Continúa la conmoción en el departamento del Cesar por el asesinato de una pareja y la hija de la mujer, menor de edad, ocurrido tras salir de una novena en el municipio de Río de Oro. El crimen se registró en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles.Las víctimas fueron identificadas como Nelly Geraldine García, Anderson Rocha Núñez y la menor de 12 años, Melissa López García. De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió sobre las 9:45 de la noche, cuando la familia fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte.Aunque la menor fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con ayuda de la comunidad, falleció debido a la gravedad de las heridas. Familiares de las víctimas señalaron que desconocen las causas que habrían motivado el ataque.El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, lamentó lo ocurrido y expresó su preocupación por la situación de orden público en la región. “Es muy triste tener que seguir dando este tipo de noticias, más aún cuando hace pocos días siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, indicó el mandatario local.Según informaron las autoridades a Noticias Caracol, se conformó un grupo especial de investigación para esclarecer el triple homicidio. Las primeras hipótesis apuntan a posibles disputas territoriales entre grupos armados ilegales con presencia en la zona.“Estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que ejercen injerencia en el sector. De manera inmediata se dispuso un equipo de inteligencia para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”, aseguró Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante de la Policía del Cesar.El oficial también hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva. Las autoridades recordaron que se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.
Un teniente coronel de la Policía Nacional fue enviado a la cárcel al ser señalado de presuntamente abusar sexualmente de una subalterna en el departamento de Cundinamarca y de amenazarla con afectar su carrera policial si denunciaba los hechos. La decisión se produjo tras la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación, que presentó elementos materiales probatorios que comprometerían gravemente al oficial.De acuerdo con la investigación, el teniente coronel Cristhian Camilo Villamil Benavides habría aprovechado su posición como comandante del Distrito N.° 2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca para intimidar, acosar y finalmente agredir sexualmente a una auxiliar bachiller. Los hechos habrían ocurrido mientras el oficial ejercía autoridad directa sobre la víctima, lo que, según la Fiscalía, generó un escenario de poder, intimidación y estado de indefensión.Las evidencias recaudadas indican que durante varios días el oficial presuntamente persiguió, asedió y realizó insinuaciones indecorosas a la joven. Finalmente, el pasado 8 de diciembre, le habría solicitado que se dirigiera a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá, donde, con pleno conocimiento de su situación de vulnerabilidad, la habría agredido sexualmente.En el curso de la investigación, adelantada bajo un enfoque diferencial y de género, la Fiscalía estableció que el oficial también habría amenazado a la víctima para evitar que denunciara lo ocurrido. Según el ente acusador, Villamil Benavides le advirtió que podía obstruir su ingreso y desarrollo dentro de la institución policial, utilizando su rango y la autoridad que ostentaba para imponer silencio tras la agresión.Durante la audiencia de imputación, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le formuló cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual. En su intervención ante el juez, la fiscal del caso sostuvo que el procesado, en su condición de teniente coronel y comandante de distrito, representaba una autoridad directa sobre la víctima, lo que le permitió no solo ejercer violencia psicológica y sexual, sino también intimidarla posteriormente para que guardara silencio, valiéndose de su cargo y del presunto poder que ostentaba dentro de la Policía Nacional.El teniente coronel Villamil Benavides no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. No obstante, el juez del caso consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual deberá cumplir en un centro de reclusión destinado para integrantes de la Policía Nacional, mientras avanza el proceso penal en su contra.
Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
La posible declaratoria de una emergencia económica por parte del Gobierno Nacional sigue generando inquietud entre analistas y exfuncionarios del sector económico. Más allá del debate jurídico, el impacto real se sentiría en el bolsillo de los colombianos, en un contexto de inflación aún sensible y finanzas públicas presionadas.En entrevista con Blu Radio este 21 de diciembre de 2025, la excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto, explicó que las medidas que se estudian no solo tendrían efectos inmediatos sobre consumidores y empresas, sino que abrirían un precedente complejo en el manejo fiscal del país, especialmente de cara a 2026.En ese escenario, Soto fue directa al describir las consecuencias del decreto en discusión. “Lo primero es que a todos los colombianos se nos suben los impuestos”, advirtió, al señalar que el borrador conocido contempla un aumento inmediato del gravamen a los movimientos financieros, que pasaría del 4 por 1.000 al 5 por 1.000, encareciendo las transacciones del sistema financiero.Advierten más impuestos y presión sobre el bolsillo de los colombianosSegún la exfuncionaria, el impacto no se limitaría al GMF. También habría mayores cargas para personas naturales de altos ingresos mediante un nuevo impuesto al patrimonio, así como para empresas de sectores como hidrocarburos, carbón, licores y tabaco. “Son mayores precios que va a tener que pagar el consumidor y que se van a ver reflejados en presiones al alza de la inflación”, explicó.Soto subrayó que, aunque el objetivo sea cerrar un hueco fiscal, el efecto agregado sería un golpe al consumo y un aumento del costo de vida, en un momento en el que buena parte de la población aún enfrenta restricciones económicas.Emergencia económica: un precedente fiscal cuestionadoLa excodirectora también puso el foco en el precedente institucional. Para ella, acudir a una emergencia económica tras el hundimiento de la ley de financiamiento envía un mensaje problemático. “No pasa la ley en el Congreso y entonces se saca por decreto. Es un precedente cuestionable para el manejo de las finanzas públicas”, afirmó.Desde su perspectiva, la negativa del Legislativo no constituye un hecho sobreviniente, sino una expresión normal de la autonomía de poderes. “Que el Congreso no apruebe lo que quiere el Ejecutivo no es una emergencia, eso es la democracia”, puntualizó.Soto también cuestionó la reciente colocación directa de deuda por 23 billones de pesos. “Es una decisión sin precedentes, atípica y con mucha opacidad”, dijo, al advertir que este tipo de operaciones generan desconfianza en los mercados y un costo reputacional para el país.A su juicio, el mayor daño podría no ser inmediato ni solo económico, sino institucional, afectando la credibilidad y la transparencia del mercado de deuda pública colombiano en el largo plazo.
En entrevista con Vamos Pa' Eso Podcast, Sonia Mora contó que los hechos se originaron cuando tenía entre 9 y 10 años, momento en que su agresor inició un ciclo de manipulación y abusos.La joven dijo que tras al separación de sus padres, "para mí era supremamente normal ver a mi mamá teniendo relaciones sexuales con diferentes hombres". Tras 8 años, un hombre llamado José inició una relación oficial con su mamá.José y la mamá de la joven tuvieron una hija; posteriormente se fueron a vivir juntos. "Me daba el estudio, me compraba mis uniformes, los útiles, él me trataba como una hija más, pero a puerta cerrada la historia era muy diferente", dijo"Los castigos eran fuertes, eran castigos en que no me hablaban, me trataban como un mueble más de la casa, me encerraban en el cuarto mucho tiempo", recordó.Sonia añadió que siempre la maltrataban psicológicamente tanto su padrastro como su madre. El primer episodio de abuso fue cuando el hombre le mostró sus partes íntimas; luego iniciaron los tocamientos.La víctima relató que el hombre justificaba sus acciones diciéndole: "Yo te hago esto y te enseño esto para que aprendas a ser una buena esposa".La mujer dijo que posteriormente, cuando el hombre la obligaba a practicarle actos sexuales, la grababa. Dijo además que su mamá era víctima de violencia física.Su madre se separó por dos años, pero decidió aceptar que Jose visite a su hija menor. "Llegaba una hora antes de que mi hermana saliera del jardín a la casa, pues claramente a repetir los hechos conmigo", indicó."Es una persona muy enferma porque él se daba cuenta de que yo lloraba mientras lo hacía. Yo perdí la cuenta de cuántas veces lo hizo. Al día de hoy decido bañarme dos veces porque a veces lo recuerdo", indicó.Sonia dijo que incluso intentó acabar con su vida. "Él me decía que me iba a alejar de mi mamá y de mi hermana y al final lo logró porque lo logró; yo llevo sin ver a mi hermana 7 años".Dijo que cuando le contó a su mamá los abusos, ella lo tomó bastante tranquila. Cuando habló con ella, su madre le dijo que estaba buscando plata. Al día siguiente, el hermano de Jose la golpeó, sin que, según la joven, interviniera su mamá.Un juez dictó una sentencia de 20 años de prisión contra José, el padrastro de Sonia, tras hallarlo culpable de múltiples abusos cometidos en el barrio San Cristóbal Sur de Bogotá. El proceso judicial, que tomó fuerza tras la denuncia formal en 2019, llegó a su etapa definitiva luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena; sin embargo, las autoridades reportan que el agresor se encuentra actualmente huyendo de la justicia.
Según datos de Migración Colombia, este año emigraron 174 connacionales con destino a Ucrania. De ellos, 75 argumentaron que viajaban por trabajo, mientras que el resto indicó motivos como turismo, residencia, eventos, estudios y negocios. Del total, 25 fueron mujeres y el resto, hombres entre los 30 y 38 años.Ucrania es uno de los destinos, junto con Sudán, donde el fenómeno de los mercenarios colombianos se ha convertido en un problema creciente. Desde el Congreso, el representante Alejandro Toro impulsó un proyecto de ley que ya pasó a sanción presidencial y que busca tipificar como delito esta práctica.“Son datos escabrosos. Unos 1.500 mercenarios en Sudán, con grupos paramilitares entrenando niños de 12, 13 y 14 años. Además, según información del sector funerario, están llegando entre 15 y 20 cuerpos por semana desde Ucrania, de colombianos que fallecen en ese conflicto”, aseguró el congresista.Toro denunció que las empresas que reclutan connacionales para combatir en guerras extranjeras convirtieron en un negocio la no repatriación de los cuerpos de quienes mueren en estas actividades, ya sea argumentando que no fueron encontrados o cobrando por la repatriación sin realizarla. Señaló, además, que no solo estarían llevando militares retirados, sino también médicos y enfermeros, a quienes entrenan entre 20 y 30 días antes de enviarlos a zonas de combate.La ley aprobada busca frenar estos casos. “Lo que creamos es un marco para que exista el delito, que es la principal dificultad que tenemos hoy en Colombia. Actualmente, cualquier empresa puede hacer financiamiento, entrenamiento y reclutamiento sin que tengamos herramientas para decir que eso es ilegal”, explicó.La Cancillería está respaldando esta iniciativa.
Durante un operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fueron capturadas cuatro hombres entre los 20 y 24 años de edad por orden judicial, pues, al parecer, son integrantes de una organización delincuencial dedicada al hurto de motocicletas en Medellín. Se trata del coordinador del grupo delincuencial, así como tres integrantes, que cayeron en los barrios Laureles, Caribe y Enciso.De acuerdo con la investigación, esta estructura operaba bajo dos modalidades. La primera correspondía al atraco con arma de fuego seleccionando a sus víctimas principalmente durante la madrugada; y la segunda modalidad, conocida como “halado”, se realizaba durante la noche y la madrugada, cuando dos o tres personas violentaban los sistemas de seguridad de las motocicletas para posteriormente trasladarlas al sector de Enciso, donde eran comercializadas tras la regrabación de sus sistemas de identificación. "Los capturados normalmente se desplazaban en una motocicleta o en un taxi para cometer los diferentes hurtos. En esta investigación, que duró un poco más de 10 meses, se logró establecer o materializar ocho actividades delincuenciales por parte de estos sujetos y por las denuncias de las diferentes víctimas", manifestó el brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.Según la Policía, durante el desarrollo de la investigación se adelantó la interceptación de líneas telefónicas, inspecciones judiciales, reconocimientos fonográficos y entrevistas."En esta investigación fueron ocho los casos, incluso, que ya habían sido denunciados y que se pudieron esclarecer gracias a todo el material probatorio", agregó a su turno el secretario de Seguridad, Manuel Villa. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras el desarrollo de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
El año 2025 está cerca de terminar y, con enero de 2026 a la vuelta de la esquina, muchos padres de familia comienzan a anticiparse a uno de los temas que más presión genera en el presupuesto del hogar. No es una preocupación menor. Para miles de familias, el cierre de año viene acompañado de cuentas, cálculos y ajustes para poder asumir el pago de matrículas, pensiones y todo lo que implica el inicio del calendario escolar.En ese contexto, el Ministerio de Educación ya definió cuánto podrán aumentar las matrículas y pensiones en los colegios privados para el año 2026. El anuncio, aunque esperado, ha generado inquietud entre los hogares, especialmente en un momento en el que también se deben comprar uniformes, útiles escolares y otros materiales que suelen subir de precio año tras año.Cuánto subirán las matrículas en 2026 en colegios privadosEn Colombia, una parte significativa de los estudiantes asiste a colegios privados, cuyos costos deberán ajustarse según lo establecido por el Ministerio de Educación. De acuerdo con la normativa vigente, el punto de partida para el incremento es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con corte a agosto de 2025, el cual se ubicó en 5,10%.A partir de ese porcentaje base, cada institución educativa podrá sumar puntos adicionales dependiendo de su clasificación y del cumplimiento de ciertos criterios definidos por el Ministerio. Es decir, no todos los colegios aplicarán el mismo aumento, ya que este dependerá de variables relacionadas con su funcionamiento y calidad.Según lo establecido, los incrementos autorizados para el año 2026 oscilarán entre el 5,26% y el 9,1%. En términos prácticos, si una matrícula o pensión tiene un valor de 1.000.000 de pesos, el ajuste representaría un aumento que va desde los 52.600 hasta los 91.000 pesos, de acuerdo con el régimen en el que se encuentre la institución.Criterios que definen el aumento de matrículas y pensiones en 2026El Ministerio de Educación aclaró que los colegios no pueden aplicar incrementos de manera arbitraria. El porcentaje final está condicionado a varios factores que buscan medir la estabilidad, la calidad y el compromiso institucional. Entre los principales criterios se encuentran:El régimen de tarifas, definido a partir de la autoevaluación institucional, que clasifica a los colegios en categorías como regulado, vigilado o controlado.El índice de permanencia escolar, que tiene en cuenta la continuidad de los estudiantes y las tasas de aprobación.La educación inclusiva, que permite sumar un porcentaje adicional a las instituciones que atienden estudiantes con discapacidad.El reconocimiento salarial a los docentes, que habilita un aumento extra cuando los salarios cumplen o superan lo establecido en el escalafón docente por ley.Más allá del ajuste autorizado, la preocupación de muchas familias no se limita al valor de la matrícula y la pensión. A estos gastos se suman los útiles escolares, los textos, los uniformes y el transporte, rubros que también suelen incrementarse al inicio de cada año.Frente a este panorama, el Ministerio de Educación reiteró varios puntos clave. Entre ellos, que los colegios no pueden exigir marcas ni proveedores específicos para la compra de útiles o uniformes, y que estas listas deben contar con la aprobación del Consejo Directivo. Asimismo, recordó que ningún estudiante puede ser retirado ni impedido de asistir a clases por retrasos en los pagos.Aunque el aumento en las matrículas responde al comportamiento del costo de vida, para muchos hogares el reto sigue siendo lograr que el presupuesto alcance para cubrir todo lo que implica el regreso a clases en 2026.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
El abogado de la familia de Valeria Afanador, menor que desapareció y falleció en el municipio de Cajicá hace aproximadamente un mes, presentó una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación por considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales de petición, debido a que no se les ha permitido acceder al expediente ni a pruebas clave que podrían aportar al esclarecimiento de los hechos para ser evaluados por los investigadores privados y su investigación independiente. Ante esto, la Fiscalía accedió a entregar 4 folios a los padres de la menor en los próximos días.“La Fiscalía General de la Nación ha incurrido en una vulneración grave de los derechos fundamentales de las víctimas, particularmente delos señores Luisa Fernanda Cárdenas Contreras y Manuel Fabián Afanador Casas, padres de la menor Valeria Afanador (Q.E.P.D.), al omitir dar respuesta oportuna, clara y de fondo a las múltiples peticiones elevadas en el marco de las investigaciones adelantadas por los delitos de desaparición forzada y homicidio”, expusieron los padres y la defensa en el documento.Tras una reunión de la familia de la menor Valeria Afanador, quien desapareció y falleció en el municipio de Cajicá hace aproximadamente un mes, el ente acusador aseguró que continúan evaluando 2 hipótesis del caso. La primera, la responsabilidad del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles por omisión en la vigilancia y la segunda, un tercero en el lugar de los hechos, por lo cual continúan tratando de ubicar el ADN de un responsable en la escena del delito y las pruebas en poder de Medicina Legal.Se espera que el próximo 22 de octubre las autoridades entreguen resultados claros de la investigación. Además, recientemente la Fiscalía llamó a declarar a 2 docentes del colegio para avanzar en la investigación sobre la responsabilidad del centro educativo y sus funcionarios.
Mañanas Blu 10:30 AM tuvo acceso a una declaración de Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres (UNGRD), ante la fiscal delegada María Cristina Patiño, el día 15 de julio del 2024. En ella narra, lo que habrían sido los movimientos del ejecutivo para sacar adelante iniciativas en el legislativo.En esta diligencia, López señala a la senadora de Mais Martha Peralta, a quien ya la Corte Suprema investiga por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Gestión del Riesgo.“Ese es uno de los puntos que vengo a narrarle el día de hoy, señora fiscal, e igualmente, la participación en hechos de corrupción en el departamento de La Guajira de la senadora Martha Peralta”, es una de las frases que el exfuncionario usa para referirse a lo sucedido con la legisladora.¿Tráfico de influencias en el trámite de la pensional?La declaración de Olmedo López sería un elemento de contraste con unos chats presentados por este medio en agosto. Lo crucial acá es que, presuntamente, el Gobierno mandó a Olmedo López a la Comisión Séptima para apoyar la reforma pensional. Pero no se habla de apoyo político ni moral, habría sido con cargos y contratos para conseguir votos.Martha Peralta ha negado su participación en este escándalo de corrupción, así mismo, que haya interferido por terceros con la UNGRD para favorecer con contratos y cargos.Esto señaló en un comunicado del 19 de marzo del 2025: ”Aclaro que nunca he sostenido reuniones, negociaciones o acuerdos con el señor Olmedo López, Sneyder Pinilla o cualquier contratista de UNGRD con el propósito de direccionar contratos, favorecer intereses de terceros o participar en cualquier acto contrario a la ley, la ética o la transparencia en el ejercicio de mi labor”.Ante la Fiscalía, López dice que va a la Comisión VII por orden del exministro de la cartera política Luis Fernando Velasco.“En el mes de junio del año 2023, previa instrucción u orden recibida de Luis Fernando Velasco, que me pide que, acompañé en la Comisión Séptima, el día 13 de junio, las discusiones que se estaban dando allí sobre la reforma de pensiones. - Fiscal MCP: Ok ¿en la Comisión Séptima de qué? - Olmedo: Comisión séptima de Senado".Además, el exdirector especifica que establece contacto con la senadora Martha Peralta, pues asegura que era una de las personas que él más conocía de esa célula legislativa.“Olmedo: Señora fiscal, aparece que a las 7 y 36 de la mañana, de mi celular… -Fiscal MCP: ¿De qué día? - Olmedo: De junio 13 de 2023, al celular de la senadora del Mais, Martha Peralta, +57 xxxx xxx xxx, le envío mi número de cédula, para qué, para yo poder ingresar a la Comisión Séptima como dice, me dice la oficina 338B, doctor llegue directamente a la Comisión Séptima, por favor, en el edificio nuevo”.Olmedo insiste en que, efectivamente, estuvo en la comisión un día antes de que se aprobara la reforma pensional en primer debate, el 13 de junio del 2023.“Fiscal MCP: Entonces usted ubica a la senadora y llega allá a esa reunión. ¿Y qué pasó? ¿Se sienta al lado de ella? ¿Ella habla? -Olmedo: Sí, nosotros nos conocíamos de años atrás, sí… Me separa un espacio, nos sentamos contiguo uno al otro. Y lo que, yo veo es que le pasan, le pasa el celular, la senadora Berenice Bedoya”. Mañanas Blu 10:30 AM revisó la sesión de ese día en dicha célula legislativa y, al menos, las imágenes coinciden con este relato.Y esta parte de la declaración, López salpica a la senadora de la ASI, Berenice Bedoya, frente a quien, recientemente, se comprometió a declarar ante la Corte Suprema de Justicia.“Fiscal MCP: ¿Le pasa el celular a Martha Peralta? - Olmedo: (…) Sí, porque yo quedo, yo quedo ahí en un espacio entre las dos y ahí me muestran la necesidad de ayúdeme con esto, este contrato, o sea, sáquenos este contrato”.Este medio revisó la sesión del 13 de junio en la Comisión VII de la Cámara y, efectivamente, el exdirector llega y se sienta junto a las dos legisladoras, Peralta y Bedoya. FOTO OLMEDO BERENICE MARTHAEl testimonio del exfuncionario, hoy también investigado, coincide con los chats presentados por Mañanas Blu 10:30 AM en los que recibe un contrato por parte de Peralta, en los que asegura que es de otro legislador.“Fiscal MCP ¿Usted tiene ese Whatsapp?- Olmedo:Sí, señora fiscal, me lo remite la senadora Martha Peralta en junio 15 del 2023… Y me dice, en junio, me me remite la necesidad y dice, este es de otro compañero senador”. “Fiscal MCP ¿A qué hace referencia relación esa esa indicación, señor López? -Olmedo: A buscarle a la senadora Berenice Bedoya viabilizar ese contrato a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la misma senadora el día, Berenice Bedoya el 13 de junio, de e su celular +57 xxx xxx xxxx, a las 9 y 25 de la mañana, me envía ese proyecto de contrato y otro contrato, otro proyecto de la Unidad, radicado en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, este está 1,2,3,4,5,6 columnas, Casanare”.”El papel de Peralta”Frente al interrogatorio que hace la fiscal delegada en este caso, María Cristina Patiño, sobre los motivos de la reunión con Peralta y Bedoya, Olmedo López además asegura que se buscaba, presuntamente, la contratación de personal en la UNGRD. En ese sentido, López señala a la congresista Peralta de ser “la coordinadora del proceso”.“Olmedo: Martha Peralta era la coordinadora del proceso, la petición, me pide la importancia de atender a los congresistas, había muchas quejas, señora fiscal, en el respecto a que la coalición tenía poca participación en el gobierno. Yo lo que hago es que el 16 de junio, a las 7:50 de la mañana, de acuerdo a a la petición que ella me hiciera, pues yo me había comprometido que, entonces le enviaba los perfiles de las personas que se necesitaban en la entidad”.Y agrega que “este fue el día 16 de junio y el día 22 de junio de 2023, me escribe ella: hola doc ya ya tenemos esto, te lo paso por acá, ya consensuamos con los compañeros, a las 12:56 de la tarde. Y en junio 23, a las 9:40 de la mañana, me envía una relación que también adjunto señora fiscal de veintitrés nombres”.Cabe recordar que Mañanas Blu 10:30 AM consultó en el sistema de contratación pública y pudo corroborar que, alrededor de un mes después y un poco más, de 23 personas, 12 fueron vinculados laboralmente a la UNGRD y Fiduprevisura principalmente. ¿Qué responden?Blu Radio contactó a los salpicados en esta declaración por Olmedo López. El exministro del Interior Luis Fernando Velasco dijo que todo es falso y que a Olmedo López nadie le daba ordenes, que no escuchaba a nadie. Y señala que es fácil probarlo.La senadora Berenice Bedoya dice que está tranquila porque no ha sostenido conversaciones del tipo que se menciona con Olmedo López y que no habló nade de contratos, que sí preguntó fue por a viabilización de un proyecto que es normal.Martha Peralta no contestó nada al cierre de este informe, pero ella ha negado todo varias veces y ha dicho que se defenderá ante la justicia.
La Corte Constitucional fijó una regla para los procesos de responsabilidad civil extracontractual en el ámbito médico. Los jueces deberán realizar una valoración integral de la atención prestada al paciente, tomando en cuenta todas las pruebas disponibles, las reglas de la experiencia médica y científica, y aplicando un estándar probatorio de “probabilidad prevalente”.Esto significa que no se exige certeza absoluta para establecer el nexo entre una conducta u omisión médica y el daño, sino que basta con demostrar que es más probable que la falta de diligencia haya generado el resultado adverso.La Corte precisó tres puntos clave dentro de este fallo de tutela. Lo primero es que se deberá verificar si se cumplió con los protocolos de atención según el estado clínico del paciente.Por otro lado, valorar los hallazgos de necropsia que muestren la materialización del riesgo, y por último, aplicar el estándar de probabilidad prevalente para determinar la relación causal entre la omisión médica y el daño.La decisión se tomó al revisar la tutela presentada por Isabel, en representación propia y de sus hijos, contra una clínica a la que demandó tras la muerte de su esposo. El hombre había sido hospitalizado por dengue hemorrágico, sufrió un trastorno psicótico y se lanzó por una ventana, lo que ocasionó su deceso.La mujer argumentó que el centro médico no adoptó medidas de seguridad ni aplicó protocolos de atención después de la caída.La Corte determinó que la sentencia que negó la reparación desconoció el deber de valorar adecuadamente el cuadro clínico, las exigencias médicas frente a un evento adverso de alta complejidad y aplicó un estándar probatorio equivocado.Por ello, la Corte Constitucional, específicamente la Sala Séptima de Revisión, ordenó al tribunal que falló en contra de la accionante emitir una nueva decisión siguiendo la regla ahora fijada.
Mañanas Blu 10:30 AM, revela una declaración de Olmedo López, el exdirector de la UNGRD, ante la fiscalía, el 15 de julio del 2024, en la que se refiere a las maniobras del Gobierno, según él, para sacar adelante los proyectos en el legislativo.En esta diligencia, López señala a la senadora de Mais, Martha Peralta, a quien ya la Corte Suprema investiga por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Gestión del Riesgo.“Ese es uno de los puntos que vengo a narrarle el día de hoy, señora fiscal, e igualmente, la participación en hechos de corrupción en el departamento de La Guajira de la senadora Martha Peralta”, es una de las frases que el exfuncionario usa para referirse a lo sucedido con la legisladora.Reforma pensional y comisión VII del SenadoLa declaración de Olmedo López ante el ente acusador contrasta con unos chats revelados por este medio de comunicación, en los que se evidenciaría una comunicación y reuniones para el supuesto trance de contratos para favorecer la aprobación de la reforma pensional en la Comisión VII del Senado.Martha Peralta ha negado su participación en este escándalo de corrupción, así mismo, que haya interferido por terceros con la UNGRD para favorecer con contratos y cargos.Esto señaló en un comunicado del 19 de marzo del 2025: ”Aclaro que nunca he sostenido reuniones, negociaciones o acuerdos con el señor Olmedo López, Sneyder Pinilla o cualquier contratista de UNGRD con el propósito de direccionar contratos, favorecer intereses de terceros o participar en cualquier acto contrario a la ley, la ética o la transparencia en el ejercicio de mi labor”. Ante la Fiscalía, López dice que va a la Comisión VII por orden del exministro del Interior Luis Fernando Velasco.“En el mes de junio del año 2023, previa instrucción u orden recibida de Luis Fernando Velasco, que me pide que, acompañe en la Comisión Séptima, el día 13 de junio, las discusiones que se estaban dando allí sobre la reforma de pensiones. - Fiscal MCP: Ok ¿en la comisión séptima de qué? -Olmedo: Comisión séptima de Senado". A renglón seguido, el exdirector especifica que establece contacto con la senadora Marta Peralta, pues asegura que "era una de las personas que él más conocía de esa célula legislativa".“Olmedo: Señora fiscal, aparece que a las 7:36 AM, de mi celular… -Fiscal MCP: ¿De qué día? - Olmedo: De junio 13 de 2023, al celular de la senadora del Mais, Martha Peralta, +57 xxxx xxx xxx, le envío mi número de cédula. ¿Para qué? Para yo poder ingresar a la comisión séptima, como dice. Me dice la oficina 338B: doctor llegue directamente a la Comisión Séptima, por favor, en el edificio nuevo”.Olmedo insiste en que, efectivamente, estuvo en la comisión un día antes de que se aprobara la reforma pensional en primer debate, el 13 de junio del 2023.“Fiscal MCP: Entonces usted ubica a la senadora y llega allá a esa reunión. ¿Y qué pasó? ¿Se sienta al lado de ella? ¿Ella habla? -Olmedo: Sí, nosotros nos conocíamos de años atrás, sí… Me separa un espacio, nos sentamos contiguo uno al otro. Y lo que yo veo es que le pasa el celular, la senadora Berenice Bedoya”. Mañanas Blu 10AM revisó la sesión de ese día en dicha célula legislativa y, al menos las imágenes, coinciden con este relato. Y esta parte de la declaración es clave, pues López involucra a la senadora de la ASI, Berenice Bedoya, frente a quien, recientemente, se comprometió a declarar ante la Corte Suprema de Justicia.“Fiscal MCP: ¿Le pasa el celular a Marta Peralta? - Olmedo: (…) Sí, porque yo quedo ahí en un espacio entre las dos, y ahí me muestran la necesidad de: ayúdeme con esto, este contrato, o sea, sáquenos este contrato”.El testimonio del exfuncionario, hoy también investigado, coincide con los chats presentados por Mañanas Blu 10:30 AM, en los que recibe un contrato por parte de Peralta, donde asegura que es de otro legislador.“Fiscal MCP ¿Usted tiene ese WhatsApp?- Olmedo: Sí, señora fiscal, me lo remite la senadora Marta Peralta en junio 15 del 2023… Y me dice, en junio, me remite la necesidad y dice: este es de otro compañero, senador”. “Fiscal MCP ¿A qué hace referencia relación esa esa indicación, señor López? -Olmedo: A buscarle a la senadora Berenice Bedoya viabilizar ese contrato a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la misma senadora, Berenice Bedoya, el día 13 de junio, desde su celular +57 xxx xxx xxxx, a las 9:25 AM, me envía ese proyecto de contrato y otro contrato, otro proyecto de la Unidad, radicado en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, este está 1,2,3,4,5,6 columnas, Casanare”.”Martha Peralta era la coordinadora”Frente al interrogatorio que hace la fiscal delegada en este caso, María Cristina Patiño, sobre los motivos de la reunión con Peralta y Bedoya, Olmedo López además asegura que se buscaba, presuntamente, la contratación de personal en la UNGRD. En ese sentido, López señala a la congresista Peralta de ser “la coordinadora del proceso”.“Olmedo: Marta Peralta era la coordinadora del proceso, la petición. Me pide la importancia de atender a los congresistas, había muchas quejas, señora fiscal, en el respecto a que la coalición tenía poca participación en el gobierno. Yo lo que hago es que, el 16 de junio, a las 7:50 AM, de acuerdo a a la petición que ella me hiciera, yo me había comprometido a que, entonces, le enviaba los perfiles de las personas que se necesitaban en la entidad”.Y agrega que “este fue el día 16 de junio y el día 22 de junio de 2023. Me escribe ella: hola doc, ya tenemos esto, te lo paso por acá, ya consensuamos con los compañeros, a las 12:56 PM. Y en junio 23, a las 9:40 AM, me envía una relación que también adjunto, señora fiscal, de veintitrés nombres”.Cabe recordar que Mañanas Blu 10:30 AM consultó en el sistema de contratación pública y pudo corroborar que, alrededor de un mes después y un poco más, de 23 personas, 12 fueron vinculados laboralmente a la UNGRD y Fiduprevisura, principalmente.Qué respondenBlu Radio contactó a los salpicados en esta declaración por Olmedo López. El exministro del Interior Luis Fernando Velasco dijo que todo es falso y que a Olmedo López nadie le daba ordenes, que no escuchaba a nadie, y señala que es fácil probarlo.La senadora Berenice Bedoya, dice que está tranquila porque no ha sostenido conversaciones del tipo que se menciona con Olmedo López y que no habló nada de contratos, que sí preguntó fue por a viabilización de un proyecto que es normal.Martha Peralta aún no responde, pero ella ha negado todo varias veces y ha dicho que se defenderá ante la justicia.
La oficina de Interpol en Colombia notificó que fue emitida una circular roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, con el fin de lograr su captura en cualquiera de los países que mantienen convenios con este organismo internacional.La medida fue aprobada y publicada desde la sede central de Interpol en Lyon, Francia, tras la solicitud formal presentada por la Fiscalía General de la Nación el pasado 4 de julio. Con ello, González pasa a ser oficialmente buscado a nivel internacional.El exfuncionario, considerado uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, enfrenta graves acusaciones por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. Según la investigación, habría desempeñado un papel clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de esa entidad, lo señalan de haber ordenado la millonaria contratación de carrotanques en La Guajira. Si bien dichos contratos fueron presentados como medidas humanitarias para atender la crisis de agua en la región, la Fiscalía sostiene que en realidad habrían sido utilizados como mecanismo de soborno a congresistas, con el objetivo de asegurar el avance de las reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.Actualmente, Carlos Ramón González permanece prófugo de la justicia colombiana y permanece asilado en Nicaragua. Con la circular roja en vigor, las autoridades esperan su detención en el extranjero para avanzar en su proceso judicial en Colombia.
El Ministerio Público tiene la lupa encima sobre el polémico contrato de 5 millones de dólares para medir la reputación de Roa como presidente de Ecopetrol, en ese sentido, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal vinculó formalmente a Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, ambos podrán rendir versión libre en el Ministerio Público dentro del proceso.“Revisadas las actas 450 y 270 de mayo 22 de 2024, de la Junta Directiva de Ecopetrol y del Comité de Auditoría y Riesgos de la junta, se tiene que, se dejó consignada la recomendación realizada para la creación de una comisión especial integrada por Luis Alberto Zuleta, Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, cuyo rol sería supervisar las actividades del estudio que adelantará el asesor externo y participar en las discusiones estratégicas sobre la ejecución de este”, se lee en el auto.Según la compañía, este contrato tenía como finalidad evaluar el impacto de las investigaciones contra Ricardo Roa en la reputación de la empresa, sin embargo, presuntamente también se habría realizado una inspección a las comunicaciones de algunos funcionarios de la empresa estatal más importante del país.En junio, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra de Alberto José Vergara, quien era el director de cumplimiento de Ecopetrol, a Luis Felipe Rivera y Ludwig Wilson Mejía.“La Procuraduría escuchará en versión libre a los dos miembros de la Junta en versión libre “escúchese en versión espontánea a los investigados si es su deseo hacerlo, y asistido por un defensor si así lo requieren”.