El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, atraviesa su momento más crítico tras un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública. Según el funcionario, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el cabecilla estaría recurriendo a otros carteles del narcotráfico para evitar ser capturado o neutralizado.“Alias 'Mordisco' ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, afirmó el ministro, al referirse al impacto de las operaciones desplegadas en distintas regiones del país contra su estructura criminal.Sánchez reiteró que la persecución contra ‘Iván Mordisco’ no se detendrá y recordó que el Gobierno mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. “Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, subrayó, dejando claro que se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado.En un tono contundente, el ministro describió el historial criminal del cabecilla, al asegurar que su nombre quedará marcado como uno de los más violentos del conflicto armado y del narcotráfico. “Alias 'Mordisco' pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”, señaló.El jefe de la cartera de Defensa insistió en que, pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal. “Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico”, dijo, al advertir que incluso las disputas y alianzas entre grupos armados ilegales giran alrededor de ese negocio ilícito. En ese contexto, explicó que “mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, demostrando, según él, que el narcotráfico es el eje de sus decisiones.Sánchez también envió un mensaje directo a ‘Iván Mordisco’ y a quienes integran su organización, invitándolos a abandonar las armas antes de ser capturados. “La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, afirmó.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a este cabecilla y desarticular su red criminal. “Denuncien llamando al 107 o al 157”, pidió, al concluir que el narcotráfico no solo une a estos grupos, sino que “también los lleva a la autodestrucción”.
El cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ reapareció en un vídeo en el que le hace un llamado al ELN, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que hagan una alianza criminal, lo anterior, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares”, señala en el video alias ‘Iván Mordisco’.Es importante recordar que, según información de inteligencia, la operación de Estados Unidos en Venezuela ha llevado a algunos cabecillas de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia a huir del vecino país, en donde se refugiaban bajo el auspicio del régimen de Maduro.Venezuela también ha sido país garante en las negociaciones de paz que ha adelantado el Gobierno nacional con diferentes grupos armados, como la Segunda Marquetalia y el ELN.Actualmente la Segunda Marquetalia es comandada por alias 'Iván Márquez', cuya última aparición fue justamente en Caracas.Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia que actualmente está en negociaciones de paz con el Gobierno.
Un conjunto de documentos de inteligencia internacional y territorial revela con detalle la arquitectura clandestina que sostiene la presencia del ELN y las redes del narcotráfico en el estado Zulia, Venezuela. Lejos de ser asentamientos improvisados, las bases guerrilleras y las pistas aéreas ilegales responden a una lógica estratégica que combina geografía, ocultamiento y conectividad fluvial.El análisis identifica al menos diez zonas clave de asentamiento del ELN ubicadas en la franja Catatumbo–Zulia y en los piedemontes de la Serranía de Perijá. Se trata de territorios dominados por planicies inundables, selvas húmedas, marismas y corredores ribereños, entornos que ofrecen protección natural, abundancia de agua y una movilidad silenciosa a través de ríos y caños.Estas áreas, como Encontrados, Udón Pérez, Valderrama o Machiques de Perijá, presentan un patrón recurrente: baja densidad poblacional, escasa presencia estatal y múltiples rutas de aproximación secundarias, lo que dificulta la detección aérea y terrestre. En varios puntos, la vegetación densa y los obstáculos por inundación actúan como barreras naturales frente a operativos convencionales.En paralelo, los documentos detallan al menos diez pistas aéreas irregulares utilizadas para el narcotráfico, con longitudes que oscilan entre 1.300 y 2.300 metros, suficientes para aeronaves ligeras cargadas con droga o insumos ilícitos. Estas pistas se encuentran estratégicamente alineadas con riberas, planicies aluviales y claros rectilíneos en medio del bosque, muchas de ellas conectadas por trochas o canales fluviales.Llama la atención la superposición geográfica entre las zonas de presencia del ELN y las pistas clandestinas. Municipios como Jesús María Semprún, Catatumbo y Rosario de Perijá aparecen de forma reiterada, lo que refuerza la hipótesis de coexistencia operativa o acuerdos funcionales entre estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.La orientación de las pistas, la baja huella nocturna y el acceso anfibio en varios sectores evidencian una planificación técnica orientada a evadir radares, patrullajes y controles fronterizos. No se trata solo de esconderse, sino de garantizar flujos constantes de movilidad, abastecimiento y salida de cargamentos.En conjunto, los documentos pintan un mapa preciso de cómo la criminalidad organizada ha convertido el sur y occidente del Zulia en un santuario logístico, donde la selva, el agua y la geografía no son obstáculos, sino aliados estratégicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
Las fuertes lluvias ocasionaron el bloqueo de varios puntos en la vía al mar que conecta a Buenaventura con Cali, generando congestión vehicular en la zona durante el plan retorno de este lunes festivo 12 de enero de 2026.De acuerdo con las autoridades, se presenta cierre total en el kilómetro 12, metros antes del CAI El Saladito, por la caída de un árbol de gran tamaño sobre la vía, así como en el kilómetro 11, donde se registró un deslizamiento de piedras y material rocoso.“La Secretaría de Movilidad informa que, debido a las fuertes lluvias, se presentan afectaciones en la vía al mar con cierres parciales y totales. Se recomienda a todos los conductores circular con extrema precaución y planificar su recorrido utilizando aplicaciones como Waze”, señala un comunicado emitido por la Secretaría de Movilidad de Cali.Ante esta situación, las autoridades habilitaron pasos por otros sectores para evitar que más vehículos queden atrapados en los bloqueos, por lo que solicitan tomar vías alternas.“Quienes vienen de Buenaventura deben tomar Media Canoa hacia Buga, y quienes llegan al kilómetro18, la vía al corregimiento de Golondrinas y La Paz para salir al Spíwak”, indicó la dependencia de movilidad.Otros puntos afectados son la avenida 6 Oeste con calle 46A Oeste, sector El Molino, por árboles sobre la vía, así como el kilómetro 30, donde se presenta un deslizamiento. En todos estos sectores hay agentes de tránsito regulando la movilidad.
Un pensionado de la Policía Nacional, identificado como Jimmy Leonardo Vargas Briceño, de 43 años, resultó herido con arma de fuego durante un violento asalto registrado hacia las 2:00 de la madrugada de este lunes 12 de enero de 2026, en el barrio Alfonso López, en Bucaramanga.De acuerdo con la información suministrada por la esposa de la víctima, Vargas Briceño se movilizaba en motocicleta y estaba llegando a su lugar de residencia, cuando fue interceptado por dos hombres armados que lo venían siguiendo y lo interceptaron en el garaje de la casaAl oponer resistencia para evitar que le hurtaran otros elementos de valor, uno de los agresores accionó el arma de fuego en dos oportunidades, hiriéndolo de gravedad, alcanzaron a llevarse 300.000 pesos.Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar en una motocicleta de color negro con rumbo desconocido.El pensionado fue auxiliado inicialmente por su esposa y trasladado de urgencia a la Clínica de la Policía Nacional (CLIPO), donde recibió atención médica inmediata. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido, posteriormente, al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde permanece bajo observación médica y su estado de salud es estable, según el más reciente parte médico.Unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga adelantan las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del ataque, apoyándose en testimonios y en la revisión de cámaras de seguridad del sector.El hecho vuelve a generar preocupación entre los habitantes del barrio Alfonso López, quienes insisten en la necesidad de reforzar la presencia de las autoridades ante el aumento de los hechos de inseguridad.
El país se encuentra conmocionado tras el trágico fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrido el pasado sábado 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, Boyacá. El siniestro se registró cerca de las 4:00 de la tarde cuando la aeronave en la que viajaba el artista, junto a otros cinco integrantes de su equipo, perdió potencia poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón, impactando a aproximadamente una milla de la pista. Entre las víctimas mortales se encuentran, además del intérprete de 'Destino final', su mánager Jefferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora, dos colaboradores más y el piloto de la avioneta, el capitán Hernando Torres.En un video que se ha hecho viral en redes sociales se puede observar al artista en una tienda junto a tres integrantes de su grupo fuera del municipio minutos antes del siniestro que cobró con su vida. La grabación de cámaras de seguridad del lugar, con hora en las 2:18 de la tarde, muestra al cantante vestido de blanco, sonriente y sosteniendo una conversación con la dueña del local. Además, se escucha cómo le dice a la mujer “¿Cuál es el mejor queso campesino?”.Este video es el último rastro del artista con vida antes del accidente. Este es el video:Según los reportes del Ministerio de Transporte, las autoridades han establecido tres líneas de investigación prioritarias para esclarecer el accidente: el componente operacional y meteorológico, el estado técnico y de mantenimiento de la aeronave, y los factores humanos vinculados al piloto. Testigos en la zona relataron que tras un intento de giro para regresar a la pista, la avioneta impactó contra el suelo, sufriendo una fractura en la cola y dos explosiones consecutivas debido a residuos de combustible. Por su parte, la Fiscalía General ya inició una indagación formal para determinar las causas exactas del siniestro que dejó la aeronave totalmente calcinada.Mientras miles de seguidores se congregaron en puntos emblemáticos como el estadio El Campín para rendir homenajes, se confirmó que las honras fúnebres de Yeison Jiménez se realizarán el martes 13 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.
Con música del artista de fondo y, en medio de un ambiente cargado de emociones, el artista santandereano Jorge Hernández realizó un mural en homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez, en el barrio Toledo Plata, como muestra de respeto, solidaridad y memoria para su familia y seguidores.La obra fue plasmada en el proyecto cultural del sector conocido como “Callarte”, un corredor artístico de más de 400 metros de longitud, donde se destacan murales dedicados a figuras que han dejado huella en la historia musical y cultural, como Egidio Cuadrado, Diomedes Díaz y Martín Elías.El mural de Yeison Jiménez, elaborado en acrílico, mide más de cinco metros de alto por tres metros y medio de ancho. Los trabajos iniciaron hacia las 5:30 de la tarde y se extendieron hasta las 11:30 de la noche, con el acompañamiento constante de la comunidad del sector.Hernández explicó que esta obra no solo busca exaltar el legado artístico del cantante, sino también brindar un espacio de encuentro para quienes lo siguieron y admiraron.“A su familia, a sus hijos, a su esposa y a sus padres, les expreso mi más sentido pésame por el fallecimiento del cantante, quien partió a los 34 años. Le pido a Dios que les conceda fortaleza para afrontar este momento tan difícil. Con respeto y amor realizamos desde acá este mural para enviarles un mensaje de unión y esperanza, y también para brindarle a la comunidad un espacio donde puedan recordarlo, ya que él visitaba frecuentemente la ciudad. En el barrio nos gusta plasmar este tipo de murales que conservan la memoria de quienes dejan huella”, expresó el artista.El proyecto “Callarte” nació durante la pandemia y se ha convertido en un símbolo de transformación cultural del barrio Toledo Plata, consolidando el arte urbano como un punto de encuentro para la memoria colectiva y el reconocimiento de quienes marcaron generaciones.
Las alertas por el incremento de homicidios en Antioquia también se trasladan a la ciudad de Medellín, pues dos hombres fueron asesinados en medio de aparentes agresiones con objetos cortopunzantes.El primer caso se registró en el barrio Boston, centro de la ciudad, donde dos hombres que transitaban por la calle 55 con carrera 37 apuñalaron sin mediar palabra a otro que sería habitante de calle, entre los 30 y 35 años de edad y aún por identificar, para, posteriormente, huir de la zona.Gracias al seguimiento de cámaras de seguridad y la información aportada por residentes del lugar pocos minutos después los victimarios fueron requeridos por la Policía para su respectiva judicialización.En el segundo caso la víctima fue identificada como Geider Andrés Santana, de 25 años de edad, quien fue agredido durante una riña mientras departía con otras personas en el barrio Belén.Santana junto a otro hombre herido fueron trasladados a la unidad de Metrosalud de la zona, sin embargo, el primero falleció por la gravedad de las lesiones. Un presunto responsable del hecho fue capturado con un cuchillo, elemento que servirá como material probatorio dentro de las investigaciones que ya avanzan.Con esos casos ya son 14 las personas asesinadas en los primeros 11 días de 2026, tres casos más que los reportados en el mismo periodo del año anterior. Del total de hechos violentos cinco han sido registrados como producto de riñas o situaciones de convivencia.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
En medio de las definiciones que se están haciendo sobre el mecanismo de negociación hacia la “paz total”, el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en que el máximo cabecilla de la estructura autodenominada Segunda Marquetalia, alias ‘Iván Márquez’, fue víctima de una estrategia de entrampamiento para destruir el acuerdo con las Farc.El Gobierno tiene como sustento para defender esa teoría, las pruebas que reveló el presidente Petro mientras se desempeñó como senador, según las cuales hubo una estrategia conjunta de la DEA y de algunos funcionarios del Estado colombiano, para facilitar el pedido de extradición de alias ‘Jesús Santrich’ al vincularlo con negocios de narcotráfico.Esta definición es clave para el futuro de una eventual negociación política con ‘Iván Márquez’, quien, según se supo, permanece en territorio venezolano en delicado estado de salud, luego de haber sufrido un atentado en su contra.Tras hacer análisis de inteligencia y de la situación, para el Gobierno colombiano prácticamente desapareció la estructura armada de ‘Iván Márquez’, tras haber sido abatidos sus máximos jefes como alias ‘El Paisa’, ‘Romaña’ y ‘Jesús Santrich’.Sobre las disidencias de las Farc, grupo cuyo cabecilla actual es alias ‘Iván Mordisco’, el gobierno de Nicolás Maduro asegura que tienen tratamiento de enemigos en Venezuela y como tal, han sido combatidas por las fuerzas armadas venezolanas.Sobre la intención de incluir en la paz total a grupos de narcotraficantes, el presidente Gustavo Petro ha recibido múltiples cartas de los jefes de esas estructuras criminales, anunciando su intención de sumarse a esa iniciativa.El Gobierno decidió dividir en dos grupos el avance de la paz total: uno con grupos que tuvieron origen político como el ELN y los otros que tuvieron origen en la ilegalidad, particularmente en el microtráfico y en el narcotráfico.En el caso de los grupos que no tienen origen político, se les aplicará la ley de sometimiento, que en cualquier caso será colectivo, avalado por la Fiscalía y los jueces, siempre y cuando cumplan con los principios de verdad, justicia y reparación.Sobre uno de los puntos más controvertidos, el Gobierno sigue evaluando una propuesta que contempla la posibilidad de dejar en manos de los jefes de las bandas criminales, hasta el 10% de la totalidad de bienes adquiridos con dineros de origen ilícito.Paz totalDesde su llegada a la Presidencia el pasado 7 de agosto, el presidente Petro ha impulsado la "paz total", una ambiciosa apuesta con la que busca sentarse a negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las Farc, que incluya algún tipo de acuerdo jurídico o de sometimiento a la Justicia.La legislación, hasta la aprobación del proyecto de la "paz total", solo permitía retomar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ya que los protocolos de negociación ya estaban firmados por el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), por lo que el proyecto de ley aprobado este miércoles era una de las prioridades del Congreso controlado por el oficialismo.
Este martes se reúnen en Caracas (Venezuela) el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo, Nicolás Maduro, en el primer encuentro entre ambos mandatarios desde que el jefe de Estado colombiano asumió el máximo cargo en el Ejecutivo.Allí discutirán sobre las relaciones bilaterales de los dos países, la reapertura de la frontera y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos y la relación bilateral entre ambos países. Sin embargo, también hablarán sobre el proceso de paz total que adelanta el gobierno Petro y los diálogos que reiniciarán este mes con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).Carlos Velandia fue guerrillero del ELN, ha sido gestor de paz y se refirió a las implicaciones que tiene la participación de Venezuela como garante de los diálogos con este grupo armado ilegal. En un primer momento aseguró que es determinante que el vecino país participe en los diálogos debido a la situación que se vive en la zona frontera."El 70% del ELN y de su fuerza global están recostados sobre la frontera; allí en territorio venezolano hay guerrilleros del ELN defendiendo la revolución bolivariana la cual asumen como propia, de modo que Venezuela no solamente va a cumplir un papel de acompañante o garante, sino en cierta forma también es parte en este conflicto, de modo que tiene intereses en que el conflicto se resuelva", dijo Velandia.No obstante, el excombatiente advirtió que el conflicto es entre colombianos y debe resolverse entre colombianos, pero que a Venezuela le corresponde también una parte importante, especialmente porque en ese territorio hay presencia de la guerrilla. Por eso es que Velandia también considera que el papel del vecino país no solo será esencial en los diálogos con el ELN, sino en el proceso de paz total, pues hay otros grupos que delinquen en zona de frontera."Los dos gobiernos tendrán que avocarse a resolver los problemas comunes que tienen sobre todo a lo largo de la frontera, que es un problema grave y serio porque hay cuatro crisis humanitarias; la de la pandemia, la encrucijada de violencia porque allí están todos los grupos armados violentos, también hay hambre y pobreza y el impacto de la migración en masa", señaló.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y por qué la alcaldesa Claudia López no asume su responsabilidad por la situación de Bogotá:
Humberto López, representante de la Unión Nacional Unitaria Agropecuaria, se refirió en Mañanas Blu acerca de la entrega de la finca Támesis, de 590 hectáreas, la cual operó como uno de los mayores centros del accionar paramilitar de las Autodefensas Unidas Campesinas (AUC) de la familia Castaño. "Tiene una historia muy grande a partir de los años noventa. Támesis era un centro de acopio paramilitar. Los Castaño hacían allí fiestas, inclusive puede haber fosas comunes en ese territorio. Ese era uno de los epicentros de las Autodefensas donde descansaban", sostuvo López. De acuerdo con el vocero, Támesis llevaba bastantes años en extinción de dominio y solo hasta el actual Gobierno se entregó a víctimas. "Támesis hace rato que la tenían ahí en extinción de dominio, ahora que llegó este Gobierno de Petro se la están dando a los campesinos. Inclusive, el mismo Estado la tenía arrendada a terceros. No recuerdo el nombre, pero creo que la tenían arrendada para particulares que la utilizaban para la ganadería", sostuvo López. Según López, no tiene claridad sobre si la entidad que tenía la hacienda Támesis en arriendo era la Fiscalía o la Sociedad de Activos Especiales (SAE). "El presidente lo que hizo fue una entrega ese día, la finca en general, pero no hay quien haga divisiones, eso lo tiene que hacer Fensuagro. No sabemos, para las organizaciones que hay, cómo se va a dividir. Entregaron la finca, pero no se ha repartido", indicó López. El representante de la Unión Unitaria Agropecuaria, dijo que aspira a recibir tierra, pero no en la hacienda Támesis, porque estas se priorizarán para mujeres cabeza de familia. "Estoy dentro del asentamiento, del humedal Berlín. Lo cierto es que vamos a ser reubicados", señaló. Acerca del bien recuperado de la mafia y que fue entregado a familias campesinas, el presidente Gustavo Petro aclaró que no se trata de limosnas. "Esto que estamos haciendo aquí es una política social completamente diferente. No estamos entregando una limosna. Estamos entregando el control de uno de los principales activos de la Nación, que es la tierra. La tierra es un instrumento de producción", indicó el mandatario durante el acto de entrega.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, en diálogo con Blu Radio, explicó que el proyecto de paz total, aprobado anoche en el Congreso de la República, contempla dos posibilidades: negociaciones políticas con grupos al margen de la ley, al estilo del que se hizo con las Farc, y acercamiento con estructuras armadas organizadas para el acogimiento a la justicia, sin diálogo político.El ministro manifestó que un equipo de diálogo, encabezado por el presidente de la República, será el que determine qué tipo de tratamiento se le dará a cada organización armada.“No personalizamos, nuestro problema no se llama ‘Iván Márquez’, sino la violencia. La ley crea una comisión, que la integrará el ministro de defensa, el director de inteligencia y el alto comisionado para la paz, orientada por el presidente de la República. (...) Si es una organización criminal, deberá avanzar al sometimiento por la vía judicial. Si le reconocemos el estatus político avanzará hacia el diálogo político y al acuerdo de paz", dijo.A la pregunta de si las disidencias de las Farc pueden tener tratamiento político, el ministro respondió que sí: “Lo pueden tener. Claramente lo pueden tener (tratamiento político). Hay alguna probabilidad de que reúnan los requisitos. (quién toma la decisión) es la comisión de alto nivel y finalmente el presidente de la República”.El ministro manifestó que el Congreso no cerró la puerta a ningún diálogo que permita pacificar territorios enteros y, por esa razón, no da lo mismo cumplir o no un proceso de paz, como es el cado de ‘Iván Márquez’. Sin embargo, aclaró que no se puede negociar en condiciones iguales con quien ha traicionado un proceso de paz.¿Qué pasará con ‘Iván Márquez’?Al respecto, el ministro explicó que el proyecto no personaliza sobre casos en particular, como el del exnegociador de paz de las Farc en La Habana, pues lo que realmente importa es la pacificación de los territorios.“Nosotros no personalizamos. Nuestro problema no se llama ‘Iván Márquez’, para ser claros, sino las organizaciones que están operando en los territorios, que pueden tener un mando allí, pero que obedecen a procesos que no queremos ignorar porque ignorarlos es someter a estas regiones a un baño de sangre más, como ocurrió con las Farc por 50 años”, puntualizó.Prada fue enfático en señalar que los acuerdos de paz con las Farc no se “tocarán”, se respetarán y que el compromiso del Gobierno es cumplirlos, pues, en virtud de que son una política de Estado.“Cuando incorporamos el concepto de paz total, como paz de Estado, es respetar el entorno de lo que allí se decidió. Nuestro compromiso es cumplirlos. Quedan vinculados a los planes de desarrollo”, puntualizó.Prada manifestó que no habrá impunidad, sino por el contrario, estos procesos incluyen justicia transicional.
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.