La Sala Séptima del Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela interpuesta por el partido Colombia Humana, con la que esa colectividad buscaba dejar sin efectos la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presuntas irregularidades y violación de los topes de financiación electoral.La tutela fue presentada por el movimiento político fundado por el hoy presidente de la República, con el argumento de que durante el proceso administrativo sancionatorio se habrían vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, el principio de legalidad, así como los derechos políticos y a la igualdad de participación.Sin embargo, tras analizar los argumentos y las pruebas aportadas, el Tribunal Superior de Bogotá decidió denegar las pretensiones de la tutela. Para los magistrados, no se acreditó uno de los requisitos esenciales para que proceda este mecanismo excepcional, el cual es la existencia de un perjuicio irremediable.En su decisión, el Tribunal señaló que “aún existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectación a los derechos que se reclaman o, incluso, cuando ejercidos éstos, se encuentra pendiente su resolución, torna el auxilio constitucional en prematuro”.La Sala también fue enfática en que los efectos económicos derivados de las sanciones impuestas por el CNE no justifican, por sí solos, la intervención del juez de tutela. “El presunto perjuicio irremediable que se aduce por los efectos económicos de las multas impuestas a los partidos políticos involucrados debe probarse y sustentarse ante el juez administrativo que conozca de la acción de nulidad del acto controvertido”, precisó el Tribunal.En esa línea, los magistrados concluyeron que la tutela no puede desplazar a la jurisdicción contencioso administrativa, que es la autoridad competente para estudiar de fondo la legalidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral.
La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra la banda criminal autodenominada 'PPP' (Por el Pueblo y para el Pueblo) confirmó nuevos detalles sobre su presunto financiamiento, estructura y vínculos con personas relacionadas con el ELN, así como su participación en actos de vandalismo y terrorismo en sectores aledaños a universidades públicas de Bogotá.De acuerdo con el ente acusador, esta organización estaría dedicada a promover y ejecutar manifestaciones violentas, bloqueos y ataques con artefactos explosivos improvisados, entre ellos bombas incendiarias y las denominadas “papas bomba”, con especial afectación al sistema de transporte TransMilenio y a la seguridad de decenas de ciudadanos. Según la Fiscalía, parte de los recursos utilizados para estas actividades ilícitas habrían sido enviados desde Medellín, con el propósito de financiar la logística y la fabricación de los artefactos.Durante las diligencias de judicialización, la fiscal del caso expuso el presunto modus operandi del grupo y la forma en la que se camuflarían dentro de las instituciones educativas para evadir a las autoridades. “Ustedes presuntamente utilizarían guantes de carnaza para manipular los elementos peligrosos. Una vez hayan realizado esas conductas delictivas, ingresan nuevamente a las instituciones educativas para cambiarse y así no ser detectados por las autoridades”, señaló la funcionaria judicial.La investigación sostiene que los integrantes de esta red se refugian en universidades públicas de la capital, aprovechando la masividad y el flujo constante de estudiantes. En ese contexto, la Fiscalía indicó que la organización habría cambiado de nombre de manera reiterada para dificultar su identificación. “Este grupo presuntamente estaría siendo financiado por personas con vínculos con el ELN, y constantemente ustedes cambian su nombre como organización. A lo largo de la investigación se han hecho llamar FEC (Frente Estudiantil Clandestino), ‘Los Nadie’, ‘Los Arruera’ y, por último, ‘PPP’, para así lograr evadir la administración de justicia”, afirmó la fiscal.Según el ente investigador, al menos 11 personas se habrían concertado para conformar una sociedad criminal con vocación de permanencia, con roles definidos y participación en por lo menos 15 eventos violentos. Estos hechos, de acuerdo con la Fiscalía, no fueron aislados, sino coordinados y planificados para generar caos y temor en la comunidad.Uno de los elementos más graves revelados en el proceso es la presunta relación directa con estructuras guerrilleras. La fiscal explicó que para asegurar la financiación y el aval de las acciones violentas, algunos integrantes de la red habrían asistido a campamentos guerrilleros. “Que es presentarse a un campamento de guerrilla y hablar con un comandante para firmar un contrato. Una vez se firme y se tiene el aval para hacer cualquier cosa de impacto con el fin de generar caos y miedo en la comunidad”, relató durante la audiencia, al referirse a los contactos atribuidos a la organización.La Fiscalía también documentó un proceso de infiltración en universidades públicas mediante el uso de carnés falsos, lo que les habría permitido ingresar sin restricciones a sedes como la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. “Ingresan a un baño, a un salón o cerca de una de las puertas de estas universidades, con el fin de preparar artefactos explosivos improvisados, con insumos que presuntamente arribarían desde la ciudad de Medellín”, detalló la fiscal, quien añadió que los elementos incendiarios eran fabricados de manera artesanal.Entre los hechos de mayor impacto atribuidos a esta estructura se encuentran el ataque con bombas incendiarias a una patrulla de la Dirección Antinarcóticos en la calle 26 y un caso en el que un bus de TransMilenio fue secuestrado e incendiado en inmediaciones de una universidad pública. Para la Fiscalía, estos episodios evidencian una escalada en la violencia y un patrón de conducta que va más allá de la protesta social.
Uno de los casos que más conmocionó a los colombianos se registró el pasado 31 de octubre de 2025 en la localidad de Barrios Unidos, cuando Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, fue asesinado.La madre de Juan Carlos Suárez, Nancy Ortiz, habló por primera vez en el programa Conducta Delictiva sobre lo ocurrido aquella noche. Según relató, decidió hablar pese a que había hecho un pacto con su hijo de no hacerlo, afirmando que le pide perdón a Dios por romper esa promesa.La mujer rompió en llanto al expresar que “yo oro y lloro por Juan Esteban en el cementerio y por mi hijo Juan Carlos en la cárcel”. Además, pidió disculpas a la familia de Jaime, a la universidad y a todos sus allegados.Ortiz señaló que Juan Carlos proviene de una familia humilde, conformada por ella, su madre y el joven. Afirmó que, cuando era más joven, su hijo tenía amigos, era sociable y tranquilo. Dijo que cuando se molestaba no solía ser violento ni agresivo; sin embargo, reconoció que le gustaba salir y algunas veces consumir alcohol.Sobre el día en que murió Jaime, relató que escuchó cuando su hijo salió de la casa. Posteriormente, en la mañana del día siguiente, “me llama un señor agente de la Policía y me dice: ‘¿Juan Carlos Suárez Ortiz es su hijo?’. Yo le dije que sí, y me respondió: ‘Su hijo está aquí en la URI de Engativá’”.Tras recibir esa información, la mujer aseguró que se dirigió al lugar donde se encontraba el joven para llevarle útiles de aseo y que, “a partir de ese momento, yo nunca más volví a ver a Juan Carlos”.En una llamada que él le hizo, le dijo que estaba en un problema, a lo que ella respondió: “Acabaste con tu abuela y conmigo acabaste. Le dije que lo amaba mucho y que seguiría guerreando por él, porque es mi hijo. No somos una sino dos madres en este momento, y tres madres con mi madre, enfrentando cosas muy duras”.Nancy Ortiz afirmó que en ese momento no sabía que Jaime había fallecido. Relató que le preguntó a su hijo por qué había hecho eso, y que él le respondió: “Usted no sabe nada”.Agregó que no lo notó con una actitud desafiante, sino “muy calmado y muy reflexivo”. Según contó, él le dijo: “Estoy orando, madre”.La mujer dijo que solo después de ver a su hijo se enteró de que Jaime había perdido la vida. “Le dije: ‘Juan Carlos, ¿y esto por qué?’. Él me respondió: ‘Madre, yo soy inocente, yo no lo maté’. Le dije que cuando hablara con su abuela le dijera las cosas como eran, porque lo que más me interesa es que me diga la verdad”, afirmó.Ortiz también relató que lloró al ver los videos del caso y concluyó diciendo: “Le pido perdón a Dios y disculpas a ellos, a su señora madre, en especial a su hermano, a su padre y a su familia, porque esto no debió haber sucedido. Esto fue una tragedia para todos”.Finalmente, afirmó que su hijo no es un asesino y que le entregó todo a Dios. “Un error lo puede cometer cualquiera. Muchas veces uno escucha a los demás y no hace lo que tiene que hacer en el momento, y muchas veces otras personas influyen para llegar a ese punto”, concluyó.
Sin duda, el juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez marcó la agenda noticiosa de 2025. El caso vuelve a sonar porque las víctimas reconocidas dentro del proceso ya radicaron su demanda de casación, con la que buscan tumbar la absolución del exmandatario por un episodio de presunta manipulación de testigos.El recurso fue interpuesto por los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, en representación del senador Iván Cepeda; la médica Deyanira Gómez; y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, quienes figuran como víctimas reconocidas dentro del proceso.La demanda busca que la Corte Suprema de Justicia revise el fallo emitido el 14 de octubre de 2025 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la condena de 12 años de prisión impuesta en primera instancia por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, el cual había declarado penalmente responsable al exmandatario.Según la representación de las víctimas, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en errores de valoración probatoria, desconoció reglas de la sana crítica y llegó a conclusiones que no se desprenden del acervo probatorio practicado durante el juicio oral.En particular, cuestionan la exclusión de interceptaciones telefónicas que, a su juicio, eran determinantes para acreditar la responsabilidad penal del expresidente Uribe.El recurso fue presentado dentro del término legal, luego de que el Tribunal concediera una ampliación excepcional del plazo debido a la complejidad del caso y al volumen de pruebas analizadas.En el escrito, los demandantes sostienen que los hechos investigados no son aislados, sino que hacen parte de un patrón sistemático de manipulación de testigos, presuntamente dirigido por Álvaro Uribe Vélez a través de intermediarios, con el propósito de incidir en decisiones judiciales y desacreditar a testigos que lo vinculaban con estructuras paramilitares.La Corte Suprema de Justicia deberá ahora decidir si admite el recurso de casación radicado por las víctimas reconocidas dentro del proceso.
En diálogo con Mañanas Blu, Lester Toledo, abogado y estratega político vinculado a la causa de María Corina Machado, ofreció un análisis profundo sobre la situación actual de Venezuela tras los eventos del 3 de enero.Toledo afirmó con contundencia que "Nicolás Maduro es el pasado" y que el país atraviesa actualmente una fase de transición hacia un futuro democrático.El control factual de Estados Unidos y la "transición" de Delcy RodríguezToledo explicó que, en la práctica, es el gobierno de los Estados Unidos quien hoy ejerce el mando sobre los pilares fundamentales de Venezuela, incluyendo el petróleo, las finanzas y el control de entradas y salidas del país. Según el estratega, esta situación es necesaria para la estabilización y recuperación del país, bajo un plan que incluye el retorno de exiles y la liberación de presos políticos.En este contexto, calificó a Delcy Rodríguez como una figura transitoria, a quien denominó "Delcy la breve", señalando que su posición es insostenible debido a que carece de respaldo popular y está sancionada por Washington.La legitimidad de María Corina MachadoRespecto a las declaraciones de Donald Trump sobre la falta de respaldo de Machado para gobernar, Toledo aclaró que se trató de un comentario pragmático referido exclusivamente a la fuerza militar y el control de las armas, y no a su apoyo popular. Destacó que Machado cuenta con más del 80% de respaldo ciudadano y obtuvo el 91% de los votos en las primarias.Asimismo, defendió el plan de gobierno "Venezuela Tierra de Gracia", el cual contempla la apertura del mercado y acciones concretas para la industria petrolera. Toledo confirmó que este plan es conocido y ha sido elogiado por autoridades estadounidenses, subrayando que Machado será recibida próximamente en la Casa Blanca por el presidente Trump.Escuche aquí la entrevista:
El representante a la Cámara Andrés Forero informó que presentó un derecho de petición para solicitar información detallada sobre la creación de nuevos cargos y los salarios asignados en una entidad pública, en medio de un escenario que, de acuerdo con lo expuesto por el congresista, está marcado por restricciones presupuestales.Según el contenido del requerimiento, Forero pidió precisar las funciones, perfiles profesionales, experiencia requerida y remuneración de varios cargos recientemente creados o provistos. Entre los casos mencionados se encuentra el de un cargo de internacionalista, con una asignación mensual de 22 millones de pesos, cuya creación fue cuestionada por el representante en el documento enviado a la entidad.El derecho de petición también hace referencia a un cargo de gerente de gestión humana, ocupado por una persona de 25 años de edad, con tres años de haber culminado sus estudios profesionales y con una especialización en derecho procesal civil. De acuerdo con la información solicitada, este cargo tendría una remuneración mensual cercana a los 23 millones de pesos. El congresista pidió conocer los criterios utilizados para la designación y la relación del perfil con las funciones desempeñadas.Otro de los casos incluidos en el requerimiento corresponde a un exprofesional universitario de la Contraloría de Montería, quien, según lo expuesto en el documento, no contaría con experiencia previa en el sector salud y tendría una asignación mensual de 40 millones de pesos. Frente a este nombramiento, Forero solicitó detalles sobre el proceso de selección, el tipo de vinculación y la justificación técnica del salario.El representante indicó que el derecho de petición busca establecer si la creación de estos cargos y los montos salariales cumplen con los principios de planeación, eficiencia y legalidad que rigen la administración pública. En el documento, también se solicita información sobre el impacto presupuestal de estas decisiones y su coherencia con la situación financiera reportada por la entidad.Forero señaló que, una vez se conozca la respuesta oficial al derecho de petición, se evaluará la información suministrada para determinar si se requieren actuaciones adicionales en el marco de las funciones de control político que ejerce el Congreso de la República. Mientras tanto, el requerimiento permanece a la espera de respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley.Hasta el momento, la entidad no se ha pronunciado.
El pasado sábado 10 de enero de 2026, el artista de música popular Yeison Jiménez perdió la vida junto a otras cinco personas, integrantes de su equipo de trabajo, en el departamento de Boyacá, tras sufrir un accidente aéreo.El artista y su equipo se desplazaban en una aeronave tipo Piper Navajo, cuando se presentaron complicaciones durante la operación en el aeródromo de Paipa.Uno de los puntos de mayor controversia y que ha generado interrogantes es la ausencia de registros de voz y datos del vuelo. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), reveló detalles sobre el curso de las indagaciones técnicas que buscan esclarecer los hechos.Sobre la caja negra, el coronel fue enfático al aclarar que este tipo de dispositivos no son obligatorios para todas las categorías de aviación en Colombia. “Ese avión en específico no presenta registradores de datos de vuelo ni registrador de voz”, explicó el director.Esta revelación resulta clave, ya que dificulta la reconstrucción de las conversaciones en cabina y de los parámetros técnicos durante el momento crítico del despegue o aterrizaje. Según Bello, esta ausencia responde a la normativa vigente para la aviación privada: “Estamos hablando de un área de aviación privada, el poseedor o dueño de sus aeronaves puede determinar qué tipo de tecnología o qué tipo de equipos puede tener a bordo”.“No es un requisito que limite la operación”, enfatizó el oficial, señalando que, en estos casos, la autoridad aeronáutica debe apoyarse en otros elementos probatorios cuando dichos equipos no están disponibles.Otra de las líneas de investigación que ha cobrado fuerza, tras el análisis de videos captados por testigos en el aeropuerto de Paipa, es la posibilidad de que la avioneta hubiera excedido su capacidad de carga.Al respecto, el coronel Bello confirmó que el factor humano y operacional es una prioridad dentro de la metodología actual. “En ese peso y balance es donde nosotros empezamos a hacer ese seguimiento y evaluación, referenciado en términos de peso de la aeronave, términos de peso de combustible, términos de peso de los pasajeros y las maletas que llevaban a bordo”, detalló.La investigación también busca establecer por qué la aeronave continuó con la maniobra pese a las condiciones presentadas. Según Bello, se están realizando cálculos para determinar “si la distancia no fue correcta, si hay una imprecisión en el cálculo inicial, si la velocidad de abortaje estaba calculada dentro de estos parámetros”.Aunque el Piper Navajo es un modelo que dejó de fabricarse hace varias décadas, la Aerocivil defendió la seguridad de este tipo de aeronaves, siempre que cumplan con los protocolos de aeronavegabilidad. El coronel Bello explicó que la antigüedad de un avión no es un impedimento para operar en el espacio aéreo colombiano, siempre y cuando cuente con los permisos correspondientes.“Son aeronaves que, a pesar de tener diferente edad, están en condiciones de desarrollar operación aérea”, afirmó el oficial. No obstante, reconoció que, como cualquier máquina, pueden presentarse fallas inesperadas, razón por la cual la investigación también analiza el historial y los procedimientos de mantenimiento técnico de la aeronave.
El expresidente estadounidenese Bill Clinton se abstuvo este martes de comparecer en una audiencia a puerta cerrada en el Capitolio en Washington sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, con lo cual se expone a cargos de desacato.El exmandatario demócrata (1993-2001) y su esposa Hillary Clinton fueron convocados por el Comité de Supervisión del Congreso, que investiga las conexiones entre Epstein y poderosas figuras en Estados Unidos, y cómo se manejó la información sobre sus crímenes."No se presentó hoy", dijo a la prensa el republicano James Comer, jefe del poderoso comité en la Cámara de Representantes. "Nadie acusa a Bill Clinton de nada reprobable, solo tenemos preguntas", agregó.Bill Clinton dijo en 2019 que no tenía contacto con Epstein desde hacía más de una década y asegura que nunca tuvo conocimiento de los "terribles crímenes" del empresario.La declaración de Hillary Clinton, ex jefa de la diplomacia estadounidense y derrotada por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, está prevista para el miércoles, pero su asistencia es poco probable.El gobierno de Trump enfrenta numerosas presiones después de que el Departamento de Justicia publicara en diciembre una mínima parte de los expedientes sobre el caso Epstein, después de que venciera el plazo legal.La muerte de Epstein, encontrado ahorcado en su celda en Nueva York en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales, alimentó innumerables teorías de la conspiración, apoyadas por partidarios de Trump, según las cuales habría sido asesinado para proteger a personalidades de alto perfil.Figura de la jet set neoyorquina, Epstein estaba acusado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, entre ellas menores de edad.¿Bill Clinton enfrentará cargos tras no ir al Congreso?En agosto, cuando el tema causaba gran controversia en Estados Unidos por la reticencia del gobierno Trump a publicar los archivos de Epstein, la pareja Clinton fue convocada por el Congreso."Por su propia admisión, usted viajó a bordo del avión privado de Jeffrey Epstein en cuatro ocasiones en 2002 y 2003", afirmaba la citación de Comer enviada a Bill Clinton.Y sobre Hillary Clinton indicó: "Su familia parece haber tenido vínculos cercanos con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell", condenada en 2021 a 20 años de prisión por delitos de explotación sexual.La comisión votará las semana próxima para iniciar un procedimiento contra Bill Clinton por obstrucción al Congreso, agregó Comer este martes.Después, ese proceso debe ser votado en la Cámara de Representantes, antes de que el Departamento de Justicia tome acciones legales.Clinton afirmó no tener nada que ocultar e instó al Departamento de Justicia a publicar todo material relacionado con él.Las últimas revelaciones en diciembre contienen numerosas referencias a Trump, incluidos documentos que detallan los vuelos que realizó en el jet privado de Epstein.
El Chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y sus sorteos oficiales se transmiten a diario a través del canal regional Teleantioquia.Este juego se caracteriza por su dinámica sencilla y accesible, lo que lo convierte en una opción muy popular entre los apostadores. Permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, seleccionando una serie de números que deben coincidir, en el mismo orden de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.Número gaandor de Paisita Día hoy, martes 13 de enero de 2025El número ganador del chance Paisita Día de este martes 13 de enero de 2026 es el 7992 - 3. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.Número ganador: 7992 Dos últimas cifras: 92 Tres últimas cifras: 992 La quinta: 3Desde 2025, el Chance Paisita Día incorporó una novedad: la “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite incrementar las ganancias siempre que este número se acierte de manera simultánea junto con las demás cifras seleccionadas.¿A qué hora juega Paisita Día?El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días del año, en horarios establecidos que facilitan a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados oportunamente:De lunes a sábado: 1:00 p. m.Domingos y festivos: 2:00 p. m.¿Cómo se juega el chance?El Chance Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios definidos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.Estas alternativas permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto, experiencia y expectativas de premio.¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?El proceso para reclamar un premio del Chance Paisita Día varía según el monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.Documentos fundamentales para cualquier premio:Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria con una vigencia no mayor a 30 días, a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de 8 días hábiles.
Un juez de ejecución de penas le negó a Daneidy Barrera Rojas, 'Epa Colombia', la extinción de la pena que solicitó con base en la Ley de justicia restaurativa. Ella seguirá privada de la libertad tras la confirmación de su pena a 5 años de cárcel por parte de la Corte Suprema de Justicia tras haber vandalizado una estación de Transmilenio en 2019.Epa Colombia hizo esta solicitud basada en la Ley 2477 de 2025, que introdujo una serie de reformas orientadas a descongestionar los juzgados, agilizar los procesos judiciales y fortalecer el enfoque de justicia restaurativa, con mayor protagonismo para las víctimas.Esta iniciativa, que recibió el guiño de la Corte Suprema, no le fue útil a la influenciadora condenada por delitos relacionados con el vandalismo por el episodio en el marco del estallido social de 2019 cuando se grabó y subió a sus redes sociales un vídeo pegándole con un martillo a las puertas y registradoras de la estación Molinos, sur de Bogotá.Sin embargo, el juez negó la petición tras estudiarla, lo que significa que Barrera Rojas seguirá recluida en un sitio especial purgando la pena de 5 años y 2 meses.Con esta decisión, la influenciadora fracasó una vez más en el intento por recuperar su libertad, ya que en el pasado interpuso una serie de recursos como tutelas, poniendo de presente su condición de madre de una menor de edad.Sin embargo, la defensa de ‘Epa Colombia’ sigue dándole pelea, pues sus abogados recientemente le pidieron a la Corte Constitucional seleccionar para revisión la tutela en la que cuestiona la legalidad de la condena en su contra por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, por el cual ella está privada de su libertad.
Según la solicitud formal presentada por Washington, alias 'Chiquito Malo' habría tenido un rol clave dentro del Clan del Golfo, organización criminal señalada de producir y transportar grandes cargamentos de cocaína desde la costa norte de Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, utilizando lanchas rápidas y contenedores marítimos. La acusación sostiene que el requerido habría coordinado estos envíos durante más de una década y recibido pagos en dólares por la venta de la droga.En su análisis, la Sala de Casación Penal señaló que se cumplen los requisitos constitucionales y legales para conceder la extradición, los delitos imputados no son de carácter político porque los hechos habrían ocurrido después de 1997, las conductas también están tipificadas en la legislación penal colombiana y no existe una sentencia en firme en Colombia por los mismos hechos.La Corte precisó que, aunque alias “Chiquito Malo” registra múltiples procesos penales activos aquí en Colombia, entre ellos investigaciones por homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y uso de menores de edad, ninguno ha llegado a una decisión judicial definitiva que impida su entrega a la justicia estadounidense.’Chiquito Malo’ no ha sido capturado por las autoridades colombianasLa Corte Suprema de Justicia dejó claro que el requerido no ha sido capturado y permanece en condición de prófugo, razón por la cual no fue posible realizar un cotejo dactiloscópico directo. Sin embargo, el alto tribunal consideró plenamente acreditada su identidad con base en los documentos oficiales remitidos por las autoridades colombianas y estadounidenses.La decisión final sobre la entrega de alias 'Chiquito Malo' la tomará el presidente Gustavo Petro que deberá evaluar el concepto de la Corte Suprema de Justicia.
El proceso de extradición de Zulma Guzmán en el Reino Unido continúa avanzando. La justicia británica fijó para el próximo 9 de febrero una nueva audiencia ante el juzgado de Westminster. Se espera que, en dicha diligencia, la defensa de la mujer precise los recursos jurídicos que empleará para sustentar su oposición a ser extraditada a Colombia.La fecha fue establecida tras una audiencia celebrada en las últimas horas, la cual se desarrolló de manera virtual y tuvo un carácter estrictamente procedimental. En esa diligencia, la autoridad judicial consultó a Guzmán si estaba de acuerdo con que el trámite de extradición continuara bajo la competencia de ese tribunal, sin que se abordaran de fondo los argumentos de las partes.Mientras el proceso avanza en el Reino Unido, en Colombia las autoridades judiciales se preparan para retomar las actuaciones suspendidas durante la vacancia judicial. Con la reanudación de actividades, la Fiscalía General de la Nación tiene previsto avanzar en la radicación de la audiencia de imputación de cargos, a la espera de definir si la mujer, de 54 años, podrá comparecer de manera virtual desde el centro de reclusión europeo o si se procederá con su vinculación formal en contumacia.Sobre este punto, el abogado Majer Abushihab, representante de la familia Forero, explicó recientemente el alcance de esta figura procesal. “Si ella decidiera no comparecer, no asistir, estando de presente y a su disposición todos estos mecanismos para que lo haga, la Fiscalía podría optar por una figura que se llama o se conoce como la contumacia”, señaló el jurista. Aclaró, además, que “aquí no podemos hablar de persona ausente, porque la persona ausente supone que justamente el indiciado no pueda ser ubicado. Aquí ya hay una ubicación clara, concreta y específica”.El abogado precisó que la contumacia se configura cuando el procesado, pese a estar plenamente localizado, decide no comparecer ante la justicia. “La contumacia supone que el procesado está ubicado y simplemente no quiere comparecer. Pero eso depende también de una decisión absolutamente autónoma de la Fiscalía”, agregó Abushihab, quien destacó que el ente acusador adelanta el caso en coordinación con la Oficina de Asuntos Internacionales y las autoridades del Reino Unido.De manera paralela, la Fiscalía ha reiterado que cuenta con múltiples elementos probatorios que comprometerían a Zulma Guzmán en el presunto envenenamiento de dos menores de edad mediante frambuesas contaminadas con talio. Asimismo, continúa abierta una línea de investigación relacionada con dos episodios de intoxicación con la misma sustancia que habría sufrido Alicia Graham, esposa de Juan de Bedout y madre de una de las menores fallecidas.
La Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición de Camilo Esteban Betancourt. alias 'Max', solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos para que comparezca ante una corte federal en Texas por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas, concierto para delinquir y lavado de activos.A Betancourt se le señala de presuntamente lavarle dinero al cartel de Sinaloa y de tener nexos con la Segunda Marquetalia. Según la acusación de EE. UU., alias Max era el blanqueador de dineros de uno de los mayores productores de cocaína en el mundo.El alto tribunal explicó que el procesado aceptó voluntariamente acogerse al trámite de extradición simplificada, el cual permite renunciar al procedimiento ordinario siempre que la decisión sea libre, informada y cuente con el aval de su defensa y del Ministerio Público. En este caso, la Procuraduría General de la Nación verificó que no se vulneraron sus garantías fundamentales.No obstante, el concepto favorable está sujeto a condicionamientos, según explicó el alto tribunal, entre ellos, que el Gobierno colombiano exija a Estados Unidos garantizar los derechos humanos del extraditado, que no sea juzgado por hechos distintos a los que motivaron la solicitud y que, en caso de absolución o una vez cumplida la pena, se permita su retorno a Colombia en condiciones de dignidad.La decisión final sobre la entrega de alias Max la tomará el presidente Gustavo Petro, que deberá evaluar el concepto de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó una acción de tutela presentada por el mayor del Ejército Enrique Diago Benavides, quien buscaba recuperar su libertad por presunto vencimiento de términos dentro de un proceso penal militar por delitos contra la administración pública.El oficial es investigado por hechos ocurridos el 23 de diciembre de 2024 en Ipiales (Nariño), cuando, según la Fiscalía Penal Militar, habría exigido dinero a varios subalternos a cambio de concederles permisos remunerados.Por estos hechos enfrenta cargos por concusión, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación a favor de terceros y abuso de la función pública.Diago Benavides fue capturado el 4 de marzo de 2025 y un día después un juez penal militar legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión del Ejército Nacional.Posteriormente, su defensa solicitó la libertad por vencimiento de términos, sin embargo, tanto el Juzgado Penal Militar de Control de Garantías de Popayán como el Tribunal Superior Militar y Policial negaron la solicitud.Ante estas decisiones, la defensa acudió a la tutela, argumentando la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad personal, el debido proceso y la igualdad, así como la inaplicación indebida de la ley especial militar frente a la ordinaria.No obstante, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no existió defecto judicial en las decisiones cuestionadas y respaldó la aplicación del régimen ordinario para el conteo de términos, al tratarse de delitos comunes contra la administración pública, incluso cuando el procesado ostenta fuero penal militar.Con este fallo, el mayor Benavides continuará privado de la libertad mientras avanza el juicio en su contra.
En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, defendió la decisión del mandatario de denunciar a alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc autodenominadas Estado Mayor Central (EMC), ante la Corte Penal Internacional (CPI). La discusión surgió luego de que se conociera un audio atribuido a Iván Mordisco en el que convoca a otros grupos armados ilegales a una “cumbre insurgente” y a una unión para enfrentar lo que califican como injerencias extranjeras. Para Carranza, ese mensaje confirma la necesidad de acudir a instancias internacionales.“Esta batalla que se da para garantizar la soberanía y la libertad del país es tanto militar como jurídica”, afirmó el abogado, quien insistió en que la denuncia ante la CPI busca integrar un instrumento internacional a la persecución contra un “delincuente, terrorista y criminal” como Mordisco. ¿Denuncia es sinónimo de incapacidad del Estado?En su concepto, el país enfrenta una “guerra híbrida” que combina acciones armadas, judiciales, políticas y comunicacionales, lo que obliga al Estado a responder con todas las herramientas disponibles.Carranza rechazó que la denuncia implique una admisión de incapacidad de la justicia colombiana. Por el contrario, sostuvo que Iván Mordisco tiene múltiples procesos y condenas en el país y que tuvo la oportunidad de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a nuevos intentos de negociación, pero los desaprovechó. “Colombia tiene todas las capacidades para hacerlo y lo seguirá haciendo”, dijo, al tiempo que explicó que la diferencia está en cómo se presenta el caso ante otros Estados de la región.Según el abogado, llevar el caso ante la CPI cambia la narrativa internacional: “No es lo mismo que un país crea que en su frontera hay un supuesto guerrillero con discurso político, a que sepa que hay un criminal de guerra”. En ese sentido, señaló que la decisión del presidente Petro busca que los países de América tengan claridad sobre la naturaleza de estas estructuras y actúen en consecuencia.Carranza también aseguró que con esta denuncia se marca un punto de quiebre frente a futuras negociaciones. A su juicio, el presidente está cambiando la doctrina histórica que veía el narcotráfico como un resultado del conflicto armado, para señalarlo como el motor de la violencia. “Son grupos narcoterroristas que lesionan el Derecho Internacional Humanitario y luego salen a dar discursos”, afirmó. En esa línea, sostuvo que, de prosperar el proceso, Iván Mordisco quedaría catalogado como criminal de guerra y no podría volver a salir de listas de terrorismo ni aspirar a nuevas negociaciones de paz.Frente a las críticas que señalan que el Gobierno debería concentrarse exclusivamente en operaciones militares en zonas como el Amazonas o el Guaviare, Carranza respondió que no se trata de un “show”, sino de una estrategia integral. Argumentó que el Estado colombiano, a diferencia de los grupos armados, está obligado a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a proteger a la población civil. “No vamos a acabar con el Amazonas ni con el Caquetá; vamos a proteger a nuestra población y a usar los instrumentos internacionales”, sostuvo.Escuche la entrevista en el audio adjunto:
La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, señaladas de participar en la realización de cirugías estéticas en quirófanos improvisados que funcionaban en viviendas de Medellín, sin cumplir las mínimas condiciones de higiene y salubridad exigidas por la ley. De acuerdo con el ente acusador, al menos 55 personas habrían sido víctimas de estos procedimientos invasivos.Según la investigación, los hechos se habrían presentado entre abril de 2023 y mayo de 2024, periodo en el cual las procesadas junto con otras personas, practicaron múltiples procedimientos estéticos a mujeres que eran contactadas principalmente a través de redes sociales. La intervención ofrecida era conocida como lipólisis láser con transferencia glútea, la cual se realizaba en inmuebles ubicados en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera.La Fiscalía estableció que las cirugías se efectuaban en espacios acondicionados de manera precaria, sin controles sanitarios adecuados y sin la infraestructura necesaria para este tipo de procedimientos médicos. Las investigadas, al parecer, participaban directamente en las intervenciones, desempeñando labores como la administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y realización de masajes postquirúrgicos.La investigación también evidenció que, cuando las víctimas acudían a los lugares para reportar complicaciones derivadas de las cirugías, las presuntas responsables trasladaban la operación a otros barrios de la ciudad, con el fin de evadir controles y continuar con la actividad ilícita. Como consecuencia de estos procedimientos, más de 40 mujeres habrían sufrido lesiones de consideración, entre ellas deformidades, limitaciones funcionales, dolores crónicos y otras complicaciones físicas de carácter permanente.Durante la audiencia de adición de imputación, las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito y lesiones personales dolosas. Por estos mismos hechos, la Fiscalía también judicializó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, señaladas como las presuntas articuladoras de la actividad delincuencial, dentro de un proceso que busca establecer la responsabilidad penal de todos los involucrados en esta red de cirugías estéticas ilegales.
Una grave denuncia está haciendo el minJusticia encargado, Andrés Idárraga, al revelar que un informe forense evidenció que su teléfono celular fue infiltrado 8.742 veces entre agosto y noviembre del año pasado.Incluso Idárraga aseguró que el informe arrojó que se activaron de manera ilegal la cámara y el micrófono, y se descargaron aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que venía promoviendo.El jefe de la cartera de Justicia encargado aseguró que los hechos no se limitaron al espionaje digital porque, según un informe de contrainteligencia, se habría impartido una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados con el fin de perseguirlo a él y a su familia, presuntamente para identificar las fuentes que permitieron destapar escándalos de corrupción al interior del sector defensa.“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”, dijo Idárraga.Andrés Idárraga confirmó que ya radicó una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Asimismo, el minJusticia (e) le pidió a la Contraloría verificar el uso de los gastos reservados del sector defensa, con el fin de establecer si estos recursos estarían siendo utilizados para fines distintos.
Los rumores del traslado al centro carcelario de la capital del Atlántico son ya una realidad. A través de una comunicación oficial, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras lo firmará, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.Especificó el funcionario que la solicitud de traslado que le hizo este viernes el Comisionado de Paz, Otty Patiño, recibirá su visto bueno, sobre todo para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que alias 'Cástor', 'Digno Palomino' y varios miembros más de estas bandas, no van para un hotel y tendrán vigilancia estricta del INPEC.“La solicitud de traslado la recibí ayer (viernes) por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población", aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC.Esta actuación, destaca el Ministerio de Justicia en un comunicado, se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.Sobre los traslados en esta fase de diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y su traslado a Barranquilla, públicamente criticado por autoridades locales como el alcalde Alejandro Char, así como la tregua que firmaron el pasado 2 de octubre, el profesor y politólogo Luis Trejos argumenta que es inviable cualquier proceso de paz urbana sin un marco jurídico que lo respalde y a casi seis meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro.“Hoy se hacen unos traslados desde el nivel nacional, pero todavía no es claro los objetivos que persigue el Gobierno nacional al querer instalar esta mesa cuando no hay un marco jurídico que regule la misma, por eso emerge la especulación de que pareciera que el Gobierno está pensando más en los resultados electorales que en la verdadera pacificación del territorio”, comentó Trejos.El politólogo y analista añadió que otra de las fallas en esta fase exploratoria de diálogos radica en no tener en cuenta a las autoridades en el territorio, que son las que los combaten y los sufren.Hay que recordar que en, medio de esta supuesta tregua, el accionar de Pepes y Costeños ha dejado muertos de los dos lados y varios de sus miembros han seguido incurriendo en delitos como el sicariato, la extorsión o el microtráfico, según reportes de la Policía Metropolitana.Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y 'Digno Palomino' en La Picota, de Bogotá.
El Ministerio de Justicia y del Derecho avaló el traslado intramural de los máximos cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y “Los Costeños” hacia centros de reclusión en Barranquilla. Esta medida se realizará bajo condiciones de máxima seguridad y busca preservar la tregua de paz a la que previamente habían llegado estas estructuras.La decisión se da en el marco de la política de paz urbana, contemplada dentro del proyecto de Paz Total del Gobierno nacional, y responde a una solicitud presentada el pasado 9 de enero por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, al ministro de Justicia, Andrés Idárraga. “Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”, precisó Idárraga, al aclarar que la medida no implica beneficios carcelarios.La solicitud involucra a Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’, y a José Alfredo Castro, alias ‘Castor’, máximo líder de ‘Los Costeños’. Ambos hacen parte de la tregua firmada por los dos dirigentes en Bogotá, el 2 de octubre de 2025, con vigencia hasta el 20 de enero de 2026.El pacto establecía que ambas organizaciones delincuenciales se abstendrían de realizar robos, extorsiones y asesinatos en Barranquilla y su zona metropolitana. Asimismo, contemplaba el abandono de actividades económicas ilícitas, el desarme gradual de sus integrantes, la desvinculación de menores de edad de sus filas y la puesta en marcha de programas de resocialización dentro de los centros penitenciarios.El Gobierno nacional reiteró que el traslado se enmarca en la Resolución Ejecutiva N.º 442 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con este tipo de estructuras criminales. El Ministerio de Justicia recalcó que la paz no significa impunidad, sino “control, legalidad y vigilancia permanente” en defensa de la seguridad ciudadana.
El asesinato de Natalia Santo Domingo Rodríguez, una mujer trans, mantiene la conmoción por la violencia con la que fue cometido el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero de 2025 en un apartamento donde residía la víctima, y hoy avanzan en un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades y el móvil del homicidio.Natalia había crecido en el municipio de Pacho, Cundinamarca y, con el paso de los años, se trasladó a Chía y Cajicá en busca de un entorno que le permitiera vivir su proceso de transición con mayor tranquilidad. En entrevista con Conducta Delictiva Podcast su hermana menor la describió como una mujer cercana, solidaria y comprometida con el bienestar de los suyos, a quienes apoyaba económicamente de forma constante.Diana Quintero recordó que desde la niñez la identidad de Natalia era evidente dentro del hogar. “Algo en mí siempre me decía que Natalia era diferente. Un día nos llamó y nos dijo que él ya no quería ser él, que quería ser ella”, relató.El día anterior a su muerte, Natalia compartió con su familia. Según el relato de su hermana, las últimas comunicaciones se registraron entre las 6:22 y las 6:30 de la mañana, cuando llamó a su madre y a una tía. Luego, sus teléfonos quedaron apagados.Ante la falta de respuesta durante varias horas, su pareja y su hermana decidieron ingresar al apartamento en la tarde de ese mismo día. Fue Diana quien entró primero a la vivienda. “Yo fui la que entré a ese lugar y encontré a Natalia en esas condiciones. Vi muchísima sangre por todo lado y una escena de terror en esa habitación”, contó.Las autoridades establecieron que la víctima intentó defenderse durante el ataque. Inicialmente, la pareja sentimental de Natalia fue objeto de verificación, pero quedó descartada tras el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. La Fiscalía determinó que el presunto responsable sería un hombre de 30 años, identificado como un vínculo sentimental paralelo de la víctima. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado al apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana, aprovechando la confianza que Natalia tenía en él. El informe de Medicina Legal confirmó que la víctima recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que evidenció un alto grado de violencia. Tras el homicidio, el atacante habría robado dinero en efectivo, los teléfonos celulares de la víctima y otros objetos, en un intento por eliminar rastros del crimen.Luego de diez meses de seguimiento, que incluyó el rastreo de llamadas, movimientos y uso de los dispositivos móviles de Natalia, las autoridades capturaron al sospechoso en octubre de 2025, en el municipio de Chía.Aunque el hombre no aceptó los cargos por homicidio agravado, la Fiscalía asegura contar con pruebas técnicas que lo ubican en la escena y lo vinculan directamente con los hechos. Actualmente permanece recluido en un centro carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad.Para la familia, la captura no cierra el caso. Diana Quintero insiste en que aún falta conocer el trasfondo del crimen. “Lo único que nosotros queremos como familia es saber la verdad de lo que pasó con Natalia. ¿Qué fue eso tan malo que Natalia les hizo para que le quitaran la vida de esa manera tan atroz?”, expresó.
La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia contra cinco desmovilizados del extinto Bloque Oriental de las FARC-EP, a quienes les concedió el beneficio de la pena alternativa 96 meses, es decir, ocho años de prisión, en el marco de la Ley 975 de 2005. La decisión sustituye la pena ordinaria impuesta, como parte del modelo de justicia transicional que contempla sanciones reducidas para excombatientes que contribuyan a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición.El fallo cobija a Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Críspulo Efraín Quiñones Barreiro y César Díaz, quienes fueron postulados por la Fiscalía 73 Delegada ante Justicia y Paz como responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el conflicto armado interno en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.Según lo establecido por la Sala, desde noviembre de 2025 se estudiaron 44 hechos criminales, que dejaron 44 víctimas directas y 121 víctimas indirectas, para un total de 165 víctimas. Estos hechos corresponden a 85 conductas delictivas atribuidas a los exintegrantes del Bloque Oriental.La sentencia ordenó “reconocer la pena alternativa de noventa y seis (96) meses a cada uno de los postulados, es decir, ocho años”, sustituyendo la pena ordinaria, beneficio que queda condicionado al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos dentro del proceso. Entre ellos se encuentran las obligaciones de contribución efectiva a la verdad, la reparación integral de las víctimas, la no repetición de los hechos y la participación en programas de reincorporación y desmovilización.En materia de reparación, la Sala reconoció a las víctimas directas e indirectas acreditadas en el proceso y ordenó el pago de los daños y perjuicios morales y materiales determinados en el incidente de reparación integral. El monto total de la indemnización asciende a $17.554.266.421.Finalmente, la decisión judicial incluye órdenes orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y a promover acciones en las regiones más afectadas por la actuación del Bloque Oriental, con el objetivo de evitar este tipo de conductas y fortalecer las garantías de no repetición en los territorios impactados por el conflicto armado.
La muerte de Cristian Eiler Matías Hernández, alias ‘Polo’, marcó un nuevo golpe contra el círculo más cercano de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El hombre, considerado uno de sus alfiles más peligrosos, fue abatido en desarrollo de operaciones militares y policiales adelantadas en el departamento del Amazonas, tras varios días de persecución e inteligencia.Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 2 de enero en zona rural del corregimiento de Mirití, en una región selvática utilizada históricamente como refugio, corredor de movilidad y retaguardia armada de estas estructuras ilegales. Hasta allí llegaron unidades de la Fuerza Pública luego de un planeamiento que combinó despliegues por tierra, aire y ríos, en una operación que se extendió cerca de siete días.Alias ‘Polo’ intentaba evadir la ofensiva que desde finales de 2025 se intensificó en el suroriente del país contra los carteles del narcotráfico y los grupos armados residuales que los protegen. En medio del combate se produjo la neutralización de varios integrantes de esta estructura, cuatro murieron durante la operación, cuatro más fueron capturados y tres se sometieron a las autoridades.Uno de los puntos que generó especial atención tras el operativo fue la situación de tres de los individuos neutralizados, quienes inicialmente afirmaron ser menores de edad. Sin embargo, luego de las diligencias de verificación e identificación realizadas por las autoridades competentes, se estableció que todos eran mayores de 18 años, por lo que deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes.De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias ‘Polo’ había sido designado directamente por alias Iván Mordisco y alias Alonso 45 como jefe principal de la estructura criminal que opera en el Amazonas. Desde ese rol habría participado en la planeación y ejecución de delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.Su ascenso dentro de la organización se produjo tras la muerte de alias ‘Jenny Lara’, abatida en octubre de 2025 en el sector de Tres Islas, en Mirití Paraná. Desde entonces, alias ‘Polo’ asumió el control territorial y la coordinación de las rutas fluviales, así como la seguridad de las zonas por donde se movía el máximo cabecilla de las disidencias en esta región estratégica.Las investigaciones también lo vinculan con atentados recientes contra unidades militares y de la Armada. Entre ellos, el ataque con explosivos a la base militar de Araracuara, en agosto de 2025, y el hostigamiento a un puesto fluvial en la base La Tagua, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en septiembre del mismo año, donde se habrían utilizado embarcaciones acondicionadas con explosivos.Durante la operación fueron incautados 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y dos embarcaciones empleadas para la movilidad fluvial de la estructura criminal. Estos elementos evidencian la capacidad armada y logística que alias Polo mantenía en esta zona fronteriza.
Fue capturado Jorge Aníbal Visbal Martelo, exministro y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Ponedera, Atlántico. La detención se produjo tras un procedimiento de control y verificación de antecedentes, en el que se evidenció una orden de captura vigente en su contra.De acuerdo con las autoridades, la orden fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, decisión que ya se encontraba en firme y sin posibilidad de recursos.Según lo establecido en la investigación judicial, Visbal Martelo habría mantenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005, cuando ejercía la presidencia de Fedegán y, de manera paralela, integraba la Comisión de Paz. En ese lapso, de acuerdo con el fallo de la Corte, asistió a reuniones de este grupo armado ilegal en varias fincas ubicadas en el departamento de Córdoba, identificadas como La Séptima, La 21 y La 53.El alto tribunal determinó que en dichos encuentros el entonces dirigente gremial habría manifestado afinidad con la organización armada y con su máximo jefe, Carlos Castaño Gil, además de sugerir la expansión del grupo a zonas con actividad ganadera. Asimismo, la sentencia señala que Visbal Martelo habría realizado aportes económicos a las AUC, mediante el pago de cuotas periódicas, a cambio de seguridad.La investigación también concluyó que el exdirigente hizo parte del denominado grupo de los 12, una estructura de carácter político que asesoraba a Carlos Castaño Gil, lo que sustentó la responsabilidad penal por concierto para delinquir.Tras su captura, Jorge Aníbal Visbal Martelo fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para adelantar los trámites legales correspondientes y proceder al cumplimiento de la condena impuesta por la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco, el conductor de un taxi señalado de provocar una grave tragedia vial al arrollar a 11 personas mientras conducía a exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Entre las víctimas se encontraba una adolescente de 15 años, quien falleció días después debido a la gravedad de las heridas sufridas en el hecho.De acuerdo con el ente acusador, Chalá Franco perdió el control del vehículo como consecuencia directa de su estado físico y mental, lo que derivó en el atropellamiento múltiple. En el curso de la investigación, la Fiscalía estableció que las pruebas practicadas al conductor arrojaron un resultado de grado tres de alcoholemia, el nivel más alto contemplado por la ley colombiana.Con base en estos elementos probatorios, el procesado será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todas las conductas agravadas. La Fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente fortuito, sino de una conducta consciente y altamente peligrosa que desembocó en consecuencias fatales.Durante la exposición del caso, el fiscal fue enfático al señalar que el comportamiento del conductor fue determinante en la tragedia. “A través de ese examen de análisis de toxicología y alcoholemia se pudo determinar y concretar que esta situación sobrepasó cualquier posibilidad de simplemente ser una falta de reflejos o de circunscribirse a un simple accidente de tránsito, pues decidió conducir sabiendo que su estado físico y mental no eran aptos”, afirmó el funcionario judicial.La investigación también evidenció contradicciones en la versión inicial del procesado. Chalá Franco aseguró en un primer momento que solo había consumido cuatro cervezas; sin embargo, los resultados del examen de alcoholemia confirmaron que presentaba un nivel de embriaguez tipo tres. Frente a este hallazgo, el fiscal cuestionó duramente la conducta del acusado y la calificó como una “decisión absurda” al ponerse al volante en ese estado. “Como soy yo, a mí no me pasa nada; ese es el imaginario que lleva a estos resultados tan drásticos”, manifestó.Mientras avanza el proceso penal, José Eduardo Chalá Franco continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario.