Aunque Colombia avanza en sus esfuerzos de construcción de paz, la violencia armada sigue afectando de forma grave a las comunidades rurales, étnicas y campesinas. Así lo advierte el Informe Periódico 39 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que analiza la situación del país entre enero y junio de 2025.Durante ese semestre, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, donde constató crisis humanitarias en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, marcadas por desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental de la población civil. En el informe se advierte, además, que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste, mientras grupos armados emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, especialmente en zonas con baja presencia estatal.El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, subrayó que estas dinámicas profundizan la polarización social y la desconfianza institucional, y llamó al Estado colombiano a fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar la paz y la seguridad de las comunidades. “Proteger a la población civil no es una medida de contingencia, sino una obligación ética y política de todos los Estados del hemisferio”, enfatizó.El informe también alerta sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, en especial tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y exhorta a las autoridades a garantizar unas elecciones libres de violencia y de participación segura. La Misión recordó que un proceso electoral transparente y pacífico es una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.En cuanto a los avances, el documento resalta el impulso a los diálogos de paz con grupos armados urbanos y rurales, la implementación del Acuerdo Final de 2016, la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y la puesta en marcha del programa RenHacemos, orientado a sustituir cultivos de coca por proyectos productivos. Asimismo, reconoce la aprobación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir la violencia política contra las mujeres.De cara a 2026, la MAPP/OEA invita a preservar los logros alcanzados y revisar con espíritu crítico los retos pendientes, reforzando la acción institucional para transformar las condiciones que perpetúan la violencia.El trabajo de la Misión cuenta con el apoyo político y financiero de países como Alemania, Canadá, España, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Suecia, entre otros, que integran el Fondo Canasta.
La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó que el general Huertas será llamado nuevamente a dar versión voluntaria en el marco de la investigación por presuntas ejecuciones extrajudiciales. En una audiencia anterior en Granada, varios militares bajo su mando afirmaron que Huertas conocía e incluso habría dado instrucciones relacionadas con estos hechos.La JEP explicó que esta convocatoria es obligatoria, ya que su jurisdicción es competente para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por antiguos miembros del Ejército como de la extinta guerrilla de las Farc. No se requiere ningún acto adicional de suscripción para investigar a Huertas, quien permanece vinculado al proceso.El nombre del general también ha surgido en investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con la estructura de alias Calarcá, según comunicaciones y documentos recopilados por las autoridades. La nueva citación busca esclarecer su responsabilidad en los falsos positivos ocurridos durante su periodo como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez.La fecha exacta para la nueva versión voluntaria aún está en evaluación, y la JEP insiste en que todos los involucrados en crímenes del conflicto deben someterse a esta justicia para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo crítica, según Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Durante su visita del 1 al 4 de diciembre, Campbell pudo constatar altos riesgos para los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayuu, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.La alerta de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta se debe a la expansión de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Sus operativos incrementan la violencia, el desplazamiento forzado y los riesgos para líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estas organizaciones no estatales ejercen control territorial, imponen restricciones a la movilidad y amenazan a quienes defienden derechos humanos, ambientales y colectivos, generando un clima de miedo e inseguridad en toda la región.El representante de la ONU denunció asesinatos recientes y atentados contra defensores de derechos humanos. Entre ellos, la muerte de Elizabeth Mojica, profesora y defensora de mujeres, niñas y niños, el 30 de noviembre, y el atentado contra Misael Socarrás, líder ambiental de la comunidad Wayuu, ocurrido el 12 de diciembre. Campbell instó al Estado a investigar, sancionar a los responsables y reforzar la protección de la población civil.Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en 2025 se han documentado cuatro masacres y ocho homicidios de defensores en municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. “La población sufre y teme por su vida ante la acción de grupos armados no estatales y la falta de protección estatal”, indicó Campbell.El representante advirtió sobre las graves violencias contra mujeres indígenas, incluyendo violencia sexual y de género, y urgió la creación de Casas de la Mujer en Cesar, Magdalena y La Guajira, con recursos suficientes para atender a las víctimas. También enfatizó la necesidad de proteger a la niñez del reclutamiento forzado por grupos armados, recordando que se trata de un crimen de guerra.Campbell destacó la labor del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General y recomendó su fortalecimiento y expansión a los tres departamentos de la Sierra Nevada. Asimismo, hizo un llamado a respetar los derechos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y a garantizar la consulta previa, libre e informada.El representante de la ONU reiteró la urgencia de implementar integralmente la Alerta Temprana 020 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 2 de diciembre, que identifica factores de riesgo y emite recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos.Durante su misión, Campbell se reunió con autoridades civiles y militares, líderes ambientales, mujeres indígenas, representantes de consejos comunitarios afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos. La misión contó con el acompañamiento de las embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos.ONU Derechos Humanos reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, documentar violaciones, brindar asesoría técnica y exigir al Estado mayores garantías de protección para la vida y los derechos de estas poblaciones.
A esta hora el presidente Gustavo Petro tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de la mesa de negociación de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, proceso que atraviesa su momento más crítico tras la reciente inclusión de ese grupo armado en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.El jefe de la delegación gubernamental, Álvaro Jiménez, se encuentra a la espera de una comunicación y una reunión directa con el mandatario para definir si las conversaciones continúan o si se abre un nuevo escenario de revisión frente al impacto jurídico y político que tiene esta designación internacional.Las negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo —también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia— se adelantan desde septiembre de 2025 en Doha, Catar, con acompañamiento de representantes internacionales y organismos humanitarios. En el más reciente ciclo, concluido el 5 de diciembre, las partes habían logrado acuerdos preliminares sobre las zonas de ubicación temporal, donde se ubicarían los integrantes de la organización como parte de un eventual proceso de desarme y sometimiento colectivo.Sin embargo, la decisión de Estados Unidos de incluir al Clan del Golfo y a varios de sus líderes en la Lista Clinton, bajo señalamientos de narcotráfico y lavado de activos, ha generado incertidumbre sobre la continuidad del proceso, e incluso podría afectar los alivios jurídicos otorgados a los miembros que actúan como negociadores en el exterior.Actualmente, varios de esos representantes se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos, con órdenes de captura suspendidas temporalmente, en virtud del acuerdo humanitario que permitió su participación en los diálogos. Ahora, la Casa de Nariño evalúa los alcances legales y diplomáticos de la medida norteamericana y los efectos que podría tener sobre los compromisos adquiridos en la mesa.La comunidad internacional y los acompañantes del proceso han insistido en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo, advirtiendo que una ruptura abrupta podría agravar la crisis humanitaria en regiones donde el Clan del Golfo mantiene control territorial.El país está a la expectativa de la decisión que adopte el presidente Petro en las próximas horas, decisión que podría marcar el rumbo del proceso de paz más complejo que enfrenta actualmente su gobierno.
El Gobierno de Estados Unidos modificará los controles migratorios que se aplican a los extranjeros que entren o salgan del país. El cambio fue establecido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y hace parte del fortalecimiento del sistema de verificación de identidad en fronteras.La medida fue oficializada mediante la publicación de la regla final titulada “Collection of Biometric Data from Aliens Upon Entry to and Departure from the United States”, para ampliar el uso obligatorio de datos biométricos para viajeros no ciudadanos.El DHS confirmó que la nueva disposición entrará en vigor el 26 de diciembre, momento desde el cual comenzará a aplicarse en todos los puntos autorizados de ingreso y salida del país.Qué cambiará desde el 26 de diciembre para quienes no son ciudadanos estadounidensesA partir de esa fecha, los extranjeros deberán permitir la recolección de datos biométricos, incluyendo fotografías faciales y huellas dactilares, tanto al ingresar como al salir de Estados Unidos.La norma autoriza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entidad adscrita al DHS, a realizar este procedimiento en aeropuertos, pasos fronterizos terrestres, puertos marítimos y otros puntos de salida habilitados.El nuevo reglamento elimina excepciones que existían en esquemas anteriores. Entre los cambios está la inclusión de diplomáticos y la mayoría de visitantes canadienses, quienes antes no estaban obligados a participar en estos controles.¿Dónde tomarán datos biométricos?El DHS explicó que la regla final también amplía el alcance del sistema biométrico a nuevas modalidades de viaje, lo que incluye salidas por vía marítima, aeronaves privadas, ingresos y salidas en vehículos y cruces peatonales, que no estaban cubiertos de forma permanente.Además, la norma elimina las restricciones que limitaban estos controles a programas piloto, lo que permite su aplicación continua y a gran escala.¿Por qué recolectarán datos biométricos?La implementación de este sistema tiene antecedentes en una orden ejecutiva emitida en 2017 por el entonces presidente Donald Trump, que ordenó acelerar la adopción de controles biométricos en fronteras. En 2020, el DHS propuso formalmente hacer permanentes estos mecanismos y ampliar su cobertura.Con la publicación de la regla final, CBP queda autorizada para avanzar de manera definitiva en el programa biométrico de entrada y salida, el cual también ha sido respaldado por recomendaciones de la Comisión Nacional sobre los Atentados Terroristas del 11 de septiembre.Diane J. Sabatino, comisionada ejecutiva asistente interina de la Oficina de Operaciones de Campo de CBP, señaló que esta norma “marca un hito importante” para fortalecer la seguridad del país y modernizar los procesos de control migratorio.El DHS aclaró que la norma no obliga a los ciudadanos estadounidenses a participar en el sistema biométrico. Sin embargo, quienes lo deseen podrán hacerlo de manera voluntaria. Los ciudadanos que prefieran no participar podrán solicitar una verificación manual de su pasaporte.En cuanto al manejo de la información, CBP indicó que ha realizado múltiples evaluaciones de impacto sobre privacidad. Según la entidad, las fotografías de ciudadanos estadounidenses se eliminan en un plazo máximo de 12 horas, mientras que los datos biométricos de extranjeros pueden conservarse hasta por 75 años dentro del sistema del DHS, conforme a la legislación vigente.
Colombia se rajó en la lucha contra el soborno trasnacional, según un informe de la Ocde sobre el desempeño del país en esta área.La lucha contra el cohecho internacional implica que cada país debe vigilar que sus empresas no estén ofreciendo dádivas a funcionarios públicos extranjeros a cambio de beneficios y es una de las herramientas que se impulsan en el escenario internacional para combatir la corrupción."Aunque Colombia ha impuesto su segunda sanción administrativa por cohecho internacional a una persona jurídica, no ha llegado a perseguir jurídicamente a ninguna persona natural y sus niveles de detección son bajos. Los mecanismos de asistencia jurídica mutua no están coordinados y están infrautilizados, y los riesgos asociados a la independencia de las investigaciones y los procedimientos judiciales siguen sin abordarse debidamente. El Grupo de Trabajo también está seriamente preocupado por la persistente falta de protección para los denunciantes, así como por el marcado aislamiento institucional de las agencias responsables de la detección, investigación y enjuiciamiento del cohecho internacional", indica el informe.Los dos casos en los que hay sanciones por soborno trasnacional son el de JTL y el de Inassa. En primer lugar, Inassa fue sancionada con una multa de más de 5.000 millones de pesos por el escándalo del Canal de Isabel II y el ofrecimiento de sobornos en España para la entrega de contratos públicos en varios países de América Latina. Mientras tanto la firma se seguros JTL fue sancionado por sobornar con viajes y cenas a ejecutivos de la aseguradora estatal ecuatoriana Seguros Sucre para mantener la relación comercial y el contrato de reaseguro.Las recomendaciones de la Ocde al país incluyen coordinar el trabajo entre la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades e implementar con carácter urgente un marco integral de protección de los denunciantes.
Luego de que la jueza Vivian Polanía fuera encontrada muerta en la noche de este miércoles en su apartamento en Cúcuta, se han ido conociendo diversos detalles alrededor del mencionado caso, a la par que avanzan las investigaciones de las autoridades para determinar qué fue lo que sucedió con la vida de la mujer.En medio de esas investigaciones, se ha conocido que, además de que el cuerpo de su hija fue hallado cerca de ella, en el apartamento habían 26 papeletas de cocaína, al parecer, pertenecientes a Polania. Además, según contó Néstor Morales en Mañanas Blu, desde la Fiscalía indicaron que hay denuncias de la propia Vivian Polanía -cuyo cadáver fue encontrado sin signos de violencia- por mlatrato intrafamiliar contra el padre de su hijo, con quien entonces, al parecer, mantenía una mala relación.Cabe recordar que, horas antes, se conoció también que uno de los últimos contactos que tuvo la juez con alguien más fue, vía telefónica, con un integrante de su esquema de seguridad, como relató el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta, en Mañanas Blu: ""Antenoche a las 8 de la noche se comunicó por última vez con su esquema de seguridad, eso lo dijeron en entrevista.", señaló el oficial. El coronel Ojeda también resaltó que, mientras continúa avanzando la investigación por la muerte de la juez, desde la Policía se realizó el restablecimiento de derechos de la menor: "Ayer salvaguardamos la vida de la menor de edad, creemos que llevaba más de 12 horas sin recibir alimento y presentaba grado de deshidratación, pero ya está estable", informó, agregando que "será entregado al ICBF para que entregue el menor a las personas que corresponda", pues "esos son los protocolos".
Los hogares venezolanos contribuyen con más de USD 10.600 millones al año a las economías de América Latina y el Caribe, principalmente a través del gasto en vivienda, alimentos, educación y servicios de salud, según un nuevo estudio de la Organización Internacional para las Migraciones ,OIM.El informe también señala que las personas migrantes venezolanas realizan valiosos aportes fiscales, que representan alrededor del 1,2% del total de la recaudación tributaria en los países analizados. Solo en Colombia, esta contribución ha superado los USD 529 millones en un solo año.Además del consumo y la recaudación pública, los emprendimientos y las empresas venezolanas lideradas por personas migrantes han generado aproximadamente 40.000 puestos de trabajo en Panamá y han impulsado inversiones que superan los USD 1.100 millones en Aruba. Estos emprendimientos fortalecen las economías locales, fomentan la innovación y dinamizan sectores como la tecnología, el turismo y la gastronomía.Sin embargo, este potencial sigue estando limitado. Se estima que el 82% de las personas venezolanas en la región trabaja en el mercado laboral informal y que el 41% no tiene acceso a crédito ni a servicios financieros formales. Estas barreras restringen su autonomía económica, el crecimiento de sus negocios y su capacidad de contribuir aún más sustancialmente al desarrollo local. Es importante destacar que la informalidad está impulsada por obstáculos estructurales que limitan el acceso al empleo formal, y no por la regularización en sí misma.De los 6,9 millones de personas venezolanas que viven en la región, cerca del 70% cuenta actualmente con un estatus migratorio regular, lo que le ha permitido a millones de ellas acceder a oportunidades que antes estaban fuera de su alcance y avanzar gradualmente hacia una participación plena en las economías formales. La regularización es, por tanto, una base necesaria para reducir la informalidad y maximizar los aportes económicos de las personas migrantes.En el Día Internacional del Migrante, la Procuraduría reafirmó el compromiso por la garantía de los derechos de esta población y diseñar políticas migratorias acertadas, sostenibles y realistas. “A los migrantes que han venido a vivir en nuestro país, asegurarles la protección de sus derechos humanos, al menos los básicos, salud, instalación, vivienda, kits de emergencia cuando los necesiten y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa migración sea regular, segura, sea una oportunidad de vida. Toda Colombia se nutre y mejora con la migración” aseguró el procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna.
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) informó que las reservas de sangre en sus bancos ubicados en Piedecuesta y en el Instituto Cardiovascular en Floridablanca se encuentran en niveles críticos, situación que pone en riesgo la atención oportuna de pacientes que requieren transfusiones y la realización de cirugías.Ante este panorama, la institución hizo un llamado urgente y solidario a la comunidad para fortalecer la donación voluntaria de sangre, un acto fundamental que permite salvar vidas y garantizar la continuidad de los servicios médicos de alta complejidad.Desde el HIC reiteraron que cualquier persona interesada en donar puede acercarse directamente a cualquiera de sus sedes.Los requisitos para ser donante incluyen tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud y pesar más de 50 kilogramos. En cuanto a la frecuencia, los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses.La institución agradeció el apoyo de la ciudadanía en la difusión de este mensaje e insistió en que cada donación cuenta y puede marcar la diferencia para los pacientes que hoy dependen de este recurso vital.
El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, emitió una alerta comunitaria denunciando hostigamientos y detonaciones de artefactos explosivos que se registraron desde las 6:00 de la mañana en la cabecera municipal, en inmediaciones de la Estación de Policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía Municipal y viviendas cercanas.Los hechos han generado temor, confinamiento y riesgo para decenas de familias del territorio ancestral, quienes se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado.De acuerdo con la comunidad, esta situación constituye una grave violación a los derechos humanos y étnico-territoriales, pues afecta la integridad física y emocional de las familias, limita su libre circulación y amenaza directamente su permanencia en el territorio. “La vida no es posible sin el territorio”, reiteró el Consejo Comunitario en su pronunciamiento.Ante la gravedad de los hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su respaldo a la denuncia de la comunidad y anunció que la entidad ya activó las rutas de verificación, prevención y atención humanitaria en la zona, en articulación con las autoridades locales y organismos internacionales de derechos humanos. Marín enfatizó que la Defensoría está “verificando en terreno y exigiendo respeto por la vida, la dignidad y la autonomía de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca”.La institución hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección de la población civil y eviten nuevos hechos de violencia.Esta nueva emergencia se suma al creciente clima de inseguridad que enfrentan los territorios étnicos en el suroccidente del país, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y las economías ilícitas.
Los habitantes del corregimiento de Pachelly, en la zona rural de Tibú, fueron despertados en la madrugada de este martes por el estruendo de las botas y los gritos de victoria de un grupo de disidentes del frente 33 de las Farc. Los hombres armados ingresaron hasta el centro del caserío, exhibiendo su poderío bélico y lanzando arengas alusivas a la antigua guerrilla.En varios videos grabados y difundidos por los mismos insurgentes, se escucha cómo los hombres reportan a su comandante, alias ‘Richard Suárez’, el cumplimiento de una supuesta misión.“Lo logramos, comandante. Lo prometido es deuda, camarada”, se oye decir a uno de ellos mientras recorren las calles del corregimiento. Las imágenes muestran a los disidentes sentados en las escaleras del parque principal, tomando gaseosa y burlándose del ambiente navideño del pueblo.“Vea, camarada, cómo se ve bonito Pachelly ahora, decorado en las navidades”, dice uno de los guerrilleros con tono sarcástico, en lo que parecería ser un mensaje dirigido al jefe de la estructura Jorge Briceño.Durante la incursión, los hombres mantuvieron comunicación radial con otros grupos ubicados en zonas altas del corregimiento. En esos audios se les escucha ordenar a los llamados “dronistas” —encargados de operar drones con explosivos— permanecer en alerta ante cualquier eventualidad.Según denuncias difundidas por redes sociales, un habitante del corregimiento habría sido asesinado durante la toma, presuntamente por ser colaborador del ELN. Pachelly es una de las zonas más disputadas del Catatumbo entre las disidencias del frente 33 de las Farc y el ELN, que se enfrentan por el control territorial y las rentas ilegales.
El primer paro se registró en febrero de 2025 en el Chocó, con confinamientos y desplazamientos masivos. En mayo, el grupo insurgente volvió a imponer restricciones en el mismo departamento, mientras que en julio declaró un nuevo paro armado de 48 horas. El más reciente, de alcance nacional, fue anunciado para diciembre y se extendió durante 72 horas, afectando la movilidad y la economía en varias regiones del país.Estos hechos se dan en un contexto en el que el ELN ha sostenido al menos cinco intentos de negociación con diferentes gobiernos colombianos, sin lograr consolidar un acuerdo de paz. Los primeros contactos se remontan al mandato de Alfonso López Michelsen en los años 70; luego vinieron los diálogos de Caracas y Tlaxcala (1991-1992) con César Gaviria; los acercamientos exploratorios de los años 2000; las mesas formales de Quito y La Habana (2017-2019) bajo Juan Manuel Santos; y el más reciente proceso, impulsado por Gustavo Petro desde 2022, que se suspendió en enero de 2025.Para Carlos Arturo Velandia, exmiembro del ELN y actual gestor de paz, la constante frustración de los procesos responde a la línea política interna del grupo armado, que hoy privilegia la confrontación sobre el diálogo.“El ELN no tiene hoy por hoy una estrategia de paz, sino más bien una estrategia de confrontación frontal. No considera a este gobierno de izquierda como progresista ni como un aliado, sino como cualquier otro gobierno de la historia republicana. Eso explica su actual comportamiento, incluido el llamado paro armado, que termina afectando a la población civil y los derechos de los ciudadanos”, explicó Velandia.El excombatiente recordó que el ELN ha estado involucrado en procesos de diálogo “desde el gobierno de César Gaviria Trujillo” y que incluso con la actual administración mantuvo conversaciones hasta agosto de 2024, antes de levantarse de la mesa en enero de este año.“El Gobierno ha mantenido su voluntad de diálogo, pero hoy no hay tiempo ni voluntad por parte del ELN para reiniciar un proceso. El Estado debe cumplir su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, concluyó.Con cuatro paros armados solo en 2025 y más de cinco procesos de paz frustrados en su historia, el ELN se mantiene como el último grupo guerrillero de origen político activo en Colombia, aunque cada vez más definido por el control territorial y las rentas ilegales que por su ideario insurgente.
Más de 3.000 personas permanecen confinadas en el sur del país, mientras se reportan ataques, bloqueos y amenazas en 12 departamentos. La Defensoría alertó sobre graves afectaciones a los derechos humanos y pidió a los grupos armados cesar las acciones que ponen en riesgo a la población civil.Desde el 9 de diciembre, los grupos armados ilegales han ejecutado una serie de acciones coordinadas en distintas regiones del país, afectando la movilidad, el transporte, la economía local y la seguridad de miles de colombianos.El paro decretado por las disidencias de Iván Mordisco continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en Putumayo, donde las comunidades de La Tagua, El Mecaya, Yurilla, Sencella, Umancia y Guaquira permanecen confinadas. Según los reportes de la Defensoría, unas 3.000 personas están bajo restricciones de movimiento. En Caquetá y Amazonas, los bloqueos en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza mantienen aisladas comunidades indígenas del Consejo Regional del Medio Amazonas (CRIMA).El ELN, por su parte, ha ejecutado acciones armadas en al menos 12 departamentos. En Antioquia, se registraron explosiones, la incineración de un bus y cierres viales en municipios como Valdivia y Salgar. En Arauca, un ataque con tatucos bomba al Batallón de Puerto Jordán dejó daños materiales y obligó a suspender el transporte público.En el Cauca, las autoridades confirmaron cinco acciones violentas, entre ellas la instalación de cilindros explosivos en la vía Panamericana y el despliegue de banderas y grafitis del grupo armado. En Cesar, se reportó la quema de maquinaria amarilla en una zona de reincorporación, y en Chocó, el transporte fluvial y terrestre fue suspendido totalmente.La Guajira, el Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander también han registrado ataques, cierres viales y amenazas a transportadores. En La Lizama (Santander), un ataque con explosivos al peaje dejó una funcionaria herida.La Defensoría del Pueblo reiteró que estos llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil. El organismo pidió al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco abstenerse de continuar con estas acciones y solicitó a las autoridades reforzar la protección en los territorios más afectados.Los “paros armados” del ELN y las disidencias dejan a miles de familias en riesgo y reflejan la persistencia del conflicto en regiones históricamente golpeadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo insiste en que la paz no puede construirse desde el miedo ni la intimidación, sino con garantías de vida, libertad y dignidad para la población civil.
El pasado 12 de diciembre, el ELN anunció un paro armado de 72 horas que inició el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes a las 6:00 a. m., afectando gran parte del territorio nacional. Esta medida, definida por la guerrilla como una protesta contra lo que califica de “plan contrainsurgente” y agresión norteamericana, obliga a la población a restringir su movilidad, suspender actividades comerciales y desalentar el transporte entre regiones.El llamado al paro armado ha generado alarma en distintas zonas del país, incluidas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta, donde el Frente de Guerra Urbano del ELN emitió advertencias a la ciudadanía y a empresas de transporte para que acaten la orden de cese de actividades.El efecto de este tipo de acciones ha sido ampliamente criticado por la Defensoría del Pueblo, que advierte que los paros armados pueden agravar la limitación de acceso a servicios esenciales, provocar desabastecimiento y profundizar escenarios de violencia y confinamiento forzado para las comunidades civiles.El Gobierno Nacional ha respondido con un despliegue de seguridad reforzado en puntos críticos, mientras las autoridades llaman a la población a no ceder ante la intimidación y a mantener su vida cotidiana dentro de lo posible.Este anuncio se da en un contexto de escalada de la violencia en varias regiones de Colombia durante 2025. Por ejemplo, en la región del Catatumbo, al noreste del país, se han registrado combates entre el ELN y disidencias de las Farc-EP desde enero, que han generado desplazamientos masivos, secuestros y decenas de víctimas mortales.Además, hace pocas semanas se presentaron ataques simultáneos en distintos municipios durante las festividades, con explosivos y acciones que dejaron heridos y muertos, en un contexto en el que distintos grupos armados buscan controlar territorios y economías ilegales.El presidente de Colombia también ha rechazado el paro armado, haciendo un llamado a la calma y exhortando a los ciudadanos a celebrar la temporada navideña sin miedo ante las amenazas de la guerrilla.La Delegación del Gobierno, en el comunicado difundido este lunes, enfatiza que este tipo de medidas no contribuyen al diálogo ni a la tranquilidad de la población, e insiste en la necesidad de gestos de desescalada, como la liberación de personas retenidas por la organización armada, para recuperar la confianza en las conversaciones de paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió esta semana una orden que busca enfrentar una de las fallas más graves del sistema forense en Colombia: la falta de capacidad técnica y financiera para identificar a miles de personas desaparecidas durante el conflicto armado.La JEP advirtió que el rezago de Medicina Legal amenaza directamente el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, pilares fundamentales del sistema transicional. Por eso, ordenó un plan de acción urgente que permita superar los cuellos de botella que hoy impiden avanzar en procesos de exhumación, análisis e identificación de restos humanos.Entre las medidas concretas que deberá adoptar el Gobierno están: La creación de una subcuenta especial dentro del Fondo Colombia en Paz para financiar las actividades forenses.La reactivación del centro forense en Soacha, un lugar clave por su cercanía a fosas comunes y cementerios con cuerpos sin identificar.El uso de predios en proceso de extinción de dominio como sedes temporales para ampliar la infraestructura forense.La JEP enfatizó que sin estos recursos y sin una estructura sólida, la búsqueda de más de 100.000 desaparecidos en Colombia seguirá estancada.Las víctimas y sus familias han esperado por décadas respuestas que no han llegado, y hoy el país enfrenta una deuda humanitaria que no se resuelve solo con voluntad política: requiere inversión, coordinación institucional y decisión estatal.La decisión fue tomada en el marco del caso 09, que investiga la situación de los desaparecidos y el accionar del Estado frente a su búsqueda. La JEP también ha señalado la urgencia de reforzar la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y particular su trabajo con Medicina Legal y otras entidades que hacen parte del Sistema Integral para la Paz.Con este pronunciamiento, la Jurisdicción eleva el tono y marca una alerta: sin ciencia forense, no hay verdad; y sin verdad, no hay paz real ni completa para las víctimas del conflicto.
La JEP emitió el pasado 24 de julio de 2025 una resolución clave en la que argumenta que Javier Alfredo Valle Anaya ha cumplido con el régimen de condicionalidad que le permitió su ingreso como compareciente voluntario. El exfuncionario fue condenado en 2017 a 40 años de prisión por su participación en el homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis y su escolta Edelberto Ochoa, hechos relacionados con el accionar del paramilitarismo y el uso indebido de su cargo en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).Actualmente preso en La Picota, Bogotá, Valle Anaya solicitó someterse a la JEP en 2018, y su aceptación fue condicionada al cumplimiento estricto de obligaciones de aporte a la verdad, medidas de reparación a las víctimas y garantías de no repetición.Durante el proceso, el compareciente ha presentado varias propuestas de contribución a la verdad, entre ellas, la entrega de nombres de otros responsables, la distribución de volantes pedagógicos y la realización de una misa conmemorativa y un diplomado. No obstante, la JEP determinó que tales iniciativas no representan avances significativos frente a lo ya conocido en la justicia ordinaria, ni ofrecen elementos novedosos, verificables o útiles para las víctimas y la sociedad.De manera adicional, en audiencia reciente, Valle volvió a declararse inocente, contradiciendo su obligación de reconocer responsabilidad como base del sometimiento a la justicia transicional.La resolución actual deja abierta la posibilidad de que la Subsala de Comparecientes Voluntarios lo excluya del proceso, en cuyo caso perdería todos los beneficios otorgados por la JEP y su expediente regresaría a la justicia ordinaria sin acceso a tratamientos penales especiales, incluida la libertad anticipada que ha solicitado.El caso se convierte en un precedente sobre el estándar que deben cumplir los comparecientes voluntarios en materia de verdad y reparación, dentro de un sistema que prioriza los derechos de las víctimas y la construcción de memoria histórica.
En medio de tensiones y acciones armadas que han puesto en jaque los esfuerzos por la “paz total”, alias 'Calarcá', confirmó su decisión de continuar con el proceso de diálogo con el Gobierno nacional.El anuncio se produjo durante una reunión celebrada en el departamento de Caquetá, que contó con la participación de la delegación del Gobierno encabezada por Gloria Quiceno, así como con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la MAPP-OEA.Durante el encuentro, las partes acordaron la realización de una reunión amplia con las comunidades y sus formas organizativas, con el objetivo de escuchar sus propuestas y definir colectivamente los temas que guiarán los próximos ciclos de negociación. Según lo pactado, una vez finalizada esta reunión comunitaria se establecerán la fecha y el lugar para el séptimo ciclo de conversaciones.La guerra que no se detienePese a la voluntad de diálogo expresada por alias 'Calarcá', la situación en terreno sigue siendo crítica. El pasado 27 de abril, una emboscada perpetrada por la estructura Jorge Suárez Briceño —bajo su línea de mando— dejó siete militares muertos en zona rural de Charras, Guaviare. El ataque se dirigió contra tropas del Batallón Joaquín París, que cumplían labores de protección a firmantes del Acuerdo de Paz en la región.Entre las víctimas se encontraban el sargento Darwin Pérez Sánchez y seis soldados profesionales. Además, cinco uniformados fueron retenidos temporalmente y luego entregados a la comunidad, lo que generó fuerte rechazo por parte del Gobierno y organismos internacionales.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad por la Paz (Sintrasepaz), expresó su rechazo a la resolución No. 1458 de 2025, expedida por la Dirección General de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que esta vulnera de forma directa los derechos laborales de los escoltas que integran el programa especializado y afecta la operatividad del mismo.Según el comunicado oficial, la resolución impone nuevas condiciones para la legalización de viáticos, como la exigencia de facturas electrónicas expedidas por hoteles formalmente registrados. Esto, afirman desde el sindicato, desconoce el enfoque territorial del programa, que opera principalmente en veredas, corregimientos y municipios apartados donde no existe oferta hotelera formal.“La mayoría de nuestras misiones de protección se desarrollan en zonas de difícil acceso, sin infraestructura turística o comercial formalizada”, indica el documento, que alerta sobre el riesgo de que el nuevo requisito deje sin posibilidad de legalización a escoltas que cumplen sus labores en regiones históricamente excluidas.A ello se suma el incremento en los requisitos administrativos. La resolución añade controles como registros fotográficos, reportes, aplicaciones de rastreo y otros procedimientos que, según Sintrasepaz, sobrecargan al personal operativo y generan un ambiente de sospecha. Además, no se consideran las limitaciones tecnológicas en muchas zonas rurales del país.El sindicato también denunció el incumplimiento del acuerdo sindical singular, firmado en 2024, en el que se reconocía el reembolso de gastos de transporte bajo modalidad de kilometraje. La resolución 1458 elimina este reconocimiento, lo cual fue calificado por Sintrasepaz como un acto administrativo “que quebranta principios de buena fe, estabilidad normativa y respeto a la negociación colectiva”.Por todo lo anterior, Sintrasepaz exige la derogatoria inmediata de la resolución o, en su defecto, la modificación sustancial de los artículos que imponen barreras incompatibles con la realidad operativa del programa especializado.“El respeto a los derechos laborales de las y los escoltas que cumplen funciones vitales para la garantía de derechos humanos en Colombia no puede ser negociable”, concluye el sindicato.
La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó este miércoles el "paro armado" de 22 días en los departamentos del Caquetá (sur) y Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, decretado por un frente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.En los paros armados, este grupo armado ilegal suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos; la movilidad de las personas, e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones."Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones", dijo la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.Según ese organismo, el "paro armado" lo ordenó el frente Carolina Ramírez en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre.Ante la situación, la Defensoría dijo que activó sus sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones.Igualmente instó a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas."La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial", concluyó la Defensoría.Control territorialHace una semana Human Rights Watch (HRW) alertó que los grupos armados que operan en el departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona.Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro lado, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que 128 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en Colombia entre enero y noviembre de 2025. Entre las víctimas, 44 eran indígenas y 7 afrodescendientes, una muestra del impacto que esta práctica tiene sobre comunidades rurales históricamente olvidadas.Los principales responsables son las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras del Clan del Golfo, que se han expandido territorialmente en departamentos como Meta, Guaviare, Arauca, Cauca, Nariño y el Bajo Cauca antioqueño.Según el informe, estas organizaciones utilizan violencia, amenazas y engaños para captar menores: promesas de dinero, pertenencia o poder, y hasta reclutamiento a través de redes sociales.La ONU advirtió que el fenómeno no solo rompe infancias, sino también destruye el tejido social de pueblos indígenas y afrodescendientes sometidos a control armado. En muchas regiones, los ilegales imponen normas, castigan a la población y reemplazan al Estado, consolidando un dominio que mezcla narcotráfico, extorsión y reclutamiento.El organismo alertó que la expansión de estos grupos refleja la ausencia estatal y el fracaso de las políticas de seguridad. Además, recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra que no prescribe y exige una respuesta urgente del Estado colombiano para proteger a la niñez y garantizar justicia.
De acuerdo con la investigación de la JEP, Benito Osorio Villadiego, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba durante el periodo analizado, fue quien ejecutó las decisiones de la junta directiva orientadas a transformar el propósito del Fondo: de una entidad de fomento ganadero a un mecanismo de adquisición y control territorial.La junta, integrada por Osorio, Benito Molina Velarde, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Jaime García Exbrayat, aprobó un plan para comprar masivamente predios rurales a precios irrisorios, muy por debajo del valor comercial, bajo el argumento de que se trataba de tierras “baratas” y “sin desarrollo productivo”.En ese proceso, Benito Osorio presentó ante la junta a Sor Teresa Gómez, representante de la familia Castaño Gil, como delegada para coordinar la estrategia de compra de tierras. Gómez —vinculada directamente con el paramilitarismo— se convirtió en la pieza clave que conectó al Fondo con los grupos armados ilegales que desalojaron violentamente a comunidades en Urabá y el Bajo Cauca.La investigación judicial reveló que los directivos del Fondo modificaron la razón social de la entidad, pasando de su función de apoyo a los ganaderos a operar como una empresa de expansión territorial que aprovechaba los desplazamientos masivos provocados por la guerra.El encargado de negociar los predios fue Carmelo Esquivia Guzmán, asesor jurídico del Fondo, quien coordinó la legalización y titulación de terrenos —muchos de ellos baldíos o sin registro formal— a nombre de la entidad. Para ello contó con el apoyo de notarios y funcionarios locales, algunos posteriormente condenados por su participación en estos hechos.Según la JEP, los exdirectivos diseñaron un modelo de negocio basado en la violencia, que se sustentó en el terror generado por masacres, asesinatos y desplazamientos ocurridos desde comienzos de los años noventa. Entre 1996 y 1998, una vez consolidado el control paramilitar en la zona, comenzaron las compras sistemáticas de tierras en la región conocida como Tulapas, que abarca municipios como Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.En total, la justicia ordinaria ha identificado al menos 105 predios adquiridos irregularmente por el Fondo Ganadero, aunque las medidas cautelares de la JEP y los registros de la Unidad de Restitución de Tierras indican que el número podría ser mucho mayor.El proceso de apropiación de tierras cambió el paisaje y la estructura social de la región, reemplazando comunidades campesinas por proyectos ganaderos y agroindustriales. Lo que antes era una zona boscosa y de protección ambiental se transformó en extensos hatos y potreros controlados por actores vinculados al Fondo.La JEP concluyó que la actuación de estos directivos no fue accidental ni aislada, sino parte de una asociación criminal que se valió del desplazamiento forzado y del dominio paramilitar para legalizar el despojo y obtener beneficios económicos. Este caso, dentro del Caso 04, ilustra cómo sectores empresariales y civiles fueron determinantes en la consolidación de un modelo de violencia y despojo en el país.
En el departamento del Guaviare se mantiene un bloqueo sobre la vía que comunica con el Meta, protagonizado por cerca de 400 personas, entre ellas campesinos e integrantes de comunidades indígenas Nukak. Aunque el hecho se ha presentado como una protesta social, informes de inteligencia señalan que detrás de la movilización estarían estructuras armadas ilegales asociadas a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', que estarían presionando a la población civil para mantener el cierre de la vía.Según las autoridades, el objetivo de los grupos armados sería obligar al retiro de una base militar ubicada en el cerro Macusito, entre los municipios de El Retorno y San José del Guaviare, una posición estratégica que interfiere con los corredores utilizados para el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.Habitantes de la zona han denunciado amenazas, panfletos intimidatorios y disparos cerca de viviendas, así como la presencia de hombres armados que obligan a las familias a participar en el bloqueo. En algunos casos, los grupos han exigido que varios miembros por hogar estén presentes en la protesta.La vía permanece parcialmente bloqueada, afectando el transporte de personas, alimentos y mercancías hacia el interior del país. Mientras tanto, las autoridades investigan la participación de estructuras criminales detrás del bloqueo y analizan medidas judiciales para restablecer la movilidad y la seguridad en la región.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) como genocidio y imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional, entre ellos los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río Rojas, por haber concebido e implementado una política contrainsurgente que buscó la eliminación del partido político.La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad atribuyó a los exoficiales el crimen de genocidio, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidio en persona protegida, exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. Las conductas se cometieron entre 1984 y 2007, periodo en el que la UP sufrió una campaña de violencia planificada y sostenida para su destrucción.La decisión de la JEP renombra el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica” y determina que este crimen dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, detenciones arbitrarias o violencia sexual. Entre las víctimas hubo militantes de base, dirigentes locales y nacionales, incluyendo dos candidatos presidenciales, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales.El tribunal estableció que la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político de las Farc-EP” fue el primer paso del ataque genocida. Esta narrativa, difundida desde unidades de inteligencia militar, justificó la violencia y el abandono estatal frente a las denuncias de amenazas y asesinatos. Los crímenes se concentraron en regiones donde la UP tuvo éxito electoral, especialmente Urabá, Meta y el Magdalena Medio, siendo Apartadó uno de los epicentros: allí, solo en 1996, se concentró una de cada cuatro víctimas fatales.La investigación judicial, basada en 34 informes, 139 versiones, 135 testimonios y 105 entrevistas a víctimas, comprobó la connivencia entre mandos militares y grupos paramilitares para ejecutar la persecución política. La Sala concluyó que los excomandantes omitieron deliberadamente brindar protección a los militantes de la UP y permitieron el fortalecimiento de las estructuras paramilitares en la región.La JEP identificó tres modalidades de exterminio:Asesinatos y desplazamientos de obreros bananeros y campesinos en zonas rurales vinculadas a la UP.Sicariatos urbanos contra concejales, funcionarios y líderes locales.Masacres y desplazamientos colectivos en territorios con alta presencia del partido, como la masacre de la Cooperativa Balsamar en San José de Apartadó.Los cinco oficiales imputados —Ramírez Quintero, Del Río Rojas, Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez— deberán responder como coautores por sus aportes esenciales, tanto activos como por omisión, en la consolidación del patrón de exterminio.Los comparecientes tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si reconocen responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento y el Tribunal para la Paz impondrá sanciones propias, con restricción de libertades de 5 a 8 años. Si no aceptan los cargos, los casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó como máximos responsables a ocho exintegrantes de las Farc-EP, 21 exmiembros de la fuerza pública y cinco civiles por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1986 y 2002 en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.Esta decisión, dentro del Caso 04, es la primera que vincula simultáneamente a los tres tipos de actores bajo competencia de la JEP: guerrilla, fuerza pública y terceros civiles.La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó tres patrones macrocriminales que reflejan la violencia sistemática en la región:Eliminación por prejuicio enemigo, que incluyó asesinatos, desapariciones forzadas y violencias sexuales perpetradas por las Farc y miembros del Ejército.Vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento, donde participaron militares, paramilitares y civiles ligados a proyectos de ganadería y agroindustria.Control sociocultural y territorial, mediante violencia y cooptación de las comunidades por parte de la guerrilla.La investigación reconoció un impacto diferencial en pueblos indígenas Emberá, Wounaan, Zenú y Guna Dule, así como en comunidades afrocolombianas del Urabá y el Darién. La JEP acreditó más de 54.000 víctimas y recibió 115 informes de víctimas y entidades del Estado, además de 254 versiones voluntarias de 157 comparecientes.Entre los imputados se destacan el general (r) Rito Alejo del Río, el excomandante del Ejército Alejandro Navas y varios exfuncionarios del Fondo Ganadero de Córdoba, como Benito Osorio Villadiego y Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalados de haber facilitado el despojo de tierras en medio del conflicto.Los comparecientes tendrán 60 días hábiles para reconocer o rechazar las imputaciones. Si aceptan responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento; de lo contrario, los casos pasarán a juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.