El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, atraviesa su momento más crítico tras un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública. Según el funcionario, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el cabecilla estaría recurriendo a otros carteles del narcotráfico para evitar ser capturado o neutralizado.“Alias 'Mordisco' ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, afirmó el ministro, al referirse al impacto de las operaciones desplegadas en distintas regiones del país contra su estructura criminal.Sánchez reiteró que la persecución contra ‘Iván Mordisco’ no se detendrá y recordó que el Gobierno mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. “Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, subrayó, dejando claro que se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado.En un tono contundente, el ministro describió el historial criminal del cabecilla, al asegurar que su nombre quedará marcado como uno de los más violentos del conflicto armado y del narcotráfico. “Alias 'Mordisco' pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”, señaló.El jefe de la cartera de Defensa insistió en que, pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal. “Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico”, dijo, al advertir que incluso las disputas y alianzas entre grupos armados ilegales giran alrededor de ese negocio ilícito. En ese contexto, explicó que “mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, demostrando, según él, que el narcotráfico es el eje de sus decisiones.Sánchez también envió un mensaje directo a ‘Iván Mordisco’ y a quienes integran su organización, invitándolos a abandonar las armas antes de ser capturados. “La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, afirmó.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a este cabecilla y desarticular su red criminal. “Denuncien llamando al 107 o al 157”, pidió, al concluir que el narcotráfico no solo une a estos grupos, sino que “también los lleva a la autodestrucción”.
El cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ reapareció en un vídeo en el que le hace un llamado al ELN, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que hagan una alianza criminal, lo anterior, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares”, señala en el video alias ‘Iván Mordisco’.Es importante recordar que, según información de inteligencia, la operación de Estados Unidos en Venezuela ha llevado a algunos cabecillas de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia a huir del vecino país, en donde se refugiaban bajo el auspicio del régimen de Maduro.Venezuela también ha sido país garante en las negociaciones de paz que ha adelantado el Gobierno nacional con diferentes grupos armados, como la Segunda Marquetalia y el ELN.Actualmente la Segunda Marquetalia es comandada por alias 'Iván Márquez', cuya última aparición fue justamente en Caracas.Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia que actualmente está en negociaciones de paz con el Gobierno.
Un conjunto de documentos de inteligencia internacional y territorial revela con detalle la arquitectura clandestina que sostiene la presencia del ELN y las redes del narcotráfico en el estado Zulia, Venezuela. Lejos de ser asentamientos improvisados, las bases guerrilleras y las pistas aéreas ilegales responden a una lógica estratégica que combina geografía, ocultamiento y conectividad fluvial.El análisis identifica al menos diez zonas clave de asentamiento del ELN ubicadas en la franja Catatumbo–Zulia y en los piedemontes de la Serranía de Perijá. Se trata de territorios dominados por planicies inundables, selvas húmedas, marismas y corredores ribereños, entornos que ofrecen protección natural, abundancia de agua y una movilidad silenciosa a través de ríos y caños.Estas áreas, como Encontrados, Udón Pérez, Valderrama o Machiques de Perijá, presentan un patrón recurrente: baja densidad poblacional, escasa presencia estatal y múltiples rutas de aproximación secundarias, lo que dificulta la detección aérea y terrestre. En varios puntos, la vegetación densa y los obstáculos por inundación actúan como barreras naturales frente a operativos convencionales.En paralelo, los documentos detallan al menos diez pistas aéreas irregulares utilizadas para el narcotráfico, con longitudes que oscilan entre 1.300 y 2.300 metros, suficientes para aeronaves ligeras cargadas con droga o insumos ilícitos. Estas pistas se encuentran estratégicamente alineadas con riberas, planicies aluviales y claros rectilíneos en medio del bosque, muchas de ellas conectadas por trochas o canales fluviales.Llama la atención la superposición geográfica entre las zonas de presencia del ELN y las pistas clandestinas. Municipios como Jesús María Semprún, Catatumbo y Rosario de Perijá aparecen de forma reiterada, lo que refuerza la hipótesis de coexistencia operativa o acuerdos funcionales entre estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.La orientación de las pistas, la baja huella nocturna y el acceso anfibio en varios sectores evidencian una planificación técnica orientada a evadir radares, patrullajes y controles fronterizos. No se trata solo de esconderse, sino de garantizar flujos constantes de movilidad, abastecimiento y salida de cargamentos.En conjunto, los documentos pintan un mapa preciso de cómo la criminalidad organizada ha convertido el sur y occidente del Zulia en un santuario logístico, donde la selva, el agua y la geografía no son obstáculos, sino aliados estratégicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
La repentina muerte del cantante Yeison Jiménez ha generado todo tipo de reacciones entre sus fanáticos en Cali, una ciudad que siempre le abrió las puertas al artista. Su música era coreada en cada esquina, en discotecas y escenarios, convirtiéndolo en uno de los cantantes de música popular más aclamados por el público caleño.Tanto así que, en una de sus presentaciones durante la Feria de Cali 2025, el artista manifestó que este 2026 sería el año en el que se tomaría un descanso de la música."El próximo año voy a estar un poquito ausente porque… prometí que a mis 35 años iba a descansar un poco. “Llevo 20 años trasnochando, gracias, de verdad", dijo el artista.Y es que en diferentes establecimientos públicos, bares y discotecas, anoche se le rindió homenaje al artista, así como en Jacaranda, en el Bulevar del Río, uno de los lugares más icónicos de Cali. Además, el Concejo de Cali, en el año 2024, le otorgó la Medalla Santiago de Cali en Grado Cruz de Oro al cantante y compositor de música popular, por su aporte social a Cali y al Valle del Cauca, a través de la Fundación Trébol."Pero Yeison Jiménez no es solo cantante, también hace labor social en Cali y la región vallecaucana, a través de la Fundación Trébol con la que patrocina el estudio para más de mil niños y jóvenes de escasos recursos y que buscan su superación personal. Y hace poco, inició un proyecto para subsidiar la mejora de viviendas a personas en condición de vulnerabilidad”, expresó la concejal Alexandra Hernández Cedeño.Cabe mencionar que Yeison Jiménez ya tenía programados varios conciertos en Cali para este 2026. Uno de ellos era el Festival del Guaro, que se realizará el próximo 14 de marzo en la Arena Cañaveralejo, donde era uno de los artistas centrales junto con otros cantantes de música popular, concierto que desde ya se hará en su memoria.
Los rumores del traslado al centro carcelario de la capital del Atlántico son ya una realidad. A través de una comunicación oficial, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras lo firmará, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.Especificó el funcionario que la solicitud de traslado que le hizo este viernes el Comisionado de Paz, Otty Patiño, recibirá su visto bueno, sobre todo para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que alias 'Cástor', 'Digno Palomino' y varios miembros más de estas bandas, no van para un hotel y tendrán vigilancia estricta del INPEC.“La solicitud de traslado la recibí ayer (viernes) por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población", aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC.Esta actuación, destaca el Ministerio de Justicia en un comunicado, se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.Sobre los traslados en esta fase de diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y su traslado a Barranquilla, públicamente criticado por autoridades locales como el alcalde Alejandro Char, así como la tregua que firmaron el pasado 2 de octubre, el profesor y politólogo Luis Trejos argumenta que es inviable cualquier proceso de paz urbana sin un marco jurídico que lo respalde y a casi seis meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro.“Hoy se hacen unos traslados desde el nivel nacional, pero todavía no es claro los objetivos que persigue el Gobierno nacional al querer instalar esta mesa cuando no hay un marco jurídico que regule la misma, por eso emerge la especulación de que pareciera que el Gobierno está pensando más en los resultados electorales que en la verdadera pacificación del territorio”, comentó Trejos.El politólogo y analista añadió que otra de las fallas en esta fase exploratoria de diálogos radica en no tener en cuenta a las autoridades en el territorio, que son las que los combaten y los sufren.Hay que recordar que en, medio de esta supuesta tregua, el accionar de Pepes y Costeños ha dejado muertos de los dos lados y varios de sus miembros han seguido incurriendo en delitos como el sicariato, la extorsión o el microtráfico, según reportes de la Policía Metropolitana.Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y 'Digno Palomino' en La Picota, de Bogotá.
Una familia del Caquetá salió con el sueño de llegar hasta Medellín, pero terminó siendo víctima de uno de los actos más violentos registrados en el país en lo que va de este 2026. El viaje, que transcurría con normalidad, se transformó en una pesadilla cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaban, dejando como resultado tres personas muertas y dos menores que difícilmente podrán borrar de su mente la escena vivida.La tragedia ocurrió en la noche del martes 6 de enero, cerca del viaducto de la represa El Quimbo. Allí, integrantes de grupos armados desviaron el vehículo para ejecutar a los adultos que viajaban en su interior. De hecho, una de las víctimas fue hallada en el embalse luego de operativos de rescate que se extendieron durante varias horas.Revelan detalles de la masacre de la familiaLas víctimas fueron identificadas como Ovier Martínez Vargas, de 51 años; Yineth Soto Sánchez, de 40; y Juan José Canizales, de 48 años. Este último, al intentar escapar del ataque armado, se lanzó desde el viaducto hacia la represa El Quimbo, desde una altura superior a los 30 metros.Sin embargo, tras cerca de 15 horas, el cuerpo fue encontrado flotando a unos 50 metros del lugar desde donde se lanzó. La Defensa Civil estuvo a cargo del rescate de la víctima, con apoyo de pescadores de la zona y lanchas especializadas, debido a la gran extensión del embalse. De acuerdo con las autoridades, el hombre no presentaba impactos de bala, por lo que se investiga si murió a causa del golpe contra el agua o por ahogamiento.Menor de edad vio toda la escena de violenciaUno de los detalles más dolorosos del caso tiene que ver con la presencia de un menor de 14 años, hijo de las víctimas, quien presenció todo lo ocurrido. El adolescente viajaba en la camioneta junto a sus padres y logró huir para esconderse entre los matorrales cercanos al viaducto, desde donde observó cómo asesinaban a su madre y a otro familiar cercano, así como el momento en el que su padre se arrojó al embalse.Adicionalmente, en el vehículo también viajaba una niña de 9 años, quien sobrevivió al ataque armado. Según testigos, el adolescente fue visto con la ropa y los brazos ensangrentados, aparentemente por encontrarse sentado cerca de su madre durante el ataque.Hasta el momento no se han reportado capturas. La Policía del Huila adelanta labores de verificación de cámaras, recolección de testimonios y análisis de información para esclarecer lo ocurrido. Entre las hipótesis que se manejan están el robo del vehículo o un intento de secuestro.Desde la Alcaldía de Cartagena del Chairá expresaron su rechazo frente a este crimen y enviaron un mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este domingo que no habrá más petróleo ni dinero venezolano para Cuba, en medio del endurecimiento de las acciones contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, derivado de la detención de su principal aliado, Nicolás Maduro."Cuba sobrevivió durante muchos años gracias a grandes cantidades de petróleo y dinero venezolano. A cambio, Cuba proporcionó "servicios de seguridad" a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no!", escribió el mandatario estadounidense en su red social Truth.Trump aseveró que “la mayoría de esos cubanos (que brindaban seguridad) han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada”.En el mensaje, el jefe de Estado norteamericano resaltó que “Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años”, porque el país “ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, para protegerlos, y los protegeremos”.El mensaje, como de costumbre, fue directo y ratificó en mayúsculas: "No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!".Pero el mensaje de Trump no solo fue el anuncio de la disminución de un ingreso a la isla, sino que envió un contundente mensaje a la dictadura al darle una recomendación. “Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, escribió el presidente, significando un claro mensaje para que alcancen alguna negociación con Estados Unidos.
Se conocieron nuevos detalles acerca del grave hallazgo de tres cuerpos sin vida en zona rural del municipio de Abejorral, en Antioquia.Aunque aún las autoridades adelantan labores para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido se pudo confirmar que las víctimas encontradas en la vereda de Los Rastrojos responden a las identidades de Geovanny Arley Vargas, Edwin Danilo Pulgarín y Edwin Rivera.Estos últimos dos habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 5 de enero y además tras la verificación del lugar donde se encontraban los cuerpos, la Policía del departamento indicó que se encontraban en alto grado de descomposición por lo que serán las investigaciones las que determinarán el lugar y fecha en la que se perpetraron estos homicidios.En medio del complejo panorama por el incremento de este tipo de delitos en el arranque de 2026, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, aseguró que dentro de las causas de las muertes violentas predominan las disputas de grupos ilegales sobre otras circunstancias como la intolerancia."La dinámica sigue siendo la misma, el enfrentamiento de organizaciones criminales por todo el control del territorio y por las rentas ilícitas", destacó el funcionario.Se espera que en los próximos días se conozcan nuevas medidas por parte de las autoridades para afrontar el incremento de homicidios donde el Valle de Aburrá, Bajo Cauca y Nordeste son las subregiones donde se han registrado las cifras más preocupantes.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal Colombiana, anunció en Mañanas Blu que la Iglesia católica participará en el monitoreo del cese al fuego bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, anunciado por el presidente Petro el 31 de diciembre de 2022.“Es un anuncio que nos da esperanza y que nos permite pensar en que se puedan aclimatar las condiciones para iniciar o avanzar en diálogos o negociaciones para alcanzar la paz. Nosotros vamos a ser parte del mecanismo en la parte de monitoreo. Hay dos temas que son complementarios, pero con metodologías bien diferentes", sostuvo monseñor Henao. "El uno es la verificación que normalmente la hacen organizados internacionales como Naciones Unidas o la OEA, que tienen todos los mecanismos suficientes para determinar quién violó el cese al fuego bilateral o los protocolos o las condiciones que llevan y establecer allí unos procedimientos monitoreo, tiene más que ver con el acompañamiento y escucha a las comunidades pedagogías, sobre lo acordado", complementó. El delegado episcopal aseguró que la Iglesia católica va a estar al lado de las comunidades para ayudarles a tramitar sus urgencias y buscando que se tomen las vías correctivas para, así, evitar que haya cualquier violación a las expectativas de la población civil. Monseñor Henao dijo que la Iglesia comprende que los ceses al fuego son vulnerables y que no son el fin del conflicto, ya que no representan la solución definitiva."La meta es llegar a un fin de hostilidades y al fin de confrontaciones con el Estado y entre los distintos grupos. Quisiera hacer un llamado muy fuerte, decirles a los grupos que están en estas confrontaciones que piensen en sí mismos, en ellos, en sus familias, especialmente sus hijos, en el legado que les dejan", afirmó.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, reveló que el Gobierno ya recibió confirmación por parte del secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para acompañar la verificación del cese al fuego bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, anunciado por el presidente Petro el 31 de diciembre de 2022. De acuerdo con el jefe de la cartera de la política, el objetivo es contar también con el acompañamiento de la MAP-OEA, representación de las Fuerzas Armadas. la Iglesia católica y organizaciones sociales en el territorio. "Ayer (domingo) recibimos la confirmación del secretario general de la ONU de vincularse a este proceso de acompañamiento del cese al fuego en estos cinco frentes. Esperamos que también esté ahí nuestras Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Habrá voceros de cada una de esas organizaciones y también de la OEA, de la misión de acompañamiento al proceso de paz en Colombia, la MAP-OEA. Además, esperamos dos actores claves: la Iglesia y las organizaciones sociales en el territorio", sostuvo Prada. El ministro Prada, además, anunció que bimestralmente el Gobierno de Gustavo Petro hará un reporte que servirá a modo de rendición de cuentas para que la opinión pública conozca el avance de los esfuerzos de paz. "Se prevé que cada dos meses hagamos un corte de cuentas, casi que una rendición de cuentas al país de cómo evoluciona en cada uno de los territorios con cada una de estas organizaciones", sostuvo. De acuerdo con el funcionario, cada organización tendrá un protocolo distinto del cese al fuego, los cuales serán de carácter reservado, por lo menos en un primer momento. “Hay un protocolo que se suscribe con cada una de las organizaciones, seguramente van a tener los mismos parámetros, porque es básicamente el mismo repliegue de actividades, el mismo compromiso de cesar todo tipo de fuego, de disparos, cesar los fusiles contra la población civil y las fuerzas armadas. Todos van a quedar en protocolos individuales, pero básicamente van a tener la misma lógica”, declaró. El ministro Prada aseguró que las críticas y comentarios por parte de la opinión pública son bienvenidos para alimentar y fortalecer el proceso; el funcionario que el cese al fuego del Gobierno Petro dista mucho de experiencias anteriores, especialmente porque en esta oportunidad no habrá un despeje territorial. “Cada crítica y comentario que se haga nos va a ayudar muchísimo. No es un movimiento menor en relación con la paz total. Hay una profunda diferencia y es que no vamos a despejar aquí 40.000 kilómetros cuadrados para que se muevan a sus anchas cada una de estas organizaciones, sin que haya presencia del Ejército colombiano o de las Fuerzas Armadas”, sostuvo el funcionario.
El mininterior Alfonso Prada aseguró en entrevista con Mañanas Blu que no se debería comparar, con la experiencia del Caguán, el cese al fuego bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, anunciado por el presidente Petro el 31 de diciembre de 2022.El ministro Prada aseguró que las críticas y comentarios por parte de la opinión pública son bienvenidos para alimentar y fortalecer el proceso; el funcionario que el cese al fuego del Gobierno Petro dista mucho de experiencias anteriores, especialmente porque en esta oportunidad no habrá un despeje territorial. “Cada crítica y comentario que se haga nos va a ayudar muchísimo. No es un movimiento menor en relación con la paz total. Hay una profunda diferencia y es que no vamos a despejar aquí 40.000 kilómetros cuadrados [de territorio] para que se muevan a sus anchas cada una de estas organizaciones, sin que haya presencia del Ejército colombiano o de las Fuerzas Armadas”, sostuvo el funcionario.El ministro Prada, además, anunció que bimestralmente el Gobierno de Gustavo Petro hará un reporte que servirá a modo de rendición de cuentas para que la opinión pública conozca el avance de los esfuerzos de paz. "Se prevé que cada dos meses hagamos un corte de cuentas, casi que una rendición de cuentas al país de cómo evoluciona en cada uno de los territorios con cada una de estas organizaciones", sostuvo. De acuerdo con Prada, cada organización tendrá un protocolo distinto del cese al fuego, los cuales serán de carácter reservado, por lo menos en un primer momento. “Hay un protocolo que se suscribe con cada una de las organizaciones, seguramente van a tener los mismos parámetros, porque es básicamente el mismo repliegue de actividades, el mismo compromiso de cesar todo tipo de fuego, de disparos, cesar los fusiles contra la población civil y las fuerzas armadas. Todos van a quedar en protocolos individuales, pero básicamente van a tener la misma lógica”, declaró. En cuanto a la verificación del cese del fuego, el ministro del Interior reveló que ya se recibió confirmación por parte de la ONU y que el objetivo es contar con el acompañamiento de la MAP-OEA, representación de las Fuerzas Armadas. la Iglesia católica y organizaciones sociales en el territorio. "Ayer (domingo) recibimos la confirmación del secretario general de la ONU de vincularse a este proceso de acompañamiento del cese al fuego en estos cinco frentes. Esperamos que también esté ahí nuestras Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Habrá voceros de cada una de esas organizaciones y también de la OEA, de la misión de acompañamiento al proceso de paz en Colombia, la MAP-OEA. Además, esperamos dos actores claves: la Iglesia y las organizaciones sociales en el territorio", sostuvo Prada.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó en Mañanas Blu las bases del cese al fuego bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, anunciado por el presidente Petro el 31 de diciembre de 2022. El funcionario reveló que cada dos meses el Gobierno rendirá cuentas a la ciudadanía sobre sus resultados. "Se prevé que cada dos meses hagamos un corte de cuentas, casi que una rendición de cuentas al país de cómo evoluciona en cada uno de los territorios con cada una de estas organizaciones", sostuvo. De acuerdo con Prada, cada organización tendrá un protocolo distinto del cese al fuego, los cuales serán de carácter reservado, por lo menos en un primer momento. “Hay un protocolo que se suscribe con cada una de las organizaciones, seguramente van a tener los mismos parámetros, porque es básicamente el mismo repliegue de actividades, el mismo compromiso de cesar todo tipo de fuego, de disparos, cesar los fusiles contra la población civil y las fuerzas armadas. Todos van a quedar en protocolos individuales, pero básicamente van a tener la misma lógica”, declaró. El ministro Prada aseguró que las críticas y comentarios por parte de la opinión pública son bienvenidos para alimentar y fortalecer el proceso; el funcionario que el cese al fuego del Gobierno Petro dista mucho de experiencias anteriores, especialmente porque en esta oportunidad no habrá un despeje territorial. “Cada crítica y comentario que se haga nos va a ayudar muchísimo. No es un movimiento menor en relación con la paz total. Hay una profunda diferencia y es que no vamos a despejar aquí 40.000 kilómetros cuadrados para que se muevan a sus anchas cada una de estas organizaciones, sin que haya presencia del Ejército colombiano o de las Fuerzas Armadas”, sostuvo el funcionario.En cuanto a la verificación del cese del fuego, el ministro del Interior reveló que ya se recibió confirmación por parte de la ONU y que el objetivo es contar con el acompañamiento de la MAP-OEA, representación de las Fuerzas Armadas. la Iglesia católica y organizaciones sociales en el territorio. "Ayer (domingo) recibimos la confirmación del secretario general de la ONU de vincularse a este proceso de acompañamiento del cese al fuego en estos cinco frentes. Esperamos que también esté ahí nuestras Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Habrá voceros de cada una de esas organizaciones y también de la OEA, de la misión de acompañamiento al proceso de paz en Colombia, la MAP-OEA. Además, esperamos dos actores claves: la Iglesia y las organizaciones sociales en el territorio", sostuvo Prada.
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.