Ocho meses después del envenenamiento que causó la muerte de dos estudiantes del Colegio Los Nogales, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la presunta responsabilidad de la empresaria Zulma Guzmán Castro. El caso, ocurrido en abril de este año, comenzó cuando a una vivienda del norte de Bogotá llegó un domicilio con frambuesas achocolatadas, consumidas por varias menores de edad.Horas después, cuatro de las jóvenes que habían participado en la reunión presentaron síntomas de intoxicación aguda y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos, Inés de Bedout falleció el 5 de abril y, cuatro días más tarde, murió su amiga Emilia Forero, ambas de 15 años. Otros dos menores y un adulto resultaron afectados, aunque lograron sobrevivir.Cómo se identificó el talio como agente tóxicoEl secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que la intoxicación no fue accidental ni tuvo origen en alimentos contaminados por error. Los equipos de vigilancia epidemiológica detectaron desde el inicio la presencia de talio, un metal altamente tóxico, sin olor ni sabor, difícil de rastrear y que no forma parte de los elementos monitoreados por la entidad.“Se pudo concluir […] que lo sucedido no responde a una intoxicación ocasionada por alimentos, sino por un agente que no es objeto de vigilancia. […] Se logró el hallazgo de esta sustancia desde el comienzo”, afirmó Bermont en su momento. La evidencia descartó cualquier incidente fortuito y reforzó la hipótesis de un acto deliberado.La presunta participación de Zulma Guzmán CastroLa investigación señaló como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, empresaria del sector tecnológico y fundadora de la plataforma de carsharing, conocida por su participación en el programa televisivo Shark Tank. Según la Fiscalía, Guzmán habría gestionado el envío del domicilio con las frambuesas que consumieron las víctimas.Los investigadores también indagan la relación sentimental que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores. Las autoridades consideran que el caso podría corresponder a un crimen de venganza derivado de un conflicto pasional.Además, la Fiscalía examina una posible conexión con la muerte de la esposa del mismo hombre, fallecida dos años atrás en circunstancias no esclarecidas y cuya causa, según los investigadores, también podría estar relacionada con talio.Huida internacional y red de países involucradosPoco después de confirmarse la intoxicación, Guzmán salió de Colombia con destino a Argentina. Su desplazamiento posterior por Brasil, España y Reino Unido llevó a la Fiscalía a internacionalizar la investigación.Con base en las pruebas recolectadas, un juez de control de garantías avaló una orden de captura en su contra. De igual forma, fue emitida una circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en cualquier país donde pueda encontrarse.La evidencia clave que sostiene el casoLa Fiscalía consolidó los siguientes elementos como base de la investigación:Rastro del talio en los cuerpos de las víctimas, identificado desde el ingreso a urgencias.Vínculo directo entre Guzmán y el envío del domicilio consumido por las menores.Salida inmediata del país, horas después de conocerse la intoxicación.Relación personal con el padre de una de las víctimas, considerada relevante en la motivación del crimen.Antecedentes sospechosos, incluyendo la muerte previa de otra mujer cercana al mismo núcleo familiar.Movimiento internacional de la sospechosa por varios países, lo que motivó la intervención de autoridades en Argentina, Brasil, España y Reino Unido.Impacto del caso y avance judicialEl envenenamiento con talio, un metal prácticamente indetectable, ha generado preocupación por su uso criminal y la dificultad de rastrear su origen. Por ahora, la Fiscalía mantiene activa la búsqueda de Guzmán Castro, mientras avanza en cooperación con autoridades extranjeras para lograr su captura.“Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes […] No existe un riesgo para la salud pública”, reiteró el secretario Bermont, aclarando que el caso corresponde a un hecho puntual y dirigido, no a un riesgo general para la ciudadanía.La investigación continúa y se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades buscan esclarecer completamente el crimen que conmocionó a Bogotá y llevó a la muerte de dos menores de edad.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de la exfiscal Ana Catalina Noguera Toro, tras determinar que ya cumplió la pena impuesta por los delitos de fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.En su decisión, el Tribunal explicó que, luego de la revisión realizada en segunda instancia, la pena fue reajustada a 38 meses de prisión, junto con una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Además, al contabilizar el tiempo que estuvo privada de la libertad, sumado a las redenciones de pena por estudio y trabajo, se demostró que Noguera, quien estaba en prisión domiciliaria, había cumplido la condena en su totalidad.El caso, originado por interceptaciones ilegales de comunicaciones de una tercera persona durante 2020, incluyó la participación de miembros de la Dijín y la manipulación de fiscales mediante informes falsos para obtener órdenes de escucha.La exfiscal Noguera, quien ocupó cargos claves como directora de Extinción de Dominio y delegada de Finanzas Criminales en la Fiscalía General de la Nación, aceptó haber participado en una red de corrupción que combinaba narcotraficantes, policías y funcionarios judiciales y por ello fue capturada en febrero de 2023.Según la Fiscalía, dicha red operaba captando personas con investigaciones judiciales inconclusas, en especial narcotraficantes, para ofrecerles favores judiciales a cambio de sobornos y evitar evitar extradiciones a Estados Unidos.Sin embargo, la investigación demostró que Noguera también estaba implicada en interceptaciones ilegales que se habría gestionado y ejecutado con fines personales.Los archivos referían que la exfuncionaria judicial ordenó en marzo de 2020 la interceptación ilegal del teléfono celular de Carolina Vélez, una mujer que sostenía una relación con un trabajador bancario con quien Noguera habría tenido vínculos sentimentales con el fin de confirmar si el hombre mantenía una relación paralela.Durante la imputación de cargos, salieron a relucir también nombres como el del excoronel de la Dijín Ricardo Alberto Durán, los policías John Fredy Redondo Bautista y Anderson Jesús Salba Contreras, así como el exparamilitar y exnarcotraficante Ramón Esteban Peña, alias El Médico, pieza clave en la operación ilegal.Con la decisión conocida este jueves, Noguera logra saldar su deuda con justicia y cerrar un caso que representó un golpe para el sector pues ella era considerada una autoridad en la lucha contra la delincuencia.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este 4 de diciembre al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público cuando se desempeñaba como director de la Policía Nacional.De acuerdo con la Sala, el entonces alto oficial se reunió en su residencia con la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para hablar de una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. Durante ese encuentro, Palomino le habría pedido que se detuviera la captura de Luis Gonzalo Gallo Restrepo.La decisión le impone una pena de siete años de cárcel, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos, y además lo inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas por nueve años. El fallo también aclara que no hay posibilidad de solicitar prisión domiciliaria.Para el alto tribunal, la intervención del general en retiro constituyó un aprovechamiento de su cargo y un intento deliberado por influir en una decisión judicial. La Sala señaló que, en lugar de respetar las órdenes emitidas por la autoridad competente, Palomino optó por favorecer a un particular, pese a que este estaba siendo investigado por delitos especialmente graves como concierto para delinquir, promoción de grupos paramilitares y desplazamiento forzado asociado al despojo de tierras. La Corte recordó que este último es un crimen de lesa humanidad, lo que subraya la gravedad de la interferencia.El fallo también detalla que la reunión generó presión e intimidación sobre la fiscal, quien, aunque realizó la captura, posteriormente dejó en libertad al investigado tras escucharlo en indagatoria, sin corroborar la información presentada como descargo.El tribunal también hizo énfasis en que Palomino conocía plenamente la ilegalidad de su comportamiento, dada su experiencia y la dignidad del cargo que ocupaba. Aun así, optó por apartarse de la normatividad que juró cumplir y proteger. La Sala resaltó que tuvo “la posibilidad de autodeterminarse para proceder de manera distinta” y, pese a ello, eligió influenciar indebidamente a otro servidor público, en este caso a una fiscal delegada.Durante la lectura del fallo Palomino y su defensa interpusieron el recurso de apelación y solicitaron un plazo de cinco días hábiles para preparar la defensa y argumentación de la apelación.
Las autoridades confirmaron nuevos avances en la investigación del caso que estremeció al país el pasado 4 de abril, cuando un grupo de jóvenes en el norte de Bogotá resultó envenenado tras recibir una encomienda con frambuesas achocolatadas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido. En el trágico episodio murieron dos niñas de 15 años, mientras que otra adolescente aún se recupera lentamente por las graves afectaciones que sufrió. Un cuarto joven logró restablecerse por completo.De acuerdo con la información revelada por la periodista María Elvira Arango y corroborada por la Fiscalía General de la Nación, el caso nunca fue accidental. De hecho, ya identificaron a la principal sospechosa detrás de este crimen.Señalada salió de ColombiaLa principal señalada por el envío de las frambuesas envenenadas con talio sería Zulma Guzmán Castro, una mujer que habría tenido cercanía previa con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y destinatario de la encomienda. Esta mujer no ha enfrentado un juicio porque no está en el país.Se estableció que la sospechosa abandonó Colombia pocos días después del crimen. Las autoridades han rastreado su paso por Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, países a los que viajó mientras avanzaban las pesquisas.Buscan a sospechosa con circular de InterpolAnte este escenario, la Interpol emitió el pasado 25 de octubre una circular roja contra Guzmán Castro, una alerta internacional que permite su búsqueda y captura en más de 180 países. Con este recurso, las autoridades esperan lograr su detención y posterior extradición a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por las graves lesiones ocasionadas a otros dos jóvenes. Este caso, que comienza a esclarecerse, sigue siendo una prioridad para la Fiscalía, determinada a llevar ante los jueces a la presunta responsable de una tragedia que conmocionó a Bogotá.
Este logro no solo valida el cumplimiento de estándares internacionales, sino que evidencia la transformación institucional alcanzada a través de procesos estructurados, medibles y orientados a resultados tangibles.La ceremonia de entrega, realizada en la Sede S de la Universidad, reunió al Rector Fernando Arturo Soler, directivos, representantes del SGC, colaboradores y miembros de la comunidad académica, quienes celebraron este hito como un avance estratégico para el fortalecimiento institucional.Un reconocimiento sustentado en acciones concretasPara una institución de educación superior, obtener la certificación ICONTEC ISO 9001 implica demostrar que su operación académica, administrativa y de servicios funciona bajo criterios rigurosos de eficiencia, trazabilidad y mejora continua. En el caso de la Universidad ECCI, el proceso incluyó avances tangibles como:● Organización, estandarización y digitalización de documentos críticos, garantizando seguridad, accesibilidad y trazabilidad.● Realización de auditorías internas que permitieron identificar hallazgos y fortalecer el enfoque preventivo.● Incorporación de metodologías de análisis y gestión del riesgo en procesos académicos y administrativos.● Fortalecimiento de rutas de atención para mejorar la experiencia estudiantil.Durante el acto de entrega, el Rector Fernando Arturo Soler señaló que este reconocimiento “demuestra el compromiso permanente de la institución con la calidad y la mejora continua”, enfatizando que la certificación no representa un punto de llegada, sino un motor para seguir avanzando hacia una universidad innovadora y centrada en las necesidades del país.Para la Universidad ECCI, este logro implica una nueva responsabilidad: sostener y mejorar continuamente cada proceso institucional. El alcance de la certificación exige mantener un monitoreo permanente, promover la estandarización, asegurar la trazabilidad y fortalecer una cultura de autoevaluación y mejora continua.En palabras del equipo de Calidad, “este logro evidencia un trabajo colectivo, pero sobre todo, abre la puerta a nuevos retos”, especialmente en un contexto donde la universidad continúa ampliando su oferta académica, fortaleciendo su presencia nacional y proyectándose como un actor estratégico en la transformación científica, tecnológica y social del país.Un logro construido en comunidadLa Universidad ECCI agradeció a sus colaboradores, docentes, estudiantes y aliados estratégicos, quienes hicieron posible este proceso. Más que una certificación, este hito representa la consolidación de más de 45 años de trabajo orientado a la excelencia, la innovación y la responsabilidad institucional.
En entrevista con Blu Radio, el ingeniero Carlos Bueno, candidato en las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre, presentó los ejes centrales de su propuesta de gobierno. El exdirector de Tránsito destacó que su plan se fundamenta en su experiencia profesional en Latinoamérica y en el conocimiento de la ciudad “recorrida mañana, tarde y noche”.Educación: el eje de su apuesta socialBueno aseguró que su prioridad será el norte de Bucaramanga, donde propone la creación del Campus Nido -Innovación, Desarrollo y Oportunidades-, un proyecto educativo que atendería a más de 1.000 niños cada año.“El campus permitirá que los jóvenes salgan bilingües, expertos en tecnología, programación e inteligencia artificial, con una empleabilidad cercana al 100%. En un año podríamos transformar su futuro y el de sus familias”, explicó el candidato.Movilidad e infraestructura: destrabar obras y modernizar corredoresAl ser consultado sobre qué se puede lograr en solo dos años de administración, Bueno planteó un paquete de proyectos urbanos que incluyen:Formalización masiva de predios: “Queremos que las familias tengan la escritura cero y sientan verdaderamente su casa como propia”.Destrabe de obras críticas: iniciando por la vía La Virgen – La Cemento, puerta de entrada al norte.Adecuación total del Bulevar Bolívar para mejorar la movilidad.Semaforización inteligente en la carrera 27, que permitiría implementar una “ola verde” automatizada. “Ya lo hicimos de forma manual cuando dirigí Tránsito; ahora queremos hacerlo con tecnología”.Intercambiador en la calle 56 con carrera 27 y descongestión del par vial de la 54, con el fin de ofrecer alternativas reales a la saturada calle 56.Relación con el Gobierno Nacional: trabajo conjunto con la GobernaciónFrente a las dificultades para gestionar recursos con un presupuesto 2026 ya comprometido en un 75%, y ante las tensiones entre el Gobierno Nacional y la región, Bueno aseguró que una de sus estrategias será fortalecer la coordinación con la Gobernación de Santander.“Antes de mirar tan lejos, debemos mirar al edificio frente a la Alcaldía. Con la Gobernación podemos sacar adelante la vía La Virgen – La Cemento”, dijo.En materia de transporte masivo, reveló que desde hace cinco meses trabaja con transportadores locales para estructurar un nuevo modelo de buses, con mejores estándares de calidad y participación de la industria regional.Seguridad: presencia en las calles y apoyo de la reserva activaTras el violento atraco ocurrido recientemente en un centro comercial de la ciudad, la seguridad se convirtió en un tema obligado. Bueno afirmó que su estilo de gobierno replicará su paso por Tránsito, con presencia permanente en las calles.“Vamos a combinar tecnología -cámaras, drones, apoyo al Ceges - con una estrategia que enfrenta el principal problema: la falta de policías”, señaló.Para suplir ese déficit, anunció un acuerdo previo con miembros de la reserva activa de la Policía y del Ejército.“Ellos conformarán una unidad de control, prevención e inteligencia. No estarán armados, pero sí cuentan con más de 30 años de conocimiento en seguridad. Trabajarán de la mano con la Policía y el Ejército en parques, zonas de rumba y barrios que necesitan presencia permanente”, explicó.
Elizabeth Mojica Nieves, reconocida etnoeducadora del pueblo Wiwa y defensora de víctimas, fue asesinada en la vereda La Laguna, donde residía. Hombres armados ingresaron a su vivienda, la obligaron a salir y le dispararon. Su muerte refleja la crítica situación de riesgo que enfrentan los líderes sociales en el país.Mojica Nieves se destacaba por su labor como buscadora de personas dadas por desaparecidas en la vereda Riohacha y por su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y rurales del departamento de La Guajira.La Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos en la zona mediante las Alertas Tempranas 013/25, 010/25 y 019/23, que señalan la presencia de grupos armados ilegales y la imposición de normas de control social que vulneran los derechos de la población.En la región operan estructuras como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y bandas de carácter local, bajo jurisdicción de la Primera División del Ejército Nacional.Con este crimen, el país acumula 181 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de 2025, una cifra que confirma el deterioro de las condiciones de seguridad y la persistencia de la violencia contra quienes trabajan por la verdad, la memoria y la defensa del territorio.
Persisten los bloqueos en la vía Córdoba - Arboletes y por ello desde Empresas Públicas de Medellín emitieron una alerta por posible desabastecimiento. Aunque el paso fue habilitado y la situación fue controlada, el riesgo podría en la subregión antioqueñaHan pasado más de dos semanas desde que los habitantes del municipio de Los Córdobas decidieron realizar una manifestación en la vía Montería - Arboletes por algunas exigencias que le hacen a la ANI para encontrar soluciones a la erosión costera que hay en la zona, no obstante, las respuestas no han llegado y los bloqueos que hacen la carretera comienzan a generar alertas en el Urabá antioqueño.Hay que recordar que ya Empresas Públicas de Medellín había lanzado una advertencia sobre el posible desabastecimiento de gas en la subregión antioqueña, debido a la imposibilidad de transitar por la zona, pero ahora luego de algunos días de normalidad el riesgo volvió a ser latente para por lo menos 3.000 usuarios.Recientemente, EPM indicó que debido a la manifestación ciudadana no habían podido realizar el suministro del gas y por ello era inminente el desabastecimiento en municipios como Carepa o Chigorodó, en donde habría más familias afectadas, según reconocieron los expertos.Ante la preocupante alerta emitida por EPM, comenzaron los diálogos con los manifestantes ubicados en el departamento de Córdoba que tras entender la situación decidieron habilitar el paso para los vehículos que transportan gas, normalizando así el suministro en el Urabá antioqueño.Sin embargo, el miedo de la comunidad en el departamento de Antioquia es que los bloqueos perduren y en una próxima ocasión sí haya desabastecimiento, miedo que crece sabiendo que en la época decembrina es donde, por ejemplo, los negocios más venden y sin gas quedarían gravemente perjudicados.Mientras avanzan las gestiones por parte del Gobierno nacional para acabar con la manifestación, EPM realizó un llamado a la cama y le pidió a la población perjudicada que en caso de ser necesario tome medidas como cerrar las perillas de los gasodomésticos o cerrar las válvulas de los hogares.
La primera dama Verónica Alcocer rompió el silencio y calificó los cuestionamientos en su contra sobre su supuesta vida de lujo en Suecia y las denuncias de su presunta injerencia en la compra de los aviones Gripen, como persecución y calumnia para afectar su buen nombre.Así lo hizo en una publicación en su cuenta de la red social Instagram: “Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tú buen nombre. Duele aún cuando, aun conociendo los hechos, persisten los señalamientos”.Se trata de la primera declaración que hace Verónica Alcocer en la que se refiere a lo que ha sido la polémica de las últimas semanas por varias revelaciones como la del diario Expressen de la vida lujosa que llevaría la primera dama en Estocolmo, que no ha podido viajar de regreso al país por cuenta de su inclusión en la lista clinton, pero también por las versiones de que ella habría tenido influencia o habría servido de intermediaria en el negocio de los aviones Gripen con la empresa sueca Saab.“Como sociedad, necesitamos detenernos y reflexionar sobre lo que estamos construyendo en las redes sociales: el odio y la mentira no pueden convertirse en las fuerzas que guíen nuestra convivencia. Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y la verdad”, concluyó la primera dama.
La tragedia que estremeció al norte de Bogotá el pasado 4 de abril comienza a esclarecerse. Ese día, un grupo de adolescentes que se encontraba reunido en una vivienda para hacer tareas recibió una encomienda con frambuesas achocolatadas. Horas después, dos niñas de 15 años murieron y otros dos jóvenes resultaron gravemente afectados. Los análisis de Medicina Legal confirmaron que los dulces estaban impregnados con talio, un metal incoloro, inodoro e insaboro, altamente tóxico. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo la hipótesis de que no se trató de un accidente, sino de un acto premeditado.¿Quién envió las frambuesas envenenadas?En las últimas horas, nuevos hallazgos han sido revelados por la periodista María Elvira Arango y corroborados por la Fiscalía. Todo apunta a que el envío fue un crimen deliberado. La investigación identificó como presunta responsable a Zulma Guzmán Castro, una mujer que, según las autoridades, tenía cercanía previa con Juan de Bedout, el destinatario de la encomienda. Tras un distanciamiento entre ambos, la Fiscalía sostiene que Guzmán Castro habría decidido ejecutar el envío de las frambuesas contaminadas, lo que derivó en la muerte de las dos adolescentes.De acuerdo con la información divulgada, la mujer salió del país pocos días después de presuntamente cometer el crimen. Su ruta internacional ha incluido paradas en Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, lo que para los investigadores parece indicar un intento de evadir a las autoridades colombianas. Mientras tanto, una de las jóvenes intoxicadas continúa recuperándose lentamente de las graves secuelas, y otro de los menores afectados ya logró restablecerse por completo.La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios que permitan llevar a Guzmán Castro a juicio. No obstante, su ubicación actual es incierta, lo que ha llevado a las autoridades a activar mecanismos internacionales de cooperación judicial. Por eso, este jueves, 4 de diciembre, se conoció que la Interpol emitió una circular roja el pasado 25 de octubre para localizar y capturar a Zulma Guzmán Castro en cualquiera de los más de 180 países miembros. Con esta alerta internacional, la Fiscalía espera que la mujer sea detenida y extraditada a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por su presunta participación en un crimen que hoy, tras meses de incertidumbre, empieza a desenredarse.
La Corte Suprema de Justicia tomó una importante decisión relacionada con Arturo Char: el alto tribunal resolvió acusarlo por presunta corrupción y compra de votos.La decisión de hoy tiene un contexto. Los hechos por los cuales Arturo Char es investigado se relacionan con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual, posiblemente, se materializó en octubre de 2017 y en el que habrían intervenido varias personas.Entre ellos, Arturo Char y la excongresista Aída Merlano, quien fue condenada en primera y segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguaron desde la sede política Casa Blanca.En septiembre de 2023, la propia Sala de Instrucción ordenó la captura de Char, quien posteriormente fue dejado en libertad. El presunto concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, buscaba conseguir la elección de Aída Merlano en el Senado, de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la reelección del propio Arturo Char en el Senado.Presuntamente, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos. Esta fue una agitada discusión, en la que dos magistrados salvaron su voto, es decir, tuvieron una posición contraria al resto de sus colegas.
La muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout, dos menores de 15 años intoxicadas con talio en un apartamento del barrio Rosales, norte de Bogotá, quedó oficialmente trazada como un homicidio. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la intoxicación, ocurrida en abril, fue producto del consumo de unas frambuesas contaminadas enviadas de manera deliberada a la familia De Bedout.Un equipo de fiscales y servidores del CTI, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, recopiló evidencias y elementos materiales probatorios, sumados al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que establecen que el alimento llegó a través de una empresa de mensajería, presentado como un regalo que nunca existió. El consumo de las frambuesas resultó letal para dos de las menores, dejó a otra con lesiones graves y a un cuarto joven fuera de peligro.La investigación señala directamente a Zulma Guzmán Castro, una mujer que tuvo cercanía con la familia Bedout. Según reveló María Elvira Arango, las pruebas apuntan a que Guzmán habría coordinado el envío del tarro contaminado. La Fiscalía corroboró esa línea: Guzmán salió de Colombia hacia Argentina pocos días después de la intoxicación masiva y, según información reciente, se ha desplazado por Brasil, España y el Reino Unido.Arango recordó que lleva “meses presionando a la Fiscalía” para conocer avances del caso, y detalló que las frambuesas llegaron “con una cantidad de talio impresionante”, un metal “inoloro, incoloro e insaboro, pero letal”. Sus fuentes confirman que las pruebas han sido “contundentes” para ubicar a Guzmán como la presunta responsable.Ante el avance del caso, la fiscal a cargo acudió ante un juez penal de control de garantías y obtuvo la orden de captura contra Guzmán. Paralelamente, se gestionó la expedición de una notificación roja de Interpol, emitida el pasado 25 de octubre, con el fin de materializar su captura en cualquiera de los más de 180 países miembros.Con la circular roja vigente, la búsqueda internacional ya está en marcha. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio premeditado y que es cuestión de tiempo para que Zulma Guzmán Castro sea localizada y puesta a disposición de la justicia colombiana.
A través de una carta que conoció Mañanas Blu 10:30 a.m., el ministro de Justicia, Andrés Idarraga le solicitó a la fiscal general de EEUU, Pamela Jo Bondi, información que esclarezca la identidad de un funcionario colombiano que, según el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido que firmo el Grupo Aval con el departamento de justicia en 2023, recibió una coima de 3,4 millones del Corficolombiana y Odebrecht.Esta carta del 3 de junio, que también es enviada al jefe de la Corte para el Distrito de Maryland que ha investigado estos delitos, se envía sobre la base de que esa información ya fue aportada por el Grupo Aval al Departamento de Justicia.No son muchas las pistas del perfil del misterioso funcionario que se detalla en el acuerdo en los anexos 32, 33 y 34, pero se sabe que fue un alto funcionario del gobierno entre 2010 y 2018.El ministro Idarraga pide que a la individualización de dicha persona se anexe los documentos aportados, que soportaría los hechos delictivos en mención. Así mismo, el ministro colombiano encargado que se hagan llegar al Ministerio de Justicia o en su defecto a la Fiscalía General.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Neider Gómez Castrillón, señalado de participar en el secuestro del cantante Miguel Ayala Galeano y de su mánager, Nicolás Pantoja, ocurrido en la vereda Chorritos, en La Sierra, Cauca. La decisión judicial se produjo tras la presentación de los elementos materiales probatorios recolectados por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Castrillón habría tenido un papel directo en la custodia armada de las víctimas, quienes permanecieron retenidas en una construcción artesanal. Desde ese lugar se habría tomado y enviado a los familiares una fotografía en la que el artista y su representante aparecían descalzos, encadenados y envueltos en una cobija. Asimismo, el procesado estaría involucrado en las llamadas mediante las cuales los secuestradores exigieron 5.000 millones de pesos a cambio de su liberación.El operativo que permitió la liberación del músico y su mánager también condujo a la captura en flagrancia del presunto responsable. Durante la intervención fueron incautadas dos pistolas, dos proveedores, 29 cartuchos calibre 9 mm, una cadena, dos candados y dos pavas de tela camuflada.Con base en este material probatorio, el ente acusador imputó a Gómez Castrillón los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. El procesado no aceptó los cargos.Las investigaciones indican que la retención habría sido ejecutada por una red delictiva presuntamente vinculada a la estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc.La Fiscalía aseguró que los hechos sucedieron en medio de un viaje desde la ciudad de Popayán hasta la ciudad de Palmira, a efectos de tomar un vuelo con rumbo a la ciudad de Bogotá, el cual fue interrumpido de manera violenta por un vehículo y una motocicleta que los contactaron a la altura del sector de la vereda del túnel, vía Panamericana.Dice la Fiscal del caso: “Cuatro personas portando armas de fuego detienen al conductor que transportaba a las dos víctimas, lo amenazan, se suben al vehículo y los obligan a retomar el viaje, regresándose a la ciudad de Popayán. Más adelante, en el sector conocido como el Parador de las Margaritas, se desvían a mano derecha, cuando ya tomaban el sentido norte-sur, se desvían a mano derecha hacia el sector conocido como el Lago del Bolsón. El vehículo iba siendo seguido, detienen la marcha y Miguel Ángel y Víctor Alonso Nicolás son bajados y montados en otro vehículo, el conductor es dejado y posteriormente acuden las autoridades”.
Blu Radio conoció el fallo de 40 páginas con el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 4 años de cárcel contra Laude José Fernández Arroyo, al negar el recurso extraordinario de casación presentado por su defensa contra la sentencia que lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y violación de datos personales.Con esta decisión, el alto tribunal ratificó el fallo emitido en noviembre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá, que impuso esta pena y además una multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos.La Corte Suprema de Justicia pudo establecer que Laude José Fernández, quien fue agente de inteligencia del extinto DAS, hizo parte entre 2017 y 2018 de una organización criminal dedicada a la interceptación ilegal de comunicaciones y obtención indebida de bases de datos privadas, en la que participaron exfuncionarios del CTI y empresas privadas que ofrecían servicios de “inteligencia corporativa”.El fallo de casación de la Corte reveló que, Laude José Fernández, desde su rol como directivo de una firma consultora, habría solicitado información privada de dirigentes sindicales de Avianca durante la huelga de pilotos, así como datos relacionados con litigios entre el Grupo de Energía de Bogotá y la multinacional ENEL.El alto tribunal descartó los argumentos de la defensa, que buscaba acceder al beneficio de la suspensión condicional de la pena y a la prisión domiciliaria, al señalar que el delito de concierto para delinquir agravado cuando involucra a exintegrantes de organismos de seguridad del Estado está expresamente excluido de beneficios penales.La Corte Suprema de Justicia señala además que el exagente de inteligencia no acreditó la condición de padre cabeza de familia, pues se demostró que las menores cuentan con familia extendida legalmente obligada a asistirlas.
Una madre acusada de envenenar con medicamentos a sus dos hijas, una de las cuales falleció, y de intentar asesinar a su exmarido, ha sido condenada este miércoles en Francia a 30 años de prisión.Maylis Daubon, de 53 años, fue declarada culpable del envenenamiento de su hija Enea, que falleció a los 18 años tras ingerir una gran cantidad de medicamentos.Los análisis revelaron que su otra hija, Luan, había ingerido una cantidad significativa de un somnífero para adultos. Luan resultó ilesa y defendió la inocencia de su madre durante el juicio.La presidenta del tribunal penal de Mont-de-Marsan (suroeste), Emmanuelle Adoul, justificó la sentencia "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos". La corte impuso una pena de 30 años, con un periodo de seguridad de 20, cinco más de los solicitados por el fiscal.Durante el juicio la acusada permaneció estoica, con la cabeza baja y oculta tras su cabello, sin mirar al tribunal. Tiene diez días para apelar. El 13 de noviembre de 2019, Enea, que llevaba más de un año sin ir a la escuela y sufría problemas psicológicos, sufrió una crisis de convulsiones en el domicilio familiar.Su muerte se produjo por la ingesta de propranolol, un betabloqueante que ralentiza la actividad cardíaca, en una dosis "diez veces superior a la terapéutica", según la investigación.Además del envenenamiento de Enea y Luan, Maylis Daubon también era sospechosa de haber intentado asesinar a su exmarido sobornando a compañeras de prisión en Pau, algo que la acusada calificó de "rumores de prisión".
Luego de varios meses de seguimiento, investigadores de Policía Judicial capturaron a una mujer en el municipio de Villavieja, Huila, quien estaría presuntamente relacionada con hechos de extorsión afectando el patrimonio económico de comerciantes y propietarios de fincas en el norte del departamento.Según las autoridades, la captura de esta mujer se hizo efectiva tras la denuncia formal que interpuso una de las víctimas, quien manifestó haber sido abordado en su finca por varias personas que les exigieron dinero identificándose como integrantes de un grupo armado ilegal.“Gracias al trabajo articulado de las unidades investigativas y de inteligencia se logró identificar a esta mujer, quien, al parecer, cumpliría un rol clave en la recepción y administración de los recursos producto de la presunta extorsión, mediante el uso de plataformas digitales”, dijo el coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de Policía Huila.De acuerdo con las investigaciones, las exigencias extorsivas oscilaban entre cinco y diez millones de pesos. La mujer capturada tendrá que responder ante la Fiscalía por el delito de extorsión.
Blu Radio conoció un documento de 11 páginas donde la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el presidente del Comité Disciplinario del Partido de la U, en medio de la controversia por la decisión interna que buscaba retirarle el aval al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.La actuación se inició tras la queja presentada por su abogado, Mauricio Pava, y confirma que el Ministerio Público encontró mérito suficiente para indagar posibles abusos de poder dentro de la colectividad.De acuerdo con el documento, la Procuraduría no solo asumió la investigación disciplinaria, sino que también trasladó el expediente a la delegada para Asuntos Electorales con el fin de evaluar una eventual intervención preventiva. Ese doble movimiento institucional indica que el órgano de control considera que hay riesgos reales y actuales para los derechos políticos del congresista, y que la situación del Partido de la U ya está bajo escrutinio estatal.Además, el Ministerio Público recordó que, según el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, las decisiones internas de los partidos que afectan avales o membresías están sujetas a impugnación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), recurso que se concede en efecto suspensivo. Esto significa que ninguna medida contra López puede ejecutarse hasta que el CNE tome una decisión de fondo, por lo que todas sus garantías políticas permanecen plenamente vigentes.Para la Procuraduría, las colectividades políticas no pueden tomar decisiones disciplinarias que desconozcan los derechos fundamentales de sus integrantes ni incidir, sin sustento, en la estabilidad institucional del Congreso. El proceso continuará con la práctica de pruebas y la evaluación del impacto que tuvo la actuación del Comité Disciplinario en el ejercicio del cargo que hoy ocupa López en la Cámara.
La Procuraduría General de la Nación podría suspender provisionalmente de sus cargos en los próximos días al general del Ejército Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, presuntamente vinculados con las disidencias de alias 'Calarcá'. Hay que decir que la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en instituciones de seguridad con la supuesta complicidad del general del Ejército y del alto funcionario de la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI) ha provocado la condena generalizada en el país por las implicaciones que tendría en el conflicto armado.General Juan Miguel HuertasEs señalado como principal enlace con las disidencias de las Farc es un oficial del arma de artillería que, de acuerdo con el Ejército, “desde el año 2021 había sido retirado de la institución por decisión del Gobierno nacional”.Huertas fue llamado a retiro tras reportes de Estados Unidos que lo relacionaban con grupos armados ilegales. Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo vinculó a un proceso por “falsos positivos”, nombre con el que se conocen las ejecuciones de civiles perpetradas por integrantes del Ejército para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.En 2022, se sumó junto con otros dos generales retirados a la campaña electoral de Gustavo Petro, quien en agosto pasado lo reincorporó al servicio activo como jefe del Comando de Personal del Ejército.En una carta divulgada, Huertas rechazó tener cualquier vínculo con organizaciones armadas ilegales.Wilmar MejíaEn las comunicaciones reveladas por Noticias Caracol también aparece mencionado Wilmar Mejía, licenciado en educación física que, gracias a su cercanía con el presidente Petro, fue designado director de Inteligencia Estratégica en la DNI, cargo que desempeña de manera simultánea con el de representante del jefe de Estado en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.Mejía también negó haber participado “en actividades orientadas a compartir información de inteligencia con grupos criminales; gestionar empresas fachada, trámites o permisos de seguridad privada; facilitar armas, municiones o explosivos, y promover pactos de no agresión entre la fuerza pública y organizaciones armadas ilegales”.
El abogado Mauricio Pava, defensor del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, aseguró que su cliente acudirá a todas las citaciones judiciales que sean necesarias, luego de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmara que este miércoles la entidad solicitará formalmente una audiencia de imputación por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Pava afirmó que existe “total disposición para comparecer ante los jueces de la República. Estábamos a la espera de que nos convocaran. Nuestro compromiso es con un debate jurídico leal y transparente. Allí se precisarán los hechos, lo que pondrá fin a la especulación alrededor del caso del profesor Ricardo Bonilla”.El abogado añadió que el exministro ha atendido puntualmente todos los requerimientos judiciales y ha acreditado su arraigo familiar, social y profesional en el país, lo que asegura ,desvirtúa cualquier señalamiento sobre un posible riesgo de fuga. “Su vida y su honor están en este país”, señaló.De acuerdo con la investigación, el capítulo que involucra a Bonilla se remonta a finales de 2023, cuando el entonces ministro habría mostrado interés indebido en direccionar tres proyectos hacia seis congresistas de las comisiones económicas, a cambio de respaldo para aprobar cupos indicativos clave para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.Los contratos, que finalmente no llegaron a ejecutarse ni a recibir desembolsos, estaban previstos para los municipios de Cotorra (Córdoba), El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca). Según la Fiscalía, aunque los recursos no se entregaron, sí existió un interés en favorecer a los legisladores.Las conclusiones del ente acusador provienen de labores de policía judicial y de las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien podría convertirse en una de las testigos clave del proceso. Benavides ya recibió la aprobación de un principio de oportunidad con inmunidad total, tras aportar pruebas y afirmar que actuó siguiendo órdenes del entonces ministro, asegurando que habría sido utilizada para facilitar estas actividades irregulares.Tras meses de pesquisas, la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para llamar a Bonilla a responder ante el Tribunal Superior de Bogotá. Con esta decisión, ya son cinco los exaltos funcionarios del Gobierno Petro investigados por este escándalo: además de Bonilla, figuran Olmedo López, Sandra Ortiz y los hoy prófugos Carlos Ramón González y César Manrique. El ente acusador señala que cada uno habría desempeñado un rol dentro de un esquema para direccionar contratación pública a cambio de coimas o apoyo político en el Congreso.Aunque la imputación ya fue anunciada, por ahora no se ha confirmado si la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento contra el exministro mientras avanza el proceso.
En la tarde de este martes, 25 de noviembre, los integrantes de la lista al Senado del partido Oxígeno radicaron ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia en contra de los integrantes de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.“Venimos a presentar una denuncia de suma gravedad. Un prevaricato por omisión es lo que pesa sobre los representantes a la Cámara que han omitido el deber de investigar hechos desde la campaña de Petro hasta la infiltración de alias 'Calarcá' que se ha tomado la inteligencia civil y militar de Colombia”, señalan en un video los integrantes del partido de oposición.En la denuncia presentada por los precandidatos Ingrid Betancourt, John Frank Pinchao, Oscar Ortiz y Claudia Vásquez, argumentan que los representantes a la Cámara han incurrido en prevaricato al no investigar con efectividad la campaña Petro presidente 2022.“Por eso le pedimos a los magistrados que tomen cartas en este asunto de manera urgente. La democracia está en juego”, concluyen.
La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa al posible uso irregular de información de algunos miembros de la junta directiva de Ecopetrol, en el auto de apertura de indagación de 4 páginas conocido por este medio, se dictan una serie de órdenes a la petrolera en un mínimo de 5 días que deberá entregar al ente de control.Y es que, según la Procuraduría, funcionarios de Ecopetrol habrían solicitado esos datos sin cumplir los requisitos legales, mientras que servidores de la UIAF habrían entregado la información sin aplicar los protocolos establecidos para el manejo de datos reservados.Entre las pruebas, que pidió el Ministerio Público, están que Ecopetrol debe hacerla llegar al organismo de control el listado de las personas que tomaron la decisión de solicitar la revisión financiera.Además, copia del análisis entregado por la UIAF en respuesta al requerimiento de la compañía y los fundamentos jurídicos que ambas empresas tuvieron para solicitar y suministrar la información.“Con la apertura de la indagación, la Procuraduría busca identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una apertura de investigación disciplinaria”, señaló la Procuraduría.
La Fiscalía General de la Nación confirmó nuevos hallazgos sobre el caso del subintendente Luis Hernando Peña Bonilla, secuestrado durante la toma de Mitú en 1998 y asesinado por las Farc en 2003, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, indicó que en los dispositivos incautados a alias ‘Calarcá’, mando de las disidencias de las Farc, se halló información relevante relacionada con el paradero del uniformado.Camargo explicó que el contenido fue detectado durante las verificaciones desarrolladas en el último año y que los detalles ya fueron entregados al Grupo de Búsqueda (Grube), que trabaja en terreno con criminalistas, topógrafos, antropólogos y personal de la Dijín para reducir el área de búsqueda. “En esos dispositivos se encontró información que tiene que ver con el paradero del subintendente Peña Bonilla, y tenemos equipos del Grube y de la Policía Nacional haciendo labores para encontrar los restos humanos”, señaló la fiscal.El subintendente Peña Bonilla es una de las víctimas más emblemáticas de la toma de Mitú. Fue secuestrado por el Bloque Oriental de las Farc junto con otros uniformados que defendían la estación de Policía. Su familia inició una búsqueda que se ha prolongado por más de dos décadas. Diversos testimonios recogidos a lo largo del tiempo han descrito el sufrimiento del uniformado en cautiverio. La versión sobre su asesinato fue narrada por exsecuestrados como Orlando Beltrán ante la JEP, quien relató que Peña habría sido sometido a torturas que le generaron graves problemas mentales y luego fue fusilado bajo el pretexto de un intento de fuga. Otro compañero de cautiverio aseguró haberlo visto por última vez entre diciembre de 2001 y enero de 2002 en un campamento.La nueva información encontrada en los archivos de alias ‘Calarcá’ representa el avance más significativo en años dentro de este caso, cuya resolución es una deuda histórica con la familia del subintendente Peña. La Fiscalía espera que las labores en terreno permitan finalmente localizar sus restos y cerrar un ciclo de dolor que se ha extendido por más de 25 años.
El Tribunal Superior de Antioquia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al abogado Diego Cadena por posibles delitos contra la administración de justicia, al considerar que su intervención habría incidido en las declaraciones del testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias 'Zeus', dentro del proceso que culminó con la condena del hermano del expresidente Uribe.Según el fallo condenatorio contra Santiago Uribe, el comportamiento del abogado debe ser examinado penalmente debido a presuntas inconsistencias, asesorías cuestionadas y actuaciones que pudieron eventualmente influir en la versión suministrada por Rodríguez Agudelo, quien posteriormente falleció.Incluso en el documento de 307 páginas es claro que es de suma necesidad examinar más a fondo el rol del abogado Cadena, dado que alias 'Zeus', quien mencionó episodios clave sobre la existencia y operación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles y la presunta participación de Santiago Uribe, habría estado presuntamente acompañado o asesorado jurídicamente de manera irregular.“Se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue los posibles delitos en contra de la administración de justicia en que hubiere podido incurrir el abogado Diego Javier Cadena Ramírez de acuerdo con lo considerado en relación con el testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo […] El juez ordenó investigación penal por falso testimonio en contra de Rodríguez Agudelo, que ya falleció, pero no lo hizo en relación de quien le asesoró para llevar la información a la actuación judicial”, se lee en el documento.El Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución que había recibido Santiago Uribe Vélez en primera instancia y lo condenara a 28 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.Según la sentencia, el tribunal encontró suficientes elementos probatorios para revertir la decisión del Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia.