Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
En Chocó, 18 militares fueron secuestrados por la comunidad, en zona rural de El Carmen de Atrato. Las tropas adelantaban operaciones de seguridad en la zona rural. El ministro de Defensa, Pedro Sanchéz, rechazó el secuestro.Sobre el secuestroLo que comenzó como una asonada, donde participaron 200 personas de una comunidad indígena del resguardo La Puria, terminó en el secuestro de 18 militares, 2 suboficiales, 16 soldados, que fueron rodeados por todos lados, en zona rural del Carmen de Atrato.Los militares que adelantan operaciones en contra de la guerrilla del ELN, en el departamento de Chocó, fueron obligados a trasladarse hasta un resguardo indígena en donde los mantienen a esta hora.Todo comenzó, según un comunicado del resguardo, porque una mujer y sus dos hijos que iban hacer actividades de pancoger, por parte de la fuerza pública, llegaron en shock y llanto al centro de la comunidad.De inmediato, reaccionó la guardia indígena Enríque Arcw, que insistió que no hay secuestro y que no van a permitir la presencia de ningún grupo armado, legal o ilegal, dentro de sus límites territoriales.El Ejército Nacional rechazó enfáticamente estas acciones, la retención de los militares, señalando que vulneran la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública. Y se advierte que sería en retaliación por 7 acciones contra el ELN, que instrumentaliza a la población.El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en su cuenta en X fue enfático en señalar que: “no existe territorio vedado para la Fuerza Pública”, en referencia a la facultad constitucional que tienen las autoridades para actuar en cualquier punto del territorio nacional.Advirtió que impedir la labor de la Fuerza Pública favorece directamente a las estructuras ilegales y pone en riesgo a las comunidades.Los líderes de la comunidad indígena La Puría, dieron a conocer un video donde se ve a los militares, en buen estado, eso sí sin fusiles, armamentos, ya se espera se avance en una mesa de diálogo.La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aseguró que esta mañana habrá un consejo de seguridad con altos mendoza militares y de Policía, donde se pidió la presencia de los ministros del Interior Armando Benedetti y el de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez.
La movilidad en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana podría cambiar en plena temporada decembrina. Esta semana, las autoridades de tránsito darán a conocer si se suspende de manera temporal el pico y placa para facilitar los desplazamientos durante Navidad y fin de año.La medida, que cada año genera expectativa entre conductores y comerciantes, está siendo evaluada con base en estudios técnicos adelantados por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. El objetivo es determinar si es viable levantar la restricción sin afectar la seguridad vial, en un mes históricamente complejo por el aumento del flujo vehicular y la accidentalidad.El antecedente inmediato deja decisiones divididas. Durante las fiestas decembrinas del año pasado, Bucaramanga mantuvo el pico y placa, mientras que en Girón las autoridades optaron por suspenderlo de manera temporal. No obstante, este año ya hubo un precedente de consenso regional: en Semana Santa, los cuatro municipios del área metropolitana acordaron levantar la medida, permitiendo la libre circulación de residentes y visitantes sin riesgo de sanciones.De cara a la temporada de compras, eventos y turismo local, propietarios de vehículos particulares han solicitado que la restricción entre en pausa para facilitar los recorridos por la ciudad y los municipios vecinos.Sobre el tema, el director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, confirmó que la decisión se conocerá en los próximos días. “Se adelantó un análisis técnico sobre la conveniencia de levantar provisionalmente el pico y placa en esta temporada navideña y esta semana se comunicará una decisión”, señaló.El funcionario advirtió, sin embargo, que diciembre es el mes más crítico en materia de seguridad vial. “Es el mes con mayor accidentalidad y más muertes, por lo que debemos estar más atentos. Dependiendo de cómo se comporte la movilidad en el territorio, tomaremos la decisión correspondiente”, explicó.Independientemente de la determinación final, las autoridades anunciaron un refuerzo en los operativos de control, con puestos de alcoholemia y personal destinado a descongestionar los puntos más críticos de la movilidad, con el fin de garantizar desplazamientos más seguros durante las celebraciones de fin de año.
El caso de Zulma Guzmán sigue dando de qué hablar y genera preocupación sobre lo que depara el futuro judicial de la mujer señalada como presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, hechos que además dejaron a otros dos jóvenes gravemente afectados, todos en el norte del país.Aunque en un inicio la mujer había afirmado que no estaba huyendo de las autoridades y que se encontraba en un viaje de negocios en Argentina, recientemente fue detenida en el Reino Unido. La captura se produjo luego de que se activara una alerta roja de Interpol y de que Guzmán fuera identificada, presuntamente, con intenciones de quitarse la vida en el río Támesis, en Londres.Según lo revelado oficialmente, Guzmán fue localizada por las autoridades británicas tras un rastreo internacional que permitió establecer que salió de Colombia y se movilizó por varios países. La Fiscalía había señalado que la mujer viajó a Argentina, Brasil, España y, finalmente, al Reino Unido, país al que llegó en noviembre. Desde entonces, la Agencia Nacional del Crimen británica se mantenía en la búsqueda de su paradero.Relacionan a Zulma Guzmán con otros presuntos casos de envenenamientoEl proceso judicial dio un nuevo giro tras relacionar a Zulma Guzmán con la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas. Oficialmente, Graham murió por cáncer, pero en su organismo se habrían encontrado rastros de talio.De acuerdo con lo que se ha conocido, Graham habría sido envenenada en dos oportunidades con esta sustancia, pese a que el dictamen médico señaló cáncer como causa de muerte. Ante este escenario, los investigadores buscan establecer cómo llegó el químico al entorno familiar en plena pandemia, cuando la familia se encontraba aislada en fincas ubicadas en Sutatausa y Ubaté, en Cundinamarca, zonas a las que no llegan servicios de domicilio.En una entrevista con Focus Noticias, Zulma Guzmán aseguró que las frambuesas hacen parte de su dieta regular. Además, señaló a la familia De Bedout al afirmar que varios caballos de polo, propiedad de Juan de Bedout, habrían sido envenenados con talio en un club.Esta información encendió las alertas de la Fiscalía, pues se trata de un dato que sugiere que Guzmán conocía los efectos de este tipo de sustancias, lo que abre la puerta a una investigación más amplia sobre posibles envenenamientos reiterados.Zulma Guzmán y su situación de salud mental en Reino UnidoMientras la investigación avanza, y tras su detención en el Reino Unido, Zulma Guzmán permanece bajo un régimen de salud mental. La mujer aseguró padecer problemas psicológicos, condición que, le impediría enfrentar de manera inmediata los cargos en su contra por el presunto doble homicidio.Este régimen también permite que el proceso de extradición sea suspendido de forma temporal, mientras las autoridades evalúan el estado de salud mental actual de Guzmán y determinan si está en condiciones de responder ante la justicia colombiana.
El llamado 'caso Epstein' ha tenido en 2025 varios episodios convulsos, tras conocerse nuevas revelaciones que han puesto al presidente estadounidense, Donald Trump, en el centro de la polémica y que han salpicado incluso a la monarquía británica, al haber obligado al rey Carlos III a despojar a su hermano Andrés de su título de príncipe.Los correos del pederasta Jeffrey Epstein, divulgados por congresistas demócratas, revelaron que Trump conocía sus crímenes y que, además, había pasado “horas” con una de las víctimas.Una serie de batallas judiciales y una prolongada tensión legislativa mantuvo a la Casa Blanca bajo presión, hasta que la Cámara de Representantes logró los 218 votos necesarios el 18 de noviembre para aprobar una ley que obliga a publicar los archivos del pederasta de forma íntegra.Desgastado por haber perdido las elecciones de Nueva York, los comicios locales más importantes del año, junto a la bajada de popularidad por el cierre de Gobierno más largo de la historia, Trump decidió permitir la liberación de los archivos, que han quedado ahora en manos del Departamento de Justicia.Sin embargo, aún no existe certeza del mecanismo para publicarlos o si serán publicados sin reserva.La tensión por los posibles alcances de la implicación del mandatario republicano en los archivos provocaron fisuras en el mundo MAGA. Prueba de ello es el distanciamiento con la representante del estado de Georgia Marjorie Taylor Green -antaño una ferviente defensora de Trump-, quien dimitió de su cargo y optó por respaldar a las víctimas del caso Epstein en medio de ataques contra ella del propio presidente.Los más de 20.000 correos divulgados en octubre salpicaron a varias figuras públicas y políticas estadounidenses, entre ellos Larry Summers, exsecretario del Tesoro y expresidente de Harvard University, quien se vio obligado a renunciar a su puesto de profesor en la universidad tras revelarse que había mantenido correspondencia con Epstein sobre asuntos personales y sociales.También figuran en la lista de amigos citados por Epstein el magnate tecnológico Peter Thiel; Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca e ideólogo del mundo MAGA; el multimillonario Elon Musk y otros ejecutivos y donantes prominentes que aparecen en los archivos como parte de la red de relaciones sociales y políticas de Epstein.Sacudida en la Casa Real británicaLa onda expansiva de los correos de Epstein llegó hasta el otro lado del Atlántico cuando aparecieron las memorias póstumas de Virginia Giuffre, que muchos años atrás había asegurado que el príncipe Andrés había abusado de ella siendo todavía menor de edad, tras haber sido 'prestada' por Epstein, quien también la había violado repetidamente.En estas memorias, tituladas 'Nobody's Girl' (Chica de nadie), Giuffre relata con lujo de detalles las tres veces en que Andrés la violó, en lugares diferentes, una de ellas en medio de una orgía donde ella estaba rodeada de chicas extranjeras aparentemente menores y que apenas sabían hablar inglés.Andrés había negado repetidamente el relato de Giuffre, pero el hecho de que ya en 2019 hubiera renunciado a sus títulos reales y de haber acordado en 2022 un arreglo millonario con Giuffre -se habló de 12 millones de euros- hacían dudar de la honestidad del príncipe.Las memorias, aparecidas tras el suicidio de Giuffre y en medio de una ola internacional de compasión por la mujer, pusieron de nuevo al príncipe en la picota y el propio rey Carlos, harto de que su hermano siguiera contemporizando, tomó en octubre de 2025 una decisión inédita: quitó a su hermano el último título de 'príncipe' y le ordenó salir de la mansión que ocupaba en las propiedades de la Corona y por las que pagaba un simbólico grano de pimienta.El príncipe destronado pasará a ser conocido como Andrés Mounbatten-Windsor. Ese nuevo guion entre sus apellidos, de reminiscencias aristocráticas, parece haber sido la última concesión del rey Carlos a su hermano díscolo, el favorito de su madre y que con su conducta ponía sistemáticamente en apuros a una monarquía que cuenta aún con el favor del pueblo, pero sin el fervor que despertaba la reina Isabel.
Los comerciantes del pasaje comercial Centro de la Moda, ubicado en la carrera 16 entre calles 35 y 36 de Bucaramanga, pidieron a las autoridades una investigación rigurosa para establecer las causas del incendio que este domingo 21 de diciembre destruyó 12 locales y consumió la totalidad de las mercancías. Hasta el momento, se desconoce si la emergencia fue provocada por un cortocircuito o por otra situación.Tras el incendio, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció medidas de apoyo para los afectados y se comprometió a avanzar en la reubicación de los comerciantes en diferentes puntos de la ciudad.El mandatario aseguró que en un plazo máximo de 24 horas se brindará una ayuda inicial y se les plantearán alternativas para que puedan continuar con su actividad económica.“La idea es poder darles una ayuda en las próximas horas y definir la reubicación de cada uno de sus establecimientos en puntos importantes de la ciudad, donde Bucaramanga unida pueda ir a apoyarlos”, señaló.Entre tanto, los comerciantes manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas, especialmente por tratarse de una temporada clave para las ventas. Marisel Mantilla, propietaria de uno de los locales afectados, aseguró que lo ocurrido deja una situación crítica para quienes dependían de este espacio comercial.“Eso es lo que más duele, porque los locales estaban llenos y hay compromisos de pago de mercancías, sobre todo en esta época que es una buena temporada”, expresó.Las autoridades continúan evaluando los daños mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen del incendio. Los comerciantes del pasaje comercial Centro de la Moda, ubicado en la carrera 16 entre calles 35 y 36 de Bucaramanga, pidieron a las autoridades una investigación rigurosa para establecer las causas del incendio que este domingo 21 de diciembre destruyó 12 locales y consumió la totalidad de las mercancías. Hasta el momento, se desconoce si la emergencia fue provocada por un cortocircuito o por otra situación.Tras el incendio, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció medidas de apoyo para los afectados y se comprometió a avanzar en la reubicación de los comerciantes en diferentes puntos de la ciudad.El mandatario aseguró que en un plazo máximo de 24 horas se brindará una ayuda inicial y se les plantearán alternativas para que puedan continuar con su actividad económica.“La idea es poder darles una ayuda en las próximas 24 horas y definir la reubicación de cada uno de sus establecimientos en puntos importantes de la ciudad, donde Bucaramanga unida pueda ir a apoyarlos”, señaló.Entre tanto, los comerciantes manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas, especialmente por tratarse de una temporada clave para las ventas. Marisel Mantilla, propietaria de uno de los locales afectados, aseguró que lo ocurrido deja una situación crítica para quienes dependían de este espacio comercial.“Eso es lo que más duele, porque los locales estaban llenos y hay compromisos de pago de mercancías, sobre todo en esta época que es una buena temporada”, expresó.Las autoridades continúan evaluando los daños mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen del incendio.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes, que operaba a través de plataformas de mensajería instantánea y tenía alcance en varios países de América Latina y Europa.La operación se realizó en coordinación con el Centro Cibernético Policial y la Comunidad de Policías de América y es que de acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, la estructura ilegal utilizaba una aplicación de mensajería en la que participaban cerca de 100 personas ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia.A través de ese canal se compartieron más de 1.275 videos y 539 imágenes que evidencian graves vulneraciones contra menores de entre 5 y 10 años.En las diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red e incautaron dispositivos electrónicos que contienen material probatorio relacionado con abusos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de menores de edad.Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y les fue imputado el delito de pornografía con menor de 18 años.Se trata de Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, quienes no aceptaron los cargos y deberán estar recluidos en la cárcel mientras avanza el proceso.
La defensa de Nicolás Petro, el abogado Pedro Carranza, reaccionó a la reciente controversia por la asignación de una fiscal de apoyo en el caso contra el exdiputado.Aseguró que la fiscal Lucy Laborde, quien lidera la investigación, no ha recibido presiones indebidas. “La primera es que no tiene ninguna presión indebida. Aquí la presión la ha generado ella por no utilizar el conducto regular que como fiscal le corresponde, filtrar información privilegiada y con reserva para ayudar a que la señora Victoria Eugenia Dávila haga campaña política”, aseguró el abogado Carranza.La defensa del exdiputado reforzó las declaraciones del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, sobre la presunta filtración de información a medios de comunicación y a la precandidata presidencial, Vicky Dávila, por parte de la fiscal Laborde.Estas afirmaciones se dan luego de que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó en las últimas horas el retiro de la fiscal de apoyo que había sido asignada para acompañar la nueva investigación contra el hijo del presidente Gustavo Petro y la carta enviada por la fiscal del caso, Lucy Laborde, en la que denunció presiones indebidas y cuestionó la asignación.Por otro lado, el abogado Pedro Carranza aseguró que el presidente Gustavo Petro pidió ser reconocido como víctima en el proceso penal relacionado con su hijo Nicolás Petro. “El proceso no obedeció a un desarrollo autónomo y técnico de la función investigativa de la Fiscalía, sino que constituyó un fraude procesal estructural, diseñado y ejecutado con la finalidad desviada de afectar la investidura presidencial y presionar indebidamente al Jefe de Estado”, argumentó en el documento.En ese caso, el mandatario denunció por prevaricato al fiscal Mario Burgos tras indagar al hijo del presidente sobre asuntos concernientes a su padre, por lo cual el presidente definió que dicho interrogatorio en el búnker de la Fiscalía constituye una invasión directa al fuero presidencial.
El abogado de las víctimas en el caso de la UNGRD, Pablo Bustos, fue citado para ratificar la denuncia que hizo contra la fiscal Luz Adriana Camargo en la Comisión de Acusación por su actuación en este caso.La indagación preliminar contra la fiscal Luz Adriana Camargo en la Comisión de Acusación tiene que ver con los señalamientos del abogado Pablo Bustos, defensor de las víctimas en el caso de la UNGRD, y evidencias que asegura existen sobre que “los hechos para imputar a la exconsejera de Regiones Sandra Ortiz, eran los mismos para imputar al exdirector del Dapre Carlos Ramón González y, además, solicitar la imposición de medida de aseguramiento”.En la diligencia, el abogado solicitó que se escuche a la exconsejera y a su defensa técnica. Asimismo, pidió que se cite a funcionarios consulares y diplomáticos relacionados con la salida y protección fuera del país del exdirector del Dapre, así como a cancilleres, incluida Laura Sarabia y la actual ministra de Justicia.De otro lado, solicitó oficiar dicho Ministerio, la Interpol y a la Cancillería para que aporten los documentos relacionados con esta salida y la tardía expedición de la circular roja al exfuncionario del Gobierno. Bustos aportó un documento en el que la Dijín le informó que, incluso, se expidió con mayor agilidad una circular roja a César Manrique, otro de los implicados en el caso, cuya circular se solicitó días después de la del exdirector del Dapre.La diligencia ante el Tribunal de BogotáBustos no declaró frente a un funcionario del CTI de la Fiscalía, asignado a esta célula legislativa, pues ha señalado que la diligencia no hubiese tenido independencia, por ser el CTI subordinado de la fiscal Camargo. La representante investigadora María Eugenia Lopera comisionó al Tribunal Administrativo de Bogotá para dicha diligencia, un hecho sin precedentes que podría considerarse novedoso.Otras razones de la investigaciónBustos insiste en que “la Fiscalía ha negado el preacuerdo y principio de oportunidad a Sandra Ortiz y, por el contrario, los fiscales denunciados se negaron a imputar y solicitar medida de aseguramiento a Carlos Ramón González ni a César Manrique”.El defensor denunció una “presunta connivencia entre la fiscal general de la Nación y los fiscales 9 y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia para permitir o facilitar que Carlos Ramón González abandonara el país hacia Nicaragua para evadir la acción penal”.Los delitos de los que Bustos señala a la fiscal Camargo son de “haber incurrido en presunta configurativa del delito de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento”.La supuesta contradicción de la fiscalAdemás, también se revisan unos documentos de la Fiscalía conocidos hace unos meses por Mañanas Blu 10:30 AM, que dan cuenta de que, contrario a lo que Luz Adriana Camargo ha afirmado ante la opinión pública, la fiscal general estaría tomando decisiones y tiene ascendencia sobre las fiscales que formalmente llevan el caso, aunque la jefe del ente acusador lo negó en una rueda de prensa y culpó por el error a una de sus funcionarias.
El tiempo se agota para que la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, decida si acepta o no el último ofrecimiento de la Fiscalía para negociar un preacuerdo por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, relacionados con el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo.Blu Radio pudo establecer que el ofrecimiento de los beneficios penales por parte de la Fiscalía en el marco de un preacuerdo, no fue aceptado por la exconsejera Ortiz y su defensa, ya que lo que estaban buscando era un principio de oportunidad que implica inmunidad total, pero no ofreció información adicional a la que ya había estudiado en la anterior negociación.La novedad es que la Fiscalía y Sandra Ortiz, habían reanudado en semanas recientes los acercamientos para buscar salidas hacia una posible sentencia anticipada negociada a cambio de colaboración con la justicia.Lo último que se conoce es que la exfuncionaria está en proceso de cambio de abogado, a quien le corresponderá decidir con prontitud si acepta o no la más reciente propuesta de la Fiscalía, antes de la finalización de la audiencia preparatoria de juicio.Escuche el informe completo aquí:
Un ciudadano interpuso una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro, argumentando que un comentario suyo durante un reciente consejo de ministros vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra, la igualdad y la dignidad. La acción fue admitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, y el juez tendrá diez días para fallar sobre el caso, que ha generado cuestionamientos en la opinión pública.El demandante, identificado como Jhon Brayan Enciso Quintero, se sintió afectado por las declaraciones del mandatario, en las que asoció el nombre “Brayan” con hombres maltratadores de mujeres y personas irresponsables. En sus palabras: “En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres a quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas” aseguró el mandatario.Según la tutela, estas afirmaciones constituyen una generalización estigmatizante que afecta directamente la reputación e integridad de quienes llevan ese nombre, por lo que el ciudadano busca que el presidente rectifique públicamente sus palabras.La acción también vinculó a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para su conocimiento.Jóvenes llamados Brayan responden en un video viral a Petro por "estigmatizar" su nombreLa semana pasada, un grupo de jóvenes llamados Brayan difundió un video humorístico que se viralizó este miércoles para responder al presidente.En el video, que acumula cientos de miles de 'me gusta' en redes sociales, a modo de "comunicado oficial", once hombres replicaron al mandatario y reclamaron respeto para quienes llevan ese nombre."Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en meme y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral", afirmó el influenciador Brayan Mantilla, conocido como El Brayan en redes sociales, donde acumula más de un millón de seguidores.Esta semana, durante un Consejo de Ministros televisado, Petro afirmó que "en todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres quién sabe a qué y las deja embarazadas", lo que generó críticas por asociar ese nombre con la pobreza, la delincuencia y los sectores marginales.El nombre Brayan, común como primer o segundo nombre en Colombia, es una variación fonética de Brian o Bryan. Surgió como una adaptación moderna en países de habla hispana para reflejar la pronunciación en inglés, un fenómeno que también ocurre con otros nombres como Dayana (por Diana) o Maicol (por Michael).A principios de la década de los 2000, el nombre Brayan era uno de los más comunes, con más de 15.000 ciudadanos registrados como tal.Bajo el sello ficticio de la Asociación de Brayans de Colombia, los jóvenes parodiaron el tono institucional para plantear sus reclamos, entre ellos que se declare un Día Nacional del Brayan "con festivo incluido porque el respeto también se celebra".En un comunicado, los creadores del video aclararon que la parodia "nació como un ejercicio de humor e ironía sobre los estigmas sociales" que cargan las personas que se llaman Brayan y que no tiene "ninguna afiliación política, ni representa apoyo a partidos, candidatos o movimientos"."El mensaje original buscaba reírnos de nosotros mismos y reflexionar un poco sobre cómo los nombres no definen a las personas. (Hablamos también por las Valentinas, Lauras, Camilas, Sneyders). Pedimos respeto por el sentido de este ejercicio y recordamos que la creatividad y el humor son libres, pero no deberían manipularse para fines políticos", señalaron.
El Tribunal Superior de Bogotá citó al abogado Pablo Bustos para ampliar y ratificar su denuncia contra la fiscal Luz Adriana Camargo, que tiene origen en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en donde se abrió una indagación preliminar por su presunto manejo irregular en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La denuncia fue presentada por el abogado Pablo Bustos, que actúa como defensor de las víctimas del caso, quien remitió peticiones a la fiscal general de la Nación y a los fiscales 9 y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia, señalando que las evidencias y los hechos para imputar a Sandra Ortiz, eran los mismos para imputar a Carlos Ramón González , exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y vinculado al entramado de corrupción, y además, solicitar la imposición de medida de aseguramiento.El jurista también señaló y comparó que la Fiscalía ha negado preacuerdos y principios de oportunidad a Sandra Ortiz, la presunta responsable de recibir órdenes del exdirector del Dapre para entregar sobornos a congresistas. Además, Bustos advirtió sobre una presunta confabulación entre la fiscal general y fiscales delegados ante la Corte Suprema en el caso, que habría facilitado que González abandonara el país hacia Nicaragua para evadir la acción penal.Entre los delitos que se atribuyen presuntamente a la fiscal general se incluyen fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento.Por este motivo, el Tribunal Superior de Bogotá adelantará una diligencia virtual para recibir la ampliación y ratificación de la denuncia del abogado Bustos, la cual será enviada a la Comisión de Acusaciones para continuar con la investigación.
José Fernando Cardona, expresidente de la Nueva EPS, habló en Mañanas Blu sobre el proceso judicial que enfrenta, luego de haber sido acusado formalmente por la Fiscalía por cargos que incluyen peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal. Cardona, quien está en libertad mientras avanza el caso, defendió su gestión y desmintió vehementemente las narrativas que, según él, intentan incorporarse por fuera del expediente, especialmente la cifra de 5 billones de pesos en pérdidas o desfalco.El exdirectivo, quien lleva 30 años de gestor en el sector salud y asegura que esta es su primera investigación penal, centralizó su defensa en que los $74.300 millones de pesos, que son la base de la acusación, nunca salieron de la entidad, sino que se utilizaron para propósitos internos esenciales.La Fiscalía imputó a Cardona por presunto peculado por apropiación basado en las utilidades generadas por la Nueva EPS entre 2019 y 2023, las cuales ascienden a $74.300 millones de pesos. Cardona sostiene que el tipo penal de peculado por apropiación no aplica, ya que la apropiación no existió y los recursos quedaron dentro de la Nueva EPS.Enfatizó que durante la imputación, su abogado preguntó directamente al fiscal si Cardona había recibido un peso de esos $74.300 millones, o si se había identificado que él o un tercero se hubiera llevado dicho dinero, a lo que el fiscal respondió negativamente.Cardona detalló el destino real de dichos recursos: “Esos 74,300 quedaron en la nueva EPS como utilidades para enjugar pérdidas de ejercicio anterior. O sea, para pagarle a los prestadores y quedó la plata en el sistema”. Esta acción de compensar pérdidas fiscales con utilidades es posible según el Estatuto Tributario, que permite compensar pérdidas con ganancias de los siguientes 12 periodos gravables.El exdirectivo puntualizó que estas ganancias acumuladas, que sumaron miles de millones cada año durante su periodo, nunca se repartieron como dividendos, ni se usaron para lujos o infraestructura ajena a la operación de la EPS."Ni un solo centavo, ni un solo centavo. Nos me tomé yo, ni alguno tercero, ni nadie que que que de esa plata ni de ninguna plata de la de la EPS", declaró Cardona.Cardona concluyó señalando que está siendo condenado públicamente sin que el proceso haya llegado a la etapa probatoria, y reiteró que su defensa se centrará en demostrar que no se apropió de ningún recurso y que los $74.300 millones se usaron para honrar las deudas del sistema.Escuche aquí la entrevista: