Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
En las próximas horas podrían ser liberados los 18 militares del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en el municipio de Carmen del Atrato, Chocó, tras una serie de tensiones entre las comunidades indígenas del resguardo La Puria y la fuerza pública.El hecho se registró el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad del Ejército adelantaba operaciones de vigilancia y control territorial en una zona de fuerte presencia del ELN. De acuerdo con la información oficial, cerca de 200 personas rodearon al grupo de soldados y los trasladaron por la fuerza hasta el resguardo indígena, impidiéndoles continuar su misión constitucional.La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los uniformados a sus hogares y a su unidad militar. Según la entidad, la situación fue comunicada por la Gobernación del Chocó, que activó los canales institucionales para promover una solución pacífica.Aunque no se ha reportado violencia contra los secuestrados, el Ejército Nacional calificó la acción como una vulneración de la libertad y la integridad personal de sus hombres. Las comunidades, por su parte, habrían solicitado la presencia de organismos del Estado y expresaron su inconformidad con las operaciones militares en su territorio, lo que refleja la compleja relación entre las autoridades y los pueblos étnicos en esta región del país.El departamento del Chocó sigue siendo uno de los más golpeados por el conflicto armado y la ausencia estatal. En esta zona confluyen grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que disputan el control de los corredores estratégicos del Pacífico y del occidente antioqueño. Esta realidad ha incrementado la tensión social y la percepción de riesgo entre las comunidades indígenas y afrodescendientes.La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de proteger los derechos humanos tanto de los soldados como de las comunidades, y aseguró que continuará acompañando las gestiones para lograr la liberación de los 18 militares y fortalecer los espacios de diálogo que eviten nuevas crisis humanitarias en el territorio.
Previo a la noche de Navidad aumentan los controles contra la pólvora en Antioquia. La Policía ha incautado más de 600 kilos durante diciembre, donde también el reporte de quemados asciende a 90.A pocos días de las fechas más importantes de las celebraciones decembrinas, crece la preocupación en las autoridades antioqueñas por la comercialización y uso de pólvora en las diferentes subregiones, especialmente en Medellín.Según el registro más reciente de la Gobernación de Antioquia, ya son 90 las personas lesionadas con elementos explosivos y pirotécnicos, por lo que los controles de las autoridades se han intensificado en las últimas semanas también teniendo en cuenta que el registro de quemados supera en 17 registros los del mismo periodo del año anterior.El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia, destacó la incautación de 1.615 kilos de este material en lo corrido de 2025, de los cuales 615 se han producido solo en durante los primeros 20 días de diciembre.“Continuamos en esa tarea de llevar a cabo estos controles de incautación en este elemento que tanto daño está causando a la comunidad antioqueña, en especial a los niños niñas y adolescentes”, dijo.En cuanto a los municipios con mayor número de personas quemadas con pólvora, los registros los sigue encabezando la ciudad de Medellín con 49, luego Bello e Itagüí con cinco y El Bagre tiene tres casos.De los 90 lesionados ocho casos han derivado en la amputación de alguna de las extremidades de las víctimas. De igual manera, del total 25 son menores de edad.
Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ha enviado una carta a la Corte Constitucional solicitando la suspensión de cualquier norma emitida al amparo de una posible declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional. Según el líder gremial, esta medida representa una "jugada" política orquestada desde hace semanas para eludir el control del Congreso tras el fracaso de la ley de financiamiento.Una estrategia para eludir al CongresoEn diálogo con Mañanas Blu, McMaster aseguró que el Ejecutivo condujo deliberadamente los trámites legislativos hacia el final de la legislatura para que coincidieran con la vacancia judicial. El objetivo, según la ANDI, sería implementar una reforma tributaria vía decreto, lo cual calificó como una acción "tramposa con la Constitución". Esta postura se ve reforzada por las recientes confesiones del Ministro del Interior, quien admitió que no gestionó el proyecto por orden directa del Presidente de la República.Para el gremio de empresarios, el país no atraviesa condiciones que justifiquen una emergencia económica, y el actuar del Ejecutivo se percibe como un intento sistemático de saltarse las otras ramas del poder público, incurriendo en actitudes de arbitrariedad que amenazan la estabilidad democrática.El daño irreparable a la institucionalidadMás allá de las implicaciones económicas o el aumento de impuestos, McMaster enfatizó que el perjuicio más grave es sobre la institucionalidad. El líder de la ANDI advirtió que ignorar el respeto por la separación de poderes y la Constitución generará una sociedad "no viable", lo que a largo plazo destruirá la capacidad de generar confianza, atraer inversión extranjera y mantener la credibilidad crediticia del país.Voces de rechazo desde la academia y la técnicaA esta preocupación se sumó el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien calificó la intención del gobierno como un "error histórico". Ocampo señaló que una emergencia económica requiere de un "hecho sobreviniente", situación que no se cumple en este caso, ya que el hundimiento de una ley en el Congreso es una decisión legítima del Legislativo y no una catástrofe imprevista.Ocampo también criticó la falta de anuncios sobre el recorte del gasto público y expresó su preocupación por propuestas impositivas desproporcionadas, como elevar el impuesto al patrimonio al 5% e incluir a personas jurídicas, lo cual se aleja de la tradición tributaria del país. Asimismo, el exministro alertó sobre una reciente operación de endeudamiento por 6.000 millones de dólares con un solo inversionista, calificándola como un hecho "sin precedentes" que genera dudas sobre el marco legal y las tasas de interés pactadas.Escuche aquí la entrevista:
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
Los magistrados de la Corte Constitucional están a la espera de que el gobierno publique oficialmente el decreto con el que declara la emergencia económica, para convocar a una sala plena extraordinaria, en plena semana de navidad, para comenzar a discutir la polémica decisión.La convocatoria a una sala extraordinaria de la Corte en esta época sería algo inédito, porque desde el viernes pasado toda la rama judicial entró en periodo de vacaciones colectivas, la conocida vacancia judicial, hasta el 10 de enero de 2026, y se haría ante la urgencia de discutir y definir con prontitud el futuro de esta medida.Según pudo conocer Blu Radio, al menos seis magistrados están listos para reunirse virtualmente de forma extraordinaria para comenzar la discusión, sobre la que tienen dos posibilidades: una, la menos probable, que utilizando una nueva jurisprudencia, la Corte decida de manera inmediata la suspensión provisional de la emergencia económica, teniendo en cuenta los graves efectos que puede causar.La opción más probable es que la Corte, en la sala extraordinaria, defina quién va a ser el magistrado ponente, es decir quién será el encargado de estudiar si la emergencia económica es constitucional o inconstitucional. Esa definición antes de la vacancia judicial es clave, porque podría adelantar los plazos para decidir el futuro de la emergencia al volver del receso judicial.Quién quede a cargo del estudio de la emergencia económica, tendrá que decretar pruebas y en un plazo corto debe llevar a la Sala Plena la discusión frente a las solicitudes de varios gremios como la Andi, Fenalco y Amcham para que sea suspendida provisionalmente la medida, hasta tanto se defina de fondo si es o no inconstitucional, para evitar un perjuicio mediante el cobro de nuevos impuestos.La discusión de fondo gira en torno a si hay o no hechos sobrevinientes que justifiquen la declaratoria por parte del gobierno de un estado de excepción como la emergencia económica, que faculta al presidente para expedir durante un periodo determinado, decretos con fuerza de ley, incluso para crear o modificar impuestos.
El alto tribunal le pidió al Inpec y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal La Guafilla permitir el ingreso de visitantes venezolanos en situación migratoria irregular que presenten su cédula de ciudadanía venezolana, al considerar que negarlo vulnera derechos fundamentales y desconoce el fin resocializador de la pena.El caso se originó por la tutela presentada por "Magdalena", una ciudadana venezolana que vive en Colombia de manera irregular y a quien se le impidió visitar a su pareja, "Tomás", recluido en ese centro carcelario.Las autoridades penitenciarias argumentaron que ella no contaba con un documento válido expedido por una autoridad colombiana.Sin embargo, la Corte Constitucional mediante fallo de tutela determinó que esa exigencia no es razonable ni proporcional, pues existen medios alternativos de identificación, como la cédula venezolana.Además, recordó que ya había sentado precedente en la Sentencia T-385 de 2024, donde se permitió el ingreso de una ciudadana venezolana en las mismas condiciones.El alto tribunal consideró que el Inpec y el establecimiento penitenciario vulneraron los derechos fundamentales de la pareja a la visita íntima, la dignidad humana, la intimidad personal, la unidad familiar y el libre desarrollo de la personalidad.En su decisión, el alto tribunal también ordenó al Inpec ajustar la regulación sobre el ingreso de ciudadanos venezolanos a las cárceles para que se reconozca la cédula venezolana como documento válido en estos casos.
La investigación por el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Luis Herrera, alias DJ Regio Clown, dio un nuevo giro tras las declaraciones de la modelo venezolana Angie Miller, quien rompió el silencio y reveló nombres de presuntos responsables del doble homicidio ocurrido en México.Los cuerpos de los artistas fueron hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, y desde entonces las autoridades mexicanas han buscado esclarecer las causas y responsables del crimen. En medio de las pesquisas, Miller, quien habría tenido una relación sentimental con B-King y lo acompañó días antes del asesinato, fue capturada por las autoridades, aunque posteriormente quedó en libertad por falta de pruebas.Según reveló el noticiero Crystal del país azteca, la modelo aportó información clave para avanzar en la investigación. En su testimonio señaló que los homicidios estarían relacionados con una organización delictiva conocida como “Los Pesados de Los Reyes y Neza”, la cual tendría vínculos con el temido grupo La Unión Tepito, una de las redes criminales más poderosas de Ciudad de México.Esta versión cambia el rumbo del caso, pues en un principio se creía que los responsables pertenecían a La Familia Michoacana, hipótesis que surgió tras la aparición de un panfleto cerca del lugar donde fueron encontrados los cuerpos.De acuerdo con el medio El Universal, Miller declaró que prestó dinero a B-King para que él y Regio Clown se hospedaran en un Airbnb en Ciudad de México. También relató que el 11 de septiembre, días antes del crimen, los artistas se reunieron en un hotel junto a Juan Camilo Gallego, mánager del cantante, y otros colombianos identificados como Diego Armando, presunto líder de un grupo de préstamos “gota a gota”, Francis y Maxi.Durante ese encuentro, según su versión, los asistentes consumieron “tusi” o cocaína rosa y discutieron sobre la posible distribución en México de una droga conocida como “coco-chanel”, aparentemente con el aval de La Unión Tepito.
Tras una extensa jornada de trabajo con los directivos, presidentes y el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para implementar acciones que garanticen la protección de los dragoneantes de la institución.El Procurador General, Gregorio Eljach, advirtió a través de la red social X sobre el denominado "plan pistola" ejecutado por criminales, que ha cobrado la vida de varios funcionarios del INPEC mientras terminaban sus turnos de trabajo.Hasta el momento, han sido tres dragoneantes asesinados en el marco de estos ataques. El caso más reciente ocurrió en Cali, donde el funcionario Jimmy Flores Salazar fue víctima de un atentado armado al salir de su turno en la cárcel de Villahermosa.Durante una reunión extraordinaria este miércoles, 8 de octubre, entre la Procuraduría y el Inpec, se abordaron dos temas principales: el asesinato sistemático de miembros del cuerpo de custodia y las precarias condiciones laborales que enfrentan los funcionarios, las cuales no cumplen con el mandato legal.A partir de este encuentro, se han adelantado acciones encaminadas brindar mejor seguridad a los funcionarios: “Hemos decidido crear una mesa de trabajo de urgencia en sesión permanente para convocar a las instituciones del Ejecutivo, especialmente el Ministerio de Justicia, Hacienda y todas las entidades centrales para abordar en manera integral la problemática que hoy expusieron en busca de proponer una solución”, afirmó el Procurador Eljach.Ante estos atentados, la defensora del Pueblo, Iris Marín, también se pronunció y reiteró su llamado al Gobierno nacional para evaluar la posibilidad de declarar la emergencia carcelaria, advirtiendo que existe un riesgo grave y creciente contra los servidores penitenciarios, una situación que ha superado la capacidad de respuesta del Estado.Por su parte, el Inpec adoptó nuevas medidas de seguridad, entre ellas la suspensión temporal de las visitas en todas las cárceles de Bogotá y del Valle del Cauca, con la posibilidad de extender la medida a otros centros penitenciarios según la evaluación de riesgo. Además, la entidad implementará la modalidad de turnos 24x48 en los establecimientos donde la situación de seguridad así lo requiera.
Por medio de un boletín de prensa, la Justicia Penal Militar y Policial informó que la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el patrullero Héctor Andrés Rojas Pinilla y el patrullero retirado Kevin Julio Torrenegra Miranda por el delito de concusión.El alto tribunal rechazó el recurso de casación presentado por uno de los condenados, que pretendía anular la decisión del Tribunal Penal Militar y Policial, el cual había confirmado la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado de Instancia de la Policía Metropolitana de Bogotá. Este recurso buscaba revisar la condena por presuntos errores en la aplicación de la ley.Los hechos se remontan a junio de 2013, cuando los dos uniformados prestaban su servicio en el cuadrante Calamar 30 de la Policía Metropolitana de Villavicencio. En ese entonces, llegaron hasta una licorería donde exigieron a la propietaria la suma de 300.000 pesos a cambio de no imponerle un comparendo por, presuntamente, violar el horario autorizado para la venta de licor. La mujer entregó únicamente 100.000 pesos, alegando que era el dinero que tenía disponible.Por estos hechos, ambos uniformados deberán pagar una condena de 72 meses de prisión, además de una inhabilidad por el mismo periodo y el pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales vigentes a la fecha de los hechos, es decir, $29.475.000.
En una reciente decisión, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral para que investiguen a Guillermo Alfonso Jaramillo y Ricardo Roa por presuntas irregularidades en la campaña del Pacto Histórico al Senado y de la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia, con sus cargos de entonces gerente de campaña al Senado y gerente de la campaña Petro Presidente.Se trata de una investigación diferente y por otros hechos a los que investigó el Consejo Nacional Electoral durante tres años por, supuestamente, la Colombia Humana "volarse" los topes de campaña. Esto es distinto y es mucho más grave. Acá se habla de responsabilidades penales, lo otro serían disciplinarios con multas y sanciones.Lo novedoso tiene que ver con que la misma denuncia, interpuesta por el senador JotaPe Hernández, a través de un abogado, fue radicada tanto en el alto tribunal, como en la Fiscalía, el 6 de octubre del 2023. En ella se solicita investigar a Jaramillo y los 17 senadores y 3 exsenadores.Es decir, lo que ayer la Corte le pide investigar a la misma Fiscalía de Guillermo Alfonso Jaramillo, ya estaba hace dos años allá mismo, es la misma denuncia, por falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.¿Qué sucede desde octubre del 2023?La Sala de instrucción de la Corte Suprema se remanga, investiga, cita a todos los implicados y encuentra cosas delicadas. Por eso, este martes compulsa copias.La Fiscalía abre noticia criminal y muestra avances, que se pueden ver de manera pública en el sistema de consulta de casos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). Sin embargo, la última acción registrada data del 21 de octubre del 2024, exactamente hace un año. En esta fecha se registra una actividad descrita como ´Sale a Corte Suprema de Justicia’. ¿Qué dicen desde la Fiscalía?Este medio consultó al ente acusador, desde donde están revisando la información, pues hace meses se archivó una investigación contra Guillermo Alfonso Jaramillo, que tiene que ver con los vuelos de campaña, pero no propiamente los hechos denunciados por Hernández. Sin embargo, quedaron de revisar si por cercanía las dos denuncias se anexaron y terminó archivada también. Al cierre de este informe no se conoció la ampliación de la información.¿Qué es lo que encontró la Corte Suprema?Para entender, debemos tener en cuenta que hablamos de dos campañas y, por tanto, de dos contabilidades diferentes: una, la de Gustavo Petro a la Presidencia. Y la otra, la de la lista del Pacto Histórico al Senado. En la primera, Ricardo Roa era el gerente, y en la otra lo era Guillermo Alfonso Jaramillo.Los senadores entregaron informes individuales de ingresos y gastos de campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en los cuáles aparecen rubros de gastos de transporte con la "SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUE SADI S.A.S. por el valor de SESENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($60.782.337,00)".El valor total del crédito en especie de transporte aéreo de pasajeros en avión correspondió a un monto de $1.215.646.740 el cual se prorrateo frente a cada candidato. Todos reportaron lo mismo. Ellos firman el acta, aprueban el reporte, lo mandan al CNE y éste aprueba lo reportado y con eso les hace la devolución respectiva por ingresos de campaña.El 18 de septiembre de 2023 el periódico El Tiempo reveló que Carlos Eduardo Restrepo Osorio, administrador y dueño de esta empresa SADI de transporte aéreo, se entregó a la Justicia de Estados Unidos de América el 8 de junio de 2023 aceptando cargos por tráfico de estupefacientes.La nuez del asunto fue que los senadores después de esta noticia manifestaron tanto en sus redes como ante la Corte Suprema, que nunca habían utilizado los servicios de transporte aéreo de la empresa SADI S.A.S. y que fue una decisión autónoma y arbitraria del ahora ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, incluir ese gasto dentro del reporte de gastos y contribuciones que entregó al CNE como gerente de la campaña.Pero, si ellos no lo hicieron, ¿quién utilizó esas horas de avión? Según actas, chats y demás testimonios, los utilizaron el presidente, Armando Benedetti, Laura Sarabia y su equipo de seguridad. Ellos usaron los vuelos. Es decir, el servicio lo utilizó la campaña del presidente, pero se le registraron a los senadores con sus firmas. La Corte, entiende, que eso es grave y por eso se compulsan copias a quienes podrían haber sido los cerebros del arreglo de la documentación: Jaramillo y Roa.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes, que operaba a través de plataformas de mensajería instantánea y tenía alcance en varios países de América Latina y Europa.La operación se realizó en coordinación con el Centro Cibernético Policial y la Comunidad de Policías de América y es que de acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, la estructura ilegal utilizaba una aplicación de mensajería en la que participaban cerca de 100 personas ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia.A través de ese canal se compartieron más de 1.275 videos y 539 imágenes que evidencian graves vulneraciones contra menores de entre 5 y 10 años.En las diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red e incautaron dispositivos electrónicos que contienen material probatorio relacionado con abusos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de menores de edad.Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y les fue imputado el delito de pornografía con menor de 18 años.Se trata de Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, quienes no aceptaron los cargos y deberán estar recluidos en la cárcel mientras avanza el proceso.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de mantener la detención intramural de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pese a la apelación presentada por sus defensas, dejó a ambos privados de la libertad mientras avanza el proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Es así como Bonilla permanece en el búnker de la Fiscalía en Bogotá y Velasco en una sede de la Dijín en Cali, tras una determinación que, aunque fue inicialmente solicitada como domiciliaria por la Fiscalía, terminó siendo más severa.Desde la defensa del exministro de Hacienda, el abogado penalista Mauricio Pava insistió en que la medida de aseguramiento no puede interpretarse como una condena anticipada. “La decisión de la magistrada es preliminar, precautelativa, no es la imposición de una pena anticipada”, aseguró, al tiempo que recalcó que el eje central del proceso debe ser la presunción de inocencia. Según explicó, una vez el ciudadano entra a los estrados judiciales, “todo lo que se discute legítimamente por fuera, en los medios o en el debate público, queda afuera”.Pava fue enfático en señalar que la discusión de fondo apenas comienza y que las conclusiones de la magistrada responden a una valoración inicial. “Esto se tiene que analizar en el juicio. Para nosotros, los abogados litigantes, la presunción de inocencia es estructural en el debate jurídico”, afirmó, dejando claro que la defensa no comparte la tesis de la Fiscalía según la cual Bonilla habría hecho parte de una organización criminal.Al referirse a los hechos concretos del caso, el abogado sostuvo que existen tres grandes ejes en la investigación y que, a su juicio, ninguno compromete penalmente a su defendido. “El tema de los carrotanques de La Guajira no tiene nada que ver con el profesor Bonilla. El de los maletines, tampoco. Y el tercero es una hipótesis de la Fiscalía que nosotros hemos denominado, de manera prosaica, una tentativa de ‘mermelada’”, explicó. Esa hipótesis, agregó, fue acogida preliminarmente por la magistrada, pero tiene un amplio campo de discusión jurídica.Frente a los delitos imputados —concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos—, Pava precisó que se trata de interpretaciones sobre conversaciones y actuaciones administrativas que deberán ser controvertidas en juicio. “No es que las pruebas hablen por sí solas; lo que existe es la interpretación que cada parte hace de ellas: la Fiscalía, la magistrada, la defensa”, señaló.El abogado también defendió la actuación personal de Bonilla durante el proceso. Recordó que renunció a su cargo y que se comprometió a comparecer ante la justicia como cualquier ciudadano. “Ha encarado este proceso con integridad y dignidad, asistiendo a todas las diligencias y asumiendo las consecuencias de las decisiones judiciales”, dijo.Sobre la sorpresa que generó la decisión de enviarlo a la cárcel, pese a que la Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado detención domiciliaria, Pava aseguró que no le resultó inesperada. “Llevo 30 años en el ejercicio profesional y he visto posiciones muy estrictas de los jueces. No estamos de acuerdo, por eso recurrimos, pero no me sorprendió”, afirmó.
La JEP condenó al coronel en retiro Hernán Mejía a 20 años de prisión por 72 casos de falsos positivos que se dieron mientras él comando el Batallón La Popa con sede en Valledupar.“Declarar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutierrez penalmente responsable por los hechos ocurridos mientras se desempeñaba como comandante del Batallón de Artilleria La Popa No 2 de Valledupar como coautor de los delitos que se cometieron en el marco de la primera modalidad del patron de macrocriminalidad consistente en una alianza entre el ilegal aparato organizado de poder bajo su mando con el Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia”, señala la JEP.Las conductas punibles que cometió Mejia, según la JEP, son homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desaparición forzada, entre otros.El coronel en retiro Hernán Mejía deberá cumplir una pena de 20 años de prisión y no se le concederá prisión domiciliaria ni medidas alternativas.Es importante recordar que Mejia ha negado su responsabilidad en estos casos de falsos positivos y tuvo que enfrentar un juicio en la JEP.Esta es la primera condena de la JEP en la que un compareciente enfrenta la cárcel.