Aunque Colombia avanza en sus esfuerzos de construcción de paz, la violencia armada sigue afectando de forma grave a las comunidades rurales, étnicas y campesinas. Así lo advierte el Informe Periódico 39 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que analiza la situación del país entre enero y junio de 2025.Durante ese semestre, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, donde constató crisis humanitarias en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, marcadas por desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental de la población civil. En el informe se advierte, además, que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste, mientras grupos armados emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, especialmente en zonas con baja presencia estatal.El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, subrayó que estas dinámicas profundizan la polarización social y la desconfianza institucional, y llamó al Estado colombiano a fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar la paz y la seguridad de las comunidades. “Proteger a la población civil no es una medida de contingencia, sino una obligación ética y política de todos los Estados del hemisferio”, enfatizó.El informe también alerta sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, en especial tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y exhorta a las autoridades a garantizar unas elecciones libres de violencia y de participación segura. La Misión recordó que un proceso electoral transparente y pacífico es una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.En cuanto a los avances, el documento resalta el impulso a los diálogos de paz con grupos armados urbanos y rurales, la implementación del Acuerdo Final de 2016, la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y la puesta en marcha del programa RenHacemos, orientado a sustituir cultivos de coca por proyectos productivos. Asimismo, reconoce la aprobación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir la violencia política contra las mujeres.De cara a 2026, la MAPP/OEA invita a preservar los logros alcanzados y revisar con espíritu crítico los retos pendientes, reforzando la acción institucional para transformar las condiciones que perpetúan la violencia.El trabajo de la Misión cuenta con el apoyo político y financiero de países como Alemania, Canadá, España, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Suecia, entre otros, que integran el Fondo Canasta.
La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó que el general Huertas será llamado nuevamente a dar versión voluntaria en el marco de la investigación por presuntas ejecuciones extrajudiciales. En una audiencia anterior en Granada, varios militares bajo su mando afirmaron que Huertas conocía e incluso habría dado instrucciones relacionadas con estos hechos.La JEP explicó que esta convocatoria es obligatoria, ya que su jurisdicción es competente para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por antiguos miembros del Ejército como de la extinta guerrilla de las Farc. No se requiere ningún acto adicional de suscripción para investigar a Huertas, quien permanece vinculado al proceso.El nombre del general también ha surgido en investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con la estructura de alias Calarcá, según comunicaciones y documentos recopilados por las autoridades. La nueva citación busca esclarecer su responsabilidad en los falsos positivos ocurridos durante su periodo como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez.La fecha exacta para la nueva versión voluntaria aún está en evaluación, y la JEP insiste en que todos los involucrados en crímenes del conflicto deben someterse a esta justicia para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo crítica, según Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Durante su visita del 1 al 4 de diciembre, Campbell pudo constatar altos riesgos para los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayuu, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.La alerta de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta se debe a la expansión de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Sus operativos incrementan la violencia, el desplazamiento forzado y los riesgos para líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estas organizaciones no estatales ejercen control territorial, imponen restricciones a la movilidad y amenazan a quienes defienden derechos humanos, ambientales y colectivos, generando un clima de miedo e inseguridad en toda la región.El representante de la ONU denunció asesinatos recientes y atentados contra defensores de derechos humanos. Entre ellos, la muerte de Elizabeth Mojica, profesora y defensora de mujeres, niñas y niños, el 30 de noviembre, y el atentado contra Misael Socarrás, líder ambiental de la comunidad Wayuu, ocurrido el 12 de diciembre. Campbell instó al Estado a investigar, sancionar a los responsables y reforzar la protección de la población civil.Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en 2025 se han documentado cuatro masacres y ocho homicidios de defensores en municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. “La población sufre y teme por su vida ante la acción de grupos armados no estatales y la falta de protección estatal”, indicó Campbell.El representante advirtió sobre las graves violencias contra mujeres indígenas, incluyendo violencia sexual y de género, y urgió la creación de Casas de la Mujer en Cesar, Magdalena y La Guajira, con recursos suficientes para atender a las víctimas. También enfatizó la necesidad de proteger a la niñez del reclutamiento forzado por grupos armados, recordando que se trata de un crimen de guerra.Campbell destacó la labor del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General y recomendó su fortalecimiento y expansión a los tres departamentos de la Sierra Nevada. Asimismo, hizo un llamado a respetar los derechos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y a garantizar la consulta previa, libre e informada.El representante de la ONU reiteró la urgencia de implementar integralmente la Alerta Temprana 020 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 2 de diciembre, que identifica factores de riesgo y emite recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos.Durante su misión, Campbell se reunió con autoridades civiles y militares, líderes ambientales, mujeres indígenas, representantes de consejos comunitarios afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos. La misión contó con el acompañamiento de las embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos.ONU Derechos Humanos reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, documentar violaciones, brindar asesoría técnica y exigir al Estado mayores garantías de protección para la vida y los derechos de estas poblaciones.
A esta hora el presidente Gustavo Petro tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de la mesa de negociación de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, proceso que atraviesa su momento más crítico tras la reciente inclusión de ese grupo armado en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.El jefe de la delegación gubernamental, Álvaro Jiménez, se encuentra a la espera de una comunicación y una reunión directa con el mandatario para definir si las conversaciones continúan o si se abre un nuevo escenario de revisión frente al impacto jurídico y político que tiene esta designación internacional.Las negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo —también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia— se adelantan desde septiembre de 2025 en Doha, Catar, con acompañamiento de representantes internacionales y organismos humanitarios. En el más reciente ciclo, concluido el 5 de diciembre, las partes habían logrado acuerdos preliminares sobre las zonas de ubicación temporal, donde se ubicarían los integrantes de la organización como parte de un eventual proceso de desarme y sometimiento colectivo.Sin embargo, la decisión de Estados Unidos de incluir al Clan del Golfo y a varios de sus líderes en la Lista Clinton, bajo señalamientos de narcotráfico y lavado de activos, ha generado incertidumbre sobre la continuidad del proceso, e incluso podría afectar los alivios jurídicos otorgados a los miembros que actúan como negociadores en el exterior.Actualmente, varios de esos representantes se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos, con órdenes de captura suspendidas temporalmente, en virtud del acuerdo humanitario que permitió su participación en los diálogos. Ahora, la Casa de Nariño evalúa los alcances legales y diplomáticos de la medida norteamericana y los efectos que podría tener sobre los compromisos adquiridos en la mesa.La comunidad internacional y los acompañantes del proceso han insistido en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo, advirtiendo que una ruptura abrupta podría agravar la crisis humanitaria en regiones donde el Clan del Golfo mantiene control territorial.El país está a la expectativa de la decisión que adopte el presidente Petro en las próximas horas, decisión que podría marcar el rumbo del proceso de paz más complejo que enfrenta actualmente su gobierno.
Unos 18 petroleros bajo sanciones de Washington, completamente cargados de petróleo, se encuentran en aguas venezolanas y están siendo monitoreados por Estados Unidos, indicó este miércoles el digital Axios.Ocho de esos navíos están clasificados como buques de carga de gran tamaño, similares al Skipper, que fue incautado por Washington la semana pasada.Axios recalcó que el Gobierno de Donald Trump planea decomisar esos petroleros si llegan a adentrarse en aguas internacionales.El líder republicano estadounidense ordenó el martes "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro.En su mensaje en su red social, Truth Social, Trump advirtió que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y subrayó que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.La semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos, que desde septiembre ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo una orden judicial.Para Venezuela, el anuncio de Trump del martes se trató de una "grotesca amenaza". La Administración de Maduro consideró en un comunicado que el Ejecutivo estadounidense "pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval" con el objetivo de "robarse las riquezas" venezolanas.
La suerte volvió a tocar la puerta de miles de colombianos con la realización del sorteo número 3132 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, llevado a cabo el martes 16 de diciembre de 2025. Este reconocido juego de azar no solo destacó por sus premios, sino también por su aporte a causas humanitarias en todo el país, uno de los valores que lo distingue dentro del panorama de las loterías nacionales.Premio mayor del sorteo 3132El número ganador del Premio Mayor, por un total de $8.000 millones, fue el 9934 de la serie 019. El afortunado ganador se convierte así en uno de los nuevos millonarios del país gracias a este reconocido sorteo.Premios secos de la Lotería de la Cruz RojaAdemás del premio principal, el sorteo 3132 repartió múltiples Premios Secos en distintas categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los participantes.Seco de $200 millones5319 – Serie: 080Seco de $100 millones4793 – Serie: 278Secos de $50 millones0112 – Serie: 0263703 – Serie: 318Secos de $30 millones8452 – Serie: 2605867 – Serie: 0874532 – Serie: 0174352 – Serie: 0461857 – Serie: 0835212 – Serie: 309Secos de $20 millones9610 – Serie: 0193046 – Serie: 0873541 – Serie: 2807893 – Serie: 2720521 – Serie: 0001773 – Serie: 2349590 – Serie: 0069648 – Serie: 3041793 – Serie: 2637578 – Serie: 3159831 – Serie: 2743277 – Serie: 2691879 – Serie: 2899202 – Serie: 1607088 – Serie: 169Secos de $10 millones1176 – Serie: 1729947 – Serie: 1847472 – Serie: 3087261 – Serie: 0585830 – Serie: 3003381 – Serie: 2612907 – Serie: 0797541 – Serie: 1750229 – Serie: 2408306 – Serie: 0226913 – Serie: 2476128 – Serie: 1904961 – Serie: 0638545 – Serie: 1661240 – Serie: 1083048 – Serie: 0633048 – Serie: 2073319 – Serie: 1313450 – Serie: 2377699 – Serie: 163La entidad también difundió una imagen oficial con el listado completo de resultados, lo que facilita la verificación rápida y segura por parte de los jugadores.Dónde consultar los resultados oficialesLos resultados de la Lotería de la Cruz Roja se publican todos los martes entre 10:30 p. m. y 11:00 p. m., a través de los siguientes canales oficiales:Canal UnoPágina web oficial de la Lotería de la Cruz RojaRedes sociales oficialesLínea telefónica: (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100Para validar un billete, es fundamental comparar correctamente el número y la serie con la información divulgada por estos medios autorizados.Cómo reclamar los premiosPremio MayorDebe reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá, ubicada en:Avenida carrera 68 No. 68 B-31.Premios secosPueden cobrarse tanto en los puntos de venta autorizados como en la sede principal.Documentos requeridosBillete o fracción original en buen estadoCédula de ciudadanía vigentePlazo para reclamarLos premios deben reclamarse dentro de un plazo máximo de 30 días calendario, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.Deducciones legales del premio mayorEl ganador del Premio Mayor debe tener en cuenta los descuentos legales vigentes:Impuesto a ganadores (17 %): aproximadamente $1.190 millonesRetención en la fuente (20 %): aplicada según la base establecida por la DIANTras estas deducciones, el monto neto estimado que recibirá el ganador será de $4.648 millones, una cifra que sigue representando un cambio significativo en la vida del afortunado ganador.
El exgerente del depósito de cadáveres de la prestigiosa Harvard Medical School fue condenado el martes a ocho años de prisión por robar y vender restos humanos donados para la investigación científica, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.Cedric Lodge, de 58 años, se declaró culpable en mayo de traficar con restos humanos robados, que incluían órganos internos, cerebros, piel, manos, rostros y cabezas disecadas, entre 2018 y, al menos, marzo de 2020.Harvard lo despidió de la universidad en mayo de 2023. Lodge y su esposa, Denise, trasladaban los restos humanos desde la escuela de medicina, cerca de Boston, hasta su domicilio en Goffstown (Nueva Hampshire), así como a otros lugares en Massachusetts y Pensilvania.Luego los enviaban a compradores en otros estados "sin el conocimiento ni el permiso de su empleador, del donante o de la familia del donante", según los investigadores. Denise Lodge, de 65 años, fue condenada a un año de prisión, informó el Departamento de Justicia en un comunicado."La sentencia de hoy es otro paso adelante para garantizar que quienes planearon y ejecutaron este crimen atroz sean llevados ante la justicia", declaró Wayne A. Jacobs, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Filadelfia.El Departamento de Justicia indicó que muchos de los restos humanos vendidos por Lodge fueron posteriormente revendidos con fines de lucro. Varios de esos compradores ya han sido condenados a prisión o están a la espera de sentencia, según el comunicado.
Arancel es la palabra de este año 2025 para la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE).La elección de arancel como palabra del año se anunció este miércoles durante el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de FundéuRAE, institución dedicada a impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, un encuentro que presidido por la reina de España, Letizia.El sustantivo arancel, usado para referirse a las tarifas impuestas a las importaciones, ha estado en el centro de muchas conversaciones a lo largo del año debido a las negociaciones e imposiciones comerciales con otros países promovidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Las otras once finalistas fueron apagón, macroincendio, preparacionista, boicot, dron, generación Z, macrorredada, rearme, papa, tierras raras y trumpismo. EFE
Un nuevo hecho de violencia de género sacudió al municipio de Soacha, vecino de Bogotá, durante la madrugada del domingo 14 de diciembre. En un conjunto residencial del sector de Ciudad Verde, la Policía encontró sin vida a una joven de 20 años dentro del baño del apartamento que compartía con su pareja. El señalado agresor es un joven de 19 años, quien fue capturado en flagrancia en el lugar de los hechos.El caso es investigado como feminicidio y volvió a encender las alertas sobre la violencia contra las mujeres, así como la necesidad de fortalecer las rutas de prevención, atención temprana y acompañamiento institucional en contextos de violencia intrafamiliar, especialmente entre parejas jóvenes.La Policía encontró a la mujer en el baño del apartamentoDe acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, la central de radio recibió una alerta hacia las 12:40 de la madrugada por una presunta riña al interior de un conjunto residencial. Uniformados adscritos a la Estación de Policía León XIII se desplazaron de inmediato al lugar para verificar la situación.Al llegar al apartamento, los agentes fueron recibidos por un joven de 19 años, quien reconoció haber herido a su pareja. Tras ingresar a la vivienda, los policías encontraron en el baño el cuerpo de una mujer sin signos vitales, lo que confirmó la gravedad del caso y activó de inmediato los protocolos judiciales.Vecinos del sector relataron que minutos antes se escucharon gritos provenientes del inmueble, seguidos de un silencio que generó preocupación entre quienes residen en el conjunto. La rápida llegada de las autoridades permitió esclarecer lo ocurrido y asegurar al presunto responsable, evitando una posible fuga.Joven confesó el crimen y fue capturado en flagranciaEl presunto agresor fue capturado en el lugar de los hechos y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades adelantan las diligencias correspondientes para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el crimen y recopilar el material probatorio necesario para el proceso judicial.Según lo manifestado por el joven, la víctima habría sido asfixiada y posteriormente atacada con un arma blanca. Esta versión hace parte de los elementos que están siendo evaluados por los investigadores. El capturado deberá responder por el delito de feminicidio mientras avanza su proceso de judicialización.La joven asesinada fue identificada como Angie Paola Quintero Benavides. De acuerdo con información conocida por las autoridades, participaba activamente en espacios relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres. Su muerte ha generado indignación en la comunidad y reavivó el llamado de las instituciones y organizaciones sociales a denunciar cualquier señal de violencia y a acudir oportunamente a las rutas de atención disponibles.Este nuevo caso se suma a una serie de hechos que mantienen en alerta a las autoridades y refuerzan la urgencia de trabajar en prevención, educación y acompañamiento para evitar que la violencia intrafamiliar siga cobrando vidas.
El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, emitió una alerta comunitaria denunciando hostigamientos y detonaciones de artefactos explosivos que se registraron desde las 6:00 de la mañana en la cabecera municipal, en inmediaciones de la Estación de Policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía Municipal y viviendas cercanas.Los hechos han generado temor, confinamiento y riesgo para decenas de familias del territorio ancestral, quienes se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado.De acuerdo con la comunidad, esta situación constituye una grave violación a los derechos humanos y étnico-territoriales, pues afecta la integridad física y emocional de las familias, limita su libre circulación y amenaza directamente su permanencia en el territorio. “La vida no es posible sin el territorio”, reiteró el Consejo Comunitario en su pronunciamiento.Ante la gravedad de los hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su respaldo a la denuncia de la comunidad y anunció que la entidad ya activó las rutas de verificación, prevención y atención humanitaria en la zona, en articulación con las autoridades locales y organismos internacionales de derechos humanos. Marín enfatizó que la Defensoría está “verificando en terreno y exigiendo respeto por la vida, la dignidad y la autonomía de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca”.La institución hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección de la población civil y eviten nuevos hechos de violencia.Esta nueva emergencia se suma al creciente clima de inseguridad que enfrentan los territorios étnicos en el suroccidente del país, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y las economías ilícitas.
Los habitantes del corregimiento de Pachelly, en la zona rural de Tibú, fueron despertados en la madrugada de este martes por el estruendo de las botas y los gritos de victoria de un grupo de disidentes del frente 33 de las Farc. Los hombres armados ingresaron hasta el centro del caserío, exhibiendo su poderío bélico y lanzando arengas alusivas a la antigua guerrilla.En varios videos grabados y difundidos por los mismos insurgentes, se escucha cómo los hombres reportan a su comandante, alias ‘Richard Suárez’, el cumplimiento de una supuesta misión.“Lo logramos, comandante. Lo prometido es deuda, camarada”, se oye decir a uno de ellos mientras recorren las calles del corregimiento. Las imágenes muestran a los disidentes sentados en las escaleras del parque principal, tomando gaseosa y burlándose del ambiente navideño del pueblo.“Vea, camarada, cómo se ve bonito Pachelly ahora, decorado en las navidades”, dice uno de los guerrilleros con tono sarcástico, en lo que parecería ser un mensaje dirigido al jefe de la estructura Jorge Briceño.Durante la incursión, los hombres mantuvieron comunicación radial con otros grupos ubicados en zonas altas del corregimiento. En esos audios se les escucha ordenar a los llamados “dronistas” —encargados de operar drones con explosivos— permanecer en alerta ante cualquier eventualidad.Según denuncias difundidas por redes sociales, un habitante del corregimiento habría sido asesinado durante la toma, presuntamente por ser colaborador del ELN. Pachelly es una de las zonas más disputadas del Catatumbo entre las disidencias del frente 33 de las Farc y el ELN, que se enfrentan por el control territorial y las rentas ilegales.
El primer paro se registró en febrero de 2025 en el Chocó, con confinamientos y desplazamientos masivos. En mayo, el grupo insurgente volvió a imponer restricciones en el mismo departamento, mientras que en julio declaró un nuevo paro armado de 48 horas. El más reciente, de alcance nacional, fue anunciado para diciembre y se extendió durante 72 horas, afectando la movilidad y la economía en varias regiones del país.Estos hechos se dan en un contexto en el que el ELN ha sostenido al menos cinco intentos de negociación con diferentes gobiernos colombianos, sin lograr consolidar un acuerdo de paz. Los primeros contactos se remontan al mandato de Alfonso López Michelsen en los años 70; luego vinieron los diálogos de Caracas y Tlaxcala (1991-1992) con César Gaviria; los acercamientos exploratorios de los años 2000; las mesas formales de Quito y La Habana (2017-2019) bajo Juan Manuel Santos; y el más reciente proceso, impulsado por Gustavo Petro desde 2022, que se suspendió en enero de 2025.Para Carlos Arturo Velandia, exmiembro del ELN y actual gestor de paz, la constante frustración de los procesos responde a la línea política interna del grupo armado, que hoy privilegia la confrontación sobre el diálogo.“El ELN no tiene hoy por hoy una estrategia de paz, sino más bien una estrategia de confrontación frontal. No considera a este gobierno de izquierda como progresista ni como un aliado, sino como cualquier otro gobierno de la historia republicana. Eso explica su actual comportamiento, incluido el llamado paro armado, que termina afectando a la población civil y los derechos de los ciudadanos”, explicó Velandia.El excombatiente recordó que el ELN ha estado involucrado en procesos de diálogo “desde el gobierno de César Gaviria Trujillo” y que incluso con la actual administración mantuvo conversaciones hasta agosto de 2024, antes de levantarse de la mesa en enero de este año.“El Gobierno ha mantenido su voluntad de diálogo, pero hoy no hay tiempo ni voluntad por parte del ELN para reiniciar un proceso. El Estado debe cumplir su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, concluyó.Con cuatro paros armados solo en 2025 y más de cinco procesos de paz frustrados en su historia, el ELN se mantiene como el último grupo guerrillero de origen político activo en Colombia, aunque cada vez más definido por el control territorial y las rentas ilegales que por su ideario insurgente.
Más de 3.000 personas permanecen confinadas en el sur del país, mientras se reportan ataques, bloqueos y amenazas en 12 departamentos. La Defensoría alertó sobre graves afectaciones a los derechos humanos y pidió a los grupos armados cesar las acciones que ponen en riesgo a la población civil.Desde el 9 de diciembre, los grupos armados ilegales han ejecutado una serie de acciones coordinadas en distintas regiones del país, afectando la movilidad, el transporte, la economía local y la seguridad de miles de colombianos.El paro decretado por las disidencias de Iván Mordisco continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en Putumayo, donde las comunidades de La Tagua, El Mecaya, Yurilla, Sencella, Umancia y Guaquira permanecen confinadas. Según los reportes de la Defensoría, unas 3.000 personas están bajo restricciones de movimiento. En Caquetá y Amazonas, los bloqueos en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza mantienen aisladas comunidades indígenas del Consejo Regional del Medio Amazonas (CRIMA).El ELN, por su parte, ha ejecutado acciones armadas en al menos 12 departamentos. En Antioquia, se registraron explosiones, la incineración de un bus y cierres viales en municipios como Valdivia y Salgar. En Arauca, un ataque con tatucos bomba al Batallón de Puerto Jordán dejó daños materiales y obligó a suspender el transporte público.En el Cauca, las autoridades confirmaron cinco acciones violentas, entre ellas la instalación de cilindros explosivos en la vía Panamericana y el despliegue de banderas y grafitis del grupo armado. En Cesar, se reportó la quema de maquinaria amarilla en una zona de reincorporación, y en Chocó, el transporte fluvial y terrestre fue suspendido totalmente.La Guajira, el Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander también han registrado ataques, cierres viales y amenazas a transportadores. En La Lizama (Santander), un ataque con explosivos al peaje dejó una funcionaria herida.La Defensoría del Pueblo reiteró que estos llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil. El organismo pidió al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco abstenerse de continuar con estas acciones y solicitó a las autoridades reforzar la protección en los territorios más afectados.Los “paros armados” del ELN y las disidencias dejan a miles de familias en riesgo y reflejan la persistencia del conflicto en regiones históricamente golpeadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo insiste en que la paz no puede construirse desde el miedo ni la intimidación, sino con garantías de vida, libertad y dignidad para la población civil.
El pasado 12 de diciembre, el ELN anunció un paro armado de 72 horas que inició el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes a las 6:00 a. m., afectando gran parte del territorio nacional. Esta medida, definida por la guerrilla como una protesta contra lo que califica de “plan contrainsurgente” y agresión norteamericana, obliga a la población a restringir su movilidad, suspender actividades comerciales y desalentar el transporte entre regiones.El llamado al paro armado ha generado alarma en distintas zonas del país, incluidas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta, donde el Frente de Guerra Urbano del ELN emitió advertencias a la ciudadanía y a empresas de transporte para que acaten la orden de cese de actividades.El efecto de este tipo de acciones ha sido ampliamente criticado por la Defensoría del Pueblo, que advierte que los paros armados pueden agravar la limitación de acceso a servicios esenciales, provocar desabastecimiento y profundizar escenarios de violencia y confinamiento forzado para las comunidades civiles.El Gobierno Nacional ha respondido con un despliegue de seguridad reforzado en puntos críticos, mientras las autoridades llaman a la población a no ceder ante la intimidación y a mantener su vida cotidiana dentro de lo posible.Este anuncio se da en un contexto de escalada de la violencia en varias regiones de Colombia durante 2025. Por ejemplo, en la región del Catatumbo, al noreste del país, se han registrado combates entre el ELN y disidencias de las Farc-EP desde enero, que han generado desplazamientos masivos, secuestros y decenas de víctimas mortales.Además, hace pocas semanas se presentaron ataques simultáneos en distintos municipios durante las festividades, con explosivos y acciones que dejaron heridos y muertos, en un contexto en el que distintos grupos armados buscan controlar territorios y economías ilegales.El presidente de Colombia también ha rechazado el paro armado, haciendo un llamado a la calma y exhortando a los ciudadanos a celebrar la temporada navideña sin miedo ante las amenazas de la guerrilla.La Delegación del Gobierno, en el comunicado difundido este lunes, enfatiza que este tipo de medidas no contribuyen al diálogo ni a la tranquilidad de la población, e insiste en la necesidad de gestos de desescalada, como la liberación de personas retenidas por la organización armada, para recuperar la confianza en las conversaciones de paz.
El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, se pronunció sobre la compleja realidad de la política de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, haciendo un diagnóstico sobre los procesos en curso con diferentes grupos armados.En diálogo con El Radar de Blu Radio, habló específicamente de uno de los temas centrales y más controvertidos, que tiene que ver con la suspensión de algunas extradiciones, especialmente para aquellos cabecillas vinculados con el narcotráfico que buscan acogerse a los diálogos de paz.“La paz total empezó con una gran desilusión, fundamentalmente por el proceso fallido con el ELN y como era el proceso, al parecer, más importante, esa desilusión empezó a generar un ambiente muy negativo en el conjunto de los procesos”, describió.Sin embargo, aseveró que con otros procesos que “eran un poco despreciados por mucha gente”, siguen avanzando. En ese sentido, recalcó que la paz “ha ido abriendo camino” con sectores que “sí quieren la paz”.Grupos armados y sus negocios con el narcotráficoFue enfático al reconocer la implicación de los actores armados en el negocio del narcotráfico, una preocupación compartida por entidades internacionales como Estados Unidos, que están al tanto de estas situaciones. “Somos plenamente conscientes que todos los actores armados que hay ahora están involucradas en negocio de narcotráfico. De eso no nos metemos engaños, de que hay actores políticos y que hay otros actores que son puramente delincuenciales, en eso tenemos perfecta claridad”, señaló.Ante los cuestionamientos sobre el uso del “ropaje” de actores políticos o de grupos armados ilegales con motivaciones políticas para evitar la extradición, mencionó que el Gobierno tiene una postura clara.Explicó que, aunque se abre la puerta a aquellos que manifiestan una voluntad de transitar hacia la legalidad, la suspensión de las órdenes de captura, incluso con fines de extradición, es una medida condicionada y no absoluta.“Ahora bien, algunos de estos actores o partes de estos actores han mostrado una voluntad de transitar hacia una legalidad y en ese sentido abrimos la puerta para que ello suceda y, sobre todo, que veamos que esos procesos han avanzado tanto que me ameritan que las órdenes de captura, aún con motivos de extradición, sean suspendidas”, puntualizó.Y es que el Gobierno no niega la posibilidad de extradición ni la acepta de inmediato, sino que opta por una tercera vía: “Aceptar que la extradición de ellos, pero que no se aplica de inmediato mientras estén avanzando”.Aclaró que esta estrategia busca mantener los tratados con Estados Unidos, evitando una ruptura en la cooperación bilateral. La suspensión es, de acuerdo con el comisionado, una herramienta para facilitar el avance de los procesos de paz sujeta a la demostración de compromisos reales por parte de los grupos armados.En ese sentido, detalló los dos elementos fundamentales que el Gobierno evalúa para determinar si un grupo está cumpliendo y avanzando lo suficiente como para mantener la suspensión de la extradición:Vocación de ubicarse en una zona de ubicación temporal: este, según recalcó, es un “elemento muy importante” que demuestra la voluntad de concentrarse y desmovilizarse en un espacio geográfico definido.Voluntad de erradicar cultivos ilícitos: aclaró que se trata de la disposición a participar en la sustitución de cultivos de uso ilícito es otro indicador crucial de compromiso con la legalidad.Patiño mencionó ejemplos concretos de esta voluntad, como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que ha planteado la posibilidad de erradicar 15.000 hectáreas en Nariño y otras en Putumayo.Asimismo, los Comuneros del Sur han proyectado la erradicación de unas 5.000 de 7.000 hectáreas sembradas con coca en la zona de Abades, Nariño. Incluso el frente 33 y otros grupos en Tibú, una de las zonas con más coca en el Catatumbo, también han expresado su deseo de participar en la sustitución, según explicó.
El coronel retirado Publio Hernán Mejía tuvo la última oportunidad de reconocer su responsabilidad en los falsos positivos del Batallón de La Popa, y esta fue su respuesta: “Y eso no es negociable, no acepto los cargos, honorables magistrados”.Minutos después de mantenerse en la ausencia de responsabilidad, el coronel Mejía, desde la comodidad de uno de los hoteles más exclusivos de Valledupar, recibió a Blu Radio para, una vez más, mantenerse en la defensa de su inocencia.“Era mi misión, y todas y cada una de las operaciones tienen ese respaldo legítimo cuando salían las unidades al área”.Niega que haya existido una política de incentivos a cambio de resultados sin verificación: “No, el protocolo militar es muy claro, y los estímulos, así como las sanciones, obedecen a unos reglamentos y a unos manuales, y nadie puede inventarse nada en las Fuerzas Militares”.Para Mejía, mantenerse en la ausencia de reconocimiento es un tema de honor. “Hay algo que está por encima de eso, y es la verdad, y es el honor de un soldado. Por esas dos cosas, y por el nombre y la dignidad mía y de mi familia, pues estoy dispuesto a dar la vida”, dijo. Esto respondió el coronel retirado ante la posibilidad de apelar la decisión que se conozca en noviembre desde la JEP sobre su caso: “Pues yo tengo mucha fe en que va a brillar la verdad. Tengo esperanza porque así me lo hicieron ver el comportamiento durante el juicio y a lo largo de todo el proceso”.Es tajante en desconocer el argumento de la Fiscalía de la JEP de que hubo un patrón criminal.“¿Cuál es el patrón criminal del que ellos hablan? ¿De un tema sistemático de desaparición, arrastrados por los resultados? Un batallón sistemáticamente hace operaciones”.Para él, lo que hubo fue una traición a su confianza: “Si alguno de ellos desvió la orden legal y se salió de los límites de la legalidad, debe responder, pero no debe responder atribuyéndole responsabilidad a sus superiores, que emitieron bien la orden”.Entre 2002 y 2005 se reportaron al menos 135 ejecuciones extrajudiciales, según la información que tiene la JEP, en el Batallón de La Popa. Los datos de la Fiscalía del caso hablan de que el coronel Hernán Mejía tuvo responsabilidad en por lo menos 72 de esos casos.
El coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, decidió no aceptar responsabilidad en el capítulo de ejecuciones extrajudiciales que investiga la JEP. Esta era su última oportunidad de reconocerlo.Durante la audiencia de conclusión realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el coronel en retiro Publio Hernán Mejía se abstuvo de reconocer su participación en los crímenes que se le atribuyen en el subcaso del Batallón La Popa, dentro del macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate."Perdí mi carrera, estuve 10 años preso en detención preventiva, perdí todo lo que he querido. Después de haber perdido eso, me quedan tres cosas: la verdad, mi honor de soldado y mi dignidad de ciudadano", dijo Mejía durante la diligencia, sin admitir responsabilidad frente a los hechos.Esta audiencia era considerada por la JEP como la última oportunidad procesal que tenía el oficial retirado para aportar verdad plena y reconocer su participación en los hechos, condición clave para acceder a beneficios como la libertad transitoria o sanciones propias dentro del sistema de justicia transicional.Mejía está siendo procesado por su presunta participación en al menos 72 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y sur de La Guajira, cuando comandó el Batallón de Artillería No. 2 La Popa. Según la investigación, estas acciones habrían sido cometidas en alianza con estructuras paramilitares.
Durante la audiencia de conclusión en el proceso que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, se registró un momento de tensión por cuenta de las afirmaciones del abogado defensor, quien puso en duda la credibilidad de los testimonios rendidos por 12 militares que ya reconocieron responsabilidad ante la sección de reconocimiento de verdad.El abogado aseguró que, a su juicio, varios de esos testimonios fueron preparados de manera coordinada y que los comparecientes se alimentaron entre sí de versiones, lo que comprometería su valor probatorio. “Fueron testigos de sus testigos y de los otros testigos. La credibilidad de esos comparecientes decae, porque se enteraban de lo que decían unos y otros”, afirmó. También insinuó que los testigos tenían conocimiento previo de lo que ocurría en la audiencia, más allá de lo que permitía el proceso: “Eso significa que estaban más enterados que la defensa de lo que decían sus compañeros”, añadió.Sus comentarios provocaron un llamado de atención por parte de la magistrada Reinere de Los Ángeles Jaramillo, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, quien le pidió moderar sus calificativos y abstenerse de hacer valoraciones sobre la labor de la magistratura o la idoneidad de otros comparecientes.“La magistratura evalúa los aportes a verdad para determinar si hay o no lugar a los beneficios transicionales. Este no es el escenario para hacer esas valoraciones (…). Le agradezco que continúe con la confrontación probatoria sin esos calificativos”, expresó la magistrada.Este proceso hace parte del macrocaso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En el subcaso La Popa, Mejía es señalado por su presunta responsabilidad en al menos 72 hechos de ejecuciones extrajudiciales cometidos entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y sur de La Guajira, cuando estuvo al mando del batallón.
La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó este miércoles el "paro armado" de 22 días en los departamentos del Caquetá (sur) y Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, decretado por un frente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.En los paros armados, este grupo armado ilegal suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos; la movilidad de las personas, e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones."Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones", dijo la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.Según ese organismo, el "paro armado" lo ordenó el frente Carolina Ramírez en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre.Ante la situación, la Defensoría dijo que activó sus sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones.Igualmente instó a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas."La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial", concluyó la Defensoría.Control territorialHace una semana Human Rights Watch (HRW) alertó que los grupos armados que operan en el departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona.Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro lado, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que 128 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en Colombia entre enero y noviembre de 2025. Entre las víctimas, 44 eran indígenas y 7 afrodescendientes, una muestra del impacto que esta práctica tiene sobre comunidades rurales históricamente olvidadas.Los principales responsables son las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras del Clan del Golfo, que se han expandido territorialmente en departamentos como Meta, Guaviare, Arauca, Cauca, Nariño y el Bajo Cauca antioqueño.Según el informe, estas organizaciones utilizan violencia, amenazas y engaños para captar menores: promesas de dinero, pertenencia o poder, y hasta reclutamiento a través de redes sociales.La ONU advirtió que el fenómeno no solo rompe infancias, sino también destruye el tejido social de pueblos indígenas y afrodescendientes sometidos a control armado. En muchas regiones, los ilegales imponen normas, castigan a la población y reemplazan al Estado, consolidando un dominio que mezcla narcotráfico, extorsión y reclutamiento.El organismo alertó que la expansión de estos grupos refleja la ausencia estatal y el fracaso de las políticas de seguridad. Además, recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra que no prescribe y exige una respuesta urgente del Estado colombiano para proteger a la niñez y garantizar justicia.
De acuerdo con la investigación de la JEP, Benito Osorio Villadiego, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba durante el periodo analizado, fue quien ejecutó las decisiones de la junta directiva orientadas a transformar el propósito del Fondo: de una entidad de fomento ganadero a un mecanismo de adquisición y control territorial.La junta, integrada por Osorio, Benito Molina Velarde, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Jaime García Exbrayat, aprobó un plan para comprar masivamente predios rurales a precios irrisorios, muy por debajo del valor comercial, bajo el argumento de que se trataba de tierras “baratas” y “sin desarrollo productivo”.En ese proceso, Benito Osorio presentó ante la junta a Sor Teresa Gómez, representante de la familia Castaño Gil, como delegada para coordinar la estrategia de compra de tierras. Gómez —vinculada directamente con el paramilitarismo— se convirtió en la pieza clave que conectó al Fondo con los grupos armados ilegales que desalojaron violentamente a comunidades en Urabá y el Bajo Cauca.La investigación judicial reveló que los directivos del Fondo modificaron la razón social de la entidad, pasando de su función de apoyo a los ganaderos a operar como una empresa de expansión territorial que aprovechaba los desplazamientos masivos provocados por la guerra.El encargado de negociar los predios fue Carmelo Esquivia Guzmán, asesor jurídico del Fondo, quien coordinó la legalización y titulación de terrenos —muchos de ellos baldíos o sin registro formal— a nombre de la entidad. Para ello contó con el apoyo de notarios y funcionarios locales, algunos posteriormente condenados por su participación en estos hechos.Según la JEP, los exdirectivos diseñaron un modelo de negocio basado en la violencia, que se sustentó en el terror generado por masacres, asesinatos y desplazamientos ocurridos desde comienzos de los años noventa. Entre 1996 y 1998, una vez consolidado el control paramilitar en la zona, comenzaron las compras sistemáticas de tierras en la región conocida como Tulapas, que abarca municipios como Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.En total, la justicia ordinaria ha identificado al menos 105 predios adquiridos irregularmente por el Fondo Ganadero, aunque las medidas cautelares de la JEP y los registros de la Unidad de Restitución de Tierras indican que el número podría ser mucho mayor.El proceso de apropiación de tierras cambió el paisaje y la estructura social de la región, reemplazando comunidades campesinas por proyectos ganaderos y agroindustriales. Lo que antes era una zona boscosa y de protección ambiental se transformó en extensos hatos y potreros controlados por actores vinculados al Fondo.La JEP concluyó que la actuación de estos directivos no fue accidental ni aislada, sino parte de una asociación criminal que se valió del desplazamiento forzado y del dominio paramilitar para legalizar el despojo y obtener beneficios económicos. Este caso, dentro del Caso 04, ilustra cómo sectores empresariales y civiles fueron determinantes en la consolidación de un modelo de violencia y despojo en el país.
En el departamento del Guaviare se mantiene un bloqueo sobre la vía que comunica con el Meta, protagonizado por cerca de 400 personas, entre ellas campesinos e integrantes de comunidades indígenas Nukak. Aunque el hecho se ha presentado como una protesta social, informes de inteligencia señalan que detrás de la movilización estarían estructuras armadas ilegales asociadas a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', que estarían presionando a la población civil para mantener el cierre de la vía.Según las autoridades, el objetivo de los grupos armados sería obligar al retiro de una base militar ubicada en el cerro Macusito, entre los municipios de El Retorno y San José del Guaviare, una posición estratégica que interfiere con los corredores utilizados para el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.Habitantes de la zona han denunciado amenazas, panfletos intimidatorios y disparos cerca de viviendas, así como la presencia de hombres armados que obligan a las familias a participar en el bloqueo. En algunos casos, los grupos han exigido que varios miembros por hogar estén presentes en la protesta.La vía permanece parcialmente bloqueada, afectando el transporte de personas, alimentos y mercancías hacia el interior del país. Mientras tanto, las autoridades investigan la participación de estructuras criminales detrás del bloqueo y analizan medidas judiciales para restablecer la movilidad y la seguridad en la región.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) como genocidio y imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional, entre ellos los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río Rojas, por haber concebido e implementado una política contrainsurgente que buscó la eliminación del partido político.La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad atribuyó a los exoficiales el crimen de genocidio, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidio en persona protegida, exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. Las conductas se cometieron entre 1984 y 2007, periodo en el que la UP sufrió una campaña de violencia planificada y sostenida para su destrucción.La decisión de la JEP renombra el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica” y determina que este crimen dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, detenciones arbitrarias o violencia sexual. Entre las víctimas hubo militantes de base, dirigentes locales y nacionales, incluyendo dos candidatos presidenciales, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales.El tribunal estableció que la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político de las Farc-EP” fue el primer paso del ataque genocida. Esta narrativa, difundida desde unidades de inteligencia militar, justificó la violencia y el abandono estatal frente a las denuncias de amenazas y asesinatos. Los crímenes se concentraron en regiones donde la UP tuvo éxito electoral, especialmente Urabá, Meta y el Magdalena Medio, siendo Apartadó uno de los epicentros: allí, solo en 1996, se concentró una de cada cuatro víctimas fatales.La investigación judicial, basada en 34 informes, 139 versiones, 135 testimonios y 105 entrevistas a víctimas, comprobó la connivencia entre mandos militares y grupos paramilitares para ejecutar la persecución política. La Sala concluyó que los excomandantes omitieron deliberadamente brindar protección a los militantes de la UP y permitieron el fortalecimiento de las estructuras paramilitares en la región.La JEP identificó tres modalidades de exterminio:Asesinatos y desplazamientos de obreros bananeros y campesinos en zonas rurales vinculadas a la UP.Sicariatos urbanos contra concejales, funcionarios y líderes locales.Masacres y desplazamientos colectivos en territorios con alta presencia del partido, como la masacre de la Cooperativa Balsamar en San José de Apartadó.Los cinco oficiales imputados —Ramírez Quintero, Del Río Rojas, Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez— deberán responder como coautores por sus aportes esenciales, tanto activos como por omisión, en la consolidación del patrón de exterminio.Los comparecientes tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si reconocen responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento y el Tribunal para la Paz impondrá sanciones propias, con restricción de libertades de 5 a 8 años. Si no aceptan los cargos, los casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó como máximos responsables a ocho exintegrantes de las Farc-EP, 21 exmiembros de la fuerza pública y cinco civiles por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1986 y 2002 en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.Esta decisión, dentro del Caso 04, es la primera que vincula simultáneamente a los tres tipos de actores bajo competencia de la JEP: guerrilla, fuerza pública y terceros civiles.La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó tres patrones macrocriminales que reflejan la violencia sistemática en la región:Eliminación por prejuicio enemigo, que incluyó asesinatos, desapariciones forzadas y violencias sexuales perpetradas por las Farc y miembros del Ejército.Vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento, donde participaron militares, paramilitares y civiles ligados a proyectos de ganadería y agroindustria.Control sociocultural y territorial, mediante violencia y cooptación de las comunidades por parte de la guerrilla.La investigación reconoció un impacto diferencial en pueblos indígenas Emberá, Wounaan, Zenú y Guna Dule, así como en comunidades afrocolombianas del Urabá y el Darién. La JEP acreditó más de 54.000 víctimas y recibió 115 informes de víctimas y entidades del Estado, además de 254 versiones voluntarias de 157 comparecientes.Entre los imputados se destacan el general (r) Rito Alejo del Río, el excomandante del Ejército Alejandro Navas y varios exfuncionarios del Fondo Ganadero de Córdoba, como Benito Osorio Villadiego y Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalados de haber facilitado el despojo de tierras en medio del conflicto.Los comparecientes tendrán 60 días hábiles para reconocer o rechazar las imputaciones. Si aceptan responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento; de lo contrario, los casos pasarán a juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.