con una estructura criminal.Cabe recordar que, semanas atrás, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el crimen como un “fracaso colectivo” y reiteró que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia que involucren a menores de edad. Entre tanto, la Fiscalía mantiene activa una burbuja investigativa con apoyo del Gaula, la Sijín y el Sipol, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres personas señaladas de participar en el secuestro y robo de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín. La decisión se tomó por solicitud de la Fiscalía, tras valorar el material probatorio recaudado durante la investigación.Los procesados fueron identificados como Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y una mujer identificada como Karla, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno de los tres aceptó los cargos imputados por el ente acusador.De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en la noche del 20 de diciembre, cuando la víctima, un conductor de una plataforma de transporte digital, aceptó un servicio solicitado desde el barrio El Poblado, en Medellín, con destino al municipio de Envigado.El conductor recogió a una mujer trans y, una vez llegó al punto de destino, fue interceptado por dos hombres que, al parecer, lo intimidaron con un arma de fuego. Según la investigación, en ese momento los presuntos delincuentes lo obligaron a entregar su vehículo y su teléfono celular, además de forzarlo a realizar transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias.Tras el asalto inicial, el conductor habría sido subido a un taxi con la cabeza cubierta. El recorrido terminó en una zona rural del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, el conductor fue golpeado y obligado a caminar descalzo.Además, los presuntos responsables le exigieron realizar una llamada a su madre para pedir dinero a cambio de su liberación, lo que configuraría el delito de secuestro extorsivo.Horas después, los presuntos secuestradores notaron la presencia de una patrulla de la Policía en el sector. Ante esta situación, se dispersaron, lo que permitió que el conductor aprovechara el momento para huir y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.Minutos más tarde fueron capturados Tamayo Cano, Rúa Segura y otra persona vinculada al caso. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el taxi que presuntamente habría sido utilizado para cometer el secuestro.Los tres implicados fueron enviados a la cárcel, acusados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, mientras avanza el proceso en su contra.
La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela presentada por la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, con la que buscaba frenar su proceso de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.En el fallo, el alto tribunal fue claro al señalar que la solicitud no cumplía los requisitos para ser estudiada por vía de tutela, al considerar que el trámite de extradición aún no ha finalizado y existen otros mecanismos judiciales para controvertir las decisiones adoptadas.“La Corte anuncia el fracaso del resguardo por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza esta excepcional justicia”, señala la decisión advirtiendo que la tutela no puede utilizarse como una instancia paralela para invalidar actuaciones en curso.Alias ‘Pipe Tuluá’ pretendía que se dejara sin efectos el concepto favorable de extradición emitido por la Sala de Casación Penal el 12 de noviembre de 2025, alegando presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales. No obstante, el fallo recuerda que, con base en ese concepto, el Gobierno nacional concedió la extradición mediante Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, decisión que fue notificada el 12 de diciembre.“En la diligencia de notificación, se informa tanto al ciudadano requerido como a su defensora que, contra la decisión del Gobierno nacional, procede el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo es dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación. En virtud de lo anterior, es preciso resaltar que, en la actualidad, la decisión no se encuentra firme”, señaló la Corte.El tribunal enfatizó que cualquier inconformidad debe plantearse ante la jurisdicción contencioso administrativa, y no mediante tutela, al advertir que “resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional”, pues este “no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden”.Finalmente, la Corte reiteró que la acción de tutela no puede suplantar al juez natural ni a las autoridades competentes, y concluyó que no se puede adjudicar competencias para resolver acciones sobre una cuestión que debe ser abordada por las vías legalmente establecidas, razón por la cual negó todas las pretensiones del señalado criminal.
La Defensoría del Pueblo reveló que entre enero y noviembre de 2025 se registraron en Colombia 13.832 delitos sexuales y 12.873 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, cifras que, aunque representan una ligera reducción frente al año anterior, muestran la magnitud de las violencias basadas en género en el país.En materia de feminicidios, se contabilizaron 111 casos y 297 tentativas, mientras que en 2024 la cifra había sido de 171 y 391, respectivamente. A pesar de la reducción, la entidad advierte que la violencia letal contra las mujeres continúa concentrándose en departamentos como Caquetá, Amazonas y Casanare, con las tasas más altas por cada 100.000 habitantes. Los transfeminicidios aumentaron de 20 a 26 casos, lo que evidencia la persistente vulnerabilidad de las personas trans.Los delitos sexuales mantienen las cifras más altas entre las violencias de género. De los 13.832 casos, más del 55% corresponde a niñas y adolescentes, especialmente en regiones como Vaupés, Guaviare y Guainía, que presentan tasas superiores a 240 casos por cada 100 mil mujeres.La violencia intrafamiliar también disminuyó frente a 2024 (16.947 casos), pero sigue siendo una de las agresiones más frecuentes. Los departamentos de Guaviare, Boyacá y Vaupés encabezan la lista de los territorios con mayores índices. La mayoría de las víctimas son mujeres mayores de edad, aunque se registran casi 2.000 niñas y adolescentes afectadas.Por su parte, la explotación sexual de menores pasó de 211 casos en 2024 a 129 en 2025, y la trata de personas disminuyó de 209 a 175 casos. En este último delito, la incidencia más alta se reporta en Norte de Santander, Meta y Putumayo, zonas fronterizas donde la vulnerabilidad de las mujeres se agrava por la presencia de economías ilegales y el control de actores armados.En conjunto, las cifras confirman que, aunque los casos muestran una leve reducción, las violencias contra las mujeres siguen concentradas en regiones con débil institucionalidad y alta conflictividad social.La Defensoría del Pueblo pidió fortalecer las estrategias de prevención, atención y protección para evitar que estas estadísticas sigan normalizando una crisis que afecta a miles de mujeres en todo el país.
El Polo Democrático se pronunció, por medio de un comunicado, sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno en los últimos días. Este partido asegura que la medida es constitucional, pues cumple con los criterios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad.Además, señala que la emergencia se origina por el desfinanciamiento del Presupuesto de 2026.“Esta falta de recursos pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales. Por ello, solicitamos a la Corte avalar la declaratoria y reafirmamos que el Gobierno no trasladará el ajuste fiscal a la ciudadanía”, señala el comunicado del Polo.Es importante recordar que la Corte Constitucional solo estudiará el decreto de la emergencia económica hasta el 13 de enero, cuando termina la vacancia judicial.
A pocos días de despedir el año, muchas familias colombianas comienzan a definir el menú de la cena de Fin de Año, buscando opciones sabrosas y económicas. Por eso, Tiendas D1 vuelve a captar la atención con una propuesta que combina tradición, variedad y precios bajos, al ofrecer tres tipos de carne ideales para compartir en familia por menos de 11.000 pesos cada una.Precios, detalles y presentaciónSegún la información difundida a través de su página web, la cadena de descuento puso a disposición el ensueño de cerdo Viandé de 300 gramos, con un precio de 9.990 pesos, lo que representa un costo aproximado de 33,3 pesos por gramo. Esta opción se presenta como una alternativa clásica para la mesa de celebración, destacada por su sabor y fácil preparación, pensada para quienes desean mantener la tradición sin afectar el presupuesto.A esta oferta se suma el ensueño de pollo Viandé, también en presentación de 300 gramos, que mantiene el mismo valor de 9.990 pesos y un precio por gramo similar. El pollo, por su versatilidad, se convierte en una opción atractiva para acompañar con diferentes guarniciones, permitiendo adaptar la cena a los gustos de todos los integrantes del hogar.La tercera alternativa es el ensueño de pavo Viandé de 300 gramos, disponible por 10.950 pesos, con un costo aproximado de 36,5 pesos por gramo. Aunque es el producto de mayor precio entre los tres, sigue ubicándose por debajo del umbral de los 11.000 pesos, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes no quieren dejar por fuera uno de los protagonistas tradicionales de las celebraciones de fin de año.Con estas tres carnes, D1 apuesta por facilitar una cena de Fin de Año completa, variada y al alcance del bolsillo. Además, es fácil de manejar y las personas no tendrán que desgastarse tanto tiempo en la cocina para tener un delicioso plato en sus mesas.Así las familias podrán compartir una mesa especial para cerrar el año sin sacrificar calidad ni sabor.
La inseguridad en Colombia mantiene cifras críticas al cierre de 2025. Según el reporte más reciente de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se registraron más de 23.800 hurtos a residencias y 23.700 a establecimientos comerciales. Ante este panorama, la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) lanzó un llamado urgente a los ciudadanos para extremar las medidas de prevención durante la temporada de fin de año.Las festividades se han convertido en el escenario predilecto para la delincuencia, que aprovecha el abandono temporal de hogares por viajes y el aumento del flujo de efectivo en zonas comerciales y entidades financieras. De hecho, el informe detalla que este año ya se contabilizan 50 robos a bancos en el territorio nacional, lo que obliga a reforzar la vigilancia en puntos estratégicos.Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, enfatizó en la necesidad de integrar herramientas tecnológicas para mitigar el riesgo: “Sin duda, en estos tiempos es clave tomar conciencia y reforzar las medidas de seguridad con alarmas, cámaras y drones. La seguridad debe hacerse presente en esta época navideña”.Para evitar ser víctima de los delincuentes, el gremio recomienda no dejar las viviendas solas sin previa coordinación con familiares de confianza o empresas de monitoreo. Además de reforzar físicamente puertas, ventanas y cerraduras, se aconseja el uso de cámaras conectadas a aplicaciones móviles que permitan una reacción inmediata ante cualquier actividad sospechosa.En el sector comercial e industrial, la recomendación apunta a la contratación de servicios ocasionales de vigilancia especializada para cubrir el aumento de demanda en bancos y aeropuertos, donde la prevención y la corresponsabilidad ciudadana son la única barrera efectiva contra la inseguridad en Navidad.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 26 de diciembre de 2025:En Cúcuta, las autoridades empezaron a tomar medidas ante los desplazamientos a la ciudadanía por los distintos enfrentamientos entre grupos armados.En el Congreso de la República se aprobó el debate de control político a la declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno.El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el gobierno nadie está cuestionando el rol del Congreso de la República, en medio de la tensión por el decreto de emergencia económica.Tras el incendio en el reconocido mercado de bazurto en Cartagena, autoridades entregaron el balance de pérdidas e investigan quiénes serían los responsables de este hecho.En lo corrido de diciembre, la cifra de quemados por pólvora ya supera las 820 víctimas.En el Valle del Cauca, tras las emergencias por lluvias registradas en los últimos días, se reporta una víctima fatal en la ciudad de Buga.Escuche el programa completo aquí:
Aunque en Bucaramanga y el área metropolitana no se registraron muertes violentas durante la celebración de Navidad, la jornada se vio empañada por una racha de accidentes de tránsito que cobraron la vida de tres personas, además de otras cuatro que quedaron heridas.El primer caso ocurrió en el kilómetro 30 de la vía San Gil – Mogotes donde falleció Carlos Daniel Arias Prada, de 19 años, luego de perder el control de su motocicleta y chocar contra un poste.Otro de los hechos se registró en la vía Bucaramanga – Girón, a la altura de la entrada al barrio Bucaramanga. La víctima fue Jonatan Castañeda Gamboa, de 24 años, quien se movilizaba en una motocicleta cuando perdió el control del vehículo y chocó con el separador vial. El joven salió expulsado y murió en el lugar debido a un trauma craneoencefálico severo.El tercer fallecimiento se presentó en el municipio de Piedecuesta, en la autopista nacional frente a la Escuela Normal Superior. Allí murió Orlando Guerrero Hernández, de 91 años, cuando intentaba cruzar la vía y fue arrollado por una motocicleta. Dos personas más resultaron heridas en este hecho.Las autoridades locales informaron que se realizarán controles en los municipios del área metropolitana para que los conductores tomen conciencia y adopten el manejo defensivo.De igual forma, se mantendrán los 11 puestos de control sobre los 5 corredores viales del departamento, con controles a la velocidad, embriaguez, maniobras peligrosas y sensibilización a los conductores.El mayor Carlos Ernesto Vergara Vélez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander, hizo un llamado a “respetar las normas de tránsito, conducir con prudencia y acatar las recomendaciones de los oficiales de la Policía, con el fin de prevenir siniestros viales y así evitar tragedias durante las festividades de fin de año”.
La senadora Paloma Valencia y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, presentaron una acción de tutela contra el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. La acción judicial solicita la suspensión inmediata de los efectos del decreto mientras la Corte Constitucional ejerce el control automático de constitucionalidad.Según la tutela, la medida fue expedida durante la vacancia judicial de la Corte Constitucional, lo que permitiría que el decreto produzca efectos sin control oportuno, especialmente en materia tributaria. Los accionantes advierten que de mantenerse vigente el decreto, hay un grave riesgo de afectación al orden constitucional, fiscal y democrático, al habilitar al Ejecutivo para imponer o modificar tributos por decreto antes del cierre del año fiscal.La tutela solicita además que se ordene al Ministerio de Hacienda y a la Dian abstenerse de imponer, liquidar o recaudar nuevos impuestos derivados del decreto, hasta que exista un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad. De acuerdo con el documento, la supuesta emergencia no responde a hechos nuevos, imprevisibles o sobrevinientes, sino a problemas estructurales previamente conocidos.En el documento, Valencia y Vallejo señalan que con la emergencia se reemplaza la competencia constitucional del Congreso en materia tributaria y vulnera derechos fundamentales como la participación democrática, el debido proceso, la seguridad jurídica y el ejercicio pleno de las funciones de los congresistas. Por ello, pide su suspensión provisional hasta que la Corte Constitucional retome funciones y realice el control correspondiente.
El proceso judicial por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, ocurrido durante la noche de Halloween en el sector de Chapinero, en Bogotá, tomó un nuevo rumbo hace unas semanas.Las autoridades centran ahora su atención en Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, ciudadana extranjera identificada como la mujer que vestía un disfraz azul la noche de los hechos y quien, según la Fiscalía y la representación de las víctimas, habría tenido un papel determinante en el ataque que terminó con la vida del joven universitario.De acuerdo con el análisis de cámaras de seguridad incorporadas a la investigación, Fernández Sulbarán estuvo presente en los momentos previos a la agresión y presuntamente señaló a la víctima ante los atacantes, acción que, para los investigadores, habría desencadenado la golpiza. Aunque no habría participado de manera directa en el ataque, la Fiscalía sostiene que su conducta podría configurar una instigación o determinación del homicidio.Cabe recordar que inicialmente la mujer fue dejada en libertad. No obstante, el pasado 3 de diciembre, un juez emitió una orden de captura en su contra, luego de que los abogados de la familia Moreno presentaran nuevas pruebas que reforzarían su presunta responsabilidad en los hechos.Según reveló el diario El Tiempo, Fernández Sulbarán habría huido en las últimas horas, dejando una carta dirigida a su madre en medio de presuntas amenazas y ataques contra su familia. “Mami, voy a estar bien. La amo”, se leía en el mensaje.El medio también habló con la familia de la joven, que hizo fuertes revelaciones sobre el contexto de su desaparición. Su madre, Tamara Sulbarán, aseguró haber recibido mensajes intimidatorios enviados por un sujeto identificado como “Juanchito AUC”, en los que se advertían represalias contra la familia y se exigía la entrega de su hija. Estas amenazas, según indicó, ya habrían sido puestas en conocimiento de la Fiscalía.“Malditos venecos, ya los tenemos ubicados, ya están pagando por ustedes, malditos”, decía uno de los mensajes recibidos.De acuerdo con su testimonio, incluso fueron alertados sobre un presunto plan para asesinar a la joven en el centro de Bogotá, lo que incrementó el temor por su seguridad.“Nos dijeron que fue pagada para que la maten en la localidad de Santa Fe, a una organización que llaman Oficina Central del Norte. No sé ni siquiera qué significa eso. A mi hija la persiguieron un domingo dos hombres en una moto; tuvo que escapar entre la multitud del Parque de la Mariposa. La iban a malograr”, relató la mujer.Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de Fernández Sulbarán, la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para establecer con claridad su grado de responsabilidad en uno de los casos que más conmoción ha generado en Bogotá en los últimos meses.“Yo llegué un día normal de mi trabajo y encontré el mensaje que decía: ‘Mami, voy a estar bien. La amo’. Desde ese momento no sé nada de ella”, concluyó su madre.
Una tragedia en la zona rural de Sumapaz ha conmocionado a Bogotá luego de conocerse el testimonio de Ángela Velázquez, hija de Emilia Campos, de 55 años, quien perdió la vida tras un ataque con arma blanca presuntamente perpetrado por la pareja sentimental de su hija.Ángela habló en Conducta Delictiva sobre los momentos previos y posteriores al crimen y cómo ha sido el proceso de recuperación. De acuerdo con el testimonio de Ángela, el agresor se integró al núcleo familiar pese al rechazo reiterado de su madre, quien desde el inicio manifestó temor por los antecedentes y la conducta violenta del hombre. “Ella nunca estuvo de acuerdo con la relación, mamá ya me había advertido”, aseguró la joven, al explicar que durante ese periodo se distanció de su familia por presiones de su entonces novio. “Yo en ese tiempo sí me alejé mucho de mi mamá”.Según la denuncia, durante la convivencia se habrían presentado episodios de maltrato que se intensificaron de manera progresiva, sin que la familia lograra intervenir a tiempo.Los hechos se registraron el 7 de julio de 2023. Ángela relató que ese día transcurrió con aparente normalidad, pero en horas de la tarde, el agresor acudió a la vivienda de Emilia Campos para recoger unos medicamentos.Paralelamente, madre e hija sostuvieron una llamada telefónica de aproximadamente dos horas, en la que la víctima le habría revelado información que había conocido recientemente sobre el pasado del hombre y sus relaciones anteriores.Horas después, tras el consumo de bebidas alcohólicas, el sujeto protagonizó una discusión en la entrada de una vivienda, que derivó en un ataque con machete contra Emilia Campos. La mujer intentó defenderse, pero sufrió graves heridas. “Ella, como para defenderse, puso las manos y le voló los dedos. Tuvo muchísimas heridas”, relató Velázquez.La mujer afirma que aquel día la pareja de su mamá llegó y sostuvo una discusión con el hombre, que escaló a los golpes. Ahí intervino la madre, persiguiendo al sujeto, y posteriormente apareció muerta."Mi mamá ya estaba toda ensangrentada porque, no sé cuántas heridas fueron con el machete en la cabeza, pero fueron muchas. Prácticamente la p1có", recordó al romper en llanto en la entrevista.La víctima fue trasladada de urgencia en ambulancia a un centro asistencial en Bogotá, donde permaneció hospitalizada cerca de un mes. Finalmente, falleció como consecuencia de las múltiples lesiones sufridas durante la agresión.Pese a la gravedad de los hechos, la familia denuncia que el presunto agresor solo permaneció hospitalizado tres días por una herida menor y actualmente se encuentra en libertad. “La Fiscalía dice que están recopilando pruebas”, señaló, mientras insiste en que el caso no quede en el olvido y se haga justicia por la muerte de su madre.
Continúa la conmoción en el departamento del Cesar por el asesinato de una pareja y la hija de la mujer, menor de edad, ocurrido tras salir de una novena en el municipio de Río de Oro. El crimen se registró en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles.Las víctimas fueron identificadas como Nelly Geraldine García, Anderson Rocha Núñez y la menor de 12 años, Melissa López García. De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió sobre las 9:45 de la noche, cuando la familia fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte.Aunque la menor fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con ayuda de la comunidad, falleció debido a la gravedad de las heridas. Familiares de las víctimas señalaron que desconocen las causas que habrían motivado el ataque.El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, lamentó lo ocurrido y expresó su preocupación por la situación de orden público en la región. “Es muy triste tener que seguir dando este tipo de noticias, más aún cuando hace pocos días siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, indicó el mandatario local.Según informaron las autoridades a Noticias Caracol, se conformó un grupo especial de investigación para esclarecer el triple homicidio. Las primeras hipótesis apuntan a posibles disputas territoriales entre grupos armados ilegales con presencia en la zona.“Estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que ejercen injerencia en el sector. De manera inmediata se dispuso un equipo de inteligencia para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”, aseguró Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante de la Policía del Cesar.El oficial también hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva. Las autoridades recordaron que se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.
Un teniente coronel de la Policía Nacional fue enviado a la cárcel al ser señalado de presuntamente abusar sexualmente de una subalterna en el departamento de Cundinamarca y de amenazarla con afectar su carrera policial si denunciaba los hechos. La decisión se produjo tras la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación, que presentó elementos materiales probatorios que comprometerían gravemente al oficial.De acuerdo con la investigación, el teniente coronel Cristhian Camilo Villamil Benavides habría aprovechado su posición como comandante del Distrito N.° 2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca para intimidar, acosar y finalmente agredir sexualmente a una auxiliar bachiller. Los hechos habrían ocurrido mientras el oficial ejercía autoridad directa sobre la víctima, lo que, según la Fiscalía, generó un escenario de poder, intimidación y estado de indefensión.Las evidencias recaudadas indican que durante varios días el oficial presuntamente persiguió, asedió y realizó insinuaciones indecorosas a la joven. Finalmente, el pasado 8 de diciembre, le habría solicitado que se dirigiera a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá, donde, con pleno conocimiento de su situación de vulnerabilidad, la habría agredido sexualmente.En el curso de la investigación, adelantada bajo un enfoque diferencial y de género, la Fiscalía estableció que el oficial también habría amenazado a la víctima para evitar que denunciara lo ocurrido. Según el ente acusador, Villamil Benavides le advirtió que podía obstruir su ingreso y desarrollo dentro de la institución policial, utilizando su rango y la autoridad que ostentaba para imponer silencio tras la agresión.Durante la audiencia de imputación, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le formuló cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual. En su intervención ante el juez, la fiscal del caso sostuvo que el procesado, en su condición de teniente coronel y comandante de distrito, representaba una autoridad directa sobre la víctima, lo que le permitió no solo ejercer violencia psicológica y sexual, sino también intimidarla posteriormente para que guardara silencio, valiéndose de su cargo y del presunto poder que ostentaba dentro de la Policía Nacional.El teniente coronel Villamil Benavides no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. No obstante, el juez del caso consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual deberá cumplir en un centro de reclusión destinado para integrantes de la Policía Nacional, mientras avanza el proceso penal en su contra.
Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.