El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, atraviesa su momento más crítico tras un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública. Según el funcionario, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el cabecilla estaría recurriendo a otros carteles del narcotráfico para evitar ser capturado o neutralizado.“Alias 'Mordisco' ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, afirmó el ministro, al referirse al impacto de las operaciones desplegadas en distintas regiones del país contra su estructura criminal.Sánchez reiteró que la persecución contra ‘Iván Mordisco’ no se detendrá y recordó que el Gobierno mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. “Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, subrayó, dejando claro que se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado.En un tono contundente, el ministro describió el historial criminal del cabecilla, al asegurar que su nombre quedará marcado como uno de los más violentos del conflicto armado y del narcotráfico. “Alias 'Mordisco' pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”, señaló.El jefe de la cartera de Defensa insistió en que, pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal. “Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico”, dijo, al advertir que incluso las disputas y alianzas entre grupos armados ilegales giran alrededor de ese negocio ilícito. En ese contexto, explicó que “mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, demostrando, según él, que el narcotráfico es el eje de sus decisiones.Sánchez también envió un mensaje directo a ‘Iván Mordisco’ y a quienes integran su organización, invitándolos a abandonar las armas antes de ser capturados. “La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, afirmó.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a este cabecilla y desarticular su red criminal. “Denuncien llamando al 107 o al 157”, pidió, al concluir que el narcotráfico no solo une a estos grupos, sino que “también los lleva a la autodestrucción”.
El cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ reapareció en un vídeo en el que le hace un llamado al ELN, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que hagan una alianza criminal, lo anterior, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares”, señala en el video alias ‘Iván Mordisco’.Es importante recordar que, según información de inteligencia, la operación de Estados Unidos en Venezuela ha llevado a algunos cabecillas de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia a huir del vecino país, en donde se refugiaban bajo el auspicio del régimen de Maduro.Venezuela también ha sido país garante en las negociaciones de paz que ha adelantado el Gobierno nacional con diferentes grupos armados, como la Segunda Marquetalia y el ELN.Actualmente la Segunda Marquetalia es comandada por alias 'Iván Márquez', cuya última aparición fue justamente en Caracas.Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia que actualmente está en negociaciones de paz con el Gobierno.
Un conjunto de documentos de inteligencia internacional y territorial revela con detalle la arquitectura clandestina que sostiene la presencia del ELN y las redes del narcotráfico en el estado Zulia, Venezuela. Lejos de ser asentamientos improvisados, las bases guerrilleras y las pistas aéreas ilegales responden a una lógica estratégica que combina geografía, ocultamiento y conectividad fluvial.El análisis identifica al menos diez zonas clave de asentamiento del ELN ubicadas en la franja Catatumbo–Zulia y en los piedemontes de la Serranía de Perijá. Se trata de territorios dominados por planicies inundables, selvas húmedas, marismas y corredores ribereños, entornos que ofrecen protección natural, abundancia de agua y una movilidad silenciosa a través de ríos y caños.Estas áreas, como Encontrados, Udón Pérez, Valderrama o Machiques de Perijá, presentan un patrón recurrente: baja densidad poblacional, escasa presencia estatal y múltiples rutas de aproximación secundarias, lo que dificulta la detección aérea y terrestre. En varios puntos, la vegetación densa y los obstáculos por inundación actúan como barreras naturales frente a operativos convencionales.En paralelo, los documentos detallan al menos diez pistas aéreas irregulares utilizadas para el narcotráfico, con longitudes que oscilan entre 1.300 y 2.300 metros, suficientes para aeronaves ligeras cargadas con droga o insumos ilícitos. Estas pistas se encuentran estratégicamente alineadas con riberas, planicies aluviales y claros rectilíneos en medio del bosque, muchas de ellas conectadas por trochas o canales fluviales.Llama la atención la superposición geográfica entre las zonas de presencia del ELN y las pistas clandestinas. Municipios como Jesús María Semprún, Catatumbo y Rosario de Perijá aparecen de forma reiterada, lo que refuerza la hipótesis de coexistencia operativa o acuerdos funcionales entre estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.La orientación de las pistas, la baja huella nocturna y el acceso anfibio en varios sectores evidencian una planificación técnica orientada a evadir radares, patrullajes y controles fronterizos. No se trata solo de esconderse, sino de garantizar flujos constantes de movilidad, abastecimiento y salida de cargamentos.En conjunto, los documentos pintan un mapa preciso de cómo la criminalidad organizada ha convertido el sur y occidente del Zulia en un santuario logístico, donde la selva, el agua y la geografía no son obstáculos, sino aliados estratégicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a 12 personas señaladas de integrar un grupo criminal responsable de varios hechos violentos en la comuna 2 del municipio. Según la investigación, los capturados harían parte de la banda conocida como ‘Los Vida Nueva’, que estaría detrás de una disputa por el control de la venta de drogas en la comuna 2.En medio de la disputa de territorios, entre octubre de 2024 y junio de 2025, se registraron seis homicidios y un intento de asesinato. El último caso ocurrió el 22 de junio del 2025Las capturas se realizaron durante varios allanamientos en el municipio de Soacha, Cundinamarca. En estos operativos, las autoridades encontraron cuatro armas de fuego, munición calibre 38, cerca de kilo y medio de base de coca, 739 dosis de bazuco, cinco celulares y un vehículo que, al parecer, era usado por el grupo para cometer delitos.Entre los capturados están quienes serían los jefes de la organización: Esteban Mauricio Romero Benavides, alias 'El Gato', y Jairo de Jesús Valle Tejedor alias 'Cachaco'. De acuerdo con la Fiscalía, este último se encargaba de controlar el dinero que dejaba la venta de droga y también habría ordenado varios de los homicidios.Los otros procesados son Jorge Antonio Ramírez López, Jhoan Sebastián Gaitán Castro, Andrés Felipe Cante Martínez, Lubin Andrés Rodríguez Lombana, Gerardo Palacios Molina, Joan Sebastián Ramírez Correal, Carlos Mario Polo Medina, Sebastián de la Hoz Díaz, José Israel Ordoñez Durán y Jhon Edixon López, quienes cumplirían roles como vendedores de droga y sicarios.Las autoridades también revelaron que la banda habría usado a menores de edad para transportar, vender y vigilar los puntos de expendio en la comuna. Ahora, los 12 implicados deberán responder ante un juez por delitos como homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y porte y tráfico ilegal de armas de fuego y municiones.
El cantante de música popular Yeison Jiménez, intérprete de éxitos como 'Bendecida', 'Porque la envidia' y 'Destino final', murió el pasado sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, departamento de Boyacá, cuando se movilizaba junto a su equipo de trabajo.En el siniestro perdieron la vida seis personas:Yeison Jiménez, cantante de música popular.Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo del artista.Óscar Marín, integrante del equipo del artista.Jefferson Osorio, integrante del equipo del artista.Weisman Mora, integrante del equipo del artista.De acuerdo con información confirmada por el Ministerio de Transporte: "El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible".Este domingo 11 de enero, Noticias Caracol habló con la familia de Yeison Jiménez desde Manzanares, Caldas, su ciudad natal. Allí, María Esneda Jiménez, tía del artista, expresó el profundo dolor que enluta a sus seres queridos.“Siempre estuvo pendiente no solo de nosotros, sino de mucha familia aquí en Manzanares. Muchos dependíamos de él. Para mí es muy duro saber que apenas hace un año él me regaló esta casa y que hoy ya no está con nosotros”, dijo.Entre lágrimas, agregó: “Donde quiera que él esté, que mi Diosito me lo tenga en un buen lugar. Él se lo merecía todo; era una excelente persona, un excelente ser humano, con un corazón inmenso”.
Momentos de pánico se vivieron en el municipio de Barbosa, Santander, cuando una atracción mecánica instalada en el marco de las ferias municipales sufrió una grave falla mientras se encontraba en funcionamiento.Según el reporte preliminar, el juego similar al conocido “martillo volador” tenía a bordo a más de 20 personas, cuando la estructura donde iban sentados se desprendió y cayó violentamente al piso, generando escenas de angustia entre los asistentes.Varios heridosComo consecuencia del accidente, una persona resultó con fracturas en diferentes partes del cuerpo, luego de que varias personas le cayeran encima durante el impacto. Además, ocho personas más registraron lesiones leves y fueron atendidas por los organismos de emergencia.El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barbosa, David Márquez, explicó que las personas lesionadas fueron atendidas de inmediato en el lugar de los hechos.“Con apoyo de la ambulancia de Bomberos, Defensa Civil y otros vehículos, trasladamos a los heridos al centro asistencial. Una persona resultó con fracturas, al parecer, porque varias personas le cayeron encima”, señaló el oficial.Asimismo, es importante resaltar que la atracción mecánica no contaba con certificación del Cuerpo de Bomberos para su funcionamiento. El comerciante responsable contaba con autorización de la alcaldía para operar durante las ferias ,sin embargo, hasta el momento se desconoce si disponía de las pólizas de seguridad exigidas, requisitos fundamentales para este tipo de actividades.Las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para establecer responsabilidades y evaluar los protocolos de control que se aplican a este tipo de atracciones en espacios públicos.
El programa del lunes festivo 12 de enero de 2026 en Blu Jeans contó con las siguientes secciones:En el Tema Central, se habló sobre los cuales han sido los momentos más difíciles que el ser humano ha vivido por lapsus mentales o falta de memoria. En La máquina de la verdad, se comentó sobre mitos y realidades de la vida, entre ellos, si el talento llega solo con tener éxito. Además, al finalizar, se abordaron algunas situaciones cotidianas que nos pasan a todos.
Las fuertes lluvias que se registran en diferentes municipios del departamento continúan generando emergencias. Seis integrantes de una misma familia, entre ellos varios niños, fueron rescatados tras quedar atrapados por una creciente súbita en el corregimiento de Vado Real, vereda Josef III, quebrada Supatá, sector Las Cascadas, jurisdicción del municipio de Suaita.El operativo de rescate fue liderado por la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de Suaita, con el apoyo de la Policía Nacional, funcionarios del Hospital Caicedo y Flórez y miembros de la comunidad, quienes lograron poner a salvo a la familia sin que se reportaran personas lesionadas.De acuerdo con Dudwing Villamizar, integrante de la Defensa Civil, la emergencia se presentó de manera repentina, debido al aumento del caudal de la quebrada.“Los integrantes de una misma familia, entre ellos niños, fueron sorprendidos por una creciente súbita. La rápida reacción de los organismos de socorro permitió adelantar el rescate de manera coordinada y evitar una tragedia”, señaló. El funcionario hizo un llamado a la comunidad para extremar las medidas de precaución ante las condiciones climáticas que se presentan en la región.“Este fin de semana ha estado marcado por fuertes lluvias. Es fundamental que las personas estén atentas al comportamiento de los afluentes y a las alertas de los organismos de emergencia. Estamos en permanente coordinación con los comités municipales de gestión del riesgo para prevenir pérdidas de vidas, especialmente durante actividades recreativas, ferias y el plan retorno, donde se han presentado situaciones de emergencia por desprendimientos de rocas y caída de árboles”, agregó Villamizar.Las autoridades reiteraron la recomendación de evitar acercarse a ríos y quebradas durante las lluvias y reportar cualquier situación de riesgo a los organismos de socorro.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció con relación a una posible negociación con las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' y la Segunda Marquetalia. El funcionario explicó que, en la nueva ley de la paz total, se aprobó un texto sin limitaciones que no excluye a ninguna organización, como lo planteó en algún punto el senador Humberto de la CallePor eso, según el funcionario, ya será en la caracterización que se deberá integrar una comisión para tal fin, la cual defina cómo pueden catalogarse esas organizaciones que han mostrado su interés por participar en estas negociaciones.“Como fue ampliamente conocido, hubo una propuesta por parte de Humberto de la Calle, para excluir a la Segunda Marquetalia y organizaciones que hubieran firmado los acuerdos de las Farc luego se hubieran retirado, los denominados desertores, pero no fue aprobado en el Congreso; por el contrario, se aprobó un texto sin limitaciones, en los que se prevé la negociación política con organizaciones al margen de la ley”, señaló Velásquez.El ministro de Defensa agregó que, como no están excluidos, habrá que definir luego de la caracterización, en qué términos se adelanta un proceso con la Segunda Marquetalia y la definición de las consecuencias. En concepto de Velásquez, se trata de procesos distintos que deben tener consecuencias diferentes, pero que hay que tener en cuenta que las disidencias no hicieron parte del proceso, no firmaron un acuerdo y en la caracterización también se mirará caso por caso para establecer quiénes firmaron y no cumplieron.Sobre el papel del Ministerio de Defensa en las negociaciones, Velásquez explicó que la cartera prestará una asesoría permanente al alto comisionado y al equipo negociador. El ministro dijo que si durante las negociaciones los grupos armados continúan con su actuar criminal no se quedarán de brazos cruzados.Finalmente, Velásquez aprovechó para referirse al anuncio de las disidencias en el que aseguraron que asesinarán a 300 militares. El ministro explicó que desarrollarán actividades de prevención y acción ante esta amenaza, con organismos de inteligencia se buscará establecer autoría y la identificación para proceder en contra de ellas.
Desde el año 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc, al menos 344 excombatientes han sido asesinados en diferentes zonas del país, según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. El año más grave fue el 2019, pues hubo 85 homicidios, mientras que el año con menos casos ha sido el 2017, cuando se registraron 39 homicidios, al igual que en en lo corrido del 2022, en donde se registran 25 casos."Cuando se analiza la espacialidad de los hechos, se encuentra que los departamentos donde se concentran la mayoría de los casos son Cauca (59), Nariño (42), Antioquia (36), Caquetá (34) y Putumayo (31). Así mismo, los municipios más afectados son Tumaco (18), Ituango (14), Puerto Asís (14) y Quibdó (10)", señala el informe.Debido a las condiciones de seguridad que tenían los excombatientes en el país, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP decretó medidas cautelares de protección colectiva."Antes de esta importante decisión, es decir, entre enero de 2017 y marzo de 2020 se presentaron 213 homicidios contra los reincorporados, después de dictar las medidas este número se redujo a 131 casos entre abril de 2020 y julio de 2022. Esto representa una disminución del 38% con respecto a ambos periodos de tiempo".Pero, en enero de 2022, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por la seguridad de los exfarc, es decir, que había fallas por parte de entidades del Estado en las medidas que se estaban tomando para proteger la vida de quienes firmaron el acuerdo de paz."Si se compara el trimestre de enero a marzo para todos los años desde la firma del acuerdo de paz, se puede encontrar que el trimestre de 2022 fue el segundo donde menos homicidios se presentaron. De hecho, con respecto al trimestre de 2021 los casos disminuyeron 29%".Le puede interesar:
Desde hace algunos meses algunos grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y otras estructuras armadas han decretado un cese al fuego unilateral, con el objetivo de mostrar su voluntad de paz de cara a un eventual diálogo con el Gobierno nacional, pues el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ha asegurado que quienes quieran entablar un diálogo o someterse a la justicia deben dejar de asesinar, torturar y desaparecer para empezar la fase exploratoria.El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) ha hecho un seguimiento al tema y asegura que en octubre se presentaron 15 violaciones al cese al fuego.“Nueve acciones ofensivas y seis combates. Las acciones violentas ocurrieron en Arauca, Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Atlántico, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo”, se lee en el informe.En 10 de esas acciones murieron cuatro civiles, dos soldados y cinco disidentes de las Farc, pero también se presentaron 17 acciones ofensivas que no han sido atribuidas a ningún grupo armado, en las cuales murieron nueve civiles.“En octubre, Cerac registró 15 operaciones de la fuerza pública contra los grupos que se han plegado al cese el fuego autoimpuesto, 12 de ellas contra el Clan del Golfo y tres contra los grupos pos-Farc Dagoberto Ramos, Jorge Briceño y frente primero”, señala el informe.En total, en octubre se presentó el confinamiento de 8.700 personas debido a las acciones violentas de los grupos armados, en los departamentos de Arauca y Antioquia.
Uno de los temas clave en la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, fue el papel de Venezuela en la reanudación de diálogos con la guerrilla del ELN.Una de las posibilidades que se baraja es que las conversaciones de paz comiencen después del 15 de noviembre en Caracas, una vez el gobierno y el ELN definan sus equipos de representantes y de negociadores de paz.Según pudo establecer Blu Radio, el equipo negociador del Gobierno en estos diálogos contará con militares activos, empresarios, líderes sociales, entre otras personalidades.En este momento el ELN se encuentra en consultas con sus frentes en Colombia, para redefinir su equipo de negociadores, cuyo número podría ser mucho mayor que en el pasado intento de diálogos con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.A finales de septiembre, la administración de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN anunciaron el restablecimiento de diálogos de paz, a partir de noviembre, con una metodología de "sedes rotativas", posiblemente entre los países garantes de las negociaciones: Cuba, Noruega y Venezuela.Gustavo Petro, exintegrante de la desmovilizada guerrilla del M-19 y primer presidente izquierdista del país, reactivó los contactos con el ELN una vez se posesionó. Las negociaciones fueron interrumpidas en 2019 por el gobierno de Iván Duque, luego de un atentado con carro bomba en contra de la escuela de cadetes de la Policía General Santander, en Bogotá, que mató a 22 personas.En días pasados, Iván Velásquez, ministro de Defensa, dijo que la experiencia de los militares ayudará a que los acuerdos que se logren con la guerrilla del ELN sean duraderos. Afirmó que quienes estén en las negociaciones deberán ser militares activos.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y por qué la alcaldesa Claudia López no asume su responsabilidad por la situación crítica de Bogotá:
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.