Ocho meses después del envenenamiento que causó la muerte de dos estudiantes del Colegio Los Nogales, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la presunta responsabilidad de la empresaria Zulma Guzmán Castro. El caso, ocurrido en abril de este año, comenzó cuando a una vivienda del norte de Bogotá llegó un domicilio con frambuesas achocolatadas, consumidas por varias menores de edad.Horas después, cuatro de las jóvenes que habían participado en la reunión presentaron síntomas de intoxicación aguda y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos, Inés de Bedout falleció el 5 de abril y, cuatro días más tarde, murió su amiga Emilia Forero, ambas de 15 años. Otros dos menores y un adulto resultaron afectados, aunque lograron sobrevivir.Cómo se identificó el talio como agente tóxicoEl secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que la intoxicación no fue accidental ni tuvo origen en alimentos contaminados por error. Los equipos de vigilancia epidemiológica detectaron desde el inicio la presencia de talio, un metal altamente tóxico, sin olor ni sabor, difícil de rastrear y que no forma parte de los elementos monitoreados por la entidad.“Se pudo concluir […] que lo sucedido no responde a una intoxicación ocasionada por alimentos, sino por un agente que no es objeto de vigilancia. […] Se logró el hallazgo de esta sustancia desde el comienzo”, afirmó Bermont en su momento. La evidencia descartó cualquier incidente fortuito y reforzó la hipótesis de un acto deliberado.La presunta participación de Zulma Guzmán CastroLa investigación señaló como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, empresaria del sector tecnológico y fundadora de la plataforma de carsharing, conocida por su participación en el programa televisivo Shark Tank. Según la Fiscalía, Guzmán habría gestionado el envío del domicilio con las frambuesas que consumieron las víctimas.Los investigadores también indagan la relación sentimental que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores. Las autoridades consideran que el caso podría corresponder a un crimen de venganza derivado de un conflicto pasional.Además, la Fiscalía examina una posible conexión con la muerte de la esposa del mismo hombre, fallecida dos años atrás en circunstancias no esclarecidas y cuya causa, según los investigadores, también podría estar relacionada con talio.Huida internacional y red de países involucradosPoco después de confirmarse la intoxicación, Guzmán salió de Colombia con destino a Argentina. Su desplazamiento posterior por Brasil, España y Reino Unido llevó a la Fiscalía a internacionalizar la investigación.Con base en las pruebas recolectadas, un juez de control de garantías avaló una orden de captura en su contra. De igual forma, fue emitida una circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en cualquier país donde pueda encontrarse.La evidencia clave que sostiene el casoLa Fiscalía consolidó los siguientes elementos como base de la investigación:Rastro del talio en los cuerpos de las víctimas, identificado desde el ingreso a urgencias.Vínculo directo entre Guzmán y el envío del domicilio consumido por las menores.Salida inmediata del país, horas después de conocerse la intoxicación.Relación personal con el padre de una de las víctimas, considerada relevante en la motivación del crimen.Antecedentes sospechosos, incluyendo la muerte previa de otra mujer cercana al mismo núcleo familiar.Movimiento internacional de la sospechosa por varios países, lo que motivó la intervención de autoridades en Argentina, Brasil, España y Reino Unido.Impacto del caso y avance judicialEl envenenamiento con talio, un metal prácticamente indetectable, ha generado preocupación por su uso criminal y la dificultad de rastrear su origen. Por ahora, la Fiscalía mantiene activa la búsqueda de Guzmán Castro, mientras avanza en cooperación con autoridades extranjeras para lograr su captura.“Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes […] No existe un riesgo para la salud pública”, reiteró el secretario Bermont, aclarando que el caso corresponde a un hecho puntual y dirigido, no a un riesgo general para la ciudadanía.La investigación continúa y se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades buscan esclarecer completamente el crimen que conmocionó a Bogotá y llevó a la muerte de dos menores de edad.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de la exfiscal Ana Catalina Noguera Toro, tras determinar que ya cumplió la pena impuesta por los delitos de fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.En su decisión, el Tribunal explicó que, luego de la revisión realizada en segunda instancia, la pena fue reajustada a 38 meses de prisión, junto con una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Además, al contabilizar el tiempo que estuvo privada de la libertad, sumado a las redenciones de pena por estudio y trabajo, se demostró que Noguera, quien estaba en prisión domiciliaria, había cumplido la condena en su totalidad.El caso, originado por interceptaciones ilegales de comunicaciones de una tercera persona durante 2020, incluyó la participación de miembros de la Dijín y la manipulación de fiscales mediante informes falsos para obtener órdenes de escucha.La exfiscal Noguera, quien ocupó cargos claves como directora de Extinción de Dominio y delegada de Finanzas Criminales en la Fiscalía General de la Nación, aceptó haber participado en una red de corrupción que combinaba narcotraficantes, policías y funcionarios judiciales y por ello fue capturada en febrero de 2023.Según la Fiscalía, dicha red operaba captando personas con investigaciones judiciales inconclusas, en especial narcotraficantes, para ofrecerles favores judiciales a cambio de sobornos y evitar evitar extradiciones a Estados Unidos.Sin embargo, la investigación demostró que Noguera también estaba implicada en interceptaciones ilegales que se habría gestionado y ejecutado con fines personales.Los archivos referían que la exfuncionaria judicial ordenó en marzo de 2020 la interceptación ilegal del teléfono celular de Carolina Vélez, una mujer que sostenía una relación con un trabajador bancario con quien Noguera habría tenido vínculos sentimentales con el fin de confirmar si el hombre mantenía una relación paralela.Durante la imputación de cargos, salieron a relucir también nombres como el del excoronel de la Dijín Ricardo Alberto Durán, los policías John Fredy Redondo Bautista y Anderson Jesús Salba Contreras, así como el exparamilitar y exnarcotraficante Ramón Esteban Peña, alias El Médico, pieza clave en la operación ilegal.Con la decisión conocida este jueves, Noguera logra saldar su deuda con justicia y cerrar un caso que representó un golpe para el sector pues ella era considerada una autoridad en la lucha contra la delincuencia.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este 4 de diciembre al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público cuando se desempeñaba como director de la Policía Nacional.De acuerdo con la Sala, el entonces alto oficial se reunió en su residencia con la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para hablar de una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. Durante ese encuentro, Palomino le habría pedido que se detuviera la captura de Luis Gonzalo Gallo Restrepo.La decisión le impone una pena de siete años de cárcel, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos, y además lo inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas por nueve años. El fallo también aclara que no hay posibilidad de solicitar prisión domiciliaria.Para el alto tribunal, la intervención del general en retiro constituyó un aprovechamiento de su cargo y un intento deliberado por influir en una decisión judicial. La Sala señaló que, en lugar de respetar las órdenes emitidas por la autoridad competente, Palomino optó por favorecer a un particular, pese a que este estaba siendo investigado por delitos especialmente graves como concierto para delinquir, promoción de grupos paramilitares y desplazamiento forzado asociado al despojo de tierras. La Corte recordó que este último es un crimen de lesa humanidad, lo que subraya la gravedad de la interferencia.El fallo también detalla que la reunión generó presión e intimidación sobre la fiscal, quien, aunque realizó la captura, posteriormente dejó en libertad al investigado tras escucharlo en indagatoria, sin corroborar la información presentada como descargo.El tribunal también hizo énfasis en que Palomino conocía plenamente la ilegalidad de su comportamiento, dada su experiencia y la dignidad del cargo que ocupaba. Aun así, optó por apartarse de la normatividad que juró cumplir y proteger. La Sala resaltó que tuvo “la posibilidad de autodeterminarse para proceder de manera distinta” y, pese a ello, eligió influenciar indebidamente a otro servidor público, en este caso a una fiscal delegada.Durante la lectura del fallo Palomino y su defensa interpusieron el recurso de apelación y solicitaron un plazo de cinco días hábiles para preparar la defensa y argumentación de la apelación.
Las autoridades confirmaron nuevos avances en la investigación del caso que estremeció al país el pasado 4 de abril, cuando un grupo de jóvenes en el norte de Bogotá resultó envenenado tras recibir una encomienda con frambuesas achocolatadas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido. En el trágico episodio murieron dos niñas de 15 años, mientras que otra adolescente aún se recupera lentamente por las graves afectaciones que sufrió. Un cuarto joven logró restablecerse por completo.De acuerdo con la información revelada por la periodista María Elvira Arango y corroborada por la Fiscalía General de la Nación, el caso nunca fue accidental. De hecho, ya identificaron a la principal sospechosa detrás de este crimen.Señalada salió de ColombiaLa principal señalada por el envío de las frambuesas envenenadas con talio sería Zulma Guzmán Castro, una mujer que habría tenido cercanía previa con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y destinatario de la encomienda. Esta mujer no ha enfrentado un juicio porque no está en el país.Se estableció que la sospechosa abandonó Colombia pocos días después del crimen. Las autoridades han rastreado su paso por Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, países a los que viajó mientras avanzaban las pesquisas.Buscan a sospechosa con circular de InterpolAnte este escenario, la Interpol emitió el pasado 25 de octubre una circular roja contra Guzmán Castro, una alerta internacional que permite su búsqueda y captura en más de 180 países. Con este recurso, las autoridades esperan lograr su detención y posterior extradición a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por las graves lesiones ocasionadas a otros dos jóvenes. Este caso, que comienza a esclarecerse, sigue siendo una prioridad para la Fiscalía, determinada a llevar ante los jueces a la presunta responsable de una tragedia que conmocionó a Bogotá.
En una iglesia de Itagüí, Antioquia, un hombre entró y se robó la organeta del templo. Esta persona que intentó vender el instrumento fue capturada cuando quiso esconderse en un inquilinato de Medellín.En un hecho que ha generado indignación en el Valle de Aburrá, un hombre entró hasta la iglesia del parque principal del municipio de Itagüí, se robó la organeta y salió ante la mirada atónita de la comunidad que inmediatamente informó a las autoridades de la extraña situación que fue vigilada de cerca por cámaras de seguridad.La información que entregaron las autoridades deja en evidencia que el ladrón tomó un taxi y se dirigió a Medellín en donde fue seguido por las cámaras de seguridad que vieron cómo el hombre ingresó hasta un centro comercial en donde habría intentado vender el instrumento sin éxito alguno.El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó que luego de salir del establecimiento se dirigió a un inquilinato donde pretendía esconderse y en donde fue abordado por las autoridades.“Cada uno de esos movimientos quedó registrado y permitió orientar a las patrullas con absoluta precisión gracias a la coordinación permanente entre el sistema de cámaras del 1 2 3 y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá”, afirmó el secretario Villa.Según destacaron desde la capital de Antioquia, el instrumento musical fue recuperado y entregado de manera inmediata al padre en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Itagüí, mientras que el hombre fue capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto.Por último, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín destacó que ya son más de 1.100 personas capturadas por hurto en el 2025 y, además, le recomendaron a la ciudadanía denunciar situaciones sospechosas como la de la iglesia en Itagüí que afortunadamente tendrá el acompañamiento de la organeta durante todas las misas en la época decembrina.Así siguieron a hombre que robó organeta en Itagüí:
Se conoce el segundo nombre de un concejal que renuncia al concejo de Bogotá con aspiraciones a Senado de la República para las elecciones legislativas del 2026. La decisión fue presentada ante la plenaria en el recinto Los Comuneros y aprobada por los 44 concejales.“Es desde esa convicción, y después de una reflexión seria y honesta, que presento ante ustedes mi renuncia irrevocable a la curul del Concejo de Bogotá, con efectos a partir del 5 de diciembre del presente año", escribió el concejal en la carta de renuncia.Baena, quien presidió el Concejo en 2024 deja el cargo tras dos periodos en los que logró consolidar una agenda enfocada en movilidad sostenible, control a obras de valorización y trabajo con poblaciones vulnerables, incluidos cuidadores y personas con discapacidad. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra la exención del pico y placa para vehículos híbridos y eléctricos durante las administraciones de Claudia López y Carlos Fernando Galán.En su discurso de despedida, Baena expresó su “eterna gratitud” a los bogotanos y afirmó que deja el Concejo “con la convicción del deber cumplido”. Recordó que llegó a la corporación con cerca de 50.000 votos —la cifra más alta del Nuevo Liberalismo en 2023 y la tercera más elevada de toda la corporación— y aseguró que su aspiración al Senado responde a la intención de llevar a nivel nacional una política “constructiva, moderna y no polarizante”.En la sesión de plenaria del Concejo de Bogotá que se llevará acabo el jueves 4 de diciembre se espera que el expresidente del concejo oficialice si renuncia irrevocable frente a los demás cabildantes.
El proceso de inscripción para las elecciones atípicas en Girón cerró este miércoles 3 de diciembre, dejando en firme a seis candidatos que buscarán ocupar la Alcaldía el próximo 18 de enero. El ganador completará el periodo institucional hasta 2027, tras la anulación de la elección anterior.En el listado figura nuevamente el exalcalde Campo Elías Ramírez, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado debido a doble militancia. Ramírez vuelve a competir con el aval del partido Liga y del Partido de La U.Por el Partido Conservador se inscribió William Mantilla, quien ya había participado en los comicios anteriores, logrando la segunda votación más alta. Pese a ello, no asumió la curul de oposición en el Concejo Municipal.Desde la Colombia Humana, Diego Armando Moreno vuelve a presentar su candidatura. En la elección de hace dos años obtuvo 1.417 votos.El candidato Misael Luna Domínguez se registró con el aval de La Fuerza de la Paz y aseguró que, de llegar al cargo, uno de sus principales propósitos será articular su gestión con las juntas de acción comunal.El ingeniero Óscar Álvarez, propietario del Atlético Bucaramanga, oficializó su aspiración con el aval del Nuevo Liberalismo y el coaval del Partido Liberal. Es originario de Ocaña, Norte de Santander, donde también aspiró a la Alcaldía hace dos años.Finalmente, Fernando Serrano Reina se inscribió con el aval del Partido ASI. En la elección pasada buscó una curul en la Asamblea de Santander.Con el cierre del registro, inicia ahora la etapa de campaña en la que los seis aspirantes deberán presentar sus propuestas a los ciudadanos de Girón antes de la jornada electoral de enero.
Un grave accidente se registró en la mañana de este jueves en el sector de Cachama, entre los municipios de Oiba y Socorro, Santander, donde un bus de servicio especial que había salido de Moniquirá, Boyacá, y tenía como destino el Parque Nacional del Chicamocha, chocó contra un barranco, al parecer por una falla mecánica.Según el reporte preliminar de las autoridades, el vehículo habría perdido el sistema de frenos, lo que hizo que el conductor perdiera el control y se estrellara primero contra el costado izquierdo de la vía y luego contra el derecho. En el lugar murió una joven de 17 años, mientras que 14 pasajeros más resultaron heridos.Ambulancias, bomberos, Policía de Tránsito y organismos de socorro acudieron al sitio para atender a los lesionados y trasladarlos al Hospital Regional Manuela Beltrán de El Socorro, donde permanecen en valoración médica.El mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander, confirmó la información y explicó la hipótesis del siniestro.“Nos encontramos atendiendo esta lamentable noticia. Un bus que cubría la ruta Moniquirá – Parque Chicamocha, al parecer, presenta fallas mecánicas, el conductor pierde el control y colisiona con ambos costados de la vía. En el lugar fallece una menor de 17 años y 14 personas son valoradas en el hospital de Socorro”, indicó el oficial.La vía permanece con cierre total mientras el personal judicial adelanta el levantamiento del cuerpo y se realizan las labores de remoción del vehículo. Las autoridades estiman que al menos un carril podría habilitarse en las próximas horas.
La discusión en torno a la ley de financiamiento, calificada por la oposición como una reforma tributaria, ha escalado a un punto crítico en el Congreso de Colombia, con graves acusaciones de manipulación procesal y advertencias sobre un posible decreto de emergencia económica.Alerta roja por posible decreto de emergenciaEl senador Mauricio Gómez Amín, integrante de la Comisión Tercera del Senado, prendió una "alerta roja" al país, asegurando que el gobierno y el presidente de la comisión de Cámara están jugando a quemar y dilatar el tiempo hasta el 16 de diciembre. Según Gómez Amín, la estrategia apunta a sacar un decreto de emergencia económica.El senador enfatizó que el oficialismo sabe que no tiene los votos para aprobar la reforma en las comisiones económicas conjuntas, por lo que buscarían justificar el decreto argumentando que, por responsabilidad fiscal y por la economía del país, no tuvieron tiempo suficiente para aprobarla. De esta forma, el gobierno podría hacer lo que le "dé la gana" en materia fiscal.Esta preocupación fue compartida por el senador Ciro Ramírez, quien insistió en que la reforma ya está hundida, citando una votación reciente de 11 contra tres, lo que hace "imposible que puedan voltear" la decisión. Ramírez denunció que estos movimientos buscan obtener recursos para "gastar en campaña" y empezar a redactar decretos de emergencia económica, imponiendo impuestos sin las necesarias causas constitucionales. Gómez Amín respaldó esta visión, acusando al oficialismo de buscar el "despilfarro y el derroche para hacer politiquería el próximo año". La oposición insiste en que su tarea es persistir e insistir para "blindarle el bolsillo a la gente".Denuncias de manipulaciónLa oposición ha centrado sus críticas en la manera en que se está manejando el debate. El senador Gómez Amín, quien lleva 12 años en las comisiones económicas, denunció lo que considera una "desfachatez" por parte del presidente de las comisiones, señalando que ha visto cámaras que muestran al ministro secretamente dando órdenes y dirigiendo el debate. Gómez Amín lamentó que, a pesar de que el Congreso es una rama independiente, el ministro esté incidiendo permanentemente.Aunque se reconoció que todos los gobiernos han tenido influencia en el Congreso, Gómez Amín sostuvo que no se había visto una manipulación "así," especialmente en la forma de votar, asegurando que, al haber una comisión con la decisión de archivar la reforma, esta debería considerarse hundida, y que el proceso está "viciada" por el manejo dado. El senador Ramírez complementó las denuncias, indicando que la presidencia de las comisiones económicas está forzando a los congresistas a retirarse para levantar el quórum y seguir dilatando.Por su parte, la representante María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, defendió el proyecto, pero insistió en que debe denominarse "reforma de financiamiento" y no reforma tributaria, pues está atada a la ley de presupuesto y busca solventar dificultades estructurales de la economía. Pizarro aclaró que una ley de financiamiento puede o no contener impuestos, mientras que una reforma tributaria solo aborda ese tema.Escuche aquí la entrevista:
La tragedia que estremeció al norte de Bogotá el pasado 4 de abril comienza a esclarecerse. Ese día, un grupo de adolescentes que se encontraba reunido en una vivienda para hacer tareas recibió una encomienda con frambuesas achocolatadas. Horas después, dos niñas de 15 años murieron y otros dos jóvenes resultaron gravemente afectados. Los análisis de Medicina Legal confirmaron que los dulces estaban impregnados con talio, un metal incoloro, inodoro e insaboro, altamente tóxico. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo la hipótesis de que no se trató de un accidente, sino de un acto premeditado.¿Quién envió las frambuesas envenenadas?En las últimas horas, nuevos hallazgos han sido revelados por la periodista María Elvira Arango y corroborados por la Fiscalía. Todo apunta a que el envío fue un crimen deliberado. La investigación identificó como presunta responsable a Zulma Guzmán Castro, una mujer que, según las autoridades, tenía cercanía previa con Juan de Bedout, el destinatario de la encomienda. Tras un distanciamiento entre ambos, la Fiscalía sostiene que Guzmán Castro habría decidido ejecutar el envío de las frambuesas contaminadas, lo que derivó en la muerte de las dos adolescentes.De acuerdo con la información divulgada, la mujer salió del país pocos días después de presuntamente cometer el crimen. Su ruta internacional ha incluido paradas en Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, lo que para los investigadores parece indicar un intento de evadir a las autoridades colombianas. Mientras tanto, una de las jóvenes intoxicadas continúa recuperándose lentamente de las graves secuelas, y otro de los menores afectados ya logró restablecerse por completo.La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios que permitan llevar a Guzmán Castro a juicio. No obstante, su ubicación actual es incierta, lo que ha llevado a las autoridades a activar mecanismos internacionales de cooperación judicial. Por eso, este jueves, 4 de diciembre, se conoció que la Interpol emitió una circular roja el pasado 25 de octubre para localizar y capturar a Zulma Guzmán Castro en cualquiera de los más de 180 países miembros. Con esta alerta internacional, la Fiscalía espera que la mujer sea detenida y extraditada a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por su presunta participación en un crimen que hoy, tras meses de incertidumbre, empieza a desenredarse.
La Corte Suprema de Justicia tomó una importante decisión relacionada con Arturo Char: el alto tribunal resolvió acusarlo por presunta corrupción y compra de votos.La decisión de hoy tiene un contexto. Los hechos por los cuales Arturo Char es investigado se relacionan con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual, posiblemente, se materializó en octubre de 2017 y en el que habrían intervenido varias personas.Entre ellos, Arturo Char y la excongresista Aída Merlano, quien fue condenada en primera y segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguaron desde la sede política Casa Blanca.En septiembre de 2023, la propia Sala de Instrucción ordenó la captura de Char, quien posteriormente fue dejado en libertad. El presunto concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, buscaba conseguir la elección de Aída Merlano en el Senado, de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la reelección del propio Arturo Char en el Senado.Presuntamente, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos. Esta fue una agitada discusión, en la que dos magistrados salvaron su voto, es decir, tuvieron una posición contraria al resto de sus colegas.
La muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout, dos menores de 15 años intoxicadas con talio en un apartamento del barrio Rosales, norte de Bogotá, quedó oficialmente trazada como un homicidio. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la intoxicación, ocurrida en abril, fue producto del consumo de unas frambuesas contaminadas enviadas de manera deliberada a la familia De Bedout.Un equipo de fiscales y servidores del CTI, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, recopiló evidencias y elementos materiales probatorios, sumados al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que establecen que el alimento llegó a través de una empresa de mensajería, presentado como un regalo que nunca existió. El consumo de las frambuesas resultó letal para dos de las menores, dejó a otra con lesiones graves y a un cuarto joven fuera de peligro.La investigación señala directamente a Zulma Guzmán Castro, una mujer que tuvo cercanía con la familia Bedout. Según reveló María Elvira Arango, las pruebas apuntan a que Guzmán habría coordinado el envío del tarro contaminado. La Fiscalía corroboró esa línea: Guzmán salió de Colombia hacia Argentina pocos días después de la intoxicación masiva y, según información reciente, se ha desplazado por Brasil, España y el Reino Unido.Arango recordó que lleva “meses presionando a la Fiscalía” para conocer avances del caso, y detalló que las frambuesas llegaron “con una cantidad de talio impresionante”, un metal “inoloro, incoloro e insaboro, pero letal”. Sus fuentes confirman que las pruebas han sido “contundentes” para ubicar a Guzmán como la presunta responsable.Ante el avance del caso, la fiscal a cargo acudió ante un juez penal de control de garantías y obtuvo la orden de captura contra Guzmán. Paralelamente, se gestionó la expedición de una notificación roja de Interpol, emitida el pasado 25 de octubre, con el fin de materializar su captura en cualquiera de los más de 180 países miembros.Con la circular roja vigente, la búsqueda internacional ya está en marcha. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio premeditado y que es cuestión de tiempo para que Zulma Guzmán Castro sea localizada y puesta a disposición de la justicia colombiana.
A través de una carta que conoció Mañanas Blu 10:30 a.m., el ministro de Justicia, Andrés Idarraga le solicitó a la fiscal general de EEUU, Pamela Jo Bondi, información que esclarezca la identidad de un funcionario colombiano que, según el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido que firmo el Grupo Aval con el departamento de justicia en 2023, recibió una coima de 3,4 millones del Corficolombiana y Odebrecht.Esta carta del 3 de junio, que también es enviada al jefe de la Corte para el Distrito de Maryland que ha investigado estos delitos, se envía sobre la base de que esa información ya fue aportada por el Grupo Aval al Departamento de Justicia.No son muchas las pistas del perfil del misterioso funcionario que se detalla en el acuerdo en los anexos 32, 33 y 34, pero se sabe que fue un alto funcionario del gobierno entre 2010 y 2018.El ministro Idarraga pide que a la individualización de dicha persona se anexe los documentos aportados, que soportaría los hechos delictivos en mención. Así mismo, el ministro colombiano encargado que se hagan llegar al Ministerio de Justicia o en su defecto a la Fiscalía General.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Neider Gómez Castrillón, señalado de participar en el secuestro del cantante Miguel Ayala Galeano y de su mánager, Nicolás Pantoja, ocurrido en la vereda Chorritos, en La Sierra, Cauca. La decisión judicial se produjo tras la presentación de los elementos materiales probatorios recolectados por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Castrillón habría tenido un papel directo en la custodia armada de las víctimas, quienes permanecieron retenidas en una construcción artesanal. Desde ese lugar se habría tomado y enviado a los familiares una fotografía en la que el artista y su representante aparecían descalzos, encadenados y envueltos en una cobija. Asimismo, el procesado estaría involucrado en las llamadas mediante las cuales los secuestradores exigieron 5.000 millones de pesos a cambio de su liberación.El operativo que permitió la liberación del músico y su mánager también condujo a la captura en flagrancia del presunto responsable. Durante la intervención fueron incautadas dos pistolas, dos proveedores, 29 cartuchos calibre 9 mm, una cadena, dos candados y dos pavas de tela camuflada.Con base en este material probatorio, el ente acusador imputó a Gómez Castrillón los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. El procesado no aceptó los cargos.Las investigaciones indican que la retención habría sido ejecutada por una red delictiva presuntamente vinculada a la estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc.La Fiscalía aseguró que los hechos sucedieron en medio de un viaje desde la ciudad de Popayán hasta la ciudad de Palmira, a efectos de tomar un vuelo con rumbo a la ciudad de Bogotá, el cual fue interrumpido de manera violenta por un vehículo y una motocicleta que los contactaron a la altura del sector de la vereda del túnel, vía Panamericana.Dice la Fiscal del caso: “Cuatro personas portando armas de fuego detienen al conductor que transportaba a las dos víctimas, lo amenazan, se suben al vehículo y los obligan a retomar el viaje, regresándose a la ciudad de Popayán. Más adelante, en el sector conocido como el Parador de las Margaritas, se desvían a mano derecha, cuando ya tomaban el sentido norte-sur, se desvían a mano derecha hacia el sector conocido como el Lago del Bolsón. El vehículo iba siendo seguido, detienen la marcha y Miguel Ángel y Víctor Alonso Nicolás son bajados y montados en otro vehículo, el conductor es dejado y posteriormente acuden las autoridades”.
Blu Radio conoció el fallo de 40 páginas con el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 4 años de cárcel contra Laude José Fernández Arroyo, al negar el recurso extraordinario de casación presentado por su defensa contra la sentencia que lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y violación de datos personales.Con esta decisión, el alto tribunal ratificó el fallo emitido en noviembre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá, que impuso esta pena y además una multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos.La Corte Suprema de Justicia pudo establecer que Laude José Fernández, quien fue agente de inteligencia del extinto DAS, hizo parte entre 2017 y 2018 de una organización criminal dedicada a la interceptación ilegal de comunicaciones y obtención indebida de bases de datos privadas, en la que participaron exfuncionarios del CTI y empresas privadas que ofrecían servicios de “inteligencia corporativa”.El fallo de casación de la Corte reveló que, Laude José Fernández, desde su rol como directivo de una firma consultora, habría solicitado información privada de dirigentes sindicales de Avianca durante la huelga de pilotos, así como datos relacionados con litigios entre el Grupo de Energía de Bogotá y la multinacional ENEL.El alto tribunal descartó los argumentos de la defensa, que buscaba acceder al beneficio de la suspensión condicional de la pena y a la prisión domiciliaria, al señalar que el delito de concierto para delinquir agravado cuando involucra a exintegrantes de organismos de seguridad del Estado está expresamente excluido de beneficios penales.La Corte Suprema de Justicia señala además que el exagente de inteligencia no acreditó la condición de padre cabeza de familia, pues se demostró que las menores cuentan con familia extendida legalmente obligada a asistirlas.
Una madre acusada de envenenar con medicamentos a sus dos hijas, una de las cuales falleció, y de intentar asesinar a su exmarido, ha sido condenada este miércoles en Francia a 30 años de prisión.Maylis Daubon, de 53 años, fue declarada culpable del envenenamiento de su hija Enea, que falleció a los 18 años tras ingerir una gran cantidad de medicamentos.Los análisis revelaron que su otra hija, Luan, había ingerido una cantidad significativa de un somnífero para adultos. Luan resultó ilesa y defendió la inocencia de su madre durante el juicio.La presidenta del tribunal penal de Mont-de-Marsan (suroeste), Emmanuelle Adoul, justificó la sentencia "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos". La corte impuso una pena de 30 años, con un periodo de seguridad de 20, cinco más de los solicitados por el fiscal.Durante el juicio la acusada permaneció estoica, con la cabeza baja y oculta tras su cabello, sin mirar al tribunal. Tiene diez días para apelar. El 13 de noviembre de 2019, Enea, que llevaba más de un año sin ir a la escuela y sufría problemas psicológicos, sufrió una crisis de convulsiones en el domicilio familiar.Su muerte se produjo por la ingesta de propranolol, un betabloqueante que ralentiza la actividad cardíaca, en una dosis "diez veces superior a la terapéutica", según la investigación.Además del envenenamiento de Enea y Luan, Maylis Daubon también era sospechosa de haber intentado asesinar a su exmarido sobornando a compañeras de prisión en Pau, algo que la acusada calificó de "rumores de prisión".
Luego de varios meses de seguimiento, investigadores de Policía Judicial capturaron a una mujer en el municipio de Villavieja, Huila, quien estaría presuntamente relacionada con hechos de extorsión afectando el patrimonio económico de comerciantes y propietarios de fincas en el norte del departamento.Según las autoridades, la captura de esta mujer se hizo efectiva tras la denuncia formal que interpuso una de las víctimas, quien manifestó haber sido abordado en su finca por varias personas que les exigieron dinero identificándose como integrantes de un grupo armado ilegal.“Gracias al trabajo articulado de las unidades investigativas y de inteligencia se logró identificar a esta mujer, quien, al parecer, cumpliría un rol clave en la recepción y administración de los recursos producto de la presunta extorsión, mediante el uso de plataformas digitales”, dijo el coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de Policía Huila.De acuerdo con las investigaciones, las exigencias extorsivas oscilaban entre cinco y diez millones de pesos. La mujer capturada tendrá que responder ante la Fiscalía por el delito de extorsión.
Blu Radio conoció un documento de 11 páginas donde la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el presidente del Comité Disciplinario del Partido de la U, en medio de la controversia por la decisión interna que buscaba retirarle el aval al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.La actuación se inició tras la queja presentada por su abogado, Mauricio Pava, y confirma que el Ministerio Público encontró mérito suficiente para indagar posibles abusos de poder dentro de la colectividad.De acuerdo con el documento, la Procuraduría no solo asumió la investigación disciplinaria, sino que también trasladó el expediente a la delegada para Asuntos Electorales con el fin de evaluar una eventual intervención preventiva. Ese doble movimiento institucional indica que el órgano de control considera que hay riesgos reales y actuales para los derechos políticos del congresista, y que la situación del Partido de la U ya está bajo escrutinio estatal.Además, el Ministerio Público recordó que, según el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, las decisiones internas de los partidos que afectan avales o membresías están sujetas a impugnación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), recurso que se concede en efecto suspensivo. Esto significa que ninguna medida contra López puede ejecutarse hasta que el CNE tome una decisión de fondo, por lo que todas sus garantías políticas permanecen plenamente vigentes.Para la Procuraduría, las colectividades políticas no pueden tomar decisiones disciplinarias que desconozcan los derechos fundamentales de sus integrantes ni incidir, sin sustento, en la estabilidad institucional del Congreso. El proceso continuará con la práctica de pruebas y la evaluación del impacto que tuvo la actuación del Comité Disciplinario en el ejercicio del cargo que hoy ocupa López en la Cámara.
En Mañanas Blu 10:30, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago explicó por qué un mismo proceso puede terminar con decisiones opuestas entre la primera y la segunda instancia, como ocurrió con Santiago Uribe, inicialmente absuelto y luego condenado a 28 años de prisión por el caso de los “12 Apóstoles”.Buitrago señaló que el punto de partida está en cómo cada instancia valora las pruebas. “La primera valoración del juez de primera instancia puede dejar de mirar o puede concluir sobre la prueba de valoraciones diferentes. Por eso están asegurados los recursos para que haya una segunda instancia que revise los procesos”, dijo. Aunque afirmó que es “muy extraño” que un procesado sea absuelto y posteriormente condenado, explicó que esto ocurre cuando el tribunal considera que el juez omitió pruebas o no las analizó de manera sistemática.Según la exministra, este tipo de diferencias no solo se presentan entre primera y segunda instancia, sino incluso en casación. Recordó que la decisión sobre Santiago Uribe aún no es definitiva: “En casación ya es la última posibilidad de instancia en donde la Corte incluso puede rectificar este fallo o puede confirmar este fallo”.Impugnación especial vs. casaciónLa defensa de Santiago Uribe anunció que interpondrá una impugnación especial, figura distinta a la casación que se invocó en el expediente del expresidente Álvaro Uribe. Buitrago precisó que en este caso procede un recurso de doble conformidad: “Cuando a mí me condenan en segunda instancia, yo tenga derecho a que alguien más revise esa condena”.Explicó que la diferencia central está en el alcance de cada figura. En la casación, dijo, “si está mal invocada, incluso te pueden inadmitir la demanda”. Recordó que la Corte admite solo el 10% de las casaciones por tecnicismos. En contraste, la impugnación especial “revisa absolutamente todos los elementos que tenga el proceso, valoración de la prueba, prueba, cuáles son las motivaciones del juez”.¿Cuánto puede tardar la decisión?Aunque la ley establece que la resolución del recurso no debería tardar más de 30 a 60 días, la exministra advirtió que “en la práctica judicial se puede demorar más”. Señaló la carga laboral de los jueces y la dimensión del expediente: “Es un expediente muy grande, que lleva muchos años y que practicó mucha prueba”.
El Juzgado 14 de Familia del Circuito de Bogotá ordenó al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Juan Carlos Wills, que en un plazo de 48 horas emita una decisión para disponer la práctica de las pruebas necesarias dentro de la queja disciplinaria presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Eugenia Lombana. La determinación judicial señala que la Comisión no ha adelantado la actividad probatoria mínima exigida en la etapa preliminar del proceso.Según la providencia, la Comisión incumplió su deber de recaudar medios de conocimiento orientados a establecer si existen hechos disciplinariamente relevantes. “No se ha desplegado la actividad probatoria por parte de la Comisión con dicho fin, lo que evidentemente vulnera el derecho fundamental al debido proceso del accionante y promotor de la queja disciplinaria, sino también de la Honorable Magistrada Cristina Eugenia Lombana”, señala el fallo.La denuncia disciplinaria fue radicada por Benedetti el 15 de agosto de 2023 ante la Comisión de Acusaciones, en la que señala presuntas irregularidades en el ejercicio de las funciones de la magistrada. No obstante, el juzgado encontró que no existe providencia alguna en la que el representante investigador Wills ordene la práctica de pruebas para determinar si corresponde abrir la investigación formal.“Teniendo en cuenta entonces que no existe en el proceso disciplinario la providencia mediante la cual el señor Representante Investigador debe disponer la práctica de las pruebas necesarias se ordenará que en el término de cuarenta y ocho horas proceda a emitir la decisión”, establece el documento. La orden incluye que, con base en las pruebas que se practiquen, la Comisión deberá determinar si es viable abrir o no una investigación formal.El despacho también dispuso que, si la decisión no es impugnada, las diligencias deberán ser remitidas a la Corte Constitucional para eventual revisión.
La defensa de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aseguró que su representado mantiene plena disposición para seguir declarando en contra del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, tras el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de que solicitará formalmente una audiencia de imputación en su contra. El abogado José Moreno reiteró que la colaboración de López ha sido determinante para conocer el caso de corrupción y pidió que las decisiones judiciales avancen con celeridad para evitar mayores demoras en el caso.“Olmedo López seguirá declarando en contra del exministro Ricardo Bonilla”, afirmó Moreno, quien dijo recibir “con serenidad y sentido de justicia” el anuncio de la fiscal general Luz Adriana Camargo sobre la imputación. Según el abogado, este paso es coherente con el deber constitucional de investigar de manera imparcial todos los hechos vinculados al escándalo de corrupción en la entidad.Moreno recordó que, desde hace más de un año, López entregó a la Fiscalía información “determinante” y pruebas verificables que han permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Entre los elementos aportados, según explicó, se encuentran conversaciones, georreferenciaciones, documentos, registros, celulares y detalles del modus operandi que hoy sustentan los movimientos procesales. Esta colaboración, insistió, fue “temprana, eficaz y orientada exclusivamente a que las autoridades contaran con todos los elementos necesarios para actuar”.La defensa advirtió que los recientes acontecimientos, como la salida del país de dos de los implicados en el escándalo, evidencian la urgencia de que las decisiones judiciales se tomen con oportunidad. “La celeridad en la administración de justicia no es un beneficio para una de las partes, es una garantía constitucional para toda la sociedad y para la credibilidad institucional”, sostuvo Moreno.En ese sentido, el abogado hizo un llamado al Tribunal Superior de Bogotá para que resuelva prontamente el trámite de apelación del preacuerdo entre López y la Fiscalía, aún pendiente de decisión. Aseguró que el interés de su defendido seguirá siendo cooperar y que todas las responsabilidades se investiguen “con el mismo rigor, sin selectividades, sin presiones externas y sin demoras injustificadas”.
El Tribunal Superior de Antioquia condenó en segunda instancia a 28 años de prisión a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado, en hechos relacionados con el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, que operó en Yarumal y otros municipios del norte de Antioquia.En diálogo con Mañanas Blu, Juan Felipe Amaya, integrante del equipo de defensa de Santiago Uribe, aseguró que la sentencia constituye “una injusticia mayúscula” y afirmó que su defendido es inocente.Amaya dijo que leyó el fallo de más de 300 páginas y explicó que unas 160 corresponden a las consideraciones del tribunal. En su análisis, señaló que la decisión “condena a 28 años de prisión a un ciudadano que es inocente” y enfatizó que “Santiago Uribe es un ciudadano inocente”. Añadió que no lo dice por interés personal, sino porque ha estudiado el expediente durante 15 años y, según él, “la realidad probatoria demuestra que la acusación que se construyó en la administración del fiscal Eduardo Montealegre es una acusación sin fundamento, basada en falsos testigos”.Sobre la absolución de primera instancia, Amaya recordó que ese juez estudió el caso por cerca de tres años y descartó la credibilidad de los cuatro testigos directos que “supuestamente vinculaban” a Uribe con Los Doce Apóstoles y con un homicidio.Frente a los cuatro jefes paramilitares que el tribunal destaca —Salvatore Mancuso, Pablo Hernán Sierra, Daniel Rendón Herrera (alias ‘El Alemán’) y Diego Fernando Murillo (alias ‘Don Berna’)—, el abogado dijo que eran “testigos de respaldo”, catalogados como indirectos u “oídas”, pues sus declaraciones se basaban en información supuestamente escuchada. Según Amaya, esos testimonios no tienen la fortaleza suficiente para sustentar una condena si los testigos directos no fueron considerados creíbles.El abogado añadió que esos cuatro jefes paramilitares fueron capturados, detenidos o extraditados “en el gobierno del hermano de la persona procesada” y sostuvo que en el expediente ninguno de ellos afirma haber conocido personalmente a Santiago Uribe ni puede ubicarlo en los hechos por los cuales fue acusado.Amaya aseguró que el fallo del tribunal presenta “banderas rojas”, pues a su juicio evidencia errores y un estudio “no profundo de la prueba”. Dijo que, tratándose de una condena tan grave, el análisis debería ser “completamente juicioso”, especialmente porque, de confirmarse, equivaldría prácticamente a una pena perpetua debido a la edad del condenado.Sobre el impacto inmediato de la sentencia, explicó que no hay orden de captura ejecutable todavía. Señaló que el propio tribunal condiciona la captura a que la decisión quede en firme. Como en primera instancia hubo absolución, recordó que Santiago Uribe tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Un juez emitió sentido de fallo condenatorio por el delito de lesiones personales contra dos implicados en una agresión ocurrida en octubre de 2021 a un estudiante de la Universidad de Los Andes, Martín Rubiano-Groot Arias y Nicolás Gutiérrez Solórzano, quienes atacaron al joven Pablo Gutiérrez Villate en la reconocida zona T, en el norte de Bogotá. Aunque la responsabilidad penal ya fue declarada, la sentencia definitiva aún deberá confirmarse en una audiencia posterior.Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2021, cuando, según el expediente, uno de los agresores intentó ingresar sin permiso a una mesa privada dentro de un bar. Ante el reclamo de la víctima para que se retirara, el joven respondió con un puñetazo propinado con un anillo, golpe que impactó directamente el ojo derecho del estudiante. La lesión requirió intervenciones quirúrgicas reconstructivas, incluyendo la implantación de platinas y tornillos para sostener la base ocular. Pablo, hoy de 25 años, debe usar gafas permanentemente y presenta disminución de visión en ese ojo. Medicina Legal determinó inicialmente 35 días de incapacidad.A pesar de la gravedad del caso, solo uno de los condenados compareció ante la justicia durante el proceso; el otro nunca asistió personalmente y delegó su representación en un abogado. Ambos, según los reportes conocidos en los estrados, salieron del país: uno reside en Canadá, donde cursa estudios en una prestigiosa universidad, y el otro vive en Madrid, donde estudió derecho.Durante la audiencia, la defensa de los procesados pidió la suspensión condicional de la pena y anunció que apelará la decisión del juez. Aunque se han adelantado intentos de conciliación entre las partes, estos no han prosperado. La familia de la víctima ha insistido en que el camino hacia la justicia ha sido largo y complejo, marcado por las secuelas físicas y emocionales que aún enfrenta el joven atacado.La sentencia final, que establecerá la pena a cumplir por Rubiano-Groot Arias y Gutiérrez Solórzano, quedará definida en una próxima diligencia judicial.
La Sala de Casación Penal del alto tribunal señaló que, en efecto, se cumplen todos los requisitos constitucionales y legales para conceder la extradición solicitada por una Corte Federal del Distrito Este de Virginia.Según el expediente, Kherfan Okde es señalado de liderar una red transnacional de tráfico de drogas y lavado de dinero, que operaba entre 2023 y 2025 en países como Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Líbano, Siria, Ghana y Marruecos.La investigación por parte de Estados Unidos indica que parte de los recursos obtenidos del narcotráfico habrían sido utilizados para financiar la compra de armas para el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización designada como terrorista por Estados Unidos.“De acuerdo con las piezas que conforman el expediente, parte del dinero proveniente del tráfico de sustancias ilícitas estaba destinado para la compra de armas de fuego para el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo designado como organización terrorista extranjera por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de América”, se lee en el fallo.De hecho, Wisam Nagib aparece mencionado en una red de lavado de activos en el Líbano financiado por el Cártel de Sinaloa, muchos de los movimientos de millones de dólares habrían sido a través de criptomonedas.La última palabra sobre la extradición de este hombre la tendrá el presidente Gustavo Petro.