Los rumores del traslado al centro carcelario de la capital del Atlántico son ya una realidad. A través de una comunicación oficial, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras lo firmará, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.Especificó el funcionario que la solicitud de traslado que le hizo este viernes el Comisionado de Paz, Otty Patiño, recibirá su visto bueno, sobre todo para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que alias 'Cástor', 'Digno Palomino' y varios miembros más de estas bandas, no van para un hotel y tendrán vigilancia estricta del INPEC.“La solicitud de traslado la recibí ayer (viernes) por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población", aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC.Esta actuación, destaca el Ministerio de Justicia en un comunicado, se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.Sobre los traslados en esta fase de diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y su traslado a Barranquilla, públicamente criticado por autoridades locales como el alcalde Alejandro Char, así como la tregua que firmaron el pasado 2 de octubre, el profesor y politólogo Luis Trejos argumenta que es inviable cualquier proceso de paz urbana sin un marco jurídico que lo respalde y a casi seis meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro.“Hoy se hacen unos traslados desde el nivel nacional, pero todavía no es claro los objetivos que persigue el Gobierno nacional al querer instalar esta mesa cuando no hay un marco jurídico que regule la misma, por eso emerge la especulación de que pareciera que el Gobierno está pensando más en los resultados electorales que en la verdadera pacificación del territorio”, comentó Trejos.El politólogo y analista añadió que otra de las fallas en esta fase exploratoria de diálogos radica en no tener en cuenta a las autoridades en el territorio, que son las que los combaten y los sufren.Hay que recordar que en, medio de esta supuesta tregua, el accionar de Pepes y Costeños ha dejado muertos de los dos lados y varios de sus miembros han seguido incurriendo en delitos como el sicariato, la extorsión o el microtráfico, según reportes de la Policía Metropolitana.Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y 'Digno Palomino' en La Picota, de Bogotá.
El Ministerio de Justicia y del Derecho avaló el traslado intramural de los máximos cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y “Los Costeños” hacia centros de reclusión en Barranquilla. Esta medida se realizará bajo condiciones de máxima seguridad y busca preservar la tregua de paz a la que previamente habían llegado estas estructuras.La decisión se da en el marco de la política de paz urbana, contemplada dentro del proyecto de Paz Total del Gobierno nacional, y responde a una solicitud presentada el pasado 9 de enero por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, al ministro de Justicia, Andrés Idárraga. “Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”, precisó Idárraga, al aclarar que la medida no implica beneficios carcelarios.La solicitud involucra a Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’, y a José Alfredo Castro, alias ‘Castor’, máximo líder de ‘Los Costeños’. Ambos hacen parte de la tregua firmada por los dos dirigentes en Bogotá, el 2 de octubre de 2025, con vigencia hasta el 20 de enero de 2026.El pacto establecía que ambas organizaciones delincuenciales se abstendrían de realizar robos, extorsiones y asesinatos en Barranquilla y su zona metropolitana. Asimismo, contemplaba el abandono de actividades económicas ilícitas, el desarme gradual de sus integrantes, la desvinculación de menores de edad de sus filas y la puesta en marcha de programas de resocialización dentro de los centros penitenciarios.El Gobierno nacional reiteró que el traslado se enmarca en la Resolución Ejecutiva N.º 442 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con este tipo de estructuras criminales. El Ministerio de Justicia recalcó que la paz no significa impunidad, sino “control, legalidad y vigilancia permanente” en defensa de la seguridad ciudadana.
El asesinato de Natalia Santo Domingo Rodríguez, una mujer trans, mantiene la conmoción por la violencia con la que fue cometido el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero de 2025 en un apartamento donde residía la víctima, y hoy avanzan en un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades y el móvil del homicidio.Natalia había crecido en el municipio de Pacho, Cundinamarca y, con el paso de los años, se trasladó a Chía y Cajicá en busca de un entorno que le permitiera vivir su proceso de transición con mayor tranquilidad. En entrevista con Conducta Delictiva Podcast su hermana menor la describió como una mujer cercana, solidaria y comprometida con el bienestar de los suyos, a quienes apoyaba económicamente de forma constante.Diana Quintero recordó que desde la niñez la identidad de Natalia era evidente dentro del hogar. “Algo en mí siempre me decía que Natalia era diferente. Un día nos llamó y nos dijo que él ya no quería ser él, que quería ser ella”, relató.El día anterior a su muerte, Natalia compartió con su familia. Según el relato de su hermana, las últimas comunicaciones se registraron entre las 6:22 y las 6:30 de la mañana, cuando llamó a su madre y a una tía. Luego, sus teléfonos quedaron apagados.Ante la falta de respuesta durante varias horas, su pareja y su hermana decidieron ingresar al apartamento en la tarde de ese mismo día. Fue Diana quien entró primero a la vivienda. “Yo fui la que entré a ese lugar y encontré a Natalia en esas condiciones. Vi muchísima sangre por todo lado y una escena de terror en esa habitación”, contó.Las autoridades establecieron que la víctima intentó defenderse durante el ataque. Inicialmente, la pareja sentimental de Natalia fue objeto de verificación, pero quedó descartada tras el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. La Fiscalía determinó que el presunto responsable sería un hombre de 30 años, identificado como un vínculo sentimental paralelo de la víctima. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado al apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana, aprovechando la confianza que Natalia tenía en él. El informe de Medicina Legal confirmó que la víctima recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que evidenció un alto grado de violencia. Tras el homicidio, el atacante habría robado dinero en efectivo, los teléfonos celulares de la víctima y otros objetos, en un intento por eliminar rastros del crimen.Luego de diez meses de seguimiento, que incluyó el rastreo de llamadas, movimientos y uso de los dispositivos móviles de Natalia, las autoridades capturaron al sospechoso en octubre de 2025, en el municipio de Chía.Aunque el hombre no aceptó los cargos por homicidio agravado, la Fiscalía asegura contar con pruebas técnicas que lo ubican en la escena y lo vinculan directamente con los hechos. Actualmente permanece recluido en un centro carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad.Para la familia, la captura no cierra el caso. Diana Quintero insiste en que aún falta conocer el trasfondo del crimen. “Lo único que nosotros queremos como familia es saber la verdad de lo que pasó con Natalia. ¿Qué fue eso tan malo que Natalia les hizo para que le quitaran la vida de esa manera tan atroz?”, expresó.
La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia contra cinco desmovilizados del extinto Bloque Oriental de las FARC-EP, a quienes les concedió el beneficio de la pena alternativa 96 meses, es decir, ocho años de prisión, en el marco de la Ley 975 de 2005. La decisión sustituye la pena ordinaria impuesta, como parte del modelo de justicia transicional que contempla sanciones reducidas para excombatientes que contribuyan a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición.El fallo cobija a Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Críspulo Efraín Quiñones Barreiro y César Díaz, quienes fueron postulados por la Fiscalía 73 Delegada ante Justicia y Paz como responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el conflicto armado interno en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.Según lo establecido por la Sala, desde noviembre de 2025 se estudiaron 44 hechos criminales, que dejaron 44 víctimas directas y 121 víctimas indirectas, para un total de 165 víctimas. Estos hechos corresponden a 85 conductas delictivas atribuidas a los exintegrantes del Bloque Oriental.La sentencia ordenó “reconocer la pena alternativa de noventa y seis (96) meses a cada uno de los postulados, es decir, ocho años”, sustituyendo la pena ordinaria, beneficio que queda condicionado al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos dentro del proceso. Entre ellos se encuentran las obligaciones de contribución efectiva a la verdad, la reparación integral de las víctimas, la no repetición de los hechos y la participación en programas de reincorporación y desmovilización.En materia de reparación, la Sala reconoció a las víctimas directas e indirectas acreditadas en el proceso y ordenó el pago de los daños y perjuicios morales y materiales determinados en el incidente de reparación integral. El monto total de la indemnización asciende a $17.554.266.421.Finalmente, la decisión judicial incluye órdenes orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y a promover acciones en las regiones más afectadas por la actuación del Bloque Oriental, con el objetivo de evitar este tipo de conductas y fortalecer las garantías de no repetición en los territorios impactados por el conflicto armado.
La trágica muerte de Yeison Jiménez generó un fuerte luto en Colombia. Miles de personas han lamentado la noticia y han elevado una cadena de buenas energías hacía la familia del artista tras este triste suceso en Paipa, Boyacá, cuando se disponía a movilizarse al departamento de Antioquia.Ahora, Manzanares, Caldas, el lugar que lo vio nacer en 26 de julio de 1991 rinde un sentido homenaje a su memoria y el orgullo que causó llevando la bandera de este municipio a todas partes donde iba, al igual que Jefferson Osorio, manager y amigo del artista.“A lo largo de su trayectoria artística se consolidó como una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, alcanzando reconocimiento a nivel nacional e internacional llevando con orgullo el nombre de Manzanares y del departamento de Caldas a múltiples escenarios y convirtiéndose en un referente cultural para las nuevas generaciones”, expresaron desde la Alcaldía a través de un comunicado.Explicaron que tomarán tres días de lutos, ya decretados, en honor a la memoria y orgullo de dos personas que supieron llevar con orgullo los símbolos del municipio desde el arte y el trabajo duro.“El fallecimiento de ambos ciudadanos ha generado un profundo sentimiento de dolor, consternación y solidaridad en la comunidad manzanareña, que hoy reconoce su legado humano, cultural y artístico. Corresponde a la administración municipal exaltar la memoria de sus ciudadanos ilustres y expresar, mediante actos simbólicos e institucionales, el sentimiento colectivo de duelo y respeto”, añadieron.El artista perdió la vida en la tarde de este sábado, 10 de enero, cuando se movilizaba en su avión hacía el municipio de Marinilla, en donde tenía presentación en la noche. Pero, por desgracia, la aeronave no logró salir del departamento de Boyacá. Este suceso dejó un fuerte vacío en la música colombiana y toda una comunidad de seguidores.
Cada 10 de enero, el mundo conmemora el Día Mundial de las Aves, una fecha que pone sobre la mesa la importancia de estas especies para el equilibrio de los ecosistemas, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. En Colombia, uno de los países con mayor diversidad de aves del planeta, la protección de este patrimonio natural sigue siendo un reto permanente frente al avance del tráfico y la comercialización ilegal de fauna silvestre.En ese contexto, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, desplegó una estrategia preventiva y operativa a nivel nacional para enfrentar estos delitos ambientales. Los controles se reforzaron en terminales de transporte, aeropuertos, carreteras nacionales y corredores estratégicos, puntos donde con mayor frecuencia se detecta el traslado ilegal de aves con fines de venta, tenencia como mascotas o envío a mercados nacionales e internacionales.Como resultado de estas acciones, durante la jornada conmemorativa se logró la incautación de 96 aves silvestres, entre ellas dos búhos, un halcón peregrino y cuatro tinguas azules. De acuerdo con las autoridades, estas especies tendrían un valor cercano a los 135 millones de pesos en el mercado ilegal, una cifra que refleja la rentabilidad de este negocio criminal y el impacto que genera sobre la biodiversidad.Uno de los componentes clave de la estrategia ha sido el uso de caninos ecodetectores, entrenados específicamente para la búsqueda de fauna silvestre. Tres de estos perros han sido aliados estratégicos en operativos realizados en aeropuertos, terminales y vías nacionales, permitiendo detectar aves ocultas y evitar que sean comercializadas de forma ilegal.Las cifras acumuladas evidencian la magnitud del problema. Durante 2025, la Policía Nacional incautó 14.460 aves silvestres y logró la recuperación de otras 5.355, las cuales fueron entregadas a las autoridades ambientales para su rehabilitación y posterior reintegración a su hábitat natural. Estas acciones, según la institución, han contribuido a debilitar las redes de tráfico de fauna y a reducir la presión sobre especies vulnerables.Además de los operativos, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental adelantó jornadas de sensibilización y educación ambiental. Solo en esta fecha, cerca de 2.043 personas fueron impactadas con mensajes orientados a promover la denuncia del tráfico ilegal de fauna y a reforzar la idea de que la protección de las aves es una responsabilidad compartida entre ciudadanos y autoridades.“El tráfico ilegal de aves no solo afecta las economías criminales, también pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas”, señaló el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, quien reiteró que la Policía continuará fortaleciendo sus capacidades operativas para proteger la biodiversidad del país y garantizar la preservación del capital natural para las futuras generaciones.
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aseguró desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, que están "bien" y que son "unos luchadores", según el hijo del líder chavista, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, quien dijo haber conversado con los abogados.En una nota publicada este domingo, el medio estatal Venezolana de Televisión (VTV) informó que el hijo de Maduro se reunió con integrantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y "transmitió un mensaje de fortaleza" por parte de su padre y Flores, quienes fueron capturados el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques."Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes", aseguró Maduro Guerra, citado en la nota de VTV.El diputado denunció que contra Maduro "se empleó una fuerza desproporcionada, al no poder vencerlo por otras vías", según el canal estatal.No obstante, prosiguió VTV, insistió en que se mantiene "moralmente íntegro y fuerte" y que "su liderazgo no ha sido doblegado a pesar de las circunstancias que enfrenta en territorio estadounidense".El pasado lunes, Maduro se declaró como "un hombre inocente" de los cargos de narcotráfico con los que la Administración de Donald Trump justifica su captura y traslado a EE.UU., y dijo ser un "prisionero de guerra" ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York durante su primera comparecencia.La acusación formal, hecha pública el sábado y que revisa la original de 2020, imputa a Maduro los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, entre otros cargos.Por su parte, Flores está acusada por presuntamente participar en la conspiración para el tráfico de cocaína.Ambos se declararon "no culpables" y Maduro dijo ser "un hombre inocente", a la vez que reiteró ser el presidente de Venezuela.Ese mismo lunes, el hijo de Maduro denunció que su familia es "perseguida" y dijo confiar en que, "más temprano que tarde", ambos serán liberados y estarán de regreso en el país suramericano.Además, expresó su "apoyo incondicional" a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada tras una orden del Tribunal Supremo.
Los primeros días de 2026 han sido todo menos tranquilos. En apenas 11 días, América Latina pasó de la tensión máxima por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, a una llamada clave entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump que bajó el tono de una crisis que parecía escalar. Ese fue el contexto del análisis que hizo Pedro Viveros este 4 de enero en Sala de Prensa Blu, dirigido por Juan Roberto Vargas.Para el analista, lo ocurrido marca un antes y un después en la política regional. Con una frase contundente, Viveros resumió su lectura del momento: “El problema en América Latina era el régimen de Maduro, porque no respetaba absolutamente ninguno de los parámetros democráticos”. Desde su perspectiva, la salida del líder chavista permitió reactivar conversaciones que estaban bloqueadas y abrió un nuevo escenario diplomático.¿Por qué la salida de Maduro destrabó la conversación regional?Viveros explicó que el régimen venezolano funcionaba como un “tapón” que impedía el diálogo entre gobiernos legítimos. “Cuando sale ese tapón que era Maduro, pueden volver a reconducir lo que tiene que pasar en una democracia: que hablen los que piensan diferente”, afirmó al aire.En ese contexto, defendió la llamada entre Petro y Trump, a la que calificó como “muy oportuna para el bien de la región”. A su juicio, sin la interferencia del chavismo, la diplomacia volvió a ocupar el lugar que había perdido en medio de amenazas, trinos y discursos altisonantes.¿Cómo juega Donald Trump en este nuevo tablero?El analista también se refirió al estilo del presidente estadounidense. “Trump siempre comienza como a apretar hasta el fondo el cuello de los problemas, pero al final o saca una hoja para negociar o hace operaciones militares quirúrgicas”, dijo, descartando que lo ocurrido se parezca a invasiones clásicas como Panamá o Granada.Sobre Colombia, Viveros sostuvo que durante la operación en Venezuela el presidente Petro quedó “completamente neutralizado”. Incluso lanzó una de las frases más punzantes de la entrevista: “No me cabe la menor duda de que a Petro le avisaron con antelación lo que iba a ocurrir”, al referirse a la actividad del mandatario colombiano en la madrugada de la intervención.Impacto político en Colombia y la campaña presidencialPara Viveros, todo este episodio tendrá efectos directos en la campaña presidencial. Considera que se debilita a los sectores que defendieron al madurismo y obliga a replantear discursos. “El presidente Petro ya está de salida”, advirtió, y señaló que ahora la mirada de Washington está puesta en quienes gobernarán en los próximos cuatro años.En su análisis final, el experto anticipó un corrimiento del debate político colombiano hacia temas de seguridad, relaciones exteriores y orden público, impulsado por lo ocurrido en Venezuela. “Esta operación va a cambiar mucho el mapa político en Colombia”, concluyó.
La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizaron un operativo en el barrio Castilla, noroccidente de Medellín, que permitió la captura, por orden judicial, de Sebastián Pulgarín Molina, alias 'Pulga', integrante del grupo delincuencial organizado 'Los Chatas', grupo vinculado a extorsiones, homicidios, hurtos y narcotráfico en Medellín, Bello y el Oriente antioqueño.De acuerdo con las investigaciones, alias 'Pulga' habría tenido una participación activa y sostenida dentro de las dinámicas criminales de esta estructura durante aproximadamente seis años, desempeñando un rol relevante en actividades relacionadas con el narcotráfico y la consolidación del control territorial ilegal.El capturado ya había sido detenido en flagrancia durante el año 2023, junto con otros ocho integrantes de este grupo delincuencial, entre los que se encontraba alias 'Juanca', señalado como coordinador de zona en la que delinquen, así lo explicó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía."Se logró materializar la captura por orden judicial para el cumplimiento de una condena de Sebastián Pulgarín Molina, alias 'Pulga', quien era requerido por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esta acción es el resultado de ese trabajo articulado tanto de inteligencia como de investigación", declaró el funcionario.Alias “Pulga” fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente y ahora tendrá que responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Con esta captura, las autoridades dan un golpe significativo a la capacidad criminal de “Los Chatas” y envían un mensaje claro y contundente a las estructuras ilegales que operan en la ciudad.La Administración Distrital reiteró su compromiso de continuar desarrollando acciones articuladas de inteligencia, investigación y judicialización, con el fin de desarticular estas organizaciones y poner a sus integrantes a disposición de la justicia.
La muerte de Cristian Eiler Matías Hernández, alias ‘Polo’, marcó un nuevo golpe contra el círculo más cercano de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El hombre, considerado uno de sus alfiles más peligrosos, fue abatido en desarrollo de operaciones militares y policiales adelantadas en el departamento del Amazonas, tras varios días de persecución e inteligencia.Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 2 de enero en zona rural del corregimiento de Mirití, en una región selvática utilizada históricamente como refugio, corredor de movilidad y retaguardia armada de estas estructuras ilegales. Hasta allí llegaron unidades de la Fuerza Pública luego de un planeamiento que combinó despliegues por tierra, aire y ríos, en una operación que se extendió cerca de siete días.Alias ‘Polo’ intentaba evadir la ofensiva que desde finales de 2025 se intensificó en el suroriente del país contra los carteles del narcotráfico y los grupos armados residuales que los protegen. En medio del combate se produjo la neutralización de varios integrantes de esta estructura, cuatro murieron durante la operación, cuatro más fueron capturados y tres se sometieron a las autoridades.Uno de los puntos que generó especial atención tras el operativo fue la situación de tres de los individuos neutralizados, quienes inicialmente afirmaron ser menores de edad. Sin embargo, luego de las diligencias de verificación e identificación realizadas por las autoridades competentes, se estableció que todos eran mayores de 18 años, por lo que deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes.De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias ‘Polo’ había sido designado directamente por alias Iván Mordisco y alias Alonso 45 como jefe principal de la estructura criminal que opera en el Amazonas. Desde ese rol habría participado en la planeación y ejecución de delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.Su ascenso dentro de la organización se produjo tras la muerte de alias ‘Jenny Lara’, abatida en octubre de 2025 en el sector de Tres Islas, en Mirití Paraná. Desde entonces, alias ‘Polo’ asumió el control territorial y la coordinación de las rutas fluviales, así como la seguridad de las zonas por donde se movía el máximo cabecilla de las disidencias en esta región estratégica.Las investigaciones también lo vinculan con atentados recientes contra unidades militares y de la Armada. Entre ellos, el ataque con explosivos a la base militar de Araracuara, en agosto de 2025, y el hostigamiento a un puesto fluvial en la base La Tagua, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en septiembre del mismo año, donde se habrían utilizado embarcaciones acondicionadas con explosivos.Durante la operación fueron incautados 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y dos embarcaciones empleadas para la movilidad fluvial de la estructura criminal. Estos elementos evidencian la capacidad armada y logística que alias Polo mantenía en esta zona fronteriza.
Fue capturado Jorge Aníbal Visbal Martelo, exministro y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Ponedera, Atlántico. La detención se produjo tras un procedimiento de control y verificación de antecedentes, en el que se evidenció una orden de captura vigente en su contra.De acuerdo con las autoridades, la orden fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, decisión que ya se encontraba en firme y sin posibilidad de recursos.Según lo establecido en la investigación judicial, Visbal Martelo habría mantenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005, cuando ejercía la presidencia de Fedegán y, de manera paralela, integraba la Comisión de Paz. En ese lapso, de acuerdo con el fallo de la Corte, asistió a reuniones de este grupo armado ilegal en varias fincas ubicadas en el departamento de Córdoba, identificadas como La Séptima, La 21 y La 53.El alto tribunal determinó que en dichos encuentros el entonces dirigente gremial habría manifestado afinidad con la organización armada y con su máximo jefe, Carlos Castaño Gil, además de sugerir la expansión del grupo a zonas con actividad ganadera. Asimismo, la sentencia señala que Visbal Martelo habría realizado aportes económicos a las AUC, mediante el pago de cuotas periódicas, a cambio de seguridad.La investigación también concluyó que el exdirigente hizo parte del denominado grupo de los 12, una estructura de carácter político que asesoraba a Carlos Castaño Gil, lo que sustentó la responsabilidad penal por concierto para delinquir.Tras su captura, Jorge Aníbal Visbal Martelo fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para adelantar los trámites legales correspondientes y proceder al cumplimiento de la condena impuesta por la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco, el conductor de un taxi señalado de provocar una grave tragedia vial al arrollar a 11 personas mientras conducía a exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Entre las víctimas se encontraba una adolescente de 15 años, quien falleció días después debido a la gravedad de las heridas sufridas en el hecho.De acuerdo con el ente acusador, Chalá Franco perdió el control del vehículo como consecuencia directa de su estado físico y mental, lo que derivó en el atropellamiento múltiple. En el curso de la investigación, la Fiscalía estableció que las pruebas practicadas al conductor arrojaron un resultado de grado tres de alcoholemia, el nivel más alto contemplado por la ley colombiana.Con base en estos elementos probatorios, el procesado será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todas las conductas agravadas. La Fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente fortuito, sino de una conducta consciente y altamente peligrosa que desembocó en consecuencias fatales.Durante la exposición del caso, el fiscal fue enfático al señalar que el comportamiento del conductor fue determinante en la tragedia. “A través de ese examen de análisis de toxicología y alcoholemia se pudo determinar y concretar que esta situación sobrepasó cualquier posibilidad de simplemente ser una falta de reflejos o de circunscribirse a un simple accidente de tránsito, pues decidió conducir sabiendo que su estado físico y mental no eran aptos”, afirmó el funcionario judicial.La investigación también evidenció contradicciones en la versión inicial del procesado. Chalá Franco aseguró en un primer momento que solo había consumido cuatro cervezas; sin embargo, los resultados del examen de alcoholemia confirmaron que presentaba un nivel de embriaguez tipo tres. Frente a este hallazgo, el fiscal cuestionó duramente la conducta del acusado y la calificó como una “decisión absurda” al ponerse al volante en ese estado. “Como soy yo, a mí no me pasa nada; ese es el imaginario que lleva a estos resultados tan drásticos”, manifestó.Mientras avanza el proceso penal, José Eduardo Chalá Franco continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario.
La decisión de dejar en libertad a 15 personas capturadas por su presunta vinculación a la red de extorsión carcelaria conocida como “Los Bautistas” se fundamentó, según la juez del caso, en la ausencia de pruebas que demostraran su conocimiento o participación directa en las actividades ilegales. Así lo determinó la juez 17 penal con función de control de garantías, al resolver la situación jurídica de varios de los implicados en el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación.Las capturas se produjeron en diciembre de 2025, durante allanamientos simultáneos y coordinados por la Fiscalía y la Policía en Bogotá, en los que fueron detenidas 39 personas. De acuerdo con las autoridades, se trata de una estructura criminal que operaba desde la cárcel La Picota, dedicada a extorsiones que habrían generado rentas ilegales cercanas a los 17.000 millones de pesos.No obstante, al analizar de manera individual la situación de cada capturado, la juez concluyó que en 15 casos no se acreditó la inferencia razonable de autoría o participación. En su decisión, enfatizó que “la inferencia razonable de autoridad o participación debe ser valorada para cada ciudadano de manera independiente, no de manera generalizada y conjunta como decidió hacerlo la Fiscalía General de la Nación, pues dejó de un lado que en el derecho penal la responsabilidad es individual”.Durante la audiencia, la juez encontró que, en la mayoría de estos casos, las personas habían recibido transacciones esporádicas o únicas, provenientes de familiares o terceros, algunos privados de la libertad, sin que se demostrara que conocían el origen ilícito del dinero. Uno de los casos destacados fue el de una mujer que recibió una consignación de $100.000 de su hijo, recluido en La Picota. “No se tiene evidencia de que la ciudadana supiera cuál es el origen del dinero que recibió en esa consignación”, señaló la juez, al tiempo que aclaró que no existían pruebas de que hubiera participado en llamadas extorsivas, contactado a víctimas o concertado acuerdos criminales.Otro de los casos analizados correspondió a una mujer de 71 años, con una condición médica que la obligó a conectarse a la audiencia desde un hospital. Sobre ella, la juez sostuvo que tampoco se probó conocimiento del origen ilegal de los recursos transferidos por su hijo. En la diligencia se tuvo en cuenta una carta manuscrita enviada por el recluso, en la que este afirmaba: “El 10 de abril yo le pedí el favor de que me recibiera el monto de un millón y que le enviara cierta cantidad de ese dinero a mi mamá, manifestando que era para el mercado, sin saber ella que ese dinero era ilícito y que estaban siendo víctimas de un engaño”.El abogado Juan Manuel Castellanos, defensor de una de las personas dejadas en libertad, explicó que la decisión judicial obedeció a la falta de individualización por parte del ente acusador para su clienta “esa persona, que es una adulta mayor, que supera los 55 años, que tiene 15 años como modista,, pues no tenía conocimiento alguno de esas extorsiones. Y como no tenía el conocimiento de las extorsiones porque nunca llamó a una presunta víctima, porque nunca recibió de manera directa el dinero, pues tendría que decir que fue instrumentalizada. Pero además de esa situación, es una persona que se gana un mínimo, que trabaja diariamente, que no tiene antecedentes y que no tiene ningún nexo de causalidad entre el delito y la extorsión”, afirmó.El abogado Castellanos habló sobre el cuestionamiento que se hizo en la diligencia sobre la argumentación de la Fiscalía “evidentemente algunos hechos sí existieron, pero porque los hechos existan no significa que todas las personas tengan que estar vinculadas y llevadas a un proceso penal”.Pese a la libertad otorgada a estas 15 personas. La juez determinó que en el caso de los demás capturados sí se acreditó la participación en la red de extorsión, por lo que impuso medidas de aseguramiento, tanto de detención domiciliaria como intramural.
Las autoridades avanzan en la identificación y captura de los responsables del linchamiento que terminó con la muerte de un hombre, identificado como Mauricio Cendales, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Por este caso, ocurrido el 11 de noviembre de 2025, la Policía y la Fiscalía difundieron un cartel con tres hombres que figuran entre las más buscadas por su presunta participación en los hechos.De acuerdo con la investigación, la víctima se movilizaba en una camioneta cuando tuvo un altercado con varios motociclistas. Minutos después, fue interceptado y acorralado en el barrio Tabakú, donde un grupo de personas lo atacó de forma violenta. El conductor fue sacado del vehículo y agredido brutalmente, mientras el automotor era destruido en medio de actos vandálicos.Las investigaciones señalan que los agresores utilizaron objetos contundentes como palos, cadenas y piedras. La golpiza fue tan severa que el hombre quedó gravemente herido en el lugar. Policías que atendieron la emergencia lo trasladaron de urgencia a un centro médico, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.Tras semanas de recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y labores de policía judicial, los investigadores lograron identificar a varios de los presuntos implicados. Como resultado, fue elaborado un cartel con tres personas que ahora son buscadas para responder por los delitos de homicidio y participación en el ataque colectivo.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita dar con el paradero de los señalados y avanzar en su judicialización. Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de la línea segura 305 814 38 37 o al correo electrónico de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, con garantía de absoluta reserva.
La Contraloría General de la República celebró el ingreso efectivo de 20 millones de dólares al Tesoro Nacional, recursos provenientes de la aseguradora del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17, tras declararse el incumplimiento parcial del contratista Vertol Systems. Para el organismo de control, esta transacción constituye un resultado concreto del ejercicio de control fiscal preventivo, orientado a la protección de bienes estratégicos del Estado.De acuerdo con la Contraloría, el seguimiento permanente adelantado por la entidad permitió alertar oportunamente al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida de recursos públicos derivado del incumplimiento contractual. Como consecuencia de estas advertencias y de las decisiones administrativas adoptadas, la aseguradora garante del contrato asumió el pago de las obligaciones económicas y transfirió los recursos al Tesoro Nacional.El origen de este proceso se remonta a la Resolución No. 001863 del 7 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial de un contrato por 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Dicha decisión fue ratificada una semana después, confirmando las obligaciones económicas derivadas del fallo administrativo y habilitando la ejecución de las sanciones correspondientes contra el contratista.En desarrollo de esas resoluciones, se impuso una multa superior a los USD 6 millones. A este valor se sumó la devolución del pago anticipado, que había sido efectuado en el marco del mismo contrato y que ascendió a USD 13 millones, recursos que debían ser reintegrados al Estado tras la declaratoria de incumplimiento parcial.El pago de la multa y la restitución del anticipo fueron asumidos por la aseguradora, en su calidad de garante del contrato. La suma consolidada de ambas obligaciones alcanzó los USD 20 millones que ya ingresaron a las arcas de la Nación, evitando así un detrimento patrimonial mayor y asegurando la recuperación de recursos públicos comprometidos.No obstante, la Contraloría anunció que mantendrá un proceso de verificación exhaustivo para confirmar que el pago recibido corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales que estaban a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios que se hubieran causado como consecuencia del incumplimiento.
La muerte de Mariana Ortega, una joven de 20 años, quedó al descubierto tras varios días de incertidumbre para su familia en Medellín. Según relató su hermana Camila en el pódcast Conducta Delictiva, la última vez que hablaron fue el día del cumpleaños de la hija de la víctima, cuando Mariana prometió pasar por la niña para llevarla a comer helado, algo que nunca ocurrió. Con el paso de los días y ante la falta de noticias, su madre insistió en que “algo malo había pasado”, lo que llevó a la familia a iniciar su búsqueda hasta recibir una llamada que confirmó el peor escenario.De acuerdo con el testimonio, la historia de Mariana estuvo marcada desde muy joven por relaciones violentas. Camila contó que su hermana inició a los 14 años un vínculo sentimental caracterizado por agresiones y amenazas constantes, situación que se repitió con otras parejas a lo largo del tiempo. “Él la golpeaba y la amenazaba con matarla”, recordó, al explicar que el miedo y la dependencia emocional influyeron para que Mariana permaneciera en entornos peligrosos. En su intento por rehacer su vida y proteger a sus hijos, la joven terminó alejándose de ellos y entregansolos a su madre.Camila aseguró que su hermana tuvo que vender drogas para pagar una deuda que le había dejado su expareja, papá d euno de sus hijos, y más adelante, se convirtió en trabajadora sexual. En ese contexto inició una relación con el hombre que las cuidaba. “Cuando dejó ese trabajo porque él le prometió mantenerla, empezó de nuevo la violencia”, afirmó.Camila reveló que posteriormente se enteraron de que este hombre tenía otra pareja, la cual, según dijo, estaba buscándola para hacerle daño. El 8 de febrero, la familia fue notificada de que el cuerpo de Mariana se encontraba en Medicina Legal. “Mi mamá llegó diciendo: ‘me la mataron’”, relató Camila, quien señaló que su hermana fue hallada en un basurero, envuelta en una sábana y plástico. “En los documentos de la Fiscalía se menciona que en las cámaras de seguridad se observa cuando sacan a mi hermanita del hostal en una carreta de reciclador. Detrás va él y luego va ella, con el hijo que tenían en brazos y estando embarazada”, recordó Camila, asegurando que la esposa del presunto feminicida lo denunció para no ser considerada cómplice.La mujer reveló que un día el hombre la contactó por redes sociales para explciarle lo que había pasado. "Él me dijo que él no lo quería hacer, que en ese momento estaba drogado y que no se estaba dando cuenta de lo que había hecho".“Él me dijo que en ese momento, ella se iba a cambiar de ropa para salir y estaban discutiendo. Según él, la pelea subió de tono y ella comenzó a gritar, por lo que lo único que hizo fue taparle la boca y ella se desmayó. Dice que al ver que no reaccionaba, la llevó a la cama. Afirma que se acostó a dormir con ella así. Al día siguiente la envolvió en una sábana, la cubrió con un plástico y la sacó”, añadió Camila.
La captura de Zulma Guzmán en el Reino Unido y el inicio formal de su proceso de extradición marcaron un nuevo avance en la investigación por el envenenamiento con frambuesas que cobró la vida de dos menores en Bogotá. Así lo confirmó el abogado Majer Abushihab, representante de la familia Forero, víctimas en el proceso, quien además reveló que la Fiscalía General de la Nación continúa indagando la posible participación de otras personas en los hechos.Abushihab explicó que, aunque Guzmán es señalada como la principal sospechosa, las líneas investigativas no se limitan a una sola persona. “Sí, la Fiscalía está indudablemente investigando más personas, digamos, de lo que se ha establecido; es un hecho que se advierte la participación potencial de más personas”, señaló. No obstante, fue enfático en aclarar que una de las personas mencionadas en algunos medios no tiene responsabilidad penal. “Particularmente, la persona que llevó las frambuesas no está vinculada; no es cierto. Es una persona que, inclusive, entregó información muy valiosa y muy útil”, precisó.Frente a la captura de Guzmán, la familia de la menor víctima expresó satisfacción por el avance del proceso. “Estamos absolutamente complacidos, primero, con el trabajo muy juicioso de la Fiscalía, y segundo, porque desde mediados de diciembre conocíamos el paradero de la señora Guzmán y estábamos expectantes a que se materializara la circular roja”, manifestó Abushihab. Añadió que la confirmación de que la mujer se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas es “una noticia absolutamente satisfactoria para la familia”.El abogado destacó el trabajo de la fiscal del caso, Elsa Reyes, al asegurar que la investigación se mantiene activa. “La doctora Reyes no descansa y vive permanentemente en un ejercicio investigativo alrededor de este caso y de esas líneas investigativas”, afirmó.Zulma Guzmán, de 54 años, fue recluida luego de negar su extradición ante el Tribunal de Westminster. La próxima diligencia está programada para el lunes 12 de enero, cuando se realizará una audiencia preliminar judicial. En esa etapa, Guzmán deberá contratar abogados defensores y Colombia expondrá los argumentos para solicitar su extradición. La justicia británica evaluará, entre otros aspectos, eventuales riesgos para los derechos humanos y la vida de la solicitada. La decisión que se adopte podrá ser apelada ante un tribunal superior.Paralelamente, en Colombia existe expectativa por la determinación que adopte la fiscal Elsa Reyes una vez concluya la vacancia judicial, en relación con la imputación de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, incluso sin la presencia física de Guzmán. Sobre este punto, Abushihab explicó que el trámite de extradición no excluye el avance del proceso penal en el país. “Son actuaciones paralelas. Depende de que se den las condiciones para que la señora Guzmán sea vinculada al proceso y de su voluntad de comparecer”, indicó.El abogado señaló que, de no presentarse, la Fiscalía podría acudir a la figura de la contumacia, dado que la indiciada está plenamente ubicada. Finalmente, resaltó la coordinación entre la Fiscalía y la Oficina de Asuntos Internacionales con las autoridades del Reino Unido. “Ese ejercicio de coordinación dependerá de lo que consideren apropiado, y nosotros, como víctimas, apoyaremos en un cien por ciento la decisión que adopte la doctora Elsa Reyes”, concluyó.
La defensa de Edwin Delgado, propietario del vehículo involucrado en el accidente ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, fijó una postura clara frente a la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio a título de dolo eventual. El abogado Jimmy Erazo aseguró que, durante la audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso formalmente al cargo al considerar que los hechos atribuidos a su representado no se ajustan al tipo penal invocado por el ente acusador.“Es importante precisar que el día de ayer, en audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso a la formulación de imputación por parte de la Fiscalía, considerando que los hechos jurídicamente relevantes que imputa no se adecúan al tipo penal de homicidio, en este caso a título de dolo eventual”, explicó Erazo. A juicio del abogado, la conducta atribuida a Delgado, ser pasajero del vehículo, no puede ser considerada un hecho penalmente relevante. “Ser pasajero de un vehículo no son hechos jurídicamente relevantes que se puedan constituir en un homicidio. El derecho penal no está para presionar ni para amenazar”, afirmó.Durante la diligencia, la defensa solicitó al juez que ejerciera un control material de legalidad sobre la imputación. Sin embargo, el despacho judicial consideró que se trataba de un acto propio de la Fiscalía y que existirán otras etapas procesales para discutir la adecuación típica de los hechos. Pese a ello, Erazo reiteró que desde las fases iniciales del proceso se ha advertido que la conducta atribuida a Delgado es, en su criterio, “abiertamente atípica”.La Fiscalía, por su parte, sustentó la imputación señalando que la presunta responsabilidad de Delgado estaría asociada a una omisión por no haber evitado que Rubén Romero, quien posteriormente salió del país y que para el ente acusador se encontraba en estado de alicoramiento, condujera el vehículo. Según la hipótesis fiscal, esa omisión habría contribuido de manera determinante al accidente que dejó dos víctimas mortales.Frente a esta versión, la defensa la rechazó y explicó un contexto distinto de los hechos. “Esta relación que surge simplemente es una persona que se designa el 31 de octubre; ellos designan y contratan ese servicio a esa persona que prestaba esa opción de conducción para que sea la persona encargada de conducirlos a su domicilio”, sostuvo Erazo. Añadió que la defensa cuenta con elementos materiales probatorios que respaldan esa versión, entre ellos un video que ha circulado en medios de comunicación, en el que se observa que el conductor llega a recogerlos y presta un servicio de transporte. “En ningún momento esa persona estaba departiendo con mis clientes, simplemente estaba prestando un servicio”, subrayó.El abogado también destacó la actitud procesal de su defendido y de su pareja, señalando que han sido los únicos en comparecer voluntariamente ante la justicia. “La única persona que se ha presentado en este proceso judicial, que fue voluntariamente a la Fiscalía, donde se hizo su arraigo y la individualización de forma voluntaria, es el señor Edwin y su pareja”, afirmó. Según Erazo, ambos han rendido declaración y están dispuestos a aportar todos los elementos probatorios necesarios.Finalmente, la defensa insistió en que el interés de Delgado es que se esclarezcan plenamente los hechos y se determine la responsabilidad de quien, a su juicio, sería el verdadero responsable del siniestro. “La disposición está de colaborar con la justicia. Hemos estado en todas las diligencias judiciales y va a comparecer a todas las etapas del proceso penal”, concluyó el abogado.
El superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, calificó como “la punta del iceberg” la reciente imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación contra el expresidente de la Nueva EPS José Fernando Cardona y varios exdirectivos de la entidad, por su presunta responsabilidad en el desvío de dineros y ocultamiento de facturas de la salud en la entidad.De acuerdo con la información revelada en audiencias por la Fiscalía, las irregularidades detectadas alcanzan un desvío superior a los 70.000 millones de pesos y hacen parte de una estructura más amplia de alteración contable “Esto confirma que la medida de intervención a la Nueva EPS está dando resultados concretos al país. De comprobarse la presunta alteración de los estados financieros, podríamos estar hablando del mayor fraude contable en el sector”, advirtió.La Superintendencia Nacional de Salud, bajo la administración de Rubiano, trasladó a la Fiscalía el pasado 16 de diciembre de 2024 un paquete de información clave que permitió robustecer la investigación penal en curso. A partir de estos aportes, la Fiscalía formuló cargos por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación.“Esto confirma que las medidas de intervención dan resultados, pero toman tiempo”, señaló el Superintendente, quien explicó que parte del hallazgo más significativo fue la deliberada ocultación de información financiera por parte de la Nueva EPS, con el objetivo de simular solidez económica y así evitar la intervención estatal.Entre las evidencias recabadas durante la intervención, la Supersalud identificó pasivos ocultos y deudas no contabilizadas correspondientes a varios años. Uno de los hallazgos más contundentes fue una base de datos de facturas que supera los 4 billones de pesos, las cuales no habían sido registradas contablemente por la EPS.Rubiano también informó que la entidad ha trasladado estos hallazgos no solo a la Fiscalía, sino también a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se activen los respectivos procesos de control fiscal y disciplinario.
Este sábado 12 de abril, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se pronunció públicamente sobre la reunión que sostuvo el pasado martes con miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los puntos que se debatió fue la controversia generada por una excavación en instalaciones militares protegidas por medidas cautelares.En un mensaje publicado en su cuenta de X, el ministro expresó su respaldo institucional a la JEP, destacando su papel en el proceso de paz.“Mi gratitud y disposición absoluta a la JEP, cuya misión es administrar justicia para consolidar la transición hacia la paz y restaurar el tejido social, garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes, con enfoque territorial, diferencial y de género. Así fue nuestra cordial, honesta y respetuosa reunión”.Este mensaje fue una respuesta a la revelación de Blu Radio que dio los detalles sobre la reunión sostenida entre el ministro Sánchez y el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, en la que también participaron el magistrado Pedro Elías Díaz, el magistrado auxiliar Hugo Escobar y el secretario ejecutivo, Harvey Suárez.El ministro manifestó su inconformidad por lo que calificó como una filtración de información a medios de comunicación, especialmente respecto al hallazgo de un fragmento de costilla humana en ese lugar. Según Sánchez, ni el Ministerio ni las Fuerzas Armadas habían sido oficialmente notificados por Medicina Legal ni por la propia JEP sobre este descubrimiento.Posterior a la reunión, el Ministerio de Defensa envió un oficio al presidente de la JEP solicitando verificar “la veracidad de las informaciones periodísticas que indican que la información fue confirmada por fuentes de Medicina Legal”. En el mismo documento, la cartera de Defensa pidió que, de comprobarse dicha filtración, se revisen los protocolos de manejo de información y que se garantice la comunicación por los canales oficiales pertinentes.Frente a esto, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, le respondió al ministro que el foco no debía centrarse en las filtraciones a la prensa, sino en lo verdaderamente grave: la violación de las medidas cautelares por parte del Ejército al realizar excavaciones sin autorización judicial en un lugar que podría albergar restos de víctimas del conflicto.
Un juez penal especializado condenó a 41 años de prisión a Fabio Andrés Garcés Olier, alias Pica o Picapiedra, tras ser hallado responsable del secuestro, tortura y desaparición forzada de dos hombres ocurridos el 7 de enero de 2023 en Quibdó, Chocó.La sentencia fue emitida luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas que permitieron demostrar la participación del hoy condenado en los hechos, catalogados como especialmente graves por su sevicia y crueldad. Alias Picapiedra aceptó los cargos y recibió sentencia anticipada por los delitos de secuestro extorsivo, desaparición forzada y tortura, todos en calidad de agravados.Según lo establecido en la investigación adelantada por un fiscal del Gaula de la Seccional Chocó, las víctimas habían viajado por vía terrestre desde Cali hasta Quibdó, tras recibir una supuesta oferta laboral en una mina de la región. Al llegar al punto de encuentro, fueron abordadas por tres sujetos que se identificaron como integrantes de la organización criminal ‘Los Caparros’ y fueron retenidas en contra de su voluntad.Durante el cautiverio, las víctimas fueron sometidas a tratos crueles, intimidación con armas de fuego y golpizas, hasta que finalmente sus cuerpos desaparecieron. Hasta la fecha no han sido localizados. No obstante, los secuestradores se comunicaron con los familiares de los desaparecidos y exigieron la suma de 60 millones de pesos a cambio de su liberación, la cual nunca se produjo.La Fiscalía General de la Nación logró establecer que Garcés Olier, a pesar de encontrarse recluido en la cárcel de Popayán (Cauca) en el momento de los hechos, fue quien coordinó el secuestro y realizó las llamadas extorsivas a las familias de las víctimas.Por estos hechos, Alias 'Picapiedra' cumplirá su condena en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, en el departamento de Cesar, donde permanecerá privado de la libertad por los próximos 41 años.
La Procuraduría General de la Nación recomendó a la Agencia Defensa Jurídica del Estado, ADJE, suspender la licitación con la que se busca elegir a la firma que representará a Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, en el litigio con la empresa minera Continental Gold.El planteamiento del ministerio público quedó radicado en un oficio emitido en respuesta a la solicitud de acompañamiento que hizo la ADJE justamente luego de la alerta de varias inconsistencias las cuales deberían aclararse antes de retomar el proceso.La principal preocupación es la inclusión de la firma Astrea, propuesta por la multinacional Hugues Hubbard & Reed, pero de la cual, según varias denuncias, no ha acreditado experiencia en litigios internacionales y aún así tendría más opciones de quedarse con la licitación.En esa medida, la Procuraduría le dio un plazo de tres días a la ADJE para que responda varios requerimientos sobre el proceso, como lo es, por ejemplo, informar el estado actual de la selección del contratista y un informe técnico actualizado de la solicitud de arbitraje de inversión presentada por la firma Continental Gold.La agencia también deberá explicar cuál es el método que se está usando para escoger el contratista y cómo están garantizando que esa selección sea objetiva.“Realizar un análisis respecto a la inclusión como requisito técnico dentro de la invitación a cotizar denominado “alianza estratégica optativa”, la finalidad, pertinencia, sentido y alcance del mismo; asimismo, indicar si existen lineamientos por parte de la ADJE que indiquen los requisitos que estos aliados deben cumplir para ser seleccionados por parte de los contratistas, así como lineamientos respecto a la atención de conflictos de interés”, fue otra de las solicitudes de la Procuraduría a la ADJE.Sobre la firma Astrea Abogados S.A.S., la agencia deberá explicar cuál es la relación que tiene con el objeto del contrato, es decir, si cumpliría requisitos para hacer parte del equipo dispuesto para la defensa del país en este litigio internacional.La Procuraduría explicó que si bien no adelante acompañamientos especiales, que fue la solicitud de la Agencia, determinó que sí era importante que esta explicara y aclarara las alertas que han llegado desde diferentes sectores y que han generado un interés especial para la vigilancia preventiva.
El presidente Gustavo Petro reabrió la discusión sobre la proporcionalidad en la justicia colombiana al comparar dos casos recientes: el de Epa Colombia, condenada por vandalismo, y el de Sneyder Pinilla, implicado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)."¿Cuánto le pusieron a Epa? Cinco años de prisión, mientras el otro es un rufián terrible, es un corrupto, un HP, y lo condenan menos. Va a salir primero de la cárcel él que la señora Epa", dijo Petro, cuestionando la lógica detrás de las penas impuestas.Uno de los abogados que ha estado cerca de ambos procesos es Francisco Bernate, defensor de Epa Colombia y también abogado de Luis Eduardo López, otro implicado en el caso UNGRD (pero no de Sneyder Pinilla). Ante la comparación hecha por el presidente, Bernate explicó que la diferencia en las condenas no obedece solo a la gravedad de los delitos, sino a los beneficios judiciales a los que accedió cada persona.¿Por qué Sneyder Pinilla recibió más beneficios?Según Bernate, Pinilla accedió a todas las figuras legales posibles para reducir su pena:Principio de oportunidad: colaboró con la justicia entregando información relevante, lo que le dio beneficios.Preacuerdo con la Fiscalía: llegó a un acuerdo sobre su responsabilidad en otros delitos.Reparación del daño: devolvió el dinero apropiado antes de ser condenado.¿Y qué pasó con Epa Colombia?Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, solo accedió a uno de esos beneficios: aceptó los cargos, pero lo hizo después de la audiencia de imputación, cuando las rebajas son menores. No hizo preacuerdo ni se acogió a un principio de oportunidad.“Bueno, las situaciones son muy diferentes. El señor Pinilla se acogió a todas las vías legales posibles que permiten la rebaja de las sanciones. Tiene un principio de oportunidad a cambio de la información que entregó, hizo un preacuerdo por otros delitos y adicionalmente antes de la sentencia reintegró lo apropiado, de manera que acudió a todas las rebajas posibles de nuestro régimen procesal penal.Daneidy Barrera Rojas, por su parte, solo acudió a una, que es la aceptación de los cargos, que no la hizo al momento de la imputación, sino con posterioridad. No hizo un preacuerdo, no tuvo un principio de oportunidad, tiene podríamos decir una condena casi full. De manera que eso explica esta diferencia. Si lo vemos a partir de lo que serían en abstracto las penas por los delitos cometidos, pues los delitos del señor Pinilla podrían dar tranquilamente una sanción dos y hasta tres veces más grave que la que recibió Daneidy Barrera Rojas.”Las condenas concretasEpa Colombia fue condenada a 5 años y 2 meses de prisión por los actos de vandalismo cometidos en TransMilenio en 2019.Sneyder Pinilla cumplirá una pena cercana a 6 años por su participación en la red de corrupción en la UNGRD, luego de colaborar con la justicia.
El 11 de abril de 2025 se realizó la audiencia número 26 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de manipular testigos y cometer fraude procesal por hechos ocurridos en 2018. La diligencia tuvo lugar en la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.La principal testigo del día fue Eurídice Cortés Velasco, conocida con el alias de 'Diana', exintegrante de grupos paramilitares y figura clave en el caso. Su testimonio volvió a involucrar a los exabogados de Uribe, Diego Cadena y Juan José Salazar, así como a Carlos Enrique Vélez, alias 'Víctor', otro testigo importante en el proceso.Alias 'Diana' contó que Vélez le ofreció 200 millones de pesos a cambio de testificar a favor de Uribe. Cuando no logró lo que quería, empezó a amenazarla. “Me decía que presionara al abogado con eso para poder pedirle los 200 millones”, relató. Según ella, las amenazas eran frecuentes, al punto de advertir que “iba a embalar a los abogados” si no cumplían sus exigencias. Cortés dijo que prefirió no enfrentarlo directamente, pero entendía que se trataba de extorsión.Además, confesó que estuvo dispuesta a declarar contra el senador Iván Cepeda —opositor político de Uribe—, pero solo si recibía dinero. Como no se concretó el pago, decidió retractarse y afirmó que estaba dispuesta a decir toda la verdad, incluso si eso la llevaba a enfrentar un proceso por falso testimonio.Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una serie de grabaciones de conversaciones entre Cortés y el abogado Diego Cadena. En esos audios, alias 'Diana' le pide al abogado sumas de $300.000 y $400.000 para poder trasladarse a Bogotá. Posteriormente, reconoce que Cadena le entregó $2'000.000 para su movilización. “Yo le dije (a Cadena) que no tenía plata para venir (a Bogotá) a rendir mi versión y no tenía para pagar los pasajes (…) No me los dio para cambiar mi testimonio, me los dio para unos pasajes”, explicó la testigo.Este punto generó reacciones, como la del abogado Miguel Ángel del Río, quien denunció en su cuenta de X (antes Twitter): “La testigo Eurídice Cortés acaba de confesar que recibió dos millones de pesos del abogado Diego Cadena para venir a declarar en la Corte. Esa manifestación la ocultó a la Corte y a cualquier autoridad”.En otro momento de la audiencia, se presentó un audio en el que alias 'Víctor' acusa fuertemente a los abogados Cadena y Salazar de haberlo manipulado. En la grabación, también los amenaza con revelar las mentiras que, según él, construyeron juntos, y dice que quiere acogerse a un principio de oportunidad para colaborar con la justicia.Alias 'Diana' confirmó que la voz del audio era de Vélez, y explicó que fue grabado durante uno de sus frecuentes estallidos de ira: “Eso fue en medio de una explosión de ira de él… que son normales en la vida de él”.Cuando le preguntaron si compartió la grabación con los abogados de Uribe, respondió que sí. Según su testimonio, Juan José Salazar negó cualquier acuerdo con Vélez y lo calificó simplemente como “un loco”.